Las cuentas públicas para el año 2019 mantendrán el poder adquisitivo de las pensiones, elevarán el salario mínimo a los 900 euros y aumentarán las partidas dedicadas a becas, I+D+i y dependencia. El Ejecutivo también ha iniciado los trámites para paliar los daños causados por las inundaciones en Mallorca.
La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha destacado tras el Consejo de Ministros el acuerdo suscrito por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el secretario general de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2019. El próximo lunes una reunión del Gabinete extraordinaria avalará el plan presupuestario base que se enviará ese mismo día a Bruselas.
El acuerdo, ha afirmado Celaá, "incide en la agenda del cambio puesta en marcha por el Gobierno para recuperar derechos escamoteados con la excusa de la crisis económica y avanzar en el blindaje del Estado del bienestar". La portavoz ha señalado que el documento es "el principio del trabajo", ya que la aprobación de los Presupuestos requiere el respaldo de más fuerzas parlamentarias. En ese sentido, ha pedido al Gobierno catalán y las fuerzas que lo apoyan que "desbloqueen las instituciones catalanas" y se sumen al acuerdo, ya que "va a ser un proyecto muy beneficioso para el conjunto de la sociedad, también para la catalana".
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido que el acuerdo "posibilita unas cuentas públicas valientes y sostenibles" y cumple los compromisos con los ciudadanos y con los socios europeos.
El proyecto, ha manifestado, devuelve derechos al revertir recortes adoptados durante la crisis, impulsa el cambio del modelo productivo para aumentar la competitividad y mejora la calidad democrática. Además, habilita soluciones urgentes a problemas cotidianos como el precio del alquiler, la factura de la luz o la tardanza en la percepción de prestaciones públicas.
La titular de Hacienda ha remarcado que el acuerdo recoge la revalorización de las pensiones conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC) real, tanto este año como el próximo. Los pensionistas, ha anunciado, recibirán en el primer trimestre de 2019 una paga compensatoria en caso de que al final de 2018 los precios hayan subido más de lo previsto. Además, las pensiones mínimas y las no contributivas subirán un 3% en 2019.
Por otra parte, el acuerdo revierte los recortes en educación: eleva las becas para el estudio hasta los 536 millones de euros en el curso 2019/2020, reduce las tasas universitarias a niveles previos a la crisis y dedica 50 millones a la partida para material escolar gratuito. Además, se elimina de forma progresiva el 'copago farmacéutico': la medida empezará beneficiando en 2019 a cinco millones de pensionistas y a 1,8 millones de familias con pocos recursos. Y la dependencia verá incrementada su dotación en un 40% respecto al año 2018.
El documento recoge medidas relativas a la igualdad y la conciliación laboral y familiar. Montero ha subrayado la equiparación progresiva de los permisos de paternidad y de maternidad, "un salto de gigante en la conquista de la igualdad efectiva". El permiso será intransferible, lo que contribuirá a reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres y las dificultades que sufren estas en el acceso al mercado laboral, ha dicho.
También en el ámbito laboral, el acuerdo contempla un incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 22,3%, hasta los 900 euros en 14 pagas, lo que significa unas retribuciones anuales de 12.600 euros. Montero ha indicado que es la mayor subida del SMI en un periodo interanual y que beneficiará especialmente a las mujeres trabajadoras.
En cuanto a la vivienda, se busca moderar la escalada de precios del alquiler ampliando el plazo de prórroga obligatoria de los contratos de tres a cinco años e incorporando al mercado unas 20.000 viviendas a precios asequibles. Montoro ha afirmado que, asimismo, "se crean las bases para facilitar la convivencia y el arraigo en los núcleos que están especialmente tensionados por el fenómeno de las viviendas turísticas".
Otras medidas citadas por la ministra se refieren al Pacto de Estado contra la Violencia de Género -con un incremento del 10% para financiarlo de manera completa-, la lucha contra la pobreza energética y la infantil -aumenta la prestación por hijo a cargo-, el aumento del 6,7% de la inversión en I+D+i y el "impulso definitivo" a la universalidad de la educación de cero a tres años.
La ministra ha asegurado que estas medidas son compatibles con la consolidación fiscal, gracias a la mejora de los ingresos procedentes del ciclo económico, "pero también de la nueva fiscalidad que estamos planteando para el siglo XXI". El objetivo, ha expuesto, es que "aquellos que tienen más capacidad económica aporten más para que todos disfrutemos de un Estado del bienestar que sea fuerte, proteja a los más vulnerables y redistribuya la riqueza".
Así, el acuerdo contempla un aumento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para las rentas más altas: el tipo sube dos puntos en el caso de las superiores a los 130.000 euros y cuatro puntos a partir de los 300.000 euros. La subida, ha detallado Montero, solo afectará al 0,5% de los contribuyentes: "El 99,5% de los ciudadanos no pagarán más por el IRPF y, sin embargo, verán mejorado el colchón de seguridad que les permite ser más iguales". Para las rentas de capital, el tipo impositivo sube cuatro puntos a partir de los 140.000 euros.
El Gobierno también pide una mayor contribución a las grandes empresas al establecer un tipo mínimo del 15% sobre la base imponible en el Impuesto de Sociedades, mientras que el tipo bajará del 25% al 23% para las empresas con una facturación inferior al millón de euros. Además, en línea con las propuestas de la Comisión Europea, se crea un impuesto sobre las transacciones financieras, para gravar la compraventa de acciones de grandes empresas cotizadas, y otro sobre determinados servicios digitales que afectará a empresas con una facturación de al menos 750 millones a nivel mundial y tres millones en España.
El acuerdo rebaja el IVA de los productos de higiene femenina y los servicios de veterinaria e incorpora medidas contra el fraude fiscal, como la prohibición por ley de las amnistías fiscales.
Isabel Celaá ha iniciado la rueda de prensa mostrando la cercanía del Gobierno con los familiares de las víctimas y con los vecinos de Sant Llorenç de Cardassar por la riada sufrida en esta localidad mallorquina.
La portavoz ha anunciado que el Consejo de Ministros ha iniciado los trámites para declarar la comarca del Levante de Mallorca como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil. Este trámite, ha dicho, que se completará el próximo viernes en el Consejo de Ministros, facilitará "el acceso a medidas de ayuda extraordinarias, ayudas económicas, fiscales y compensatorias para los afectados", sean familias, comercios o corporaciones.
El Ejecutivo, ha añadido, quiere asegurarse de que "los afectados reciban la ayuda necesaria y que esto ocurra, además, en el plazo más corto posible" para avanzar cuanto antes en "la recuperación de las consecuencias de esta tragedia".
La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno ha dado cuenta de la aprobación del Proyecto de Ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, que se enviará "inmediatamente a las Cortes".
El anteproyecto se abordó en el Consejo de Ministros del pasado 14 de septiembre y su objetivo es suprimir los recortes introducidos en el ámbito educativo por el Real Decreto-ley 14/2012.
En concreto, se eliminará el aumento de alumnos por aula y el incremento de la jornada de los docentes. Además, los profesores sustitutos podrán ser nombrados desde el momento de la baja del titular, sin que el centro tenga que esperar diez días como ocurre en la actualidad.
El texto fue presentado a las organizaciones sindicales de la enseñanza y a las comunidades autónomas y ha sido analizado por el Consejo Escolar del Estado. También se ha sometido a consulta e información pública.
El Consejo de Ministros ha establecido las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades de mujeres rurales de ámbito nacional a fin de impulsar su papel en el desarrollo rural, promover el emprendimiento y su incorporación a la actividad económica en este medio.
La portavoz del Ejecutivo ha detallado que se trata de subvenciones para la realización de jornadas de formación y actividades específicas a fin de "procurar que la mujer sea un elemento dinámico y vertebrador del territorio" y del entorno rural en el que vive.
Otros acuerdos:
- Actualizada la normativa de planificación aeroportuaria de los aeropuertos de interés general.
- Aprobado el reparto de más de nueve millones de euros destinados a programas derivados del Plan Nacional sobre Drogas que desarrollan las comunidades autónomas.
- Creado el Observatorio del Comercio 4.0 con el fin de analizar la situación del comercio minorista en España y ayudarle a adaptarse a las nuevas tecnologías.
- Aprobada la composición y funcionamiento del Consejo Forestal Nacional.
- Aprobada una directiva que traspone la normativa europea sobre el control de una plaga de pequeños insectos nocivos (el picudo rojo) que anida en las palmeras.
ACTUALIZADA LA NORMATIVA DE PLANIFICACIÓN AEROPORTUARIA DE LOS AEROPUERTOS DE INTERÉS GENERAL
El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo Real Decreto sobre planificación aeroportuaria de aeropuertos de interés general, que actualiza la normativa vigente hasta la fecha.
El nuevo Real Decreto responde a la necesidad de integrar los aspectos ambientales en la toma temprana de decisiones sectoriales y de adaptar la planificación aeroportuaria a los grandes cambios producidos en los últimos años, tanto en el modelo de gestión de los aeropuertos de interés general de Aena, reconociendo la particularidad de la existencia de otros ajenos a la Red de esta, como en el modelo de administración aeronáutica vigente.
El Real Decreto extiende la participación en la elaboración de los Planes Directores a los agentes del sector, con el objeto de tratar de conciliar los intereses de los aeropuertos con las necesidades de estos. Así, a las administraciones territoriales con competencias en materia de ordenación del territorio y urbanísticas, se suma la participación de Enaire, las compañías aéreas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, entre otros.
Se introduce un sistema de revisión de los Planes Directores más modernos que responda a las necesidades del sector, de tal manera que la revisión se vincula a la evolución del tráfico.
Por último, se refuerzan algunos de los instrumentos de coordinación interadministrativa entre Estado y las administraciones urbanísticas competentes para asegurar el ejercicio de las competencias estatales y el desarrollo adecuado de los aeropuertos de interés general y su eficaz integración en el territorio.
REMITIDO AL PARLAMENTO EL PROYECTO DE LEY QUE REVERTIRÁ LOS RECORTES EDUCATIVOS
El Consejo de Ministros ha acordado remitir a las Cortes Generales el Proyecto de Ley que revertirá recortes educativos introducidos por el Gobierno del PP mediante el Real Decreto-ley 14/2012.
La nueva norma, desarrollada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y con un artículo único, contempla suprimir tres medidas: la posibilidad de elevar hasta un 20% las ratios máximas de alumnos por aula, el aumento obligatorio de la jornada lectiva de los docentes (como mínimo de 25 horas, en infantil y primaria, y de 20, en secundaria) y la espera de 10 días lectivos para nombrar a funcionarios interinos que sustituyan a profesores titulares de baja.
El Proyecto de Ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria expone que, puesto que las medidas del Real Decreto-ley se tomaron por la coyuntura económica del momento, la favorable evolución de la situación económica del país aconseja su revisión.
Impacto en la calidad de la enseñanza
Mantener la posibilidad de elevar las ratios por aula "tendría un alto impacto en la garantía de los estándares de calidad de la enseñanza, que se ven afectados con la elevación del número de alumnos por aula", recoge la nueva norma.
Las Administraciones educativas proveerán los recursos necesarios para garantizar que no se supere el número máximo de alumnos por aula en la Educación Primaria y en la Educación Secundaria Obligatoria establecido en la Ley Orgánica de Educación.
En cuanto a la eliminación del incremento de la jornada lectiva de los docentes, las Administraciones Públicas con competencias educativas podrán establecer en su respectivo ámbito la parte lectiva de la jornada semanal de los profesores. De esta forma, se devuelve a las comunidades la capacidad de determinar la carga lectiva de sus docentes.
Lo mismo ocurre con la tercera medida que contempla revertir la nueva norma, la referida al periodo de sustitución transitoria de los docentes, que pasará de 10 días a ser una sustitución inmediata desde el momento de la baja del titular.
La derogación de este plazo de 10 días entrará en vigor de manera inmediata, al día siguiente de la publicación de la ley en el BOE. Las otras dos medidas entrarán en vigor para el curso 2019-2020 por razones de planificación y organización del curso escolar.
Presentado a comunidades, sindicatos y órganos consultivos
El anteproyecto fue presentado a los consejeros autonómicos en la Conferencia Sectorial de Educación del pasado 30 de julio y fue aprobado.
El texto también fue presentado a las organizaciones sindicales de la enseñanza y ha sido analizado por el Consejo Escolar del Estado. También se ha sometido a consulta e información pública y se ha explicado a los sindicatos de docentes de enseñanza pública no universitaria.
EL CONSEJO DE MINISTROS APRUEBA LA CREACIÓN DEL OBSERVATORIO DEL COMERCIO 4.0
El Observatorio se constituye como grupo de trabajo, diálogo y análisis del sector comercial en su proceso de digitalización.
Cuenta con representantes de la Administración General del Estado y del sector público institucional; la Federación de Municipios y Provincias; organizaciones y asociaciones del comercio y de la economía digital; del sector hostelero, así como de organizaciones representativas de medios de pago.
Se potenciará la colaboración entre interlocutores del Observatorio con expertos en transformación digital del ámbito privado, favoreciendo el diálogo y las iniciativas público-privadas.
El Consejo de Ministros ha aprobado la creación del Observatorio del Comercio 4.0, que se constituye como un grupo de trabajo que analizará la situación del comercio minorista en España y su adaptación a las nuevas tecnologías. Además, se encargará de estudiar las principales tendencias y seguimiento de los cambios que se están produciendo como consecuencia de la irrupción de la digitalización.
El tejido empresarial español, en el sector comercial minorista, está constituido en su mayoría por autónomos, micropymes y pequeñas empresas que tienen que hacer frente a la disrupción tecnológica y a un proceso de transformación.
El Observatorio del Comercio 4.0 se posiciona como punto de partida para definir líneas de trabajo e iniciativas en este proceso de digitalización que afrontan las pymes y las grandes empresas del sector. Se propondrán actuaciones concretas para la digitalización de las empresas comerciales, diagnosticando las debilidades y fortalezas, y se estudiarán las vías oportunas para mejorar la formación de los comerciantes en nuevas tecnologías.
Componen el Observatorio del comercio 4.0 un presidente, un vicepresidente, veinte vocales y un secretario. Este Observatorio cuenta con una estructura Plenaria y otra de Comisión Permanente. Su labor se desarrollará en torno a cuatro áreas de trabajo: análisis de fuentes estadísticas; estudio del marco regulatorio; identificación de las principales ayudas al comercio; y formación y capacitación de las empresas en competencias digitales.
Dentro de las Administraciones Públicas, participan en el Observatorio el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; el Ministerio de Economía y Empresa; el Ministerio de Política Territorial y Función Pública; Red.es: la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC); el Instituto Nacional de Estadística (INE); la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT); el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social; y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Del ámbito de las organizaciones, forman parte la Confederación Española de Comercio (CEC); la Asociación Nacional Grandes de Empresas de Distribución (ANGED); la Asociación Española de economía digital (ADIGTAL); la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP); el Consejo de Consumidores y Usuarios; el Consejo de Participación de la Mujer; el Sistema de tarjetas y medios de pago S.A; y un representante de la Federación Española de Hostelería (FEHR).
Se contará con el asesoramiento de expertos y profesionales del ámbito universitario, escuelas de negocio y expertos en el sector comercial y en transformación digital, que actuarán en calidad de invitados.
Con este Acuerdo de Consejo de Ministros se suprime el Observatorio de Pagos con Tarjeta Electrónica, que ha venido desarrollando sus funciones en el ámbito de la Secretaría de Estado de Comercio desde el año 2006.
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