CONSEJO MINISTROS 03082018

El Gobierno aprueba medidas para mejorar la protección a los trabajadores y evitar irregularidades en su contratación

El Ejecutivo también ha formalizado la distribución adicional de 71,3 millones de euros entre las comunidades autónomas para políticas activas de empleo. Además, ha aprobado medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

El Consejo de Ministros ha modificado la regulación del Programa de Activación para el Empleo (PAE) con el objetivo de evitar que 41.000 personas queden desprotegidas y sin ayudas económicas.

• La medida afecta a un colectivo muy necesitado de protección, ya que se trata de personas que han agotado todo tipo de ayudas y tiene responsabilidad familiares a su cargo.
• El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, que esta iniciativa proporcionará cobertura a los trabajadores desempleados y, especialmente, a las mujeres: "El 65% de esta medida está vinculada con las mujeres desempleadas que están siendo especialmente vulnerables y que están causando baja en el programa extraordinario de Activación para el Empleo".
• Además, el Gobierno ha acordado modificar la normativa de Seguridad Social para garantizar la afiliación de los falsos autónomos en el Régimen General de la Seguridad Social.
• Pedro Sánchez ha afirmado que estas medidas suponen "más derechos y mayor cobertura para el trabajo digno de miles de personas que hoy, lógicamente, se ven privadas de ello por el mal uso que se está haciendo de esta figura".
• En materia de empleo, el Consejo de Ministros también ha formalizado los criterios de distribución adicional y la distribución resultante de los créditos previstos para el ejercicio económico de 2019 entre las comunidades autónomas por un importe de 71.284.430 euros.
• Esta cuantía se suma a los 2.055.139 millones de euros con cargo a los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal y del actual Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, cuyos criterios de distribución ya se formalizaron el 4 de mayo.
• Por otra parte, el Gobierno ha aprobado el reparto de 352 millones de euros para distintos programas sociales, de los que 302,7 se destinarán a las comunidades autónomas.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas urgentes para desarrollar el Pacto de Estado contra la violencia de género. Esta modificación devuelve a los ayuntamientos las competencias en esta materia.

• La norma fortalece la tutela judicial, el acceso a la justicia y a los recursos de la asistencia a las víctimas. Igualmente incluye una modificación del Código Civil para que los menores expuestos a violencia de género no requieran el permiso del maltratador para recibir atención psicológica.
• El presidente del Gobierno ha subrayado que el Gobierno, en dos meses, no solamente ha explicitado con recursos económicos su compromiso de "cumplir y hacer cumplir el Pacto de Estado contra la Violencia de Género", sino que además va a realizar las modificaciones legislativas que venían reflejadas y trazadas en ese pacto.

Pedro Sánchez ha reiterado su apuesta por la ciencia y por la industria cultural. En este sentido el Ejecutivo ha autorizado un total 393,7 millones de euros para las dos principales convocatorias de proyectos de investigación.

• El proyecto "I+D Generación de Conocimiento" está dotado con 125,5 millones de euros y la de I+D+i Retos Investigación" contará con más de 268. Las convocatorias serán publicadas en el Boletín Oficial del Estado en las próximas semanas y el plazo de presentación de solicitudes se abrirá en septiembre.

El presidente ha anunciado la creación de un mando único operativo, que será un general de la Guardia Civil, para coordinar las actuaciones de diversos ministerios frente a la inmigración irregular en la zona del Estrecho de Gibraltar, mar de Alborán y aguas adyacentes.

• El presidente ha explicado que "este mando único centralizará la coordinación y el seguimiento de todas las actuaciones realizadas o vinculadas a la inmigración ilegal" y coordinará los recursos humanos y materiales disponibles.
• Además, ha dicho, facilitará la "rápida y oportuna transferencia de información relativa a la inmigración" y optimizará los recursos destinados al control de las fronteras con el fin de "impedir la salida de embarcaciones de inmigrantes en los países de origen y evitar la llegada inadvertida de embarcaciones a España".

El Consejo de Ministros ha analizado un informe en el que se aborda el marco jurídico actual de los servicios de taxi y VTC y se realizan una serie de propuestas de mejora para la convivencia de ambos sectores.

• El documento propone la creación de un Grupo de Trabajo de Propuestas y Buenas Prácticas Relativas a los Sectores del Taxi y las VTC, para analizar e identificar aquellos aspectos que pudieran ser susceptibles de modificación para mejorar la competitividad, la competencia y la prestación del servicio de ambos, así como compartir buenas prácticas y experiencias exitosas en la búsqueda de soluciones que corrijan el desequilibrio actual.
• El presidente ha manifestado que el Gobierno pretende dar una respuesta de "coexistencia y equilibrio" a los dos sectores de transporte.

Tomado de: http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2018/030818-consejo.aspx

APROBADO EL REAL DECRETO-LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA EL DESARROLLO DEL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que modifica la Ley de Bases del Régimen Local, la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y el Código Civil.

• Estas modificaciones devuelven a los Ayuntamientos las competencias en esta materia. También fortalecen la tutela judicial, el acceso a la justicia y a los recursos de asistencia a las víctimas de violencia de género. Igualmente, se recoge que la acreditación de las situaciones de violencia de género se amplíe más allá de la sentencia o resolución judicial. Con esta iniciativa se da cumplimiento al Convenio de Estambul en lo que se refiere a prevención y diligencia debida ante casos de violencia de género.
• Tras la Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada el pasado 31 de julio, una de las medidas más urgentes para el cumplimiento del Pacto de Estado es la devolución de competencias en la materia a la Administración local, por ser la más cercana a las víctimas. La promoción de la igualdad y la lucha contra la violencia de género entrarán a formar parte del catálogo de competencias propias gracias a la modificación de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. Asimismo, los fondos destinados a los programas dirigidos a erradicar la violencia de género para los Ayuntamientos -20 millones en el presente ejercicio y 40 millones de euros en 2019- se distribuirán vía transferencia finalista y directa, o a través de otras Entidades Locales.
• La protección de los menores constituye uno de los ejes más importantes del Pacto de Estado. Por ello, el Real Decreto-ley incluye una modificación en el artículo 156 de Código Civil para que la atención y asistencia psicológica quede fuera del catálogo de actos que requieren una decisión común en el ejercicio de la patria potestad, cuando cualquiera de los progenitores esté incurso en un proceso penal por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro progenitor o de los hijos e hijas de ambos.
• Por otro lado, la reforma de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección integral contra la Violencia de Género aprobada fortalece la tutela judicial para mejorar la participación de la víctima en el proceso penal, con la designación urgente de abogados y procuradores de oficio en los procedimientos que aseguren la inmediata presencia para la defensa y representación de las víctimas. Además, la víctima podrá personarse como acusación particular en cualquier fase del procedimiento.
• En relación con las ayudas reguladas en el artículo 27 de la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, el Real Decreto-ley posibilita que dichas ayudas sean compatibles con otras de carácter autonómico o local.
• Por último, y en línea con el artículo 18.3 del Convenio de Consejo de Europa que exige no supeditar la protección de las víctimas de violencia de género al ejercicio de acciones legales o declaración contra el autor, el Real Decreto-ley modifica la Ley integral para ampliar los mecanismos de acreditación de las situaciones de violencia de género. 
• En este sentido, el reconocimiento de los derechos de las víctimas se podrá acreditar por el informe del Ministerio Fiscal, de los servicios sociales, de los servicios especializados o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género. El Gobierno y las Comunidades Autónomas, en el marco de la Conferencia Sectorial, diseñarán de común acuerdo, los procedimientos básicos que permitan poner en marcha dicha acreditación.

CREACIÓN DE UN MANDO ÚNICO OPERATIVO PARA COORDINAR LAS ACTUACIONES FRENTE A LA INMIGRACIÓN IRREGULAR EN LA ZONA DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR

El Consejo de Ministros ha aprobado la creación de un mando único operativo que coordinará las actuaciones de diversos ministerios para optimizar los recursos destinados al control de la inmigración irregular en la zona del estrecho de Gibraltar, mar de Alborán y aguas adyacentes.

• El mando, que será un general de la Guardia Civil, dirigirá un Centro de Coordinación que gestionará las fronteras marítimas en la zona. Centralizará la recepción de información sobre inmigración irregular en los países de origen y coordinará las operaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de las fronteras marítimas (Mar Territorial) de carácter permanente (SIVE), las actividades de la Armada y de Vigilancia Aduanera en las labores de control de embarcaciones de inmigrantes irregulares.
• También coordinará las actuaciones de los medios de Salvamento Marítimo (SASEMAR) y del Servicio Aéreo de Rescate (SAR) involucrados en la localización, ayuda y asistencia de las embarcaciones de inmigrantes y, en su caso, el rescate de sus ocupantes.
• Asimismo, gestionará las relaciones con todas las entidades e instituciones de la Administración General del Estado con competencias en inmigración y con las autoridades autonómicas y locales. También coordinará las actuaciones de la Cruz Roja en relación con tareas de recepción y acogida de los inmigrantes.
• Entre sus competencias estará la de solicitar en caso necesario el refuerzo de medios y proponer nuevas operaciones o procedimientos conforme lo exijan los cambios en los flujos migratorios.
• En el Centro de Coordinación se integrarán representantes de las Fuerzas Armadas, FRONTEX, Centro Nacional de Inteligencia, Guardia Civil, Policía Nacional, Departamento Adjunto de Vigilancia Aduanera, Capitanías Marítimas, SASEMAR y Cruz Roja, debiendo aportar cada uno los recursos humanos y los medios materiales pertinentes.
• La actuación del mando único se basará en la legislación nacional e internacional vigente y en los convenios suscritos en materia de seguridad marítima y salvamento en el mar. Una de sus prioridades será proteger la vida de los inmigrantes náufragos y respetar su dignidad y los derechos humanos, con especial atención a los colectivos más vulnerables, como es el caso de los menores no acompañados (MENA).
• La fuerte presión migratoria que se ha venido produciendo en España de manera intensa desde el año 2017, que supuso un incremento del 301,2 % sobre las llegadas de 2013, exige la adopción de medidas urgentes para coordinar todas las actuaciones desarrolladas por la Administración General del Estado. El dispositivo aprobado hoy es similar al que se creó en 2006 para hacer frente a la llegada masiva de embarcaciones a Canarias.
• En estas actuaciones, además del Ministerio del Interior y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, están involucrados el Ministerio de Fomento, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Defensa, y el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
• De forma paralela, las actuaciones puestas en marcha por el Gobierno en los países origen de los flujos migratorios seguirán constituyendo una herramienta básica para hacer frente a la inmigración irregular.

ABORDADA LA SITUACIÓN DEL TAXI Y VTC CON PROPUESTAS DE MEJORA PARA LA CONVIVENCIA DE AMBOS SECTORES

El Consejo de Ministros ha conocido un informe en el que se aborda el marco jurídico actual de los servicios de taxi y VTC y se realizan una serie de propuestas de mejora para la convivencia de ambos sectores.

• En el informe se reconoce que el papel de los servicios de alquiler de vehículo con conductor (VTC) han cambiado sustancialmente en los últimos años, y hoy en día se han convertido mayoritariamente en una forma de movilidad urbana o periurbana que prestan servicio, en muchos casos, en competencia con el taxi.
• Por otra parte, en un contexto europeo en el que uno de los grandes retos es alcanzar una movilidad urbana sostenible, las recomendaciones de la Unión Europea van en la línea de promover políticas de movilidad integradas. Sin duda, deben ser políticas de movilidad que integren a todos sus instrumentos, en los que tanto el taxi como la VTC, así como como el resto de formas de movilidad, tienen que tener un papel protagonista.
• Por ello, y dado que las Comunidades Autónomas ya son competentes en el transporte por carretera que discurra íntegramente en su territorio, el informe propone acometer una modificación de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) según la cual las propias Comunidades Autónomas puedan regular en el ámbito de la VTC de ámbito nacional, permitiendo imponer a las mismas aquellas condiciones que consideren adecuadas en el marco de su política de movilidad, siempre que el origen y destino de los servicios discurra en su territorio.
• Esta modificación de la LOTT también incluirá otras medidas tendentes a corregir el desequilibrio que en los últimos años se ha producido entre el número de autorizaciones de taxi y VTC. Esta modificación legal se instrumentará a lo largo del mes de septiembre de 2018.
• Ello no implica que las Comunidades Autónomas se tengan que ver obligadas a regular en este ámbito, y si una administración autonómica decidiera no hacerlo, seguiría siendo de aplicación la normativa estatal.
• Por otra parte, se destaca que la actividad desarrollada por el taxi se encuentra sujeta a condicionamientos establecidos por las normativas locales y autonómicas (tarifas obligatorias en todo caso, horarios y calendarios determinados, estacionamientos en zonas reservadas, etc.), mientras que la actividad de las VTC ha venido gozando desde el principio de un régimen mucho más flexible, sin perjuicio de la obligatoriedad de la precontratación de servicios.
• En este sentido, se propone la creación de un Grupo de Trabajo de Propuestas y Buenas Prácticas Relativas a los Sectores del Taxi y las VTC, para analizar e identificar aquellos aspectos que pudieran ser susceptibles de modificación para mejorar la competitividad, la competencia y la prestación del servicio de ambos, así como compartir buenas prácticas y experiencias exitosas en la búsqueda de soluciones que corrijan el desequilibrio actual.
• Por último, se destaca la importancia del "Registro de Comunicaciones de los Servicios de Arrendamiento de Vehículos con Conductor" que se encuentra en fase de desarrollo tecnológico en el Ministerio de Fomento como un mecanismo de control esencial para el cumplimiento de la normativa. Se está trabajando con el objetivo de que el mismo pueda empezar a utilizarse a final de este año 2018.

APROBADO UN REAL DECRETO-LEY QUE EVITARÁ QUE ALREDEDOR DE 41.000 PERSONAS QUEDEN DESPROTEGIDAS

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que modifica otro anterior por el que se regula el Programa de Activación para el Empleo (PAE). El objetivo de esta nueva norma es evitar que alrededor de 41.000 personas queden desprotegidas y sin las ayudas económicas, por no poder reincorporarse al Programa, una vez finalizada su prórroga el 30 de abril de 2018.

• El carácter urgente del Real Decreto-ley se justifica dado que al haber finalizado la vigencia del Programa resultaba imposible la reincorporación de aquellas personas que habían causado baja temporal por colocación por cuenta ajena o propia, o pérdida del requisito de rentas, o responsabilidades familiares, puesto que la reincorporación debería tener lugar antes del 30 de abril. La reincorporación supone evitar una situación de desigualdad entre aquellos que no han causado baja temporal y los que sí, dado que los derechos los tienen reconocidos por igual.
• Es preciso tener en cuenta que la medida afecta a un colectivo muy necesitado de protección, al tratarse de personas que han agotado todo tipo de ayudas, y que tienen responsabilidades familiares a su cargo. De este modo se evita que dichas personas queden desprotegidas al no poder reincorporarse al Programa, a pesar de que tenían reconocido el derecho inicialmente.
• El impacto económico es de 53 millones de euros, dotación que ya está prevista en los Presupuestos Generales del Estado de 2018

GARANTÍAS PARA LA AFILIACIÓN DE LOS FALSOS AUTÓNOMOS EN EL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que modifica la normativa de Seguridad Social para garantizar la afiliación de los falsos autónomos en el Régimen General de la Seguridad Social.

• Se trata de aquellos supuestos en los que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social detecta el encuadramiento irregular de trabajadores en el Régimen de Autónomos cuando por su actividad laboral son trabajadores por cuenta ajena. Es lo que se conoce como "falsos autónomos". En estos casos, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social inicia un procedimiento e insta a la Seguridad Social (ITSS) para que, de oficio, dé de alta a estos trabajadores en el Régimen General, que es el correspondiente para los trabajadores por cuenta ajena, al menos hasta la finalización del procedimiento.
• Las empresas afectadas -o en su caso, los trabajadores- tramitan la baja para anular el alta practicada de oficio por la Tesorería General de la Seguridad Social, que actúa a instancia de la Inspección de Trabajo y dentro del procedimiento de infracción iniciado por ésta.
• La medida aprobada trata de evitar estas incidencias que se han venido produciendo en los procedimientos iniciados por la Inspección de Trabajo cuando, tras practicar la Tesorería General de la Seguridad Social las altas de oficio de los trabajadores en el Fichero General de Afiliación, las empresas o los propios trabajadores tramitaban la baja de esos mismos trabajadores y por esos mismos periodos a través del Sistema de remisión electrónica de datos (RED).
• De esta forma, se distorsionaba el procedimiento. Un ejemplo del volumen de gestión es que para uno de los supuestos afectados el número de movimientos realizados -altas, bajas o variación de datos- ha sido de 14.500, que afectaban a 5.500 trabajadores y a 21 Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social.
• Mediante el Real Decreto aprobado se reforman los artículos 31 y 35 del Reglamento General sobre inscripción de empresas, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social.
• Lo más importante es que partir de ahora, serán preceptivos los Informes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para resolver las solicitudes de baja que se formulen tras haberse practicado altas de oficio, respecto a los mismos trabajadores a instancia de la propia Inspección. Hasta ahora, estos informes eran potestativos.
• Asimismo las bajas y variaciones de datos formuladas por las empresas o trabajadores no producirán efectos ni extinguirán la obligación de cotizar aquellas bajas y variaciones de datos cuando afecten a los periodos de tiempo comprendidos en las actas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que motivaron la tramitación del alta y variación de datos de oficio, por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto a los mismos trabajadores.

REPARTO DE 352 MILLONES DE EUROS PARA PROGRAMAS SOCIALES

El Consejo de Ministros ha la distribución de ayudas por valor de 352 millones de euros para distintos programas sociales, de las que 302,7 se repartirán entre las comunidades autónomas.

• El programa de mayor cuantía corresponde a la distribución a las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía de 202.688.592,66 euros destinados a programas de interés social, con cargo a la asignación del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para este ejercicio 2018.
• Las subvenciones aprobadas irán destinadas a entidades del Tercer Sector para cubrir las necesidades específicas de asistencia social de personas en situación de pobreza y exclusión social o que se encuentren en otras situaciones de especial vulnerabilidad.
• El reparto responde a lo acordado en el Consejo Territorial de Servicios Sociales celebrado el 26 de julio de 2018. En este encuentro se decidió que los recursos adicionales para este año destinados a las Comunidades Autónomas (10 millones de euros) se distribuyeran con el fin de lograr un reparto más equitativo respecto a años anteriores.
• De esta forma, de los siete criterios utilizados: población, superficie, población dependiente, dispersión, grandes urbes, insularidad y el índice Arope (riesgo de pobreza y/o exclusión social), este último se ha ponderado con un mayor peso.
• El programa correspondiente a la suma recaudada de los contribuyentes que marcan en el IRPF la casilla "Actividades de Interés general consideradas de Interés Social", además del tramo autonómico, cuenta con un tramo estatal.
• El Consejo de Ministros ha aprobado también el acuerdo de convocatoria de subvenciones del tramo estatal del 0,7% del IRPF por un importe de 49.282.767 euros.
• El Consejo de Ministros ha dado luz verde asimismo a la financiación de distintos planes o programas sociales de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales dotados de 100.087.500 euros.
• La distribución de esta cuantía, acordada también en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia celebrado el pasado 26 de julio, es la siguiente: 60.000.000 euros para el programa de Protección a la Familia y Atención a la Pobreza Infantil para financiar proyectos que contribuyan a mejorar la situación social y laboral de las familias con menores a cargo que presentan situaciones de privación material severa o riesgo de pobreza y de exclusión, con especial atención a las familias con tasas superiores a la media, como es el caso de las familias monoparentales.
• A las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales se destinan 39,6 millones de euros con el fin de mantener la red de servicios sociales de atención primaria gestionada por las corporaciones locales y proporcionar a la ciudadanía servicios sociales adecuados que permitan la cobertura de sus necesidades básicas.
• Para proyectos de intervención social integral, de cara a la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano se asignan 412.500 euros. Esta cuantía tiene por finalidad atender las necesidades de las personas gitanas más desfavorecidas y promover el desarrollo de esta etnia, en el marco de los compromisos asumidos por el Gobierno en la Estrategia Nacional para la Inclusión de la Población Gitana en España 2012-2020.
• Por último, al Plan Estatal del Voluntariado y, en concreto, a la Comunidad Autónoma de Galicia como organizadora del Congreso Estatal de Voluntariado 2018 se conceden 75.000 euros.

APROBADA LA DISTRIBUCIÓN ADICIONAL DE 71,3 MILLONES DE EUROS PARA POLÍTICAS ACTIVAS ENTRE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se formalizan los criterios de distribución adicional y la distribución resultante de los créditos previstos para el ejercicio económico de 2018 entre las Comunidades Autónomas por un importe de 71.284.430 euros.

• El Acuerdo de reparto complementario se tomó en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales del pasado 25 de julio, para la ejecución de los servicios y programas de políticas activas de empleo destinadas a financiar la formación profesional para el empleo, incluidos en el eje de Formación.
• La cantidad adicional de 71.284.430 euros se añade a los 2.055.139,10 con cargo a los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal y del actual Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, cuyos criterios de distribución se formalizaron en el Acuerdo del Consejo del Consejo de Ministros de 4 de mayo de 2018.
• Se hace así efectiva la viabilidad jurídica de la norma para agilizar la distribución de los créditos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, para políticas activas de empleo a las Comunidades Autónomas. De esta manera, se facilita el proceso para que cada Comunidad pueda poner en marcha sus planes de empleo en políticas activas, según se acordó en la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales, celebrada el pasado 17 de abril.

INFORME DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTUTICIONAL EN 2017

El Consejo de Ministros ha aprobado el Informe de Publicidad y Comunicación Institucional en el que se detalla la inversión en publicidad institucional por la Administración General del Estado (AGE) durante el año 2017. El Informe será remitido a las Cortes Generales y se pondrá a disposición de las asociaciones del sector y de los ciudadanos en la página www.lamoncloa.gob.es de acuerdo con lo establecido en la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional.

• La Administración General del Estado invirtió 27,57 millones de euros en publicidad institucional en el año 2017, más de 3 millones más que en el año 2016.
• El Informe recoge información de cada una de las 54 campañas institucionales desarrolladas en 2017 por los ministerios, organismos y entidades integrantes del sector público estatal con especificación de costes, herramientas de comunicación utilizadas y adjudicatarios de los contratos.
• El 80% de la inversión publicitaria en 2017 se ha destinado a la promoción de hábitos saludables y seguros para la ciudadanía y el cuidado del entorno, tales como la seguridad vial, ahorro de energía, consumo responsable de agua, sensibilización sobre el consumo de alcohol en menores, alimentación saludable, prevención de enfermedades y un 14% a la promoción en materia de derechos y deberes de los ciudadanos, con campañas contra la violencia de género, servicio exterior, ayudas a la PAC o acogimiento familiar.
• La campaña de mayor presupuesto ha sido la de "Divulgación de la seguridad vial" de la Dirección General de Tráfico, del Ministerio del Interior, con 8,99 millones de euros.
• Las herramientas utilizadas por un mayor número de campañas de publicidad institucional han sido, por este orden: internet, prensa, radio, televisión, soportes exteriores y revistas. Si se tiene en cuenta el porcentaje de inversión, la televisión es el medio que ocupa el primer lugar, seguido de la radio, internet y prensa escrita.
• Igualmente, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy diversas campañas de publicidad de la Administración General del Estado, que se incluirán en el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional 2019.
• Se trata de campañas de publicidad institucional que deben iniciar su difusión en el primer semestre de cada año: la campaña de seguridad vial en los desplazamientos del primer periodo vacacional del año (Semana Santa), la campaña para dar a conocer las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) y los plazos de inicio de la solicitud de las mismas en el primer trimestre del ejercicio y la campaña de sensibilización contra incendios.
• Para que estas campañas puedan difundirse a tiempo es imprescindible que los correspondientes procedimientos de contratación se hayan iniciado con anterioridad a la aprobación del correspondiente Plan anual.
• Las citadas campañas, impulsadas por la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se incluirán en el Plan anual de publicidad y comunicación institucional de 2019.

Tomado de: http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2018/030818-consejo.aspx