PLENO CONGRESO 31 DE ENERO

REAL DECRETO LEY 6/2016, DE 23 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA EL IMPULSO DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL

El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Gracias, señora presidenta. Señorías, una vez más volvemos a hablar en esta Cámara de la garantía juvenil como mecanismo para suavizar una situación dramática sin duda, en nuestro país, como es el desempleo juvenil. Según los datos de Eurostat, la tasa de desempleo juvenil en España —jóvenes entre 15 y 24 años— es del 48,3%, la segunda más alta de la Unión Europea, solo por debajo de la de Grecia y muy por encima de la de otros países de nuestro entorno como Alemania, que está en un 7,2 o como Dinamarca, que está en un 10,8, o Reino Unido que está en un 14,6. 

Además, los jóvenes que trabajan en nuestro país lo hacen en unas condiciones tremendamente inestables: en torno al 75% de los jóvenes entre las edades a las que nos hemos referido tienen un contrato temporal, frente al 34,5 de Dinamarca, el 31,7 de Austria o el 15% de Reino Unido. La tasa de temporalidad española solo es superada en la Unión Europea por Polonia. Sin embargo, el problema de la temporalidad en nuestro mercado laboral no solo radica en su intensidad sino también en su naturaleza. 

Incluso en aquellos países con una tasa de temporalidad relativamente alta, como Alemania, se trata de una temporalidad en gran parte voluntaria; sin embargo, en nuestro país, en el caso de España la mayoría de los contratos temporales son involuntarios, es decir, nuestros jóvenes preferirían encontrar trabajos permanentes y la razón por la que no los encuentran es simplemente porque nuestro mercado laboral no puede ofrecérselos. 

Me dirijo a usted, señora ministra, estamos dejando sin oportunidades a una generación entera, lo cual, primero, no es de justicia y, segundo, no podemos permitírnoslo como país. (Aplausos). Eso no es todo, sin embargo. Además, el desempleo juvenil en España se ve complicado por debilidades particulares como son: primero, una tasa de abandono escolar que dobla la media europea; segundo, el escaso peso de la formación profesional y, tercero, un bajo conocimiento de idiomas extranjeros. 

Las consecuencias de la precariedad laboral en nuestro país son dramáticas; a lo largo de todo el espectro educativo los trabajadores jóvenes se encuentran con un mayor riesgo, en primer lugar, de permanecer desempleados; en segundo lugar, de quedarse atrapados entre contratos temporales durante largos períodos de tiempo; en tercer lugar, de experimentar penalizaciones salariales y, por último, de estar sobrecualificados para su trabajo. —En otro momento podremos hablar de la fuga de cerebros y las consecuencias que supone esa fuga para nuestro país-. 

Por eso, de manera urgente tenemos que aprovechar los instrumentos con los que contamos. La garantía juvenil se aprobó en el Consejo de la Unión Europea con un ambicioso objetivo y una importante dotación presupuestaria para nuestro país, lo que generó expectativas que posteriormente no se han visto cumplidas. El programa no se puso en marcha en España hasta finales del año 2014, un año y medio después de su aprobación. 

El registro de jóvenes fue una misión imposible para muchos y los beneficiarios de acciones concretas comenzaron a llegar con cuentagotas, lo que hizo del programa una propuesta globalmente ineficaz. En el desarrollo de dicho sistema se pusieron a disposición de España 1.887 millones de euros para la cofinanciación de gastos de fondos estructurales y de inversión de la Unión Europea durante el periodo 2014-2020. 

Según los últimos datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, se han pasado de 200.000 solicitudes y 180.000 resoluciones positivas, a 31 de diciembre de 2015, a 439.000 solicitudes y 405.000 resoluciones positivas a 31 de diciembre de 2016 frente a más de un millón de potenciales beneficiarios. 

Es decir, no llegamos ni a la mitad de las resoluciones de los potenciales beneficiarios. Respecto del número de atenciones recibidas por los beneficiarios, a fecha 31 de diciembre de 2015 fue de 379.000, de los cuales tan solo 69.000 eran atenciones de carácter finalista y 310.000 de atenciones de carácter no finalista; es decir, que a pesar de los medios disponibles la efectividad de este programa hasta ahora ha sido marginal. España debe aprovechar los 3.260.000 euros que recibirá de Bruselas para la dotación del programa operativo de empleo juvenil hasta el año 2023; si no alcanzasen estos importes, la diferencia será reducida de la asignación inicial. 

En mi grupo parlamentario tenemos una especial preocupación por el desempleo de larga duración y, en particular, por el desempleo juvenil. Nuestra política laboral persigue tres grandes objetivos dirigidos a acabar con los principales problemas que afectan a nuestro mercado de trabajo. (Rumores). En primer término, reducir el desempleo, especialmente el desempleo de larga duración; en segundo, acabar con la precariedad fomentando la creación de empleo estable y de calidad y, finalmente, potenciar el capital humano con unas políticas activas de empleo y formación que sean verdaderamente eficaces. 

Así quedó plasmado en el apartado 42 del acuerdo al que llegamos con el Partido Popular, en el que se incluyeron varias medidas englobadas dentro de un plan de choque contra el desempleo, entre las que cabe destacar: el impulso de los planes y actuaciones específicas para combatir el desempleo juvenil en el marco de la que hoy estamos debatiendo, la garantía juvenil europea. En concreto, y de manera urgente, primero, mejorar el procedimiento de inscripción de los jóvenes menores de treinta años en el registro telemático. 

Segundo, la integración de los datos del registro con todos aquellos necesarios para la evaluación de su eficacia y, tercero, establecer nuevos incentivos para una mayor implicación de las comunidades autónomas en la aplicación del sistema juvenil. Vuelvo en este punto a dirigirme a usted, señora ministra, porque hemos tenido que ser nosotros, hemos tenido que venir nosotros, diputados de Ciudadanos, para obligarles a cumplir con su trabajo y decirle que a partir de ahora, por suerte, se acabaron las mayorías absolutas y, por lo tanto, los rodillos para este país, y eso es un motivo de celebración para nosotros. (Aplausos). 

Con la aprobación de este decreto-ley se cumple con el citado punto del acuerdo, facilitando la inscripción de los jóvenes en el sistema de garantía juvenil. También se establece la conversión de reducciones a la cotización de la Seguridad Social en bonificaciones a cargo del servicio público de empleo y, por lo tanto, a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, lo que sin duda mejorará las cuentas de nuestra maltrecha Seguridad Social y aumentará la utilización de los fondos europeos disponibles. 

No obstante, para convertir este programa en una historia de éxito es necesario ir más allá. Creemos necesario elaborar una nueva estrategia de emprendimiento y empleo joven para el periodo 2017-2020 que sustituya a la vigente ante la próxima finalización. Es necesario además que, previa valoración de sus resultados, se actualice el catálogo de medidas e incentivos a la contratación en función de su eficacia en los términos de inserción formativa y laboral. 

Asimismo, esperamos la puesta en marcha lo antes posible de reformas de calado en nuestro mercado de trabajo —me vuelvo a dirigir a la señora ministra— y seguimos esperando las conclusiones de los expertos que nombraron a efectos de dar cumplimiento a las sentencias de la Unión Europea y de más medidas de contratación. (La señora ministra de Trabajo y Seguridad Social, Báñez García: Yo también). 

Creemos que sería necesario también fomentar los contratos formativos y apostar por la formación profesional dual como en la renta de inserción de nuestros jóvenes en el mercado de trabajo. Le digo desde aquí que sería igualmente necesario poner en marcha cuanto antes ese comprometido complemento salarial para jóvenes, así como el programa estadístico para realizar propuestas personalizadas de itinerarios formativos y laborales. 

Así que le instamos desde aquí, le animamos a que cuanto antes ponga en marcha también estas medidas. En definitiva, para terminar, creemos que es importante la convalidación de este decreto-ley y por eso votaremos a favor del mismo. Igualmente es importante seguir avanzando en el establecimiento de medidas que favorezcan las oportunidades de nuestros jóvenes. No obstante, señora ministra, solo cuando todos y cada uno de los jóvenes inscritos se haya beneficiado de una intervención exitosa y estén trabajando o formándose para trabajar podremos realmente decir que estamos satisfechos con la medida. Muchas gracias. (Aplausos)

REAL DECRETO-LEY 7/2016, DE 23 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE REGULA EL MECANISMO DE FINANCIACIÓN DEL COSTE DEL BONO SOCIAL Y OTRAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR VULNERABLE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Presidenta, miembros de la Mesa, señorías, estamos aquí para hablar del bono social. Algunos compañeros ya han dado datos bastante significativos, como que más de 4,5 millones de españoles tienen problemas para pagar los recibos de los servicios básicos como, por ejemplo, el recibo de la luz. 

Si acercamos esos datos a los términos que conocemos mejor todos nosotros, podemos decir que uno de cada diez hogares de este país tiene problemas para pagar esos recibos, también el de la luz. Al final, esto es la consecuencia de la crisis económica que hemos vivido y de las tasas de paro que tenemos, pero si esto se relaciona con la subida de los precios de los dos últimos años, cuando el gas ha aumentado un 22%, el agua ha aumentado un 8,5%, el butano ha aumentado un 23% o el recibo de la luz de este mes de enero que acaba hoy puede aumentar un 28,56%, son razones más que suficientes para que hoy estemos debatiendo sobre qué es el bono social.

La Unión Europea ya hizo el diagnóstico en 2009 con las directivas Europeas 2009/72 y 2009/73, con las cuales se obliga a los países miembros a tomar medidas para paliar esta situación. También el Comité Económico y Social Europeo dijo en 2011 que la situación de vulnerabilidad es una prioridad social y necesita el apoyo de los países; y en el informe de 2013 decía que la energía es un bien común y esencial que permite al ciudadano tener una vida digna, y precisamente por eso estamos hoy hablando de bono social. 

Sucesivos Gobiernos de este país no han establecido políticas efectivas en esta materia y al final se ha acabado con una improvisación constante que ha evitado que se hagan previsiones para prevenir la situación que estamos debatiendo hoy. Hay muchos hogares que no pueden pagar esos recibos e independientemente de que tengan un patrón de consumo eficiente o de que no enciendan demasiado la luz, los costes fijos del sistema van a seguir subiendo y nosotros continuamos sin hacer ningún plan de prevención. 

La realidad y el resumen es que no existe planificación y, como no existe, repito, hoy estamos debatiendo sobre bono social. Este real decreto-ley es fruto del acuerdo y eso es positivo porque es necesario transmitir no solo a sus señorías sino también a la gente que está fuera de este Congreso que hay temas importantes de los que sí somos capaces de sentarnos a hablar, más allá de las ideologías del resto de partidos políticos. 

Desde Ciudadanos queremos agradecer las sugerencias y pensamientos que nos ha hecho llegar parte de la sociedad civil sobre qué se puede hacer y cómo. El primer documento que se facilitó por parte del Gobierno modificaba solo cuatro apartados muy concretos en dos artículos. 

Esto nos parecía insuficiente, pero como ese documento se abrió para su debate entre el resto de formaciones políticas, entendemos que quería ir a máximos y partir de una base de mínimos, o eso es lo que pensamos. Por eso, para Ciudadanos era imprescindible introducir la referencia explícita sobre la situación de los consumidores vulnerables, porque no se tenía como tal. 

Con los criterios anteriores a este real decreto —para que lo sepan, porque hay muchas personas que no lo saben—, cualquier familia que tuviese una buena nómina, con tener contratada una potencia inferior a 3 kilovatios o, por ejemplo, ser familia numerosa, podía acogerse al bono social, con lo cual nos podemos plantear el siguiente interrogante: ¿realmente el bono social tenía unos criterios para que llegase a quien tenía que llegar o se siguieron unos criterios determinados que hacían que muchas personas que no lo necesitaban se acogiesen a él? 

Por eso para nosotros —ahora lo recoge este real decreto y también la exposición de motivos, y esperamos que lo contemple también el reglamento— es necesario que se redefina qué es el consumidor vulnerable y que se vincule a los criterios de renta. Por supuesto, a partir de ahí, habrá atenuantes, pero el criterio de renta es imprescindible para que esto salga adelante. También es necesaria la coordinación con las comunidades autónomas, porque luego vemos fuerzas políticas que vienen aquí y siempre están haciendo la división entre la competencia autonómica y la competencia nacional. ¿Qué quieren que les diga? 

En cuestión de pobreza, de derechos sociales y de que se aplique el bono social a los ciudadanos de toda esas comunidades autónomas creo que tiene que primar un criterio de colaboración, de compartir documentación y sobre todo de ser eficientes para que se eviten casos como el de Reus, que ya han comentado otros compañeros, que al final fue un compendio de mala comunicación entre distintas administraciones. 

Entre las comunidades autónomas y el Estado tiene que haber colaboración y no estar siempre con la sensación de que van a invadir nuestras competencias. Hay temas en los que tenemos que colaborar. Por eso —así también lo dijo el señor ministro en su exposición— se ha introducido, a instancias de Ciudadanos, que ese periodo para realizar el corte, en lugar de dos meses, sea de cuatro meses, para que los servicios sociales tengan más tiempo para elaborar esos informes. 

Si no les damos más tiempo, si no hay comunicación, difícilmente podrán hacer su trabajo. En conclusión, para no alargarme, en el primer borrador entendemos que se incluían unos cambios mínimos que buscaban salvar la sentencia del Tribunal Constitucional, pero gracias al acuerdo y a la aportación de distintas fuerzas políticas se ha llegado a un real decreto más ambicioso. 

Ciudadanos ha apostado por que esa tarifa sea progresiva en función del tipo de consumidor vulnerable —todos lo sabemos, hay distintos tipos de consumidor y distintos tipos de necesidades para obtener esas ayudas—; por ese aumento de carencia a cuatro meses hasta que se emite el informe; por que el consumidor vulnerable severo también tenga su definición, porque, como comprenderán —así lo recoge este real decreto—, a los consumidores que estén en situación extrema no se les podrán realizar cortes —creo que tenemos que empezar a dejar la demagogia a un lado y a leer bien todas las pautas del acuerdo— y, por supuesto, por el registro de la administración de consumidores vulnerables. 

Es necesario saber a cuántas personas tenemos que ayudar, quiénes son nuestros ciudadanos y sobre todo cuánto dinero nos va a costar todo para poder ayudarles. En resumen, en este real decreto también se fija un periodo de tres meses para desarrollar ese reglamento, que esperamos que también surja del acuerdo. 

Ya se preveía en una antesala de ese real decreto, en esa exposición de motivos. Ciudadanos ya envió la semana pasada al Partido Popular nuestra propuesta de reglamento, nuestra aportación —esperamos que nos sentemos a negociarla, a ver cómo va—, y en ella se incluía la definición de consumidor vulnerable con criterios de renta y con atenuaciones en función de número de familiares, que existan menores, que existan dependientes en esa familia… 

En definitiva, que el bono social le llegue a quien le tiene que llegar y que no pase lo que está sucediendo en la actualidad; que esas ayudas también sean progresivas y justas atendiendo a las particularidades de cada caso, y también la diferenciación —lo introduce Ciudadanos en esta propuesta que le ha hecho llegar al ministerio— entre lo que es consumidor vulnerable extremo y lo que es consumidor vulnerable, porque tienen tipos de ayudas totalmente diferentes. 

El bono social no tiene que ser igual, tiene que ser diferente en función de los consumidores y de las necesidades. Por eso hemos propuesto que haya distintos porcentajes de ayudas, como el señor ministro también comentó en su exposición, y sobre todo una cosa muy importante y que parece que nos estamos saltando: que se comunique a partir del primer impago al ciudadano, al afectado, hará que toda la Administración funcione de una manera más ágil, porque si es un ciudadano que no ha sido detectado por los servicios sociales, con esta primera carta de impago acudirá directamente a los servicios sociales y podrá poner en alerta su caso en el supuesto de que sea beneficiario del bono social. 

Me permitirán que hable de eficiencia. Hablo de eficiencia porque no solo se trata de tomar medidas urgentes sino de buscar la senda para reducir el número de personas que necesitan esa ayuda, porque podrán salir adelante. La eficiencia energética tendrá un papel muy importante no solo en la transición sino también en la ayuda a los consumidores vulnerables. 

Al final, señorías, lo que pretende este real decreto, y lo que esperamos que también diga el reglamento, aparte de contar con el consenso de las fuerzas políticas, es que el bono social finalmente llegue a quien lo necesite porque hoy en día, como bien saben, hay personas que no lo necesitan y se acogen a él; que los criterios obedezcan a las tipologías de familia; que exista más información y más transparencia en el sector y también en bono social. 

Han hablado de llegar tarde, otros llegan muy temprano; nosotros, Ciudadanos, acabamos de llegar pero el problema no es llegar tarde o llegar temprano, el problema es no llegar; el problema es sentarse y no hacer nada; el problema es quejarse sin ser proactivo y acabar siendo anodino. Ese es el problema que podemos tener en este hemiciclo. (Aplausos). Tomando medidas urgentes como estas por supuesto que vamos a estar para resolver los problemas que tiene la ciudadanía, pero lo que pedimos realmente es que se establezca una planificación, porque no solo se trata de paliar lo que está pasando ya sino también de prevenir que no siga pasando en el futuro. Muchas gracias. (Aplausos).

REAL DECRETO-LEY 1/2017, DE 20 DE ENERO, DE MEDIDAS URGENTES DE PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES EN MATERIA DE CLÁUSULAS SUELO

El señor GIRAUTA VIDAL: Señor presidente, señoras y señores diputados, antes que nada, déjenme que les diga que algunas cosas que estoy oyendo aquí claman al cielo. (Rumores). Hay gente que mira los toros desde la barrera, gente que no ha querido o no ha sabido —yo más bien creo que no ha querido— negociar, que no es consciente de que hay millones de personas a las que se les tiene que restituir un derecho y que hay que hacerlo de modo que no colapse el orden jurisdiccional civil y que prefieren revolcarse en la demagogia por motivos que ni siquiera merecen el calificativo de políticos. 

En todo caso, lo merecen con minúscula porque estamos ante un asunto muy grave al que por fin se le puede encontrar una solución. El asunto es muy grave porque constituye un abuso masivo, lesivo y prolongado en el tiempo sobre millones de personas. Esta norma viene a corregirlo, bien es cierto que después de todo tipo de resistencias y de errores en el enfoque jurídico, teniendo que ser finalmente la justicia europea la que nos empuje a esta solución, lo que viene a confirmar que, de nuevo, todo aquello que viene de Europa a España le sienta bien, y en este caso es indudable. (Aplausos). 

¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de contratos de préstamo o crédito que se garantizan con hipotecas inmobiliarias que tienen un tipo variable al que se le pone un tope por abajo en su variabilidad. Esto que ha parecido normal a las entidades financieras —si bien a otros muchos no—, que más allá de ninguna otra discusión hoy sabemos que es nulo, nulo, es decir, hoy es nulo, —da igual lo que discutamos, nunca han existido esas cláusulas— nos obliga, nos empuja, nos impele a restituir en sus derechos a los afectados para que queden en la misma situación en la que estarían si todo eso no se hubiera producido. (Rumores). 

A partir de ahí, de lo que se trata es de establecer las medidas que permitan esa restitución y de hacerlo a través de un cauce sencillo, previsible, voluntario para el consumidor, obligatorio para las entidades y —repito—, sobre todo, tratando de evitar un incremento de la litigiosidad que sería fatal para nuestro sistema. Y de eso, por pura responsabilidad política y ciudadana, había que participar, había que negociarlo, había que intentar que funcionara del mejor modo posible, de la forma más ágil, más rápida y que permitiera el cobro en efectivo, si ese es el deseo del afectado, y por eso hemos entrado en la negociación. 

En consecuencia, estas etiquetas que yo he escuchado sobre aquellos que hemos participado y que hemos conseguido cosas, no las acepto y les devuelvo un par. A quienes solo saben calificar esto yo les digo que son unos insensatos y unos irresponsables. (Rumores.—Aplausos). Ciudadanos presentó —porque a nosotros nos preocupa esto desde que llegamos al Congreso— una iniciativa que en su día instaba al Gobierno a adoptar tres medidas. 

En primer término, a reconocerlo y a reconocer también la importancia social del problema; en segundo, instábamos al Gobierno a defender los derechos de los afectados por las cláusulas abusivas en cuantos procesos judiciales tuvieran audiencia a nivel nacional y europeo y, a facilitar mecanismos extrajudiciales, que finalmente ha sido la solución. 

Es decir, precisamente —repito— el mecanismo que establece ahora el real decreto que el Gobierno viene a convalidar. Por último, en ese momento también instábamos al Gobierno a iniciar los trámites urgentes necesarios para la modificación legislativa española, una modificación que garantizara de forma efectiva los derechos de los consumidores y usuarios. 

Esta PNL fue aprobada en la Comisión de Justicia el día 20 de diciembre de 2016, justo un día antes —casualidades de la vida— de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea publicara la tan esperada sentencia que al final nos ha traído aquí. Debo decir que esto fue previsto por nosotros y pactado con el Grupo Popular, constituyendo la cláusula número 15 de nuestro pacto de investidura, en la que se acordó la creación de una autoridad independiente de protección del consumidor e inversor financiero. 

Esta autoridad independiente vendría a unificar y reforzar los servicios de reclamaciones y de protección de los tres supervisores financieros —banca, valores y seguros— para recuperar la confianza de los ahorradores y usuarios, y establecer —esto es muy importante y repito que estaba previsto, que está previsto pues está vigente en nuestro acuerdo con el Grupo Popular— contratos tipo de servicios financieros para minoristas que eviten los fraudes y acaben con el engaño de la letra pequeña. 

Pues bien, a pesar de que todo esto que acabo de explicar puede parecer obvio y pacífico, en un primer momento el real decreto pactado inicialmente por el Partido Popular y por el Partido Socialista no contemplaba alguna de las condiciones más elementales en estos extremos. En efecto en un primer momento el real decreto preveía que el banco pudiese compensar a sus clientes —cito textualmente— con medidas compensatorias distintas a la devolución de efectivo. 

Por otra parte se establecía una obligación general de comunicación por parte de los bancos a los clientes, pero no quedaba claro qué procedimiento debía utilizarse para llevar a cabo esa comunicación. Ese real decreto por tanto que se preparaba era mejorable en su redacción, y si hubiera quedado así nosotros no lo estaríamos convalidando. 

Sin embargo hemos podido negociar cinco condiciones fundamentales que hacen que vayamos a votar a favor de su convalidación, las cuales quiero recordar. Primera, el real decreto es potestativo para los consumidores y obligatorio para las entidades de crédito. Segunda, los bancos están obligados a proporcionar información previa a todos los clientes cuyos préstamos contengan o hayan contenido una cláusula suelo. 

Tercera, se garantiza la gratuidad del procedimiento y la posibilidad de acudir a cualquier sucursal —repito, a cualquier sucursal— de la entidad para solicitarlo. Este punto es muy importante, pues es en la sucursal y con el delegado de la misma con quien el ciudadano de a pie —que no tiene por qué saber nada de los entresijos financieros ni de letras pequeñas— firma, y tiene que ser en el mismo lugar donde vea restituidos sus derechos y, si puede ser, pedir explicaciones a la misma persona. 

Cuarta, el cobro tiene que poder ser siempre en metálico, incluyendo intereses, sin costo fiscal añadido, todo lo cual debe ser supervisado por un órgano con representación de abogados y de asociaciones de consumidores. Y la quinta condición, que ha sido aceptada, es que se prevé la posibilidad de acudir a las acciones judiciales sin penalización alguna en lo que a costas se refiere. 

Por lo tanto es gracias a lo aportado en la negociación por mi grupo por lo que el contenido del real decreto protege eficazmente el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos, prevé un mecanismo rápido y gratuito al alcance de todos los consumidores, zanja cualquier posibilidad de nuevos abusos en este sentido, alivia una carga de trabajo al sistema judicial —que seguramente habría sido insoportable y lo habría colapsado—, y justifica a mi modo de ver la convalidación de este decreto. Muchas gracias. (Aplausos).