martes, 30 de octubre de 2018

PLANES EDUCATIVOS DEBATE REGION 29 OCTUBRE 2018



El Gobierno de García-Page hará extensible el uso de tabletas electrónicas en todos los centros públicos de la región en el año 2023

El presidente regional ha anunciado que el Gobierno regional pondrá en marcha un Plan de Modernización Educativa de la Formación Profesional y las TIC en centros educativos de Castilla-La Mancha, que irá a Consejo de Gobierno el próximo martes, día 6 de noviembre, y contará con una inversión total de 20.000.000 euros. 

El presidente ha subrayado que Castilla-La Mancha ha pasado de ser la Comunidad Autónoma que más recortaba en el área de Educación a, por el contrario, ser la que más está invirtiendo por alumno, “y prueba de ello”, ha añadido, “es que, con respecto a 2015, el presupuesto dedicado a este departamento se ha incrementado en un 20 por ciento”.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado hoy que el Gobierno regional pondrá en marcha un Plan de Modernización Educativa de la Formación Profesional y las TIC en centros educativos de Castilla-La Mancha, que irá a Consejo de Gobierno el próximo martes, día 6 de noviembre, y contará con una inversión total de 20.000.000 euros. 

Asimismo, en la línea de la innovación tecnológica y durante el Debate del Estado de la Región, Emiliano García-Page ha avanzado que el proyecto ‘Carmenta’, que en el curso actual ya es una realidad en 81 centros educativos de Castilla-La Mancha, y llegará a todos los alumnos y alumnas de Educación Infantil y Primaria y Educación Secundaria de los centros públicos de la región en el año 2023.

García-Page también ha adelantado que la próxima legislatura su Gobierno continuará con el Plan de éxito educativo y prevención del abandono escolar temprano, que se aprobó en Consejo de Gobierno el pasado 9 de octubre.

Durante su intervención, el presidente ha subrayado que Castilla-La Mancha ha pasado de ser la Comunidad Autónoma que más recortaba en el área de Educación a, por el contrario, ser la que más está invirtiendo por alumno, y, prueba de ello, ha añadido, “es que, con respecto a 2015, el presupuesto dedicado a este departamento se ha incrementado en un 20 por ciento”. 

El presidente regional también se ha referido al nuevo Plan de Infraestructuras Educativas 2019-2023, del que ha dicho que duplicará el presupuesto con respecto al anterior y se presentará en diciembre, prevé más de 500 actuaciones, 20 nuevos centros y más de un centenar de ampliaciones educativas e intervenciones de reforma.

Además, el jefe del Ejecutivo autonómico ha recordado, igualmente, que gracias al actual Plan de Infraestructuras se han realizado, hasta la fecha, 109 actuaciones que han contado con cerca de 100 millones de inversión, permitiendo así la eliminación, a día de hoy, de 44 aulas prefabricadas. 

En materia de personal, Emiliano García-Page ha anunciado que el actual Ejecutivo tiene previsto recuperar el complemento de maestros en IES a partir de enero de 2019, “por razón de justicia”.

El presidente de Castilla-La Mancha ha subrayado, igualmente, que su Gobierno contempla elevar al Ejecutivo central la posibilidad de hacer gratuita la primera matrícula universitaria, permitiendo así universalizar más una prestación que, en estos años de la crisis, ha dificultado la entrada a muchos alumnos y alumnas. 

En materia de Juventud y Deportes, Emiliano García-Page ha puesto en valor el éxito de los Proyectos Escolares Saludables (PES), iniciativa en la que participan más de 60.000 alumnos y alumnas y 181 centros de la región, y ha anunciado que todos los centros podrán desarrollar este programa en el curso 2022-2023.

DEBATE DEL ESTADO DE LA REGIÓN


El presidente autonómico ha destacado que la región ha creado en estos tres años “el doble de empleo que se destrozó en la época de Cospedal”, volviendo a los niveles de inicio de la crisis, y además se ha hecho “con el ejercicio responsable y solidario de los sindicatos y empresarios”.

Emiliano García-Page ha asegurado que ahora hay un Gobierno “con los despachos abiertos” para las empresas, “que confían más que en ninguna otra región para invertir”, poniendo a disposición de ellas seis millones de metros cuadrados de suelo industrial en lo que va de legislatura.

En sanidad, se ha invertido en equipamiento tecnológico y se han retomado las infraestructuras paralizadas por el PP. En educación, el Plan de Infraestructuras Educativas ha permitido seguir suprimiendo aulas prefabricadas, y en Dependencia hay un 60 % más de beneficiarios que en 2015.


El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha destacado que hoy “estamos mucho mejor que con Cospedal”, una afirmación, ha puntualizado, que “compartiría la inmensa mayoría de la gente”.

Así lo ha indicado durante su intervención en el Debate sobre la Región, que se celebra hoy y mañana en las Cortes regionales, y en la que ha asegurado que “hemos cumplido con nota” los 919 compromisos y objetivos planteados en el discurso de investidura y en los sucesivos debates que se han producido y cuyo grado de cumplimiento ha cifrado en un 83 %.

“Me planteaba ocho años para poder reconstruir todo lo que había machacado el Gobierno del PP y quiero ser coherente y responsable. Quedan, por tanto, bastantes cosas para poder rematar el proyecto de reconstrucción. Todo el mundo sabe que es mucho más rápida la piqueta que la reconstrucción”, ha aseverado.

García-Page, que ha calificado de “histórica” la última Encuesta de Población Activa, ha destacado que Castilla-La Mancha ha creado en estos tres años “el doble de empleo que se destrozó en la época de Cospedal”, volviendo a los niveles de inicio de la crisis, y además se hecho “con el ejercicio responsable y solidario de los sindicatos y empresarios”.

El presidente ha explicado que frente a los 66.700 empleos que se destruyeron con el anterior Gobierno, ahora se han creado 96.800 y hay 102.000 parados menos que en 2015. También ha añadido que el paro de larga duración se ha reducido a la mitad y que la región es la que más ha reducido el número de hogares con todos sus miembros en paro.

“No se me ocurre peor dolor para la sociedad que haya familias sin ningún ingreso ni público ni privado”, ha apostillado García-Page, que ha recordado que aunque Castilla-La Mancha “parte de más atrás” se ha reducido de cinco a dos puntos la distancia en paro respecto a la media nacional.

A ello han contribuido, ha añadido, las políticas activas de empleo, que “frente al destrozo absoluto” de la pasada legislatura ahora benefician a 234.000 personas, destacando los 54.000 beneficiarios directos del Plan de Empleo.

El presidente se ha referido también al III Plan de Formación Profesional, con más de 1.000 millones de euros hasta 2022, y al Plan de Retorno del Talento Joven, “del que me siento especialmente orgulloso y que tiene una raíz clara: la defensa que se hizo a los miles y miles de chicos y chicas que se han tenido que ir fuera, como se dijo, haciendo turismo laboral”.

Estos datos, ha subrayado, son consecuencia de la estrategia en materia de empleo puesta en marcha por el Ejecutivo autonómico y que, ha indicado, “ha sido imitado por muchas otras administraciones del PSOE e incluso del PP”. Así, se ha referido al Plan de Empleo, del que ya se han beneficiado más de 67.000 personas y que incluye varias líneas de ayudas para favorecer el empleo juvenil.

Atrayendo empresas y apoyando sus necesidades

Castilla-La Mancha, ha dicho García-Page, lidera además los índices de confianza y dinamismo empresarial y se sitúa a la cabeza en inversión extranjera, que se ha triplicado. Así, es la región donde más empresas se han creado en el último trimestre, pasando de las 4.300 que desaparecieron con Cospedal a las 8.900 que se han creado ya desde el inicio de la legislatura.

El presidente también ha subrayado las cifras récord en exportaciones y los buenos datos en materia de turismo, “donde estamos compitiendo mejor que la media nacional”, y en el sector artesano. En este sentido, se ha preguntado donde está el Plan Estratégico de Turismo que presentó la expresidenta regional, “que está pagado y no encontramos”.

En este ámbito, ha puesto de relieve también la Feria Regional de Artesanía (FARCAMA), que tras estar a punto de desaparecer ahora se celebra dos veces al año, y proyectos como el Centro de Promoción de la Artesanía en la Mezquita de Tornerías y el Centro de Formación de la Artesanía en Talavera.

El presidente ha asegurado que ahora hay un Gobierno “con los despachos abiertos” para las empresas, “que confían más que en ninguna otra región para invertir”, poniendo a disposición de ellas seis millones de metros cuadrados en lo que va de legislatura, con la previsión de llegar a los 12 millones de metros en la próxima legislatura.

Además, ha subrayado la puesta en marcha del Plan de Autoempleo, “con un resultado “extraordinario para más de 10.000 de ellos”, y el liderazgo en energías renovables, siendo la primera región en energía fotovoltaica, la segunda en eólica y tercera en termosolar. “Esta región tiene suficiente energía limpia como para no necesitar otra energía. Producimos el doble de esa energía”, ha enfatizado.

Más profesionales sanitarios y hospitales mejor equipados

En el apartado sanitario, el presidente ha destacado la recuperación de las infraestructuras paralizadas, con la puesta en marcha de las obras de los nuevos Hospitales de Toledo y Cuenca y la ampliación y reforma del Hospital de Guadalajara.

Asimismo, se ha adjudicado el proyecto y dirección de obra del Nuevo Hospital de Puertollano y después de renovar el Plan Funcional del Hospital de Albacete en los siguientes meses se procederá a la licitación de las obras.

El presidente del Gobierno regional ha subrayado además la reapertura de las plantas cerradas en los hospitales de Tomelloso, Almansa y Villarrobledo, que el Ejecutivo anterior, ha recordado, intentó privatizar en la pasada legislatura.

En cuanto a los centros de salud, ha recordado que algunos ya están en obras como los de Hellín, Elche de la Sierra y Azuqueca de Henares, que ya está adjudicado el proyecto en Balazote y en fase de licitación están los de Tomelloso y Cifuentes.

Por otro lado, hay 11 obras en fase de contratación, como son la Unidad de Media Estancia de Talavera, y los centros de salud de Albadalejo, Alcoba, Alcolea del Pinar, Bienservida, Campillo de Altobuey, Carboneras de Guadazaón, Cifuentes, El Viso del Marqués, Nerpio y Villarrobledo 2.

Tras recordar también las 76 intervenciones en consultorios locales, García-Page ha ensalzado que Castilla-La Mancha es la Comunidad Autónoma que más inversión sanitaria está desarrollando.

Así, ha subrayado que en Alta Tecnología Sanitaria se han adquirido diez TAC, nueve resonancias, ocho mamógrafos digitales con tomo-síntesis, 1 PET-TAC y 2 aceleradores de radioterapia, y en vacunas se ha pasado de los 3,5 millones invertidos en la pasada legislatura a los 3,5 millones de ésta.

El presidente regional también se ha referido a la universalización de prestaciones a colectivos más vulnerables.

En materia de prevención, ha destacado la ampliación realizada en las pruebas del talón, donde el número de pruebas diagnósticas a diagnosticar a los recién nacidos alcanza ya las 24, así como los “500 casos ya salvados” gracias al programa de cribado del cáncer colorrectal y las 525.000 mujeres que participarán en el programa de detección del cáncer de cérvix.

Respecto a la estabilidad en el empleo, en 2018 el SESCAM cerrará por encima de las 25.410 plazas en plantilla orgánica que se alcanzaron en 2017, siendo ese el tercer mejor año de la historia del SESCAM, muy lejos de las 20.037 profesionales que marcaban las plantillas horizontes del PP.

El presidente ha resaltado además la reducción de las listas de espera, con 17 meses continuados por debajo de los 100.000 pacientes, y ha alabado la transparencia del Ejecutivo autonómico en este asunto, avanzando que la región será distinguida el 7 de noviembre como la mejor Comunidad Autónoma en transparencia en listas de espera.

Menos aulas prefabricadas y más docentes

En el ámbito educativo, donde el presupuesto ha crecido un 20 % respecto a 2015, Castilla-La Mancha cuenta hoy con 1.364 docentes más y 2.813 que han consolidado su plaza gracias a las distintas ofertas de empleo público.

Este aumento presupuestario, ha proseguido, ha permitido la puesta en marcha de un Plan de Infraestructuras Educativas, con casi 100 millones de euros de inversión y 109 actuaciones, que permitirá reducir el número de aulas prefabricadas heredadas del anterior Gobierno.

García-Page ha resaltado además la recuperación de las ayudas a libros de texto, que se han doblado hasta alcanzar los 66.000 beneficiarios, y de las becas de comedor, suprimidas por el Gobierno anterior a pesar de ser la “única comida que durante la crisis hacían al día” y a las que ahora se destinan 5,7 millones de euros al año.

También ha subrayado el incremento de la financiación global de la UCLM en un 36 %, hasta alcanzar los 194 millones de euros en 2021, y la de la Universidad de Alcalá en Guadalajara, que llegará los 12 millones de euros. En el caso de la UCLM, ha puntualizado, el gasto por alumno ha aumentado un 56 por ciento.

Del mismo modo, ha recordado la recuperación de las ayudas a proyectos de investigación a los que se destinarán 20 millones de euros.

Recuperando posiciones en el Sistema de Dependencia

El jefe del Ejecutivo castellano-manchego ha valorado los avances en Dependencia, con la incorporación de 20.800 beneficiarios más, un 60 % más que en 2015, lo que supone 18 nuevos dependientes más cada día frente a los 3 que salían del Sistema en la pasada legislatura”.

En este ámbito, también ha puesto en valor las cerca de 3.500 Prestaciones Económicas para el Cuidado en el Entorno Familiar (PECEF) concedidas esta legislatura y la reducción en un 77 % del llamado “limbo de la Dependencia”, que ha pasado de las 26.919 personas en julio de 2015 a las 6.308 personas en agosto de 2018.

Además, ha recordado la puesta en marcha de nuevos servicios, como los SEPAP-MejoraT, que cuentan con 3.700 plazas, y el incremento registrado en la Ayuda a Domicilio, cuyos usuarios se han duplicado hasta alcanzar los 15.557 en agosto, y en la Teleasistencia, que ya atiende a 51.000 personas, 10.000 de ellas dependientes.

En cuanto a plazas residenciales, García-Page ha recordado que Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma con mayor número de ellas, vaticinando que a finales de legislatura se superarán las 16.000 plazas en residencias con financiación pública.

También se han triplicado las estancias temporales y en termalismo social se ha pasado de las 190 plazas de 2015 a las 5.000 plazas de 2018, con un programa específico en este ámbito para personas con discapacidad y parkinson. En envejecimiento activo, también se ha puesto en marcha un programa de rutas senderistas con 3.500 plazas este año.

En estos 38 meses también se ha reducido a la mitad la tasa de pobreza severa, que ha pasado del 8,5 al 4,4 %, gracias a una Estrategia de Lucha contra la Pobreza y la Desigualdad Social que, entre otras medidas, incluye la subida del Ingreso Mínimo de Solidaridad y el Plan contra la Pobreza Energética, que ha beneficiado a 70.000 personas, 30.000 de ellas menores.

Este año también se ha presentado el Plan de Infraestructuras Sociales Horizonte 2020, con el 45 % de las paralizadas por el anterior Gobierno ya abiertas, y se ha aprobado la Ley de Protección y Apoyo Garantizado para las personas con discapacidad, gracias a la cual “cuando no estén sus familias, estará la Comunidad Autónoma”.

Recuperación del diálogo social y mejoras para los empleados públicos

El presidente ha subrayado que frente a la caída del Producto Interior Bruto durante la pasada legislatura, cuando fue la segunda Comunidad Autónoma que más redujo este índice, ahora se crece a un ritmo “más acelerado” que la media nacional, anticipando que en 2018 se alcanzará la cifra récord de 41.000 millones de euros.

La región ha reducido además su déficit en relación al PIB regional en casi un punto, pasando del 1,61 de 2016 al 0,71 por ciento de 2018, y todo ello congelando la presión fiscal y optando por una política tributaria basada en la equidad y la progresividad.

En este ámbito, ha querido destacar la recuperación del diálogo social y la devolución de los recortes aplicados a los empleados públicos por el anterior Gobierno, como la paga extra suprimida en 2012 o la merma del 3 % en sus retribuciones, sin olvidar el nuevo Plan Concilia o el nuevo convenio colectivo para el personal laboral, ambos con el respaldo unánime de los sindicatos.

En cuanto al Plan de Impulso de los Servicios Públicos, se han puesto en marcha tres ofertas de empleo público que suponen 9.728 plazas entre Administración General, personal docente y estatutario. La Administración autonómica cuenta, desde el inicio de la legislatura, con 3.400 trabajadores más en “servicios sensibles”, como sanidad, educación y servicios sociales.

Una región conectada al siglo XXI y comprometida con la defensa del agua

García-Page ha reafirmado además el compromiso de su Gobierno con la defensa del agua y la protección de los intereses hidrológicos de la región. En este punto, ha recordado que se han recurrido todos los trasvases aprobados desde el inicio de la legislatura y se han presentado 15 recursos contra las cesiones de derechos de agua.

También se han retomado las obras de 57 de las más de 150 depuradoras paralizadas por el anterior Gobierno del PP, destinando casi 100 millones de euros a obra y explotación, y se han realizado obras de abastecimiento en más de 150 localidades con una inversión de casi 50 millones de euros.

Con respecto al transporte, García-Page ha valorado la recuperación del descuento joven en el transporte, que ya ha supuesto un ahorro de 2,5 millones de euros, y el que se aplicará, a partir del 1 de diciembre, a los mayores de 65 años, ambos suprimidos por el anterior Gobierno.

Igualmente, ha reseñado el espectacular despliegue de fibra óptica en la región, que ha pasado de las cinco capitales de provincia en julio de 2015 a 137 localidades en la actualidad, el 67 % de la población, además de los 84 polígonos que ya disponen de acceso a este servicio.

Por último, ha destacado la creación de las Oficinas de Intermediación Hipotecaria, que ya han conseguido paralizar 91 lanzamientos de vivienda y 11 de arrendamiento, y el acceso a la vivienda, donde se han concedido 11.000 ayudas desde 2015 por 16,3 millones de euros, a los que este año se sumarán 11,5 millones de euros más.

También se han puesto 699 viviendas a disposición de los ciudadanos, “hechas o a punto de acabarse y que se pararon aposta, invirtiendo mucho dinero para remodelarlas”, ha apostillado.

Apostando por la regeneración del campo

Por último, el presidente se ha referido a las dos convocatorias para la incorporación de jóvenes al campo, que permitirán acabar la legislatura con 2.500 jóvenes incorporados a la actividad agraria, y otra más que se pondrá en marcha próximamente y que “dobla la de cualquier otra legislatura”.

Y es que, ha subrayado, el desempleo en el sector se ha reducido en más del 50 % desde mayo de 2015 y su peso en el PIB regional ha pasado del 13,5 al 15 %, felicitando a todo el tejido agrario por estos datos.

García-Page ha mencionado además las dos convocatorias de ayudas FOCAL publicadas hasta el momento, que han supuesto un total de 180 millones de euros, y la integración de la industria agroalimentaria, con cinco Entidades Prioritarias de Interés Regional (EAPIR) y siete Agrupaciones de Productores.

Igualmente, ha recordado que Castilla-La Mancha “encabeza la agenda institucional del país en el problema de despoblamiento, donde no solo estamos cruzados de brazos, sino que vamos por delante” gracias a la gestión de los fondos ITI, con ocho de las nueve líneas que contempla ya en marcha”.

García-Page ha asegurado que muchos alcaldes, también del PP, están solicitando estas ayudas, y ha recordado el compromiso arrancado al Gobierno de Rajoy, y ahora al de Pedro Sánchez, para que el nuevo modelo de financiación “incorpore la coordenada del despoblamiento”.

DEBATE ESTADO REGIÓN CLM 29 OCTUBRE 2018
































sábado, 27 de octubre de 2018

PROYECTO LEY MEJORA CONDICIONES DESEMPEÑO DOCENCIA


PROYECTO DE LEY 121/000029 Proyecto de Ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria. La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia. (121) 
  • Proyecto de Ley. Autor: Gobierno. 
  • Proyecto de Ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria. 
  • Acuerdo: 
    • 1. Admitir a trámite y disponer su tramitación por el procedimiento de urgencia, conforme al artículo 93 del Reglamento de la Cámara. Asimismo, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, estableciendo plazo de enmiendas, por un período de ocho días hábiles, que finaliza el día 6 de noviembre de 2018. 
    • 2. En cuanto a la solicitud de tramitación por el procedimiento de lectura única, trasladar a la Junta de Portavoces, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento. 
  • En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara. 
  • Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2018.
  • P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

PROYECTO DE LEY DE MEJORA DE LAS CONDICIONES PARA EL DESEMPEÑO DE LA DOCENCIA Y LA ENSEÑANZA EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA 

Exposición de motivos 

El Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, estableció una serie de decisiones que pretendían conjugar los objetivos de calidad y eficiencia del sistema educativo con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y su reflejo en la contención del gasto público y en la oferta de empleo público. 

La justificación de la introducción de estas medidas, que se definieron como excepcionales en el Real Decreto-ley, vino referida a la coyuntura económica del momento. Desde entonces, tanto la favorable evolución de la situación económica del país como la aprobación posterior de otras normas con incidencia en aspectos a que se refieren las medidas aprobadas, aconsejan su revisión a la luz de la situación actual, entendiendo que si bien las mismas se concibieron para tener reflejo en el gasto público en una coyuntura económica desfavorable en un determinado momento, es mayor el detrimento que se ha derivado de estas medidas en el nivel de calidad que la enseñanza y el desempeño de la docencia requieren. 

Así, en materia de educación no universitaria, el Real Decreto-ley 14/2012 aprobó en su artículo 2 la posibilidad de elevación hasta en un 20 por 100 de las ratios máximas de alumnos por aula establecidas en el artículo 157.1.a) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para la educación primaria y secundaria obligatoria, cuando la Ley de Presupuestos Generales del Estado no autorice la incorporación de personal de nuevo ingreso mediante Oferta de Empleo Público o establezca, con carácter básico, una tasa de reposición de efectivos inferior al 50 por 100. 

El hecho de que las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para 2016, 2017 y 2018 hayan establecido ya una tasa de reposición del 100 por 100 para el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes en las Administraciones Públicas con competencias educativas para el desarrollo de la Ley Orgánica de Educación, lleva implícita la asunción de que la situación económica coyuntural que motivó la aprobación del Real Decreto-ley 14/2012 ha quedado superada, resultando por tanto innecesario mantener la medida aprobada por el Real Decreto-ley 14/2012. 

Teniendo en cuenta además que en estos momentos, según lo dispuesto por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de los últimos años, la supresión de esta medida no tiene impacto en el gasto público, se considera sin embargo que su mantenimiento sí tendría un alto impacto en la garantía de los estándares de calidad de la enseñanza que se ven afectados con la elevación del número de alumnos por aula. 

El Real Decreto-ley 14/2012 también estableció en su artículo 3, como segunda de las medidas adoptadas en el ámbito de la enseñanza no universitaria, el incremento de la parte lectiva de la jornada del personal docente que imparte las enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en centros públicos y privados sostenidos con fondos públicos, hasta un mínimo de veinticinco horas en educación infantil y primaria y de veinte en las restantes enseñanzas, sin perjuicio de las situaciones de reducción de jornada contempladas en la normativa vigente. 

Siendo este un aspecto que venía siendo regulado por cada Administración Educativa, y aunque el Tribunal Constitucional ha avalado la competencia del Estado para regular con carácter básico la jornada lectiva mínima de los docentes (SSTC 26/2016 y 54/2016, entre otras), ante el cambio de coyuntura económica y al no concurrir ya las circunstancias que motivaron la aprobación de la medida en el Real Decreto-ley 14/2012, parece razonable revertir la situación y dejar nuevamente margen a las diferentes Administraciones Educativas para la regulación de la materia. 

Hay que tener presente además que esto no afecta a la jornada laboral de los docentes, que se mantiene en los mismos límites que para el resto de los empleados públicos. Finalmente, el artículo 4 del Real Decreto-ley 14/2012, referido a la sustitución de profesores en los centros docentes públicos, establece que el nombramiento de funcionarios interinos por sustitución transitoria de los profesores titulares se producirá únicamente cuando hayan transcurrido diez días lectivos desde la situación que da origen a dicho nombramiento, debiendo ser atendido el período previo con los recursos del propio centro docente. 

Tras la modificación del citado artículo por la disposición final decimoquinta de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para 2016, se establecen una serie de supuestos en los que podrá procederse inmediatamente al nombramiento de funcionarios interinos por sustitución transitoria de los profesores titulares: cuando el profesor sustituido preste atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, cuando preste servicio en centros docentes que tengan implantadas menos de dos líneas educativas, cuando imparta docencia en segundo curso de Bachillerato, y cuando la causa de la sustitución sea la situación de maternidad, paternidad, adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las Comunidades Autónomas que lo regulen. 

Si bien esta modificación alivió la situación de las Administraciones Educativas, lo cierto es que la medida recogida en el citado artículo 4 ha sido especialmente gravosa y excesivamente rígida para la organización de la actividad ordinaria de los centros docentes, y más allá de su hipotética contribución a la eficiencia en el uso de recursos públicos y la consecución del objetivo de estabilidad presupuestaria, ha tenido repercusiones negativas en la eficacia organizativa de los centros docentes así como en la calidad de la enseñanza y en la atención al alumnado. 

Con la presente Ley se persigue, por tanto, reestablecer la situación anterior al Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, al haber desaparecido las circunstancias que motivaron la aprobación de unas medidas calificadas de carácter excepcional e implicar su supresión una clara mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, disponiéndose los efectos inmediatos derivados de la derogación del artículo 4 del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, mientras que, por razones de planificación y organización del curso escolar, lo dispuesto en el artículo único de la Ley se aplicará a partir del inicio del curso escolar inmediatamente posterior a la entrada en vigor de la misma. 

La presente Ley se adecua a los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Por lo que se refiere a los principios de necesidad, eficacia y seguridad jurídica, es el instrumento óptimo para restablecer la situación anterior al citado Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, al haber desaparecido las circunstancias que motivaron la aprobación de unas medidas calificadas de carácter excepcional e implicar su supresión una clara mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria. 

En cuanto al principio de proporcionalidad, la presente regulación guarda el necesario equilibrio que permite proporcionar a las Administraciones educativas las medidas que permitan la eficacia organizativa de los centros docentes, redundando ello en la mejora de la calidad de la enseñanza y en la atención al alumnado. 

Finalmente, cumple el principio de transparencia en tanto que, de conformidad con lo previsto en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, este texto se ha sometido al trámite de audiencia e información pública mediante su publicación en el portal web del Ministerio de Educación y Formación Profesional

Esta Ley ha sido objeto de dictamen por parte del Consejo Escolar del Estado y en su tramitación han sido consultadas las Comunidades Autónomas a través de la Conferencia de Educación. Asimismo se ha sometido a consulta e información pública y cuenta con la aprobación previa de la Ministra de Política Territorial y Función Pública. 

Artículo único. Medidas de mejora de la docencia
  • 1. Las Administraciones educativas proveerán los recursos necesarios para garantizar que no se supere el número máximo de alumnos por aula en la educación primaria y en la educación secundaria obligatoria establecido en el artículo 157.1.a) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y el fijado mediante norma reglamentaria para las restantes enseñanzas reguladas por la citada Ley Orgánica. 
  • 2. Las Administraciones públicas con competencias educativas podrán establecer, en su respectivo ámbito, la parte lectiva de la jornada semanal del personal docente que imparte enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en centros públicos. 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa

Quedan derogados los artículos 2, 3, y 4 del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

Disposición final primera. Aplicación

Las previsiones contenidas en el artículo único de esta Ley serán de aplicación a partir del inicio del curso escolar inmediatamente posterior a la entrada en vigor de la misma. 

Disposición final segunda. Título competencial

La presente Ley se dicta con carácter básico al amparo de las competencias que corresponden al Estado conforme al artículo 149.1 de la Constitución Española: 18.ª, sobre bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del régimen estatutario de los funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; y 30.ª, relativa a las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. 

Disposición final tercera. Entrada en vigor

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

CONSEJO DE MINISTROS 25 OCTUBRE





El Gobierno recurre al Constitucional "por sentido de Estado" la Resolución del Parlamento de Cataluña sobre la monarquía

El Ejecutivo considera que el texto supone el intento del Parlamento catalán de iniciar un proceso unilateral que desemboque en una "hipotética república", así como una extralimitación en las funciones de esa Cámara autonómica. Además, el Consejo de Ministros ha acordado destinar 40 millones de euros a la atención de los menores extranjeros no acompañados.

El Consejo de Ministros, reunido por primera vez en Sevilla, ha decidido interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Resolución del 11 de octubre del Parlamento de Cataluña por la que rechazaba la intervención del Rey Felipe VI en el "conflicto catalán" y defendía la abolición de la monarquía.
  • La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha recordado que el pasado viernes el Ejecutivo solicitó al Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo, un informe sobre esa impugnación, informe que es "preceptivo pero no vinculante". 
  • En su dictamen, el Consejo de Estado concluye que esa resolución del Parlamento catalán no constituye "objeto idóneo para su impugnación" ante el Constitucional. El Gobierno, ha afirmado Celaá, respeta la opinión del Consejo de Estado, pero no comparte su argumentación jurídica, por lo que recurrirá la resolución "por sentido de Estado".
  • La portavoz ha explicado que el Consejo de Estado señala que la Resolución del 11 de octubre es "un grave atentado al principio de lealtad institucional y una declaración política que manifiestamente degrada la forma política del Estado español y los principios democráticos que la Constitución consagra", pero entiende que esas mociones parlamentarias "tienen una naturaleza netamente política y no jurídica".
  • Sin embargo, ha indicado Celaá, el Ejecutivo considera que la Resolución sí es inconstitucional, pues supone un intento del Parlamento catalán de "iniciar un proceso unilateral que desemboque en la proclamación de una hipotética república, lo que vulnera claramente la Constitución y contraviene la última doctrina emanada del Tribunal Constitucional".
  • Además, el Gobierno cree que el intento de abolir la monarquía y el ataque a la figura del Rey suponen, "y así lo manifiesta también el Consejo de Estado, una extralimitación en las funciones de la Cámara autonómica catalana", lo que vulnera tanto la Constitución como el Estatuto de Autonomía de Cataluña.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que financia con 40 millones de euros a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para que sufraguen la atención a los menores extranjeros no acompañados acogidos en el año 2018, así como, si es preciso, su traslado entre comunidades.
  • La portavoz del Ejecutivo ha señalado que se ha incrementado el número de llegadas de menores en los últimos meses, por lo que el Gobierno, respondiendo a razones de interés público, social y humanitario, ha articulado estas ayudas para las comunidades y ciudades autónomas que lo soliciten. Su ámbito de aplicación comprende desde el 31 de diciembre de 2017 al 30 de septiembre de 2018.
  • Isabel Celaá ha concretado que de los 40 millones de euros, 38 se repartirán proporcionalmente en función del número de menores no acompañados que cada administración autonómica haya asumido. Los otros dos millones de euros se reservan para cubrir los gastos derivados de la atención a los menores en las comunidades que sufran un incremento estacional a partir de septiembre.

El Gobierno ha aprobado un Real Decreto-ley por el que se prohíben en todo el territorio nacional las embarcaciones de alta velocidad conocidas como 'narcolanchas'. Este tipo de embarcaciones son utilizadas por las mafias para el contrabando de mercancías y, en los últimos meses, para el tráfico de seres humanos.
  • Isabel Celaá ha argumentado que, dada la urgencia y gravedad del problema, el Ejecutivo ha decidido sustituir el anteproyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica de Represión del Contrabando presentado el pasado mes de julio por este Real Decreto.
  • La norma afecta a las embarcaciones neumáticas y semirrígidas de alta velocidad de más de ocho metros de eslora, así como a las de longitud igual o inferior que cuenten con una potencia máxima igual o superior a 150 kilovatios, y a cualquier otra embarcación, con independencia de sus dimensiones y potencia, si existen indicios de que pueden ser utilizadas para cometer delitos de contrabando.
  • La ministra ha aclarado que se mantiene la creación del Registro Especial de Operadores de Embarcaciones Neumáticas y Semirrígidas de Alta Velocidad y que quedan exceptuadas de la prohibición, previa autorización e inscripción en el registro, las embarcaciones adscritas a la defensa nacional y a salvamento marítimo, entre otras.
El Gobierno ha estudiado un informe sobre las consecuencias de las últimas lluvias torrenciales que se han focalizado en las regiones de Levante, Cataluña, Aragón y Andalucía.
  • Isabel Celaá ha anunciado la concesión de la Medalla del Mérito de Protección Civil en su categoría de oro y distintivo rojo al bombero José Gil Gutiérrez, fallecido la semana pasada en acto de servicio mientras intentaba auxiliar a personas afectadas por el temporal.
  • La portavoz ha explicado que el Ejecutivo, tras analizar toda la información remitida por las autoridades autonómicas y locales, ha dado los primeros pasos para asegurar que los afectados reciban la ayuda necesaria para atender sus necesidades inmediatas. Además, está estudiando contemplar la zona afectada como zona catastrófica. Con esa declaración se facilitarían ayudas extraordinarias a los afectados.
  • Por otra parte, el Gobierno ha agradecido a todas las personas que han ayudado a enmendar el daño causado, particularmente a los voluntarios y las voluntarias que con su labor han desbordado todas las expectativas

La portavoz ha informado de que el Consejo de Ministros ha aprobado una nueva regulación para mejorar el procedimiento de concesión de autorizaciones para nuevas plantaciones de viñedos y para dar prioridad a los jóvenes viticultores y a los investigadores.
  • Isabel Celaá ha recordado que España tiene casi un millón de hectáreas de viñedo, en la misma línea que Italia y Francia, por lo que el Ejecutivo quiere estar preparado para incorporar las directivas comunitarias.

El Gobierno ha acordado destinar casi 100 millones de euros para financiar cerca de 500 proyectos empresariales innovadores impulsados por pymes, empresas tecnológicas y jóvenes emprendedores.
  • Por otra parte, el Consejo de Ministros ha autorizado a la Agencia Estatal de Investigación a convocar 265 ayudas por un importe total de 19 millones de euros para la contratación de doctores y para la formación de investigadores en empresas. 

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que completa la trasposición a nuestro ordenamiento de la "Directiva Offshore" sobre la seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro.
  • Esta norma desarrolla, a su vez, otro Real Decreto, convalidado por el Congreso, en el que se establecen disposiciones de seguridad en la investigación y explotación de hidrocarburos en el medio marino, según ha apuntado Isabel Celaá.

En su balance de la semana, Isabel Celaá ha destacado la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la factoría del grupo Renault en Valladolid, una prueba del compromiso del Ejecutivo con este sector, que emplea en España a unas 250.000 personas, y con su transformación en una industria "menos agresiva con el medio ambiente".
  • En el ámbito económico, la ministra de Educación y Formación Profesional ha resaltado que en el tercer trimestre del año la tasa del paro se ha situado por debajo del 15%, algo que no ocurría desde 2008, según los datos de la última Encuesta de Población Activa. La economía española ya encadena más de cuatro años "creando empleo masivamente", ha asegurado Celaá.

REAL DECRETO-LEY PARA ACABAR CON LAS EMBARCACIONES NEUMÁTICAS SEMIRRÍGIDAS Y AVANZAR EN LA LUCHA CONTRA LAS MAFIAS

Se tramita como Real Decreto-ley por su "extraordinaria y urgente necesidad".

La modificación normativa permitirá incautarlas incluso en tierra y sin carga ilícita.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley por el que se prohíben las embarcaciones de alta velocidad que utilizan habitualmente los narcotraficantes. Este tipo de embarcaciones son utilizadas por las mafias, especialmente en las costas del Campo de Gibraltar, para el tráfico ilícito de personas y mercancías.
  • El Gobierno considera que el instrumento más adecuado para llevar a cabo esta medida es el Real Decreto-ley, "por su extraordinaria y urgente necesidad". Con esta norma se hace frente al incremento del uso de este tipo de embarcaciones en el contrabando, especialmente de drogas. Y, en los últimos meses, también se han empleado para la introducción irregular de personas procedentes del Norte de África por vía marítima, a través del Estrecho de Gibraltar.
  • Desde 2012 a septiembre de 2018 las organizaciones de narcotraficantes han intentado introducir más de 165 toneladas de hachís utilizando este tipo de embarcaciones y se ha procedido por Vigilancia Aduanera a la intervención de 81 embarcaciones y a la detención de 282 personas.
  • La excepcionalidad, urgencia, gravedad y relevancia del problema justifican la tramitación de un Real Decreto-ley, pues es necesaria una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido para la tramitación parlamentaria de una ley. Este Real Decreto-ley sustituye y hace decaer al Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley Orgánica de Represión del Contrabando presentado el pasado mes de julio.
  • Con la normativa actual resulta muy difícil actuar contra las organizaciones criminales que emplean estas embarcaciones, pues resulta frecuente intervenirlas cuando se han desprendido de la carga ilícita, resultando prácticamente imposible proceder legalmente.
  • Esta norma supone establecer un control sobre estos sofisticados medios de transporte marítimo, que escapan en muchas ocasiones a los controles policiales y aduaneros, e impedirá, o cuanto menos dificultará notablemente, la comisión de esas actividades ilícitas.
  • Mediante esta iniciativa se penalizará el uso ilegítimo de las embarcaciones semirrígidas y neumáticas de alta velocidad, denominadas 'RHIBS', al objeto de dotar a los órganos encargados de la represión del contrabando de una herramienta jurídica eficaz para proceder contra una tipología de embarcaciones habitualmente utilizada por las organizaciones mafiosas, permitiendo incautarlas incluso en tierra y sin carga ilícita e incoar los correspondientes expedientes sancionadores o formular las denuncias que resulten pertinentes.
  • La simple tenencia de estas embarcaciones constituirá un supuesto de contrabando y permitirá a las fuerzas de seguridad su inmediata intervención. Además, la medida impedirá el transporte ilegal de personas en el Estrecho de Gibraltar.
  • El Real Decreto-ley afecta a las embarcaciones neumáticas y semirrígidas de alta velocidad de más de ocho metros de eslora, así como a las de longitud igual o inferior que cuenten con una potencia máxima igual o superior a 150 kilovatios, y a cualquier otra embarcación, con independencia de dimensiones y potencia, si existen indicios racionales enumerados en la propia regulación de que pueden ser utilizadas para cometer o facilitar la comisión de un delito de contrabando.
    • Se establece, en paralelo, un régimen de excepciones a la prohibición para las embarcaciones neumáticas y semirrígidas adscritas a la defensa nacional, los buques o embarcaciones de Estado extranjeras que se encuentren legalmente en aguas españolas, las embarcaciones del Estado y administraciones territoriales, y las adscritas a organizaciones internacionales reconocidas como tales en España, así como las embarcaciones auxiliares efectiva y exclusivamente afectas al servicio de una embarcación principal.
    • Adicionalmente, quedarán exceptuadas de la prohibición, previa autorización e inscripción en un registro, las embarcaciones distintas a las anteriores que se encuentren afectas a salvamento y asistencia marítima; las que se utilizan para navegación interior por lagos, ríos y aguas fuera de los espacios marítimos españoles; las afectas al ejercicio de actividades empresariales, deportivas, de investigación o formación, y las de recreo destinadas a uso privado que cumplan los requisitos reglamentariamente establecidos en materia de seguridad, técnicos y de comercialización.
  • Para garantizar el cumplimiento de esta norma se creará el Registro Especial de Operadores de Embarcaciones Neumáticas y Semirrígidas de Alta Velocidad, ubicado en la Agencia Tributaria, al que podrán acceder otros organismos, y un mecanismo de inspección y control que serán desarrollados reglamentariamente.
    • Los solicitantes de dicho registro deberán especificar las características de la embarcación, especificando eslora y potencia de motores, la actividad para la que se solicita la autorización y el área geográfica donde se empleará dicha embarcación.
  • La propuesta de cambio normativo, al tramitarse como Real Decreto-ley, entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
  • Se va a mantener, mediante una disposición transitoria, un periodo de seis meses para que se regularice la situación de embarcaciones que deban ser objeto de autorización de uso e inscripción en el registro. A tal efecto, los operadores podrán dirigir sus solicitudes a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria siguiendo las instrucciones que se muestran en la misma.
  • En tanto no haya resolución expresa sobre la solicitud, ésta se entenderá provisionalmente concedida, sin que ello condicione la decisión final que se adopte.

DESTINADOS 40 MILLONES DE EUROS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA LA AYUDA Y ATENCIÓN SOLIDARIA A LOS MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS

Esta ayuda se dirige a sufragar la atención y acogida de los menores, así como, en su caso, el traslado de menores en situación de desamparo entre Comunidades Autónomas.

El Gobierno activa medidas de ayuda económica e impulsa la atención solidaria de los menores entre Comunidades Autónomas al objeto de garantizar las mejores condiciones de atención.

De forma paralela, el Gobierno trabaja en distintas iniciativas con las CCAA, Fiscalía y ONG para mejorar el protocolo y el modelo de atención de los menores.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto para financiar con 40 millones de euros a las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla por el incremento del número de menores extranjeros no acompañados acogidos en el año 2018.
  • Esta ayuda se destina a sufragar la atención y acogida de los menores, así como, en su caso, el traslado de menores en situación de desamparo entre Comunidades Autónomas.
  • Las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla son las responsables de la atención en sus respectivos territorios y, cuando se constata que un menor se encuentra en situación de desamparo, les corresponde la tutela del mismo así como las medidas de protección necesarias para su guarda.
  • Dado el incremento del número de llegadas de menores en los últimos meses y respondiendo a razones de interés público, social y humanitario, el Gobierno ha articulado estas ayudas para colaborar en el esfuerzo que realizan las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla.
  • Con ello, el Gobierno activa medidas de ayuda económica e impulsa la atención solidaria de los menores entre Comunidades Autónomas al objeto de garantizar las mejores condiciones de atención.
  • Es la primera vez que el Ministerio con competencias sobre la infancia concede una subvención para la atención a los menores extranjeros no acompañados.
  • De los 40 millones de euros, 38 se repartirán proporcionalmente en función de dos criterios.
    • Por un lado, el incremento entre el 31 de diciembre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018 del número de menores inscritos en el Registro de Menores Extranjeros no Acompañados del Ministerio del Interior. Este registro se elabora con la información que remiten las Comunidades Autónomas y es el único oficial.
    • Por otro, aquellas Comunidades Autónomas que acojan a menores de otras autonomías, recibirán un incremento del 25% de la ayuda por cada uno de ellos, en reconocimiento a la solidaridad mostrada.
  • De esta forma, para ser beneficiarias de las ayudas, las CC AA deben haber reflejado un aumento de menores en el registro oficial del Ministerio del Interior en el periodo contemplado o haber acogido menores de otras autonomías.
  • Además, se reservan dos millones de euros para cubrir los gastos derivados de la atención a los menores en las Comunidades que puedan sufrir un incremento estacional a partir de septiembre.
  • De forma paralela, el Gobierno está trabajando en distintas iniciativas relacionadas con la mejora de la atención de los menores no acompañados.
    • Una de ellas tiene que ver con la mejora del Protocolo Marco sobre determinadas actuaciones en relación con los menores extranjeros no acompañados, de 2014. En relación a esta medida, hoy mismo se celebra la segunda reunión de la Mesa de Coordinación Interterritorial sobre menores extranjeros no acompañados en la que está previsto abordar aspectos relacionados con el registro o la determinación de la edad, así como coordinar actuaciones entre las distintas autonomías. Al encuentro asisten representantes de los Ministerios de Sanidad, Consumo y Bienestar Social; Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; Exteriores; Justicia; Interior; Política Territorial y Función Pública y del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil; además de representantes de las direcciones generales de Infancia de las CC AA y la Fiscalía de Extranjería.
    • Por otra parte, se ha constituido un grupo de trabajo sobre menores migrantes en el que, además del Gobierno, Fiscalía y CC AA están presentes ONG, y que tiene por objeto el análisis y propuestas relacionadas con el modelo específico de atención a los menores extranjeros no acompañados, dado el distinto perfil de necesidades que presentan respecto al resto de menores que se encuentran en los centros de atención. De esta forma, el Gobierno está ofreciendo un espacio en el que todas las administraciones implicadas puedan compartir información y debatir propuestas.
  • El objetivo es encontrar vías de solución a través de la cooperación entre administraciones y en el marco de las competencias y de la solidaridad interterritorial.



REMITIDA AL TRIBUNAL DE CUENTAS LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO 2017

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión de la Cuenta General del Estado relativa al ejercicio 2017 al Tribunal de Cuentas.

La Cuenta General ha sido elaborada por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y debe remitirse al Tribunal de Cuentas antes del 31 de octubre, en cumplimiento del artículo 131 de la Ley General Presupuestaria.

La presente Cuenta General se realiza conforme a lo dispuesto en la Orden por la que se regula la elaboración de la Cuenta General del Estado y se forma, desde el ejercicio 2014, como una Cuenta Única Consolidada, abandonando la estructura de tres cuentas (Cuentas Generales del sector público administrativo, empresarial y fundacional) vigente hasta el ejercicio 2013.
  • Se presentan, por tanto, todos los estados financieros consolidados:
    • Balance consolidado
    • Cuenta del resultado económico patrimonial consolidada.
    • Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado.
    • Estado de flujos de efectivo consolidado.
    • Estado de liquidación del presupuesto consolidado.
    • Memoria consolidada.
  • En este ejercicio se produce por primera vez la consolidación por el método de integración global de las fundaciones del sector público estatal, así como de todos los consorcios adscritos a la Administración General del Estado. Asimismo, se amplía la información en la memoria relativa a los principales epígrafes del Balance.
  • De un total de 402 entidades del sector público estatal se han integrado las cuentas de 384 entidades. Asimismo, se han integrado 10 de un total de 16 entidades multigrupo y asociadas con participación directa de la Administración General del Estado, así como 184 entidades multigrupo y asociadas participadas de forma indirecta por la Administración General del Estado, entre las que se incluyen 90 que forman parte de un grupo consolidado. Todo ello ha supuesto tratar alrededor de 20.900 operaciones, mientras que en el ejercicio 2016 las operaciones tratadas ascendieron a 19.800.

CONVENIO ENTRE SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL Y MADRID PARA COLABORAR EN EL DESARROLLO DE ACCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE CUALIFICACIONES Y FORMACIÓN PROFESIONAL

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y la Comunidad de Madrid para el desarrollo de acciones dirigidas a la actualización, implantación y control de calidad de los certificacos de profesionalidad, así como el diseño y ejecución de trabajos relacionados con esta materia.
  • A través de este convenio, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad de Madrid se compromete a proporcionar 16 expertos docentes para colaborar en los trabajos de desarrollo de los diferentes instrumentos y acciones del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional. Además, pondrá a disposición del SEPE un conjunto de recursos metodológicos propios y material técnico necesario para su realizacion. La aportación de la Comunidad de Madrid está cuantificada en 200.000 euros.
  • Por su parte, el SEPE asume la financiación de las nóminas correspondientes a los 16 expertos y facilitará los medios materiales y tecnológicos requeridos para el desarrollo de su actividad, realizando previamente procesos de formación metodológica.
  • La aportación del SEPE a la financiación de las acciones de este convenio asciende a un total de 785.000 euros, distribuidos en dos ejercicios: 360.000 euros para el ejercicio de 2018 y 425.000 euros para el ejercicio de 2019.
  • El convenio se prolongará hasta el 31 de agosto de 2019. Su suscripción facilita la utilizacion conjunta de medios y servicios públicos y mejora la eficiencia de la gestión pública en el ámbito de la formación profesional.

CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA AL FONDO FIDUCIARIO DEL CONVENIO DE VIENA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza la contribución voluntaria al Fondo Fiduciario del Convenio de Viena, por un importe total de 17.830,00 USD.

El Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono y el Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, fueron establecidos en el marco del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) con objeto de reducir la producción y el consumo de las sustancias que agotan y destruyen la capa de ozono, reduciendo así su abundancia en la estratosfera.
  • Son estos dos tratados en los que participan un mayor número de países miembros, adquiriendo el carácter de tratados universales en la historia de las Naciones Unidas, puesto que no existe prácticamente ninguna nación que no los haya ratificado y contribuya a cumplir sus medidas.
  • Gracias a ello, se ha llegado a reducir en más del 97% el uso de sustancias que agotan la capa de ozono, favoreciendo que en un futuro se recupere esta capa protectora frente a los dañinos rayos ultravioleta.
  • España, que se adhirió al Convenio de Viena en 1988 (BOE de 16 de noviembre de 1988), es uno de los países más beneficiados con esta tendencia, dada su posición geográfica y su clima.
  • En el citado Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, existen dos fondos relacionados con la protección de la capa de ozono cuyas contribuciones derivan de los compromisos suscritos por nuestro país. Se trata de los Fondos Fiduciarios:
    • Para el Convenio de Viena, cuyo objeto es la protección de la capa de ozono. Se encuentra previsto en el texto del Convenio (párrafo 3 del artículo 6) y permite el funcionamiento de la Secretaría del mismo.
    • Para el Protocolo de Montreal, cuyo objeto es la eliminación de las sustancias que agotan la capa de ozono.
  • Las contribuciones de cada país para cubrir estos fondos están previstas en los textos de los tratados, y los presupuestos se aprueban en la Reunión de las Partes correspondiente.
  • Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación se vino financiando la contribución de España a ambos fondos fiduciarios del Convenio de Viena y del Protocolo de Montreal hasta el año 2011, en el que dejó de abonarla.
  • Ahora, desde el Ministerio para la Transición Ecológica, se propone realizar una contribución voluntaria al Fondo Fiduciario del Convenio de Viena, por un total de 17.830 dólares estadounidenses para el ejercicio de 2018, que equivalen a 15.210 €.

APROBADAS DOS CONTRIBUCIONES FINANCIERAS A LOS FONDOS AFRICANO Y ASIÁTICO DE DESARROLLO, POR IMPORTE DE 24 MILLONES DE EUROS

El Consejo de Ministros ha autorizado dos aportaciones financieras al Fondo Africano de Desarrollo y al Fondo Asiático de Desarrollo, por importes de 18 y 6,2 millones de euros respectivamente.
  • Las aportaciones a estos fondos refuerzan el compromiso de España con los países más desfavorecidos y su papel dentro de la arquitectura financiera internacional.
  • El Fondo Africano de Desarrollo (FAfD) es la ventanilla de financiación concesional del Grupo Banco Africano de Desarrollo. El Fondo, del que España es miembro fundador, fue creado en 1972 y tiene como objetivos fundamentales luchar contra la pobreza y mejorar la calidad de vida en los 40 países más pobres del continente africano.
  • Por su parte, el Fondo Asiático de Desarrollo (FAsD) se encuadra en la estructura del Banco Asiático de Desarrollo (BAsD). Comparte con su homólogo africano el objetivo de luchar contra la pobreza y mejorar la calidad de vida de los países de la región.

martes, 16 de octubre de 2018

PLAN PRESUPUESTARIO Y ESCENARIO MACROECONÓMICO





El nuevo cuadro macroeconómico elaborado por el Ejecutivo también recoge una reducción de la tasa de desempleo y de la deuda pública. El objetivo es combinar la disciplina fiscal comprometida con la Unión Europea, la sostenibilidad del crecimiento y la lucha contra la desigualdad. La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha reiterado la apuesta del Ejecutivo por unos Presupuestos Generales "para un Estado social" tras la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros en que se ha abordado el Plan Presupuestario para 2019.

Celaá ha explicado que no es preceptivo someter este documento al Consejo de Ministros, pero el Gobierno ha querido "revestir de formalidad" al Plan y ofrecer detalles sobre su contenido antes de enviarlo hoy mismo a la Comisión Europea.

La portavoz ha afirmado que la meta del Ejecutivo es revertir los recortes, proteger a los más vulnerables, mantener una economía competitiva y emergente y mejorar la calidad democrática. Se trata, ha dicho, de que los datos macroeconómicos positivos de los últimos cinco años "pasen definitivamente a mejorar la vida de las personas". Celaá ha subrayado que el Gobierno va a seguir negociando con las fuerzas políticas a fin de recabar apoyos para las cuentas públicas de 2019. 

 La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha recordado que estos días se cumplen diez años del comienzo de la crisis, "una crisis que ha tenido un alto coste en términos de cuentas públicas, Estado de bienestar, desigualdad y nivel de vida en buena parte de nuestra sociedad". Las medidas que se incluyen en el Plan Presupuestario, ha señalado, suponen en este sentido "un punto de inflexión", ya que muestran que es posible conjugar la disciplina fiscal con la lucha contra la desigualdad.

Calviño ha asegurado que el Plan es "responsable y realista" y cumple los tres objetivos fundamentales de la política económica del Gobierno. 
  • En primer lugar, la reducción del déficit público, que va a bajar no solo por la buena coyuntura económica, sino por la adopción de "políticas responsables" que posibiliten "un saneamiento permanente" de las cuentas públicas.
  • En segundo lugar, la función redistributiva de la política fiscal, "con medidas de gasto que no son solo socialmente justas, sino también económicamente productivas".
  • Y, en tercer lugar, la sostenibilidad a largo plazo de la economía: por primera vez desde el año 2007, España registrará en 2019 un superávit fiscal primario -es decir, excluyendo los costes de la deuda pública-, lo que implica que la deuda pública "va a comenzar a reducirse por fin a un ritmo significativo". 
    •  La actualización del cuadro macroeconómico remitido a Bruselas prevé un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 2,6% en 2018 y del 2,3% en 2019. La titular de Economía ha indicado que estas cifras suponen una "ligera" revisión a la baja -una décima en cada uno de esos dos años- con respecto al cuadro presentado el 20 de julio, de acuerdo al "principio de prudencia" de las previsiones del Ejecutivo.

España, ha explicado, se encuentra en una fase positiva del ciclo económico, que alcanzó su punto más alto en 2015; desde entonces, ha registrado tasas de crecimiento "robustas" y por encima de la media de la Unión Europea, pero progresivamente más moderadas, "de forma absolutamente coherente con la madurez del ciclo" y la situación de la economía mundial. 

La revisión del PIB se debe sobre todo al menor crecimiento de los mercados españoles de exportación, así como a "hipótesis más duras" sobre el precio del petróleo y el crecimiento en la UE, ha apuntado. En cuanto al déficit público, el Ejecutivo prevé que en 2019 se reduzca en nueve décimas, hasta el 1,8% del PIB, un objetivo "que no pone en peligro ni el crecimiento económico ni la creación de empleo", que constituye "la prioridad fundamental". La tasa de paro prevista para este año es del 15,5%, un porcentaje que bajaría al 13,8% en 2019. En el capítulo de gastos, Calviño ha remarcado el esfuerzo en los ámbitos de educación y ciencia, esenciales para aumentar el capital humano y la productividad.

La reducción del déficit hasta el 1,8% supondrá un superávit primario de cinco décimas del PIB, lo que permitirá bajar la deuda pública desde el 98,1% a finales de 2017 hasta el 95,5% al término de 2019. Con ese ajuste estructural, España cumplirá con sus compromisos europeos: el déficit acabará este año en el 2,7% del PIB, por debajo de la referencia del 3% del "brazo correctivo" del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, con lo que pasará a estar sujeta al "brazo preventivo" del Pacto, "cuyos requerimientos se ven satisfechos" con el objetivo de déficit para 2019, según ha expuesto la ministra. 

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido en que la propuesta del Gobierno comporta un mayor compromiso con Bruselas, ya que reconduce el objetivo de déficit y lo sitúa en el 1,8% del PIB, frente al 1,3% previsto por el Gabinete anterior: "El Gobierno ha propuesto una senda realista porque lo contario habría supuesto quitar 11.000 millones de euros de gasto", lo que supondría un lastre para la recuperación económica y el empleo. Montero ha añadido que el Plan Presupuestario respeta "los compromisos de estabilidad, recupera derechos sociales, blinda el Estado del bienestar e incorpora mayor rendimiento, mayor eficiencia y progresividad en el sistema fiscal".

La ministra ha señalado que la política tributaria incorporada en el Plan incrementa la contribución de los que más tienen, reduce los impuestos a las pequeñas empresas y grava nuevos sectores de actividad en línea con las recomendaciones comunitarias: "Es una política fiscal responsable en donde la clase medida y trabajadora no pagará más impuestos, sino todo lo contrario".
  • En este sentido, ha detallado que aumenta dos puntos el IRPF a las rentas superiores a 130.000 y cuatro a las superiores a 300.000 euros y sube cuatro puntos el IRPF a las rentas de capital que superen los 140.000 euros. Ambas medidas generarán 328 millones adicionales de recaudación.
  • En cuanto al Impuesto de Sociedades, baja dos puntos para las pymes que tengan una cifra de negocio que no supere el millón de euros. Por este concepto se prevé una recaudación de 1.516 millones de euros. Además, se aportarán 850 millones mediante el impuesto a las transacciones financieras y 1.200 millones con el impuesto a los servicios digitales. Además, se elevará el Impuesto sobre el Patrimonio para aquellos que declaren bienes superiores a 10 millones de euros, lo que generará una recaudación de 339 millones.
  • Por otra parte, la ministra ha apuntado que la bajada del IVA de los productos de higiene femenina y de los servicios veterinarios generará un ahorro fiscal de 53 millones. En el ámbito de la fiscalidad medioambiental, se avanzará en la equiparación del gasóleo y la gasolina, en línea con las recomendaciones de Europa, lo que permitirá ingresar 670 millones.
María Jesús Montero ha avanzado que para fomentar un sistema tributario más justo se aprobará un conjunto de medidas de lucha contra el fraude fiscal. Entre otras, la actualización de la lista de paraísos fiscales, la extensión de la lista de morosos a los responsables solidarios o el límite al pago en efectivo, que no podrá ser superior a 1.000 euros cuando una de las partes sea un profesional.
  • El conjunto de medidas, ha señalado, "formará parte de una ley que se presentará en breve como anteproyecto y permitirá incrementar la recaudación en 828 millones de euros".
  • El total de medidas tributarias y de lucha contra el fraude impulsadas por el Gobierno "elevarán la recaudación en 5.678 millones de euros", ha precisado la ministra.
  • Montero ha recordado que la recaudación del impuesto sobre transacciones financieras se deriva a la Seguridad Social y el impuesto sobre el Patrimonio incide en las cuentas autonómicas. El total de medidas de ingreso que afectan solo al Presupuesto del Estado sumará 4.489 millones de euros en 2019. Asimismo, ha señalado que la recaudación tributaria también aumentará, por lo que se reforzará el estado del bienestar.
La ministra ha recordado que se actualizarán las pensiones con el IPC real, se eleva un 40% el gasto estatal en dependencia, se incrementa un 22,3% el Salario Mínimo Interprofesional, que se sitúa en 900 euros, se recupera el subsidio de desempleo para los mayores de 52 años, se elimina el copago farmacéutico y se amplía el permiso de paternidad.

Estas iniciativas, a juicio de la ministra, "mejorarán la vida de millones de ciudadanos y presentarán un impacto económico global de gasto que asciende a 5.098 millones de euros". De este importe total, las medidas que impactan directamente en el techo de gasto del Gobierno con los Presupuestos Generales Estado sumarán 1.992 millones, el resto será gasto del subsector de la Seguridad Social o de los subsectores de las administraciones autonómicas.

El gasto público total, según ha expuesto Montero, aumentará un 3,1% alcanzando los 515.552 millones de euros y los ingresos públicos subirán un 5,7% hasta los 493.329 millones. Es decir, el gasto sube un 3,1% y los ingresos aumentan un 5,7%.

El techo de gasto de los Presupuestos del año 2019 suma 125.064 millones de euros, lo que implica un aumento del 4,4% y supone un incremento de gasto de 5.230 millones.

La ministra ha afirmado que el Gobierno aprobará los Presupuestos Generales del Estado de 2019 con la senda de déficit que esté aprobada a finales de noviembre o principios de diciembre. Al respecto, ha mantenido que si el nuevo objetivo de déficit para 2019 del 1,8% aún no está aprobado, se harán las cuentas públicas con el objetivo del 1,3% aprobado por el anterior Ejecutivo, ya que el techo de gasto no es necesario modificarlo.


APROBADO EL BORRADOR DEL PLAN PRESUPUESTARIO Y EL NUEVO ESCENARIO MACROECONÓMICO QUE SE REMITIRÁN A LA COMISIÓN EUROPEA


El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Presupuestario y el nuevo escenario macroeconómico que el Gobierno remitirá hoy a la Comisión Europea.

El borrador del Plan Presupuestario permite acometer tres objetivos: 
  • cumplir con la disciplina fiscal, por primera vez el déficit se va a reducir no solo por la coyuntura económica sino por la acción de Gobierno; 
  • cumplir con los ciudadanos mediante la recuperación de la función redistributiva de la política fiscal 
  • y mantener la sostenibilidad a largo plazo de la economía, que se traducirá en que el próximo año por primera vez desde 2007 España registrará un superávit fiscal primario y la deuda pública comenzará a reducirse a un ritmo significativo.

Nuevo cuadro macroeconómico

El nuevo cuadro macroeconómico presentado hoy recoge una revisión de las previsiones de crecimiento económico respecto a las del pasado mes de julio. En concreto se reduce una décima la previsión de crecimiento del PIB para 2018 y 2019, situándose en el 2,6% y 2,3%, respectivamente. Estas previsiones están en el rango más prudente de las que manejan los principales organismos nacionales e internacionales.

La revisión a la baja en una décima del crecimiento de 2018 está asociada a un comportamiento menos favorable de la demanda externa, así como a los cambios en las cifras de contabilidad nacional trimestral publicados por el INE, que reduce una décima el crecimiento del primer trimestre de 2018.

Teniendo en cuenta la inflación, la tasa de expansión del PIB nominal se prevé que sea del 3,9% este año y del 4,1% el año que viene.

El déficit público se reducirá nueve décimas hasta el 1,8% del PIB en 2019

El nuevo cuadro macroeconómico que el Gobierno remitirá a Bruselas prevé una reducción del déficit público en nueve décimas, hasta el 1,8% del PIB en 2019. Esta reducción permitirá que España logre un superávit primario el próximo año en torno a 0,5 pp del PIB, por primera vez desde 2007. Esto supone que se va a acelerar el ritmo de reducción de la deuda pública.

Como consecuencia, la deuda pública bajará en 2018 y 2019 prácticamente el doble que en los tres años anteriores desde el 98,1% a finales de 2017 hasta el 95,5% el año que viene.

Un déficit del 1,8% en 2019 supone un esfuerzo estructural en el entorno de 0,4 pp de PIB, en línea con el compromiso del Gobierno de tomar las medidas necesarias para aumentar la sostenibilidad y solidez de las finanzas públicas.

Con este ajuste el Gobierno da cumplimiento a los compromisos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El Gobierno prevé que el déficit público cierre en 2018 en el 2,7% del PIB por debajo de la referencia del 3% del brazo correctivo del Pacto, lo que implicará que a partir de 2019 España esté sujeta al brazo preventivo, cuyos requerimientos son de ajuste estructural.

Hacienda

El Consejo de Ministros extraordinario celebrado hoy ha aprobado el Plan Presupuestario 2019 que el Gobierno remitirá a la Comisión Europea, como es preceptivo para cumplir con la normativa comunitaria. El documento actualiza el cuadro macroeconómico y recoge los objetivos de estabilidad presupuestaria para el próximo ejercicio.

El Plan Presupuestario incluye la nueva senda de estabilidad aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 20 de julio, negociada con la Comisión Europea y pendiente de ratificación en las Cortes Generales, que contempla un objetivo de déficit para 2019 del 1,8%, frente al 1,3% anterior.

La nueva senda se adecúa a la realidad de la economía española y genera un mayor consenso en las instituciones como ha quedado patente en el último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre España o en las previsiones realizadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Reducción del déficit

El Plan Presupuestario señala que en un supuesto de "políticas constantes", es decir, un escenario sin adoptar nuevas medidas de política económica que solo incorpora los compromisos de gasto ineludibles recogidos en los Presupuestos Generales de 2018 que extienden su impacto hasta 2019, el déficit público se situaría en el 2,2% del PIB al cierre del próximo ejercicio.

Sin embargo, el Plan Presupuestario recoge un escenario con medidas económicas ("policy change") en el que se contempla la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2019 y que incorpora un paquete de medidas adicionales, tanto por el lado de los ingresos, como por el lado de los gastos, que permitirían reducir el déficit público hasta el objetivo del 1,8%.

En ese escenario con políticas de cambio, la ratio de ingresos públicos proyectada para 2019 alcanzará el 39,2% del PIB, frente al 38,5% del PIB estimada en 2018. Esta mejora se debe a los mayores recursos procedentes de las modificaciones tributarias contempladas en el acuerdo presupuestario. Por su parte, en este escenario el gasto público se situará en el 40,9% del PIB en 2019.

De hecho, los ingresos de las Administraciones Públicas en 2019 se elevarán un 5,7% hasta los 493.329 millones. Un crecimiento superior al 3,1% que experimentarán los gastos, lo que permite una reducción del déficit público.

Medidas sociales

Entre las medidas de política social que se incluyen en el acuerdo presupuestario destacan la actualización de las pensiones conforme al IPC real, lo que beneficiará a 8,7 millones de pensionistas. Además, habrá un mayor esfuerzo para los mayores más vulnerables con una subida del 3% de las pensiones mínimas y no contributivas, que beneficiará a 2,3 millones de pensionistas.

La supresión del copago farmacéutico beneficiará a 5 millones de pensionistas con renta baja y a 1,8 millones de personas de familias con pocos recursos.

También se incluye para los Presupuestos de 2019 un aumento de las becas para el estudio y ayudas para material escolar en las etapas obligatorias. Asimismo, se incrementa un 40% la dotación para la dependencia y se aumenta la prestación por hijo a cargo para familias vulnerables, que beneficiará a más de 1 millón de personas. También se incluyen ayudas para el comedor para combatir la pobreza infantil o la promoción de la universalización de la escuela de 0 a 3 años.

Asimismo, el compromiso del Gobierno de luchar contra la precarización en el empleo se refleja en la mayor subida en la historia de la democracia del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 900 euros en 14 pagas. Además, la recuperación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años beneficiará a 114.000 nuevas personas que habían quedado excluidas de esta ayuda, mientras que otras 258.000 personas que actualmente cobran este subsidio verán incrementada la cotización al 125% del tope mínimo de cotización.

Con el objetivo de avanzar en la igualdad de género y la conciliación laboral y familiar, se produce la equiparación progresiva del permiso de paternidad y maternidad, de manera que en 2019 los padres disfrutarán de ocho semanas, frente a las cinco actuales. También se mejora la dotación para financiar el Pacto de Estado de Violencia de Género.

Y para avanzar hacia un modelo productivo más sostenible, se incrementa un 6,7% las partidas para I+D+i.

El conjunto de medidas recogidas en el Plan Presupuestario tiene un impacto global de 5.098 millones de euros. Sin embargo, el impacto directo sobre el techo de gasto de los Presupuestos de 2019 se modera hasta los 1.992 millones.

Mayores ingresos

La política tributaria incorporada en el Plan Presupuestario incrementa la contribución de los que más tienen, eleva la progresividad del sistema, reduce los impuestos a las pequeñas empresas y grava nuevos sectores de actividad en línea con las recomendaciones comunitarias. Es una política fiscal responsable. La clase media y trabajadora, los autónomos y las pymes no pagarán más impuestos.

El paquete de medidas tributarias diseñadas por el Gobierno e incluidas en el acuerdo presupuestario de 2019 permitirán unos ingresos adicionales de 5.678 millones de euros. Sin embargo, el impacto directo en los Presupuestos de 2019 -excluyendo los recursos correspondientes a otras administraciones- será de 4.489 millones.

En concreto, la creación en el Impuesto sobre Sociedades de un tipo mínimo del 15% para las grandes empresas y del 18% para el sector financiero y de explotación de hidrocarburos, unido a limitar del 100% al 95% las exenciones a los dividendos y plusvalías generados en el exterior como hacen ya Alemania o Francia, permitirá un aumento de la recaudación de 1.776 millones.

La reducción del tipo del 25% al 23% en Sociedades para las pymes que facturen menos de un millón de euros, tendrá un impacto para las arcas públicas de 260 millones.

La subida del IRPF para las rentas muy altas mediante un incremento de dos puntos en la tributación a partir de los 130.000 euros y de cuatro puntos a partir de 300.000 euros, sumado al aumento de cuatro puntos para las rentas del capital superiores a 140.000 euros, aumentará los ingresos en 328 millones de euros.

La subida del 1% en el Impuesto de Patrimonio para los contribuyentes con una fortuna superior a 10 millones de euros, permite una recaudación adicional de 339 millones.

La rebaja del IVA a los productos de higiene femenina al tipo superreducido del 4% tendrá un impacto de 18 millones de euros, mientras que la reducción del IVA a los servicios veterinarios al tipo reducido del 10%, restará 35 millones.

En el marco de la lucha contra el cambio climático y siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea y otros organismos internacionales para mejorar la fiscalidad verde, la subida de la tributación del diésel de la que estarán excluidos los profesionales del transporte, supondrá unos ingresos de 670 millones de euros.

Por su parte, la creación del Impuesto a las Transacciones Financieras, que gravará con un 0,2% la compraventa de acciones emitidas en España de empresas cotizadas con una capitalización bursátil de más de 1.000 millones y que va en línea con la propuesta de la Comisión Europea, permitirá recaudar 850 millones de euros.

Asimismo, la creación del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, que afectará a las grandes empresas con una facturación de 750 millones a nivel mundial y de 3 millones en España y que también va en línea con la propuesta de la Comisión Europea, permitirá recaudar 1.200 millones de euros.

Por último, las medidas de lucha contra el fraude fiscal contempladas en el acuerdo presupuestario también tendrán un impacto positivo para las arcas públicas de 828 millones.














Tomado de: http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2018/refc20181015.aspx#presupuesto