Venimos de una legislatura, en la que el Partido Popular, y no sólo Mariano Rajoy ha insistido en el recorte de derechos, que se ha traducido en las Comunidades donde gobernaba en una reducción significativa de prestaciones y de funcionarios adscritos a los servicios públicos de Sanidad y Educación (menos profesionales, una ratio mayor usuarios/profesionales, materiales más económicos y menos unidades de los mismos, mayores costes para los usuarios de los mismos). En el Gobierno central nos han vendido un rescate que ha supuesto un total de 63.555 millones de euros en ayudas directas y 182.833 millones de euros en ayudas subordinadas, como algo necesario, que posiblemente lo fuera, y que nadie duda que en una economía bancarizada como la nuestra fuera necesario, independientemente de que muestre una de nuestras debilidades de una economía no afrontadas por los Gobiernos de Aznar y Rodríguez Zapatero.
La herencia de Rajoy se traduce en la petición de un rescate a la banca, y unos recortes excepcionales que se traducen en una disminución de la financiación de los servicios públicos de Educación y Sanidad a cargo de las Comunidades Autónomas, una disminución de la masa salarial de 40.000 millones de euros, un recorte de 11.000 millones de euros en prestaciones por desempleo, una reforma laboral que nos ha dejado como consecuencia que un 25% de los nuevos contratos celebrados en 2015 dura menos de 7 días, además de que un 93% de los contratos son de carácter temporal. Sus consecuencias en las cifras macroeconómicas han sido un déficit público de 11.000 millones de euros, un desajuste presupuestario en 2016 de más de 9.000 millones de euros, y la salida de la caja común de la Seguridad Social de unos 35.000 millones de euros, la mitad de la herencia que le había dejado el presidente Rodríguez Zapatero.
Y la siguiente herencia para nuestra democracia ha sido el resultado de las elecciones del 20 – D en el que ninguno de los partidos que concurrían puede formar una mayoría de gobierno, dejando el país en una situación de clara ingobernabilidad, que habrá de ser resuelta en unas nuevas elecciones en junio de 2016, que posiblemente representen más de lo mismo, salvo que el electorado con el hartazgo que produce generalmente la política y defraudados por los que prometían nuevas políticas y que como actores han tenido un papel de bloqueo institucional por activa o por pasiva, la nueva cita electoral se traduzca en una vuelta al bipartidismo, por un lado (con un castigo a Ciudadanos que podría perder según algunas estimaciones hasta un tercio de diputados, con una vuelta de votantes de Ciudadanos al PP: y un castigo a Podemos que ha demostrado que su objetivo es hacer oposición y trocear el grupo parlamentario en función de su origen), y por otra un incremento de la abstención.
Así las cosas, y con un escenario electoral más que probable, y además que es lógico, porque el PSOE no puede pactar con el PP, es su alternativa lógica de Gobierno, y ese escenario supondría dejarle la oposición a Podemos, como única alternativa de izquierdas, y se produciría una sangría por la izquierda del PSOE que no debe ni puede asumir, porque además los 5 millones y medio de votantes del PSOE quieren una alternativa real de izquierdas a las políticas públicas que se han llevado a cabo desde el Gobierno del PP.
Y por otra parte un hipotético acuerdo de Gobierno PP – Podemos igualmente sería perjudicial para el PSOE, pues sería evaluado con lupa desde instancias internacionales, los inversores internacionales aversos al riesgo abandonarían posiciones españoles por otras menos arriesgadas, y aquellos que optaran por nuestra deuda lo harían exigiendo una rentabilidad más alta que haría subir la prima de riesgo, y los intereses de nuestra deuda pública.
Las dudas sobre nuestra solvencia serían manifiestas, y no olvidemos que estamos bajo el mandato de un memorandum tras el rescate a la banca en julio de 2012 por un valor de hasta 100.000 millones de euros, de los que se han utilizado algo más de 40.000 millones de euros. Estas dudas sin duda traerían como consecuencia la adopción de sanciones por incumplimientos de déficit público y otros compromisos firmados en el memorándum (sanear activos inmobiliarios en el balance de los bancos, presupuestos equilibrados y controlados por la Comisión Europea), lo que sin duda alguna se traducirán en dificultades para financiar las políticas públicas, en un entorno político de tendencia al gasto público independientemente de su respaldo mediante ingresos, lo que implicará desequilibrios presupuestarios, déficit público, más deuda pública, e incremento del desempleo en un mercado laboral que apenas ha empezado a despuntar, previsiblemente un caos, que podría arrastrar al PSOE a la desaparición como fuerza política, ya que en este escenario muchos votos tradicionalmente de socialistas moderados podrían ir a parar a Ciudadanos.
¿Permitirá el Comité Federal este escenario?. Impondrá líneas rojas, no sólo la renuncia de Podemos a los referendum separatistas, sino también sobre el posible pacto de gobierno, rechazando el pacto si el PSOE asumiera riesgos serios valorables y anticipables como dejar políticas sensibles (economía, empleo, educación, defensa, relaciones exteriores) en manos de Podemos, por lo que el pacto es muy difícil de llevar a término, por otra parte tampoco se va a facilitar desde la intransigencia de Podemos a renunciar a sus valores (referéndum, plurinacionalidad, nacionalizar servicios públicos estratégicos) lejanos a la economía de mercado, y que además recibirían un rechazo parlamentario tajante no sólo del PP, sino de Ciudadanos, fuerza política que siente alergia y a pesar de sus principios (debates, diálogo abierto con todos los actores) ya han adelantado que se opondrán a cualquier gobierno con Podemos, lo cual también sitúa ideológicamente al partido naranja, y no precisamente en el centro izquierda.
La alianza más útil para el país es PSOE – Ciudadanos, que podrían desarrollar las reformas necesarias para que el país afronte el futuro desde unos posicionamientos democráticos, participativos y vinculados a la solución de los desequilibrios económicos, a la mejora de la macroeconomía y de nuestros retos internos e internacionales. Pero esta alianza no es posible porque la suma de ambas fuerzas es minoritaria en la Cámara, y porque Ciudadanos vería como se disuelve tras un hipotético apoyo al PSOE.
Por eso, reitero que unas nueves elecciones en junio serán las que pondrán fin a la incertidumbre, posiblemente con un Partido Popular al alza, que podría gobernar en minoría con Ciudadanos, y una posición a la baja del PSOE debilitado por su crisis interna de liderazgo, que no sólo es de personas sino de ideas y de posicionamiento ideológico, habiendo de ser resueltas las dudas en un Congreso Federal que debe celebrarse el próximo verano tras un debate interno intenso en las Agrupaciones, en el que independientemente de los nombres, se afiancen las ideas, los posicionamientos, y de ahí se forma un sólido equipo que sea capaz de articular un discurso mayoritario para que sea alternativa de gobierno más pronto que tarde, porque la derecha no solucionará los problemas a los que se enfrenta una sociedad castigada por la crisis y vilipendiada por un Gobierno autista y autoritario.
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