Actualidad y contenidos académicos: PLAN PRESUPUESTARIO Y ESCENARIO MACROECONÓMICO

El nuevo cuadro macroeconómico elaborado por el Ejecutivo también recoge una reducción de la tasa de desempleo y de la deuda pública. El objetivo es combinar la disciplina fiscal comprometida con la Unión Europea, la sostenibilidad del crecimiento y la lucha contra la desigualdad. La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha reiterado la apuesta del Ejecutivo por unos Presupuestos Generales "para un Estado social" tras la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros en que se ha abordado el Plan Presupuestario para 2019.

Celaá ha explicado que no es preceptivo someter este documento al Consejo de Ministros, pero el Gobierno ha querido "revestir de formalidad" al Plan y ofrecer detalles sobre su contenido antes de enviarlo hoy mismo a la Comisión Europea.

La portavoz ha afirmado que la meta del Ejecutivo es revertir los recortes, proteger a los más vulnerables, mantener una economía competitiva y emergente y mejorar la calidad democrática. Se trata, ha dicho, de que los datos macroeconómicos positivos de los últimos cinco años "pasen definitivamente a mejorar la vida de las personas". Celaá ha subrayado que el Gobierno va a seguir negociando con las fuerzas políticas a fin de recabar apoyos para las cuentas públicas de 2019.

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha recordado que estos días se cumplen diez años del comienzo de la crisis, "una crisis que ha tenido un alto coste en términos de cuentas públicas, Estado de bienestar, desigualdad y nivel de vida en buena parte de nuestra sociedad". Las medidas que se incluyen en el Plan Presupuestario, ha señalado, suponen en este sentido "un punto de inflexión", ya que muestran que es posible conjugar la disciplina fiscal con la lucha contra la desigualdad.

Calviño ha asegurado que el Plan es "responsable y realista" y cumple los tres objetivos fundamentales de la política económica del Gobierno.

En primer lugar, la reducción del déficit público, que va a bajar no solo por la buena coyuntura económica, sino por la adopción de "políticas responsables" que posibiliten "un saneamiento permanente" de las cuentas públicas.
En segundo lugar, la función redistributiva de la política fiscal, "con medidas de gasto que no son solo socialmente justas, sino también económicamente productivas".
Y, en tercer lugar, la sostenibilidad a largo plazo de la economía: por primera vez desde el año 2007, España registrará en 2019 un superávit fiscal primario -es decir, excluyendo los costes de la deuda pública-, lo que implica que la deuda pública "va a comenzar a reducirse por fin a un ritmo significativo".

La actualización del cuadro macroeconómico remitido a Bruselas prevé un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 2,6% en 2018 y del 2,3% en 2019. La titular de Economía ha indicado que estas cifras suponen una "ligera" revisión a la baja -una décima en cada uno de esos dos años- con respecto al cuadro presentado el 20 de julio, de acuerdo al "principio de prudencia" de las previsiones del Ejecutivo.

España, ha explicado, se encuentra en una fase positiva del ciclo económico, que alcanzó su punto más alto en 2015; desde entonces, ha registrado tasas de crecimiento "robustas" y por encima de la media de la Unión Europea, pero progresivamente más moderadas, "de forma absolutamente coherente con la madurez del ciclo" y la situación de la economía mundial.

La revisión del PIB se debe sobre todo al menor crecimiento de los mercados españoles de exportación, así como a "hipótesis más duras" sobre el precio del petróleo y el crecimiento en la UE, ha apuntado. En cuanto al déficit público, el Ejecutivo prevé que en 2019 se reduzca en nueve décimas, hasta el 1,8% del PIB, un objetivo "que no pone en peligro ni el crecimiento económico ni la creación de empleo", que constituye "la prioridad fundamental". La tasa de paro prevista para este año es del 15,5%, un porcentaje que bajaría al 13,8% en 2019. En el capítulo de gastos, Calviño ha remarcado el esfuerzo en los ámbitos de educación y ciencia, esenciales para aumentar el capital humano y la productividad.

La reducción del déficit hasta el 1,8% supondrá un superávit primario de cinco décimas del PIB, lo que permitirá bajar la deuda pública desde el 98,1% a finales de 2017 hasta el 95,5% al término de 2019. Con ese ajuste estructural, España cumplirá con sus compromisos europeos: el déficit acabará este año en el 2,7% del PIB, por debajo de la referencia del 3% del "brazo correctivo" del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, con lo que pasará a estar sujeta al "brazo preventivo" del Pacto, "cuyos requerimientos se ven satisfechos" con el objetivo de déficit para 2019, según ha expuesto la ministra.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido en que la propuesta del Gobierno comporta un mayor compromiso con Bruselas, ya que reconduce el objetivo de déficit y lo sitúa en el 1,8% del PIB, frente al 1,3% previsto por el Gabinete anterior: "El Gobierno ha propuesto una senda realista porque lo contario habría supuesto quitar 11.000 millones de euros de gasto", lo que supondría un lastre para la recuperación económica y el empleo. Montero ha añadido que el Plan Presupuestario respeta "los compromisos de estabilidad, recupera derechos sociales, blinda el Estado del bienestar e incorpora mayor rendimiento, mayor eficiencia y progresividad en el sistema fiscal".

La ministra ha señalado que la política tributaria incorporada en el Plan incrementa la contribución de los que más tienen, reduce los impuestos a las pequeñas empresas y grava nuevos sectores de actividad en línea con las recomendaciones comunitarias: "Es una política fiscal responsable en donde la clase medida y trabajadora no pagará más impuestos, sino todo lo contrario".

En este sentido, ha detallado que aumenta dos puntos el IRPF a las rentas superiores a 130.000 y cuatro a las superiores a 300.000 euros y sube cuatro puntos el IRPF a las rentas de capital que superen los 140.000 euros. Ambas medidas generarán 328 millones adicionales de recaudación.
En cuanto al Impuesto de Sociedades, baja dos puntos para las pymes que tengan una cifra de negocio que no supere el millón de euros. Por este concepto se prevé una recaudación de 1.516 millones de euros. Además, se aportarán 850 millones mediante el impuesto a las transacciones financieras y 1.200 millones con el impuesto a los servicios digitales. Además, se elevará el Impuesto sobre el Patrimonio para aquellos que declaren bienes superiores a 10 millones de euros, lo que generará una recaudación de 339 millones.
Por otra parte, la ministra ha apuntado que la bajada del IVA de los productos de higiene femenina y de los servicios veterinarios generará un ahorro fiscal de 53 millones. En el ámbito de la fiscalidad medioambiental, se avanzará en la equiparación del gasóleo y la gasolina, en línea con las recomendaciones de Europa, lo que permitirá ingresar 670 millones.

María Jesús Montero ha avanzado que para fomentar un sistema tributario más justo se aprobará un conjunto de medidas de lucha contra el fraude fiscal. Entre otras, la actualización de la lista de paraísos fiscales, la extensión de la lista de morosos a los responsables solidarios o el límite al pago en efectivo, que no podrá ser superior a 1.000 euros cuando una de las partes sea un profesional.

El conjunto de medidas, ha señalado, "formará parte de una ley que se presentará en breve como anteproyecto y permitirá incrementar la recaudación en 828 millones de euros".
El total de medidas tributarias y de lucha contra el fraude impulsadas por el Gobierno "elevarán la recaudación en 5.678 millones de euros", ha precisado la ministra.
Montero ha recordado que la recaudación del impuesto sobre transacciones financieras se deriva a la Seguridad Social y el impuesto sobre el Patrimonio incide en las cuentas autonómicas. El total de medidas de ingreso que afectan solo al Presupuesto del Estado sumará 4.489 millones de euros en 2019. Asimismo, ha señalado que la recaudación tributaria también aumentará, por lo que se reforzará el estado del bienestar.

La ministra ha recordado que se actualizarán las pensiones con el IPC real, se eleva un 40% el gasto estatal en dependencia, se incrementa un 22,3% el Salario Mínimo Interprofesional, que se sitúa en 900 euros, se recupera el subsidio de desempleo para los mayores de 52 años, se elimina el copago farmacéutico y se amplía el permiso de paternidad.

Estas iniciativas, a juicio de la ministra, "mejorarán la vida de millones de ciudadanos y presentarán un impacto económico global de gasto que asciende a 5.098 millones de euros". De este importe total, las medidas que impactan directamente en el techo de gasto del Gobierno con los Presupuestos Generales Estado sumarán 1.992 millones, el resto será gasto del subsector de la Seguridad Social o de los subsectores de las administraciones autonómicas.

El gasto público total, según ha expuesto Montero, aumentará un 3,1% alcanzando los 515.552 millones de euros y los ingresos públicos subirán un 5,7% hasta los 493.329 millones. Es decir, el gasto sube un 3,1% y los ingresos aumentan un 5,7%.

El techo de gasto de los Presupuestos del año 2019 suma 125.064 millones de euros, lo que implica un aumento del 4,4% y supone un incremento de gasto de 5.230 millones.

La ministra ha afirmado que el Gobierno aprobará los Presupuestos Generales del Estado de 2019 con la senda de déficit que esté aprobada a finales de noviembre o principios de diciembre. Al respecto, ha mantenido que si el nuevo objetivo de déficit para 2019 del 1,8% aún no está aprobado, se harán las cuentas públicas con el objetivo del 1,3% aprobado por el anterior Ejecutivo, ya que el techo de gasto no es necesario modificarlo.

APROBADO EL BORRADOR DEL PLAN PRESUPUESTARIO Y EL NUEVO ESCENARIO MACROECONÓMICO QUE SE REMITIRÁN A LA COMISIÓN EUROPEA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Presupuestario y el nuevo escenario macroeconómico que el Gobierno remitirá hoy a la Comisión Europea.

El borrador del Plan Presupuestario permite acometer tres objetivos:

cumplir con la disciplina fiscal, por primera vez el déficit se va a reducir no solo por la coyuntura económica sino por la acción de Gobierno;
cumplir con los ciudadanos mediante la recuperación de la función redistributiva de la política fiscal
y mantener la sostenibilidad a largo plazo de la economía, que se traducirá en que el próximo año por primera vez desde 2007 España registrará un superávit fiscal primario y la deuda pública comenzará a reducirse a un ritmo significativo.

Nuevo cuadro macroeconómico

El nuevo cuadro macroeconómico presentado hoy recoge una revisión de las previsiones de crecimiento económico respecto a las del pasado mes de julio. En concreto se reduce una décima la previsión de crecimiento del PIB para 2018 y 2019, situándose en el 2,6% y 2,3%, respectivamente. Estas previsiones están en el rango más prudente de las que manejan los principales organismos nacionales e internacionales.

La revisión a la baja en una décima del crecimiento de 2018 está asociada a un comportamiento menos favorable de la demanda externa, así como a los cambios en las cifras de contabilidad nacional trimestral publicados por el INE, que reduce una décima el crecimiento del primer trimestre de 2018.

Teniendo en cuenta la inflación, la tasa de expansión del PIB nominal se prevé que sea del 3,9% este año y del 4,1% el año que viene.

El déficit público se reducirá nueve décimas hasta el 1,8% del PIB en 2019

El nuevo cuadro macroeconómico que el Gobierno remitirá a Bruselas prevé una reducción del déficit público en nueve décimas, hasta el 1,8% del PIB en 2019. Esta reducción permitirá que España logre un superávit primario el próximo año en torno a 0,5 pp del PIB, por primera vez desde 2007. Esto supone que se va a acelerar el ritmo de reducción de la deuda pública.

Como consecuencia, la deuda pública bajará en 2018 y 2019 prácticamente el doble que en los tres años anteriores desde el 98,1% a finales de 2017 hasta el 95,5% el año que viene.

Un déficit del 1,8% en 2019 supone un esfuerzo estructural en el entorno de 0,4 pp de PIB, en línea con el compromiso del Gobierno de tomar las medidas necesarias para aumentar la sostenibilidad y solidez de las finanzas públicas.

Con este ajuste el Gobierno da cumplimiento a los compromisos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El Gobierno prevé que el déficit público cierre en 2018 en el 2,7% del PIB por debajo de la referencia del 3% del brazo correctivo del Pacto, lo que implicará que a partir de 2019 España esté sujeta al brazo preventivo, cuyos requerimientos son de ajuste estructural.

Hacienda

El Consejo de Ministros extraordinario celebrado hoy ha aprobado el Plan Presupuestario 2019 que el Gobierno remitirá a la Comisión Europea, como es preceptivo para cumplir con la normativa comunitaria. El documento actualiza el cuadro macroeconómico y recoge los objetivos de estabilidad presupuestaria para el próximo ejercicio.

El Plan Presupuestario incluye la nueva senda de estabilidad aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 20 de julio, negociada con la Comisión Europea y pendiente de ratificación en las Cortes Generales, que contempla un objetivo de déficit para 2019 del 1,8%, frente al 1,3% anterior.

La nueva senda se adecúa a la realidad de la economía española y genera un mayor consenso en las instituciones como ha quedado patente en el último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre España o en las previsiones realizadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Reducción del déficit

El Plan Presupuestario señala que en un supuesto de "políticas constantes", es decir, un escenario sin adoptar nuevas medidas de política económica que solo incorpora los compromisos de gasto ineludibles recogidos en los Presupuestos Generales de 2018 que extienden su impacto hasta 2019, el déficit público se situaría en el 2,2% del PIB al cierre del próximo ejercicio.

Sin embargo, el Plan Presupuestario recoge un escenario con medidas económicas ("policy change") en el que se contempla la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2019 y que incorpora un paquete de medidas adicionales, tanto por el lado de los ingresos, como por el lado de los gastos, que permitirían reducir el déficit público hasta el objetivo del 1,8%.

En ese escenario con políticas de cambio, la ratio de ingresos públicos proyectada para 2019 alcanzará el 39,2% del PIB, frente al 38,5% del PIB estimada en 2018. Esta mejora se debe a los mayores recursos procedentes de las modificaciones tributarias contempladas en el acuerdo presupuestario. Por su parte, en este escenario el gasto público se situará en el 40,9% del PIB en 2019.

De hecho, los ingresos de las Administraciones Públicas en 2019 se elevarán un 5,7% hasta los 493.329 millones. Un crecimiento superior al 3,1% que experimentarán los gastos, lo que permite una reducción del déficit público.

Medidas sociales

Entre las medidas de política social que se incluyen en el acuerdo presupuestario destacan la actualización de las pensiones conforme al IPC real, lo que beneficiará a 8,7 millones de pensionistas. Además, habrá un mayor esfuerzo para los mayores más vulnerables con una subida del 3% de las pensiones mínimas y no contributivas, que beneficiará a 2,3 millones de pensionistas.

La supresión del copago farmacéutico beneficiará a 5 millones de pensionistas con renta baja y a 1,8 millones de personas de familias con pocos recursos.

También se incluye para los Presupuestos de 2019 un aumento de las becas para el estudio y ayudas para material escolar en las etapas obligatorias. Asimismo, se incrementa un 40% la dotación para la dependencia y se aumenta la prestación por hijo a cargo para familias vulnerables, que beneficiará a más de 1 millón de personas. También se incluyen ayudas para el comedor para combatir la pobreza infantil o la promoción de la universalización de la escuela de 0 a 3 años.

Asimismo, el compromiso del Gobierno de luchar contra la precarización en el empleo se refleja en la mayor subida en la historia de la democracia del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 900 euros en 14 pagas. Además, la recuperación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años beneficiará a 114.000 nuevas personas que habían quedado excluidas de esta ayuda, mientras que otras 258.000 personas que actualmente cobran este subsidio verán incrementada la cotización al 125% del tope mínimo de cotización.

Con el objetivo de avanzar en la igualdad de género y la conciliación laboral y familiar, se produce la equiparación progresiva del permiso de paternidad y maternidad, de manera que en 2019 los padres disfrutarán de ocho semanas, frente a las cinco actuales. También se mejora la dotación para financiar el Pacto de Estado de Violencia de Género.

Y para avanzar hacia un modelo productivo más sostenible, se incrementa un 6,7% las partidas para I+D+i.

El conjunto de medidas recogidas en el Plan Presupuestario tiene un impacto global de 5.098 millones de euros. Sin embargo, el impacto directo sobre el techo de gasto de los Presupuestos de 2019 se modera hasta los 1.992 millones.

Mayores ingresos

La política tributaria incorporada en el Plan Presupuestario incrementa la contribución de los que más tienen, eleva la progresividad del sistema, reduce los impuestos a las pequeñas empresas y grava nuevos sectores de actividad en línea con las recomendaciones comunitarias. Es una política fiscal responsable. La clase media y trabajadora, los autónomos y las pymes no pagarán más impuestos.

El paquete de medidas tributarias diseñadas por el Gobierno e incluidas en el acuerdo presupuestario de 2019 permitirán unos ingresos adicionales de 5.678 millones de euros. Sin embargo, el impacto directo en los Presupuestos de 2019 -excluyendo los recursos correspondientes a otras administraciones- será de 4.489 millones.

En concreto, la creación en el Impuesto sobre Sociedades de un tipo mínimo del 15% para las grandes empresas y del 18% para el sector financiero y de explotación de hidrocarburos, unido a limitar del 100% al 95% las exenciones a los dividendos y plusvalías generados en el exterior como hacen ya Alemania o Francia, permitirá un aumento de la recaudación de 1.776 millones.

La reducción del tipo del 25% al 23% en Sociedades para las pymes que facturen menos de un millón de euros, tendrá un impacto para las arcas públicas de 260 millones.

La subida del IRPF para las rentas muy altas mediante un incremento de dos puntos en la tributación a partir de los 130.000 euros y de cuatro puntos a partir de 300.000 euros, sumado al aumento de cuatro puntos para las rentas del capital superiores a 140.000 euros, aumentará los ingresos en 328 millones de euros.

La subida del 1% en el Impuesto de Patrimonio para los contribuyentes con una fortuna superior a 10 millones de euros, permite una recaudación adicional de 339 millones.

La rebaja del IVA a los productos de higiene femenina al tipo superreducido del 4% tendrá un impacto de 18 millones de euros, mientras que la reducción del IVA a los servicios veterinarios al tipo reducido del 10%, restará 35 millones.

En el marco de la lucha contra el cambio climático y siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea y otros organismos internacionales para mejorar la fiscalidad verde, la subida de la tributación del diésel de la que estarán excluidos los profesionales del transporte, supondrá unos ingresos de 670 millones de euros.

Por su parte, la creación del Impuesto a las Transacciones Financieras, que gravará con un 0,2% la compraventa de acciones emitidas en España de empresas cotizadas con una capitalización bursátil de más de 1.000 millones y que va en línea con la propuesta de la Comisión Europea, permitirá recaudar 850 millones de euros.

Asimismo, la creación del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, que afectará a las grandes empresas con una facturación de 750 millones a nivel mundial y de 3 millones en España y que también va en línea con la propuesta de la Comisión Europea, permitirá recaudar 1.200 millones de euros.

Por último, las medidas de lucha contra el fraude fiscal contempladas en el acuerdo presupuestario también tendrán un impacto positivo para las arcas públicas de 828 millones.