CONSEJO MINISTROS 31082018

El Gobierno revisará la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde una perspectiva de género

El Ejecutivo ha aprobado una subvención directa a Cruz Roja de más de 18 millones de euros para la atención humanitaria a personas inmigrantes. Además, mejorará la atención prestada en los centros de acogida de menores extranjeros no acompañados de Ceuta y Melilla

El Consejo de Ministros ha aprobado la creación de un consejo asesor que revisará el la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde un enfoque de género, con el fin de impulsar un nuevo texto normativo que atienda adecuadamente la realidad social.

• Este consejo propondrá las reformas necesarias para adaptar el ordenamiento jurídico actual a las nuevas exigencias planteadas por la sociedad en materia de género, en particular en los ámbitos civil y penal, lo que constituye un objetivo prioritario para el Gobierno.
• La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, ha destacado que el consejo estará formado en su mayoría por "mujeres de enorme prestigio en el campo de la magistratura y del estudio de género".
• Los miembros del consejo no percibirán ninguna retribución y su funcionamiento se atenderá con los medios del Ministerio de Justicia, por lo que no supondrá incremento de gasto público.
• El Gobierno ha regulado la concesión directa de una subvención a las ciudades de Ceuta y Melilla para mejorar la atención prestada en los centros de acogida de menores extranjeros no acompañados. Se destinarán 2.345.000 euros a Ceuta y 4.103.890 a Melilla.

Isabel Celaá ha reconocido que hay niños menores no acompañados en otras comunidades autónomas, por lo que este asunto se tratará en una reunión prevista a primeros de septiembre.

• La protección de la infancia, ha destacado la portavoz, es otra de las prioridades del Ejecutivo. Por ello, ha avanzado, el Gobierno "está preparando una Ley Integral de la Infancia en la que tendrán cabida muchas de las políticas que los distintos ministerios llevan a cabo". "Estimamos que existen razones de interés público, social y humanitario para trabajar de esta manera", ha añadido.

El Consejo de Ministros ha autorizado a la Dirección General de Integración y Atención Humanitaria la concesión de una subvención directa a Cruz Roja Española por importe de 18.741.059 euros para la atención humanitaria a personas inmigrantes que se encuentren en situación de vulnerabilidad

• Isabel Celaá ha recordado que la Secretaría de Estado de Inmigración tiene un fondo de 40.700.000 euros para este propósito con destino a distintas ONG´s.

En materia de infraestructuras, el Gobierno ha autorizado la licitación de seis contratos de conservación y explotación de carreteras del Estado por un importe global de 138 millones de euros. Los sectores donde se desarrollarán los trabajos se sitúan en las provincias de Barcelona, Burgos, A Coruña, Huesca, Lleida y León.

• Por otra parte, el Consejo de Ministros ha acordado bonificaciones a los vehículos pesados y exenciones de peaje de vehículos ligeros en distintos tramos de las autopistas de peaje AP-7 y AP-2.
• En concreto, se desplazará el tráfico de la carreteras nacionales N-340, entre las poblaciones de Peníscola-L´Hospitalet de Línfant y Altafulla-Villafranca, y N-240, a su paso por Les Borges Blansques-Montblanc, a tramos de autopista alternativos.
• La portavoz ha explicado que el Ejecutivo ha agilizado la aprobación de esta medida con el fin de evitar que "los vehículos pesados recorran los pequeños pueblos y carreteras" y favorecer que puedan ir por el peaje.
• Asimismo, se implementarán exenciones de peajes a vehículos ligeros en el tramo comprendido entre Vilafranca Sur y Vinaroz/Alcanar con el fin de impulsar la utilización de la AP-7 por usuarios habituales.
• El Ministerio de Fomento estima que estas decisiones reducirán la congestión y la contaminación en esos tramos de las carreteras nacionales y maximizarán la utilización de las autopistas, lo que previsiblemente mejorará la seguridad vial.

Tras la aprobación la semana pasada del Real Decreto-ley para la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, el Consejo de Ministros ha acordado hoy la incoación del expediente administrativo para llevarla a cabo.

• La portavoz del Gobierno ha apuntado que el expediente se publicará y se notificará a las partes interesadas en el procedimiento.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley para trasponer tres directivas europeas que estaban pendientes de ser incorporadas a la legislación española, según ha explicado Celaá, quien ha recordado la "vocación europeísta" del Ejecutivo.

• La primera de esas directivas busca reforzar la movilidad de los trabajadores entre Estados miembros de la Unión Europea o en el ámbito nacional garantizando ciertos derechos o complementos de los que disfrutaran en la empresa de origen. La portavoz del Gobierno ha detallado que, en el caso de España, se trata de que los trabajadores puedan mantener sus seguros colectivos al cambiar de empleo.
• El objetivo de la segunda directiva traspuesta es prevenir el uso del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Celaá ha enmarcado esta norma en el "gran movimiento en Europa de lucha contra los flujos de origen ilícito". El texto unifica la aplicación de las medidas de diligencia reforzada a todas las personas con responsabilidad pública, incrementa los límites máximos de las sanciones y fomenta las denuncias de particulares.
• Por último, el Real Decreto-ley traspone los requisitos para la entrada y residencia en España de nacionales de terceros países con fines de investigación, estudios, prácticas, programas de intercambio de alumnos y proyectos educativos.

Tomado de http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2018/310818-consejo.aspx

TRANSPOSICIÓN DE DIRECTIVAS EN MATERIA PENSIONES, PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y REQUISITOS DE ENTRADA Y RESIDENCIA DE NACIONALES DE PAÍSES TERCEROS

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley con el fin de incorporar diversas Directivas pendientes de transposición, se procede a la modificación de las siguientes normas:

• Medidas en materia de pensiones:
• Se modifica el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones (aprobado por Decreto legislativo 1/2002) para incorporar la Directiva 2014/50/UE, que pretende reducir los obstáculos a la movilidad de los trabajadores entre Estados miembros mediante la mejora de la adquisición y mantenimiento de los derechos complementarios de pensión para la jubilación, vinculados a una relación laboral .
• El artículo 45 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece la libertad de circulación de los trabajadores que implica, entre otros, el derecho de responder a ofertas de empleo y de desplazarse libremente para este fin en el territorio de los Estados miembros.
• Basada en dicho precepto, la Directiva 2014/50/UE y las modificaciones que se introducen en el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones pretenden reducir obstáculos a la movilidad de los trabajadores entre Estados miembros derivados de determinados requisitos para adquirir derechos en los sistemas complementarios de pensión para la jubilación establecidos en las empresas, en especial requisitos de antigüedad y de edad mínimas.
• Los objetivos de las modificaciones que se incorporan mediante el Real Decreto-ley son:
• Establecer condiciones de adquisición de derechos económicos más favorables para los trabajadores en la articulación de los compromisos por pensiones para la jubilación asumidos por las empresas.
• Favorecer la consolidación de derechos económicos de los trabajadores en los sistemas de previsión complementaria y su mantenimiento en caso de cese de la relación laboral antes de la jubilación.
• Regular el derecho de los trabajadores a la información relativa a la adquisición de derechos derivados de los compromisos por pensiones para la jubilación asumidos por las empresas
• Medidas en prevención del blanqueo de capitales
• Se modifica la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo con el fin de incorporar la Directiva 2015/849, que establece obligaciones adicionales a las de la ley española en materia de licencia o registro de los prestadores de servicios a sociedades, así como un endurecimiento del régimen de sanciones y el establecimiento de canales de denuncia.
• Lo cierto es que la normativa nacional española, así como las normas de la Unión Europea en esta materia, encuentran en las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) su fuente de inspiración primigenia y se habían abordado mediante modificaciones realizadas en años anteriores. Mediante la modificación prevista en el Real Decreto-ley se culmina este proceso de adaptación.
• Sus objetivos son:
• Incorporar la obligación de aplicar medidas de diligencia debida reforzadas respecto de aquellos países que se relacionen en la lista que al efecto elabora la Comisión Europea de conformidad con el artículo 9 de la Directiva.
• Dar una nueva regulación al régimen aplicable a las personas con responsabilidad pública, que se endurece en relación con las personas con responsabilidad pública domésticas, yendo más allá de lo exigido por las Recomendaciones de GAFI.
• Reducir el umbral en el que los comerciantes de bienes que utilizan el efectivo como medio de pago, están obligados a cumplir con las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales, que bajan de 15.000 a 10.000 euros .
• Adaptar los límites sancionadores a los umbrales máximos establecidos por la normativa de la UE, incorporando además nuevas normas en materia de publicidad y nuevos tipos infractores.
• Establecer un sistema de comunicación o denuncia de infracciones que tenga naturaleza confidencial.
• Crear la obligación de registro de prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos.
• Medidas relativas a requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros
• Se modifica la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización con el fin de incorporar los aspectos de la Directiva2016/801 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a los requisitos de entrada y residencia de los nacionales de países terceros con fines de investigación, estudios, prácticas, voluntariado, programas de intercambio de alumnos o proyectos educativos y colocación "au pair".
• El objetivo de esta Directiva es mejorar la posición de la Unión Europea en la competencia mundial por atraer talento y promover la UE como centro mundial de excelencia para estudios y formación mediante la supresión de barreras migratorias y mejores oportunidades de movilidad y empleo. La necesidad de aprovechar al máximo las oportunidades de la migración legal y, especialmente, de la migración cualificada como factor coadyuvante del crecimiento y de la creación de empleo han marcado las últimas actuaciones europeas en materia de migración legal.
• Si bien, buena parte de las disposiciones de la Directiva ya se encuentran recogidas en nuestro ordenamiento jurídico, ya sea, en la sección de movilidad internacional de la Ley 14/2013; o en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social y su Reglamento de desarrollo, la trasposición de la Directiva es una oportunidad para suprimir ciertas barreras migratorias y cargas administrativas en relación con los procedimientos de admisión y residencia de estas categorías de extranjeros que presentan una clara conexión con el talento.
• Se han detectado ciertos ajustes necesarios:
• En relación con los investigadores.
• La retención de estudiantes internacionales y su permanencia tras la finalización de los estudios para la búsqueda de un empleo o para emprender un proyecto empresarial.
• La participación en programas de prácticas tal y como los define la Directiva.
• La admisión de estudiantes internacionales y su movilidad intraeuropea; y con los voluntarios que participan en el Servicio Voluntario Europeo.
• Otras medidas:
• Al margen de las obligaciones derivadas de la incorporación de Directivas, el Real Decreto-ley modifica otros dos preceptos de normas con rango legal:
• 1º El art. 12.3 de la Ley 19/2003, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas en el exterior, con el fin de elevar a un año el plazo para resolver los expedientes sancionadores afectados por dicha Ley.
• Esta modificación viene motivada en la alteración sufrida en los plazos de resolución de los expedientes sancionadores instruidos al amparo de esta ley, al verse afectados por lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que, con carácter general, establecen que el plazo máximo para notificar la resolución expresa será de tres meses cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen plazo máximo.
• Es relevante indicar que todos los restantes procedimientos sancionadores en materia de movimientos de capitales y de transacciones económicas con el exterior atribuidos a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias se encuentran regulados por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias, la cual establece un plazo máximo de resolución de un año (es el caso de los expedientes sancionadores por ausencia de declaración de movimientos de capitales en frontera, por movimientos de efectivo en territorio nacional sin declaración o por infracciones a las obligaciones en materia de prevención de BC/FT).
• 2º La disposición final séptima de la Ley 39/2015 para ampliar en dos años el plazo inicial de entrada en vigor de las previsiones relativas a la puesta en marcha de la Administración electrónica.
• En particular, se requiere acordar entre las Administraciones Públicas competentes las opciones que permitan una verdadera interoperabilidad respetuosa con sus respectivos ámbitos de competencias. Este acuerdo será el marco para el diseño de los sistemas tecnológicos que han de dar soporte a los aspectos funcionales interoperables, que en el plazo actual de entrada en vigor no estarán adaptados a estas exigencias.

CREADO UN CONSEJO ASESOR PARA LA REVISIÓN DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo para la creación del Consejo Asesor para la revisión de la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde una perspectiva de género.

• La elaboración de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr) es uno de los objetivos prioritarios del Gobierno. Debe llevarse a cabo una revisión profunda de los distintos proyectos existentes con el objeto de elaborar un único texto que modernice la legislación procesal vigente a día de hoy. Uno de los ejes sobre los que pivota esa actualización es la perspectiva de género, razón por la que se crea un grupo de trabajo específico que permita contar con la colaboración de expertos en derecho procesal.
• La creación del Consejo Asesor se realiza de acuerdo con los dispuesto en el art. 22.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que recoge la posibilidad de que los diferentes Ministerios creen grupos o comisiones de trabajo.
• El objetivo principal del Consejo Asesor es revisar el proyecto de reforma de la LECr desde una perspectiva de género. También podrá pronunciarse, desde la perspectiva de género, sobre medidas y planes impulsados por el Departamento de Justicia, proyectos normativos y otras decisiones relevantes. Los pronunciamientos del Consejo Asesor no tendrán naturaleza preceptiva.
• La composición del Consejo Asesor es la siguiente:
• Presidenta: ministra de Justicia
• Vicepresidente: secretario de Estado de Justicia
• Vocales:
• Ana María Ferrer García, magistrada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. vocal permanente de la Comisión General de Codificación.
• Elvira Tejada de la Fuente, fiscal de Sala de Criminalidad Informática.
• María Isabel González Cano, catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Sevilla. Vocal Permanente de la Comisión General de Codificación.
• María Durán i Febrer, abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares.
• Juan Luis Gómez Colomer, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Jaume I de Valencia y presidente de la Sección Procesal de la Comisión General de Codificación.
• Secretario: El director del Gabinete del secretario de Estado de Justicia actuará como secretario, con voz y sin voto.
• Los miembros del Consejo Asesor podrán ser sustituidos cuando así resulte justificado por resolución de la ministra de Justicia.
• El Consejo Asesor se reunirá de acuerdo con el calendario que establezcan su Presidencia o su Vicepresidencia por delegación de aquélla y, en todo caso, una vez al semestre, previa convocatoria de la ministra de Justicia, que se comunicará a través del secretario.
• La secretaría del Consejo Asesor levantará acta de lo tratado y acordado en cada una de las reuniones que se produzcan. Durante las reuniones podrán usarse medios electrónicos.
• Los miembros del Consejo no recibirán retribución alguna, salvo el pago de gastos de desplazamiento y hospedaje para los que residan fuera de Madrid. El funcionamiento del Consejo no supondrá incremento alguno del gasto público y será atendido con los medios materiales y personales existentes en el Ministerio de Justicia.

Tomado de: http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2018/refc20180831.aspx

CONSEJO MINISTROS 24082018

APROBADO UN REAL DECRETO-LEY QUE MODIFICA LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA PARA LA EXHUMACIÓN Y TRASLADO DEL DICTADOR FRANCO DEL VALLE DE LOS CAÍDOS

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-Ley que modifica la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, conocida como Ley de Memoria Histórica, para permitir la exhumación y traslado del dictador Franco del Valle de los Caídos.

• La Ley de Memoria Histórica en su artículo 16, referido al Valle de los Caídos, señala que "en ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la guerra civil, de sus protagonistas, o del franquismo". Este precepto se sostiene en la voluntad, expresada en la Disposición Adicional sexta de esta Ley, de que el Valle de los Caídos se consagre como un lugar destinado a honrar y rehabilitar la memoria de todos los fallecidos en la Guerra y la represión política posterior.
• La presencia en el recinto de los restos mortales de Francisco Franco dificulta el cumplimiento efectivo del mandato legal de no exaltación del franquismo y el propósito de rendir homenaje a todas las víctimas de la contienda. El Real Decreto-Ley pretende poner fin a esta situación, al establecer que solo podrán yacer en el Valle de los Caídos los restos mortales de personas que fallecieron a causa de la Guerra Civil y, en consecuencia, habilitar la exhumación de los restos mortales de personas distintas a las caídas durante la Guerra. Así mismo, consagra de manera expresa el Valle de los Caídos como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje igualitario a las víctimas.
• El Real Decreto-Ley introduce un apartado 3º al artículo 16 de la Ley de 2007 que lo consagra como un lugar destinado a la conmemoración, recuerdo y homenaje de los fallecidos en la guerra civil, disponiendo que solo los restos mortales de éstos podrán yacer en su recinto: "En el Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la guerra civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda".
• Para dar cumplimiento a este nuevo apartado del artículo 16, se incorpora la Disposición Adicional 6ª bis, que articula un procedimiento de exhumación y traslado legitimando al Consejo de Ministros para su incoación y resolución.
• Este procedimiento tiene en cuenta los intereses de los afectados, tanto públicos como privados, y garantiza su derecho a ser oídos, su participación en el procedimiento y los recursos contra las actuaciones administrativas ante los órganos jurisdiccionales ordinarios competentes.
• Además, el procedimiento diseñado prevé expresamente las máximas garantías de dignidad y respeto, tanto a los restos mortales como a los familiares, quienes podrán disponer sobre su destino si lo desean.
• El fundamento y el objetivo de la reforma tienen un inequívoco y extraordinario interés público: que la actuación de los poderes públicos atienda al sentir mayoritario de la sociedad española, que considera inaplazable poner fin a décadas de una situación impropia de un Estado democrático y de Derecho consolidado.
• Muestra elocuente de este sentir ha sido la aprobación en el Congreso de los Diputados, el 11 de mayo de 2017, de la Proposición No de Ley para la efectiva aplicación y desarrollo de la Ley 52/2007 sin el voto en contra de ningún grupo parlamentario. 
• Esta Proposición insta al Gobierno de España a "afrontar, de forma decidida y urgente, las recomendaciones del Informe de expertos sobre el futuro del Valle de los Caídos entregado al Ministerio de la Presidencia el 29 de noviembre de 2011. Con ello debemos proceder a resignificar la función del Valle de los Caídos para que deje de ser un lugar de memoria franquista y nacional-católica y reconvertirlo en espacio para la cultura de la reconciliación, de la memoria colectiva democrática, y de dignificación y reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. 
• En particular, dar cumplimiento preferente a la exhumación de los restos de Francisco Franco y su traslado fuera del Valle de los Caídos". Esta Proposición No de Ley explicita de forma contundente la voluntad de los representantes de la ciudadanía de proceder a la exhumación y de hacerlo, además, de forma no sólo urgente sino también preferente.
• Además, da respuesta a las reiteradas peticiones de Naciones Unidas que ha venido requiriendo al Estado español para que dé cuenta de las medidas adoptadas en materia de memoria histórica y regeneración democrática. Concretamente, el Informe emitido en julio de 2014 por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas o involuntarias concluye con una larga lista de recomendaciones para el Gobierno español y la petición de que en un plazo de 90 días "presente un cronograma en el que se indiquen las medidas que se llevarán a cabo para implementar estas recomendaciones y asistir a las víctimas del franquismo". Respecto al Valle de los Caídos, este Grupo de Trabajo lamenta específicamente que no se hayan implementado las recomendaciones del aludido Informe de 2011 en relación con la retirada de los restos del dictador Francisco Franco de dicho mausoleo.

Procedimiento previsto para la exhumación y traslado de los restos mortales (Disposición Adicional 6ª bis del Real Decreto-Ley)

• El Real Decreto-Ley aprobado por el Gobierno entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
• El procedimiento se inicia con un Acuerdo de incoación del Consejo de Ministros, que se aprobará el próximo 31 de agosto. Este acuerdo dará un plazo de 15 días a los interesados para que se puedan personar en el procedimiento y realicen las alegaciones que consideren. En dicho plazo, los familiares podrán comunicar el destino que desean para los restos mortales, indicando el lugar de reinhumanación. Para ello, deberán aportar dentro de ese plazo los documentos y autorizaciones necesarias.
• Si existieran discrepancias entre los familiares o los familiares no manifestasen su voluntad en tiempo y forma, el Consejo de Ministros decidirá el lugar para su nueva inhumación, asegurando una digna sepultura. Para ello, el Gobierno podrá solicitar la asignación del correspondiente título de derecho funerario (al Ayuntamiento en el que vaya a efectuarse la inhumación) y realizar el resto de actuaciones que procedan.
• Transcurrido el plazo de 15 días previsto, el Consejo de Ministros ordenará la continuación del procedimiento. El Ministerio de Justicia será el encargado de realizar los trámites que correspondan:
• Remitir al Ayuntamiento, en su caso, el correspondiente proyecto para llevar a cabo la exhumación, según la normativa vigente.
• Solicitar informe no vinculante al órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia de sanidad mortuoria, para que sea emitido en el plazo máximo de un mes.
• Concluidas estas actuaciones, se volverá a dar traslado a los interesados (incluidos los familiares) antes de la resolución, para que aleguen lo que estimen oportuno en el plazo improrrogable de 10 días.
• Transcurrido este plazo, el Consejo de Ministros, mediante Acuerdo motivado, resolverá sobre si procede la exhumación y el traslado, con indicación, en su caso, del destino que vaya a darse a los restos mortales afectados.
• Este procedimiento tiene un plazo de caducidad de 12 meses a contar desde el Acuerdo de incoación del Consejo de Ministros.
• El Real Decreto-Ley será remitido al Congreso de los Diputados para su debate y votación en el plazo de 30 días desde su promulgación, conforme a lo dispuesto el art. 86.2 de la Constitución.

ESTRUCTURA ORGÁNICA BÁSICA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia (al amparo de lo previsto en el artículo 59 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público) y que completa la organización del Departamento, según lo previsto en la disposición final segunda del Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, que establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

• Los principales cambios en la estructura del Ministerio de Justicia son los siguientes:
• Secretaría General de la Administración de Justicia: se redistribuyen y reordenan las funciones de las unidades dependientes de la misma entre la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y la Dirección General de Modernización de la Justicia, Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos. 
• De la nueva Dirección General de Modernización de la Justicia, Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos se hacen depender la Subdirección General de Programación de la Modernización, la Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia, la Subdirección General de Registros Administrativos de Apoyo a la Actividad Judicial y las funciones de la extinta ORGA, a través de sus dos Subdirecciones Generales de Localización y Recuperación de Bienes y de Conservación, Administración y Realización de Bienes.
• Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional, Relaciones con las Confesiones y Derechos Humanos: es la nueva denominación de la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones. Se ha ajustado la redacción de alguna de sus funciones habituales y se introduce una nueva competencia relativa a la negociación y participación en proyectos de cooperación al desarrollo. La mayor novedad es la incorporación de competencias en materia de promoción y protección de Derechos Humanos en el ámbito interno exclusivo y propio del Ministerio de Justicia.
• Subsecretaría de Justicia: se crea la Dirección General para la Memoria Histórica cuyas competencias se estructuran en torno a tres ejes: Plan de actuación y actividades de localización y exhumación, competencias que recuperan las actividades de la anterior oficina de atención a víctimas y tareas de coordinación administrativa y relación con el tejido asociativo. De ella dependen la Subdirección General de ayuda a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura y la División de coordinación administrativa y relaciones institucionales.
• Dirección General de los Registros y el Notariado: se determinan las competencias referidas al impulso de la modernización tecnológica del Registro Civil en coordinación con las funciones correspondientes a la ejecución de la misma por parte de la División de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
• Secretaría General Técnica: se han introducido una serie de modificaciones en la redacción de las funciones que ya venía ejerciendo a través de la Subdirección General de Política Legislativa. Se introducen dos nuevas competencias: la relativa a la participación en las iniciativas normativas de transposición de Directivas comunitarias de otros departamentos ministeriales y su seguimiento en coordinación con la Secretaría de Estado de Justicia y la coordinación, solicitud y remisión de informes de la Red de Cooperación Legislativa de Ministerios de Justicia de la Unión Europea.

ESTRUCTURA ORGÁNICA BÁSICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Los órganos superiores y directivos del Ministerio de Educación y Formación Profesional son:

• La Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional de la que dependen tres direcciones generales:
• La Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial de la que dependen seis subdirecciones generales.
• La Dirección General de Formación Profesional de la que dependen tres subdirecciones generales.
• La Dirección General de Planificación y Gestión Educativa de la que dependen tres subdirecciones generales.
• La Subsecretaría de Educación y Formación Profesional de la que dependen directamente cuatro subdirecciones generales más un gabinete técnico y la inspección general de servicios, ambas unidades con nivel orgánico de subdirección general; asimismo depende de la subsecretaría la:
• Secretaría General Técnica de la que dependen cuatro subdirecciones generales.
• Son órganos de asesoramiento o participación del Ministerio, el Consejo Escolar del Estado, el Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas y el Observatorio Estatal de Convivencia Escolar, los cuales se relacionarán con el Ministerio a través de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional.

APROBADOS 1,5 MILLONES DE EUROS DE AYUDAS DIRECTAS PARA LA RECONVERSIÓN DE INSTALACIONES DE REFRIGERACIÓN EN SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, ha aprobado un Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones para implantar instalaciones de refrigeración basadas en tecnologías alternativas a los gases fluorados de alto potencial de calentamiento atmosférico en establecimientos dedicados a la distribución comercial. Se trata de ayudas directas por un total de 1,5 millones de euros, cuya financiación se hará con cargo al Plan de Impulso al Medio Ambiente PIMA Frío, que se nutre de ingresos procedentes de subastas de derechos de emisión.

• Este Real Decreto establece las bases para la concesión de estas ayudas cuyo fin es sustituir las instalaciones de refrigeración por otras basadas en el uso de gases de bajo o nulo potencial de calentamiento (PCA), en el caso de establecimientos ya existentes de distribución comercial de alimentos, o implantarlas en el caso de establecimientos nuevos. Las bases exigen también medidas eficientes para el cierre de muebles frigoríficos con puertas.
• Con estas ayudas se pretende impulsar la incorporación de sistemas eficientes y medioambientalmente sostenibles en el sector, adelantándose así a las futuras restricciones europeas. La prohibición de los gases fluorados de alto potencial de calentamiento entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2022, tal y como recoge el Reglamento nº 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014. España presenta unas condiciones especiales por su clima cálido que obliga a la implantación de técnicas más costosas, pero esto representa también una oportunidad para las empresas de posicionarse en tecnologías punteras.
• Esta prohibición va a implicar un esfuerzo en la reconversión de las instalaciones de refrigeración de supermercados e hipermercados en España. 
• Se estima que de las 5.000 instalaciones de refrigeración comercial en España, poco más de 100 instalaciones tienen centrales frigoríficas que cumplen con esta prohibición, es decir, sólo el 2% del total. No obstante, hay que aclarar que la prohibición sólo afecta a las instalaciones de refrigeración nuevas y no a las instalaciones existentes que podrán seguir funcionando hasta el fin de su vida útil.
• Las emisiones de gases fluorados de efecto invernadero fueron de aproximadamente 8,2 millones de toneladas de CO2 equivalente en el año 2017, lo que representa el 2% del total de las emisiones, según el Avance del Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Se estima que la cuarta parte de estas emisiones se producen en el sector de la refrigeración comercial por fugas de los gases fluorados. Las emisiones derivadas del uso de estos gases disminuyeron un 17,2% en 2017 (dato provisional) con respecto al año anterior, consecuencia del efecto del impuesto sobre su uso.
• Esta medida ayudará a la necesaria transición que España debe abordar con urgencia para cumplir los retos en materia de cambio climático y energía. En el reparto de los esfuerzos realizados por los Estados miembros para 2020, España debe reducir sus emisiones difusas en un 10% con respecto a 2005, y ya existe un nuevo compromiso por parte de la Unión Europea para el periodo 2021-2030, en el que nuestro país deberá reducir sus emisiones difusas al menos en un 26% con respecto a 2005.
• El nuevo marco europeo 2030 duplica el esfuerzo de reducciones de GEI frente a los compromisos para 2020 y triplica el esfuerzo en los sectores difusos. Los objetivos a largo plazo para 2050 apuntan a reducciones en el entorno del 90%.

APROBADO UN REAL DECRETO SOBRE EL TIPO DE INTERÉS DEL DÉFICIT DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE 2013

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto para adecuar la metodología de cálculo del tipo de interés reconocido a las empresas que financiaron el déficit del sistema eléctrico del año 2013. La aprobación del decreto es necesaria para cumplimiento a las sentencias judiciales que corrigen el método fijado por el Ejecutivo en 2014.

• En concreto, el Real Decreto aprobado modifica el Real Decreto 1054/2014 de 12 diciembre para adecuarlo a diversos fallos del Tribunal Supremo, que establecen que las empresas eléctricas que financiaron el déficit de 2013 tienen derecho a percibir los intereses de mercado no sólo desde el 1 de enero de 2014, como preveía la regulación anterior, sino desde el momento en que realizaron dichas aportaciones a lo largo del ejercicio 2013.
• El impacto de la ejecución de las sentencias es de 15,25 millones de euros, que serán abonados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia con cargo al sistema eléctrico.
• Este Decreto será de aplicación a los titulares de los derechos de cobro correspondientes a la financiación del déficit del año 2013 de acuerdo con lo previsto en la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, que estableció para el año 2013 la existencia de un déficit de ingresos del sistema eléctrico de 3.600 millones de euros, que se amortizarían en un plazo de 15 años.

ESTRUCTURA ORGÁNICA BÁSICA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y Empresa determinando sus órganos superiores y directivos hasta el nivel orgánico de subdirección general. Los órganos superiores y directivos del Ministerio son:

• La Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa de la que a su vez dependen:
• La Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional de la que directamente dependen la Dirección General del Tesoro y cinco subdirecciones generales.
• La Dirección General de Política Económica de la que dependen cuatro subdirecciones generales.
• La Dirección General de Análisis Macroeconómico de la que dependen dos subdirecciones generales.
• La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de la que dependen cinco subdirecciones generales.
• La Secretaría de Estado para el Avance Digital de la que directamente dependen cuatro subdirecciones generales y la Dirección General de telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la que dependen cinco subdirecciones generales.
• Subsecretaría de Economía y Empresa, con cinco subdirecciones generales y la Secretaría General Técnica con la Vicesecretaría General Técnica y tres subdirecciones generales.
• Quedan adscritos al Ministerio a través de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa 
• el organismo autónomo Instituto Nacional de Estadística (INE), 
• la entidad pública empresarial Instituto de Crédito Oficial (ICO), 
• y las entidades de derecho público Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 
• Asimismo, a través de la Secretaría de Estado para el Avance Digital, se adscribe al Ministerio de Economía y Empresa la Entidad Pública Empresarial Red.es.

Tomado de: http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2018/refc20180824.aspx

CONSEJO MINISTROS 03082018

El Gobierno aprueba medidas para mejorar la protección a los trabajadores y evitar irregularidades en su contratación

El Ejecutivo también ha formalizado la distribución adicional de 71,3 millones de euros entre las comunidades autónomas para políticas activas de empleo. Además, ha aprobado medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

El Consejo de Ministros ha modificado la regulación del Programa de Activación para el Empleo (PAE) con el objetivo de evitar que 41.000 personas queden desprotegidas y sin ayudas económicas.

• La medida afecta a un colectivo muy necesitado de protección, ya que se trata de personas que han agotado todo tipo de ayudas y tiene responsabilidad familiares a su cargo.
• El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, que esta iniciativa proporcionará cobertura a los trabajadores desempleados y, especialmente, a las mujeres: "El 65% de esta medida está vinculada con las mujeres desempleadas que están siendo especialmente vulnerables y que están causando baja en el programa extraordinario de Activación para el Empleo".
• Además, el Gobierno ha acordado modificar la normativa de Seguridad Social para garantizar la afiliación de los falsos autónomos en el Régimen General de la Seguridad Social.
• Pedro Sánchez ha afirmado que estas medidas suponen "más derechos y mayor cobertura para el trabajo digno de miles de personas que hoy, lógicamente, se ven privadas de ello por el mal uso que se está haciendo de esta figura".
• En materia de empleo, el Consejo de Ministros también ha formalizado los criterios de distribución adicional y la distribución resultante de los créditos previstos para el ejercicio económico de 2019 entre las comunidades autónomas por un importe de 71.284.430 euros.
• Esta cuantía se suma a los 2.055.139 millones de euros con cargo a los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal y del actual Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, cuyos criterios de distribución ya se formalizaron el 4 de mayo.
• Por otra parte, el Gobierno ha aprobado el reparto de 352 millones de euros para distintos programas sociales, de los que 302,7 se destinarán a las comunidades autónomas.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas urgentes para desarrollar el Pacto de Estado contra la violencia de género. Esta modificación devuelve a los ayuntamientos las competencias en esta materia.

• La norma fortalece la tutela judicial, el acceso a la justicia y a los recursos de la asistencia a las víctimas. Igualmente incluye una modificación del Código Civil para que los menores expuestos a violencia de género no requieran el permiso del maltratador para recibir atención psicológica.
• El presidente del Gobierno ha subrayado que el Gobierno, en dos meses, no solamente ha explicitado con recursos económicos su compromiso de "cumplir y hacer cumplir el Pacto de Estado contra la Violencia de Género", sino que además va a realizar las modificaciones legislativas que venían reflejadas y trazadas en ese pacto.

Pedro Sánchez ha reiterado su apuesta por la ciencia y por la industria cultural. En este sentido el Ejecutivo ha autorizado un total 393,7 millones de euros para las dos principales convocatorias de proyectos de investigación.

• El proyecto "I+D Generación de Conocimiento" está dotado con 125,5 millones de euros y la de I+D+i Retos Investigación" contará con más de 268. Las convocatorias serán publicadas en el Boletín Oficial del Estado en las próximas semanas y el plazo de presentación de solicitudes se abrirá en septiembre.

El presidente ha anunciado la creación de un mando único operativo, que será un general de la Guardia Civil, para coordinar las actuaciones de diversos ministerios frente a la inmigración irregular en la zona del Estrecho de Gibraltar, mar de Alborán y aguas adyacentes.

• El presidente ha explicado que "este mando único centralizará la coordinación y el seguimiento de todas las actuaciones realizadas o vinculadas a la inmigración ilegal" y coordinará los recursos humanos y materiales disponibles.
• Además, ha dicho, facilitará la "rápida y oportuna transferencia de información relativa a la inmigración" y optimizará los recursos destinados al control de las fronteras con el fin de "impedir la salida de embarcaciones de inmigrantes en los países de origen y evitar la llegada inadvertida de embarcaciones a España".

El Consejo de Ministros ha analizado un informe en el que se aborda el marco jurídico actual de los servicios de taxi y VTC y se realizan una serie de propuestas de mejora para la convivencia de ambos sectores.

• El documento propone la creación de un Grupo de Trabajo de Propuestas y Buenas Prácticas Relativas a los Sectores del Taxi y las VTC, para analizar e identificar aquellos aspectos que pudieran ser susceptibles de modificación para mejorar la competitividad, la competencia y la prestación del servicio de ambos, así como compartir buenas prácticas y experiencias exitosas en la búsqueda de soluciones que corrijan el desequilibrio actual.
• El presidente ha manifestado que el Gobierno pretende dar una respuesta de "coexistencia y equilibrio" a los dos sectores de transporte.

Tomado de: http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2018/030818-consejo.aspx

APROBADO EL REAL DECRETO-LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA EL DESARROLLO DEL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que modifica la Ley de Bases del Régimen Local, la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y el Código Civil.

• Estas modificaciones devuelven a los Ayuntamientos las competencias en esta materia. También fortalecen la tutela judicial, el acceso a la justicia y a los recursos de asistencia a las víctimas de violencia de género. Igualmente, se recoge que la acreditación de las situaciones de violencia de género se amplíe más allá de la sentencia o resolución judicial. Con esta iniciativa se da cumplimiento al Convenio de Estambul en lo que se refiere a prevención y diligencia debida ante casos de violencia de género.
• Tras la Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada el pasado 31 de julio, una de las medidas más urgentes para el cumplimiento del Pacto de Estado es la devolución de competencias en la materia a la Administración local, por ser la más cercana a las víctimas. La promoción de la igualdad y la lucha contra la violencia de género entrarán a formar parte del catálogo de competencias propias gracias a la modificación de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. Asimismo, los fondos destinados a los programas dirigidos a erradicar la violencia de género para los Ayuntamientos -20 millones en el presente ejercicio y 40 millones de euros en 2019- se distribuirán vía transferencia finalista y directa, o a través de otras Entidades Locales.
• La protección de los menores constituye uno de los ejes más importantes del Pacto de Estado. Por ello, el Real Decreto-ley incluye una modificación en el artículo 156 de Código Civil para que la atención y asistencia psicológica quede fuera del catálogo de actos que requieren una decisión común en el ejercicio de la patria potestad, cuando cualquiera de los progenitores esté incurso en un proceso penal por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro progenitor o de los hijos e hijas de ambos.
• Por otro lado, la reforma de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección integral contra la Violencia de Género aprobada fortalece la tutela judicial para mejorar la participación de la víctima en el proceso penal, con la designación urgente de abogados y procuradores de oficio en los procedimientos que aseguren la inmediata presencia para la defensa y representación de las víctimas. Además, la víctima podrá personarse como acusación particular en cualquier fase del procedimiento.
• En relación con las ayudas reguladas en el artículo 27 de la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, el Real Decreto-ley posibilita que dichas ayudas sean compatibles con otras de carácter autonómico o local.
• Por último, y en línea con el artículo 18.3 del Convenio de Consejo de Europa que exige no supeditar la protección de las víctimas de violencia de género al ejercicio de acciones legales o declaración contra el autor, el Real Decreto-ley modifica la Ley integral para ampliar los mecanismos de acreditación de las situaciones de violencia de género. 
• En este sentido, el reconocimiento de los derechos de las víctimas se podrá acreditar por el informe del Ministerio Fiscal, de los servicios sociales, de los servicios especializados o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género. El Gobierno y las Comunidades Autónomas, en el marco de la Conferencia Sectorial, diseñarán de común acuerdo, los procedimientos básicos que permitan poner en marcha dicha acreditación.

CREACIÓN DE UN MANDO ÚNICO OPERATIVO PARA COORDINAR LAS ACTUACIONES FRENTE A LA INMIGRACIÓN IRREGULAR EN LA ZONA DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR

El Consejo de Ministros ha aprobado la creación de un mando único operativo que coordinará las actuaciones de diversos ministerios para optimizar los recursos destinados al control de la inmigración irregular en la zona del estrecho de Gibraltar, mar de Alborán y aguas adyacentes.

• El mando, que será un general de la Guardia Civil, dirigirá un Centro de Coordinación que gestionará las fronteras marítimas en la zona. Centralizará la recepción de información sobre inmigración irregular en los países de origen y coordinará las operaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de las fronteras marítimas (Mar Territorial) de carácter permanente (SIVE), las actividades de la Armada y de Vigilancia Aduanera en las labores de control de embarcaciones de inmigrantes irregulares.
• También coordinará las actuaciones de los medios de Salvamento Marítimo (SASEMAR) y del Servicio Aéreo de Rescate (SAR) involucrados en la localización, ayuda y asistencia de las embarcaciones de inmigrantes y, en su caso, el rescate de sus ocupantes.
• Asimismo, gestionará las relaciones con todas las entidades e instituciones de la Administración General del Estado con competencias en inmigración y con las autoridades autonómicas y locales. También coordinará las actuaciones de la Cruz Roja en relación con tareas de recepción y acogida de los inmigrantes.
• Entre sus competencias estará la de solicitar en caso necesario el refuerzo de medios y proponer nuevas operaciones o procedimientos conforme lo exijan los cambios en los flujos migratorios.
• En el Centro de Coordinación se integrarán representantes de las Fuerzas Armadas, FRONTEX, Centro Nacional de Inteligencia, Guardia Civil, Policía Nacional, Departamento Adjunto de Vigilancia Aduanera, Capitanías Marítimas, SASEMAR y Cruz Roja, debiendo aportar cada uno los recursos humanos y los medios materiales pertinentes.
• La actuación del mando único se basará en la legislación nacional e internacional vigente y en los convenios suscritos en materia de seguridad marítima y salvamento en el mar. Una de sus prioridades será proteger la vida de los inmigrantes náufragos y respetar su dignidad y los derechos humanos, con especial atención a los colectivos más vulnerables, como es el caso de los menores no acompañados (MENA).
• La fuerte presión migratoria que se ha venido produciendo en España de manera intensa desde el año 2017, que supuso un incremento del 301,2 % sobre las llegadas de 2013, exige la adopción de medidas urgentes para coordinar todas las actuaciones desarrolladas por la Administración General del Estado. El dispositivo aprobado hoy es similar al que se creó en 2006 para hacer frente a la llegada masiva de embarcaciones a Canarias.
• En estas actuaciones, además del Ministerio del Interior y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, están involucrados el Ministerio de Fomento, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Defensa, y el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
• De forma paralela, las actuaciones puestas en marcha por el Gobierno en los países origen de los flujos migratorios seguirán constituyendo una herramienta básica para hacer frente a la inmigración irregular.

ABORDADA LA SITUACIÓN DEL TAXI Y VTC CON PROPUESTAS DE MEJORA PARA LA CONVIVENCIA DE AMBOS SECTORES

El Consejo de Ministros ha conocido un informe en el que se aborda el marco jurídico actual de los servicios de taxi y VTC y se realizan una serie de propuestas de mejora para la convivencia de ambos sectores.

• En el informe se reconoce que el papel de los servicios de alquiler de vehículo con conductor (VTC) han cambiado sustancialmente en los últimos años, y hoy en día se han convertido mayoritariamente en una forma de movilidad urbana o periurbana que prestan servicio, en muchos casos, en competencia con el taxi.
• Por otra parte, en un contexto europeo en el que uno de los grandes retos es alcanzar una movilidad urbana sostenible, las recomendaciones de la Unión Europea van en la línea de promover políticas de movilidad integradas. Sin duda, deben ser políticas de movilidad que integren a todos sus instrumentos, en los que tanto el taxi como la VTC, así como como el resto de formas de movilidad, tienen que tener un papel protagonista.
• Por ello, y dado que las Comunidades Autónomas ya son competentes en el transporte por carretera que discurra íntegramente en su territorio, el informe propone acometer una modificación de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) según la cual las propias Comunidades Autónomas puedan regular en el ámbito de la VTC de ámbito nacional, permitiendo imponer a las mismas aquellas condiciones que consideren adecuadas en el marco de su política de movilidad, siempre que el origen y destino de los servicios discurra en su territorio.
• Esta modificación de la LOTT también incluirá otras medidas tendentes a corregir el desequilibrio que en los últimos años se ha producido entre el número de autorizaciones de taxi y VTC. Esta modificación legal se instrumentará a lo largo del mes de septiembre de 2018.
• Ello no implica que las Comunidades Autónomas se tengan que ver obligadas a regular en este ámbito, y si una administración autonómica decidiera no hacerlo, seguiría siendo de aplicación la normativa estatal.
• Por otra parte, se destaca que la actividad desarrollada por el taxi se encuentra sujeta a condicionamientos establecidos por las normativas locales y autonómicas (tarifas obligatorias en todo caso, horarios y calendarios determinados, estacionamientos en zonas reservadas, etc.), mientras que la actividad de las VTC ha venido gozando desde el principio de un régimen mucho más flexible, sin perjuicio de la obligatoriedad de la precontratación de servicios.
• En este sentido, se propone la creación de un Grupo de Trabajo de Propuestas y Buenas Prácticas Relativas a los Sectores del Taxi y las VTC, para analizar e identificar aquellos aspectos que pudieran ser susceptibles de modificación para mejorar la competitividad, la competencia y la prestación del servicio de ambos, así como compartir buenas prácticas y experiencias exitosas en la búsqueda de soluciones que corrijan el desequilibrio actual.
• Por último, se destaca la importancia del "Registro de Comunicaciones de los Servicios de Arrendamiento de Vehículos con Conductor" que se encuentra en fase de desarrollo tecnológico en el Ministerio de Fomento como un mecanismo de control esencial para el cumplimiento de la normativa. Se está trabajando con el objetivo de que el mismo pueda empezar a utilizarse a final de este año 2018.

APROBADO UN REAL DECRETO-LEY QUE EVITARÁ QUE ALREDEDOR DE 41.000 PERSONAS QUEDEN DESPROTEGIDAS

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que modifica otro anterior por el que se regula el Programa de Activación para el Empleo (PAE). El objetivo de esta nueva norma es evitar que alrededor de 41.000 personas queden desprotegidas y sin las ayudas económicas, por no poder reincorporarse al Programa, una vez finalizada su prórroga el 30 de abril de 2018.

• El carácter urgente del Real Decreto-ley se justifica dado que al haber finalizado la vigencia del Programa resultaba imposible la reincorporación de aquellas personas que habían causado baja temporal por colocación por cuenta ajena o propia, o pérdida del requisito de rentas, o responsabilidades familiares, puesto que la reincorporación debería tener lugar antes del 30 de abril. La reincorporación supone evitar una situación de desigualdad entre aquellos que no han causado baja temporal y los que sí, dado que los derechos los tienen reconocidos por igual.
• Es preciso tener en cuenta que la medida afecta a un colectivo muy necesitado de protección, al tratarse de personas que han agotado todo tipo de ayudas, y que tienen responsabilidades familiares a su cargo. De este modo se evita que dichas personas queden desprotegidas al no poder reincorporarse al Programa, a pesar de que tenían reconocido el derecho inicialmente.
• El impacto económico es de 53 millones de euros, dotación que ya está prevista en los Presupuestos Generales del Estado de 2018

GARANTÍAS PARA LA AFILIACIÓN DE LOS FALSOS AUTÓNOMOS EN EL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que modifica la normativa de Seguridad Social para garantizar la afiliación de los falsos autónomos en el Régimen General de la Seguridad Social.

• Se trata de aquellos supuestos en los que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social detecta el encuadramiento irregular de trabajadores en el Régimen de Autónomos cuando por su actividad laboral son trabajadores por cuenta ajena. Es lo que se conoce como "falsos autónomos". En estos casos, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social inicia un procedimiento e insta a la Seguridad Social (ITSS) para que, de oficio, dé de alta a estos trabajadores en el Régimen General, que es el correspondiente para los trabajadores por cuenta ajena, al menos hasta la finalización del procedimiento.
• Las empresas afectadas -o en su caso, los trabajadores- tramitan la baja para anular el alta practicada de oficio por la Tesorería General de la Seguridad Social, que actúa a instancia de la Inspección de Trabajo y dentro del procedimiento de infracción iniciado por ésta.
• La medida aprobada trata de evitar estas incidencias que se han venido produciendo en los procedimientos iniciados por la Inspección de Trabajo cuando, tras practicar la Tesorería General de la Seguridad Social las altas de oficio de los trabajadores en el Fichero General de Afiliación, las empresas o los propios trabajadores tramitaban la baja de esos mismos trabajadores y por esos mismos periodos a través del Sistema de remisión electrónica de datos (RED).
• De esta forma, se distorsionaba el procedimiento. Un ejemplo del volumen de gestión es que para uno de los supuestos afectados el número de movimientos realizados -altas, bajas o variación de datos- ha sido de 14.500, que afectaban a 5.500 trabajadores y a 21 Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social.
• Mediante el Real Decreto aprobado se reforman los artículos 31 y 35 del Reglamento General sobre inscripción de empresas, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social.
• Lo más importante es que partir de ahora, serán preceptivos los Informes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para resolver las solicitudes de baja que se formulen tras haberse practicado altas de oficio, respecto a los mismos trabajadores a instancia de la propia Inspección. Hasta ahora, estos informes eran potestativos.
• Asimismo las bajas y variaciones de datos formuladas por las empresas o trabajadores no producirán efectos ni extinguirán la obligación de cotizar aquellas bajas y variaciones de datos cuando afecten a los periodos de tiempo comprendidos en las actas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que motivaron la tramitación del alta y variación de datos de oficio, por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto a los mismos trabajadores.

REPARTO DE 352 MILLONES DE EUROS PARA PROGRAMAS SOCIALES

El Consejo de Ministros ha la distribución de ayudas por valor de 352 millones de euros para distintos programas sociales, de las que 302,7 se repartirán entre las comunidades autónomas.

• El programa de mayor cuantía corresponde a la distribución a las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía de 202.688.592,66 euros destinados a programas de interés social, con cargo a la asignación del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para este ejercicio 2018.
• Las subvenciones aprobadas irán destinadas a entidades del Tercer Sector para cubrir las necesidades específicas de asistencia social de personas en situación de pobreza y exclusión social o que se encuentren en otras situaciones de especial vulnerabilidad.
• El reparto responde a lo acordado en el Consejo Territorial de Servicios Sociales celebrado el 26 de julio de 2018. En este encuentro se decidió que los recursos adicionales para este año destinados a las Comunidades Autónomas (10 millones de euros) se distribuyeran con el fin de lograr un reparto más equitativo respecto a años anteriores.
• De esta forma, de los siete criterios utilizados: población, superficie, población dependiente, dispersión, grandes urbes, insularidad y el índice Arope (riesgo de pobreza y/o exclusión social), este último se ha ponderado con un mayor peso.
• El programa correspondiente a la suma recaudada de los contribuyentes que marcan en el IRPF la casilla "Actividades de Interés general consideradas de Interés Social", además del tramo autonómico, cuenta con un tramo estatal.
• El Consejo de Ministros ha aprobado también el acuerdo de convocatoria de subvenciones del tramo estatal del 0,7% del IRPF por un importe de 49.282.767 euros.
• El Consejo de Ministros ha dado luz verde asimismo a la financiación de distintos planes o programas sociales de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales dotados de 100.087.500 euros.
• La distribución de esta cuantía, acordada también en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia celebrado el pasado 26 de julio, es la siguiente: 60.000.000 euros para el programa de Protección a la Familia y Atención a la Pobreza Infantil para financiar proyectos que contribuyan a mejorar la situación social y laboral de las familias con menores a cargo que presentan situaciones de privación material severa o riesgo de pobreza y de exclusión, con especial atención a las familias con tasas superiores a la media, como es el caso de las familias monoparentales.
• A las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales se destinan 39,6 millones de euros con el fin de mantener la red de servicios sociales de atención primaria gestionada por las corporaciones locales y proporcionar a la ciudadanía servicios sociales adecuados que permitan la cobertura de sus necesidades básicas.
• Para proyectos de intervención social integral, de cara a la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano se asignan 412.500 euros. Esta cuantía tiene por finalidad atender las necesidades de las personas gitanas más desfavorecidas y promover el desarrollo de esta etnia, en el marco de los compromisos asumidos por el Gobierno en la Estrategia Nacional para la Inclusión de la Población Gitana en España 2012-2020.
• Por último, al Plan Estatal del Voluntariado y, en concreto, a la Comunidad Autónoma de Galicia como organizadora del Congreso Estatal de Voluntariado 2018 se conceden 75.000 euros.

APROBADA LA DISTRIBUCIÓN ADICIONAL DE 71,3 MILLONES DE EUROS PARA POLÍTICAS ACTIVAS ENTRE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se formalizan los criterios de distribución adicional y la distribución resultante de los créditos previstos para el ejercicio económico de 2018 entre las Comunidades Autónomas por un importe de 71.284.430 euros.

• El Acuerdo de reparto complementario se tomó en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales del pasado 25 de julio, para la ejecución de los servicios y programas de políticas activas de empleo destinadas a financiar la formación profesional para el empleo, incluidos en el eje de Formación.
• La cantidad adicional de 71.284.430 euros se añade a los 2.055.139,10 con cargo a los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal y del actual Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, cuyos criterios de distribución se formalizaron en el Acuerdo del Consejo del Consejo de Ministros de 4 de mayo de 2018.
• Se hace así efectiva la viabilidad jurídica de la norma para agilizar la distribución de los créditos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, para políticas activas de empleo a las Comunidades Autónomas. De esta manera, se facilita el proceso para que cada Comunidad pueda poner en marcha sus planes de empleo en políticas activas, según se acordó en la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales, celebrada el pasado 17 de abril.

INFORME DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTUTICIONAL EN 2017

El Consejo de Ministros ha aprobado el Informe de Publicidad y Comunicación Institucional en el que se detalla la inversión en publicidad institucional por la Administración General del Estado (AGE) durante el año 2017. El Informe será remitido a las Cortes Generales y se pondrá a disposición de las asociaciones del sector y de los ciudadanos en la página www.lamoncloa.gob.es de acuerdo con lo establecido en la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional.

• La Administración General del Estado invirtió 27,57 millones de euros en publicidad institucional en el año 2017, más de 3 millones más que en el año 2016.
• El Informe recoge información de cada una de las 54 campañas institucionales desarrolladas en 2017 por los ministerios, organismos y entidades integrantes del sector público estatal con especificación de costes, herramientas de comunicación utilizadas y adjudicatarios de los contratos.
• El 80% de la inversión publicitaria en 2017 se ha destinado a la promoción de hábitos saludables y seguros para la ciudadanía y el cuidado del entorno, tales como la seguridad vial, ahorro de energía, consumo responsable de agua, sensibilización sobre el consumo de alcohol en menores, alimentación saludable, prevención de enfermedades y un 14% a la promoción en materia de derechos y deberes de los ciudadanos, con campañas contra la violencia de género, servicio exterior, ayudas a la PAC o acogimiento familiar.
• La campaña de mayor presupuesto ha sido la de "Divulgación de la seguridad vial" de la Dirección General de Tráfico, del Ministerio del Interior, con 8,99 millones de euros.
• Las herramientas utilizadas por un mayor número de campañas de publicidad institucional han sido, por este orden: internet, prensa, radio, televisión, soportes exteriores y revistas. Si se tiene en cuenta el porcentaje de inversión, la televisión es el medio que ocupa el primer lugar, seguido de la radio, internet y prensa escrita.
• Igualmente, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy diversas campañas de publicidad de la Administración General del Estado, que se incluirán en el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional 2019.
• Se trata de campañas de publicidad institucional que deben iniciar su difusión en el primer semestre de cada año: la campaña de seguridad vial en los desplazamientos del primer periodo vacacional del año (Semana Santa), la campaña para dar a conocer las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) y los plazos de inicio de la solicitud de las mismas en el primer trimestre del ejercicio y la campaña de sensibilización contra incendios.
• Para que estas campañas puedan difundirse a tiempo es imprescindible que los correspondientes procedimientos de contratación se hayan iniciado con anterioridad a la aprobación del correspondiente Plan anual.
• Las citadas campañas, impulsadas por la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se incluirán en el Plan anual de publicidad y comunicación institucional de 2019.

Tomado de: http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2018/030818-consejo.aspx

UNA ESPAÑA MÁS DIGNA

Pedro Sánchez lleva 60 días en la presidencia del Gobierno y ha fijado el rumbo del país hacia una Agenda del Cambio transformadora que ha atendido a las principales urgencias sociales y que ha comenzado a revertir los efectos más nefastos de los años de gobierno del PP. Repasamos en este vídeo el balance de la acción del Gobierno

¿Te imaginabas tanto en sólo 60 días? El gobierno de Pedro Sánchez ha comenzado a poner a España a la hora de su sociedad con una #AgendaDelCambio que persigue un país más igual, más justo y con mayor cohesión social. Las políticas que ha comenzado a desplegar el gobierno socialista están orientadas a revertir los recortes sociales y de derechos que han sufrido los ciudadanos durante los años de gobierno del Partido Popular.

En este vídeo, repasamos los acuerdos que ha puesto en marcha el Gobierno. Un Gobierno femenino y feminista, humano en las políticas migratorias, que devuelve derechos y promueve otros nuevos, que lucha contra la desigualdad sin comprometer la estabilidad, para quien la infancia y los más desprotegidos son prioridad y que apuesta por una transición ecológica de la economía:

VER VIDEO

El vídeo desgrana los acuerdos y objetivos que han marcado estos dos meses de gobierno del PSOE para lograr una España a la altura de su sociedad:

• Un gobierno femenino y feminista
• Es el ejecutivo con más ministras de la historia
• La igualdad y la lucha contra la brecha de género son las vértebras de la acción del gobierno
• Cumplimiento del Pacto de Estado contra la violencia de género
• Reformará el Código Penal para que exista el consentimiento expreso en las relaciones sexuales
• Un gobierno digno que acoge a los migrantes del Aquarius
• Una obligación legal y moral. Por solidaridad.
• Evitó una catástrofe humanitaria
• Demostró que otra Europa es posible
• Otras políticas migratorias europeas con perspectiva humana
• Un gobierno que devuelve los derechos y libertades que recortó el PP
• Revierte los recortes en educación y aumenta la cuantía de las becas con una inversión de 10 millones de euros
• Devuelve la universalidad a la sanidad pública
• Derogará la Ley Mordaza
• Recuperará la Justicia Universal
• Aumenta la oferta de empleo público. 30.000 plazas.
• Lucha contra la precarización del mercado laboral con un Plan Director por un Empleo Digno
• Incremento del SMI por convenio hasta los 14.000 euros al año
• Recupera la cotización a la SS de quienes cuidan a personas dependientes
• Restituye el derecho a la reproducción asistida a mujeres solas y a lesbianas
• Nueva ley de Memoria Histórica y exhumación de Franco del Valle de los Caídos
• Devuelve la pluralidad a RTVE con el nombramiento de Rosa María Mateo
• Un gobierno que apuesta por una transición ecológica de la economía
• Ley de Cambio Climático y Transición Energética
• Nueva ley de Universidades
• Un gobierno que promueve nuevos derechos
• Regulación de la eutanasia
• Un gobierno que defiende una fiscalidad justa y un mercado inmobiliario equilibrado
• Impulsará una ley para prevenir y luchar contra el fraude fiscal
• Prohibirá por ley nuevas amnistías fiscales
• Defenderá nuevos impuestos finalistas a la banca para financiar el sistema público de pensiones
• Luchará contra la burbuja de los precios del alquiler y promoverá 20.000 viviendas públicas en arrendamiento
• Un gobierno para quien la infancia es lo primero
• Programa VECA para garantizar a los menores vulnerables alimentación sana y ocio en verano
• Un gobierno que ha defendido una nueva senda de estabilidad para luchar contra la desigualdad
• Ha promovido un mayor margen de déficit para que las CCAA dispongan de 5.000 millones de euros más para gasto en educación y en sanidad.

TWEETS:

• Hoy los españoles se reconocen en su Gobierno. Este nuevo Gobierno representa a esa España honrada que demanda un Ejecutivo ejemplar. Representamos a una España progresista, feminista, plural y abierta.
• El nuevo gobierno ha supuesto un cambio de época y la reivindicación de una democracia sana. Queremos avanzar y sacar a España de 7 años de letargo. No tenemos ni un minuto que perder. Seguiremos con la Agenda del Cambio.
• Hemos iniciado un cambio de época para sacar a España del letargo y hacer las transformaciones que necesita nuestro país: -social -económica -territorial -europea.
• Un crecimiento que no llegue a todos no es útil. Hay que crecer para redistribuir, redistribuir para crecer. Blindar el Estado de Bienestar guiará la acción de este Gobierno. Blindar las pensiones, la educación y la sanidad públicas, la atención a la dependencia.
• Fijamos como prioridades el crecimiento económico y fortalecer la creación de empleo, distribuir el crecimiento entre trabajadores y empresarios, luchar contra la precariedad laboral. Y ya estamos poniendo en marcha medidas para lograrlo.
• Proponemos una senda de estabilidad con 2 objetivos: sanear las cuentas públicas y reconstruir el Estado Del Bienestar. Trabajaremos para que salga adelante a partir de septiembre, porque beneficia a la clase media y a los trabajadores, porque es una causa justa.