SITUACIÓN ECONOMÍA 15 DE AGOSTO

La deuda del conjunto de las administraciones públicas subió en junio en 18.549 millones de euros y se situó en 1,107 billones de euros, nuevo máximo histórico, con el que alcanza el 100,9% del PIB, según los últimos datos del Banco de España.

• En concreto, según las estimaciones del Ministerio de Economía, la deuda pública alcanzó en junio el 100,9% del PIB, ratio que se encuentra por encima del objetivo del Gobierno para todo el año, situado en el 99,14% del PIB, de acuerdo con el último Programa de Estabilidad.
• No obstante, fuentes de Economía aseguran que se cumplirá este objetivo a pesar de las oscilaciones que se puedan producir a lo largo del ejercicio por el diferente calendario de amortizaciones y emisiones.
• Así, el Ministerio recuerda que los principales vencimientos se producen en los meses de enero, abril, julio y octubre. Teniendo en cuenta este factor y en términos generales, el Departamento que dirige Luis de Guindos asegura que el crecimiento de la deuda "mantiene la trayectoria de desaceleración iniciada en 2013".
• La deuda pública aumentó en junio un 1,7% respecto a mayo y repuntó un 4,7% en relación a junio de 2015. En concreto, la deuda pública registrada en el sexto mes del año es más de 50.000 millones de euros superior a la de un año antes (1,057 billones de euros).
• Con respecto al cierre de 2015, la deuda pública creció en junio un 3,3%, con 35.117 millones de euros más. El Gobierno prevé que la deuda vaya bajando a partir de este año, desde el 99,1% del PIB hasta el 96% en 2019.
• El grueso de la deuda en manos de las administraciones públicas se encuentra en valores a medio y largo plazo, que suponen tres cuartas partes de la deuda total.
• Estos préstamos aumentaron en 12.995 millones de euros respecto al mes anterior, hasta los 823.891 millones de euros y en tasa interanual registraron un crecimiento del 6,7%. En relación al cierre de 2015, estos créditos experimentaron un repunte del 3,9%.
• Por su parte, la deuda pública en valores a corto plazo se incrementó en junio en 3.808 millones de euros, hasta los 80.433 millones. En el último año, los valores a corto plazo en manos de las administraciones públicas han aumentado un 6,2%.
• Por su parte, los créditos no comerciales y el resto de préstamos se incrementaron en 1.746 millones de euros en junio, hasta los 202.963 millones de euros. Respecto al mismo mes de 2015, experimentaron un descenso del 3%.

1.530.070 millones de euros. Ésa es la cifra en la que se situaba la deuda pública española al final del primer trimestre del año, según los datos del Banco de España, antes de realizar ajustes estadísticos. 

• En porcentaje del Producto Interior Bruto, el importe equivale al 140,5% del PIB, es decir, la deuda sin maquillaje es justo 40 puntos mayor que la deuda declarada según los criterios estadísticos de Eurostat.
• No es la primera vez que España supera el billón y medio de euros de deuda, ya que también estuvo por encima de este nivel en el cuarto trimestre del año 2014 y en el último cuarto de 2015. 
• No obstante, estos 1,530 billones sí son la cifra más alta de la historia. En términos del PIB, el dato del primer trimestre de 2016 no es el más alto de la historia, ya que el récord se alcanzó en el cuarto trimestre de 2014, cuando la deuda equivalía al 144% del PIB.
• La diferencia de 40 puntos del PIB entre la deuda real y la estadística se debe a los ajustes que se realizan para calcular la deuda según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE), que es el que publica Eurostat de acuerdo con sus criterios. Esta fórmula excluye algunos de los pasivos de las administraciones públicas, como la deuda algunas sociedades mixtas o las deudas comerciales. De ahí la diferencia de 40 puntos del PIB entre una y otra.
• La deuda "real" prácticamente se ha multiplicado por tres en términos del PIB a lo largo de la crisis, ya que en 2007 ascendía al 47,2% del PIB. Por entonces, la diferencia con la deuda según el Protocolo de Déficit Excesivo era de tan solo 12 puntos del PIB. En términos absolutos, también se ha triplicado ya que en 2007 apenas se superaba el medio billón de euros.
• De esta forma, la deuda ha aumentado un billón de euros en menos de una década. De hecho, en los 3.000 días transcurrido desde el final de 2007 hasta el primer trimestre de 2016, la deuda ha aumentado a un ritmo de 340 millones de euros diarios.
• Con estos datos, para dejar a cero la deuda real española, cada uno de los más de 46 millones de habitantes tendría que aportar casi 33.000 euros, ya que 'tocamos' a una hipoteca de 32.948 euros per cápita.
• El interés de los bonos españoles con referencia a diez años vuelve a situarse en el mercado secundario por encima del 1%. La rentabilidad de este tipo de deuda permanecía por debajo ese porcentaje desde el pasado 8 de agosto.

En lo que va de año, el interés del bono español a diez años ha caído en más de 75 puntos básicos, después de haber comenzado 2016 en el 1,750%.

• La prima de riesgo, por su parte, se mantiene por encima de la cota de los 103 puntos básicos.

Las comparaciones entre Japón y la Eurozona son por desgracia cada vez más frecuentes. Bajo crecimiento, precios casi estancados y políticas monetarias expansivas caracterizan a estas dos economías, que ven con impotencia como sus bancos centrales se quedan sin munición para revivir la economía. La Eurozona, al igual que Japón, se encuentra prácticamente en lo que se denomina como trampa de liquidez.

• Y es que la Eurozona está teniendo serios problemas para erradicar la 'mediocridad' económica que sufre en los últimos años. Los tipos nominales del BCE se encuentran en el 0%, mientras que la inflación sigue dormida, lo que está impidiendo que los tipos reales se reduzcan lo suficiente para crear los incentivos que los bancos centrales se proponen. Se ha llegado a una situación en la que la política monetaria ha perdido casi toda su eficacia, a pesar de los continuos incrementos de la base monetaria. La trampa de liquidez es una realidad, y salir de un trampa siempre es complejo.
• Como explican los expertos de la firma financiera Natixis, "el BCE ha sido capaz de reducir los tipos de interés a niveles bajos, lo que ha sido positivo para los gobiernos y los agentes privados". Familias, empresas y gobiernos se han beneficiado de un menor coste de financiación gracias a las políticas del BCE.
• Sin embargo, el escaso crecimiento tanto de la producción como de los precios y unos activos de renta fija con unos rendimientos bajos, en algunos casos incluso negativos, están influyendo en las decisiones de los agentes económicos que ahora tienen una clara preferencia por la liquidez o por utilizar esos capitales para invertir fuera de Europa.
• Sin embargo, ahora "la presencia de la trampa de liquidez hace que la política del BCE sea ineficiente". Además, el exceso de liquidez en los mercados genera olas masivas de compras y ventas sobre diferentes activos, unos movimientos que generan desconfianza en los inversores.
• Paul Krugman, premio Nobel de Economía, explica en The New York Times, que la experiencia de Japón tiene que ser una lección para la Eurozona: "La lección real del Abenomics va más allá de la política monetaria. Se supone que hay tres flechas, la política monetaria, la expansión fiscal y las reformas estructurales. Lo cierto es que la política monetaria ha sido la única que se ha lanzado".
• Aunque la política monetaria ha sido suficiente para depreciar el yen y para impulsar el precio de las acciones, "no ha sido suficiente para generar un crecimiento convincente o un incremento de los precios... Al igual que las acciones del BCE tampoco han sido suficientes sin apoyo fiscal, lo que necesitamos es la segunda flecha (estímulo fiscal)", asegura Krugman.
• Desde Natixis señalan que llegados este punto, "la trampa de liquidez para la Eurozona significa que las posibles mejoras de unos tipos de interés muy bajos llegan a costa de unos costes superiores en términos de desequilibrios financieros".
• "No hay forma de salir de una trampa de liquidez: al igual que Japón, la Eurozona podría permanecer para siempre atrapada en una situación de bajo crecimiento e inflación", aseguran desde la firma francesa.
• Resulta harto complejo abandonar este tipo de políticas expansivas sin provocar grandes turbulencias en los mercados de deuda, que podrían desembocar en una aguda crisis de deuda. Esta situación es sobre todo más engorrosa si cabe cuando los niveles de empleo y de producción se encuentran lejos de su potencial.
• Paul Krugman aboga por incrementar los estímulos fiscales para animar la demanda y salir así de la situación. Otros economistas defienden realizar reformas estructurales de calado que incentiven la productividad, ayudando así al crecimiento real del PIB. 
• Diferentes expertos creen que el panorama es simplemente complicado y auguran diez años más de crecimiento moderado y recortes para lograr que la deuda pública sea sostenible, lo que está impidiendo un crecimiento 'decente' en la actualidad. Sea cuál sea la solución, Japón no la ha encontrado aún y la Eurozona, por ahora, camina por un sendero parecido.

La siniestralidad laboral va en aumento en España. Lo hace desde 2012, cuando se detuvo un descenso de las cifras de accidentes laborales que había comenzado 12 años antes y que había rebajado los índices a la mitad. Los sindicatos señalan la precarización de las condiciones de trabajo como causa del aumento. El Gobierno, sin un “diagnóstico claro”, apunta a una mejora de los controles. Mientras, la patronal señala el aumento de la actividad económica.

• El año 2000 se cerró con más de 932.000 accidentes laborales, que se cobraron 1.136 vidas. El índice de incidencia, que mide el número de accidentes por cada 100.000 trabajadores, se situó aquel año en 7.558,4. Aunque al año siguiente se produjeron más accidentes en el tajo en números absolutos, la incidencia cayó ligeramente. Desde entonces, tanto el número absoluto como la tasa de siniestralidad se desplomaron hasta alcanzar el suelo en 2012, con poco más de 470.000 accidentes y una tasa de 2.948,9.
• Desde entonces, el número de accidentes ha crecido un 12,3%, lo que podría explicarse por el aumento del número de trabajadores. Sin embargo, en ese periodo también ha escalado la tasa de siniestralidad, un 10,2% (un 8,2% entre los hombres y un 15% entre las mujeres). 
• En el primer semestre de 2016, último del que se tienen datos, la tendencia se mantiene: se han producido 276.069 accidentes, un 8,6% más que en el mismo periodo de 2015 (crecen un 8,5% los que se produjeron durante la jornada de trabajo y un 9,3% los producidos in itinere, en los desplazamientos entre el trabajo y el domicilio). 
• En este caso, dado que no está cerrado el año, el ministerio de Trabajo ofrece la tasa de incidencia mensual, que se sitúa en 275,9 accidentes por cada 100.000 trabajadores al mes, un 5,3% más que en los seis primeros meses de 2015. Si multiplicamos este resultado por los 12 meses del año, obtendríamos una tasa de 3.310,8.
• La curva ascendente se repite en todas las comunidades autónomas y en todos los sectores y, dentro de ellos, casi en buena parte de las ramas de actividad, tanto en hombres como en mujeres y en todos los niveles de gravedad. En 2012, 564 personas murieron en el trabajo o en los desplazamientos, mientras que en 2015 fueron 629 los fallecidos. En los seis primeros meses de 2016, son 301, con un fuerte aumento de los accidentes mortales in itinere. ¿Qué está pasando?.
• Para los sindicatos, la respuesta se resume en una palabra: precariedad. “La precariedad en el trabajo propiciada por la reforma laboral (aumento de la temporalidad y de la contratación a tiempo parcial) está produciendo el deterioro de la salud y de la calidad de las condiciones de trabajo”, concluye Isabel Araque, secretaria confederal de UGT. 
• Afirma que la reforma laboral "se ha llevado por delante la estabilidad laboral y la formación para la prevención de riesgos". Además, menciona la mayor presión que sufren los trabajadores e incluso desliza que "las medidas de prevención de riesgos laborales son invisibles y es fácil no aplicarlas, o no destinar la inversión que se debería a este campo".
• Desde CC OO, Pedro Linares enumera una serie de factores. “Por un lado, aumenta la carga de trabajo; por otro, durante la crisis las empresas han priorizado otras cosas y la prevención ha pasado a un segundo plano; y, fundamentalmente, el cambio que ha habido de modelo de empleo, con contratos de pocos días y altísima rotación”. Coincide con Araque también en que los trabajadores sufren también mayor presión por el miedo a perder el empleo que les hace asumir peores condiciones de trabajo.
• “La razón fundamental es el aumento de la actividad económica”, dice Jordi García Viña, director de relaciones laborales de la patronal CEOE. “Además, influyen otras circunstancias, como el tipo de contrato o el tipo de trabajador o el hecho de que mucha gente se incorpora al trabajo tras haber estado un tiempo prolongado parada”, apunta. 
• Pero no ve relación entre temporalidad o trabajo a tiempo parcial y accidentes. “La temporalidad está a niveles parecidos a los de antes de la crisis”, afirma, “y no tenemos datos de que los contratados a tiempo parcial tenga más incidencia de accidentes”.
• Javier Esteban, del ministerio de Empleo, tampoco ve una relación directa entre la precariedad o la rotación en el empleo y la siniestralidad. “Es un tema delicado, no tenemos un diagnóstico claro, más allá del aumento de la actividad económica”, aduce, para después dejar caer que se ha reforzado el control de las cifras y se notifican más siniestros. 
• En cualquier caso, subraya que “no se ha suavizado la legislación ni se ha relajado la inspección en esta legislatura”. Y anima a los trabajadores a denunciar condiciones abusivas: “Es verdad que hay miedo a perder el empleo”, admite, “pero han de saber que tienen vías de actuar, que no están solos”.
• Entre enero y junio, se produjeron en España 37.543 accidentes in itinere, como se denominan los que tienen lugar en el trayecto entre el lugar de trabajo y el domicilio. De ellos, las mujeres sufrieron el 56,77%. No es nuevo. En 2015, ese porcentaje fue del 55,7%; en 2014, el 56,74%; en 2013, el 57,1%. El porcentaje no se corresponde con la fuerza de trabajo: según la última EPA, las mujeres representan el 45,5% de la población ocupada. 
• Además, de los accidentes en los trayectos hacia y desde el trabajo, un 61,2% son de tráfico, pero tampoco las mujeres son mayoría al volante: son el 41,9% del total de conductores y concentran el 40% de la siniestralidad general, según datos de la DGT. ¿Por qué, entonces, concentran la mayor parte de los siniestros in itinere?.
• Isabel Araque, de UGT se atreve con una explicación: "Ellas sufren la máxima precariedad en el tipo de contrato. Tienen en mayor medida trabajos a tiempo parcial, tienen más de un trabajo al día y se desplazan más", afirma, contundente. Además, soportan mayor nivel de estrés por sus obligaciones familiares y domésticas". 
• Pedro Linares, de CC OO, admite que no tienen una "explicación consolidada", aunque sí admite que "la precariedad se está cebando con las mujeres" porque concentran en mayor medida los trabajos a tiempo parcial y, por tanto, hay más posibilidades de que tengan más de un trabajo. Ni el Gobierno ni la patronal encuentran explicación al fenómeno.

La ausencia de nuevo Gobierno está cerrando el grifo de la financiación a nivel regional. Con el inquilino de La Moncloa en funciones, las comunidades autónomas no han podido recibir aún la autorización necesaria para endeudarse este año por el nuevo objetivo de déficit del 0,7 por ciento. 

• En la práctica esto supone que cuentan con menos dinero en caja y les obligará a ajustarse más el cinturón y a recurrir, incluso, a los mecanismos de liquidez puestos en marcha por Hacienda, en caso de no haberlo hecho ya. Estos programas llevan aparejada una mayor fiscalización de sus cuentas por parte del Estado.
• Resulta paradójico que sea la ausencia de un Ejecutivo la que meta más presión, en este momento, a las autonomías para reducir los desequilibrios en sus cuentas. Antes de las elecciones del pasado 26 de junio, tanto el Consejo de Ministros, como el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) habían dado luz verde a los gobiernos territoriales para que emitiesen deuda por el 0,3 por ciento de su PIB (ya fuera en los mercados y por sus propios medios, o a través de los mecanismos de liquidez y tuteladas por el Estado).
• Ese 0,3 por ciento era, en un primer momento, el objetivo de déficit fijado para este ejercicio. Con la nueva senda pactada por Bruselas, el Gobierno central flexibiliza el tope autonómico del 0,3 al 0,7 por ciento. Sin embargo, las comunidades autónomas solo pueden endeudarse por menos de la mitad de ese margen, lo que implica que van a tener que hacer el mismo esfuerzo de contención que si el Ejecutivo no hubiera compartido el mayor oxígeno otorgado por las autoridades comunitarias.
• De hecho, al contar con menos liquidez las Comunidades tienen poco margen de maniobra, de forma que: o bien, aprueban nuevas medidas para ahorrar más de lo previsto; o bien optan por adherirse al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) -si aún no lo están-, y pasan a someterse a una supervisión más estricta por parte del Ministerio
• Entre finales de julio y comienzos de agosto, Hacienda envió cartas a seis comunidades autónomas en el marco de los controles que implica el seguimiento de la Ley de Estabilidad. Eran tres tipos de misivas firmadas, todas ellas, por el secretario de Estado de Administraciones Públicas en funciones, Antonio Beteta.
• El número dos del Departamento remitió un primer grupo de escritos con advertencias a Cataluña, Aragón y Andalucía. Las tres muestran un riesgo elevado de incumplir el objetivo de estabilidad este año. 
• En el caso de Cataluña, Hacienda teme que la previsión de ingresos por Sucesiones y Donaciones que da la Generalitat sea demasiado optimista. 
• Por el lado de los gastos, observa "con preocupación" cómo evoluciona el desembolso en personal y, sobre todo, el gasto sanitario. Por ello, el Ministerio insta al Ejecutivo de Carles Puigdemont a que le envíe, antes del próximo 5 de septiembre, la relación de medidas adicionales que piensa adoptar para corregir esta desviación.
• En términos parecidos se expresa Beteta en el documento enviado a Aragón, a la que fija el mismo plazo para comunicar las nuevas medidas. En su caso, pone en duda que pueda cumplir el cálculo de ingresos en Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y ve con preocupación la marcha del gasto corriente. 
• La situación del ejecutivo aragonés es, si cabe, más delicada, en tanto que Hacienda tuvo que intervenir este año a la autonomía por pagar con retraso a sus proveedores. Su Gobierno abona tarde sus facturas de forma sistemática y pese a las numerosas advertencias previas.
• Mientras, la carta enviada a Andalucía pone énfasis en que faltan detalles sobre la regla de gasto en su plan Económico-Financiero (que está obligada a presentar por haberse adherido al FLA). En cualquier caso y con los datos disponibles hasta mayo, el gasto andaluz crece al 5,4 por ciento, cuando la ley obliga a que este año su avance no supere el 1,8 por ciento (este nivel es la tasa de referencia de avance del PIB español a medio plazo).
• Otro grupo de cartas va dirigido a Asturias y Baleares, de las que se requiere también información adicional sobre sus planes de reequilibrio. Se les reclaman, entre otras cosas, las "líneas fundamentales de la orden de cierre del ejercicio 2016 prevista", con los plazos límite que fijarán para asumir compromisos de gasto adicionales. 
• En este sentido, Beteta pone como ejemplo al Estado, que además de aprobar una no disponibilidad de crédito de 2.000 millones de euros, adelantó al mes de julio el cierre del presupuesto de gastos y de las operaciones que no estuvieran ya contempladas en las cuentas regionales.
• Por último, Hacienda se pone en contacto con Madrid para comunicarle que en 2015 no se ciñó a la regla de gasto fijada. Incurrió en pagos por valor de 17.173 millones, con un alza del 3,7 por ciento en relación al año previo, y sólo podía aumentar el gasto un 1,3. Por ello, le da un mes de plazo para que remita un plan económico-financiero.