Unos partidos prometen que pondrán más dinero en los bolsillos más humildes; otros ponen el acento en la necesidad de que los bolsillos más acaudalados paguen más impuestos; tampoco falta quien asegura que es posible que todos los bolsillos, grandes, medianos y pequeños, tengan más monedas después de las elecciones generales. Las propuestas fiscales y las promesas de subvenciones (renta básica, ingreso mínimo o complemento salarial) protagonizan buena parte del debate electoral y muestran las preferencias de cada formación política.
En este ámbito, el impuesto sobre la renta desempeña un papel principal en la medida en que es el tributo más relevante del sistema fiscal español y el que le otorga el carácter progresivo. El IRPF afecta a todos los asalariados, que ven cómo su empresa les retiene cada mes una parte de su sueldo para ingresarlo en Hacienda. También se aplica sobre los rentistas, inversores y ahorradores. El cobro del alquiler, de un dividendo o los intereses de un depósito tributan por el impuesto sobre la renta.
El IRPF se aprobó en España como tal en 1978 y tenía 28 tramos y tipos que se movían entre el 15% y el 65,51%. La tendencia ha sido ir simplificando el impuesto. En 2016 entrará en vigor la segunda fase de la reforma fiscal que aprobó el Gobierno. El IRPFcontará con cinco tramos y con tipos entre el 19% y el 45% para las rentas del trabajo.
En los últimos años, ha ganado fuerza las opciones que defienden un tributo con escalones mínimos. En España,David Taguas, jefe de la Oficina Económica de Moncloa entre 2006 y 2008 y fallecido en 2014, fue uno de los economistas que defendió con más vehemencia los beneficios del flat tax, es decir, un IRPFcon un único tipo impositivo. En este caso, la progresividad se lograría a través del mínimo exento. José Félix Sanz, director de Estudios Tributarios de Funcas y catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, defiende las ventajas de un IRPFcon solo dos tipos impositivos, del 25% y el 35%.
Ciudadanos es el partido que más se ha acercado teóricamente a esta tesis. En un primer momento planteó un impuesto con tres escalones, aunque recientemente ha reformulado su propuesta y, ante la mala situación de las finanzas públicas, aboga por un impuesto con cuatro tramos y tipos entre el 18,4% y el 43,5%.
Sanz critica que las formaciones políticas plantean reformas para “ganar elecciones” y la única preocupación de que no existan perdedores. Este economista defiende que debería abordarse una reforma partiendo de cero y critica que en los últimos años se ha optado por “parchear” el impuesto. Sanz resume su postura hablando de la “dictadura del statu quo”. Señala que en una reforma integral del impuesto es probable que hubiera contribuyentes que saldrían perdiendo. Para Sanz, el IRPFvigente está mal diseñado y es un tributo que recae solo sobre las clases medidas. Ello es así porque las bajas no lo pagan y las altas tienen mecanismos para eludirlo.
Jesús Gascón, exdirector general de Tributos y autor del libro Diagnóstico y propuestas para una reforma fiscal (Civitas) apunta que a menudo se olvida cuando se plantean las reformas del IRPFque las comunidades autónomas tienen una amplia competencia sobre el tributo. El 50% del impuesto está cedido a las autonomías, que tienen capacidad para modificar el número de tramos o los tipos impositivos. En este sentido, apunta que una posible modificación del IRPFdebería encuadrarse en la reforma del sistema de financiación que, con toda probabilidad, se empezará a negociar en 2016. Gascón recuerda que los tipos hasta antes de la última reforma del Gobierno eran muy elevados. Al inicio de la legislatura, el Ejecutivo subió siete puntos, del 45%al 52% el tipo máximo. Ello, sumado a los incrementos autonómicos provocó que, en Cataluña o Andalucía el gravamen marginal alcanzara el 56%. Gascón también recomienda que no se puede reformular el IRPF sin tener en cuenta la situación de tributos que afectan a la fiscalidad patrimonial como el impuesto del patrimonio o el impuesto de sucesiones.
Más allá de la reforma del IRPF, los partidos políticos defienden en estos comicios medidas dirigidas a dar subvenciones directas a los contribuyentes. Podemos abrió la senda al proponer una renta universal en las elecciones europeas de 2014, una medida que matizó y rebajó posteriormente. El PSOE ha incluido en su programa un ingreso mínimo vital para personas sin recursos y Ciudadanos aboga por un complemento salarial que el Estado abonaría a los trabajadores con sueldos bajos.
Sobre la propuesta de la formación de Albert Rivera, Gascón apunta que probablemente la fiscalidad no sea la herramienta adecuada para combatir los bajos salarios. Y defiende que deben adoptarse medidas desde el lado del gasto público para ayudar a las personas que más lo necesitan, que son aquellas que están sin empleo y sin recursos.
Sanz, si bien no es partidario de este tipo de recetas, se muestra más en línea con la propuesta de Ciudadanos en la medida en que incentiva el trabajo. Otra cuestión relevante es si este tipo de ayudas son financiables en mitad del proceso de ajuste fiscal. La Comisión Europeaexige que la Administración sitúe su déficit público en el 2,8% del PIB en 2016. En el improbable escenario que se cumpliera el objetivo de estabilidad de este año y España cerrara con un desfase del 4,2% del PIB, el ajuste en 2016 ascendería a 15.000 millones. Probablemente será superior porque España acabará el ejercicio con un déficit superior al previsto.
Junto al IRPF, el IVA es el otro gran tributo del sistema fiscal español y que pagan todos los consumidores. Alrededor de este impuesto conviven dos visiones enfrentadas. Por un lado, partidos como Podemossostienen que el IVA es un mecanismo útil de redistribución y apuestan por aplicar tipos reducidos a los bienes de primera necesidad y fijar gravámenes incrementados a los “artículos de lujo”, una posibilidad que hoy por hoy la legislación europea impide. Otra visión diametralmente opuesta defiende que el IVA es un impuesto que no sirve para la redistribución de la riqueza.
Actualmente existen tres gravámenes. Uno superreducido del 4% que se aplica a alimentos frescos, libros o medicamentos; otro reducido del 10% que grava los servicios en hostelería, el transporte de viajes o el agua y el tipo general del 21%. Fedea, por ejemplo, defiende en distintos informes la aplicación de un tipo único de IVA. Señala que no tiene sentido subvencionar el pan a los ricos y sostiene que la progresividad de un sistema se logra a través del IRPF y con ayudas directas.
Gascón apunta que la idea de un gravamen único podría ser válida en el caso hipotético de crear un sistema fiscal de cero. Sin embargo, alerta de los efectos negativos que podría tener para las rentas bajas establecer de golpe un tipo único. Sanz, de Fedea, es partidario de no modificar el IVAtras las múltiples subidas que ha sufrido el impuesto. En 2010, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero elevó el IVA del 16% al 18% y, en 2012, el Ejecutivo de Rajoy lo subió hasta el 21%. Un incremento de cinco puntos en un espacio tan corto de tiempo no tiene prácticamente precedentes.
El sistema tributario español ha estado marcado en los últimos años por las urgencias financieras que llevaron al Gobierno anterior y al actual a drásticas subidas fiscales. La reforma aprobada el año pasado supuso, a grandes rasgos, devolver el IRPF al nivel anterior a la crisis.
Sin embargo, la mejora de la economía y el clima electoral no puede hacer olvidar que España cerrará este año gastando casi 50.000 millones más de lo que ingresa. Los partidos políticos deberían tener en cuenta esta realidad a la hora de generar elevadas expectativas durante la campaña. La capacidad de incrementar el gasto público es limitada, como también lo es la posibilidad de generar ingresos.
Si la crisis en España ha sido especialmente virulenta es, entre otros motivos, porque la Administración estableció políticas de gastos estructurales con ingresos que eran coyunturales al ciclo expansivo del sector inmobiliario. Sería bueno recordar esta lección ahora que la actividad vuelve a crecer y la recaudación aumenta.
No se pueden aprobar costosas políticas de gasto sin tener garantizadas su financiación. No puede haber Estado de bienestar sin estabilidad presupuestaria.
Partido Popular: tipo máximo por debajo del 43%.
El PP hace hincapié en que el IRPF volverá a bajar en 2016, cuando entre en vigor la segunda fase de la reforma fiscal. Además, asegura que su intención es bajar los impuestos si existe margen presupuestario para ello. Defiende que el tipo máximo no debería superar el 43%. En 2016, estará en el 45%.
Cuando los periodistas preguntan al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, si se arrepiente de algo hecho en esta legislatura, es habitual que el líder del PP responda que, más bien, se arrepiente de algo que no ha hecho: acometer la bajada de impuestos que ya prometió en la campaña electoral que le llevó a la Moncloa en 2011. Entonces –se justifica siempre Rajoy– se encontró con un abultado y, en parte, inesperado déficit público por encima del 9% (incluidas las ayudas a la banca), lo que impidió al Gobierno ejecutar la prometida rebaja fiscal.
Sin embargo, la reforma aprobada en 2014, cuando la economía salió del túnel, y que entró en vigor en 2015, ya rebajó el tipo marginal mínimo del IRPF al 20%. De esta forma, el Gobierno dejaba el tipo mínimo de la renta inferior a como se lo encontró (en el 24%).
Posteriormente, Rajoy adelantó a julio pasado una nueva rebaja un punto del tipo mínimo de gravamen (al 19%). Esto supuso una inyección de unos 1.500 millones de euros en los bolsillos de los contribuyentes –unos 20 euros mensuales para las rentas medias– a seis meses de las elecciones generales.
Pues bien, ahora el PP no quiere parar ahí, y siguiendo con su mantra de que las bajadas de impuestos terminan generando más actividad, más consumo y, por lo tanto, más ingresos públicos, su programa para el 20D incluye una rebaja adicional del IRPF, tanto para las rentas más altas como para las más bajas.
Así lo anunció el sábado Rajoy en Valencia, donde presentó las líneas maestras de su programa electoral para las elecciones generales del 20D. El líder del PP se comprometió así a aplicar una rebaja de dos puntos del IRPF para la próxima legislatura. Según detalló el tipo marginal pasará de un mínimo del 19% al 17% y tipo máximo se recortaría del 45% al 43%.
Esta rebaja permitiría, en opinión de Rajoy y de su partido, generar más empleo, más crecimiento económico e ingresos para el Estado, permitiendo al mismo tiempo una mejora de los servicios sociales. Sin embargo, el presidente del Ejecutivo no precisó qué tipo de cambios operarían en los tipos intermedios de renta, ni cuanto costará esta bajada de tipos a las arcas públicas.
Además, el presidente del Ejecutivo prometió que si vuelve a gobernar después del 20D, añadirá una ampliación de los actuales “cheques familiares” con incentivos fiscales para familias con miembros discapacitados y permitirá que los gastos por adopciones internacionales puedan deducirse.
En materia de empleo, Rajoy también avanzó que, si gobierna, habrá “cambios importantes” en las cotizaciones que empresarios y trabajadores pagan a la Seguridad Social.
No obstante, postergó el anuncio concreto de qué hará el PP con estas cuotas a “los próximos días” y podría ser la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, la que detalle esta medida, ya que Rajoy ha encargado a sus ministros que cuenten las propuestas en distintas materias.
En cualquier caso, sugirió que los cambios en cuestión de cotizaciones a la Seguridad Social irían encaminados a generar incentivos en la conversión de contratos temporales en fijos. Dicho lo cual, reiteró que las políticas del PP permitirán la generación de dos millones de nuevos empleos en los próximos cuatro años.
En paralelo, el jefe del Ejecutivo resumió su proyecto para la próxima legislatura en siete grandes objetivos: más empleo, más crecimiento, cuidar de las personas y de las familias, mejora del sistema educativo, reforma de la administración, defender la unidad de España y culminar la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción.
Ante este anuncio, el secretario general del PSOE y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió a los votantes que no crean a Rajoy, ni al candidato de Ciudadanos, Albert Rivera –que también quiere fijar un tipo máximo del 43%– cuando prometen que bajarán los impuestos en la próxima legislatura.
“No creáis a quienes dicen que van a bajar los impuestos porque no va a ser posible”, dijo recordando que el déficit público asciende 10.000 millones de euros y que hasta al menos 2019 no se podrá cumplir el objetivo del 3% del PIB impuesto por Bruselas: “Pregunten a Rivera y a Rajoy de dónde van a recortar cifras (...) para cumplir con Europa”, insistió. Por ello, Sánchez explicó que, si gobierna el PSOE, lo primero que hará será pedir a la Comisión Europea más flexibilidad para cumplir el déficit.
El Partido Popular ha incluido en su programa electoral sendos planes para reforzar el Senado como cámara de debate autonómico y las diputaciones, como instituciones claves para coordinar los servicios públicos de los ayuntamientos. Son dos de las principales medidas que aparecen en los capítulos Unidad de España y Constitución: la reforma institucional y Una Administración más eficaz que presentaron ayer la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal y el ministro de Justicia, Rafael Catalá.
Para ello, los populares apuestan por reformar la ley electoral de forma que en los ayuntamientos “gobierne la lista más votada” a través de una “prima de gobernabilidad a quien gane claramente y con una distancia considerable” en las urnas.
“En caso de no existir mayoría absoluta ni una distancia considerable respecto a otros partidos políticos, se propondrá introducir un sistema de doble vuelta que conseguirá que los gobiernos resultantes se correspondan con las decisiones de los ciudadanos”, indica el programa de los populares.
Asimismo, en el ámbito estatal, el PP se compromete a respetar “la costumbre constitucional” de que solo formará gobierno el más votado. Si bien, el programa no prevé ninguna medida para que el resto de partidos tenga que respetar también esta costumbre. Así, Cospedal, explicó que el PP quiere “que gobierne España quien quieran los españoles, no quien quieran los partidos políticos en acuerdos firmados en despachos cerrados”.
Catalá, por su parte, explicó que si el PP gobierna apostará por la digitalización de la justicia que incluirá la creación de un “nuevo Registro Civil único, gratuito y telemático” que facilite las gestiones a los ciudadanos.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha presentado este sábado en Valencia el programa electoral del Partido Popular con el que aspira a renovar su mandato en la Moncloa durante cuatro años más en las próximos Elecciones Generales del 20 de diciembre.
La creación de empleo es la gran prioridad que ha fijado Rajoy, quien ha prometido que se crearán dos millones de empleos en la próxima legislatura. En este ámbito, aunque sin entrar en detalles, el presidente del PP ha avanzado que en los próximos días anunciará "medidas muy importantes en materia de cotización a la Seguridad Social".
El líder popular ha referido en este sentido que el 75% de los trabajadores en España tiene contrato indefinido, pero que "tienen que ser más". En los próximos días, ha dicho, detallará iniciativas para apoyar la conversión de contratos temporales en indefinidos así como apoyar a quienes quieran alargar su actividad profesional más allá de la edad de jubilación.
- Medidas fiscales
En paralelo, Rajoy ha avanzado nuevas medidas en el ámbito fiscal. En concreto, el líder del PP ha prometido que si gana las elecciones rebajará el tipo mínimo marginal del IRPF al 17%, frente al 19% en el que se encuentra ahora y el 24% que marcaba en 2011, antes de su actual mandato.
El plan del PP es, de otra parte, rebajar el tipo máximo del actual 45% al 43%. "Y espero que las comunidades autónomas trabajen todas en esa misma dirección", ha reclamado Rajoy.
"Cuando se puede, y ahora se puede, bajar impuestos genera más empleo", ha aseverado el presidente del Gobierno, añadiendo que permite también prestar "mejor atención para las personas". "Por eso los vamos a bajar".
En este capítulo, Rajoy también ha anunciado que quiere hacer deducible del impuesto de la renta de las personas físicas los gastos de las familias en las adopciones internacionales así como crear nuevos cheques de apoyo a determinadas familias, como los ya aprobados para las numerosas o con algún miembro discapacitado.
- Logros y objetivos
"El principal objetivo de esta legislatura fue evitar la quiebra de España, el rescate, superar la crisis, empezar a crecer y empezar a crear empleo", ha expuesto Rajoy defendiendo que el PP impulsó "una política económica que funcionó y que hay que perseverar en los próximos cuatro años".
Rajoy ha destacado en siete puntos los objetivos de la próxima legislatura: crear empleo; cuidar de las personas (manteniendo y mejorando las pensiones o la sanidad pública, ha ilustrado); potenciar el crecimiento económico; defender la unidad de España (“le pese a quien le pese”); mejorar la educación, con especial atención a la formación profesional; seguir modernizando la administración pública y apostando por la “regeneración de la vida pública”.
Hemos hecho una ley para obligar a los que han robado que devuelvan lo que han robado. Eso lo ha hecho el Partido Popular”, ha dicho Rajoy sobre este último punto. “Hemos apartado de nuestro partido a quien no hizo bien las cosas y hemos dejado actuar con independencia a jueces, fiscales y fuerzas de seguridad”, ha asegurado sobre los casos de corrupción que han salpicado al PP .
- Crítica a los partidos emergentes
"Son importantes los partidos y las personas. Y el Partido Popular no nació hace un cuarto de hora, ni se inventó en un plató de televisión", ha aseverado Rajoy, en tono crítico con los partidos de nuevo cuño como Ciudadanos o Podemos, reclamando la experiencia y el saber hacer de su partido, que ha sabido ganar y perder elecciones, ha reflexionado.
"Gobernar es decidir", ha sostenido el presidente del Ejecutivo,"distinguir lo importante de lo que es menos importante. Y después decidir y tomar medidas para conseguirlo. Y para eso no vale cualquiera. y no conviene cometer errores ahora", ha advertido.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado hoy que la próxima legislatura se producirá una “rebaja importante de impuestos” y ha apostado por trabajar hasta el 20D para explicar a los ciudadanos lo que ha hecho el PP y “lo que está en juego”.
En declaraciones a la COPE, Sáenz de Santarmía, ha asegurado que la siguiente legislatura va a ser de “importantes rebajas fiscales”, que no ha precisado.
Preguntada por el resultado de las próximas elecciones, la vicepresidenta ha dicho que no hace “apuestas” y el PP “va creciendo”, por lo que ha apostado por “trabajar” ya que lo que importa es el resultado final y las “encuestas del último año han sido para todos una locura” porque “es todo extremadamente volátil”.
En este sentido, ha considerado que lo que importa es “trabajar para explicar a la gente lo que hemos hecho pero fundamentalmente lo que queremos hacer, lo que está en juego en estas elecciones”.
Preguntada por la situación de España frente al terrorismo yihadista, ha dicho que “hay que estar activos” porque “el riesgo cero no existe” pero en España hay mucha experiencia en la lucha contra ello.
Ha transmitido un mensaje de “tranquilidad” porque las fuerzas de seguridad “no descansan” y están trabajando “al máximo nivel, al máximo rendimiento” en España y fuera del país.
Asimismo, ha reiterado la necesidad de apostar por la “unidad” desde el punto de vista político porque “la unidad de los demócratas es la debilidad de los terroristas” y ha recordado que desde el momento en que se produjo el atentado de París hace dos semanas, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y ella misma, han hablado con todos los grupos parlamentarios, y les han explicado y preguntado.
Sáenz de Santamaría ha calificado de “buena” la incorporación de nuevos partidos al pacto antiterorista.
En relación a Cataluña, la vicepresidenta ha señalado que el Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña “tiene que gobernar al servicio de Cataluña” porque, en su opinión, “están perjudicando a muchos catalanes con estos líos que se traen con una investidura siendo capaces de sumar votos de partidos políticos cuyo ideario es lo mas contrario a lo que pueda suponer una sociedad abierta”.
Sáenz de Santamaría, que ha destacado el sufrimiento de muchas personas con el “desgarro que ha generado” Artur Mas, ha dicho que “los catalanes son una parte fundamental” del país. “Nos necesitamos los unos a los otros” y “han sido muchos años de vida en común y de aprecio constante”.
Preguntada por la situación de España frente al terrorismo yihadista, ha dicho que “hay que estar activos” porque “el riesgo cero no existe” pero en España hay mucha experiencia en la lucha contra ello.
Ha transmitido un mensaje de “tranquilidad” porque las fuerzas de seguridad “no descansan” y están trabajando “al máximo nivel, al máximo rendimiento” en España y fuera del país.
Asimismo, ha reiterado la necesidad de apostar por la “unidad” desde el punto de vista político porque “la unidad de los demócratas es la debilidad de los terroristas” y ha recordado que desde el momento en que se produjo el atentado de París hace dos semanas, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y ella misma, han hablado con todos los grupos parlamentarios, y les han explicado y preguntado.
Sáenz de Santamaría ha calificado de “buena” la incorporación de nuevos partidos al pacto antiterrorista.
PSOE: Reformar la fiscalidad patrimonial
Los socialistas defienden sin concretar “una reforma integral de la tributación de la riqueza”. Para ello, proponen nombrar un comité de expertos. En el impuesto sobre sociedades abogan por una tributación mínima y plantean un ingreso mínimo vital para las personas sin recursos.
Si el PSOE gobernara los próximos cuatro años permitiría que los jóvenes “adquirieran” periodos de cotización a la Seguridad Social, a través de convenios individuales, como ya pueden hacer los trabajadores despedidos o prejubilados próximos a la jubilación. Se trataría de hacer aportaciones voluntarias a la Seguridad Social, a iniciativa propia, y sin que exista la necesidad de estar trabajando.
Pero los socialistas también establecerán, si salen vencededores de las próximas elecciones generales, otra fórmula para aumentar los periodos de cotización de otro colectivo, en este caso de las mujeres que hayan sido madres. A todas las trabajadoras se les dará un “bonus” de dos años cotizados más por cada hijo que tengan, que se añadirán al resto de su vida laboral a la hora de calcular su pensión.
- 1.Esta es una de las propuestas socialistas en materia de Seguridad Social incluidas en su recién publicado programa electoral, pero existen otras más:
Derogar todo lo hecho en pensiones. Asimismo, los socialistas proponen derogar todas las modificaciones legales hechas en esta legislatura en materia de pensiones. Esto implicaría eliminar los factores de revalorización y sostenibilidad de las pensiones; volver a hacer más fáciles los accesos a la jubilación parcial y flexible; y permitir nuevamente que una buena parte de las retribuciones en especie que reciben los trabajadores no cotice a la Seguridad Social. Sin embargo, según su programa, el PSOE no derogará, el incremento de las pensiones entre un 5% y un 15% de las madres que hayan tenido dos o más hijos y que se jubilen a partir del próximo 1 de enero.
Más y mejores pensiones y subsidios. El PSOE también subirá las pensiones mínimas y las pensiones de viudedad de los mayores de 65 años que no reciban otra pensión pública. Recuperarán también las condiciones del subsidio por desempleo para mayores de 52 años (que el PP elevó a 55 años) y, sobre todo, volverá a facilitar su acceso, al poner como referente de renta solo al beneficiario y no a toda su familia. Asimismo, estos perceptores del subsidio recobrarán su cotización para la pensión hasta el 125% del salario mínimo. También incrementarán “sustancialmente” las pensiones de orfandad.
Nuevo impuesto finalista. Para compensar todas estas medidas, que supondrían un claro aumento del gasto, los socialistas proponen aumentar el número de afiliados; crear un impuesto finalista para pagar las pensiones que no puedan cubrirse con los ingresos por cotizaciones; y financiar con impuestos “los gastos que escapan a la lógica contributiva”.
- 2. MATERIA LABORAL
Eliminar ayudas. Suprimir todas las bonificaciones a la contratación, salvo aquellas para discapacitados y mujeres maltratadas, y destinarlas a formación para el empleo
Nuevos derechos laborales. Reescribir el Estatuto de los Trabajadores para garantizar los derechos laborales clásicos e incorporar otros nuevos como la seguridad y salud en el trabajo, la libertad religiosa o el secreto a las comunicaciones (incluyendo las de internet y redes sociales)
Más permisos parentales. El PSOE propone hacer efectiva la ampliación del permiso de paternidad de dos a cuatro semanas, como aprobó el anterior gobierno socialista y que el PP ha puesto en suspensión esta legislatura. Este permiso será, además “obligatorio e intransferible”. Es más, pretenden que el permiso de paternidad sea “progresivamente” igual que el de maternidad (16 semanas). Proponen crear una nueva prestación no contributiva por maternidad, de seis semanas de duración, a todas las demandantes de empleo que no estén cotizando.
Trabajo autónomo. Los autónomos deberán cotizar a la Seguridad Social en función de sus ingresos y los autónomos dependientes se regirán por el Estatuto de los Trabajadores para que tengan los mismos derechos que los asalariados.
Tres tipos de contratos laborales. El PSOE quiere también establecer solo tres modalidades de contratos: indefinido, temporal y de relevo y formación. Derogarán el contrato de fomento de emprendedores –que tenía un primer año de prueba durante el cual el despido era gratuito—y fijarán una sobrecotización a las empresas que abusen de la contratación temporal. Los contratos eventuales tendrán una duración máxima de un año ampliable a dos años, por convenio.
Becarios que no trabajen. Redefinirán la figura de los becarios para exigir que su actividad en la empresa “sea únicamente formativa y no productiva. Pese a ello, se garantizarán sus cotizaciones a la Seguridad Social.
Salario mínimo de 900 euros. Quieren también elevar el salario mínimo interprofesional al 60% del salario medio bruto, lo que lo situaría en un entorno de los 900 euros mensuales. Este incremento se hará progresivamente a lo largo de dos legislaturas.
Discriminación salarial. Se potenciarán las inspecciones de trabajo y se elevarán las sanciones a los empresarios que practiquen la discriminación salarial con las mujeres. A esos efectos, las empresas deberán tener un registro desagregado con los salarios y complementos que reciben los trabajadores y trabajadoras de su plantilla.
Papel y financiación de sindicatos y patronal. Pretenden también reforzar la seguridad jurídica de los acuerdos en los expedientes de regulación de empleo. Y elaborar una ley de participación institucional que clarifique el papel y la financiación de sindicatos y patronales y potencie la mediación y el arbitraje como fórmula de resolución de conflictos en el ámbito laboral.
- 3. MATERIA FISCAL
Comisión de expertos. La primera propuesta de los socialistas es realizar una reforma impositiva para la que se creará una comisión de expertos, que en el plazo de seis meses deberá emitir sus conclusiones, para que los cambios entren en vigor con los Presupuestos de 2017.
Esta comisión deberá proponer como impedir que “la actual descoordinación entre el IRPF, el impuesto de sociedades, y el de patrimonio impidan gravar adecuadamente la riqueza, dando lugar a una doble no tributación que permite que determinadas grandes fortunas y patrimonio no contribuyan de forma adecuada”.
Reforma del impuesto de sociedades. Antes de que entre en vigor la reforma global impositiva, el PSOE asegura que cambiará en profundidad la tributación de las empresas, revisando las exenciones y bonificaciones del impuesto. Y fijarán una tributación mínima del 15% en el impuesto de sociedades sobre el resultado contable de las grandes empresas que no haya generado bases imponibles que hayan tributado de forma efectiva en otro país.
IVA cultural. Bajará el tipo de IVA que pagan las actividades culturales como el cine, el teatro y la música.
Patrimonio. Fijarán un mínimo común en todo el territorio nacional tanto en el impuesto de sucesiones como en el de patrimonio.
Otros impuestos. Puesta en marcha definitiva de un impuesto a las transacciones financieras y un modelo de fiscalidad medioambiental que se acerque a los estándares europeos.
Ciudadanos: Un IRPF con cuatro tramos y complemento salarial.
La formación de Albert Rivera propone un IRPF con cuatro tramos y tipos entre el 18,4% y el 43,5%. Ciudadanos defiende bajar del 25% al 20% el impuesto sobre sociedades. En su programa incluye un complemento salarial: un paga del Estado para los trabajadores con nóminas bajas.
Ciudadanos ya ha cerrado la reforma fiscal que incluirá en su programa electoral para las próximas elecciones generales. La propuesta del partido de Albert Rivera, que hoy avanza Cinco Días, contempla un IRPF con cuatro tramos y con tipos que se mueven entre el 18,4% y el 43,5%. Se trata de una medida menos ambiciosa que la presentada en abril, cuando la formación naranja defendió un IRPFcon tres tramos y con gravámenes entre el 18% y el 42%. Ciudadanos justifica el cambio porque prevén que el déficit público será superior al previsto y porque los Presupuestos presentados por el Gobierno de Mariano Rajoy a Bruselas son, en su opinión, irreales.
El próximo año entra en vigor la segunda fase de lareforma fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy. Así, el 1 de enero de 2016 el IRPF tendrá cinco tramos y con gravámenes que van del 19% al 45% (ver gráfico). La propuesta de Ciudadanos reduce los escalones a cuatro. El partido naranja propone que los primeros 22.100 euros de renta tributen al 18,4%, entre 22.100 euros y 37.200 euros al 29,10%, hasta los siguientes 62.000 euros al 35,8% y, a partir de ese nivel, el gravamen aplicable sería el 43,5%.
El efecto práctico es una reducción fiscal que se mueve en torno al 3%. Por ejemplo, un contribuyente soltero y sin hijos que cobra el salario medio –que según el INE asciende a 22.698 euros– pagará porIRPF 2.944,6 euros el próximo año. Con la propuesta de Ciudadanos, este mismo trabajador abonaría 2.853,8 euros, un 3,1% menos. Ello equivaldría a un ahorro anual de 91 euros. La rebaja es similar para todos los tramos, aunque, obviamente, en términos absolutos es superior para los tramos más elevados. Para un sueldo de 80.000 euros, la reforma propuesta supone un ahorro del 3,2%, que equivale en este caso a 758,2 euros.
Ciudadanos quiere fijar en el 7% el IVA de los productos culturales, de manera que subiría el de los libros, actualmente en el 4%, y bajaría el de sectores como el cine, que tributa al 21%. El partido ve posible realizar este cambio gracias al ahorro que se obtendría de la eliminación del Senado --que se sustituiría por un Consejo de presidentes autonómicos-- y de suprimir las ayudas directas que concede el Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).
En el programa electoral se explica que la propuesta de C's sobre el IVA es pasar de los tres tipos actuales (4%, 10% y 21%) a dos, uno reducido del 7% y uno general del 18%. En el primer tipo se incluirían todos los bienes de primera necesidad incluidos ahora en el superreducido (que desaparecería), así como los productos culturales y la hostelería (hoteles, alojamientos, bares, restaurantes y comedores). En cuanto a la sanidad, la educación y los demás bienes exentos, seguirían estándolo.
La propuesta de IVA cultural se enmarca en el Pacto por la Cultura que el partido de Albert Rivera quiere impulsar, según ha explicado C's, cuyo Consejo General ha aprobado este fin de semana el programa electoral para los comicios del 20D. Puesto que otorga “una importancia central” a la educación y la formación, plantea disminuir el IVA que se aplica a “museos, jardines botánicos, bailes, cines, teatros y espectáculos”, así como actividades deportivas.
“Esto requiere que la reducción del IVA se traduzca en precios más bajos, y no en mayores márgenes, englobado en un Pacto por la Cultura que tratará de asegurar la accesibilidad a nuestros bienes culturales”, indica, destacando la importancia que tiene ese mejor acceso “a un buen precio” para potenciar un turismo de calidad.
El Equipo Económico de C's, manteniendo el “compromiso” del partido con la estabilidad presupuestaria y “consciente de que cualquier recorte impositivo debe ser financiado”, cree que se podrá rebajar el IVA cultural si se aplican dos medidas. La primera de ellas es su propuesta de eliminar el Senado, con la que estiman un ahorro de 50 millones de euros.
La segunda medida que ven necesaria para hacer esa rebaja es la “supresión” de las subvenciones directas al cine que concede el ICAA a través de un programa que gestiona unos 60 millones de euros al año y que, según Ciudadanos, “ha sido una enorme fuente de fraude”. En su opinión, la sustitución de estas ayudas por el IVA reducido para la cultura “creará un terreno de juego más transparente y menos propenso al amiguismo”.
Podemos: Subida fiscal a las rentas altas.
Podemos prevé elevar el IRPF a las rentas altas y propone establecer un tipo máximo del 55% que se aplicaría a partir de 300.000 euros. También, apuesta por un “impuesto de solidaridad” que recaería sobre las entidades financieras. Aboga por una “renta garantizada para sectores desfavorecidos”.
Cuando una empresa detecta que sus productos no se venden, aparentemente solo tiene dos salidas antes de plantearse abandonar: o cambiar de producto (algo que no siempre es fácil ni recomendable) o vender más barato o, incluso, ambas cosas y, por supuesto, buscar nuevos mercados. Si para una compañía este proceso suele ser costoso y complicado, imaginen para la economía de todo un país.
COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL
Cuando estalló la burbuja inmobiliaria en 2008, buena parte de los cimientos sobre los que se había sustentado la etapa expansiva más prolongada de la democracia se vinieron abajo y comenzó a acuñarse aquello de que había que cambiar el modelo productivo o el manido “menos ladrillo y más ordenadores”. España se quedaba así sin uno de los sectores que había sido motor de la actividad, la construcción y el inmobiliario, y además descubría con estupor cómo sus productos no encontraban compradores ni dentro ni fuera de sus fronteras. Eran incapaces de competir con los precios de productores como China o Brasil y el resto de emergentes, pero también España entonces producía bienes y servicios alejados de los estándares de costes de sus principales competidores europeos.
La clave de qué había ocurrido la sintetiza el director de Coyuntura y Estadística de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), Ángel Laborda. “Desde el inicio del euro hasta 2008, los costes laborales unitarios habían crecido en España un 20% por encima de la media de los países de la zona euro”, explica. Es decir, nuestros productos carecían de valor añadido comparados con los de la competencia y además como fabricarlos era más caro, sus precios no resultaban competitivos en el mercado internacional. Era urgente actuar y vaya si lo hicieron las empresas.
Ajustes de plantillas
La primera reacción fue recomponer la estructura de costes a la manera tradicional en todas las crisis económicas de la historia reciente de España, es decir, reduciendo las plantillas. En la segunda fase de la crisis, 2012-2014, el ajuste se llevó a cabo mediante la moderación salarial, gracias al nuevo marco que había puesto a disposición de las empresas la reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP.
El consenso de los analistas consultados coincide en que al menos tres cuartas partes de esa competitividad vía precio que se perdió con la zona euro al inicio de la moneda única ya se ha recuperado. De hecho, el índice de tendencia de la competitividad que elabora el Ministerio de Economía frente a las principales áreas económicas del mundo así lo establece (cualquier caída del índice supone una ganancia de competitividad).
Y aunque es cierto que la depreciación del euro y el abaratamiento del petróleo son vientos de cola que ayudan a que las exportaciones de España ganen cuota de mercado, lo cierto es que hay otros dos indicadores que muestran a las claras cómo por primera vez la contención de costes y precios en España es superior a la que están llevando a cabo los principales países europeos. Los salarios mantienen la senda de la contención, mientras en Europa registran tasas de avance muy moderado y en materia de inflación, la tasa general española lleva prácticamente dos años en negativo, mientras los grandes socios europeos registran crecimientos.
Moderación salarial
Como resultado de esta política de contención de costes, España ha logrado escalar posiciones en la cuota exportadora, uno de los mejores índices para medir la competitividad de una economía, y hoy acapara el 1,8% de las ventas mundiales. Las exportaciones crecen al 4,4% y se sitúan en máximos de la serie histórica. De hecho, las ventas al exterior suponen en la actualidad un tercio del PIB, todo un hito en la historia reciente.
Pero la pregunta que todos los expertos se hacen no es menos crucial: ¿Y ahora qué? ¿Qué medidas deberían adoptarse para no revertir esta tendencia? La iniciativa estrella es “continuar con la moderación salarial”. De hecho, ante las voces que apuestan por comenzar ya a subir los sueldos allí donde las empresas puedan permitírselo, los expertos advierten que nunca por encima de lo que lo hagan los principales competidores de España. De lo contrario, sería una suerte de “volver a las andadas”.
Cualificación profesional
Por detrás de la contención de costes, pero no menos importante se sitúa la gran apuesta: la calidad. El director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, describe de una manera muy gráfica lo que aún es la debilidad de la economía española: “Tenemos muy buena materia prima, pero nos falta el marketing”. Pone como ejemplo el aceite de oliva y cómo los italianos han conseguido vender un producto tan bueno como el español (de hecho, en ocasiones procede de aquí) a precios más elevados porque lo “empaquetan muy bien”. En su opinión, la clave está en la productividad y ahí también existe margen para más mejoras, a pesar de que reconoce que se ha avanzado mucho durante los años de la crisis. “Debemos aspirar a ser capaces de producir mucho y muy bonito”, añade.
En cuanto a qué reformas han de ponerse en marcha para posibilitar ese aumento de la productividad, los analistas lo tienen claro: más flexibilidad en la contratación y, sobre todo, una reforma educativa que deje de lado de una vez por todas si Religión sí o Religión no y apueste por los modelos que están funcionando en otros países. Funcas y Fedea piden un replanteamiento de los recursos que se destinan a la formación reglada hacia la enseñanza de los oficios, algo que en España siempre ha estado denostado.
Dimensión de las empresas
“Deberíamos ser capaces de consensuar el núcleo de cómo queremos cambiar el sistema educativo. Es decir, qué deben aprender los jóvenes y cómo fomentar la cultura del esfuerzo”, subraya De la Fuente, quien como Laborda reclama un paso más en el fomento de la formación dual, que combina la enseñanza teórica con la realización de prácticas en las empresas.
Pero si el objetivo crucial es seguir ampliando el peso de las exportaciones sobre el total del producto interior bruto (PIB), lo que no debe olvidarse es que para salir al exterior, las compañías han de contar con todas las facilidades posibles, y la primera pasa por poder ganar tamaño, tal y como recuerda Almudena Semur, coordinadora del Servicio de Estudios del Instituto de Estudios Económicos (IEE). Las empresas más grandes son más productivas y ganan más dinero, concluye.
Así, se muestra partidaria de reducir las cotizaciones a la Seguridad Social para impulsar la contratación y al mismo tiempo compensar la pérdida de recursos públicos con una subida de los impuestos indirectos. Aboga por un incremento de la formación de los trabajadores, ya que sin ello no será posible su vuelta al mercado laboral y nuevos incentivos al gasto en I+D+i. “Después del gran ajuste de costes aplicado por las empresas, ahora es el momento de invertir en innovación para continuar con las ganancias de competitividad”, aclara Semur.
Unidad de mercado
Lo que no genera ninguna duda es que “no se pueden revertir las reformas emprendidas, porque los efectos de muchas de ellas los empezaremos a ver los próximos cuatro años”, admiten desde el IEE. Y entre las medidas que deberían marcar los primeros compases del Gobierno que salga de las urnas está una nueva reforma fiscal, que elimine más deducciones, o avances en la unidad de mercado. Iniciativas que consolidarán un crecimiento basado en la calidad, sin dejar de lado a sectores en los que ya somos punteros, como el turismo, la automoción o el agroalimentario.
Contaba el otro día el propietario de un modesto taller mecánico que busca para su negocio contratar a cuatro o cinco jóvenes como no encuentra mano de obra cualificada. El problema reside en que muchas de las averías actuales de los coches requieren conocer el manejo de ciertos programas de ordenador y los candidatos a quien había entrevistado para el puesto admitían no haber aprendido esas técnicas. Y esto en un país con una tasa de paro juvenil superior al 50% es un escándalo en toda regla.
Llevamos años oyendo decir que lo que enseña la formación profesional y la universidad no es lo que demanda la empresa. Entonces, ¿a qué esperamos para cambiarlo? Existen diversos estudios que admiten que no por gastar más en Educación, se obtienen mejores resultados; por lo que se trata de gastar mejor y eso hay países que llevan décadas demostrando con resultados cómo hacerlo. Pues hagamos algo tan fácil como es copiar lo que ya es un éxito. Y cuando decimos copiar, hagámoslo bien y no de manera parcial. Además, todos los años se publican los catálogos de profesiones con déficit de empleados, analicemos por qué son siempre las mismas.
PP: Más reformas. El partido del Gobierno insiste en mantener el pulso reformista para mantener la recuperación. El objetivo es impulsar el crecimiento sin inflación.
PSOE: Modernización. Para avanzar en la competitividad de la economía, el PSOE propone basar la actividad en el conocimiento, la innovación y el emprendimiento.
Ciudadanos: Reestructuración de horarios. Apuesta por racionalizar los horarios laborales con el fin de ser más productivos, reduciendo las vacaciones escolares y flexibilizando la jornada laboral.
Podemos: Fin de la devaluación salarial. La transformación de la economía ha de venir del fin de la rebaja de salarios y el aumento del gasto y la inversión públicos.
En España se pagan ahora 12,2 millones de prestaciones sociales cada mes. Esto cuesta más de 140.000 millones de euros al año. Uno de cada cuatro españoles recibe algún tipo de prestación. Así, cho millones de personas cobran pensiones contributivas (jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad permanente etc.) y de este colectivo, un millón cuenta con dos pensiones. Más de dos millones tienen prestaciones y subsidios por desempleo; y más de medio millón reciben ayudas asistenciales. El Gobierno destina cuatro de cada diez euros de todo lo que se gasta a pagar pensiones; y éstas suponen nada menos que el 70% de todo el gasto social.
Con estos datos no es de extrañar que los políticos tengan mucho cuidado con qué dicen en materia depensiones. Por ello, hasta hace poco, las pensiones eran una cuestión de Estado. Así se dibujó en el primer Pacto de Toledo, en 1995, cuando todas las fuerzas políticas parlamentarias acordaron dos cosas: que las reformas del sistema de pensiones debían hacerse en sede parlamentaria y con todo el consenso posible. Y que las pensiones no podían usarse como arma electoral arrojadiza.
Ambas cuestiones del Pacto de Toledo se cumplían bastante escrupulosamente hasta que, como tantas otras cosas, la crisis lo hizo saltar por los aires. El PP no apoyó en el Pacto de Toledo la gran reforma de pensiones que diseñó el PSOE, instado por Bruselas, en el verano de 2011. Y, también desde entonces, los dos grandes partidos se han reprochado pública y constantemente que unos (el PSOE) congelara las pensiones y otro (PP) se hayan comido el 40% del fondo de reserva de las pensiones en la actual legislatura.
Los dos reproches son ciertos, pero también lo es que tanto los socialistas como los populares han tenido poco margen de maniobra para hacer otra cosa.
El actual Gobierno tuvo que empezar a echar mano de la hucha de las pensiones en 2012, cuando la Seguridad Social –que ha llegado a perder más de tres millones de cotizantes durante la crisis– adelgazó notablemente sus ingresos, llevando al sistema a unos números rojos de más de 11.000 millones de euros anuales.
Así, los ingresos por cotizaciones y las aportaciones del Estado dejaron a partir de 2012 de ser suficientes para abonar las pagas extra de Navidad y verano de los pensionistas. Desde entonces el Ejecutivo ha utilizado casi 46.000 millones de este fondo para abonar dichas extras. Tras esto en la hucha quedan 39.500 millones de euros(43.700, según su valor de mercado).
La mejora del empleo está atajando este año el déficit del sistema de pensiones, que se prevé termine el ejercicio en un 0,6%.
Los expertos no se creen las previsiones del Gobierno
Sin embargo, los expertos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) consideran que la previsión de ingresos del Gobierno no es creíble y, de hecho, no se está cumpliendo, sobre todo por los bajos salarios y la precariedad del empleo que se crea. Esto llevará los números rojos del sistema por encima del 1% este año, según la Airef.
Pero, aunque la mejora de los ingresos equilibrara la financiación del sistema, no será suficiente en el medio y largo plazo para hacerlo sostenible, debido al incremento natural del gasto por el aumento del número de pensionistas (que crece a un 1% anual y se disparará a finales de la próxima década) y al efecto sustitución (las nuevas pensiones son casi un 40% más altas que las que se dan de baja por fallecimiento.
Ante este escenario, los partidos están ahora de acuerdo en buscar fuentes de financiación de las pensiones alternativas a las cotizaciones. En concreto el Gobierno ha apuntado a que las prestaciones menos contributivas, como son las de viudedad y orfandad se financien con impuestos. Y todos están de acuerdo en estudiar esta posibilidad tan pronto comience la próxima legislatura.
Sin embargo los expertos y académicos consultados van mucho más allá y consideran “imprescindible” una nueva reforma en profundidad de las pensiones tras las
“Buscar más ingresos, cambiando las fuentes de financiación de una parte del sistema, es lo más fácil en una época electoral en la que no se habla de nada en profundidad, pero eso no bastará para hacer sostenible el sistema” . Esto es lo que asegura Ignacio Conde-Ruiz, profesor de Economía de la Universidad Complutense, investigador de Fedea y autor del libro ¿Qué será de mi pensión?, para quien “el tiempo se está agotando, y es necesario un gran pacto nacional, en el que se tomen decisiones y se diga a la gente qué pensión va a poder cobrar en función de las reformas que se hagan”.
En su opinión España debería optar por cambiar el sistema para hacerlo puramente contributivo sin dejar que sea de reparto:esto es crear unas cuentas nocionales en las que cada trabajador se lleve en el momento de la jubilación, lo que ha contribuido. “Y si esto no es suficiente para mantener el nivel de vida, habría que decírselo a los ciudadanos con el tiempo suficiente, para que prevean otros ingresos”.
Pero además de este cambio de modelo, Conde-Ruiz defiende que “en estos momentos lo más urgente e importante es que los españoles sepan que van a tener que trabajar más años”.
Trabajar más años
El catedrático de economía del sector público en la London School of Economics explicó recientemente en España que hay cuatro soluciones para dar viabilidad a los sistemas de pensiones: recortar la cuantía de las futuras pensiones; retrasar la edad de jubilación; elevar las cotizaciones a la Seguridad Social o incrementar considerablemente el crecimiento económico del país. Lo ideal sería una combinación de todas ellas pero, Barr coincidió con Conde-Ruiz en que de todas estas opciones, la más beneficiosa es el retraso en la edad de jubilación.
De hecho el experto demógrafo del Instituto Max Planck de Investigación Demográfica, James Vaupel, justifica un nuevo retraso de la edad de jubilación, en sus investigaciones que apuntan que los 59 años de ciudadano europeo de hace medio siglo son equivalentes a los 70 años de un ciudadano similar en la actualidad.
Sin embargo, entre los expertos también hay quien cree que “el sistema no necesita nuevas reformas paramétricas en la próxima legislatura, pero sí deberán mantenerse, sobre todo, el índice de revalorización y el de sostenibilidad creados en 2013”. Es la opinión de Miguel Ángel García, economista experto en Hacienda Pública y pensiones de la Universidad Rey Juan Carlos, quien considera que lo imprescindible es “fijar que nivel de gasto público quiere asumir la sociedad para el pago de pensiones y, junto a esto, establecer qué tasa de reposición (porcentaje del último sueldo que representa la cuantía de la pensión) quieren conseguir”. Junto a esto, explica que habría que analizar de qué ingresos se dispone. Y, en función de todos estos parámetros, “el ciudadano sabrá a qué atenerse”, añade García.
Las opciones son múltiples pero está claro que una de las primeras tareas que deberá atender el próximo Gobierno será abrir el melón del sistema de pensiones, su cobertura y su financiación, en el seno delPacto de Toledo. “Y cuanto antes en la legislatura, mejor”, aseguraba hace poco la portavoz parlamentaria del PP en esta materia, Carolina España.
Prestación por desempleo
Algo más de dos millones de personas cobran una prestación contributiva o un subsidio por estar en el paro.
La modificación del sistemas de ayudas por desempleo no es algo de lo que se hable recurrentemente, sobre todo a medida que mejora el mercado laboral y se recorta el gasto, que llegó a superar los 31.000 millones anuales. Está previsto que para 2016 baje de los 20.000 millones. Si bien, hay expertos que piden una mayor vinculación entre las políticas activas (de formación) y la percepción de las ayudas, de forma que se limite su cobro si el parado no demuestra activamente que busca un empleo. No obstante, se trata de una medida muy polémica que no parece que ningún partido esté dispuesto a impulsar.
El economista Miguel Ángel García, reclama que las nuevas figuras de atención a los parados, como el programa de activación para el empleo, sea “una renta real para hogares sin ingresos”, ya que tal y como está configurado estaba previsto para casi medio millón de parados con muchas dificultades y en septiembre pasado solo cumplían los requisitos para recibirlo 31.000 personas.
Dependencia
La Ley de atención a personas dependientes ha cumplido en 2015 ocho años en vigor y los expertos coinciden en que su implantación no se ha correspondido con sus expectativas iniciales. Bien es cierto que los recortes de la crisis, a pesar de haber restado financiación a la ley, han propiciado un cambio a la fuerza que responde al espíritu inicial de la norma. Así, las ayudas económicas al cuidador que al principio eran mayoritarias ahora son poco más de un tercio y el 63% son prestaciones de servicios. Tras este cambio los retos son: volver a incrementar su financiación y, sobre todo, articular el sector en materia de empleo y calidad de los servicios.
La renovación del Pacto de Toledo debe ser una de las primeras cuestiones que aborde el nuevo Parlamento que salga de las urnas. Es una cuestión de Estado y los partidos tienen que estar a la altura.
Probablemente, no bastará con buscar nuevas fórmulas de financiación para las pensiones menos contributivas (viudedad, orfandad y en favor de familiares). Habrá que repensar, sobre todo, la pensión de viudedad, algo que se presenta polémico. Pero España es el único país de su entorno en el que esta prestación es vitalicia y compatible con cualquier renta.
Si bien, los partidos no pueden conformarse con costear con impuestos una parte del sistema de pensiones o subir las cotizaciones. Si piensan en el largo plazo (y no tan largo) deberán poner sobre la mesa más reformas paramétricas (aquellas que inciden en el cálculo de la cuantía de la pensión), orientadas a controlar más el gasto, ante el envejecimiento de la población y la llegada a la jubilación de la generación del baby boom en la década de 2030.
Saber informar sobre la necesidad de estos cambios y sobre las pensiones que se van a poder pagar dentro de 20 o 30 años es el gran reto.
PP: otra financiación. Los populares quieren financiar las pensiones de viudedad y orfandad con impuestos. Y fijar nuevos incentivos a las pensiones privadas.
PSOE: Un nuevo impuesto. Los socialistas proponen crear una nueva figura impositiva “finalista” para pagar las pensiones menos contributivas.
C's: Jubilación flexible. Reformar el sistema revirtiendo el retraso de la jubilación a los 67 años. A cambio, proponen un retiro flexible, en el que se incentive trabajar más allá de los 65 años.
PODEMOS: Más gasto público. Podemos quiere subir las pensiones más bajas; fijar la jubilación a los 65 años y eliminar los topes de cotización a los salarios más altos.
Si algo concita consenso general de los partidos políticos en España es la financiación autonómica. El consenso es: hay que cambiarla. Y, si es posible, de arriba abajo. No hay experto que esté satisfecho con el actual modelo, para el que abundan calificativos como opaco, oscuro, ineficiente o incomprensible. El problema es que el consenso, sea de políticos o de técnicos, desaparece cuando se pregunta cómo rediseñarla. La urgencia para el cambio de modelo está en que las comunidades autónomas tienen encomendada la misión de mantener los pilares básicos del Estado de bienestar, consanidad, educación, servicios sociales y dependencia a la cabeza. Y casi todas volverán a incumplir este año el objetivo de déficit (0,7% del PIB). Conforme a las últimas proyeciones de Fedea para 2015, incumplirán todas las del régimen común excepto Galicia y las forales, País Vasco y Navarra, que con el sistema de cupo juegan en otra liga.
Los recursos del sistema proceden de tres fuentes:tributos cedidos íntegros, como Sucesiones o Patrimonio; los cedidos en parte (IRPF, IVA y especiales), y las tranferencias del Estado central por diversos fondos. El Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, principal elemento del sistema, se reparte por población ajustada, es decir, teniendo en cuenta población infantil, jubilados, dispersión o insularidad. También, están el Fondo de Suficiencia Global, y los de Convergencia: de Competitividad, para compensar a las autonomías con menos recursos, y de Cooperación, introducido por el último Gobierno socialista para beneficiar a las comunidades más pobres.
Un entramado que forma el sudoku –en realista descripción lanzada antes de la crisis por el ministro socialista de Economía y Hacienda, Pedro Solbes– de difícil encaje y equilibrio inestable. El actual Gobierno realizó un voluntarioso intento de acometer la reforma a final de la legislatura, es probable que consciente de su imposibilidad con un calendario marcado por el proceso secesionista encabezado por Artur Mas en Cataluña: elecciones autonómicas del 27S de 2015 tras el intento de referéndum del 9N de 2014.
El proceso catalán introduce además la seria incertidumbre de hurtar la capacidad de liderazgo en las negociaciones sobre la financiación que siempre ha jugado la Generalitat de Cataluña.
Las elecciones generales del 20D marcarán otro hito en la reforma de la financiación autonómica. Una reforma que, tras los retrasos en esta legislatura –el modelo que se aplica, que no cuenta con el apoyo del PP, es el aprobado por el Gobierno Zapatero– es vista ahora como prioritaria por Mariano Rajoy, quien incluso le ha puesto fecha:primer semestre de 2016. Y eso tras los amagos lanzados para frenar presiones territoriales.
El modelo actual es, para muchos expertos, engañoso y falto de transparencia porque distribuye recursos con diferencias arbitrarias. El hecho de que haya sido utilizado por diferentes Gobiernos como instrumento de negociación política, opinan, implica que haya fondos e indicadores que responden a razones más políticas que económicas. La prueba está en sus pobres resultados. Los ejemplos más citados son la Comunidad Valenciana y Murcia, que siempre salen perjudicadas sin causa económica aparente que lo justifique, mientras otras obtienen beneficios por encima de la media.
La participación en los impuestos también es criticada. Según algunos, cada vez que se ceden, se reducen transferencias en una cantidad equivalente. En realidad, dicen éstos, el Ejecutivo controla las decisiones de las comunidades, que en la práctica gozan de autonomía financiera limitada. El Gobierno decide la cantidad de recursos que tienen, limita su capacidad fiscal y les frena el endeudamiento más allá de lo que les correspondería.
Cualquier reforma debe buscar el equilibrio entre que las autonomías puedan determinar su nivel de ingresos y que el coste sea visible, pero que los gastos en el Estado del bienestar no dependan de sus recursos individuales, porque lo contrario es ponerlo en peligro.
En opinión del catedrático de Hacienda Pública Ignacio Zubiri, “los recursos totales para la financiación deberían ser determinados colectivamente por las comunidades autónomas”. Esto implicaría “crear un fondo de financiaron global dotado con una cesta de impuestos cuyos tipos, en algunos casos, serían determinados por las comunidades”. Y pone un ejemplo: estaría dotado con un recargo sobre el IRPF (que puede ser subido por las autonomías), un porcentaje de IVA (la mitad del tipo normal del IVA se imputaría a este fondo y las comunidades podrían decidir si este tipo sube). Zubiri también propone eliminar todos los fondos actuales y que el único existente, dotado como se ha señalado, se distribuya entre comunidades con el objetivo de igualar los recursos per cápita. “La decisión de si se deben igualar en todo o en parte es política”, explica, pero “fuera cual fuera el criterio de igualación, se deberían eliminar los indicadores de necesidad y tender a la igualación per cápita”.
Sobre los impuestos, las comunidades deberían decidir colectivamente algunos tributos, que irían al citado fondo, y otros individualmente. El gasto por encima de lo que financia el fondo redistributivo debería afrontarse con tributos propios. En todo caso, “habría que armonizar y poner límites mínimos a los impuestos de las comunidades, en particular a Patrimonio y a Sucesiones y Donaciones”. Y, sobre el déficit, “en el corto plazo se debería ampliar el límite de endeudamiento autonómico, por lo menos, al 35% del límite total de endeudamiento de España”.
Pero el nuevo modelo debe ser también “entendible”, explica Javier Martín, socio director de F&J Martín Abogados, que propone “profundizar en los principios del federalismo fiscal”, e “incentivar la corresponsabilidad fiscal, para hacer depender buena parte del modelo de los recursos tributarios de las autonomías, que no son otros que los tributos cedidos básicamente”, dice. Y reclama: “Hay que superar las disfunciones actuales entre el IVA y Transmisiones”. Martín insiste también en establecer “una tributación mínima en todo el Estado tanto en Sucesiones, como en Patrimonio”. Además de garantizar la suficiencia financiera de los territorios, Martín propone seguir fijando instrumentos de solidaridad y convergencia con fondos oportunos y, en definitiva, que colaboren todas las autonomías en equilibrar las fuentes de recursos de manera que “ninguna pueda blindarse, frente a las demás o al propio Estado”.
Para el catedrático de Historia e Insttituciones económicas Rafa Dobado,“hay que deshacerse sin precipitaciones, pero con fecha fija y conocida, de “flecos disfuncionales” del pasado, como “la excepcionalidad vasco-navarra”, mediante la renegociación de los cupos. También de lo que llama “las injustificadas quejas del nacionalismo catalán”, que “deben ser enfrentadas con cifras”, y “debe limitarse la redistribución interterritorial que hacen unas pocas comunidades al resto”.
En cualquier caso, la clave de la reforma estará en dar con la metodología para el adecuado cálculo de las necesaidad de gasto de cada territorio. En ese sentido, el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, propone en un reciente trabajo “ligar las ponderaciones de las variables de reparto al patrón observado de gasto autonómico”, la inclusión de nuevos indicadores de necesidades, el desdoblamiento de otros, y la introducción de correcciones por niveles regionales de precios y de renta. Porque, en su opinión, “existe todavía un margen apreciable para afinar los cálculos de necesidades de gasto”. Y, según De la Fuente, esto “se puede hacer además utilizando información fácilmente disponible y sin pérdida de transparencia”.
El principal soporte del Estado de bienestar está en España en manos de las comunidades autónomas. De ahí la transcendencia de la financiación autonómica y la urgencia de su reforma. Lejos de ligarse, como ha venido ocurriendo en el pasado, a intereses políticos partidistas, el nuevo modelo debe tener la igualdad, el bien común y la eficacia como principales objetivos. La señal de una buena acción de los administradores públicos será la suma de esos tres pilares. Porque es a estos, y no a otros, a los que deben atender la financiación regional y sus mecanismos de nivelación, tan necesarios en un país descentralizado, pero con diferencias entre territorios que exigen un plus de solidaridad. La pauta de transferencias, horizontales entre territorios o verticales desde el Estado central a estos, cuenta con modelos para cuantificar las necesidades de diversa complejidad. Es obligación de los políticos dar con el que module esas diferencias entre los territorios, tenga flexibilidad para adaptarse a los cambios –señaladamente los demográficos– y, sobre todo, que elimine el uso de la financiación autonómica como arma arrojadiza entre los partidos políticos.
PP: vinculación a la local. Elementos nucleares: los principios de autonomía, solidaridad, suficiencia y corresponsabilidad fiscal. Cualquier mejora, con negociación transparente y multilateral, en busca del mayor consenso. Compromiso de que los Presupuestos del Estado sean instrumento de cohesión territorial y solidaridad entre los españoles, independientemente de donde residan, y que las inversiones se distribuyan en función de las necesidades de desarrollo de cada territorio y no en pago de apoyos políticos. Impulsar la reforma simultánea y vinculada a la de la financiación local.
PSOE: Con los principios y técnicas del federalismo, establecer los elementos fundamentales del sistema de financiación conforme a los principios de certeza, estabilidad, y equilibrio en el reparto de los recursos públicos y los de autonomía financiera, suficiencia, corresponsabilidad, coordinación, solidaridad y equidad interterritorial, con la máxima transparencia a la garantía del principio de solidaridad a través del reconocimiento de niveles similares de servicios públicos. Que la contribución interterritorial no coloque en peor condición relativa a quien contribuye.
Ciudadanos: Con los principios y técnicas del federalismo, establecer los elementos fundamentales del sistema de financiación conforme a los principios de certeza, estabilidad, y equilibrio en el reparto de los recursos públicos y los de autonomía financiera, suficiencia, corresponsabilidad, coordinación, solidaridad y equidad interterritorial, con la máxima transparencia a la garantía del principio de solidaridad a través del reconocimiento de niveles similares de servicios públicos. Que la contribución interterritorial no coloque en peor condición relativa a quien contribuye.
Podemos: Recuperar la imposición sobre el patrimonio y recuperar para la Administración central la imposición sobre la riqueza, sin perjuicio de que las comunidades puedan modularla en sus territorios aunque evitando los escalones, la inequidad y las ineficiencias existentes. Hacer efectivos los tipos en el impuesto de sociedades. Mínimos de cobertura comunes en todas las autonomías. Desarrollar la hacienda local como pilar fundamental de la del Estado, junto a la central y la autonómica, reordenando sus competencias y dotando a los ayuntamientos de recursos.
ENTREVISTA JORDI SEVILLA (PSOE)
Jordi Sevilla (Valencia, 1956) formó parte del grupo de personas que asesoró a Zapatero en el camino a la presidencia del Gobierno en 2004. A la historia ha pasado la célebre frase de “Lo que tú necesitas saber para esto son dos tardes”, que le espetó al expresidente. En ese tránsito de la oposición al Gobierno, Sevilla se rodeó de un grupo de economistas entre los que estaba un desconocido Pedro Sánchez. Once años después, Sánchez, ahora secretario general del PSOE, lo ha recuperado para coordinar el programa económico con el que comparece a las elecciones del 20 de diciembre. Y la principal prioridad será hacer todo lo contrario en política económica que el PP en los últimos cuatro años. “Hemos vivido la legislatura más regresiva de la democracia española: no ha habido ningún gobierno que haya hecho una política más de derechas en degradación y recorte del estado de bienestar y derechos laborales”, apunta.
Pregunta. La formación que gane las elecciones encontrará un país creciendo al 3%, un déficit cercano al 6% y un paro del 20%. En el otro lado habrá una deuda cercana al 100%, una devaluación salarial sin precedentes y casi dos millones de parados sin protección. ¿Condicionará la herencia recibida la política económica del PSOE?
Respuesta. Estamos saliendo de la recesión, pero no de la crisis. Y eso condiciona mucho las políticas económicas porque, en mi opinión, si queremos salir de la crisis, tenemos que hacer todo lo contrario que se ha hecho durante estos cuatro años en política económica. Creo que el panorama tiene que ser lo contrario de un modelo basado en deprimir salarios y costes laborales para ser competitivos en el exterior. Lo que nos hemos encontrado es que lo que hace crecer el PIB es cuando las familias deciden ir a comprar y las empresas invierten. Hay que hacer una política económica orientada a la I+D, a la innovación, a hacernos competitivos por hacer las cosas bien y no más baratas, y por restablecer reequilibrios en el mercado laboral, peligrosamente rotos con la reforma laboral, unilateralmente impuesta por el PP.
P. ¿Qué es lo más le preocupará el día 21 de diciembre, en el caso de que los socialistas ganen las elecciones?
R. Tengo dos preocupaciones para el 21D:qué vamos a hacer con el presupuesto de 2016 para cumplir con el objetivo de déficit, ya que la Comisión Europa dice que tenemos que hacer un ajuste de 10.000 millones, y qué vamos a hacer con la patata caliente de un modelo de financiación autonómica que no han sido capaces de solventar.
P. El PSOE acusa a la reforma laboral de muchos de los males de la economía española. ¿Finalmente se derogará o solo se modificará parcialmente?
R. La derogaremos. Y eso significa que la sustituiremos por otra normativa en dos momentos. Uno será inmediato en el que vamos a intentar recuperar el protagonismo de la negociación colectiva, suprimido por una reforma laboral que ha escorado las relaciones laborales en exceso a favor del empresario. No vamos a poner en cuestión a la empresa ni la flexibilidad, pero sí determinado tipo de prerrogativas y abusos que se han hecho a favor de los empresarios. Y en un segundo momento se tratarán otros asuntos como el coste del despido, que necesita el consenso de los interlocutores sociales. En España, el coste del despido se ha tratado tres veces durante la democracia. Dos fueron acordadas y una la fijó unilateralmente el PP.
P. ¿Rebajar el coste del despido servirá para crear empleo?
R. En España ha habido un debate sobre cómo se entra o se sale y lo que hay que debatir es cómo se mantiene uno 30 años en el mercado laboral. Con cinco millones de parados y una recuperación frágil, ni los empresarios ni los desempleados están preocupados en el coste del despido. En cualquier caso, la recuperación va a crear empleo, en los próximos cuatro años. Gobierne quien gobierne es muy probable que acabemos la próxima legislatura con 1,5 millones de puestos de trabajo más.
Pero no se puede confiar solo al ciclo económico la reducción del paro. Cuando segmentas los parados que hay en el mercado laboral, hay núcleos de vulnerabilidad que no van ser recuperados con el ciclo económico. No me atrevo a llamarlo estructural, pero tengo claro que serán necesarios planes específicos para dos millones de parados: aquellos con baja formación, los que no han tenido nunca empleo y los mayores de 45 años. Y en esos tres colectivos las mujeres siempre están peor que los hombres.
Creo que hay que empezar a pensar que las medidas para que estos colectivos se reintegren tienen que tener mayor contundencia. No estamos a favor de bonificaciones en las cotizaciones, que lo único que hacen es reducir los ingresos de la Seguridad Social.
P. En un primer momento también hablaron de modificar el artículo 135 de la Constitución, que consagra como prioritaria la devolución de la deuda a los acreedores.
R. En el artículo 135 se ponía como prioridad absoluta la devolución de la deuda frente a cualquier otro tipo de compromiso. Nosotros lo que hacemos es matizar esa prioridad para decir siempre que se garantice un mínimo de servicios públicos. Mantenemos el compromiso, pero lo matizamos equiparándolo al respeto del cumplimiento de ciertos servicios públicos. Es una propuesta más equilibrada que la que se tuvo que hacer bajo la presión de la prima de riesgo, pero que no resta ningún punto a la credibilidad y a la solvencia de España.
Hemos hecho un esfuerzo de ajuste fino porque teníamos que trasladar un mensaje a los inversores internacionales de que una economía muy endeudada con el exterior va a cumplir con sus compromisos, pero le teníamos que decir a la gente que lo ha pasado fatal durante esta crisis que no nos vamos a olvidar de ellos.
La pertenencia al euro nos lleva a asumir un compromiso de reducir el déficit al 1% en la próxima legislatura. Y eso es una decisión que adoptamos por compromiso y por condición propia. Los intereses de la deuda son la primera partida del Presupuesto y a mí me gustaría reducirla para dedicar más dinero a otras partidas. Desde ese punto de vista reducir el déficit y devolver la deuda será una prioridad para el PSOE, más allá de que lo imponga la Unión Europea.
La zona euro te condiciona con una senda decreciente del déficit, pero no te dice cómo llegar a ello. Sigue habiendo un amplio margen de decisión nacional y ahí es dónde radica la diferencia con el PP. La decisión de poner el copago sanitario, de recortar el gasto en I+D o de frenar el gasto en inversión no viene de fuera. Es una decisión política de un gobierno de derechas. En otras circunstancias y en otro contexto económico, nosotros lo haremos de otra manera.
P. Otra de las reformas del PP que cuestionan los socialistas es la de las pensiones, ya que consideran que erosiona el poder adquisitivo y los ingresos de la Seguridad Social.
R. El Fondo de Reserva se ha reducido a la mitad y el déficit de la Seguridad Social y se ha multiplicado por diez. Y esta vez no ha sido porque se hayan desmandado los gastos, sino porque se han reducido los ingresos como consecuencia de la reforma laboral. Es evidente que con el actual modelo de pensiones del PP, estas van a ser inferiores y ese es el motivo por el que no han enviado la carta que iban a mandar a los pensionistas para que calcularan su pensión. Tanto el secretario de Estado de Seguridad Social como el ministro de Hacienda ya han dicho que solo con las cotizaciones sociales no será suficiente para pagar las pensiones. Por ello han abierto la vía para buscar formulas alternativas de financiación y han propuesto que las prestaciones de viudedad y orfandad se financien con presupuestos
Nosotros estamos de acuerdo en abrir ese debate, pero el problema no reside en el número de cotizantes, sino en lo que cotiza cada uno de ellos. Esto tiene que ver con la precariedad de los salarios y en las políticas erróneas. Todo ello lo discutiremos después de las elecciones, en la que convocaremos a la Comisión del Pacto de Toledo. Debemos aprovechar para debatir también sobre el medio plazo. Estamos tan comprometidos con las pensiones en España que estamos dispuestos a que se cree un impuesto específico para financiarlas. Yo soy más partidario del modelo francés, de la creación de una contribución social generalizada, una cesta de recargos sobre impuestos, pero esto es una opinión personal. Estamos dispuestos a sacar dinero de un impuesto específico, pero siempre en el marco del Pacto de Toledo.
“No hemos querido pillarnos los dedos con los impuestos”
El programa económico con el que comparece el PSOE apenas desliza algunas ideas en materia tributaria y deja el grueso de medidas a un consejo de sabios que deberá establecer una hoja de ruta fiscal que entraría en vigor el 1 de enero de 2017. “No nos hemos querido pillar los dedos, pero tampoco hemos querido engañar a los votantes”, en clara alusión a la subida de impuestos que tuvo que acometer Rajoy tras las elecciones de 2011 frente a la bajada que prometió durante la campaña electoral.
Pregunta ¿Qué ideas baraja el PSOE en materia tributaria?
Respuesta. Tenemos el compromiso de evitar la guerra fiscal entre autonomías, sobre todo en Patrimonio y Sucesiones. También queremos evitar situaciones escandalosas de grandes empresas que pagan un tipo efectivo muy bajo en Sociedades, por ello fijamos un mínimo del 15%, y queremos relanzar la imposición verde dentro de un concepto más global de transición energética en la lucha contra el cambio climático.
P Otra de las ideas que quieren desarrollar se refiere a ligar el impuesto de la renta y el de patrimonio.
R En el ámbito del IRPF queremos hacer una reflexión de mucho calado. La Constitución Española dice que los ciudadanos contribuyen a la financiación de los servicios en función de su capacidad de pago. ¿Cómo se mide esta capacidad? Hasta ahora se ha hecho midiendo la renta anual. Si hay dos personas que ganan 100 y una tiene cinco veces más patrimonio que la otra, parece razonable pensar que tiene más capacidad de pago pese a que gane lo mismo. ¿Podíamos haber hecho esa reflexión con anterioridad y ponerla en programa? Sí, pero hemos querido fomentar el debate y asumir el compromiso de crear una comisión para que estudie un problema tan complejo.
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