Buenos días,
Gracias al Grupo Joly por permitirme compartir la mañana de hoy en este
prestigioso foro andaluz, y ante esta distinguida audiencia.
Y un honor, un honor también por la entidad de la figura que me precedió en el
uso de la palabra. Pilar del Río es, por encima de todo, un referente de la lucha
por la igualdad entre hombres y mujeres desde la Transición, no solo en su
Andalucía natal, como ella ha dicho bien, sino, me atrevería a decir, en toda
España.
Y por encima de sus méritos profesionales, en medios de comunicación,
culturales y humanos, me permito señalar esa faceta, la faceta de la lucha por la
igualdad de género, porque el combate por la igualdad nos une a ambos en la
misma trinchera. Gracias, Pilar, por tus cariñosas palabras.
Señoras y señores, en pocos días se cumplirán dos años desde que recibí el
encargo del Rey para intentar formar gobierno. Hoy, pocos dudan de que de
haber prosperado esa investidura, la política se habría visto renovada al menos
en cuatro ámbitos en nuestro país:
- El de la regeneración democrática, que tuvo lugar ya desde hace seis años un 15-M en el que se echó mucha gente a la calle y cuya demanda continúa insatisfecha.
- El de la recuperación de la igualdad. Ayer Oxfam Intermon publicó su informe que no aparece muy reflejado en los medios de comunicación, pero que me parece muy sintomático del estado de nuestro país, sobre desigualdad, donde se denunciaba que son ya más de 10 millones de ciudadanos y ciudadanas en nuestro país las que se sitúan por debajo del umbral de la pobreza.
- El de la recuperación justa. Según ese mismo informe, 29 de cada 100 euros provenientes del crecimiento durante estos últimos diez años han ido a parar al 10% más rico de la población, mientras que el 10% más pobre sólo obtuvo un 8% de ese crecimiento.
- Y, sin duda alguna, el de la cohesión territorial, anticipándose a un desafío secesionista que desgraciadamente ha crecido a lo largo de estos últimos años como consecuencia de la pasividad del gobierno de Mariano Rajoy.
La idea que denominé entonces del gobierno parlamentario.
Señoras y señores,
Al hacer referencia a esta investidura fallida, no pretendo hacer un ejercicio de
nostalgia ni por supuesto caer en el fácil reproche, ni tampoco recordar al por
entonces compañero de viaje, hoy sostén del conservadurismo que atenaza todo
cambio político en nuestro país.
Si lo hago es para reivindicar, primero, que la izquierda de gobierno que
representa el nuevo PSOE propuso un proyecto nacional con las respuestas que
necesitaba la ciudadanía de entonces y de hoy. Porque, la segunda razón, es
que los presupuestos que me llevaron a intentar presidir el gobierno siguen
vigentes. Porque:
- En lugar de regeneración democrática, lo que tenemos es un gobierno volcado que trata de defenderse constantemente de los casos de corrupción que le atenazan en lugar de defender el bien de todos, que es la ejemplaridad y el Estado del Bienestar.
- En vez de propiciar una recuperación que alcance a la mayoría social, hoy, según ese mismo informe que salió publicado ayer, el 40% de la población no puede irse de vacaciones al menos una semana al año. Hay más trabajadores pobres que clase media y trabajadora en nuestro país.
- En vez de cohesión territorial, España ha sufrido el mayor ataque a su integridad territorial de la historia democrática.
- Y en lugar de hacer descansar la gobernanza en el Ejecutivo y en el Legislativo como propusimos, los dos socios de gobierno bloquean todo intento de cambio en lo social, en lo económico y en lo territorial gracias al mal uso del poder de veto, devaluando con ello la calidad democrática del país.
- La primera, es un proyecto agotado y una legislatura acabada. El gobierno dejó de gobernar hace tiempo.
- La segunda. Es un gobierno desaparecido de la esfera internacional, ausente de los debates europeos y también poco cumplidor de los compromisos europeos. Ayer mismo conocimos que más de 16.678 personas fueron rescatadas por Salvamento Marítimo a lo largo de 2017 y, lo que es peor, 148 muertes en aguas del Estrecho el año pasado. Un incremento de casi el 200% respecto al año anterior. El gobierno debe cumplir con los compromisos de acogida y de reasentamiento de los refugiados marcados por Bruselas.
- Es un gobierno también dividido internamente, a la espera de ver a Rajoy deshojar la margarita de quién va a ser su sucesor, si es que se deja suceder.
- Y un gobierno también que ha entrado en estado de shock, sobre todo después de las elecciones del 21 de diciembre como consecuencia del crecimiento de su socio competidor conservador y también por la sempiterna cadena de casos corrupción que estamos viendo día sí y día también.
Pero las consecuencias no son inocuas para el conjunto de la ciudadanía, y lo
sabemos bien: ahí está el deterioro del sistema público de pensiones –hoy el
Fondo de Reserva de la Seguridad Social está en 8.000 millones de euros
cuando hace seis años y medio estaba en 66.000 millones de euros-; ahí está el
deterioro de nuestro Estado del Bienestar, con una financiación autonómica que
continúa sin renovar el Gobierno del PP, y eso tiene su traslación en el estado
de la sanidad pública, de la educación pública, de la dependencia y los servicios
sociales, y ahí está el deterioro de la convivencia entre los pueblos de España,
con la ya conocida crisis catalana.
Ciertamente, la parálisis que advertimos en su primer mandato se ha agudizado
en el segundo, e intensificado tras las pasadas elecciones catalanas.
Sobre la política catalana me gustaría apuntar tres reflexiones en este desayuno:
- Primera: el independentismo tiene mayoría parlamentaria, pero no tiene mayoría social. Si logran formar gobierno deberán hacerlo para el 100% de los catalanes y no para el 47% que votó opciones independentistas el 21 de diciembre. Deberán volver al Estatuto y a respetar la Constitución española.
- Segunda: en Cataluña se tiene que abrir una legislatura constitucional. Una Cataluña constitucional no puede tener un presidente inconstitucional. Cataluña debe pasar la página negra de Puigdemont. Cerrar el capítulo de la unilateralidad e imposición que lo que ha hecho ha sido fracturar durante estos años a la sociedad catalana.
- Tercera: ante cualquier intento de quebrantamiento de nuestro orden constitucional, el PSOE defenderá siempre al Estado, a su integridad territorial, a la Constitución y al Estatuto de autonomía catalán. Por tanto, les anuncio que apoyaremos los recursos que el gobierno plantee ante el Tribunal Constitucional para salvaguardar la legalidad en Cataluña. Estaremos dispuestos a dialogar siempre, los socialistas siempre hemos tendido la mano, pero para unirnos no para rompernos. Para avanzar hacia un Estado autonómico más fuerte. Para fortalecer lo bueno de nuestra arquitectura institucional autonómica y corregir sus déficit. Para federalizar, no para recentralizar, y mucho menos para disgregar. La igualdad y la diversidad son objetivos perfectamente compatibles.
- La primera y más evidente es la guerra fría abierta entre el PP y Ciudadanos. Una guerra fría que a mi juicio es de poder, de ver cómo se reparten los escaños, y no ideológica, no programática, que en eso coinciden en el ámbito estatal.
- Dada esa guerra fría, la única esperanza de cambio en España se llama PSOE. La contienda política es clara, y es la que nos vamos a enfrentar en los próximos fechas, meses y años hasta que lleguen las elecciones generales: la izquierda de gobierno que representa el PSOE o una derecha hoy bicéfala de PP y Cs. La otra izquierda, quedó desbordada por su error histórico de no defender la soberanía nacional de nuestro país.
- Y finalmente: con ser importante la crisis catalana, que lo es, porque está afectando al ser de nuestro país, los ciudadanos tienen urgencias que atender. La política no puede quedar varada por la irresponsabilidad del secesionismo ni tampoco por la incapacidad del actual gobierno.
Y aquí, es donde entra el PSOE.
Muchos pensamos que sin haber llegado a su ecuador, esta legislatura no da
para más.
Como buen conservador, Rajoy ha demostrado ser un maestro en conservar el
poder, en guardar la posición -como decimos en baloncesto-, pero no en liderar
las grandes transformaciones que tiene muestro país por delante.
Por tanto, la disyuntiva a la que se enfrenta el PSOE es la siguiente: o esperar a
que termine esta legislatura y proponer las transformaciones que tiene nuestro
país en las próximas elecciones y con una mayoría parlamentaria diferente en
las Cortes Generales después de esas elecciones, o liderar el país desde la
oposición parlamentaria.
Entre esperar y emprender, el nuevo PSOE lo que hace es emprender las
grandes transformaciones que tiene el país. Liderando desde la oposición y
también desde nuestros gobiernos municipales, como el de Sevilla, o
autonómicos, como el de la Junta de Andalucía. Al alcalde, Juan, y la presidenta,
Susana, les agradezco su presencia en este desayuno.
El trabajo que desplegamos para 2018 es el de proponer diez acuerdos de país.
Diez acuerdos que responderán a los tres grandes retos que tiene por delante
España: el del combate contra la desigualdad, el de la regeneración democrática
y el de propiciar una recuperación económica que ya estamos viendo en las
grandes cifras alcance a la mayoría social de nuestro país.
Diez acuerdos de país que estamos construyendo ya en conversación con los
colectivos afectados, por ejemplo en pensiones con los agentes sociales. Y que
posteriormente intentaremos convertir en acuerdos parlamentarios con otras
fuerzas políticas.
Y me gustaría empezar, por la Educación. Para plantearles un compromiso
político de primer orden aquí en Sevilla, inspirado también en el ejemplo, en el
buen ejemplo, de la Junta de Andalucía.
Nos proponemos situar a la universidad en el centro de nuestras prioridades.
La
universidad como motor de desarrollo económico e innovación, la universidad
como palanca social y también de equidad.
En los últimos años saben ustedes que la inversión pública en el sistema
universitario español se ha desplomado, hasta situarse en el 1,08% del PIB. Muy
por debajo de la media de la OCDE.
Somos el sexto país por la cola, en el marco
de la Unión Europea, que gasta un porcentaje menor de su riqueza en
universidades. Por comunidades autónomas, solo Andalucía se sitúa por encima
de la ratio.
Hoy en día, los universitarios de quince países del Espacio Europeo de
Educación Superior, pagan menos de 100 euros al año por estudiar una carrera,
frente a los 1.110 euros de media en España.
En los últimos años, los precios públicos de la enseñanza universitaria han
aumentado en un 30%, mientras la inversión pública se ha recortado un 28%.
Consecuencia de todo ello es la caída en el número de alumnos en nuestros
centros de universidad públicos.
Yo pregunto: ¿acaso no es la educación un derecho universal de todos los
españoles como lo es, por ejemplo, la sanidad? ¿Qué está haciendo el gobierno?
¿A qué Europa está mirando? ¿Qué modelo es el que realmente defiende para
los universitarios españoles? ¿Es la educación o no un servicio público?
En el PSOE tenemos una posición clara. No queremos que nadie pierda la
oportunidad de estudiar en la universidad porque no puede hacer frente al coste
de la primera matrícula.
Por eso, les anuncio el siguiente compromiso: el PSOE va a proponer la
gratuidad de la primera matrícula para los estudiantes de Grado de las
universidades públicas.
Repito, vamos a proponer que las primeras matrículas de los estudiantes de
Grado de las universidades públicas sean gratuitas, y lo vamos a hacer en una
senda gradual, de aquí a cuatro años, empezando lógicamente por aquellos
estudiantes con rentas más bajas.
La universidad será uno de los ejes prioritarios de nuestra propuesta educativa.
Como lo será también la Formación Profesional. Como la va a ser también la
financiación de nuestro sistema universitario.
Por convicción ideológica, por equidad, por cohesión social, pero también porque
es bueno para un modelo económico que debe estar basado más en la
innovación y menos en un sector como es el del ladrillo.
En un modelo de
implantación progresiva para alcanzar la plena gratuidad en cuatro años,
elevando los umbrales de renta de forma creciente, empezando por las rentas
más bajas.
Nosotros tenemos un proyecto nacional de izquierdas, claro para España:
Dijimos hace unas semanas: rescate por rescate. Dijimos hace unas semanas
que la banca tiene que pagar parte del rescate a nuestro sistema público de
pensiones.
Y hoy, en Sevilla, nos comprometemos a promover que la universidad
pública sea gratuita en toda España. La educación pública, como la sanidad,
como servicio público, como derecho, y no como mercancía.
Esta propuesta nos acerca a los modelos que imperan en los países nórdicos y
a aquéllos otros de cuasi gratuidad, como es el caso de Alemania o Francia.
Segundo, las pensiones.
Son ya seis los ejercicios de déficit de la Seguridad Social, con el Fondo de
Reserva bajo mínimos y con serias incertidumbres sobre la sostenibilidad de las
pensiones.
El sistema de pensiones es la clave de bóveda del Estado del Bienestar, porque
encarna la continuidad entre generaciones.
El sostén de las pensiones es el
sostén de 200.000 jubilados en Sevilla y de casi 870.000 en Andalucía.
Subidas testimoniales, como la del 0.25% para este año, quedan neutralizadas
por la inflación y la subida del coste de la vida, de servicios esenciales, los
medicamentos, o el precio de la energía.
Hay que tomar decisiones cuanto antes.
Tres son las propuestas que ponemos encima de la mesa:
- Derogar la contrarreforma del sistema público de pensiones del gobierno del PP, hecha a espaldas y en contra de los sindicatos, que condena, como han denunciado los agentes sociales, a pérdidas medias de jubilación para las próximas generaciones de entre un 30-40% a una pensión ya de por sí baja.
- Abrir una senda de aumento salarial de trabajadores, autónomos, empleados públicos y aumentar de manera mucho más decidida el Salario Mínimo Interprofesional para elevar las bases de cotización y la recaudación de nuestro sistema público de pensiones.
- Abrir el debate sobre cómo financiar complementariamente el sistema público de pensiones. Y en ese contexto, proponemos la creación de un impuesto extraordinario a la banca, que implicaría que un sector que fue rescatado con 77.000 millones de euros aporte una cantidad para rescatar ese sistema público de pensiones con una recaudación que implicaría unos 1.000 millones de euros al año. Se trata de un gravamen exigido por organismos poco sospechosos de radicalidad y de comunismo, como el FMI o la propia UE, y que están poniendo en marcha distintos países como el Reino Unido. Tercero, la ciencia y la reindustralización del país.
Cuarto, el agua, el clima y la energía.
La política de agua no puede reducirse al deseo de que llueva.
El agua es un bien público de extraordinario valor ambiental, económico y social.
Y un imprescindible factor de vertebración territorial que requiere de acuerdo y
visión de futuro ante los estragos del cambio climático.
De sobra es conocido, y lo comentaba antes con la presidenta de Andalucía que
estuvo ayer en Almería, particularmente en provincias del arco Mediterráneo
como Almería, donde el gobierno central acumula retrasos en la ejecución de
importantes obras de actuaciones declaradas de interés general, como la
desaladora de Carboneras.
Quinto, en relación con el informe de Oxfan Intermón, tenemos que abrir un
debate sobre la creación de un ingreso mínimo vital. Soy consciente de que aquí, en la Junta de Andalucía se ha puesto en pie, y
nosotros lo aplaudimos, una renta mínima de inserción. A nivel de España
tenemos que hacer algo más. Un país decente no puede dejar a una gran parte
de los suyos en el camino.
Es sintomático que diversos organismos considerasen el término “aporofobia” la
palabra del año 2017. El miedo a los pobres que anula la empatía, que nos hace
insensibles ante el dolor ajeno. Por eso, frente a la idea imperante de ocultar el dolor ajeno, que no tenemos que
hablar de pobreza, los socialistas decimos que en España hay pobreza y que los
poderes públicos tienen que atajar esa pobreza. No podemos aceptar que el 30%
de los niños españoles viven en hogares pobres.
Sexto, tenemos que abrir un debate serio, riguroso, ambicioso y en eso hay que
ir de la mano de los sindicatos, sobre cómo atalajar la realidad de los
trabajadores pobres.
Especialmente entre los jóvenes. Si en 2007, un 7,5% podían entrar en esta
categoría, hoy esa tasa es del 24%. Hemos propuesto situar el salario mínimo en 1.000 euros para el año 2020. Y
reforzar mecanismos de negociación colectiva, suprimidos como consecuencia
de la reforma laboral del PP; para propiciar un incremento de los salarios del 3%
de media anual hasta 2021. No nos olvidaremos de los empleados públicos en
su justa demanda de mejora salarial y de los autónomos, colectivo cada vez más
numeroso y menos protegido.
Séptimo, tenemos que abrir un debate sobre cómo rescatar a los jóvenes.
Hay que romper el muro invisible que sufren los jóvenes. Son ellos los principales
pagadores de la crisis. España es lo de los países con mayor desigualdad
intergeneracional. Son los jóvenes los que han visto reducida su renta mediana
en un 20% y el número de jóvenes en riesgo de pobreza escaló hasta alcanzar
a uno de cada cuatro de los jóvenes situados en edades entre 16 y 24 años.
El octavo acuerdo de país es el de la igualdad de género.
El pasado viernes abrimos la trágica estadística en 2018 de la violencia machista
con el asesinato de una mujer a manos de su pareja en Tenerife.
Esta es una de las áreas en las que un acuerdo de país era y sigue siendo muy
necesario. Pero los acuerdos están para ser cumplidos. Y si hay un compromiso, asumido
por Rajoy y Rivera, de aportar una financiación extra de 200 millones de euros
para poder empezar a cumplir ese pacto de lucha contra la violencia de género,
hay que cumplirlo. Y en este terreno, más que en ningún otro, ni excusas, ni
dilaciones. Del mismo modo, considero prioritario que se abra un debate sobre una Ley de
Igualdad Laboral que ponga fin a la discriminación salarial de género, fuente de
desigualdades también al llegar a la edad de retiro, y que permita un reparto
igualitario en las tareas del hogar y la conciliación de la vida laboral, familiar y
personal de los hombres y mujeres.
El noveno acuerdo de país es el que tiene que ver con una nueva financiación
autonómica y local.
Coincido con la presidenta de la Junta de Andalucía cuando reclama, ayer lo hizo
desde Almería, que el Gobierno tiene que mover ficha, ya y tiene que cumplir
con los compromisos asumidos por el presidente hace un año en una
Conferencia de Presidentes.
Corresponde al Ejecutivo formular la propuesta.
Tenemos un modelo prorrogado desde 2014, y una merma de financiación
creciente a las CC.AA. E insisto. Hablar de financiación autonómica, es hablar
de cómo financiamos nuestro Estado del Bienestar. Porque la educación de
nuestros hijos o la sanidad de nuestros enfermos está hoy en manos de las
CC.AA.
Retener más de 4.000 millones de euros correspondientes a la liquidación de
2017 (más de 800 millones correspondientes a Andalucía) es un mal comienzo
por parte del Gobierno de España. No es admisible un intento de chantaje a partir
de interpretaciones tendenciosas que vinculan el debate de la financiación
autonómica a un supuesto apoyo a los Presupuestos Generales del Estado.
Los socialistas estamos dispuestos a acordar. Pero para hacerlo, comprenderán
que lo lógico es conocer primero las cifras, la propuesta del gobierno.
Nuestras líneas básicas de negociación son conocidas: queremos blindar
nuestro Estado del Bienestar, en especial, garantizar el sostén de la Sanidad
Pública y mejorar la suficiencia financiera de las Comunidades Autonómicas.
E incorporar nuevos indicadores al modelo.
Hemos propuesto que la dispersión,
el envejecimiento y la despoblación continúen siendo elementos fundamentales
de nuestro modelo de financiación autonómica. Pero también les anuncio que el
Partido Socialista propondrá que la tasa de paro sea un ingrediente nuevo para
calcular el nuevo modelo nueva financiación autonómica.
En resumen:
Pensiones, educación, ciencia y reindustrialización, pacto de rentas, igualdad de
género, rescate de los jóvenes, agua y el ingreso mínimo vital encontrarán su
reflejo en los presupuestos alternativos que presentará el PSOE a principios del
mes de febrero.
Digo bien, presupuestos alternativos. No hay opción a apoyar los presupuestos
del tándem Rajoy-Rivera. No participaremos de los recortes al Estado del
Bienestar perpetrados por estas dos fuerzas conservadoras.
Y, finalmente, el décimo acuerdo de país es un nuevo pacto constitucional.
Este año nuestra Constitución cumple 40 años desde su aprobación.
No quiero
emplear más tiempo del necesario en describir lo bueno de una norma que nos
ha aportado la estabilidad que tanto ha echado de menos este país en su historia.
Sin embargo, como bien saben en el mundo de la empresa, réditos pasados no
garantizan retornos futuros.
El mundo se mueve y la foto fija de la España de 1978 corre el riesgo de quedar
desenfocada si no la actualizamos.
En esencia, todo lo que les he expuesto hasta el momento, todo el catálogo de
reformas pendientes, de grandes transformaciones, y que estamos dispuesto a
impulsar desde la oposición y desde los gobiernos autonómicos y municipales,
que dirigimos, se nutren de la misma idea: la necesidad de actualizar nuestro
marco de convivencia.
Con un objetivo esencial: reconectar con la España de hoy.
Hay que enganchar a esta generación, a la nuestra, a la que no pudo votar la
Norma Fundamental de 1978, en un proceso de regeneración democrática.
Esa es la generación del 15M, la que sufre la avería del ascensor social, el que
garantizaba a una familia pobre enviar a su hijo a la universidad a cambio de un
futuro mejor. La que puede quedar atrapada en la trampa de la desigualdad.
No sólo tenemos que constitucionalizar nuevos derechos, garantizar blindar
nuevos derechos y otros que están reconocidos en nuestra Constitución y que
no están siendo garantizados, como el derecho a la vivienda, sino que tenemos
que abordar medidas de regeneración como la eliminación de los aforamientos,
incluso la reforma del sistema electoral.
La nueva Constitución debe ser también la Constitución del 15-M.
Por tanto: regeneración democrática, combate contra la desigualdad y una
recuperación justa son los tres grandes objetivos que explican nuestra propuesta
de país.
Señoras y señores,
Una sociedad muere de complacencia cuando los indolentes colonizan el poder
sin pensar en los que han de venir en el futuro. Se lo debemos a esa generación
que salió a calles y plazas hace seis años para decirnos eso. Que querían ser
protagonistas de su propio tiempo.
Es nuestro deber examinar el pasado reciente, aprender de los errores
cometidos, no desde una vocación académica, sino desde la perspectiva del
relato de quienes se esconden detrás de las grandes cifras que deshumanizan
el sufrimiento.
Todas las cifras que no pueden ocultar mensajes triunfalistas
sobre los rescoldos de la crisis económica que todavía perciben 7 de cada 10
hogares en nuestro país.
Apelando a la memoria cotidiana de quienes emprendieron el camino del exilio
económico, renunciaron a sus sueños o permanecen atrapados en la paradoja
infame del trabajador pobre.
Con un mensaje de esperanza, basado no tanto en imposibles, sino en la
evidencia de que los españoles merecen un gobierno ejemplar y dialogante, que
haga del combate contra la desigualdad la mejor inversión de un país que tiene
que ganar su futuro.
Puede que algunos otros se escondan. Yo, como ya hice dos años o hace seis
meses atrás, doy un paso al frente para liderar, si es preciso desde la oposición,
la batalla contra la desigualdad que la derecha, fiel a sus convicciones, ha
decidido no librar. Están en su derecho de rendirse.
Yo, nosotros, los socialistas, no nos vamos a rendir.
Muchas gracias.
