CONSEJO DE MINISTROS 25 OCTUBRE

El Gobierno recurre al Constitucional "por sentido de Estado" la Resolución del Parlamento de Cataluña sobre la monarquía

El Ejecutivo considera que el texto supone el intento del Parlamento catalán de iniciar un proceso unilateral que desemboque en una "hipotética república", así como una extralimitación en las funciones de esa Cámara autonómica. Además, el Consejo de Ministros ha acordado destinar 40 millones de euros a la atención de los menores extranjeros no acompañados.

El Consejo de Ministros, reunido por primera vez en Sevilla, ha decidido interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Resolución del 11 de octubre del Parlamento de Cataluña por la que rechazaba la intervención del Rey Felipe VI en el "conflicto catalán" y defendía la abolición de la monarquía.

• La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha recordado que el pasado viernes el Ejecutivo solicitó al Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo, un informe sobre esa impugnación, informe que es "preceptivo pero no vinculante". 
• En su dictamen, el Consejo de Estado concluye que esa resolución del Parlamento catalán no constituye "objeto idóneo para su impugnación" ante el Constitucional. El Gobierno, ha afirmado Celaá, respeta la opinión del Consejo de Estado, pero no comparte su argumentación jurídica, por lo que recurrirá la resolución "por sentido de Estado".
• La portavoz ha explicado que el Consejo de Estado señala que la Resolución del 11 de octubre es "un grave atentado al principio de lealtad institucional y una declaración política que manifiestamente degrada la forma política del Estado español y los principios democráticos que la Constitución consagra", pero entiende que esas mociones parlamentarias "tienen una naturaleza netamente política y no jurídica".
• Sin embargo, ha indicado Celaá, el Ejecutivo considera que la Resolución sí es inconstitucional, pues supone un intento del Parlamento catalán de "iniciar un proceso unilateral que desemboque en la proclamación de una hipotética república, lo que vulnera claramente la Constitución y contraviene la última doctrina emanada del Tribunal Constitucional".
• Además, el Gobierno cree que el intento de abolir la monarquía y el ataque a la figura del Rey suponen, "y así lo manifiesta también el Consejo de Estado, una extralimitación en las funciones de la Cámara autonómica catalana", lo que vulnera tanto la Constitución como el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que financia con 40 millones de euros a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para que sufraguen la atención a los menores extranjeros no acompañados acogidos en el año 2018, así como, si es preciso, su traslado entre comunidades.

• La portavoz del Ejecutivo ha señalado que se ha incrementado el número de llegadas de menores en los últimos meses, por lo que el Gobierno, respondiendo a razones de interés público, social y humanitario, ha articulado estas ayudas para las comunidades y ciudades autónomas que lo soliciten. Su ámbito de aplicación comprende desde el 31 de diciembre de 2017 al 30 de septiembre de 2018.
• Isabel Celaá ha concretado que de los 40 millones de euros, 38 se repartirán proporcionalmente en función del número de menores no acompañados que cada administración autonómica haya asumido. Los otros dos millones de euros se reservan para cubrir los gastos derivados de la atención a los menores en las comunidades que sufran un incremento estacional a partir de septiembre.

El Gobierno ha aprobado un Real Decreto-ley por el que se prohíben en todo el territorio nacional las embarcaciones de alta velocidad conocidas como 'narcolanchas'. Este tipo de embarcaciones son utilizadas por las mafias para el contrabando de mercancías y, en los últimos meses, para el tráfico de seres humanos.

• Isabel Celaá ha argumentado que, dada la urgencia y gravedad del problema, el Ejecutivo ha decidido sustituir el anteproyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica de Represión del Contrabando presentado el pasado mes de julio por este Real Decreto.
• La norma afecta a las embarcaciones neumáticas y semirrígidas de alta velocidad de más de ocho metros de eslora, así como a las de longitud igual o inferior que cuenten con una potencia máxima igual o superior a 150 kilovatios, y a cualquier otra embarcación, con independencia de sus dimensiones y potencia, si existen indicios de que pueden ser utilizadas para cometer delitos de contrabando.
• La ministra ha aclarado que se mantiene la creación del Registro Especial de Operadores de Embarcaciones Neumáticas y Semirrígidas de Alta Velocidad y que quedan exceptuadas de la prohibición, previa autorización e inscripción en el registro, las embarcaciones adscritas a la defensa nacional y a salvamento marítimo, entre otras.

El Gobierno ha estudiado un informe sobre las consecuencias de las últimas lluvias torrenciales que se han focalizado en las regiones de Levante, Cataluña, Aragón y Andalucía.

• Isabel Celaá ha anunciado la concesión de la Medalla del Mérito de Protección Civil en su categoría de oro y distintivo rojo al bombero José Gil Gutiérrez, fallecido la semana pasada en acto de servicio mientras intentaba auxiliar a personas afectadas por el temporal.
• La portavoz ha explicado que el Ejecutivo, tras analizar toda la información remitida por las autoridades autonómicas y locales, ha dado los primeros pasos para asegurar que los afectados reciban la ayuda necesaria para atender sus necesidades inmediatas. Además, está estudiando contemplar la zona afectada como zona catastrófica. Con esa declaración se facilitarían ayudas extraordinarias a los afectados.
• Por otra parte, el Gobierno ha agradecido a todas las personas que han ayudado a enmendar el daño causado, particularmente a los voluntarios y las voluntarias que con su labor han desbordado todas las expectativas

La portavoz ha informado de que el Consejo de Ministros ha aprobado una nueva regulación para mejorar el procedimiento de concesión de autorizaciones para nuevas plantaciones de viñedos y para dar prioridad a los jóvenes viticultores y a los investigadores.

• Isabel Celaá ha recordado que España tiene casi un millón de hectáreas de viñedo, en la misma línea que Italia y Francia, por lo que el Ejecutivo quiere estar preparado para incorporar las directivas comunitarias.

El Gobierno ha acordado destinar casi 100 millones de euros para financiar cerca de 500 proyectos empresariales innovadores impulsados por pymes, empresas tecnológicas y jóvenes emprendedores.

• Por otra parte, el Consejo de Ministros ha autorizado a la Agencia Estatal de Investigación a convocar 265 ayudas por un importe total de 19 millones de euros para la contratación de doctores y para la formación de investigadores en empresas. 

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que completa la trasposición a nuestro ordenamiento de la "Directiva Offshore" sobre la seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro.

• Esta norma desarrolla, a su vez, otro Real Decreto, convalidado por el Congreso, en el que se establecen disposiciones de seguridad en la investigación y explotación de hidrocarburos en el medio marino, según ha apuntado Isabel Celaá.

En su balance de la semana, Isabel Celaá ha destacado la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la factoría del grupo Renault en Valladolid, una prueba del compromiso del Ejecutivo con este sector, que emplea en España a unas 250.000 personas, y con su transformación en una industria "menos agresiva con el medio ambiente".

• En el ámbito económico, la ministra de Educación y Formación Profesional ha resaltado que en el tercer trimestre del año la tasa del paro se ha situado por debajo del 15%, algo que no ocurría desde 2008, según los datos de la última Encuesta de Población Activa. La economía española ya encadena más de cuatro años "creando empleo masivamente", ha asegurado Celaá.

REAL DECRETO-LEY PARA ACABAR CON LAS EMBARCACIONES NEUMÁTICAS SEMIRRÍGIDAS Y AVANZAR EN LA LUCHA CONTRA LAS MAFIAS

Se tramita como Real Decreto-ley por su "extraordinaria y urgente necesidad".

La modificación normativa permitirá incautarlas incluso en tierra y sin carga ilícita.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley por el que se prohíben las embarcaciones de alta velocidad que utilizan habitualmente los narcotraficantes. Este tipo de embarcaciones son utilizadas por las mafias, especialmente en las costas del Campo de Gibraltar, para el tráfico ilícito de personas y mercancías.

• El Gobierno considera que el instrumento más adecuado para llevar a cabo esta medida es el Real Decreto-ley, "por su extraordinaria y urgente necesidad". Con esta norma se hace frente al incremento del uso de este tipo de embarcaciones en el contrabando, especialmente de drogas. Y, en los últimos meses, también se han empleado para la introducción irregular de personas procedentes del Norte de África por vía marítima, a través del Estrecho de Gibraltar.
• Desde 2012 a septiembre de 2018 las organizaciones de narcotraficantes han intentado introducir más de 165 toneladas de hachís utilizando este tipo de embarcaciones y se ha procedido por Vigilancia Aduanera a la intervención de 81 embarcaciones y a la detención de 282 personas.
• La excepcionalidad, urgencia, gravedad y relevancia del problema justifican la tramitación de un Real Decreto-ley, pues es necesaria una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido para la tramitación parlamentaria de una ley. Este Real Decreto-ley sustituye y hace decaer al Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley Orgánica de Represión del Contrabando presentado el pasado mes de julio.
• Con la normativa actual resulta muy difícil actuar contra las organizaciones criminales que emplean estas embarcaciones, pues resulta frecuente intervenirlas cuando se han desprendido de la carga ilícita, resultando prácticamente imposible proceder legalmente.
• Esta norma supone establecer un control sobre estos sofisticados medios de transporte marítimo, que escapan en muchas ocasiones a los controles policiales y aduaneros, e impedirá, o cuanto menos dificultará notablemente, la comisión de esas actividades ilícitas.
• Mediante esta iniciativa se penalizará el uso ilegítimo de las embarcaciones semirrígidas y neumáticas de alta velocidad, denominadas 'RHIBS', al objeto de dotar a los órganos encargados de la represión del contrabando de una herramienta jurídica eficaz para proceder contra una tipología de embarcaciones habitualmente utilizada por las organizaciones mafiosas, permitiendo incautarlas incluso en tierra y sin carga ilícita e incoar los correspondientes expedientes sancionadores o formular las denuncias que resulten pertinentes.
• La simple tenencia de estas embarcaciones constituirá un supuesto de contrabando y permitirá a las fuerzas de seguridad su inmediata intervención. Además, la medida impedirá el transporte ilegal de personas en el Estrecho de Gibraltar.
• El Real Decreto-ley afecta a las embarcaciones neumáticas y semirrígidas de alta velocidad de más de ocho metros de eslora, así como a las de longitud igual o inferior que cuenten con una potencia máxima igual o superior a 150 kilovatios, y a cualquier otra embarcación, con independencia de dimensiones y potencia, si existen indicios racionales enumerados en la propia regulación de que pueden ser utilizadas para cometer o facilitar la comisión de un delito de contrabando.
• Se establece, en paralelo, un régimen de excepciones a la prohibición para las embarcaciones neumáticas y semirrígidas adscritas a la defensa nacional, los buques o embarcaciones de Estado extranjeras que se encuentren legalmente en aguas españolas, las embarcaciones del Estado y administraciones territoriales, y las adscritas a organizaciones internacionales reconocidas como tales en España, así como las embarcaciones auxiliares efectiva y exclusivamente afectas al servicio de una embarcación principal.
• Adicionalmente, quedarán exceptuadas de la prohibición, previa autorización e inscripción en un registro, las embarcaciones distintas a las anteriores que se encuentren afectas a salvamento y asistencia marítima; las que se utilizan para navegación interior por lagos, ríos y aguas fuera de los espacios marítimos españoles; las afectas al ejercicio de actividades empresariales, deportivas, de investigación o formación, y las de recreo destinadas a uso privado que cumplan los requisitos reglamentariamente establecidos en materia de seguridad, técnicos y de comercialización.
• Para garantizar el cumplimiento de esta norma se creará el Registro Especial de Operadores de Embarcaciones Neumáticas y Semirrígidas de Alta Velocidad, ubicado en la Agencia Tributaria, al que podrán acceder otros organismos, y un mecanismo de inspección y control que serán desarrollados reglamentariamente.
• Los solicitantes de dicho registro deberán especificar las características de la embarcación, especificando eslora y potencia de motores, la actividad para la que se solicita la autorización y el área geográfica donde se empleará dicha embarcación.
• La propuesta de cambio normativo, al tramitarse como Real Decreto-ley, entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
• Se va a mantener, mediante una disposición transitoria, un periodo de seis meses para que se regularice la situación de embarcaciones que deban ser objeto de autorización de uso e inscripción en el registro. A tal efecto, los operadores podrán dirigir sus solicitudes a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria siguiendo las instrucciones que se muestran en la misma.
• En tanto no haya resolución expresa sobre la solicitud, ésta se entenderá provisionalmente concedida, sin que ello condicione la decisión final que se adopte.

DESTINADOS 40 MILLONES DE EUROS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA LA AYUDA Y ATENCIÓN SOLIDARIA A LOS MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS

Esta ayuda se dirige a sufragar la atención y acogida de los menores, así como, en su caso, el traslado de menores en situación de desamparo entre Comunidades Autónomas.

El Gobierno activa medidas de ayuda económica e impulsa la atención solidaria de los menores entre Comunidades Autónomas al objeto de garantizar las mejores condiciones de atención.

De forma paralela, el Gobierno trabaja en distintas iniciativas con las CCAA, Fiscalía y ONG para mejorar el protocolo y el modelo de atención de los menores.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto para financiar con 40 millones de euros a las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla por el incremento del número de menores extranjeros no acompañados acogidos en el año 2018.

• Esta ayuda se destina a sufragar la atención y acogida de los menores, así como, en su caso, el traslado de menores en situación de desamparo entre Comunidades Autónomas.
• Las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla son las responsables de la atención en sus respectivos territorios y, cuando se constata que un menor se encuentra en situación de desamparo, les corresponde la tutela del mismo así como las medidas de protección necesarias para su guarda.
• Dado el incremento del número de llegadas de menores en los últimos meses y respondiendo a razones de interés público, social y humanitario, el Gobierno ha articulado estas ayudas para colaborar en el esfuerzo que realizan las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla.
• Con ello, el Gobierno activa medidas de ayuda económica e impulsa la atención solidaria de los menores entre Comunidades Autónomas al objeto de garantizar las mejores condiciones de atención.
• Es la primera vez que el Ministerio con competencias sobre la infancia concede una subvención para la atención a los menores extranjeros no acompañados.
• De los 40 millones de euros, 38 se repartirán proporcionalmente en función de dos criterios.
• Por un lado, el incremento entre el 31 de diciembre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018 del número de menores inscritos en el Registro de Menores Extranjeros no Acompañados del Ministerio del Interior. Este registro se elabora con la información que remiten las Comunidades Autónomas y es el único oficial.
• Por otro, aquellas Comunidades Autónomas que acojan a menores de otras autonomías, recibirán un incremento del 25% de la ayuda por cada uno de ellos, en reconocimiento a la solidaridad mostrada.
• De esta forma, para ser beneficiarias de las ayudas, las CC AA deben haber reflejado un aumento de menores en el registro oficial del Ministerio del Interior en el periodo contemplado o haber acogido menores de otras autonomías.
• Además, se reservan dos millones de euros para cubrir los gastos derivados de la atención a los menores en las Comunidades que puedan sufrir un incremento estacional a partir de septiembre.
• De forma paralela, el Gobierno está trabajando en distintas iniciativas relacionadas con la mejora de la atención de los menores no acompañados.
• Una de ellas tiene que ver con la mejora del Protocolo Marco sobre determinadas actuaciones en relación con los menores extranjeros no acompañados, de 2014. En relación a esta medida, hoy mismo se celebra la segunda reunión de la Mesa de Coordinación Interterritorial sobre menores extranjeros no acompañados en la que está previsto abordar aspectos relacionados con el registro o la determinación de la edad, así como coordinar actuaciones entre las distintas autonomías. Al encuentro asisten representantes de los Ministerios de Sanidad, Consumo y Bienestar Social; Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; Exteriores; Justicia; Interior; Política Territorial y Función Pública y del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil; además de representantes de las direcciones generales de Infancia de las CC AA y la Fiscalía de Extranjería.
• Por otra parte, se ha constituido un grupo de trabajo sobre menores migrantes en el que, además del Gobierno, Fiscalía y CC AA están presentes ONG, y que tiene por objeto el análisis y propuestas relacionadas con el modelo específico de atención a los menores extranjeros no acompañados, dado el distinto perfil de necesidades que presentan respecto al resto de menores que se encuentran en los centros de atención. De esta forma, el Gobierno está ofreciendo un espacio en el que todas las administraciones implicadas puedan compartir información y debatir propuestas.
• El objetivo es encontrar vías de solución a través de la cooperación entre administraciones y en el marco de las competencias y de la solidaridad interterritorial.

REMITIDA AL TRIBUNAL DE CUENTAS LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO 2017

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión de la Cuenta General del Estado relativa al ejercicio 2017 al Tribunal de Cuentas.

La Cuenta General ha sido elaborada por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y debe remitirse al Tribunal de Cuentas antes del 31 de octubre, en cumplimiento del artículo 131 de la Ley General Presupuestaria.

La presente Cuenta General se realiza conforme a lo dispuesto en la Orden por la que se regula la elaboración de la Cuenta General del Estado y se forma, desde el ejercicio 2014, como una Cuenta Única Consolidada, abandonando la estructura de tres cuentas (Cuentas Generales del sector público administrativo, empresarial y fundacional) vigente hasta el ejercicio 2013.

• Se presentan, por tanto, todos los estados financieros consolidados:
• Balance consolidado
• Cuenta del resultado económico patrimonial consolidada.
• Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado.
• Estado de flujos de efectivo consolidado.
• Estado de liquidación del presupuesto consolidado.
• Memoria consolidada.
• En este ejercicio se produce por primera vez la consolidación por el método de integración global de las fundaciones del sector público estatal, así como de todos los consorcios adscritos a la Administración General del Estado. Asimismo, se amplía la información en la memoria relativa a los principales epígrafes del Balance.
• De un total de 402 entidades del sector público estatal se han integrado las cuentas de 384 entidades. Asimismo, se han integrado 10 de un total de 16 entidades multigrupo y asociadas con participación directa de la Administración General del Estado, así como 184 entidades multigrupo y asociadas participadas de forma indirecta por la Administración General del Estado, entre las que se incluyen 90 que forman parte de un grupo consolidado. Todo ello ha supuesto tratar alrededor de 20.900 operaciones, mientras que en el ejercicio 2016 las operaciones tratadas ascendieron a 19.800.

CONVENIO ENTRE SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL Y MADRID PARA COLABORAR EN EL DESARROLLO DE ACCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE CUALIFICACIONES Y FORMACIÓN PROFESIONAL

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y la Comunidad de Madrid para el desarrollo de acciones dirigidas a la actualización, implantación y control de calidad de los certificacos de profesionalidad, así como el diseño y ejecución de trabajos relacionados con esta materia.

• A través de este convenio, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad de Madrid se compromete a proporcionar 16 expertos docentes para colaborar en los trabajos de desarrollo de los diferentes instrumentos y acciones del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional. Además, pondrá a disposición del SEPE un conjunto de recursos metodológicos propios y material técnico necesario para su realizacion. La aportación de la Comunidad de Madrid está cuantificada en 200.000 euros.
• Por su parte, el SEPE asume la financiación de las nóminas correspondientes a los 16 expertos y facilitará los medios materiales y tecnológicos requeridos para el desarrollo de su actividad, realizando previamente procesos de formación metodológica.
• La aportación del SEPE a la financiación de las acciones de este convenio asciende a un total de 785.000 euros, distribuidos en dos ejercicios: 360.000 euros para el ejercicio de 2018 y 425.000 euros para el ejercicio de 2019.
• El convenio se prolongará hasta el 31 de agosto de 2019. Su suscripción facilita la utilizacion conjunta de medios y servicios públicos y mejora la eficiencia de la gestión pública en el ámbito de la formación profesional.

CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA AL FONDO FIDUCIARIO DEL CONVENIO DE VIENA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza la contribución voluntaria al Fondo Fiduciario del Convenio de Viena, por un importe total de 17.830,00 USD.

El Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono y el Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, fueron establecidos en el marco del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) con objeto de reducir la producción y el consumo de las sustancias que agotan y destruyen la capa de ozono, reduciendo así su abundancia en la estratosfera.

• Son estos dos tratados en los que participan un mayor número de países miembros, adquiriendo el carácter de tratados universales en la historia de las Naciones Unidas, puesto que no existe prácticamente ninguna nación que no los haya ratificado y contribuya a cumplir sus medidas.
• Gracias a ello, se ha llegado a reducir en más del 97% el uso de sustancias que agotan la capa de ozono, favoreciendo que en un futuro se recupere esta capa protectora frente a los dañinos rayos ultravioleta.
• España, que se adhirió al Convenio de Viena en 1988 (BOE de 16 de noviembre de 1988), es uno de los países más beneficiados con esta tendencia, dada su posición geográfica y su clima.
• En el citado Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, existen dos fondos relacionados con la protección de la capa de ozono cuyas contribuciones derivan de los compromisos suscritos por nuestro país. Se trata de los Fondos Fiduciarios:
• Para el Convenio de Viena, cuyo objeto es la protección de la capa de ozono. Se encuentra previsto en el texto del Convenio (párrafo 3 del artículo 6) y permite el funcionamiento de la Secretaría del mismo.
• Para el Protocolo de Montreal, cuyo objeto es la eliminación de las sustancias que agotan la capa de ozono.
• Las contribuciones de cada país para cubrir estos fondos están previstas en los textos de los tratados, y los presupuestos se aprueban en la Reunión de las Partes correspondiente.
• Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación se vino financiando la contribución de España a ambos fondos fiduciarios del Convenio de Viena y del Protocolo de Montreal hasta el año 2011, en el que dejó de abonarla.
• Ahora, desde el Ministerio para la Transición Ecológica, se propone realizar una contribución voluntaria al Fondo Fiduciario del Convenio de Viena, por un total de 17.830 dólares estadounidenses para el ejercicio de 2018, que equivalen a 15.210 €.

APROBADAS DOS CONTRIBUCIONES FINANCIERAS A LOS FONDOS AFRICANO Y ASIÁTICO DE DESARROLLO, POR IMPORTE DE 24 MILLONES DE EUROS

El Consejo de Ministros ha autorizado dos aportaciones financieras al Fondo Africano de Desarrollo y al Fondo Asiático de Desarrollo, por importes de 18 y 6,2 millones de euros respectivamente.

• Las aportaciones a estos fondos refuerzan el compromiso de España con los países más desfavorecidos y su papel dentro de la arquitectura financiera internacional.
• El Fondo Africano de Desarrollo (FAfD) es la ventanilla de financiación concesional del Grupo Banco Africano de Desarrollo. El Fondo, del que España es miembro fundador, fue creado en 1972 y tiene como objetivos fundamentales luchar contra la pobreza y mejorar la calidad de vida en los 40 países más pobres del continente africano.
• Por su parte, el Fondo Asiático de Desarrollo (FAsD) se encuadra en la estructura del Banco Asiático de Desarrollo (BAsD). Comparte con su homólogo africano el objetivo de luchar contra la pobreza y mejorar la calidad de vida de los países de la región.