INTERVENCIÓN PEDRO SÁNCHEZ
Lo primero y lo que procede es dar las gracias a los medios de comunicación que habéis atendido esta convocatoria de una Comisión Ejecutiva Federal extraordinaria, porque extraordinaria es la situación, excepcional es la situación que está atravesando nuestro país después de conocerse la sentencia del caso Gürtel en el día de ayer por parte de la Audiencia Nacional.
Y, por tanto, la comparecencia de hoy viene a trasladarles de manera oficial, aunque ya lo han conocido ustedes de manera más oficiosa, el respaldo de la Comisión Ejecutiva Federal en pleno a la propuesta del secretario general para hacer frente a esta situación. Pero empecemos por el principio, que creo que es importante.
Saben ustedes que ayer conocimos la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la trama Gürtel, que afecta a la financiación irregular, ya le podemos quitar de lo supuesta, a la caja B del PP y, por supuesto también de personas muy vinculadas a la máxima dirigencia del PP. Un caso que no es el único.
Ya saben ustedes que a lo largo de los próximos meses va a haber muchos más que están siendo investigados por parte de los jueces y de los fiscales. Y un caso, en definitiva, con el que llevamos conviviendo en la política española desde hace ya 9 años. La sentencia ha provocado, a mi juicio, y a juicio del PSOE, indignación.
Una lógica indignación social, como consecuencia de que la ciudadanía a lo largo de estos últimos 8 años, desde que gobierna el PP, ha visto cómo se han sacrificado y se les ha pedido por parte de sus gobernantes un sacrificio en forma de precariedad, de devaluación salarial, de recorte de los derechos, libertades y de las políticas públicas que están incorporadas en el estado del bienestar, mientras que sus principales dirigentes lo que hacían era liderar una organización que se financiaba irregularmente y a la cual muchos de sus cargos públicos, o cargos vinculados con el PP se enriquecían ilícitamente.
Indignación a la cual hay que sumar alarma social por la magnitud del caso de corrupción que ha sido objeto de sentencia por parte de la Audiencia Nacional. Sentencia que, lógicamente, también ha deteriorado y mucho, una vez más, la imagen y la proyección, la reputación del país, de España, ante la Unión Europea y también ante el mundo. Desgraciadamente, España hoy se hace eco, se abre página en muchos medios de comunicación europeos e internacionales, como consecuencia que las implicaciones de esta sentencia van a tener, no solo desde el punto de vista judicial, también penal, sino desde el punto de vista política.
Y un caso de corrupción que ha sido sentenciado, que lógicamente pone a aprueba la resistencia de las instituciones y abre el necesario debate sobre la calidad de nuestra democracia. ¿Dónde ponemos el listón de la calidad de nuestra democracia?, ¿dónde ponemos el listón para la ejemplaridad de nuestros cargos públicos, de nuestros representantes públicos en el Congreso de los Diputados, en cada una de las organizaciones políticas que dirigen desde el ámbito público el país y singularmente desde el Palacio de la Moncloa?
En consecuencia, indignación, alarma, deterioro de la reputación de España, que sitúan a nuestro país ante una crisis institucional de extrema gravedad. Ustedes saben que desde que se destapó la trama Gürtel, y se dieron a conocer entre otros el intercambio de SMS entre el actual presidente del Gobierno y el extesorero del PP, Luis Bárcenas, el PSOE ha exigido siempre la asunción de responsabilidades políticas por parte del PP y por parte de sus máximos dirigentes sin éxito.
Ayer, esperamos a pronunciarnos y comunicar una primera valoración de la sentencia sobre todo para saber exactamente cuál era la opinión y el posicionamiento del Gobierno de España. Si iban o no a asumir sus responsabilidades políticas. Si iban o no a traducir en acciones políticas, en forma de dimisiones una sentencia demoledora para el PP y que debilita seriamente la salud de nuestra democracia. No lo hicieron y tuvieron una nueva oportunidad de hacerlo y no lo hicieron ni el presidente del Gobierno, ni el partido que dirige, que se desentendieron una vez más de una sentencia que quita ya el término supuesto y habla claramente de condena a la organización política que dirige el presidente del Gobierno y también condenas gravísimas a personas y personalidades que han dirigido ese partido durante estos últimos años.
En suma, y es donde quiero ir a parar, la situación que se ha creado de desafección política, de crisis institucional, de crisis confianza de buena parte de la opinión pública y de la ciudadanía española para con sus gobernantes tiene un único responsable y se llama Mariano Rajoy, presidente del Gobierno y presidente del PP, que fue ayer condenado por la Audiencia Nacional. Pero si esta es la responsabilidad no cubierta del presidente del Gobierno y del PP la pregunta que un partido de gobierno y de Estado como el PSOE se hace es cuál es nuestra responsabilidad.
Una pregunta que, además, extiendo al resto de formaciones políticas. ¿Ante una situación como esta, cuál es la responsabilidad que tenemos todas y cada una de las fuerzas políticas que tiene representación parlamentaria?.
La disyuntiva se puede resumir en dos caminos: uno el que tomó ayer el PP y el presidente del Gobierno: no hacer nada, mirar para otro lado, no asumir ningún tipo de responsabilidad política y consentir, porque ese es el verbo, consentir el deterioro, la devaluación de nuestra democracia en un país donde a los ciudadanos se les ha exigido mucho, se le exige mucho, en términos de recorte del Estado del Bienestar y también de calidad del trabajo o de protección a todos aquellos que están desempleados, en paro. Para nosotros, esta nunca ha sido una opción.
No lo es, y en consecuencia hemos mirado a nuestra Constitución y hemos encontrado los instrumentos que nos permiten dar una respuesta, porque eso es la política. La política es dar respuesta a situaciones graves de crisis institucional como está atravesando el país. Una crisis que no ha provocado nadie más que un partido que se ha financiado irregularmente durante años y un presidente del gobierno que no ha asumido ninguna responsabilidad política pese a que el principal partido de la oposición, el Partido Socialista lo ha exigido en reiteradas ocasiones a lo largo de estos últimos años.
Por cierto, no solamente yo, sino otras comisiones ejecutivas a lo largo de estos últimos nueve años, desde que se dio a conocer el caso Gürtell. Por tanto, una respuesta serena, firme, de Estado y constitucional.
Por eso hemos presentando una moción de censura al presidente Rajoy. Una moción de censura que es para recuperar la dignidad de nuestra democracia, que hoy se ve cuestionada por el partido que gobierna las principales instituciones de este país. Una moción de censura para recuperar las reglas del juego, que han sido cuestionadas y violentadas por un partido que durante décadas ha concurrido a las elecciones dopado, financiado irregularmente.
Una moción de censura para defender nuestra Constitución, porque los derechos, libertades y la exigencia de ejemplaridad y de ética pública de todos y cada uno de los cargos que ejercemos la representación también se recogen en nuestro ordenamiento constitucional. Una moción de censura a favor de la recuperación de la normalidad en nuestra vida pública, sacar a la política y el debate político de esta novela negra de corrupción en la que le ha sumido el Partido Popular y volver a hablar de lo que importa a la ciudadanía, sus derechos sociales, laborales, sus libertades cuestionadas, los desafíos que tenemos encima de la mesa en el ámbito de la desigualdad, de la precariedad o de la sostenibilidad de nuestro país.
La moción de censura de censura que presenta el Partido Socialista es constructiva, como dice la Constitución y es para garantizar la gobernabilidad de este país en unas circunstancias que nosotros no hubiésemos deseado y, en consecuencia, es para constituir y formar un gobierno con unos fundamentos sólidos y con una hora de ruta clara. Primero, será para constituir un gobierno del Partido Socialista Obrero Español, repito, un gobierno del Partido Socialista Obrero Español.
Un gobierno para una agenda social, un gobierno que va a hacer garantizar que cumplirá y hará cumplir la Constitución española, garantizaremos la convivencia y el cumplimiento de nuestro ordenamiento constitucional. Será un gobierno que cumplirá con los compromisos como Estado miembro de la Unión Europea y será un gobierno con una hoja de ruta clara.
- Primero, para recuperar la normalidad política institucional necesaria en nuestro país.
- Segundo, para regenerar la vida democrática de nuestro país.
- Tercero, para poner en marcha una agenda social que atienda a las urgencias sociales que sufren muchos ciudadanos en nuestro país.
- Y en último lugar, para convocar elecciones. Será un gobierno que convoque elecciones.
- Pero antes de esa tarea, hay que recuperar la estabilidad, la normalidad, limpiar de corrupción las instituciones públicas en nuestro país y atender las urgencias sociales que este gobierno no atiende.
- Esa es la responsabilidad que asume el Partido Socialista. Y créanme si les digo que no es fácil en estas circunstancias. Que ésta era no era la hoja de ruta que se había marcado el PSOE. Esta nueva dirección ha surgido hace casi un año con el propósito de hacer una oposición de Estado.
Esto es un ejercicio de coherencia con esa reivindicación porque estamos defendiendo al Estado también de la utilización que está haciendo el partido que ahora gobierna en las principales instituciones del Estado y de una izquierda de gobierno. Porque el Partido Socialista, que a lo largo de estos últimos 40 años ha gobernado al menos la mitad de la historia de nuestra democracia contemporánea, a mi juicio ha sido el partido que ha traído y ha liderado los grandes procesos de modernización, europeización garantizando y construyendo cohesión social, territorial que es lo que ahora mismo está en juego.
Lo hicimos entonces y estamos preparados para volver a hacerlo. Y esa es la responsabilidad que asume con toda su trascendencia el Partido Socialista Obrero Español. Y a partir de aquí lo que me gustaría es pedirles, porque vivimos en una democracia parlamentaria, a todos y cada uno de los diputados y diputadas a los 350 diputados y diputadas de la Cámara que actúen con responsabilidad. Que antepongan los intereses del país, la necesaria regeneración democrática en nuestro país. Sacar a la política y a nuestro país del debate recurrente sobre la corrupción del Partido Popular. Volver a reevaluar el debate público centrándolo en los temas que afectan a la ciudadanía que son los grandes olvidados como consecuencia de páginas y páginas que llenan los medios de comunicación, los diarios, informativos, tertulias… sobre los casos de corrupción que hoy gobierna nuestro país.
Para finalizar les diré que he informado al jefe del Estado de la moción de censura presentada por el PSOE esta mañana y que el PSOE convocará para el lunes por la tarde un Comité Federal, donde informaré al mismo de las decisiones que se han tomado en la Ejecutiva Federal.
A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Las Diputadas y los Diputados del Grupo Parlamentario Socialista firmantes tienen el honor de dirigirse a esa Mesa, al amparo de lo previsto en el artículo 113 de la Constitución y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento del Congreso de los Diputados, para proponer a la Cámara que exija la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción de la presente Moción de Censura.
Desde que la Audiencia Nacional inició en 2009 las investigaciones para esclarecer y enjuiciar los hechos delictivos conocidos como caso "Gurtel", que apuntaban a la comisión de una amplia variedad de delitos por parte de dirigentes del Partido Popular y otras personas relacionadas con esta formación política, las manifestaciones de sus dirigentes inicialmente se dirigieron a afirmar que los investigados eran personas honorables cuya culpabilidad no podía probarse. Y más tarde, que su partido no podía ser considerado como participante de esas actividades delictivas o beneficiaria de esa trama, sino como víctima o perjudicado de la misma.
El 24 de mayo de 2018 se da a conocer la Sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre la pieza principal de este caso. Esta sentencia condena a diferentes cargos públicos y orgánicos del Partido Popular, así como a la propia organización política como responsable a título lucrativo. Y pone de manifiesto que la trama de corrupción tejida entre las empresas inmersas en el caso y el Partido Popular, como dice la sentencia, suponía: "un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional" mediante la "manipulación de la contratación pública central, autonómica y local".
En la sentencia también se señala que "los hechos son anteriores a la reforma del Código Penal (...), que introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas, por lo que no se está dilucidando en este procedimiento una posible responsabilidad penal del Partido Popular como persona jurídica, lo que no es jurídicamente factible por la fecha de los hechos, con independencia de la apariencia de los mismos como constitutivos de allegamiento ilegal de fondos provenientes de delitos de prevaricación, cohecho y otros y de la intervención que hubiera podido tener personas relevantes de dicho partido político, que se aprovecharon para su realización de sus cargos públicos obtenidos como miembros de dicho partido, tanto de su estructura central, como las territoriales, que han sido enjuiciadas en el presente y que con su actividad delictiva desarrollada en los términos como se deja constancia en diversos pasajes de esta sentencia, produjeron beneficios económicos cuantificables al Partido Popular, consistentes en la financiación ilegal de actividades y diversos actos políticos realizados en campañas y precampañas electorales para sus candidatos, que de otra manera hubieran tenido que ser sufragados directamente con recursos económicos propios del partido político en cuestión".
El Presidente del Gobierno, que también desempeñó las funciones de Secretario General del Partido Popular en los años 2003 y 2004, y de Presidente del mismo desde 2004 hasta la actualidad, ha eludido cualquier tipo de responsabilidad política relacionada con este caso desde su inicio. Un hecho que tuvo su máxima expresión en la comparecencia ante el Pleno del Congreso del 30 de agosto del pasado año, forzada por todos los grupos de la oposición tras la declaración como testigo en esta causa. La sentencia dictada en el día de hoy, incluida su voto particular, con independencia de las consideraciones jurídicas que merezca, pone de relieve una clara dejación de sus responsabilidades. Y, lo que reviste mayor gravedad, la ausencia de credibilidad que tanto los jueces que forman la Sala como la propia Fiscalía Anticorrupción otorgan a la declaración del sr. Rajoy en sede judicial.
Si bien, la responsabilidad penal se dirime ante los Tribunales, de los cuales emana esta sentencia, de los hechos probados en la misma se deriva, a juicio de los firmantes de la presente moción, la responsabilidad política de quien es Presidente del Gobierno.
La fortaleza de las instituciones democráticas depende en buena medida de la confianza de las personas que las ocupaban suscitan entre la ciudadanía. Y la permanencia en la Presidencia del Gobierno del máximo responsable de una formación política declarada judicialmente como parte de un auténtico sistema de corrupción institucional, afectaría a la credibilidad de la Presidencia y del Gobierno, y a la propia dignidad de la democracia española.
Por todo ello, al amparo del artículo 113 de la Constitución, damos por presentado esta Moción de Censura dirigida a exigir la responsabilidad política del Gobierno presidido por D. Mariano Rajoy Brey para recuperar la dignidad de las instituciones y restablecer la imprescindible estabilidad política.
Asimismo, conforme a las mismas previsiones constitucionales, los firmantes designan como candidato a la Presidencia del Gobierno a D. Pedro Sánchez Pérez - Castejón, quien firma el presente escrito en señal de aceptación.
Palacio del Congreso de los Diputados, a 25 de mayo de 2018
ARGUMENTARIO
- Respaldo en pleno de la Comisión Ejecutiva Federal a la propuesta del Secretario General de moción de censura.
- La situación es excepcional tras conocerse la sentencia del caso Gürtel. La sentencia de la Audiencia Nacional ya quita el término “presunta” a la trama de financiación ilegal del PP.
- La sentencia ha provocado indignación social. La ciudadanía ha visto cómo sus gobernantes les han pedido sacrificar el Estado del Bienestar, cuando sus principales dirigentes lideraban una organización ilícita para enriquecerse.
- La sentencia ha deteriorado la reputación de España ante la UE y ante el mundo. España hoy abre portadas en los medios internacionales.
- La sentencia pone a prueba la resistencia de las instituciones y de la calidad de nuestra democracia. Indignación, alarma, deterioro de la reputación del país. Estamos ante una crisis institucional de extrema gravedad.
- Hemos visto que en el PP no ha habido dimisiones tras una sentencia demoledora. Se han desentendido de una sentencia que condena a la organización política que dirige el presidente del Gobierno.
- La situación de desafección política, de crisis institucional, de crisis de confianza, tiene un único responsable y se llama Mariano Rajoy, presidente del Gobierno y del Partido Popular.
- La disyuntiva es: No hacer nada y mirar para otro lado como ha hecho el PP y consentir el deterioro de nuestra democracia. O mirar hacia nuestra Constitución y dar respuesta a esta crisis institucional.
- Respuesta constitucional, de Estado y serena: Hemos registrado hoy una moción de censura contra Rajoy para recuperar las reglas del juego, violentadas por un partido que ha concurrido a las elecciones financiado irregularmente.
- La moción de censura que presentamos es constructiva, para garantizar la gobernabilidad del país. Para que tenga un gobierno del Partido Socialista, para que España tenga una agenda social, que garantizará el cumplimiento de la Constitución.
- Un gobierno con una hoja de ruta clara: recuperar la normalidad institucional, regenerar la vida política, recuperar la agenda social y, en último lugar, para convocar elecciones.
- Antes de un proceso electoral hay que atender las urgencias sociales y regenerar la vida institucional de España.
- Es un ejercicio de coherencia. Estamos defendiendo al Estado de la utilización que está haciendo de él el partido que ahora está en el Gobierno.
- La situación de desafección política, de crisis institucional y de crisis de confianza tiene un único responsable y se llama Mariano Rajoy.
- Pedimos a los 350 diputados y diputadas del Congreso que actúen con responsabilidad y que antepongan los intereses de la ciudadanía.
- He informado al jefe del Estado de la moción de censura que hemos registrado y he convocado el lunes al Comité Federal del PSOE.
- El PP condenado por su financiación irregular y su presidente, y presidente del Gobierno, sin credibilidad. La situación es de alarma y deterioro institucional. Razones para una moción de censura.
- Hemos registrado hoy una moción de censura contra Rajoy para recuperar las reglas del juego, violentadas por un partido que ha concurrido a las elecciones financiado irregularmente. Es una decisión de Estado.
- Una moción de censura para garantizar la gobernabilidad de este país en unas circunstancias que nosotros no hubiésemos deseado y, en consecuencia, es para constituir y formar un gobierno con unos fundamentos sólidos y con una hora de ruta clara.
- Una moción de censura que es para recuperar la dignidad de nuestra democracia, que hoy se ve cuestionada por el partido que gobierna las principales instituciones de este país.
- Una moción para sacar la política y el debate político de esta novela negra de corrupción en la que la ha sumido el Partido Popular.
- Esta es una respuesta responsable y comprometida con nuestro país. Nos enfrentamos a situaciones en la que es necesario estar a la altura.
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