CONSEJO DE MINISTROS Y MINISTRAS 05102018

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley para afrontar, de manera urgente, la subida de los precios de la electricidad, mejorar la información a los consumidores, reducir la factura energética y "acelerar la transición a una economía descarbonizada mediante una mayor integración de las energías renovables, el fomento de la movilidad sostenible y la eficiencia energética", según ha explicado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

• La ministra ha afirmado que el texto es la respuesta inmediata del Ejecutivo ante la llegada del invierno y el paso previo a la reorientación de una política energética del país "en la que los criterios de renta tengan prioridad en el reparto de la contribución solidaria de la sociedad española para con los colectivos más vulnerables".
• La norma incluye medidas para luchar contra la pobreza energética que afecta a 4,6 millones de españoles. En este sentido, el Gobierno amplía los supuestos para que más colectivos puedan acogerse al bono social eléctrico, como las familias monoparentales y personas dependientes en los grados 2 y 3.
• Ribera ha anunciado que, además, se crea un bono social térmico: "Incrementamos en un 15% el beneficio del bono social e incluimos prohibiciones y limitaciones de cortes de suministro durante el invierno, y añadimos la creación de un bono social térmico para cubrir las necesidades de calefacción, del que se podrán beneficiar las mismas personas que son beneficiarias del bono social eléctrico".
• La ministra ha destacado que se prohíbe la comercialización de suministro eléctrico y de gas mediante visitas domiciliarias -el denominado sistema de puerta a puerta-: "Pensamos que esto puede dar lugar a malentendidos o a excesos de confianza por parte de los vecinos a la hora de firmar un nuevo contrato".
• Además, Ribera ha señalado que será obligatorio mejorar la información a los consumidores en aspectos como la modalidad de tarifa y la discriminación horaria: "La factura debe dejar de ser ese gran desconocido que llama a nuestra puerta cada mes y que nadie entiende qué es lo que está allí incluido".
• Por otra parte, el Real Decreto-ley elimina las barreras regulatorias que, hasta el momento, dificultan y desincentivan la implantación del autoconsumo eléctrico en España, como el denominado 'impuesto al sol'. "Creemos que una de las medidas que más puede contribuir a una modernización de nuestro sistema eléctrico es aceptar con total naturalidad que hay productores consumidores, en mayor número y mucho más diversos" de los que hasta ahora ha tenido el panorama eléctrico, ha argumentado la ministra.
• La ministra ha apuntado que un país tan rico en sol como España cuenta con 1.000 instalaciones de pequeña potencia frente al más de un millón existente en Alemania: "Tenemos un largo recorrido para mejorar, modernizar e incorporar a nuestro sistema el autoconsumo".
• Por otra parte, Teresa Ribera ha avanzado que se eliminarán algunas trabas burocráticas para favorecer la gestión de las recargas eléctricas para los automóviles.
• Asimismo, se prorroga hasta el 31 de marzo de 2020 el plazo para la entrada en funcionamiento de los 9.000 megavatios de potencia adjudicada en las últimas subastas de renovables.
• Como medida ante la subida del precio de la luz experimentada en los últimos meses, la ministra ha anunciado que se suspende durante seis meses, coincidiendo con los meses de mayor demanda, el impuesto del 7% sobre el valor de la producción de la energía eléctrica y el Impuesto Especial de Hidrocarburos para la producción eléctrica: "Entendemos que esta medida tendrá un impacto en el consumo medio de los hogares de alrededor del cuatro por ciento de la factura".
• Ribera ha manifestado que se trata de "una medida de alivio" mientras el Gobierno trabaja en dos grandes estrategias: la Estrategia Nacional contra la pobreza Energética y la Estrategia de Transición Justa.

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha anunciado que el Gobierno prevé que el "crecimiento robusto" de la economía española prosiga este año y el próximo, lo que se reflejará en el proyecto de Presupuestos Generales para 2019.

• Calviño ha destacado que las previsiones de los organismos nacionales e internacionales coinciden en que el Producto Interior Bruto (PIB) de España crecerá entre el 2,6 y el 2,8 por ciento en 2018, y entre el 2,2 y el 2,5 por ciento en 2019. "Es decir, que la economía española mantiene un tono fuerte y se encuentra en una fase positiva del ciclo, con un crecimiento que se ha ido moderando paulatinamente desde el máximo que se alcanzó en 2015", pero que continúa en "tasas muy notables y por encima de las de los países de nuestro entorno", ha manifestado.
• La ministra ha recordado que uno de esos organismos, el Fondo Monetario Internacional, ha señalado, tras visitar sus técnicos España esta semana, que el objetivo de déficit del 1,8% del PIB para 2019 es "crucial y apropiado" y que las medidas para reducir las desigualdades son compatibles con la bajada del déficit fiscal. "De manera general hay confianza en los fundamentos del crecimiento de nuestro país, confianza que se refleja cada semana en la evolución de los mercados financieros internacionales", ha dicho.
• Respecto a los indicadores más recientes, Nadia Calviño ha incluido entre los positivos los referentes al turismo: en los ocho primeros meses del año se mantuvo prácticamente estable la llegada de turistas con respecto a 2017 -que fue un ejercicio récord- y, además, creció el gasto por turista. Esas cifras, ha apuntado, reflejan la apuesta del Ejecutivo por mejorar la calidad del turismo, algo que incrementa tanto los ingresos del sector como la sostenibilidad del modelo.
• La ministra se ha referido, asimismo, a la subida en septiembre de las afiliaciones a la Seguridad Social y los contratos indefinidos, así como a la caída del paro en términos interanuales y al récord de empleo femenino alcanzado ese mes. También han sido favorables los últimos datos del comercio al por menor y de la producción industrial.
• Por el contrario, ha señalado, las exportaciones se han comportado peor en el arranque del año por la ralentización de nuestros principales mercados, aunque siguen en tasas positivas. También han perdido dinamismo el consumo de los hogares y el sector servicios y han bajado el indicador del sentimiento económico y la confianza del consumidor. 
• "Pero en líneas generales no ponen en cuestión las tendencias que los analistas nacionales y los internacionales consideran para nuestra economía", ha asegurado Calviño, quien ha dicho que el Gobierno sigue "con mucha atención" los riesgos que existen en nuestro entorno, como la evolución de los precios de la energía y de los tipos de interés, las tensiones comerciales y financieras o el posible impacto del Brexit.

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha presentado en el Consejo de Ministros un informe sobre la ejecución del Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020, aprobado el pasado 27 de julio para luchar contra el fraude en la contratación temporal, según ha informado la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá.

• Celaá ha calificado de "excelentes" los resultados del Plan, ya que ha conseguido que entre agosto y septiembre 47.025 contratos temporales se convirtieran en indefinidos. Esto supone, ha indicado, que en apenas dos meses de actuación se ha logrado el equivalente al 50 por ciento de las transformaciones logradas en todo 2017. Además, 6.451 contratos a tiempo parcial han aumentado su jornada gracias a este plan de choque, y se han realizado 12.000 actuaciones contra la figura de los falsos autónomos.
• Celaá ha apuntado que este año se convocará una oferta de empleo público para contratar a 353 nuevos inspectores de Trabajo y que, cuando concluya el Plan Director en 2020, habrá en total 833.

El Consejo de Ministros ha destinado 80 millones de euros a subvenciones a entidades locales para financiar proyectos de empleo, autoempleo y emprendimiento colectivo en el marco de la lucha contra el reto demográfico en los municipios con menor población

• La portavoz del Ejecutivo ha detallado que se trata de actuaciones dirigidas a un segmento muy concreto, el de los jóvenes entre 16 y 30 años que no están ni ocupados ni integrados en un sistema de formación. El objetivo es promover la empleabilidad y el emprendimiento para que estas personas sigan viviendo en sus lugares de origen.

Otros temas:

• Concedido el ascenso honorífico a 85 militares y guardias civiles fallecidos en acto de servicio y a 15 militares y guardias civiles retirados por incapacidad producida como consecuencia del servicio o por méritos excepcionales.
• Nombrados vocales del Patronato del Instituto Cervantes.
• Declaración de emergencia para adecuar las antiguas dependencias de un acuartelamiento militar en Motril (Granada) al alojamiento de inmigrantes.
• Autorizada la convocatoria de ayudas a la amortización de largometrajes por valor de 64 millones de euros.
• Aprobada la declaración como Obligación de Servicio Público de las rutas aéreas Melilla-Almería, Melilla-Granada y Melilla-Sevilla.

La portavoz del Ejecutivo ha iniciado su comparecencia tras el Consejo de Ministros expresando su preocupación por el discurso del president de la Generalitat, Quim Torra, y por la paralización de la actividad parlamentaria en Cataluña.

• Isabel Celaá ha subrayado que "si el Parlament adopta decisiones contrarias a la Constitución, el Gobierno actuará en consecuencia". El Ejecutivo, ha añadido, sigue apostando por el consenso y por el acuerdo" e insta a Torra a "liderar un diálogo entre catalanes" y a los independentistas a que "liberen las instituciones para que estas puedan trabajar por los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña".

APROBADAS MEDIDAS URGENTES ANTE LA SUBIDA DEL PRECIO DE LA ELECTRICIDAD Y PARA IMPULSAR LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Mediante un Real Decreto-Ley, el Ejecutivo amplía la cobertura del bono social eléctrico y crea un bono térmico, una ayuda directa para sufragar los gastos de calefacción. En el plazo de seis meses, se presentará una Estrategia contra la Pobreza Energética.

La norma suspende el impuesto sobre la generación y aprueba una exención del mal llamado céntimo verde, dos medidas de choque para moderar con urgencia el precio de la electricidad en el mercado mayorista y, en consecuencia, el recibo de la luz.

Se reconoce el derecho a autoconsumir sin cargos, eliminando el denominado "impuesto al sol". Se regula el autoconsumo compartido y se simplifican los trámites administrativos y técnicos del autoconsumo.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-Ley para abordar, de forma urgente, la actual subida de los precios de la electricidad, ofrecer una mayor cobertura a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad e incrementar la protección de los consumidores, con medidas que permitirán ajustar mejor la tarifa al consumo, reduciendo su factura eléctrica. 

• Asimismo, la norma adopta medidas para acelerar la transición hacia un modelo energético basado en energías renovables. Entre otras, se elimina el denominado "impuesto al sol", se reconoce legalmente el autoconsumo compartido y se flexibiliza la actividad de recarga de vehículos eléctricos, eliminado la figura del gestor de carga.
• El texto legal fija como prioridad del Ejecutivo la lucha contra la pobreza energética, que afecta a unos 4,6 millones de personas. En el plazo de seis meses desde su entrada en vigor, el Gobierno presentará una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética que establecerá objetivos, en el medio y largo plazo, y un marco de acción estable para su erradicación. 
• En su elaboración se contará con las comunidades autónomas y entidades locales, las asociaciones de consumidores, los representantes del tercer sector y las empresas energéticas.
• Como medidas de acción urgente, el actual bono social eléctrico amplía su cobertura. Entre otras cuestiones, el Real Decreto-Ley prohíbe el corte de suministro en los hogares acogidos al bono social donde viva al menos un menor de 16 años. Esta medida se hace extensiva también a los hogares donde resida al menos una persona con un nivel de discapacidad del 33% o superior. De igual modo, se aplicará cuando viva en la vivienda al menos una persona en situación de dependencia en Grado II y III. Estas circunstancias, que deberán evaluarse y acreditarse mediante certificados expedidos por los servicios sociales, no estaban contempladas en la anterior regulación del bono.
• Por otro lado, y con el objeto de que más familias monoparentales puedan acceder al bono social, se determinan criterios de renta específicos para estos colectivos, más susceptibles al riesgo de pobreza energética, especialmente en el caso de las mujeres: el 85% de los hogares monoparentales tienen al frente a una madre. El umbral de renta máximo para que una familia monoparental pueda acceder al bono social se incrementará en 0,5 veces el IPREM respecto al de las familias biparentales.
• Los límites de consumo de energía con derecho a descuento se amplían un 15% con dos objetivos: compensar los incrementos de precios y acercarse más a los consumos reales de los hogares más vulnerables. Asimismo, el cómputo de consumo anual con derecho a descuento que se liquidaba cada mes, se flexibiliza. Ahora la energía con derecho a descuento no consumida un mes, puede utilizarse en otro momento. Se facilita así la protección de los hogares durante los meses de mayor consumo, que suelen corresponderse con los de temperaturas más bajas.
• La norma aprobada hoy también prorroga el plazo para renovar el bono social eléctrico a aquellos consumidores que estuvieran acogidos al bono social antiguo, cuyo plazo de renovación acababa el próximo 8 de octubre. 
• El nuevo plazo es el 31 de diciembre. De esta manera, quien solicite la renovación del bono después de 8 de octubre y cumpla los requisitos no verá interrumpido el acceso al descuento.
• Por último, el Gobierno endurece las medidas sancionadoras a las empresas comercializadoras, que gestionan y financian el bono social. Por ejemplo, aquellas que impongan injustificadamente condiciones, dificultades o retrasos en relación con la tramitación de las solicitudes podrían ser sancionadas con multas de hasta 60 millones de euros, en el caso de infracciones muy graves.
• Para ampliar la protección de los beneficiarios del bono social eléctrico, el Ejecutivo crea un bono social término (BST). Se trata una ayuda económica directa para que los hogares vulnerables puedan hacer frente a sus gastos de calefacción, agua caliente o cocina este invierno, con independencia del combustible que utilicen.
• Recibirán el BST este invierno los hogares que estén acogidos al bono social eléctrico a fecha de 31 de diciembre de 2018. Todo consumidor que cumpla las condiciones para acceder al bono social eléctrico y haya presentado su solicitud antes de la citada fecha percibirá el bono eléctrico y el de calefacción.
• El importe del BST dependerá de la cantidad que se consigne cada año en los Presupuestos Generales del Estado y del número de beneficiarios del bono social eléctrico a 31 de diciembre. La cuantía de esta ayuda dependerá de la condición de consumidor vulnerable o vulnerable severo, y de la zona climática donde esté ubicada la localidad en la que reside el beneficiario.
• A modo de referencia, con un presupuesto de 100 millones de euros y si el número de beneficiarios del bono eléctrico a 31 de diciembre fuera de 1,5 millones, las cuantías del bono oscilarían entre un mínimo de 25 euros (para el consumidor vulnerable en zona cálida) y un máximo de 130 euros (para el consumidor vulnerable severo en zona muy fría)
• El Real Decreto-Ley contiene medidas dirigidas a incrementar la protección del conjunto de consumidores de electricidad, lo que permitirá optimizar la contratación de este suministro y reducir la factura eléctrica.
• Si se dispone de contador digital, se podrá contratar la potencia en múltiplos de 0,1 para ajustarla con exactitud a las necesidades de consumo. Hasta el momento, los escalones de contratación de potencia eran de 1,1 kilovatios. Teniendo en cuenta que, en el último trimestre de 2017, casi el 40% de los hogares tenía una potencia contratada entre los 4 y los 6 kilovatios, existe un margen para el ajuste y, por tanto, para el ahorro y la eficiencia en el consumo. Por ejemplo, un cambio de potencia de 0,5 kW - de 4,6 a 4,1 kW- podría suponer un ahorro en la factura anual de 26 euros en un hogar tipo, en el que vivan cuatro personas.
• Además, en cada período de facturación, las comercializadoras deberán incluir en la factura de cada consumidor que tenga contratado el PVPC el importe al que hubiera ascendido de haberse aplicado una tarifa con discriminación horaria a las que puede acceder. Son dos: tarifas con precios de la electricidad dividido en dos tramos, punta y valle; o en tres tramos, punta, valle y supervalle. 
• En la actualidad, en torno a 660.000 de los 11,1 millones de usuarios adscritos a la tarifa de precio regulado se acogen a tarifas con discriminación horaria.
• Los análisis indican que el mero cambio puede generar un ahorro que, en muchos casos, pueden superar los 20€ anuales, pudiendo ser aún mayor si se adoptan hábitos de consumo eficiente. De hecho, siete de cada diez usuarios que optan por este sistema de tarificación tienen en cuenta la división entre periodos de tarificación para sus decisiones de consumo.
• El Real Decreto-Ley prohíbe a las comercializadoras eléctricas, y también las de gas natural, realizar acciones de publicidad o contratación de sus productos a través de visitas domiciliarias -el denominado sistema "puerta a puerta" -, salvo que la visita fuera solicitada expresamente por el consumidor.
• De igual modo, se regulan los términos en los que las comercializadoras de energía eléctrica podrán acceder a los datos de consumo y potencia contratada de los consumidores para que puedan ofrecerles mejoras en la gestión de su demanda, optimización de la contratación del suministro o la adopción de medidas de eficiencia energética. Todo ello, respetando la legislación vigente en materia de protección de datos.
• Además, se permite la inhabilitación directa de las comercializadoras que realicen prácticas fraudulentas en el mercado mayorista, entre ellas, el incumplimiento de las obligaciones de compra de energía en los mercados diario e intradiarios, que hasta ahora debían ser sancionadas con carácter previo a la inhabilitación.
• Atendiendo a la necesidad de activar de forma urgente e ineludible la transición hacia un modelo energético limpio y accesible para el conjunto de la ciudadanía, el Real Decreto-Ley elimina una serie de barreras regulatorias que, hasta el momento, han dificultado y desincentivado la implantación del autoconsumo eléctrico en España.
• La nueva regulación impulsada por el Ejecutivo se basa en tres principios: se simplifican los trámites burocráticos y técnicos requeridos, como la inscripción en un registro para aquellas instalaciones no superiores a 100 kilovatios; se reconoce el derecho al autoconsumo compartido por parte de uno o varios consumidores, lo que permitirá aprovechar las economías de escala; y se reconoce el derecho a autoconsumir energía eléctrica sin peajes ni cargos. Queda, por tanto, derogado el cargo que se imponía al autoconsumidor por la energía generada y consumida en su propia instalación, el denominado "impuesto al sol".
• El desarrollo del autoconsumo garantiza a los consumidores el acceso a alternativas más baratas y respetuosas con los límites del planeta, contribuye a reducir las necesidades de la red eléctrica, genera mayor independencia energética y permite reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, es una actividad generadora de empleo vinculado a la transición ecológica, como ya se ha demostrado en países de nuestro entorno.
• Uno de los capítulos de la norma aprobada hoy se dedica al impulso de la movilidad sostenible, vector imprescindible para la transición ecológica. En particular, el Real Decreto-Ley aborda uno de los factores que detrae a los usuarios de adquirir un vehículo enchufable: la baja disponibilidad de puntos de recarga públicos. Con el objeto de aumentar su presencia, el Gobierno elimina la figura del gestor de carga prevista en la Ley del Sector Eléctrico, pues se ha revelado como excesivamente rígida y desincentivadora de la actividad.
• Esta supresión no supondrá en ningún caso una merma de la seguridad de las instalaciones, que deberán cumplir con la normativa correspondiente en el ámbito de la seguridad industrial y de las que se llevará un registro de la información para el seguimiento de la actividad por las Administraciones.
• Esta información estará además disponible a través de medios electrónicos para todos los ciudadanos y se integrará en el futuro en el punto de acceso único, armonizando la información con la del resto de países de la Unión Europea, creando una gran base de datos de información sobre la ubicación y características de los puntos de recarga públicos.
• Como medida de choque ante la subida del precio de la luz experimentado en los últimos meses, el Real Decreto-Ley incorpora dos disposiciones relacionadas con la normativa fiscal con el objetivo de moderar, de forma directa, la evolución de los precios en el mercado mayorista de electricidad.
• En primer lugar, se suspende el impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012, durante seis meses. En segundo lugar, se introduce una exención en el Impuesto Especial de Hidrocarburos para desactivar el mal llamado denominado céntimo verde. Este gravamen, pensando para desincentivar el uso de fuentes de energía ligadas a hidrocarburos, emite en el mercado una señal opuesta: el céntimo es trasladado a los precios finales de la electricidad cuando tecnologías como el gas fijan los precios en el mercado mayorista.
• La evolución del mercado mayorista en un escenario de normalidad apunta a que, al final de 2018, la factura de la electricidad podría experimentar una subida del 3,6% respecto del año anterior, de no adoptarse medidas. Así, para un hogar con un consumo de unos 2.600 kWh anuales, la subida podría ser de 23,4€ para el conjunto de 2018, según las expectativas de precio de mercado. En el caso de un hogar que consuma 3.600 kWh, la subida sería de unos 32,4€ en todo el año.
• Las dos medidas fiscales reducirían la factura del último cuatrimestre en una cuarta parte de la subida total: unos 6,2 euros para el hogar de 2.600 kWh y unos 8,5€ para el hogar más intensivo, con consumos de 3.600 kWh .
• Ambas medidas se adoptan de forma temporal mientras el Gobierno de España aborda, de forma participada, un conjunto de medidas estructurales tendentes a adaptar el funcionamiento del mercado a un modelo energético diferente y más plural, que ha de ser positivo para el medio ambiente, la salud pública, la calidad de vida de los ciudadanos y la modernización de la economía.
• Para garantizar que los menores ingresos tributarios derivados de las medidas anteriores pongan en riesgo la sostenibilidad del sistema eléctrico, se eleva para 2018 el límite máximo de los ingresos por la subasta de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero que se transfiere al sistema eléctrico anualmente y que hasta ahora estaba establecido en el 90% del ingreso total, con un máximo de 450 millones al año.
• Por último, para mayor refuerzo de la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico -que, en definitiva, equivale a garantizar que no se tengan que incrementar los peajes y cargos que pagan los consumidores-, se introduce la posibilidad de que el superávit acumulado de ingresos del sector eléctrico pueda ser aplicado a los desajustes de ingresos y gastos que se pudieran producir en los ejercicios 2018 y 2019.
• Con el objeto de cumplir con los objetivos de penetración de energías renovables fijados por la Unión Europea para 2020, lograr que el 20% del consumo energético provenga de fuentes renovables, y materializar los objetivos del Acuerdo de París en los horizontes 2030 y 2050, España ha de acelerar la integración de las energías renovables en su mix energético, una cuestión que contribuirá a reducir los costes energéticos en el medio y largo plazo, además de contribuir a la lucha contra el cambio climático, al que nuestro país es especialmente vulnerable.
• El Real Decreto-Ley aprobado hoy incorpora medidas para eliminar, de forma inmediata, barreras normativas que obstaculizan esta transición energética. Una de ellas será otorgar una prórroga excepcional, y por una sola vez, para los permisos de acceso y conexión otorgados con anterioridad a la aprobación Ley 24/2013, en cuya ausencia caducarían el próximo 31 de diciembre de 2018.
• Mediante esta prórroga, hasta el 31 de marzo de 2020, se posibilitará la entrada en funcionamiento en 2020 de los cerca de 9.000 MW de potencia adjudicada en las últimas subastas de renovables y anteriores procedimientos. En la actualidad, apenas se han instalado 100 MW. La media evita que deba remitirse una nueva solicitud, tramitación y otorgamiento, algo que impediría alcanzar los objetivos internacionales acordados por España.
• En la misma línea, se adoptarán medidas tendentes a evitar la especulación y asegurar la finalización de los proyectos con derechos de acceso a la red otorgados, elevando las garantías exigidas e imponiendo obligaciones de reporte del grado de avance de los proyectos, lo que redundará en unos menores costes y, en último término, menores precios para los consumidores.

SUBVENCIONES PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE EMPLEO, AUTOEMPLEO Y EMPRENDIMIENTO COLECTIVO EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que regula subvenciones a entidades locales para la financiación de proyectos de empleo, autoempleo y emprendimiento colectivo, por importe de 80 millones de euros, dirigidos a afrontar el Reto Demográfico en los municipios de menor población, con cargo al Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) del Fondo Social Europeo para el periodo 2014-2020.

• En el marco de las medidas a integrar en la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, el Gobierno de España quiere impulsar una línea de fomento de la actividad económica y la mejora de la capacitación laboral para dinamizar los territorios con mayores desafíos demográficos, como el envejecimiento de la población y el despoblamiento territorial, centrada en los municipios de menores dimensiones demográficas.
• Las ayudas irán destinadas a incentivar y promover proyectos que aumenten la empleabilidad y el emprendimiento de las personas jóvenes que habiten o vayan a habitar en municipios que no formen parte de una gran área urbana y que tengan una población inferior o igual a 5.000 habitantes, o una población comprendida entre los 5.001 y los 10.000 habitantes con un saldo demográfico negativo.
• Entidades beneficiarias: 
• Diputaciones Provinciales y Forales, Cabildos y Consejos Insulares, 
• Comunidades Autonomas uniprovinciales, 
• Ayuntamientos de municipios con población igual o inferior a los 10.000 habitantes, 
• Consejos Comarcales u otras entidades locales que agrupen a varios municipios, 
• así como organismos autónomos vinculados o dependientes de cualquiera de las entidades locales territoriales citadas.
• Las ayudas se financiarán mediante recursos del Fondo Social Europeo y el presupuesto asignado asciende a 80 millones de euros.
• Los destinatarios finales de las actividades subvencionadas serán las personas jóvenes, mayores de 16 y menores de 30 años, incluidas las personas con discapacidad, no ocupadas y no integradas en los sistemas de educación o formación, independientemente de su nivel formativo y que estén inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo

PRESENTADO EL PRIMER INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DIRECTOR POR UN TRABAJO DIGNO 2018-2020

Entre agosto y septiembre, los planes de choque han conseguido un número de conversiones de contratos temporales en indefinidos equivalente al 50,8% de las que se realizaron en todo el año 2017.

La Inspección de Trabajo ha logrado transformar 144.474 contratos temporales en indefinidos, hasta septiembre, el mejor dato histórico en la lucha contra el fraude en la contratación temporal.

El Consejo de Ministros ha tomado conocimiento del primer Informe sobre el estado de ejecución del Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020 llevado a cabo por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Este Plan, aprobado por el Gobierno en el Consejo de Ministros del pasado 27 de julio, pretende recuperar derechos laborales, mejorar la calidad del empleo y de las condiciones de trabajo, además de luchar contra el fraude existente en el mercado laboral, reforzando así la sostenibilidad presente y futura de la Seguridad Social y de las prestaciones sociales.

• La primera fase, iniciada en el mes de agosto, ha supuesto el envío, a nivel nacional, de 81.639 cartas a empresas presuntamente incumplidoras. De ellas, 57.677 cartas relativas a fraude en la contratación temporal y 23.962 relativas a contratación a tiempo parcial.
• Como consecuencia de estas comunicaciones se han obtenido los siguientes resultados:
• Desde el 1 de agosto al 30 de septiembre un total de 47.205 contratos temporales se han transformado en indefinidos, lo que supone el 58,61% de los trabajadores afectados por este Plan de Choque. Esto supone que entre agosto y septiembre, los planes de choque han conseguido un número de conversiones de contratos temporales en indefinidos equivalente al 50,8% de las que se realizaron en todo el año 2017.
• Además, se ha procedido a incrementar la jornada en 6.451 contratos, lo que supone un 12,8% de los trabajadores afectados por el Plan de Choque frente al uso irregular de la contratación a tiempo parcial.
• La segunda fase de los Planes de Choque supondrá que aquellas empresas que no hayan regularizado su situación como consecuencia de la comunicación recibida serán objeto de la correspondiente actuación inspectora.
• Más allá de los Planes de Choque, destacan los buenos resultados de la actuación ordinaria de la Inspección de Trabajo en la lucha contra la utilización fraudulenta de la contratación temporal.
• Entre enero y septiembre de 2018, y al margen de los resultados obtenidos por la puesta en marcha del Plan Director, se han transformado 97.269 contratos temporales irregulares en contratos indefinidos. 
• En los nueve primeros meses de 2018 se han superado los contratos transformados en todo el año 2017, cuando se alcanzó la cifra de 92.925 contratos, que eran hasta la fecha los mejores resultados obtenidos por la actuación ordinaria de la Inspección de Trabajo en esta materia.
• Si, además, tenemos en cuenta los contratos temporales transformados en indefinidos como consecuencia del Plan de Choque, la cifra alcanza 144.474 transformaciones, lo que supone que se han duplicado respecto del mismo periodo de 2017 (enero-septiembre), obteniendo los mejores resultados históricos de la actuación de la Inspección de Trabajo en la lucha contra el fraude en la contratación temporal.
• Más allá de los resultados directos de los Planes de choque sobre las empresas presuntamente incumplidoras a las que se han dirigido las cartas, hay que destacar los efectos inducidos que puedan estar teniendo en la contratación indefinida en general y en las prácticas de las empresas en España.
• Entre enero y septiembre de 2018 se han registrado 1.700.249 contratos indefinidos, máximo histórico de la serie iniciada en 2006. Esta cifra supone un 19,3% más de contratos que en el mismo periodo de 2017
• En los meses de agosto y septiembre de 2018 se registraron 386.689 contratos indefinidos, el mejor dato en este período de la serie histórica. Se registraron un 25,5% más de contratos que en el mismo período de 2017.
• Entre agosto y septiembre de 2018 se registraron 147.701 conversiones de contratos temporales a contrato indefinido, cifra únicamente superada en 2006. Se registraron un 42,6% más de conversiones que en el mismo período de 2017.
• Junto a la primera fase de la ejecución de los planes de choque, destacan otras medidas del Plan Director: la puesta en marcha por el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la constitución de la Unidad de Lucha contra la Discriminación, la creación del Buzón de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en sustitución del anterior Buzón de Lucha contra el Fraude, el refuerzo de los recursos humanos a través del incremento de efectivos aprobado en la Oferta de Empleo Público y la potenciación de la Herramienta de Lucha contra el Fraude.