El Consejo de Ministros del pasado viernes 27 de abril, aprobaba el Plan de Estabilidad para
2012-2015, que ha de enviarse a Bruselas, como consecuencia del déficit alcanzado por nuestra contabilidad pública en 2009. El programa de ajuste del Gobierno de Mariano Rajoy, realiza un diagnóstico sobre un excesivo
endeudamiento de familias y empresas, la pérdida de competitividad hasta 2008
basada en la rigidez salarial, el deterioro del mercado laboral, deterioro de
los balances de las entidades bancarias por su exposición al ladrillo,
políticas fiscales expansivas ineficientes, y debilidad del crecimiento
económico. El Programa de Estabilidad establece una senda de consolidación fiscal,
fijando un objetivo del 5,3% del PIB para 2012, un 3% para 2013, y un 1,1% a
partir de 2015, y una senda de reducción de la deuda pública a partir de 2014.
El cuadro macroeconómico se baja en un leve reducción de los tipos
de interés a corto plazo de hasta cinco décimas, una reducción de los tipos de
interés de la deuda pública de 7 y 12 décimas, un incremento del PIB mundial de
hasta nueve décimas en 2014, un crecimiento del PIB en Europa de cinco décimas
en 2014, previa reducción del 1,5% al 0,1% en 2012 y 1,4% en 2013, un
decrecimiento de los volúmenes de exportaciones e importaciones europeas, y un
precio del petróleo estable en los 113 dólares / barril. A nivel español una
ligera recuperación de la demanda familiar en 2014, una reducción del gasto
público, un incremento en las inversiones en bienes de equipo a partir del
2014, recuperación a lo largo del ciclo de las exportaciones a nivel de 2011, y
ligero incremento de las importaciones, un incremento del PIB del 0,2% en 2013
y del 1,4% en 2014, un incremento del empleo del 0,7% a partir del 2014, y una
tasa de paro en 2015 del 22,3% superior al 21,6% de 2011, un incremento de la
deuda pública hasta el 80% desde el 2012, con una ligera reducción en 2015,
frente al 68,5% en 2011, se mantienen impuestos directos y de capital, y se
incrementan los impuestos indirectos.
Los instrumentos concretos son los derivados de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la Ley de Transparencia, creación de una línea ICO para Vencimientos y Financiación de Pagos a Proveedores, y medidas de ajuste en los ámbitos sanitario y educativo. Se asume que las Comunidades Autónomas han sido rígidas a la baja en sus gastos y han recaudado menos ingresos, y que han generado un déficit superior al previsto, en parte por falta de control. La reforma del sector financiero es otro objetivo irrenunciable.
Los objetivos del Programa Nacional de Reformas para 2012 incluye:
1) Fomento del crecimiento y de la competitividad
2) Lucha contra el desempleo
3) Reactivación del crédito
4) Modernización y racionalización de las Administraciones Públicas
Reducción de empresas públicas
Reducción del gasto en alquileres
Racionalización y eficiencia del empleo público
Racionalización del número de Ayuntamientos
Supresión de organismos duplicados
5) Mejora y eficiencia en la prestación de servicios públicos esenciales
Ordenación cartera sanitaria de servicios
Mejora eficiencia en la gestión de los servicios públicos
Racionalización del gasto sanitario
Incremento del número de alumnos por aula
Aumento de las horas lectivas del personal docente
Mayor racionalidad de oferta de Bachillerato
Aplazamiento entrada en vigor de mayor horario en FP
Estabilidad presupuestaria en las Universidades
Aproximar las tasas universitarias al precio real de matrícula
Reforma del sistema de tasas judiciales
Asegurar la viabilidad del sistema de pensiones
Mayor eficiencia en la gestión de la Seguridad Social
Plan de lucha contra el fraude de la contratación
Flexibilidad y liberación de las televisiones autonómicas
6) Consolidación fiscal
Mejora gobernanza
Reforma fiscal
Planes de ajuste en las Comunidades Autónomas
He aquí una somera explicación de los contenidos del Plan de Estabilización, cuyo contenido a pesar de las palabras del Gobierno y del Partido Popular, evidencia una base que no es sólida, pues todo el programa de actuaciones se escuda en un equilibrio económico externo, que es muy probable que fluctúe y el entorno se dificulte (precio del petróleo, comercio internacional, evolución de la deuda pública) en un entorno con una demanda agregada átona, que sufrirá las consecuencias del desempleo estructural, y un incremento desconocido de costes en la utilización de servicios esenciales, que reducirá la renta disponible. Un gobierno que acepta que los próximos cuatro años el paro subirá, y que por tanto renuncian a la creación de empleo, que es por otra parte, el mejor factor contribuyente al crecimiento económico. Por otra parte, ¿cómo es posible un aumento de la demanda nacional en 2014 del 0,6% que rompe la tendencia negativa de años anteriores, con una tasa de paro similar a años anteriores y una caída del consumo de administraciones públicas?. Parece que la solución está en la exportación, ¿qué vamos a exportar?.
Decía el sr. De Guindos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: "Estamos planteando reducir las cargas y la imposición sobre el trabajo, e incrementar la imposición sobre el consumo, con un incremento neto de la recaudación, que estaría en torno a los 8.000 millones de euros". Es evidente que puede traducirse en esta maraña de declaraciones que el Gobierno apuesta por una reducción de imposición sobre la renta de los trabajadores (¿después de haberla subida este año?) y de las cotizaciones sociales, es decir técnicamente podemos hablar de una devaluación fiscal y un cambio en la financiación de la Seguridad Social. Medida que en estos momentos se juzga negativa por el entorno macroeconómico, y que por ello la aplazan al 2013, bajo la previsión de que existirá un ligero crecimiento en esa fecha, en concreto del 0,2%. La combinación de la elevación de los tipos de IVA, con la rebaja en las cotizaciones sociales (rebaja de los costes laborales), para los productos nacionales se neutraliza el efecto de ambas, pero se encarecerían las importaciones, a la vez que se abaratarían las exportaciones. Evidentemente al Gobierno no le importa que esta medida se traduce un un menor poder adquisitivo de la ciudadanía, en una economía tan dependiente del exterior, como la española (factura energética), además de poder estimular la economía sumergida y fraudes en la recaudación del IVA. Por otra parte, si se baja la recaudación en cotizaciones sociales, además de las tasas de desempleo estructural, todo hace pensar, que vamos a ir a un cambio en el sistema de pensiones, que deberán financiarse con impuestos, y quizá con cambios en la gestión de este sistema, dando entrada a entidades gestoras de seguros.
Además, la subida del IVA se situaría en torno al 22% para poder recaudar 8.000 millones de euros, teniendo en cuenta que entornos positivos de crecimiento, cada punto del IVA recauda entre 2.500 y 3.000 millones de euros. Sin tener en cuenta, que el hecho de subir el IVA provoca contracción del PIB por la menor renta disponible, existiendo una clara relación entre caída del consumo y PIB, y aumento de los tipos impositivos. Porque hemos de tener en cuenta que los ingresos procedentes de los impuestos especiales (hidrocarburos, alcohol y electricidad), son insuficientes para la cifra que se desea obtener, de hecho va en descenso la recaudación por hidrocarburos y alcohol; mientras que la imposición sobre la electricidad es un caso complejo que ofrece poco margen de maniobra, teniendo en cuenta el déficit tarifario, las subvenciones a la producción de energía, y el coste asumido vía impuestos.
Inadmisible por otra parte, las palabras de Esperanza Aguirre, cuando se publican noticias relacionadas con una presunta trama irregular del PP madrileño por parte de la trama Gurtel, que como respuesta a las mismas anima al Gobierno de Rajoy a hacer más recortes, lo que pone en evidencia que la señora Aguirre y el PP madrileño no le preocupan los pensionistas, ni los trabajadores, ni a las familias que con gran esfuerzo pagan las tasas universitarias de sus hijos para que tengan un futuro mejor que sus padres, ni a otras que necesitan una silla de ruedas o una prótesis.
No es posible que con menos servicios públicos, y sin estímulos económicos claros, podamos salir de una crisis tan grave como la que padecemos. Es necesario un cambio del modelo productivo, apostar por el crecimiento económico basado en un modelo donde el conocimiento sea el factor más decisivo que contribuya a dicho crecimiento, pero para ello sería necesario apostar por la formación, por la investigación y desarrollo, en definitiva por la educación, facilitando el acceso a los diferentes niveles educativos y asegurando la financiación de la misma, asegurando los recursos públicos necesarios mientras no exista una alternativa real que permita obtener ingresos suficientes para su funcionamiento adecuado y la consecución de sus fines. Sólo garantizando una financiación estable de los recursos científicos, independientemente de la coyuntura económica, se puede garantizar el futuro del país.
Si todo continua con la política de recortes y con una huida hacia delante, sin explicaciones en las instituciones adecuadas, con intentos de eliminar todo tipo de debates, y que la oposición se quede en casa y se calle, dejando trabajar al Gobierno, es decir improvisar, pese a que aseguraron que tenían un Plan, y que la principal razón para cambiar de Gobierno era terminar con las improvisaciones del presidente José Luis Rodríguez Zapatero; el Partido Popular acabará con el Estado del Bienestar, el Estado de las Autonomías y con el modelo social de convivencia democrática. Como dice Tomás Gómez, la ciudadanía no puede quedarse al margen, ha de movilizarse, pues lo que está en juego son los derechos laborales, la sanidad y la educación públicas, y todos los avances que en democracia a lo largo de 30 años se han conquistado no sin esfuerzo.
