PLENO CONGRESO 2 FEBRERO

PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE ESTABLECIMIENTO DE UNA PRESTACIÓN DE INGRESOS MÍNIMOS EN EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

El señor SIMANCAS SIMANCAS: Señora presidenta, señorías, estoy absolutamente convencido de que nuestro compañero, Toño Alonso, hubiera seguido con sumo interés, con pasión, incluso con orgullo, el debate que vamos a celebrar a continuación. Va por él, también va por él. (Aplausos). Permítanme, en primer lugar, que dé la bienvenida y que felicite a las representaciones de los sindicatos Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, encabezadas por sus respectivos secretarios generales, Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez, como impulsores de la iniciativa que tengo el honor de defender. 

Vamos a tratar esta mañana, señorías, una iniciativa de alcance, una iniciativa de sumo interés. Es relevante, en primer lugar, porque se trata de una iniciativa legislativa popular, que no cuenta con más legitimidad en términos democráticos que el resto de las iniciativas que vamos a tratar a lo largo de este Pleno, que no es más de la sociedad civil que el resto de las iniciativas aquí debatidas por los diputados de esta Cámara, que somos todos también de la sociedad civil, pero que viene avalada por el esfuerzo y por la esperanza de nada menos que 700.000 conciudadanos y conciudadanas nuestros de todos los rincones de España. 

Es una iniciativa relevante también porque llega impulsada por los dos grandes sindicatos de este país, Comisiones Obreras y UGT, UGT y Comisiones Obreras, dos instituciones sometidas en este tiempo de cambio a la valoración crítica de buena parte de la sociedad, como los partidos políticos y como este Parlamento, pero dos instituciones que constituyen pilares fundamentales en el edificio democrático, dos instituciones claves para defender los derechos de los trabajadores y, aún más, para organizar el espacio público compartido conforme a los valores, a los intereses y a la voluntad del conjunto de los españoles. 

Es una iniciativa relevante, finalmente, porque interpela a los poderes públicos, interpela al Gobierno de la nación, interpela a este Parlamento para el cumplimiento de una obligación política básica, yo diría una obligación moral básica, la de luchar contra la pobreza, la de hacer todo lo posible por evitar que conciudadanos nuestros queden arrumbados en la cuneta de la economía de mercado, de esto que llamamos sociedad del bienestar. 

Nos interpela para combatir la exclusión y la marginalidad social, para proveer a todos nuestros conciudadanos de los recursos precisos para cubrir sus necesidades básicas. Es una iniciativa absolutamente relevante, que el Grupo Parlamentario Socialista va a votar a favor porque está en línea con el programa electoral con el que nos presentamos a los comicios de 2015 y de 2016; porque es coincidente con una propuesta que este Pleno ya ha adoptado de una manera positiva y mayoritaria a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista y, fundamentalmente, porque el Grupo Socialista está de acuerdo con su objetivo. 

Esta iniciativa, señorías, trata de cubrir una carencia seria, una insuficiencia grave en nuestro sistema público de protección social, puesta de manifiesto sobre todo a raíz de la crisis económica y social que hemos vivido y seguimos sufriendo desde el año 2008. Se trata de tejer una red última de protección social para quienes se encuentran en situación de desempleo, para quienes encontrándose en el paro han agotado ya todas las ayudas públicas posibles y carecen de recursos para cubrir sus necesidades y las de sus familias. 

Es un ingreso mínimo para asegurar una vida digna a todos nuestros conciudadanos. Este es el propósito, un propósito que responde a un doble escenario: coyuntural, por una parte, y en buena medida estructural, por otra. El escenario coyuntural es el de las consecuencias de la crisis económica y social y la gestión injusta que de la misma, a nuestro juicio, han hecho los Gobiernos del Partido Popular. 

Ahí están los datos del paro, agravado, como hemos conocido esta mañana, en los últimos tiempos; cronificado para jóvenes y desempleados de larga duración. Hay 1.400.000 hogares con todos sus miembros activos en paro, 700.000 familias que no perciben ni un solo ingreso, 6 millones de trabajadores pobres que perciben salarios por debajo del salario mínimo que establece esta Cámara año a año, 13 millones de españoles bajo el umbral de la pobreza, 3,5 millones de españoles en pobreza severa, 2 millones de niños pobres en nuestro país. 

Es un panorama social insoportable, que ha coincido en el tiempo además con un debilitamiento de nuestro sistema público de protección social, un debilitamiento doloroso y doloso a raíz de los recortes practicados por los Gobiernos del Partido Popular, que han suprimido algunas ayudas básicas, como el subsidio para parados mayores de 52 años —suprimido directamente—, y han recortado otras ayudas básicas, como la prestación por desempleo, que ha pasado de una cobertura del 70% en 2011 al 55% en la actualidad. 

También han adelgazado las ayudas de las administraciones autonómicas y locales, siempre diversas pero siempre razonables, para cubrir necesidades territorio a territorio, sometidas, en todo caso, durante los últimos años a un régimen de adelgazamiento a base de austeridad, control draconiano del déficit y tasas famélicas de reposición de personal. Conforme aumentaban las necesidades sociales en este país, los Gobiernos del Partido Popular apretaban las clavijas, suprimían unas ayudas y recortaban otras. 

Con esta iniciativa, señorías, corregimos en parte esta situación de necesidad. Con esta iniciativa legislativa popular que nos proponen los sindicatos afrontamos también un desafío de carácter más estructural, que tiene que ver con la revolución tecnológica en marcha, con la aplicación de la robótica a los procesos productivos en esta economía globalizada. 

Nos dicen muchos de los analistas y expertos que el balance global en términos de empleo va a ser negativo, que por primera vez se van a destruir más empleos de los que se van a crear aplicando las nuevas tecnologías. Esto para una sociedad que ha vinculado renta a empleo, pobreza a falta de empleo, lucha contra la pobreza a lucha contra el desempleo, es un problema grave. 

Esto, para una sociedad que ha hecho del empleo una herramienta clave de socialización, es un problema clave. ¿Qué vamos a hacer en esta sociedad si los procesos productivos, con la robótica incorporada, nos hablan de cada vez más producción y mejor producción pero menos empleo? 

Nosotros, desde la socialdemocracia, hablamos de repartir los tiempos de trabajo, de financiar con esos incrementos por beneficios, vía productividad, actividades intensivas en mano de obra, como el cuidado de las personas o la preservación del medio ambiente, y de financiar, vía fiscalidad, ingresos mínimos para cubrir necesidades básicas de aquellos que queden en la cuneta del paro. Para eso sirve también esta iniciativa. 

Las respuestas que se están dando a estos retos difieren según las latitudes geográficas e ideológicas. Hay quienes defienden un complemento salarial, del que nosotros desconfiamos por el riesgo de desembocar en una especie de subvención simple al empresario cicatero con los salarios de sus trabajadores. Hay quienes hablan de una renta universal indiscriminada para todos los mayores de dieciocho años, muy, muy difícil de financiar y completamente desvinculada del empleo. 

El Grupo Socialista coincide con los sindicatos al tratar una fórmula de un ingreso mínimo para desempleados que carecen de recursos, que han agotado todas las ayudas públicas y vinculado, siempre que sea posible, a la búsqueda de empleo. Por lo tanto, coincidimos con los sindicatos en el diagnóstico, coincidimos en el objetivo, coincidimos en el fundamento ideológico de su iniciativa y coincidimos también con la fórmula práctica que nos plantean para encajar esta nueva prestación en el sistema público vigente de protección social: una nueva prestación no contributiva, como un nuevo derecho subjetivo en el ámbito de la Seguridad Social, financiado con los Presupuestos Generales del Estado. 

Como requisitos de acceso, ser demandante de empleo y carecer de recursos; como cuantía, el 80% del Iprem complementado en función de las cargas familiares; como duración, hasta que remita la situación de vulnerabilidad social; como vocación, el compromiso de mejorar la empleabilidad para recuperar el empleo, y como vocación también un pacto institucional con el que adecuar la complementariedad, la simultaneidad de esta prestación no contributiva del Estado con las rentas mínimas de inserción que siguen prestando, que tienen derecho a prestar las comunidades autónomas. 

Esta es la fórmula práctica, una buena fórmula, razonable y que nosotros compartimos. Les adelanto que el Grupo Socialista complementará en el trámite de enmiendas estas prestaciones con una mejora sustancial de la cobertura y de la cuantía de las prestaciones familiares por hijo a cargo. Somos conscientes no obstante de que si esta iniciativa tiene muchos apoyos, también tiene detractores. ¿Cuáles son los argumentos de los detractores? Nos hablan del estímulo a la vagancia… 

Se nos habla de una especie de efecto negativo sobre los incentivos para trabajar si se implementa este ingreso garantizado. Esta reserva indica un conocimiento escaso sobre el carácter de los españoles, que siempre preferirán un trabajo a un subsidio. 

Pero es que la propia iniciativa desmiente esta reserva, porque establece como requisito ser demandante de empleo, porque establece como obligación participar en un itinerario de mejora de empleabilidad y de búsqueda de empleo y porque establece también un régimen de sanciones que castiga, por ejemplo, no aceptar un empleo adecuado. 

Se habla de un efecto llamada, pero entre los requisitos figura un tiempo prudencial de residencia previa y sobre todo se habla del coste. Se nos dice que aplicar esta iniciativa resulta muy caro, pero caro, señorías, es un término, es un adjetivo que invita a relativizar. ¿Es caro comparado con qué? Los sindicatos hablan de 12.000 millones de euros para rescatar a 700.000 familias pobres en nuestro país. ¿Con qué comparamos esos 12.000 millones de euros? ¿Los comparamos con los 40.000 millones de euros que hemos dedicado a rescatar a la banca especulativa en apuros? 

Ya no resulta tan caro, ¿no? ¿Lo comparamos con alguna otra cifra? ¿Saben cuánto nos gastábamos en prestaciones por desempleo en el año 2011, último año de Gobierno socialista? 30.000 millones de euros. ¿Saben cuánto nos hemos gastado en el año 2016? 18.000 millones de euros. ¿Cuánto nos hemos ahorrado en prestaciones por desempleo con más de 4 millones de parados, con más de 2 millones de parados de larga duración? En esta situación crítica nos hemos ahorrado exactamente 12.000 millones de euros en el pago de prestaciones por desempleo. 

¡¿Les vamos a decir a los españoles que hemos gastado 40.000 millones en rescatar a la banca especulativa y no podemos gastar 12.000 millones en rescatar a 700.000 familias pobres?! (Aplausos), ¡¿que nos hemos ahorrado 12.000 millones de euros en pagos en prestaciones por desempleo?!, ¡¿que nos hemos ahorrado 12.000 millones pero no podemos dedicar estos 12.000 millones de euros como ingresos mínimos para cubrir las necesidades básicas de 700.000 familias pobres?! ¿Les vamos a decir eso? Nosotros, no; nosotros, no. 

¿Cómo que no se puede pagar? ¡Es que no se quiere pagar! Esa es la cuestión. Dicen que no nos lo podemos permitir. Nosotros decimos que lo que una sociedad decente no se puede permitir es tener 700.000 familias en situación de absoluta vulnerabilidad social mientras esta economía crece al tres y pico por ciento, mientras encabezamos las listas Forbes de millonarios del mundo y mientras nos ahorramos 12.000 millones de euros en prestaciones por desempleo. 

Eso es lo que es absolutamente difícil de explicar y eso es lo que no nos podemos permitir, señorías. Los argumentos a favor son sencillos, de justicia social —es justo luchar contra la pobreza y esta iniciativa lo logra— y de eficacia en términos económicos. 

Las sociedades más eficientes económicamente, señorías, son las más equitativas, las más equilibradas y las más justas también. Piensen que estos 426 euros en manos de cientos de miles de familias vulnerables constituyen una inyección directa al consumo, una inyección directa a la activación económica y a la generación de empleo. 

Esto también es eficiencia económica y es estabilidad democrática, señorías. ¿Hasta dónde creen que podemos estirar la cuerda de la desigualdad? ¿Hasta dónde creen que se puede estirar sin que se quiebre la cuerda de la desigualdad? 

Piensen en lo que acaba de decir Stiglitz, un premio nobel de economía, hace cuatro días: un sistema socioeconómico que solo proporciona desventajas a una parte mayoritaria de la población es un sistema socioeconómico que está condenado a la inestabilidad, a fracasar. 

Háganlo por justicia social, háganlo por eficiencia económica, háganlo por estabilidad democrática o háganlo simplemente por decencia, señorías, porque la decencia de un país no se mide por el índice bursátil ni por el PIB ni por la EPA, sino que se mide por cómo se actúa contra la pobreza, por cómo se actúa con determinación y eficacia para evitar que nuestros conciudadanos queden en la cuneta de la marginalidad social. Háganlo para tener un país decente, señorías. (Aplausos). Muchas gracias. 

El señor ROLDÁN MONÉS: Gracias, presidenta. Señorías, la proposición de ley que nos trae aquí el PSOE de la mano de los sindicatos, que están también hoy aquí y a los que doy la bienvenida, aborda la cuestión de las rentas mínimas, consecuencia también de una iniciativa legislativa popular. 

El debate teórico sobre la renta básica que planteaba el filósofo Philippe van Parijs es un debate muy interesante. Van Parijs decía: Tú debes tener derecho a una renta universal, independientemente de si te pasas la vida surfeando en las playas de Santa Bárbara o de Santa Mónica o si estás trabajando catorce horas en la obra. 

Es un debate, como digo, intelectualmente interesante y que se puede abordar. Podemos comenzó, de hecho, con una propuesta de renta básica universal que luego, con el tiempo, ha evolucionado y que ha ido alterando en sus múltiples programas y reduciendo en tamaño porque ha entendido que existe una restricción presupuestaria y que las economías modernas, para funcionar en Europa, necesitan asumir una serie de restricciones. 

Incluso el señor Errejón el otro día hablaba de proponer un complemento salarial como el de Ciudadanos. Si sigue usted por esa vía, probablemente acabará usted también siendo del IBEX 35, como Ciudadanos. Me preocupa, hablando un poco más en serio, que el PSOE, que es un partido moderado, centrado y progresista, traiga a esta Cámara propuestas que, aunque puedan sonar muy bien, saben ustedes de sobra que no se pueden pagar, que no se pueden financiar en el contexto presente. 

Creo honestamente, señor Simancas, que es una mala noticia que el PSOE opte por podemizarse y por hacer promesas que no se pueden cumplir. Creo que ustedes deben estar en el campo de la gobernabilidad, de las políticas posibles, de las políticas viables que cambian de verdad la vida de la gente, y no en las promesas de humo que hace el Partido de Podemos. (Aplausos). 

De hecho, son precisamente las políticas que no se pueden cumplir las que generan desafección, las que generan desconfianza en los políticos y las que acaban generando un caldo de cultivo perfecto para que emerja el populismo. 

Creo que ya en el mundo tenemos suficiente populismo y también en las propuestas y en las políticas que se proponen en esta Cámara. Yo diría que las rentas mínimas tienen esencialmente tres problemas. El primero, como decía, es de dinero, el segundo es de incentivos y el tercero, y quizá más importante, es de concepto. 

La propuesta que trae aquí el PSOE vale entre 12.000 y 15.000 millones, según los cálculos, y da la casualidad de que esa cifra es exactamente el ajuste que necesitamos hacer este año para pasar del 4,6 al 3,1, pero en dirección contraria. Por tanto, el PSOE tendría que explicar, si trata a los ciudadanos como adultos, cómo piensa financiar esa medida. 

¿Qué prefieren, subir los impuestos, como ha hecho el Partido Popular hace poco? ¿Cuál? ¿El IVA? ¿Subir el IVA al 25%? ¿Subir el IRPF? ¿O prefieren, quizás, hacer recortes sociales, como ha venido haciendo el Partido Popular los últimos años para financiar eso, esencialmente en educación y en sanidad? Como ustedes tampoco quieren recortar en diputaciones, en duplicidades y en burocracia en este país, tendrán que explicar cómo financiarlo. 

Hay una alternativa más. Pueden ustedes decidir no hacer absolutamente nada, y entonces pasa como en Grecia, que pierdes la confianza de los que te están financiando la deuda, se dispara la deuda y te acabas gastando el dinero que te querías gastar en hospitales y en escuelas en pagar los intereses de la deuda. (Aplausos).

Como decía, el segundo problema que tienen las rentas mínimas es de incentivos. ¿Si tengo unos recursos limitados, qué prefiero hacer para mejorar la vida de la gente, utilizarlos para crear unas políticas que realmente funcionen, que realmente sean de formación, que realmente acompañen a los parados para poder salir del agujero o prefiero simplemente darles una paga y esperar a que salgan del agujero?

Yo, señor Simancas, ya se lo digo de antemano, prefiero ofrecer oportunidades que pagas; oportunidades a través de buenas políticas públicas, buenas políticas activas y rentas de reinserción, como viene en nuestro acuerdo con el PSOE y con el Partido Popular, para que las personas puedan desarrollar realmente una vida digna. Y se lo digo con toda honestidad. Pienso que las personas que están en situación de vulnerabilidad y de pobreza también quieren oportunidades y no rentas. Realmente lo pienso.

La tercera razón por la que creo que la renta mínima no es una buena idea de fondo es básicamente política. Este debate refleja una diferente visión de la sociedad que queremos. En parte usted, con este tipo de políticas, usted ofrece una sociedad rentista y yo quiero una sociedad de oportunidades. En mi opinión, la renta mínima es antiliberal y antiprogresista. Nosotros, insisto, preferimos las oportunidades y el progreso a crear sociedades rentistas y de dependencia. Quiero una sociedad en la que los ciudadanos puedan acceder a una educación de calidad, independientemente de dónde hayan nacido.

Hoy en España tienes una probabilidad diez veces mayor de repetir curso si vienes de una familia desfavorecida que si no. En todas las negociaciones que he mantenido con el Partido Socialista y en las conversaciones que hemos tenido todavía no he escuchado ninguna política innovadora para ampliar las oportunidades en educación y hacer cambios profundos que permitan a más gente acceder a la educación y, por tanto, desarrollar una vida futura con más oportunidades.

Quiero una sociedad en la que los cursos de formación sirvan realmente para cambiar y para tener una esperanza de encontrar un trabajo. Hoy hay más de un millón de personas que llevan cuatro años sin trabajar, las tasas de reinserción de los parados de larga duración son absolutamente ridículas y las políticas activas nos cuestan a los españoles 7.000 millones de euros al año.

¿Por qué no se centra el PSOE en mejorar esas políticas activas, donde hay tantísimo dinero, y convertirlas en itinerarios de perfilado y de orientación de los parados de larga duración para que puedan tener una oportunidad en la vida, en vez de ofrecerles una renta mínima? Le voy a contestar yo: me da la sensación de que es más fácil, cuando se tienen mochilas, prometer rentas mínimas, que son gratis —vienes aquí, prometes, suena muy bien—, y que es mucho más difícil ser ambicioso y valiente y querer reformar las cosas utilizando el dinero que tenemos.

No creo que los millones de parados jóvenes de este país estén esperando a que ustedes les den una renta mínima. Lo que quieren es conseguir un empleo y acabar con el sistema dual que les tiene permanentemente bloqueados en el mercado laboral. Quiero una sociedad que no deje a nadie atrás, y por eso creo en políticas viables que ofrecen salidas efectivas al desempleo y que no perpetúan las trampas de pobreza.

Y como quiero cambios reales, negocio, hablo con los otros partidos y trato de conseguir acuerdos. Así lo hemos hecho para cambiar la vida de los más vulnerables, hemos conseguido —es una pena que hoy no esté la ministra de Empleo aquí— acordar un complemento salarial para jóvenes, punto 61 del acuerdo.

Y si ustedes permiten que haya un presupuesto, se implementará y cambiará la vida de cientos de miles de jóvenes en este país. También hemos conseguido acordar una ampliación de seis meses del Programa de activación para el empleo —punto 42 del acuerdo— y que tenga muchísima más dotación de recursos, que se destinarán básicamente a la gente para la que usted propone esta renta, pero con una política de activación buena, con un perfilado, con un sistema de orientación que permita el reenganche.

En definitiva, señor Simancas, entiendo y comparto su preocupación, pero creo que propone una mala solución. Tenemos que estar aquí para plantear políticas que ofrezcan una palanca de salida a la pobreza y que no perpetúen las trampas de pobreza. Por tanto, le anticipo que nuestro partido va a votar en contra de la toma en consideración, simplemente porque creemos que esta política no es viable. Muchas gracias. (Aplausos).

DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y LA CALIDAD EN EL TRABAJO

El señor TEN OLIVER: Gracias, señora presidenta. Señor Echániz, no podemos ser triunfalistas porque tenemos un grave problema de competitividad. El funcionamiento del crecimiento a largo plazo, la llamada productividad total de los factores, sigue y seguirá siendo el talón de Aquiles de la economía española si no acometemos reformas. 

La competitividad en España ha crecido tan solo un punto y medio en los últimos veinte años frente a los trece puntos que ha crecido en la Unión Europea o los dieciocho puntos que ha crecido en Estado Unidos, a pesar de que hemos tenido altas tasas de crecimiento, desde luego sin aprovecharlas. Según el índice de competitividad global 2015-2016 del Foro Económico Mundial, España está en el puesto 32.º, justo por debajo de países como Estonia, República Checa o Arabia Saudí. 

En el caso de España varios de los problemas son de sobra conocidos; tenemos dificultades en el acceso a la financiación, complejidad en el sistema tributario, burocracia excesiva y corrupción, regulaciones laborales desfasadas o trabas en la innovación. Además, esta semana hemos visto en esta Cámara ejemplos concretos de estas debilidades que, efectivamente, lastran nuestra competividad, como la alta tasa de desempleo, especialmente en la clase juvenil, que según los datos de Eurostat 2015 supera el 48%. Somos campeones en la Unión Europea, junto a Grecia. 

Tenemos condiciones tremendamente inestables. El 76% de los jóvenes tienen contrato temporal. La inflación interanual se ha situado en el 3%, cuando la media de la eurozona es del 1,3%, con lo cual ese gap va a lastrar nuestra balanza exterior. 

También los altos costes en fijos en el sector energético, la politización de los órganos reguladores, las puertas giratorias —esta semana tenemos el ejemplo flagrante de Fernández de Mesa—, el saqueo de las cajas de ahorro y, por último, la pasividad en pinchar esa burbuja política que tanto hemos reivindicado en Ciudadanos, como la negativa de recuperar esos 2.800 millones de la amnistía fiscal. 

Señorías, los votantes de nuestro grupo han confiado en Ciudadanos para impulsar un proyecto reformista donde los pilares básicos son la educación, el empleo de calidad, la regeneración de nuestras instituciones y la inversión en innovación. 

Por eso, en el acuerdo que firmamos con ustedes, esos 150 compromisos para mejorar España, pusimos sobre la mesa soluciones a esos retos que afectan directamente a nuestra competitividad. Valgan como ejemplo algunos puntos que les voy a recordar. 

En el punto 78 tenemos el pacto nacional por la educación; en los puntos 12 y 108, garantizar la independencia de los organismos reguladores con un sistema de nombramientos por méritos y capacidad, eliminando esas puertas giratorias; en los puntos 22 y 23, alcanzar ese 2% de inversión pública estatal y la creación de esa red cervera de transferencia tecnológica con financiación público-privada; y en los puntos 42 y 85 la implantación de los cheques de formación para que ese dinero vaya directamente a los propios desempleados de larga duración, así como a aumentar los recursos destinados a los ciclos de grado medio de formación profesional, y seguir impulsando la formación profesional dual que combine formación y trabajo en las empresas.

Voy terminando, señora presidenta. Ciudadanos va a votar a favor de esta proposición no de ley, pero echamos en falta un poco de concreción, señor Echániz. Si realmente quieren hacer algo por mejorar la competitividad, permítame dos premisas básicas; una necesaria y otra urgente. La necesaria es que el Gobierno debe cumplir con nuestro acuerdo de investidura. 

Nosotros ya hemos cumplido y ahora les toca a ustedes. No pongan excusas y no digan que no hay recursos. Pueden hacer una auditoría del sector eléctrico; pueden despolitizar —como he comentado— los órganos reguladores; se pueden investigar también esos 41.000 millones que hay de saqueo en las cajas de ahorros; podemos ahorrar en despilfarro, en duplicidades institucionales y, por supuesto, podemos recuperar esos 2.800 millones de la amnistía fiscal. (Aplausos). 

Y en segundo lugar, la urgente. Ya hice esta reflexión al ministro Montoro en la comparecencia que tuvo en la Comisión de Hacienda. Para dar cumplimiento a estas necesidades, a estas medidas que afectan directamente a la competitividad, necesitamos que traigan a estas Cortes los Presupuestos Generales del Estado para 2017. 

Por cierto, no solo lo digo yo, sino que hace unos meses, el jefe del ejecutivo en funciones, Mariano Rajoy, recordó en varios diarios la importancia de contar con un Gobierno en el menor tiempo posible para así poder aprobar medidas de urgencia, como el techo de gasto y los Presupuestos Generales del Estado. Pues bien, ustedes tienen Gobierno, tienen techo de gasto, pero no tenemos presupuestos. Señorías, ser útiles es la razón de ser de Ciudadanos, y lo digo con orgullo. Somos servidores públicos y, por cierto, ustedes también, no lo olviden. Muchísimas gracias. (Aplausos).