CONSEJO MINISTROS 03092018

El Consejo de Ministros ha analizado un informe del Anteproyecto de Ley de Protección Integral frente a la violencia contra la infancia, que es "un ámbito de protección preferencial" para el Gobierno, según ha explicado la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón.

• La ministra ha destacado que el fin de la futura ley es "respetar la dignidad, libertad e igualdad de los niños y garantizar el libre desarrollo de su personalidad en un entorno libre de violencia". La norma tendrá un carácter integral y prestará atención especial a los ámbitos de la prevención, socialización y educación de los menores, así como a la concienciación de las familias y de la sociedad.
• Carmen Montón ha detallado que el texto "incluirá el abuso sexual y las nuevas formas de violencia, como el acoso y la violencia ejercida a través de las redes sociales".
• La norma también desarrollará medidas específicas para los grupos de menores en una especial situación de vulnerabilidad, como las niñas, las víctimas de trata, los menores con algún tipo de discapacidad, los menores extranjeros no acompañados y los que están en el ámbito de la diversidad sexual: lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, ha señalado la ministra.
• El documento contemplará un registro unificado sobre menores víctimas que permita disponer en una sola unidad de toda la información sobre la violencia ejercida sobre la infancia y la adolescencia. 
• Además, actualizará materias relativas a la inhabilitación especial para el ejercicio de profesiones, voluntariado y actividades que impliquen tratos con menores, con especial referencia a los supuestos de privación de patria potestad, tutela, curatela, guarda, acogimiento y adopción, velando por el interés superior del menor.
• "El objetivo es poder actuar de manera más eficaz y contundente en las administraciones, las organizaciones y en la ciudadanía en su conjunto. Todos y cada uno de nosotros tenemos una función que desempeñar para asegurar que todas las niñas y niños disfruten de una infancia plena y feliz", ha dicho la ministra.
• Carmen Montón ha avanzado que se trabajará en medidas de formación y especialización para jueces, fiscales y demás profesionales implicados. Además, se garantizarán los derechos de los menores en los procesos penales y civiles, en especial su derecho a ser oídos. También se incluirá la prevención desde el ámbito familiar, educativo, sociosanitario, deportivo, de ocio y digital.
• El Ejecutivo, según ha apuntado Montón, quiere una protección eficaz con medidas de detección y asistencia, pero también "la reintegración de los derechos vulnerados y la recuperación de las víctimas". "El propósito es visibilizar la violencia contra la infancia permitiendo una mejor detección de las situaciones y una mejor actuación en la respuesta", ha añadido. La ministra ha informado de que el trámite para desarrollar esta normativa se inició a través de una consulta pública en la web del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, que finalizará el próximo 17 de septiembre.
• Carmen Montón ha incidido en que hay abierto un proceso de participación y diálogo para la elaboración de la futura norma, en el que se están recogiendo las aportaciones de organizaciones sociales, científicas y entidades relacionadas con la infancia.
• Además, se están implicando varios ministerios, la Fiscalía de Menores, las administraciones locales y autonómicas y los propios menores. Este proceso de diálogo participado continuará el próximo miércoles 12 en el Pleno del Observatorio de la Infancia.

La titular de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha resaltado que otra de las prioridades en la que está trabajando el Gobierno es la protección a los menores no acompañados. En este sentido, ha recordado que su Departamento presentó el miércoles 5 de septiembre a las comunidades autónomas una propuesta para mejorar la atención solidaria a estos niños y adolescentes.

• Esta medida contará con un presupuesto de 40 millones de euros, a los que se suman los más de 6 millones ya aprobados para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

La lucha contra la pobreza infantil, ha indicado Carmen Montón, también es prioritaria, por lo que una de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno fue duplicar el presupuesto destinado al programa Vacaciones Escolares Continuar Aprendiendo (VECA), cuyo objetivo es cubrir las necesidades básicas de alimentación y ofrecer ocio educativo durante el verano.

• La dotación económica de este programa, repartido entre las comunidades y las ciudades autónomas, es de más de 10 millones de euros.

El Consejo de Ministros ha aprobado la declaración de la Comunidad Valenciana y del municipio pontevedrés de Tui como "zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil".

• Los motivos son, respectivamente, los graves incendios ocurridos en el mes de agosto en Valencia y la explosión en un almacén de material pirotécnico en la parroquia de Paramos el pasado 23 de mayo.
• La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, ha explicado que la declaración garantiza el acceso a una serie de ayudas económicas especiales y ofrece exenciones fiscales, "llegando incluso a la posibilidad de eximir del pago del Impuesto de la Renta a las personas físicas muy afectadas"

El Gobierno ha destinado 1,5 millones de euros a la concesión directa de subvenciones para la implantación de instalaciones de refrigeración basadas en tecnologías alternativas a los gases fluorados de alto potencial de calentamiento atmosférico. Las ayudas se dirigen a establecimientos dedicados a la distribución comercial de alimentos.

• Isabel Celaá ha enmarcado esta iniciativa en la transición ecológica y la lucha contra el cambio climático.

El Consejo de Ministros ha autorizado contratos de conservación y explotación en carreteras del Estado en varios sectores de las provincias de Madrid, Valladolid, Salamanca, Valencia y Toledo por un importe total de 153 millones de euros (IVA excluido).

• Sumando a estos los contratos autorizados en la reunión del Gabinete de la semana pasada, las inversiones en este ámbito se acercan a los 300 millones de euros

El Gobierno ha traspuesto hoy dos directivas europeas. En primer lugar, la relativa a la seguridad de las redes y los sistemas de información, que busca alcanzar un nivel común de seguridad elevado en toda la Unión Europea.

• En segundo lugar, la directiva que garantiza la igualdad y la no discriminación en el acceso de los usuarios a los sitios web y las aplicaciones para dispositivos móviles del sector público, en particular por parte de las personas con discapacidad y las personas mayores con dificultades visuales y auditivas.
• Isabel Celaá ha explicado que España aún tiene que trasponer a su legislación 25 directivas europeas, "con las que tenemos que avanzar rápidamente para evitar multas".

El Consejo de Ministros ha creado una comisión de expertos para el estudio del cambio de la hora oficial y sus efectos en la salud, la calidad de vida, la economía y el ahorro energético.

• La ministra de Educación y Formación Profesional ha asegurado que el Gobierno quiere abordar este asunto de "una manera seria". Cada estado miembro de la Unión Europea tendría que aprobar la reforma para que se llevara a cabo, ha añadido, pero el Gobierno "se prepara para tener opinión" y colaborar en el proceso.

Suscripción de capital del Banco Europeo de Inversiones por un importe máximo adicional de 4.517 millones de euros, ante la eventual salida del Reino Unido de la UE.

Destinados más de 25 millones de euros para la evaluación y protección del medio marino.

Autorizada la contratación de un servicio de helicópteros bombarderos para la lucha contra los incendios forestales.

Aprobado el informe sobre el funcionamiento de los servicios de la Administración Periférica del Estado en 2017

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Al comienzo de su intervención, Isabel Celaá ha realizado un balance de los tres primeros meses del Ejecutivo que, a su juicio, "ha activado la política española" y ha iniciado una "etapa de renovación" de la democracia, las políticas sociales y las europeas. 

• El Gobierno también ha puesto en marcha el diálogo con todos los sectores y ha impulsado medio centenar de medidas de diversa envergadura, entre ellas quince reformas legislativas, ha señalado La portavoz ha afirmado que el Ejecutivo "quiere blindar el Estado del bienestar, apostando todos los días por políticas sociales como la sanidad y la educación". 
• Entre los grandes objetivos del Gobierno, ha mencionado las reformas para la transición energética, la lucha contra las discriminaciones y la xenofobia, el trabajo por la memoria histórica, el impulso del proyecto europeo común y la conexión con Latinoamérica. 
• "Un Gobierno, en definitiva, que apuesta por afrontar los conflictos, pero siempre con el diálogo por delante y con la negociación en el marco de la ley", ha dicho.
• Como ministra de Educación y Formación Profesional, Celaá ha destacado la aprobación del Real Decreto de becas y ayudas al estudio y ha anunciado que este mismo mes empezará a tramitarse la norma que revertirá el Real Decreto relativo a la reducción de costes en educación. Desde su Ministerio también se va a trabajar en la financiación de la primera etapa de educación infantil (0-3 años) y de los libros de texto y el material didáctico, ha avanzado.

INFORME DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL FRENTE A LA VIOLENCIA CONTRA LA INFANCIA

El Consejo de Ministros ha tomado conocimiento del informe del Anteproyecto de Ley de protección integral frente a la violencia contra la infancia. Este documento tiene como objetivo la prevención y protección de la infancia y la adolescencia ante cualquier situación de violencia y forma parte del paquete de medidas para garantizar la protección a la infancia que ha puesto en marcha el Gobierno.

• De acuerdo con la definición de violencia de la Convención de los Derechos del Niño la nueva Ley contemplará la prohibición expresa de toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes. Además, fomentará la sensibilización ciudadana de rechazo, con especial atención a los colectivos de mayor vulnerabilidad como son los menores con discapacidad, los menores extranjeros no acompañados, las victimas de trata y los colectivos LGTBI.
• El interés superior del niño y la niña, la igualdad y la no discriminación, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo en la máxima medida posible de la protección a la infancia ante cualquier forma de violencia son los principios en los que se asienta esta futura normativa.
• Una Ley que será de carácter integral al abarcar todos y cada uno de los sectores y ámbitos con los que conviven los niños y niñas menores de edad: familia, educación, entorno socio-sanitario, medios de comunicación y redes sociales, deporte y ocio, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y operadores jurídicos.
• Para todo ello, se pondrá en marcha un registro único de información sobre menores víctimas que permita focalizar toda la información estadística sobre la violencia ejercida sobre la infancia y la adolescencia.
• También se actualizarán materias relativas a la inhabilitación especial para el ejercicio de profesiones, voluntariado y actividades que impliquen trato con menores con especial referencia a los supuestos de privación de patria potestad, tutela, curatela, guarda, acogimiento y adopción, velando por el interés del menor.
• La norma también incidirá en la importancia de la prevención de la restauración del derecho a las víctimas y el respecto a las necesidades de cada uno de ellos en el momento de la intervención. Una Ley que también recogerá el deber de denuncia por parte de la ciudadanía y de los entornos familiares y profesionales que tengan conocimiento de cualquier indicio de violencia.
• El trámite de esta normativa se inició a través de una consulta pública en la web del ministerio cuyo plazo finaliza el próximo 17 de septiembre. Tras diferentes reuniones mantenidas con varios ministerios, Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, sociedad civil, entidades sociales, sociedades científicas y profesionales y partidos políticos, el proceso de diálogo participado continuará con la convocatoria del Pleno del Observatorio de la Infancia. 
• Se prevé que el Consejo de Ministros pueda aprobar este Anteproyecto de Ley antes de que acabe el año.

APROBADO EL INFORME SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA EN 2017

El Consejo de Ministros ha aprobado el informe sobre el funcionamiento de los servicios de la Administración Periférica del Estado en 2017.  l Informe, elaborado en cumplimiento de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, recoge las principales actuaciones de gestión impulsadas para la prestación de los servicios a los ciudadanos por las Delegaciones, Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares, en las áreas de Salud Pública y Protección Ciudadana, Atención a los Ciudadanos, Economía y Desarrollo Social y Gestión y Mayor Eficiencia de los Medios.

• 1.- SALUD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA
• Puestos de inspección fronterizos y otras instalaciones fronterizas de control sanitario de mercancías: Se ha realizado el control sanitario en 669.587 partidas en el tráfico internacional de mercancías, un 11,3% más que en 2016. En el periodo 2015-2017 el incremento total ha sido del 24,1%, un incremento espectacular de la actividad.
• Servicios de farmacia: Se han recepcionado 304.068 Kg. de droga en los depósitos de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, un 36% más que el año pasado. La cantidad de droga destruida ha sido de 310.277 Kg, la mayor de la serie histórica de 2013-2017 y un 53% más que en 2016.
• Centros de vacunación internacional (CVI) y otras actividades de los servicios médicos: Se han administrado 86.243 vacunas en los 29 CVI y se ha atendido a 139.416 viajeros. Ambos datos son los más elevados de la serie histórica 2013-2017: en este periodo 2013-2017 se han incrementado en cerca de un 23% las vacunas administradas y en un 29,3% los viajeros atendidos.
• Protección Civil: Se han activado 16.867 protocolos de actuación por emergencias y se han gestionado 414.827 alertas y seguimientos de otras incidencias, lo que supone un incremento de cerca del 14% en comparación con 2016. Además, las Delegaciones del Gobierno son pieza fundamental en la gestión de la Operación Paso del Estrecho (OPE). La OPE 2017 ha supuesto un nuevo récord de pasajeros (3.000.082) y de vehículos embarcados (695.604).
• Violencia de género: Las actuaciones de las Unidades de Coordinación y de Violencia sobre la Mujer han seguido una tendencia creciente, con un total de 60.168 fichas de seguimiento de casos de mayor riesgo y especial vulnerabilidad en 2017, frente a las 51.205 del 2016.

• 2.- ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS
• Extranjería: Se han presentado en las Oficinas de Extranjería 684.580 solicitudes de autorizaciones, es decir, un 2,2% más que en 2016, al tiempo que se han resuelto 695.789 expedientes, un 7% más que el año anterior.
• Información y atención al ciudadano: 6.531.062 consultas, un 5,01% más que en 2016. En relación con el registro de documentos, registraron de entrada 3.438.801 documentos, llegándose al objetivo del 92% de digitalización. En 2017, han emitido 40.498 certificados digitales, un 86% más que en 2016. La encuesta sobre el grado de satisfacción de los usuarios de las Oficinas de Información muestra una valoración media global de 4,21 puntos sobre 5.
• Administración Electrónica: El uso e implantación de la administración electrónica se ha seguido consolidando. Muestra de ello es el impulso dado en la utilización de la firma electrónica en las Delegaciones del Gobierno, donde se alcanzaron durante el pasado año 2.009.873 de firmas electrónicas. El incremento total en cuanto a la presentación de solicitudes por medios electrónicos entre 2016 y 2017 ha sido del 300%.
• Otros servicios: Las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno son órganos multitrámite que prestan un gran número de servicios relacionados con diversas áreas de actuación: En 2017 las solicitudes tramitadas derivadas de la gestión del contingente se cifran en 9.230, con un gran aumento frente a 2016, en que se presentaron 1.636 solicitudes. Asimismo se han tramitado 14.697 expedientes de certificados y ayudas de emigrantes retornados, un 15,4% más que en 2016, y 465 reclamaciones de salarios de tramitación en juicios por despido y cuotas a la Seguridad Social. 45.396 expedientes de asistencia jurídica gratuita que la Constitución Española reconoce a los ciudadanos sin recursos. Y 29.753 manifestaciones y reuniones con un incremento del 3,8% frente a 2016.

• 3.- ECONOMÍA Y DESARROLLO SOCIAL
• Las Delegaciones del Gobierno en las Islas Baleares y Canarias han tramitado en las Áreas de Fomento 6.919 solicitudes de ayudas al transporte de mercancías para Canarias e Islas Baleares. En el 2017 ha sido la Delegación del Gobierno en Canarias la que ha presentado más del 90% de las solicitudes de ayuda.

• 4.- OTROS SERVICIOS DE LA AGE EN EL TERRITORIO
• Servicios que se encuentran, entre otros, los de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Tesorería General y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal, las Gerencias Territoriales de Justicia, las Demarcaciones de Carreteras, las Confederaciones Hidrográficas o las Delegaciones de Economía y Hacienda.

REAL DECRETO-LEY DE SEGURIDAD DE LAS REDES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

El Consejo de Ministros ha aprobado a propuesta por los ministerios de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, del Interior y de Economía y Empresas el Real Decreto-ley de seguridad de las redes y sistemas de información, por el que se transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión.

• El Real Decreto-ley se aplicará a las entidades que presten servicios esenciales para la comunidad y dependan de las redes y sistemas de información para el desarrollo de su actividad, así como a los proveedores de determinados servicios digitales. Estas entidades deberán realizar una evaluación previa de riesgos y deberán adoptar medidas adecuadas para gestionar los riesgos que se planteen para la seguridad de las redes y sistemas de información que utilicen. 
• Tendrán asimismo que notificar los incidentes que sufran al Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas y Ciberseguridad.
• Asimismo, el Real Decreto-ley identifica los sectores en los que es necesario garantizar la protección de las redes y sistemas de información, y establece procedimientos para identificar los servicios esenciales ofrecidos en dichos sectores, así como los principales operadores que prestan dichos servicios.

REAL DECRETO SOBRE ACCESIBILIDAD DE LOS SITIOS WEB Y APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES DEL SECTOR PÚBLICO

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que tiene por objeto garantizar los requisitos de accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público así como del resto de organismos vinculados directa o indirectamente al mismo.

• Este Real Decreto, aprobado a propuesta de los Ministerios de Política Territorial y Función Pública, Economía y Empresa, Sanidad, Consumo y Bienestar Social, traspone al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público.
• El Real Decreto tiene como objetivo permitir que la ciudadanía tenga un acceso más amplio a los servicios del sector público, así como garantizar la igualdad y no discriminación en el acceso de todos los usuarios, en particular de las personas con discapacidad y de las personas mayores.
• El Real Decreto va a tener un impacto positivo en materia de accesibilidad universal de las personas con discapacidad, con la eliminación de barreras que facilitará y garantizará el ejercicio de su derecho al acceso a las tecnologías, así como su derecho a relacionarse con las Administraciones públicas.
• Asimismo, facilitará que las personas mayores con posibles limitaciones físicas derivadas de la edad (dificultades de visión, distinción de colores, dificultades de audición o de movilidad, entre otras) puedan hacer un mejor uso de los sitios web y aplicaciones móviles del sector público.
• De este modo se garantiza el ejercicio del derecho de toda la población al acceso a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social, así como el derecho a relacionarse con las Administraciones públicas a través de estos medios.
• El Real Decreto establece los siguientes avances en materia de accesibilidad:
• Aproxima las webs y aplicaciones móviles desarrolladas por las Administraciones públicas españolas a los requisitos de accesibilidad exigidos en Europa.
• Establece un mecanismo para que los usuarios puedan comunicar al organismo del sector público cualquier posible incumplimiento de los requisitos de accesibilidad establecidos.
• Permite solicitar a las personas interesadas la información sobre contenidos que están excluidos del ámbito de aplicación de este Real Decreto o exentos del cumplimiento de los requisitos de accesibilidad.
• Recoge las previsiones para realizar un seguimiento periódico de la implantación del Real Decreto mediante gestión descentralizada. Para ello, se crea la "Unidad responsable de accesibilidad" que será la encargada de coordinar y hacer efectivas las previsiones, y actuará de canalizadora de la información hacia el organismo encargado del seguimiento y presentación de informes.
• Extiende la aplicación de los requisitos de accesibilidad web a los portales que reciben financiación pública para su mantenimiento, y aquellos que proveen servicios públicos mediante algún régimen contractual con las Administraciones Públicas.

ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA A SUSCRIBIR CAPITAL ADICIONAL AL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES

El Consejo de Ministro ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza a España a suscribir capital del Banco Europeo de Inversiones (BEI) por un importe máximo adicional de 4.517 millones de euros. 

• El presente acuerdo es consecuencia de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, lo que supone la reorganización de la estructura de capital del BEI para acomodarlo a la nueva situación, de forma que los Estados miembros de la Unión Europa deben suscribir el capital correspondiente. 
• Ello se realizará de forma interna, con cargo a las reservas del BEI, por lo que no supone el desembolso de cantidad alguna por parte de España.

CREADA UNA COMISIÓN DE PERSONAS EXPERTAS PARA EL ESTUDIO DE LA REFORMA DE LA HORA OFICIAL

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo para la creación de una Comisión de personas expertas para el estudio de la reforma de la hora oficial.

• Esta Comisión se encargará de la elaboración de un informe de evaluación de las disposiciones reguladoras del cambio horario, así como sobre la conveniencia de mantener en nuestro país la hora de Europa central. El informe será remitido a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.
• El objeto de la comisión, cuya composición será de un máximo de 14 personas, es la presentación de propuestas orientadas a la protección y mejora de la salud, especialmente de los grupos de población más vulnerables, así como a potenciar la sostenibilidad social, ambiental y económica, y a favorecer el principio de igualdad entre hombres y mujeres.
• Se evaluarán, de la forma más amplia posible, los costes y beneficios de cada medida propuesta:
• a) En cuanto a los costes, se evaluarán particularmente los que incidan en la eficiencia energética y económica de las distintas actividades productivas.
• b) En cuanto a los beneficios, se valorarán especialmente los posibles impactos positivos sobre la salud de las personas y sobre la igualdad entre mujeres y hombres.
• El Acuerdo recoge también la necesidad de colaboración institucional y la búsqueda del consenso social. Las personas expertas podrán recabar colaboración de los distintos departamentos ministeriales así como de otras administraciones territoriales. Además, podrá solicitar la opinión o colaboración de otros organismos, organizaciones o personas con experiencia o conocimientos en la materia.
• En el marco de este proceso de modificación de la Directiva 2000/84/CE solicitada por el Parlamento Europeo a la Comisión resulta conveniente valorar el impacto del cambio horario sobre la salud de las personas, en particular sobre los grupos más vulnerables, así como sus efectos sobre el ahorro energético, a fin de fijar una posición avalada por el criterio de expertos en los distintos ámbitos implicados.
• Por otra parte, y al margen de los posibles cambios en la regulación comunitaria sobre el cambio de hora, los Estados miembros están distribuidos en tres husos horarios diferentes, que comprenden la hora de Europa occidental (UTC), hora de Europa central (UTC +1) y hora de Europa oriental (UTC+2). 
• Aunque geográficamente España se halla en el área correspondiente área la hora de Europa occidental, nuestro país adoptó el huso horario correspondiente a Europa central mediante la Orden de Presidencia del Gobierno 7 de marzo de 1940.
• Por otro lado, el Pleno del Congreso de los Diputados acordó en su sesión de 13 de septiembre de 2012 la creación, en la Comisión de Igualdad, de una Subcomisión para el estudio de la racionalización de horarios, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad.
• El informe considera que el Gobierno debería realizar los estudios socioeconómicos necesarios para conocer en detalle cuál sería la incidencia económica global de un posible cambio de huso horario en España -recuperando nuestra antigua vinculación al huso horario de Greenwich- y de una racionalización de los horarios laborales, en torno a unas franjas horarias de entrada y salida de aquellos empleos que así lo permitan.