El Grupo Parlamentario Socialista tiene el honor de dirigirse a esa Mesa a fin de
proponer, de acuerdo con las previsiones de la Resolución de la Presidencia del
Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, sobre procedimiento de
creación y reglas de funcionamiento de las Subcomisiones en el seno de las
Comisiones de la Cámara, la creación de una Subcomisión, en el seno de la
Comisión de Educación y Deportes, sobre la elaboración de una nueva Ley
Básica de Educación.
En el Palacio deL Congreso de los Diputados a 1 de agosto de 2016
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Constitución de 1978 reconoce la educación como un derecho fundamental
reclamando a los poderes públicos las acciones políticas necesarias para poder
ejercitarlo incorporándolo como derecho social al ordenamiento jurídico.
La educación es, sin duda, un bien de interés público que nos concierne a todos, y
de ella depende en gran medida el presente y el futuro de nuestro país. Su
importancia es fundamental para contribuir al desarrollo de sociedades
cohesionadas, abiertas y con escasos riesgos de exclusión social.
En los últimos cuatro años, la educación pública en España ha estado sometida a un
proceso de fuerte desprestigio en el que se pretendió deslegitimar todo lo
preexistente para instalar un nuevo modelo educativo, ideologizado y regresivo, en
un contexto de recortes y normativas que han incidido de forma muy negativa en la
igualdad de oportunidades y en las posibilidades de desarrollo de nuestro país.
Con
todas estas medidas asistimos a una profunda modificación del derecho a la
educación tal y como fue concebido en nuestra Constitución y en las leyes que lo
desarrollaron, tanto en la LODE de 1985 con en la LOE de 2006. Son unas
modificaciones que constituyen una verdadera ruptura del pacto constitucional y del
contrato social entre generaciones actuales y futuras.
España se enfrenta a retos cruciales, entre los que se encuentra la necesidad de
alcanzar definitivamente un amplio acuerdo social, político e institucional en torno a
la educación que asegure un modelo educativo público estable y de calidad, que
garantice que, como derecho, se desarrolla a la largo de toda la vida, que haga
posible un sistema educativo universitario y no universitario fundamentado en la
igualdad entre mujeres y hombres, en la equidad, asentado en la inclusividad,
orientado a la excelencia en los resultados y basado en la cooperación institucional
y la disposición a la mejora continua en todas las instituciones educativas.
Es necesario hacer un esfuerzo para construir las reformas del sistema educativo
desde el diálogo, recuperando el sentido constitucional del derecho a la educación,
garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso y recuperando un sistema
de becas que permita el acceso o la continuidad de los estudios con independencia
de su situación económica, asegurando el derecho a una equitativa distribución de
oportunidades de aprendizaje y el éxito escolar de todos y todas.
La educación es un derecho fundamental, y la escuela pública debe ser una
garantía insustituible para el efectivo ejercicio de ese derecho. Por ello, se debe
garantizar una oferta de plazas públicas suficientes en todos los niveles educativos
y fortalecer la cooperación institucional entre todas las Administraciones Públicas,
garantizando una financiación pública y unos servicios comunes adecuados para
todo el sistema educativo.
La educación inclusiva, comprometida con los valores
constitucionales y democráticos, debe estar presente en nuestro sistema educativo,
así como promover la participación activa de toda la comunidad educativa.
Los logros educativos de hoy son patrimonio ya de la sociedad española. Por eso
no se trata de mirar atrás, ni de retroceder en nada de lo conseguido.
Se trata de
reconocer y consolidar lo alcanzado, de mejorar allí donde tenemos problemas, de
salvaguardar las mejoras señas de identidad de nuestro sistema educativo y, sobre
todo, de restañar en el menor tiempo posible el enorme daño perpetuado en los
últimos años, permitiendo contribuir al superar los retos de la sociedad el
conocimiento.
Este acuerdo debe estar sustentado en un enorme grado de legitimidad y tener tres
grandes pilares que se deben articular desde el Congreso de los Diputados: Un
acuerdo con las fuerzas políticas y parlamentarias, la Comunidad Educativa y el
institucional que permita la participación de los gobiernos autonómicos que tienen
las competencias educativas y por ello son una pieza esencial en el pacto.
La tarea de educar es una obligación conjunta de toda la sociedad. En este sentido
es conveniente también la participación de medios de comunicación, empresarios y
otros colectivos sociales. Sin embargo, para dar hoy ese nuevo impulso a la
educación, es necesario anular las disposiciones de carácter regresivo adoptadas
por el Gobierno durante la pasada legislatura y restaurar las grietas producidas en
elementos muy sensibles del sistema educativo.
Consecuentemente, es
imprescindible hacerlo a través de un gran Acuerdo social y político por la
Educación que aporte a nuestro sistema educativo estabilidad, legislativa y
normativa, de objetivos y recursos.
Por todo ello, y de acuerdo con lo que establece la norma segunda, 2 de la
Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de
1996, sobre procedimiento de creación y reglas de funcionamiento de las
Subcomisiones en el seno de las Comisiones de la Cámara, se propone la
creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Educación y
Deporte, con las siguientes características:
A. Objeto de la Subcomisión.
- 1) La Subcomisión elaborará un informe sobre el estado y situación del sistema educativo español que contenga unas propuestas y unas conclusiones que serán recogidas para la elaboración de un gran Pacto social y político por la Educación. Dicho pacto servirá de base para una nueva ley básica de educación que contenga las medidas acordadas, con el objetivo de derogar y sustituir la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, a partir de un amplio acuerdo parlamentario y social.
- 2) Para la elaboración de dicho informe, la Subcomisión desarrollará cuantas comparecencias sean necesarias para el adecuado desarrollo de sus trabajos, contando con expertos, representantes de la comunidad educativa, responsables autonómicos de educación, presidentes de Consejos Escolares autonómicos, organizaciones sociales, colectivos o plataformas educativas y representantes de las sociedades Científicas y Culturales del país.
- 3) Igualmente, los grupos parlamentarios podrán solicitar la documentación necesaria para la realización de los trabajos de la Subcomisión desde el momento de su constitución.
- 4) La subcomisión, asimismo, podrá solicitar informes específicos al Consejo Escolar del Estado y a la Conferencia Sectorial de Educación, entre otros órganos, y podrá recabar documentos de trabajo impulsados y elaborados desde la sociedad civil y la comunidad educativa.
La Subcomisión estará integrada por tres representantes de cada uno de los
Grupos Parlamentarios con ochenta o más miembros, dos representantes de
cada uno de los grupos parlamentarios con treinta o más miembros y un
representante de cada uno de los restantes grupos parlamentarios.
Los grupos parlamentarios podrán designar además otros tantos miembros
suplentes.
C. Adopción de acuerdos.
En los acuerdos que adopte la Subcomisión se aplicará el criterio del voto
ponderado.
D. Plazo para la realización de los trabajos de la Subcomisión.
La Subcomisión deberá realizar y presentar el informe a que se refiere el
apartado A) en un plazo máximo de seis meses desde su constitución.
A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para solicitar, al amparo de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre el procedimiento de creación y reglas de
funcionamiento de las Subcomisiones en el seno de las Comisiones de la
Cámara de 26 de junio de 1996, la creación, en el seno de la Comisión de
Asuntos Exteriores, de una Subcomisión para el estudio de las
consecuencias derivadas de la salida del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte de la Unión Europea.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de agosto de 2016
El referéndum celebrado en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
el 23 de junio de 2016 sobre su permanencia en la Unión Europea tuvo como
resultado la victoria de aquellos que defendían la salida. Una vez conocido el
resultado del referéndum se han realizado multitud de declaraciones por parte de
diferentes líderes políticos.
Mientras que algunos de ellos, como la canciller de la
República Federal de Alemania, Ángela Merkel, han mostrado su voluntad de
otorgar al gobierno británico tiempo para definir sus posiciones en la
negociación, postura a la que se habría sumado con matices el presidente del
República Francesa, Frangois Hollande, otros han señalado la necesidad de que
las autoridades británicas procedan a activar el mecanismo previsto en el artículo
50 del Tratado de la Unión Europea (TUE) lo antes posible para minimizar la
incertidumbre que genera esta situación; así lo hicieron el presidente de la
Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el presidente del Consejo Europeo,
Donald Tusk.
Por lo que respecta a las opiniones procedentes del otro lado del Canal de la
Mancha, pese a que fue un Primer Ministro conservador, Cameron, quien de
manera absolutamente irresponsable y por cuestiones meramente electoralístas
se comprometió con la realización de un referéndum al respecto y llevó a cabo
su convocatoria, tras el resultado del referéndum hemos asistido a diversas
declaraciones por parte de los responsables políticos del Reino Unido, entre
ellas con especial relevancia la de la nueva primera ministra Theresa May, que
junto con la reafirmación del compromiso de cumplir con la voluntad expresada
por la ciudadanía británica ha señalado que no solicitará a las autoridades
comunitarias antes del final de año la activación del artículo 50 TUE, paso
indispensable para poner en marcha el proceso que concluya con el
cumplimiento de la voluntad mayoritaria expresada en el referéndum en cuestión.
Tras el resultado del referéndum y hecha pública la voluntad del gobierno
británico de cumplir con el mismo, se ha abierto un período de incertidumbre que
debe ser clarificado lo antes posible mediante un proceso que, sobre la base de
la búsqueda del mantenimiento de las mejores relaciones posibles de la Unión Europea, y sus Estados miembros, con el Reino Unido inicie el proceso que
concluya con la salida de este país de la Unión Europea, sin que ello comporte el
debilitamiento de la misma, y posteriormente con un nuevo estatus de relaciones
entre ambos claro y equilibrado en derechos y obligaciones.
En este sentido es primordial que tanto las autoridades de la Unión Europea,
como sus Estados miembros, tengan absolutamente claro que el resultado del
referéndum no puede ser utilizado por el Reino Unido como un argumento para
negociar un nuevo estatus dentro de la Unión Europea, o desde fuera con la de
la misma, que suponga que este Estado conserve ventajas equivalentes a las de
la pertenencia a la Unión Europea, pero sin la vinculación y el sometimiento a las
obligaciones recíprocas inherentes al disfrute de dichas ventajas.
Lo contrario, no solo sería tremendamente injusto e insolidario, sino que
constituiría una actuación muy peligrosa para la supervivencia de la Unión
Europea al lanzar el mensaje de que a partir de ahora nos podemos quedar solo
con lo bueno de la Unión Europea pero no tenemos que ser solidarios en el
reparto de obligaciones y cargas.
El Grupo Parlamentario Socialista es consciente de que el resultado del
referéndum implica abordar importantes cuestiones internas por parte de las
autoridades británicas, como ponen de manifiesto las tensiones aparecidas tanto
en el seno la sociedad británica como entre aquéllas zonas que votaron
mayoritariamente por la permanencia y las que lo hicieron a favor de abandonar
la Unión.
Igualmente, somos conscientes de que el proceso que concluya con el
abandono de la Unión Europea por parte del Reino Unido será laborioso,
complejo y no estará exento de dificultades. Lo mismo que ocurrirá con el
proceso de negociación del nuevo estatus que establezca la relación con la
Unión Europea al que eventualmente pueda acceder el Reino Unido.
No cabe duda de que la salida del Reino Unido es un contratiempo grave, tanto
desde la perspectiva política como desde la económica.
Pero, al mismo tiempo
constituye una oportunidad para reafirmar el compromiso con el proyecto europeo del resto de Estados miembros, intensificar diversas facetas de la
integración y, eventualmente, explorar nuevas geometrías variables en el seno
de la Unión que permitan que aquellos Estados que así lo deseen profundicen
en la integración de sus políticas.
Para lo que no debe servir este proceso es
para ceder ante quienes quieren debilitar los principios y valores de la Unión
Europea o quieren una pertenencia a la medida en la que solo se beneficien de
las ventajas sin que les comprometa a contribuir en el sostenimiento solidario de
los deberes y obligaciones derivados de la misma.
Un proceso tan novedoso como éste, y de una naturaleza tan compleja, exige
que las partes que lo van a encarar tengan un adecuado conocimiento de los
distintos escenarios posibles, de los aspectos y ámbitos afectados y de las
consecuencias que puedan derivarse del mismo y de su conclusión, tanto para el
futuro de la Unión Europea y del proyecto europeo, a la hora de hacer frente a
los importantes desafíos a los que se enfrenta, como para los Estados miembros
en sus relaciones con el Reino Unido.
Por lo que a España se refiere, además de a las empresas que mantiene
estrechas relaciones con el Reino Unido, tanto financieras como comerciales, el
proceso va a afectar a los miles de ciudadanos y ciudadanas españoles que
estudian y trabajan en el Reino Unido, al sector turístico, que tiene en los clientes
británicos una importante fuente de ingresos, y también afectará a la forma en la
que los ciudadanos británicos que tiene fijada su residencia en España puedan
acceder a nuestros servicios públicos.
El asunto de Gibraltar añade aún más complejidad al proceso por lo que a la
perspectiva española se refiere, ya que, además de las cuestiones meramente
relacionadas con la legitima reclamación española de la soberanía, el proceso y
su conclusión tendrán directísimas consecuencias en Andalucía, y en especial
en el área del Campo de Gibraltar, en su economía, sus empresas y su sector
turístico, y sobre los miles de trabajadores que diariamente cruzan la verja de la
Línea de la Concepción para trabajar en Gibraltar.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista propone la creación de una
Subcomisión, en el seno de la Comisión de Asuntos Exteriores, para el estudio
de las consecuencias derivadas de la salida del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte de la Unión Europea, con objeto de:
- 1. Analizar las consecuencias que el abandono de la Unión Europea por parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte pueda tener en el desarrollo del proyecto europeo, en particular para la política exterior y de seguridad común, para la política migratoria de la UE y para la profundización en la unión económica.
- 2. Analizar las consecuencias que este abandono pueda tener para los diversos aspectos de las relaciones entre España y el Reino Unido y, en particular: • para la economía española, en especial para nuestras empresas y el sector turístico;
- para los ciudadanos españoles que residen en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, ya se encuentren trabajando o estudiando;
- para los servicios públicos españoles que prestan asistencia a los ciudadanos británicos residentes en España, especialmente los servicios sanitarios y asistenciales;
- para las empresas, actividades y ciudadanos del Campo de Gibraltar y los trabajadores españoles en Gibraltar;
- para la cooperación en políticas de seguridad y defensa; y
- cualquier otro ámbito específico que la subcomisión considere necesario abordar.
- 3. Recabar la información necesaria y llevar a cabo un seguimiento detallado del proceso y de los posibles escenarios que puedan producirse en relación con éste.
- 4. Realizar propuestas que definan con el máximo grado de acuerdo posible los criterios en los que debe fundamentarse la posición española ante el proceso negociador de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, así como el futuro estatus y el modelo de relación entre ambos, las medidas que deben adoptarse y las actuaciones a desarrollar, tanto en el seno de las instituciones de la Unión como en el ámbito interno, y las soluciones a adoptar ante los problemas que esta situación pueda provocar en nuestro país y, en particular, en relación con la economía, las empresas y la ciudadanía del Campo de Gibraltar.
- 5. Con estos fines, la subcomisión elaborará un informe en el que se expongan las conclusiones sobre los principios, criterios, elementos y cuestiones sobre los que el Gobierno deberá fijar la posición de España en el seno de las instituciones europeas y en el nuevo marco de relaciones con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y las propuestas aprobadas.
A LA MESA DE LA CÁMARA
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al
amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentar la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY sobre
medidas para corregir el déficit de la Seguridad Social, para su discusión en Pleno.
En el Palacio del Congreso de los Diputados a 1 de agosto de 2016
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Como consecuencia de la crisis económica y de la destrucción de empleo
vividas en nuestro país en los últimos años, pero también, y especialmente, como
consecuencia de las políticas de empleo desarrolladas por el Partido Popular, nuestra
Seguridad Social presenta unas cuentas realmente preocupantes. Así, de las
informaciones conocidas se desprenden los siguientes datos:
- RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 Considerando las partidas presupuestarias relativas a las gastos en prestaciones contributivas, y en términos de derechos reconocidos y obligaciones reconocidas (sin tener en cuenta datos de ingresos de caja, ni los gastos en referencia a los pagos efectivamente efectuados).
- I.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015
- A) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS QUE FINANCIAN LAS PRESTACIONES DE CARÁCTER CONTRIBUTIVO
- Los derechos reconocidos, excluidas las operaciones corrientes, ascendieron a 106.609 millones de euros. Quedan incluidos en este apartado las cotizaciones sociales, las tasas y otros ingresos, los ingresos patrimoniales, y las transferencias corrientes de Seguridad Social.
- B) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS QUE SE FINANCIAN A TRAVÉS DE LOS INGRESOS DE NATURALEZA CONTRIBUTIVA
- Las obligaciones reconocidas supusieron 123.945 millones de euros. Quedan incluidos en este apartado los gastos de personal, los gastos en bienes corrientes y servicios y las transferencias corrientes realizadas para financiar las prestaciones del nivel contributivo Resultado de la ejecución presupuestaria La diferencia entre los ingresos vinculados a prestaciones contributivas y los gastos por prestaciones contributivas arroja un déficit de 17.336 millones de euros.
- II.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS DE 2015: DATOS LIMITADOS A LAS COTIZACIONES SOCIALES
- Los derechos reconocidos por cotizaciones sociales ascendieron a 100.492 millones de euros, lo que supuso que se obtuviese el 91,5% del objetivo presupuestado para el año 2015.
- En 2014 se obtuvieron por el mismo concepto 99.198 millones de euros, alcanzándose una ejecución presupuestaria del 96,4%.
- El número de trabajadores en alta en los meses de diciembre de 2014 y de 2015 era el siguiente: Año 2014: 16.775.214 Año 2015: 17.308.400 (+533.186 sobre 2014; +3,08%)
- En consecuencia, a pesar de registrarse un crecimiento en el número de cotizantes entre los años 2014 y 2015 de 533.186, la recaudación en los citados años sólo se incrementó en 1.294 millones de euros (+1,28%).
- Este desfase entre el incremento del número de cotizantes a la Seguridad Social y el incremento habido en la recaudación, así como -y ello es lo más importante- el déficit que arrastra nuestra Seguridad Social guardan relación directa, como se ha dicho antes, con las políticas de empleo del Partido Popular.
- Así, en lugar de revalorizar las políticas activas de empleo, el Gobierno del Partido Popular ha utilizado la exención y reducción de cotizaciones a la Seguridad Social como única solución ante la falta de creación de puestos de trabajo y la exacerbada precariedad en el empleo.
- Lo que supone importantes pérdidas de ingresos a la Seguridad Social a cambio de una más que insuficiente e ineficiente política de creación de empleos de calidad.
- La excesiva temporalidad, la corta duración de los contratos de trabajo que se conciertan y los bajos salarios, que se han convertido en los rasgos característicos del mercado de trabajo con el Partido Popular, son, a su vez, la causa de que apenas se noten los incrementos de afiliación en la propia recaudación por cotizaciones a la Seguridad Social.
- Empleos precarios y con bajos salarios no nutren de manera conveniente la caja económica de nuestras pensiones. Finalmente, la casi completa falta de control sobre las horas extraordinarias y el trabajo a tiempo parcial, que muchas veces encubren situaciones fraudulentas, también condicionan los bajos ingresos de las Seguridad Social.
- Es, en definitiva, la política de empleo del Partido Popular la que está provocando el riesgo de nuestro sistema de pensiones y, por ello, la que necesita ser modificada de raíz para que nuestra Segundad Social vuelva a ser sostenible social y económicamente.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte las siguientes
medidas:
- 1.- Suprimir todas las reducciones y exenciones de pago de cotizaciones a la Seguridad Social como política activa de empleo, salvo para los colectivos de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social y las víctimas de violencia de género.
- 2.- Controlar exhaustivamente, mediante planes específicos de actuación de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, las horas extraordinarias y los contratos de trabajo a tiempo parcial que se realizan en nuestro país.
- 3.- Iniciar un proceso paulatino y progresivo de subida del Salario Mínimo Interprofesional, de manera que alcance el 60% del salario medio percibido, tal como ordena la Carta Social Europea, así como reformar la normativa relativa al mismo para que se garantice desde la legalidad que el Salario Mínimo Interprofesional no pierda poder adquisitivo y alcanza, efectivamente, y en consonancia con nuestros compromisos internacionales, el porcentaje marcado por la Carta Social Europea.
- 4.- Abrir un proceso de Diálogo Social con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de nuestro país que conduzca, en el plazo de un año, a la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores que recupere el sentido originario del mismo, como carta de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y concluya con la completa derogación de la reforma laboral del Partido Popular.
- 5.- Reconstruir el Pacto de Toledo y abordar, dentro de él, la posibilidad de crear una figura impositiva, similar a la existente en el modelo francés, destinada directamente a la financiación de nuestro sistema público de pensiones."
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