ACTUALIDAD ECONÓMICA 22 FEBRERO

Pasada semana bolsas repuntaron (emergentes y no emergentes), pero otros mercados movimientos contradictorios. Divisas emergentes se depreciaron contra el dólar. Deuda pública alemana refugio. Yuan japonés en mínimos a nivel 2014 (112: 1 dólar). Bolsas predicción 10 de las últimas tres recesiones. 2015 PIB mundial creció 3% (aunque China no creció 7% como dice Gobierno chino, sino al 4%, por lo que PIB mundial puede ser del 2,5%). Ese fue crecimiento mundial 2001 después pinchazo burbuja tecnológica y recesión EE.UU.

EE.UU. producción industrial crece en enero, pero por debajo verano (sobrevaloración dólar y debilidad comercio mundial. Brasil recesión 2% PIB intertrimestral 4tr15 y 4% 2015, anunciando Gobierno relajación déficit público depreciándose el real 4:1 dólar. México banco central ha subido 0,5% tipos hasta el 3,5% y peso se apreció 18:1 dólar, anunciando más recortes (la mayoría serán en Pemex con nuevo equipo directivo). Argentina sube mínimo exento IRPF, comienzo negociación salarios tras vacaciones que se acaban y es básico para reducir la inflación (principal desequilibrio), peso depreciado con fuerza 15:1 dólar (ya se ha depreciado un 15% desde diciembre, gradualidad mejora competitividad favoreciendo empleo y exportaciones, aunque aumenta la presión sobre inflación. Venezuela devaluación 60% bolívar (10:1 dólar, en mercado negro 1000:1), subió SMI 50% y aumentó precio gasolina (primera vez desde 1997), inflación 700% (trabajadores pese a aumento salarios perderán 80% poder adquisitivo) por lo que sería necesario pedir un rescate al FMI y diseñar plan estabilización para frenar hiperinflación y evitar seguir avanzando en pobreza.

China intervención mercado divisas, yuan se apreció desde 6,57 ... 6,49 ... 6,52:1 dólar. Caída exportaciones. Pinchazo burbuja industrial y cierre muchas fábricas y promotores inmobiliarios e impago créditos, pero tiene 3,2 B reservas que aseguran que no tendrá que intervenir FMI, no obstante comercio débil, que ha ocasionado importaciones chinas freno. 

Cumbre europea más excepciones a Reino Unido de cara a referemdum Brexit 23 de junio. Concesiones mínimas y destacados dirigentes británicos harán campaña a favor del Brexit, incluso alcalde de Londres, pero paso atrás igualdad ciudadanos europeos y libertad personas. No política clara refugiados a pesar crisis humanitaria. Idea Alemania limitar deuda pública en balance bancos para seguro común depósitos bancarios y unión bancaria. Tampoco se avanzó en reforma pensiones griegas y recortes Portugal. Draghi anunció sin concretar más medidas marzo, y pidió plan inversiones europeo que aleje la probabilidad recesión. Deutsche Bank necesita capital e impensable que sea privado, pero tiene acceso ilimitado al BCE, aunque directiva alemana implica pérdida bonistas antes entrada dinero público (¿fiabilidad test estrés?). Necesidad sanear y reestructurar sistema bancario europeo. 

2015 exportaciones Eurozona fuera UE crecieron 5% (por encima comercio mundial que crece 2%, causa compra deuda BCE que ha depreciado euro, aunque desde verano euro apreciado contra países emergentes por lo que exportaciones diciembre eliminando efecto estacional estancadas como 4tr15). Exportaciones energía desplomado 2% consecuencia bajada precio petróleo. Sector exterior ya no fuente crecimiento. Por países Grecia exportaciones cayeron 5% (si consideramos fuera UE 16%) como efecto a la depreciación lira turca. Italia, España y Portugal exportaciones dentro UE intraindustrial multinacionales crecimiento 4% (por debajo media), fuera UE Italia crecimiento 4%, España 1% y Portugal -3% (muy afectado comercio con antiguas colonias Angola, Mozambique y Brasil). Con elevado endeudamiento necesitan aumentar exportaciones para crecer establemente y aumentar empleo. Grecia recesión, Portugal está entrando, Italia crece 0,1% trimestral, Francia 0,2%, Alemania 0,3%

Desaceleración España sector servicios e industrial (97% PIB) sin inercia crecimiento. Servicios nivel similar 2011 e industrial 3% inferior. Excluyendo automóvil, resto industria 10% inferior final 2011. Negociaciones políticas formar gobierno con Ciudadanos chocan en reforma laboral y política fiscal. Para Ciudadanos la exención de cotización de autónomos que no lleguen a ingresos SMI es una cuestión innegociable. Rajoy anunció elecciones para el 26 de junio en la cumbre de Bruselas. Políticas de Podemos y Ciudadanos incompatibles. Moodys varió la calificación de la deuda pública desde positiva a estable ya que prevé la dificultad de llevar a cabo reformas la próxima legislatura. 

Podemos propone aumento gasto 96.000 millones de euros que obtendría de recaudación, que sacarán de crecimiento 30.000 M (cuando riesgo recesión mundial por crisis China), 26.500 M de retrasar el  ajuste derivado del déficit fiscal (en 2013 nos permitieron retraso 2 años, que ocasionó crecimiento 2% e ingresos 10.000 M). 2011 Rajoy hizo mayor subida IRPF desde 1977 subiendo el tipo marginal y obtuvo 4.000 M euros, eliminando efecto recesión (Podemos quiere subir impuestos al 5% de contribuyentes con ingresos superiores a 60.000 euros anuales y subirá tributación ahorro, y que obtendrá 10.000 M euros, siendo previsible objetivamente que no obtenga más de 5.000 M en el mejor de los casos). Subida Sociedades a 30% propuesta Podemos con expectativa recaudación 12.000 M, con desgravaciones pérdidas de años anteriores tardará en hacer efecto al menos cinco años; además si subes impuesto sobre el capital reduces capital e inversión en entorno globalizado y con deslocalización empresas multinacionales. Podemos estima recaudación 12.000 M lucha contra fraude incrementando plantilla inspectores y mejora procedimientos. Aumento de gasto con ingresos dudosos dispara déficit y genera conflictos con Bruselas. Banca pública al estilo Venezuela y Argentina crea hiperinflación con la consiguiente pérdida competitividad.

Albert Rivera ha comparecido este martes para explicar el punto en el que se encuentran las negociaciones con el Partido Socialista, y que en su opinión tienen que superar todavía "grandes escollos". En ese sentido, ha avanzado la exigencia de Ciudadanos de una reforma exprés de la Constitución, para entre otros preceptos eliminar las diputaciones o despolitizar la justicia española.

Albert Rivera ha exigido este martes al Partido Socialista "un esfuerzo" para alcanzar un acuerdo con Ciudadanos, que pasa por un Gobierno reformista, que ayude a cambiar a España, y sin medias tintas, por que si no, "no habrá acuerdo". Por eso pedimos públicamente, lo que sabemos que es un esfuerzo, que el PSOE acepte una reforma exprés de la Constitución para la regeneración de la democracia, con cinco puntos fundamentales.

"Dicha reforma, incluye las siguientes medidas:

• 1) Supresión de aforamientos

• 2) Incluir las iniciativas populares y rebajarlas de 5000.000 a 255.000 firmas

• 3) Despolitización de la justicia, para lo que hace falta la reforma de la Constitución. Pide que se incluya la reforma del ámbito judicial.

• 4) Supresión de las diputaciones. "Estamos convencidos de que España tiene que reformar la Administración Pública", ha sostenido Rivera.
• 5) Limitar los mandatos a ocho años para el presidente del Gobierno de España.

"Que esté todo el mundo tranquilo porque no va a haber acuerdo si no hay un Gobierno limpio de corrupción, reformista, y sensato que defienda la unidad de España y la economía de mercado. Nosotros -ha explicado- hemos venido aquí para poder llevar a cabo un cambio de España". En cuanto al resto de los partidos, concretamente al PP, "tendrán que asumir que los tiempos han cambiado, este tiempo merece valentía, no estoy dispuesto que suba el IRPF para mantener las diputaciones...". Y respecto a la suma del PP, "claro que tendrá que votar y definirse. En algunas cosas les he oído decir que están de acuerdo. Queremos acuerdos amplios. De hecho esta tarde tenemos una reunión con el PP. Ciudadanos somos el único partido que tiende la mano a un partido de siete millones y medio de votantes de un partido, y a otro distinto de cinco millones".

Rivera también ha detallado que de momento "no estamos en un acuerdo con el Partido Socialista, no es fácil si pedimos una reforma exprés". Si las cosas siguen así no hay acuerdo, pero si hay "un cambio" sustancial podremos plantearnos a un acuerdo de Gobierno, ha explicado. "Nosotros vamos a estar a la altura de las circunstancias". Además ha admitido que existe la apertura de una ponencia para reformar la ley electoral, que "necesitará consensos muy amplios y que deberá ser asumido para el nuevo Gobierno".

Rivera ha reiterado que "estos cinco puntos son esenciales para un Gobierno reformista y de cambio, pero no son los únicos". "Estamos negociando todos los puntos de un acuerdo de Gobierno. Trabajamos un acuerdo amplio y concreto. Y en el modelo económico queremos control de gastos, que no se suban más los impuestos al modelo de Podemos, que la igualdad de los españoles no se negocia y que no habrá referéndum, créanme que no hablamos de cinco puntos, y si el PP y el PSOE están de acuerdo, pues fantástico", ha deteminado. "Con la mayoría que tiene el PP en el Senado, el PP es necesario para cambiar las leyes y los puntos que estoy diciendo. Estoy dispuesto a hablar de ello esta tarde, y no de puestos ni de sillas", ha expuesto. Son pasos que no son fáciles de dar, pero no hemos venido a no cambiar nada. Queremos un gobierno reformista, lo mismo que dijo Rajoy, pero Rajoy pasó palabra, y sus votantes tienen derecho a que los defiendan", ha dicho.

El líder de Ciudadanos reconoce que hay puntos de acuerdo con Sánchez, pero otros son escollos. Rivera ha recordado que el propio Rubalcaba admitía la eliminación de las diputaciones... "pero me remito a lo que mis compañeros de ayer me dijeron y por eso pedimos un esfuerzo para desencallar algunos puntos si queremos alcanzar un Gobierno reformista". En lo relativo a "las relaciones laborales se ha avanzado, pero todavía se sigue trabajando sobre el modelo de contratación y evitar la precariedad laboral. Luchamos para un reforma profunda con más estabilidad laboral y más contratos indefinidos", ha argumentado Albert Rivera.

Sobre la abstención a Podemos, Rivera ha desarrollado que su partido está trabajando por un Gobierno y no solo una investidura. "Pero quiero decir que la suma de Podemos con el PSOE tampoco suma, de manera que, alguien de un partido tradicional tienen que ayudar de alguna manera. Por tanto, dejen que pongamos un acuerdo sobre la mesa para ver qué ocurre... En cuanto a un acuerdo con Podemos, ahí está la incompatibilidad con el referéndum, el mercado laboral, pero no soy yo quien tiene que hablar de incompatibilidades. Mi trabajo -ha repetido- es procurar una mayoría amplia y sensata, por lo que pedimos al PP que se sume a este acuerdo".

BBVA Research, la Fundación de Estudios de Economía aplicada (Fedea) y la Universidad de Valencia apuestan por subir el IVA de algunos productos, ensanchar la base imponible del IRPF y del Impuesto de Sociedades y recortar el gasto público casi un 3% adicional como vías para reducir el déficit. En un estudio conjunto llamado "Notas para una política fiscal en la salida de la crisis",publicado este lunes, se señala que en España el tipo medio efectivo de los impuestos indirectos es muy inferior al de otros países europeos, por lo que cree conveniente "reducir el número de productos que pagan los tipos reducido y superreducido del IVA" y aumentar los impuestos medioambientales. Asimismo, aboga por mejorar la recaudación del IRPF y del Impuesto de Sociedades, eliminando el sistema de módulos y aumentando la vigilancia sobre las rentas no salariales.

Según los autores del estudio, estas medidas permitirían una subida de la recaudación por Sociedades equivalente al 0,93% del PIB, así como una mejora de los ingresos ligados a la fiscalidad sobre la vivienda equivalentes al 0,35% del PIB. Si a ello se suma un recorte del gasto público del 2,97% del PIB se podría restar al déficit público 4,24 puntos porcentuales. En el capítulo del recorte del gasto público, el informe apuesta por ir hacia un mayor uso de los mecanismos de copago, especialmente en sanidad y universidades, así como en infraestructuras y transportes. Por otra parte, afirma que también es necesario aplicar reformas estructurales destinadas a aumentar la ocupación y la tasa de crecimiento de la economía.

Así, estima que reducir la tasa de desempleo estructural del 18% actual a niveles cercanos al 6% proporcionaría un margen presupuestario de 9 puntos de PIB, lo que contribuiría a su vez a reducir paulatinamente la deuda hasta situarla por debajo del 60% del PIB y a hacer frente al gasto en pensiones y prestaciones sociales, entre otras cosas. Por otro lado, el informe destaca que "los datos no respaldan la percepción de que desde 2009 se ha producido un enorme recorte del gasto" que ha comprometido los servicios públicos esenciales, puesto que en la actualidad se sitúa en los mismos niveles que en 2007.

Del análisis se desprende que, aunque el gasto cayó un 13% desde su máximo en 2009, se ha incrementado en 8,5 puntos durante el periodo analizado (desde 2003 hasta 2014). También indica que la renta per cápita disminuyó un 8,8% entre 2007 y 2014, mientras que el gasto en sanidad y educación se encuentra en niveles similares a los existentes al comienzo de la crisis, a pesar de los recortes de los últimos años. Asimismo, el estudio subraya que la partida que más contribuyó al incremento del gasto durante dicho periodo es el pago de las pensiones, que aumentó el 3 % entre 2003 y 2014, seguida de las prestaciones por desempleo, la remuneración de asalariados y el pago de intereses, entre otras.

Según el informe, el volumen de ingresos es insuficiente para cubrir todas las necesidades de gasto público, debido en gran parte al envejecimiento de la población, de modo que para volver a un gasto en pensiones similar al existente antes de la crisis -y que se pueda cumplir el objetivo de déficit- se necesitaría reducir la tasa de crecimiento de esta partida en un 5,1% anual. Los autores del estudio afirman que este objetivo es difícil de alcanzar, en vista de las perspectivas demográficas de España y la tendencia de crecimiento del gasto en pensiones, ya que ha aumentado un 4,4% en tasa anual entre 2009 y 2014, en tanto que en los próximos 3 años apenas bajará un 0,43%.

El superávit fiscal registrado en los años previos a la crisis fue el resultado de una intensa expansión cíclica. Pero en realidad, la política fiscal estaba siendo notablemente expansiva (procíclica) ya que el superávit del 2 por ciento que observamos en 2006-7 se habría convertido en un déficit superior al 2 por ciento del PIB en una situación cíclica neutral con la misma política. Con la crisis no solo se deterioró la posición cíclica. 

También se llevaron a cabo políticas discrecionales que aumentaron el gasto público per cápita, que se aceleró claramente en 2008 y 2009, tal y como se ve en el Gráfico 2. El resultado fue un déficit público insostenible (superior al 9 por ciento del PIB en términos estructurales en 2009), que exigió un duro ajuste fiscal entre 2009 y 2013 para devolvernos a una posición similar a la observada antes de la crisis en términos del saldo estructural o incluso algo mejor. En este contexto, la estrategia del Programa de Estabilidad consiste básicamente en una ajuste cíclico hasta un déficit estructural cercano al 1 por ciento, siguiendo la flecha verde del Gráfico 7 a lo largo de una senda de reducción del desempleo derivada simplemente de la recuperación económica. 

Con estas previsiones, aún teniendo en cuenta que existe un margen apreciable para recortar ciertas partidas de gasto, hemos de reconocer que el nivel actual de ingresos tributarios será insuficiente para eliminar el déficit y satisfacer las necesidades actuales de gasto de la sociedad española, incluso tras añadirle las probables ganancias “naturales” que pueden esperarse en los próximos años. Esta conclusión se refuerza, además, cuando miramos hacia delante y tenemos en cuenta la considerable presión al alza sobre el gasto público en sanidad, dependencia y pensiones que cabe esperar durante las próximas décadas como resultado del rápido envejecimiento de nuestra población y del previsible aumento de la renta per cápita.

La única buena noticia en este campo es que, tal como se ha visto en la sección anterior, no estamos en una situación de emergencia debido a un deterioro de los servicios públicos que exija un aumento urgente del gasto. Podemos, por tanto, permitirnos pensar con cierta calma qué es lo que necesitamos a medio y largo plazo y buscar sin prisas excesivas la forma más eficiente de cubrir esas necesidades. 

Para ello, lo mejor es trabajar simultáneamente en dos estrategias complementarias. La primera y más prometedora de estas estrategias se centra en introducir reformas estructurales que reduzcan permanentemente nuestra tasa de desempleo. Tal y como se muestra en el Gráfico 7, teniendo en cuenta la sensibilidad del saldo presupuestario a la tasa de desempleo, bastaría con que el desempleo disminuyese permanentemente en 4 puntos porcentuales para que el saldo estructural mejorase en unos 3 puntos, dejándonos con un superávit estructural cercano a dos puntos. 

Aunque la estimación del desempleo estructural incorpora una elevada dosis de incertidumbre, podemos hacernos una idea aproximada de cuál puede ser su nivel y del enorme margen de mejora existente a partir de las tasas de desempleo estructural estimadas para España y para otras economías avanzadas. En el momento de máxima expansión, la tasa de desempleo española llegó a bajar hasta el 8 por ciento, mientras que en la crisis económica alcanzó un pico superior al 26 por ciento. La media de este mínimo y máximo es el 18 por ciento, una cifra muy similar a la estimada con procedimientos econométricos más precisos y sofisticados. 

Reducir permanentemente el desempleo estructural del 18 por ciento a niveles cercanos al 6 por ciento, como los observados en Alemania, Estados Unidos, Holanda, Reino Unido, Dinamarca o Suecia nos proporcionaría un margen de 9 puntos del PIB de mejora permanente del saldo presupuestario. Obviamente una reducción permanente del desempleo de esta magnitud no se va a conseguir de un día para otro, sino lentamente y tras la adopción de muchas medidas complementarias en ámbitos tan distintos como los mercados de trabajo y de productos en cuya reforma resulta imprescindible seguir avanzando. 

También será necesario mejorar sustancialmente la eficiencia del sector público, los resultados del sistema educativo y de la formación profesional y continua y la calidad de las instituciones. Pero, más allá de ser un objetivo crucial para una sociedad que aspire a acabar con la lacra del desempleo, una reducción de este calibre de la tasa de desempleo estructural tendría unas enormes implicaciones presupuestarias. Bastaría con dedicar la mitad del margen fiscal conseguido por esta vía a alcanzar una situación de superávit estructural que permitiría ir reduciendo la deuda pública de forma paulatina pero sostenida hasta situarla por debajo del 60 por ciento del PIB. 

La otra mitad de la ganancia podría dedicarse tanto a hacer frente al incremento del gasto público que requerirán las pensiones y la sanidad públicas, o a la mejora de otras políticas y prestaciones, así como a conseguir una estructura fiscal más eficiente por el lado de los ingresos, con la disminución de algunos tipos impositivos que en la actualidad son especialmente elevados en España. La segunda estrategia consiste en buscar la mejor forma de aumentar nuestros ingresos públicos para cerrar la brecha con las necesidades de gasto que pueda persistir tras agotar las posibilidades de racionalización del gasto y de fomento del crecimiento y el empleo. 

Este aumento de ingresos habrá de ser compatible con el fomento del ahorro, la acumulación de capital humano y, en definitiva, con el crecimiento económico. Sobre como avanzar en esta línea hay un amplio acuerdo en que la mejor forma de minimizar las distorsiones ligadas a una mayor recaudación tributaria consiste en aumentar los ingresos mediante la ampliación de las bases impositivas relevantes, manteniendo los tipos de gravamen tan bajos como sea posible. También hay un consenso, aunque seguramente algo menos general, sobre la conveniencia de aumentar el peso de la tributación indirecta en el total. 

Estas ideas se han recogido repetidamente en las recomendaciones de los principales organismos internacionales y en los trabajos e informes de numerosos hacendistas españoles, entre lo que cabe destacar el reciente informe de la Comisión de Expertos presidida por el profesor Lagares (Lagares et al, 2014). Aunque no es éste el sitio más adecuado para entrar en detalle en una discusión compleja que exigiría al menos un artículo separado, sí queremos señalar nuestra coincidencia en términos generales con las ideas citadas. En esta línea, una posibilidad atractiva sería la de elevar el tipo medio efectivo de los impuestos indirectos, que es muy inferior al existente en otros países de nuestro entorno, por ejemplo mediante un aumento de los impuestos medioambientales y/o una reducción del número de productos que pagan los tipos reducido y superreducido del IVA. 

También sería aconsejable ensanchar las bases imponibles del IRPF y Sociedades, quizás eliminando el sistema de módulos y aumentando la vigilancia sobre las rentas no salariales. Finalmente, pensamos que sería buena idea ir hacia un mayor uso de los mecanismos de copago (especialmente en sanidad y universidades pero también en infraestructuras y transportes) que, además de recaudar, permiten internalizar el coste de los servicios públicos por parte de sus usuarios, incentivando así su uso más eficiente. 4. Conclusiones 

La historia reciente de las cuentas públicas españolas se parece muy poco a la que se suele contar. Si se abre el foco del análisis y se analiza la evolución del gasto público desde los primeros años del euro (desde 2003 en nuestro caso), en vez de tremendos recortes que llegan ya al hueso del estado del bienestar, lo que vemos es más bien un extraordinario aumento de gasto hasta 2009 que sólo se ha revertido en parte desde entonces. Que tras estos años difíciles, en los que la renta per cápita ha caído un 8,8%, el gasto público per cápita sea similar en términos reales al que teníamos en 2007 significa que nuestros servicios públicos han contado con los medios para resistir la crisis mejor de lo que habitualmente se dice. 

Pero esto no nos debe hacer olvidar los retos fiscales a los que hemos de hacer frente. Sigue habiendo margen para reducciones del gasto público sobre PIB, pero probablemente no el suficiente para eliminar por completo el déficit actual, objetivo irrenunciable para estabilizar nuestras finanzas públicas, y para hacer frente, con los actuales niveles de empleo y productividad, a las crecientes necesidades de gasto que se derivan del envejecimiento de la población. Por tanto, tenemos que abordar reformas estructurales que aporten recursos fiscales a través de un mayor empleo y un crecimiento más intenso de la economía, así como reformas fiscales lo menos distorsionantes posibles que permitan aumentar moderadamente la recaudación sin necesidad de elevar los tipos de gravamen, mediante la expansión de las bases tributarias. 

La agencia de calificación Standard & Poor's advirtió ayer en un nuevo informe que la volatilidad de los mercados financieros está haciendo mella de forma importante en el sector bancario europeo, un hecho que a su vez incrementará los riesgos a la baja sobre las perspectivas económicas del Viejo Continente. "La economía de la eurozona lleva recuperándose desde el segundo trimestre de 2013, pero hasta el momento, su evolución ha sido desigual y frágil cuando se compara con la norma histórica, sobre todo porque el crecimiento de las inversiones ha sido tímido", explica la economista de S&P, Sophie Tahiri.

Según las estimaciones de la agencia, las expectativas previas a los recientes vaivenes que han vapuleado a los mercados europeos esperaban un moderado incremento del 2,6% en la inversión en la zona euro este año debido a la debilidad de la demanda global. A este hecho habría que sumar otros factores como la necesidad de seguir reduciendo el apalancamiento del sector privado no finaciero. Al fin y al cabo, desde S&P señalaron que el endeudamiento de los hogares y las empresas no financieras representaba un 205% del PIB en el tercer trimestre del 2015, un nivel que muestra que la resaca de los tiempos de bonanza y la posterior crisis financiera y soberana sigue dejándose notar en los balances privados. De hecho, el elevado nivel de créditos y préstamos en mora de países como Irlanda, Italia, España y Portugal "representa todavía un importante obstáculo para la transmisión de la política monetaria", señaló el documento.

En estas circunstancias, S&P manifestó que el crecimiento del crédito en la eurozona se ha mantenido moderado, con un incremento residual del 0,9% interanual en su lectura del pasado diciembre. El equipo liderado por Tahiri indicó que el plan de inversión de Jean Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea, diseñado para promover la inversión y lograr la armonización de la regulación en industrias como la energía eléctrica, "ha contado con un arranque más lento del esperado". La inversión planeada para los próximos tres años (2015-2017) era de aproximadamente el 2,25% del PIB registrado en 2014, pero las estimaciones de la CE señalan que las inversiones aprobadas a comienzos de 2016 se sitúan por debajo del 0,5% del PIB.

"Mientras esperamos que la demanda interna siga siendo resistente este año, el incremento de la incertidumbre y los riesgos podrían poner en peligro la confianza tanto de los consumidores como de las empresas", dijo el análisis realizado por S&P. En este sentido, una pérdida de la confianza haría mella en la concesión del crédito y retrasaría las decisiones de inversión ante el posible empeoramiento de las perspectivas económicas de los mercados emergentes, los bajos precios del petróleo, las tensiones geopolíticas, una posible salida de Reino Unido de la Unión Europea y la volatilidad que sufren los mercados financieros. La creciente preocupación sobre la fortaleza del sector bancario de la zona euro, junto con el incremento de los diferenciales dentro del mercado de bonos soberanos de los países periféricos, "podría debilitar la recuperación del crédito y la inversión", reiteraron desde la agencia de rating.

"Creemos que las turbulencias en el mercado de bonos soberanos y el sector bancario de la zona euro podría incrementa de nuevo los diferenciales, lo que se traduciría en una recuperación más moderada del crédito y la inversión", explicó Tahiri. Al respecto, esta economista señaló que hasta ahora el Banco Central Europeo ha tenido éxito a la hora de reducir los diferenciales entre los tipos de interés de los préstamos corporativos españoles e italianos y los alemanes.

La Agencia Tributaria ha hecho balance esta mañana de los resultados de la lucha contra el fraude fiscal en 2015. En ese ejercicio, la cifra aflorada fue superior a los 15.600 millones, lo que supone un 27,2% más que en el anterior año. “Una cifra histórica”, ha subrayado el director general del organismo,Santiago Menéndez, que se ha realizado en un contexto económico “difícil”, y que equivale al 1,5% del PIB. Según Menéndez, los resultados se han centrado en el refuerzo de la actuación inspectora sobre grandes contribuyentes, la economía sumergida y las actuaciones para el cobro efectivo de las deudas tributarias.

Los resultados de control incluyen expedientes singulares de minoración de devoluciones por 2.700 millones que, previsiblemente, no se repetirán en el tiempo. Sin embargo, sin tener en cuenta esta cantidad, los resultados aún serían superiores en más de 600 millones a los obtenidos en 2014. Restando ese ingreso extra, quedan 15.188 millones que proceden de las funciones de prevención y lucha contra el fraude, un 32,2% más, y 475,5 millones de declaraciones extemporáneas --fuera del plazo voluntario-- sin requerimiento previo por parte de la Agencia. De los 15.188 millones, 9.687 millones proceden de las actuaciones de control, con un incremento del 11,6%, y 5.501 millones de la minoración de las devoluciones solicitadas, un 96,2% más.

En 2015 destacaron los ingresos procedentes de liquidaciones y actos de gestión recaudatoria, que aumentaron un 7,6% y sumaron 8.346 millones, la cifra más alta alcanzada nunca en este indicador. Por su parte, el importe liquidado por los órganos de inspección creció un 43% el año pasado, hasta 7.129,2 millones, con una gran relevancia de la deuda liquidada por la Delegación de Grandes Contribuyentes, que representó el 44% del total liquidado, con 3.142,3 millones.

En total, la Agencia realizó el año pasado 107.580 actuaciones nominales de comprobación e investigación, un 8% más y un 46% más que en 2011. Por ámbitos de control, destacaron el incremento de actuaciones inspectoras de control de devoluciones (11%) y las de requerimientos y actuaciones de información (16%). Estas actuaciones se suman a otras áreas que ya se venían impulsando en años anteriores y que se han seguido reforzando en 2015, como el sector de profesionales, con un incremento de las inspecciones del 16%, y el de sociedades y socios, con un 10%.

En el ámbito de la lucha contra la economía sumergida, las actuaciones para la verificación del cumplimiento de la limitación de los pagos en efectivo se han traducido en 6.087 expedientes de análisis de denuncias, un 27,8% más. Además, a cierre de año se habían iniciado 1.313 expedientes sancionadores, un 36,7% más. Por su parte, las Unidades de Auditoría Informática (UAI) participaron en 1.630 actuaciones de entrada y registro del Área de Inspección. De hecho, desde 2012 este tipo de actuaciones han aumentado un 80% y han resultado de gran eficiencia para la detección del 'software de ocultación', la obtención de pruebas en general y la reducción de las comprobaciones inspectoras.

Además, han crecido las actuaciones presenciales destinadas al control in situ de obligaciones formales y registrales en sectores de riesgo fiscal. De las 21,810 actuaciones presenciales, destacan 14.449 visitas efectuadas en el marco del programa específico sobre economía sumergida, un 28,7% más. También hubo 5.469 visitas para detectar alquileres opacos. Las actuaciones destinadas al cobro efectivo de deudas tributarias aportaron unos ingresos de 6.759 millones. Para detectar posibles insolvencias ficticias se efectuaron 22.471 investigaciones de movimientos financieros, un 28,2% más, lo que supone quintuplicar las actuaciones efectuadas en 2012.

Para evitar vaciamientos patrimoniales, se adoptaron 3.785 medidas cautelares, de las que prácticamente la mitad se han desarrollado en el marco de las nuevas herramientas que ofrece la Ley Antifraude de 2012. Además, y con el mismo objetivo de ampliar las posibilidades de cobro efectivo de las deudas liquidadas, se han incrementado un 8,7% los acuerdos de derivación de responsabilidad, hasta 16.719 actuaciones.

España tiene ahora un nivel de cobertura socioeconómica desconocidamente bajo, con solo 1,5 personas cotizando por su trabajo por cada persona con una prestación pública, ya sea una pensión de la Seguridad Social o una prestación o subsidio por desempleo. Con esa proporción, y atendiendo solamente a los mecanismos estatales de protección contra la vejez, la enfermedad y el desempleo, de cada cinco personas, tres pagan y dos cobran; de cada diez, seis contribuyen y cuatro reciben prestación pública; esto es: un 60% soportan con sus cotizaciones las prestaciones del 40% restante. 

Las cotizaciones de los activos se destian básicamente a dos contingencias: la pensión de jubilación (además de la de invalidez y bajas por enfermedad) y la prestación por desempleo en su modalidad de seguro y subsidio. En el caso de la Seguridad Social, tiene únicamente 1,82 cotizantes por cada pensión que abona, una tasa de cobertura en absoluto suficiente para financiar e lsistema de pensiones, que registra un déficit de unos 12.000 millones de euros. Pero la tasa de cobertura económica es aún más preocupante cuando la balanza se inclina hacia el plato de los pasivos con los desempleados con prestación: desciende hasta 1,48 contribuyentes por perceptor.

El último día de enero pasado la Seguridad Social disponía de algo más de 19 millones de afiliados, aunque únicamente tenían empleo 17,104 millones. El resto son desempleados que mantienen su cotización mientras perciban el seguro de paro, que corre a cargo de las arcas del Estado, y que por su naturaleza temporal decaen pasados unos meses. Con la cotización de los citados 17,1 millones de ocupados deben financiarse en un reparto generacional continuo los 9,36 millones de pensiones (con una cuantía media de 893 euros por catorce pagas) que perciben los 8,5 millones de pensionistas que hay en España. 

Y de esos mismos 17,1 millones de cotizantes (la aportación para sustentar el seguro de paro figura separadamente de la cotización general, pero la ingresa y gestiona también el Estado a través de la Seguridad Social) salen los recursos para abonar la prestación por desempleo de los 2,13 millones (2.134.099) de perceptores que la cobran. La suma de ambos colectivos de pasivos con prestaciones públicas es de 11.494898. Tal colectivo supone el 40% del total de cotizantes más perceptores.

La pérdida de fortaleza de la tasa de cobertura económica y social es imputable a la caída del empleo (en la crisis se perdieron 3,8 millones de puestos de trabajo, de los que solo se ha recuperado 1,3 millones), mientras que el número de pensionistas ha proseguido su parsimonioso pero imparable avance, y los desempleados con seguro aumentaron mucho en 2009 y 2010, pero descendieron una vez agotados los 24 meses de prestación acumulada con la cotización del ciclo alcista. 

Las tasas de cobertura o dependencia actuales no son sostenibles durante mucho tiempo, puesto que los recursos que aportan los cotizantes no son suficientes para mantener pensiones y seguro de paro. Solo un avance sostenido del empleo puede equilibrar las tasas, y con ellas, la salud financiera de la Seguridad Social. Con los números actuales, el sistema de pensiones registra un déficit abultado (no menos de 12.000 millones de euros), pese a haber estirado todo lo posible las bases de cotización en los últimos años y haber nacionalizado los beneficios de las mutuas de accidentes de trabajo.

La Seguridad Social disponía de superávit solo cuando tenía al menos 2,5 cotizantes por pensión, tal como ocurría cuando estalló la crisis, en 2007, pero teniendo en cuenta que entonces, hace tan solo una decena de años, las bases de cotización eran más elevadas porque no se había producido la devaluación salarial que ha devuelto la competitividad exterior al país, y las prestaciones más bajas, puesto que cada vez se incorpora como pensionista gente con carreras más largas y aportaciones más generosas. Gráficamente, puede decirse que por cada pensionista que sale del sistema por defunción y que cobraba una media de 800 euros mensuales, entra uno nuevo recien jubilado que percibirá 1.350 euros por catorce pagas. Un diferencial solo asumible con un incremento en el número de cotizantesmuy superior al de los pensionistas, y con aportaciones muy superiores.

Un vistazo a las tasas de cobertura por regiones o por provincias permite detectar que solo cuatro comunidades (Madrid, Canarias, Baleares y Murcia) tienen dos cotizantes al menos por cada pensionista, y serían las únicas en las que las aportaciones de los activos permitirían asegurar las pensiones en sus territorios si la Seguridad Social estuviese regionalizada; afortunadamente, el sistema de pensiones tiene caja única, pues la solidaridad intergeneracional se extiende también a la interterritorial.

Por encima de la media de cobertura (1,82 cotizantes por pensión) están las comunidades de Navarra, Murcia, Madrid, Canarias, Baleares y Andalucía. La mayor holgura se produce en Madrid, con 2,59 cotizantes por cada pensión, mientras que los problemas más serios se presentan en Galicia y en Asturias. En ambos casos hay prácticamente un contribuyente por cada pasivo con prestación de jubilación o invalidez: en Asturias cotiza 1,14 personas por cada una que cobra, mientras que en Galicia aportan 1,23 personas por cada una que recibe prestación pública de Seguridad Social. Pero incluso en un par de provincias gallegas la relación es negativa, pues hay más perceptores de pensión pública que cotizantes. Es el caso de Lugo, con 0,97 contribuyentes por cada pensión, (tiene 115.000 cotizantes con empleo y 118.900 pensiones) u Orense, con 0,89 cotizantes por pensión (97.970 que pagan y 109.345 que cobran). 

En una situación muy parecida están dos provincias de Castilla. Zamora tiene únicamente 54.837 cotizantes y 50.239 pensiones (1,09 contribuyentes por cada pensión pública), y en León solo cotizan 149.032 personas para financiar 142.518 pensiones públicas (1,04 cotizantes por prestación de Seguridad Social). En la parte más holgada de las finanzas de la Seguridad Social se encuentran Almería, con 270.018 contribuyentes y solo 99.679 pensiones, y una tasa de solvencia de 2,7; la citada Madrid, con tasa de 2,59; Las Palmas, con 2,42 cotizantes por pensión; Tenerife, con 2,36; Guadalajara, con 2,09; o Málaga, con 2,08.

Las dos comunidades en las que más se deteriora la tasa de cobertura socioeconómica con la incorporación de los pasivos con prestación por desempleo son Andalucía y Extremadura, ya que ambas tienen las tasas de paro más elevadas del país. Así, mientras que la relación cotizantes sobre pertceptores pasa del 1,82 al 1,48 con la incorporación de los parados con seguro y con subsidio, en Andalucía pasa de 1,87 (superior a la media nacional) al 1,35, mientras que en Extremadura desciende desde 1,66 a 1,19 cotizantes por cada pasivo con prestación. En el caso de Andalucía, tiene ahora 566.122 parados con asistencia económica, más del 25% de todo el país, como consecuencia tanto del elevado desempleo como de la existencia del sistema de protección exclusivo junto con Extremadura para eventuales agrarios, que proporciona prestaciones a más de cien mil personas. 

De hecho, en Andalucía una cuarta parte de los pasivos con prestación pública son parados, no pensionistas. Las provincias con uso más intensivo del subsidio agrario para eventuales son Sevilla, Córdoba y Jaen. En el caso de Sevilla hay ahora prácticamente tanta gente cobrando subsidio agrario (28.197 personas) como seguro contributivo de paro (30.881). En Córdoba y en Jaen, sin embargo, el subsidio duplica y triplica, respecticamente, la cobertura contributiva de desempleo. El descenso de la tasa de cobertura con la contabilización del seguro de desempleo es también acusado en Canarias, también con desempleo elevado, ya que desciende la relación de dependencia de 2,39 a 1,71. Las tasas de dependencia o cobertura económica más estrechas con la incorporación de los parados se producen en Asturias, con un perceptor por cada cotizante (1,01) y Galicia (1,07).

Las opciones para el ahorrador más conservador no atraviesan su mejor momento. Los bajos tipos de interés fruto de la política expansiva del Banco Central Europeo (BCE) han tenido una repercusión inmediata en las ofertas comerciales de las entidades. A diferencia de lo que ocurría en los años dorados de los superdepósitos, en los que obtener remuneraciones elevadas era tarea sencilla, ahora todo el que acuda a una entidad verá cómo la situación ha dado un giro de 180 grados. Las medidas puestas en marcha, primero por el Banco de España para evitar que la banca entrara en una guerra del pasivo que pasara factura a sus cuentas, unido a la rebaja del precio del dinero (se sitúa mínimos históricos desde septiembre de 2014) ha acabado de un plumazo con las remuneraciones. En la actualidad, para que el cliente consiga rascar tipos por encima de la media, la vinculación se convierte en el requisito indispensable.

Los tipos de interés que ofrecen los depósitos en rara ocasión consiguen superar el 3% anual. Los que lo hacen se trata en esencia de productos que tienen como objetivo captar dinero nuevo y su duración se limita a unos meses. El ejemplo que mejor evidencia esto es el depósito que comercializa la entidadSelf Bank para nuevos clientes con una rentabilidad del 3% TAE para el primer ingreso que se realice en la cuenta de ahorro y por un importe máximo de hasta 15.000 euros. La duración de este producto es de tan solo tres meses.Todos los que estén interesados en contratar este depósito disponen de margen hasta finales de marzo.

El siguiente escalón, antes de pasar a los estructurados o los que exigen una mayor vinculación, lo protagonizan ING y Mediolanum. La entidad holandesa dispone del depósito Naranja al 1,9% con la misma duración que el anterior (tres meses) y el mismo objetivo (captar nuevos clientes). El producto se contrata desde el momento de la apertura de la cuenta Naranja. Por su parte, la entidad italiana adherida al Fondo de Garantía de Depósitos, Banco Mediolanum, paga hasta un 1% a los nuevos clientes con su depósito a seis meses. El importe mínimo son 2.000 y el máximo 100.000 euros. La oferta estará disponible hasta el 31 de marzo.

Para encontrar remuneraciones atractivas, aunque inferiores a las anteriores, quedan dos opciones. La primera de ellas pasa por incrementar la vinculación. Como reconocen desde Ibercaja, para poder disfrutar de remuneraciones más elevadas, las entidades continuarán profundizando a lo largo de este año en elevar la relación del cliente con el banco. Es decir, las entidades exigirán condiciones adicionales a la aportación dineraria como, por ejemplo, la domiciliación de la nómina o pensión, los recibos o la contratación de otros productos como seguros o fondos. 

Una de las ofertas que mejor ejemplifica esto es el depósito Fidelidad Captación de Unicaja. En principio, esta entidad ofrece un interés del 0,49% a seis meses o un año para las nuevos clientes. No obstante, la remuneración puede alcanzar hasta el 1,46% TAE si se domicilia la nómina (importe mínimo de 1.000 euros al mes) o pensión (500 euros) y se cumplen más condiciones. Por contratar una tarjeta de crédito y tener un consumo mínimo de 1.200 euros (en seis o 12 meses, dependiendo del plazo del depósito), se añaden 25 puntos básicos. Si se suscribe alguno de los seguros (hogar, vida, desempleo o de accidentes) con un aportación mínima de 200 euros, se suman 50 puntos básicos. Y todo lo anterior se completa con otros 75 puntos básicos adiciones si se contrata de un fondo de inversión desde 18.000 euros o por aportaciones al plan de pensiones por al menos 6.000 euros. Las tres vinculaciones anteriores han de realizarse durante los 60 días naturales anteriores a la contratación del depósito y han de mantenerse durante el periodo de duración del mismo.

Popular también comercializa depósitos de alta vinculación como el Bonificado Nómina a 13 meses que entrega hasta un 1,25% siempre que se domicilie la nómina o pensión por importes mínimos de 600 y 300 euros, respectivamente, y tres o más recibos del hogar. La otra opción, para los que no quieran una vinculación tan fuerte, es apostar por los depósitos estructurados, cuya comercialización ha caído en los últimos meses por la débil evolución de la renta variable. Popular y Sabadell son dos de los bancos que cuentan con productos de estas características y conceden hasta un 1,3% y un 1,35%, respectivamente. En el caso de la entidad que preside Ángel Ron, la remuneración final dependerá de la evolución de las acciones de Telefónica y Vodafone (si al vencimiento el precio de los títulos se mantiene o es superior, el banco dará un 1,3%, pero si es inferior el tipo baja al 0,2%). Por su parte, la entidad catalana toma como referencia la teleco española y la petrolera francesa Total.

El resto de ofertas bancarias la completan entidades como Bankinter, que entrega un 0,35% a 12 meses; Cajamar que concede hasta un 0,30% con Alfa Depósitos para plazos de entre 24 y 36 meses o su Depósito Bienvenida que a partir de los 60.100 euros remunera un 0,3% para plazos entre 15 o 18 meses. Por su parte, Abanca da hasta un 0,20% con el Depósito Libre a 15 meses; los depósitos Gasol de Popular a 6, 12 y 18 meses ofrecen entre un 0,15% y 0,25% y el depósito a 13 meses de BBVA, un 0,3%. También existen productos en especie como los de Bankia y Kutxabank.En lugar de remunerar en efectivo, condecen productos de su catálogo, estrategia que solía reservarse a las cuentas regalo.