PROPOSICIONES NO DE LEY PSOE

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para la derogación de la reforma laboral y elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, para su debate en Pleno.

Exposición de motivos La primera medida que adoptó el Gobierno del Partido Popular en la pasada Legislatura fue la «reforma laboral». Una reforma laboral que tenía un único objetivo: eliminar cualquier obstáculo que interfiriera la desregulación absoluta del mercado laboral y poner las bases para la creación de empleos de baja calidad, por su duración, por el tipo de jornada, por el salario y por las condiciones laborales.

Tras cuatros años de Legislatura y de reforma laboral el balance es desolador: menos empleo, más precariedad y explotación laboral, más paro y menos protección frente al desempleo. Hoy tenemos casi 5 millones de personas en nuestro país que quieren trabajar y no pueden. De ellas, más de 2,1 millones llevan más de 2 años en situación de desempleo, 1 millón de las cuales tienen más de 45 años.

Más de 400.000 jóvenes han tenido que abandonar nuestro país en busca de oportunidades de empleo y 2 millones de menores de 34 años están en el paro. España ostenta el vergonzoso record de ser el país con la tasa de desempleo juvenil más alta de la Unión Europea. También las personas que trabajan sufren una precarización de sus condiciones laborales sin precedente durante el período democrático, de devaluación salarial y de pérdida de la protección que les otorgaba el convenio colectivo.

Así, en 2014 y 2015 menos de uno de cada diez contratos firmados fueron indefinidos y la tasa de temporalidad se situó en el 25%, a pesar de que uno de los objetivos declarados de la reforma laboral fue combatir la dualidad del mercado de trabajo. Durante este mismo período de tiempo, la duración media de un contrato de trabajo fue de alrededor de 54 días y el 83,4% de las salidas del mercado de trabajo tuvieron como causa la extinción de un contrato a tiempo temporal: 3,2 puntos más que en 2013 en relación a 2014, circunstancia que apunta a una elevada rotación.

Asimismo, se ha intensificado el proceso de sustitución de empleo a tiempo completo por empleo parcial no querido. La tasa de parcialidad se sitúa en más del 15%. La tasa de involuntariedad en este tipo de jornada se situó en 2015 en relación a 2014 (según datos Eurostat) en un 64%, cerca de un punto más que el año anterior, cuando en la UE 28 esa involuntariedad, que también ha crecido, no llegaba al 30%.

A partir de 2012, las estadísticas nos muestran una prolongación del tiempo de trabajo, con un claro incremento de las horas extraordinarias, fundamentalmente en los contratos a tiempo parcial, que además se corresponden con horas extras no pagadas, hecho que choca no solo con la atonía de nuestra actividad productiva sino con la naturaleza de un contrato definido por su menor jornada. En nuestro país se realizan casa semana más 10 millones de horas extraordinarias que podrían encontrarse por encima del máximo legal.

La devaluación salarial, resultado de esa política de desregularización e individualización de las relaciones laborales y de fijación de las condiciones laborales desde la potestad unilateral del empresario, ha provocado una reducción de los salarios desconocida hasta la fecha. Los salarios han caído cerca de un 5% y su poder de compra es el mismo que tenían a principios de los años 90.

Hoy el 34% de las personas trabajadoras reciben salarios equivalentes al salario mínimo interprofesional y casi la mitad perciben salarios de poco más de 900 euros al mes. En nuestro país existen hoy más de 2,5 millones de trabajadores pobres y más del 13% viven en hogares por debajo del umbral de pobreza. La brecha salarial entre mujeres y hombres se ha incrementado en más de un punto porcentual en relación a 2011, situándose en un 24%.

Desde que entró en vigor la reforma laboral del Partido Popular, el número de convenios colectivos se ha reducido prácticamente a la mitad, y hoy alrededor de 6 millones de personas trabajadoras están protegidos por la negociación colectiva, frente a los casi 11 millones que había en 2011. Todo ello resultado de la implantación de un modelo de relaciones laborales autoritario que ha roto el equilibrio de poder entre los trabajadores y empresarios y debilitado la negociación colectiva. Los trabajadores en paro han visto además cómo la política de recortes se ha extendido al sistema de protección por desempleo provocando una caída en la tasa de protección que ha ido en aumento a lo largo de toda la Legislatura, casi más de 20 puntos porcentuales entre parados registrados y casi 30 puntos entre los parados EPA.

Y todo ello ha venido acompañado de la reducción de los créditos presupuestarios destinados a políticas activas de empleo, de alrededor de un 40%, y el fracaso de los programas que puesto en marcha el Gobierno. Ni el programa de garantía juvenil ni el programa de activación para el empleo han tenido los resultados previstos. Es urgente, por tanto, abordar e impulsar de forma decidida medidas que garanticen los derechos de los trabajadores, medidas que recuperen la centralidad de la negociación colectiva y que combatan de forma eficaz la precariedad en el empleo.

Es necesario abrir un proceso de diálogo social para, desde el acuerdo, recuperar el sentido original del Estatuto de los Trabajadores, como carta de derechos fundamentales laborales que garantice la dignidad en el trabajo, la seguridad y la salud, y la igualdad de todas las personas trabajadoras en el acceso y la permanencia en el empleo, con especial atención a la igualdad retributiva entre hombres y mujeres.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente Proposición no de Ley «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar de forma inmediata las medidas necesarias para derogar la reforma laboral que el Partido Popular impuso en la anterior Legislatura, y abrir un proceso de diálogo social que, desde el acuerdo, culmine con la aprobación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores que recupere su naturaleza originaria de carta de garantía de los derechos laborales.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero de 2016.—Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley de dignificación del Salario Mínimo Interprofesional acercándolo al 60% del salario medio, tal y como establece la Carta Social Europea, para su debate en Pleno.

Exposición de motivos

La garantía de suficiencia de la retribución salarial proclamada por el artículo 35 de la Constitución como un derecho de los trabajadores por la prestación laboral se ha visto seriamente comprometida por la política del Gobierno del Partido Popular en la pasada Legislatura. En 2012 y 2014 el Gobierno congeló el salario mínimo interprofesional y los mínimos incrementos experimentados en 2013, 2015 y 2016 no han compensado la pérdida de su poder adquisitivo.

Esta política también ha cuestionado seriamente el artículo 131 del texto constitucional, al obstaculizar una justa distribución de la riqueza. La pérdida de poder de compra experimentada por el salario mínimo interprofesional durante estos años cuestiona sus funciones básicas, entre ellas, la de actuar de mecanismo de cohesión social, pues no se está produciendo un reparto más equitativo de la renta, ni de impulso del consumo y la economía, tan importantes en fases de crisis.

Asimismo, se incide en el presente de los trabajadores y en su seguro de vejez, pues no podemos olvidar los efectos directos en los ingresos del sistema de la Seguridad Social del SMI, al ser el indiciario del incremento de las bases mínimas, y con ello, de las carreras de seguro de los trabajadores que lo perciben.

Además, con los niveles de paro y pobreza que tenemos en la actualidad, esta pérdida de poder adquisitivo tan severa está afectando fundamentalmente a aquellas unidades familiares donde solo hay una fuente de ingresos y ésta está referenciada al SMI, en un momento en que se incrementan los beneficios empresariales y aumentan las retribuciones de los ejecutivos. En el ámbito europeo, la evolución del SMI nos aleja del cumplimiento del objetivo que establece la Carta Social Europea suscrito por España, consistente en que este salario alcance el 60% del salario medio.

Según el último decil de salarios de la Encuesta de Población Activa, el salario medio en España en 2014 fue de 1.881,3 euros mensuales, por lo que el SMI, fijado en 645,3 euros mensuales, representó el 34,3% del mismo, perdiendo además dos décimas porcentuales respecto del año anterior. El compromiso de la Carta Social Europea debe ser cumplido, porque mejora la dignidad de las personas, aumenta la cohesión social y tiene efectos positivos en el crecimiento económico y la sostenibilidad de nuestro sistema de protección social.

Todas estas razones urgen a dignificar el Salario Mínimo Interprofesional, situándolo en una cuantía equivalente al 60% del salario medio del país, y hacerlo de forma gradual y recuperando cuanto antes su poder de compra.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente Proposición no de Ley «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incrementar, el Salario Mínimo Interprofesional para 2016 al menos en un 5%, con el fin de recuperar su pérdida de poder adquisitivo y para que alcance, en el término de dos legislaturas, el 60% del salario medio neto, cuantía que señala la Carta Social Europea como retribución mínima suficiente.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero de 2016.—Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre impulso de un acuerdo político y social para derogar la LOMCE y para la aprobación de una ley básica de educación, para su debate en Pleno.

Exposición de motivos

La Constitución de 1978 reconoce la educación como un derecho fundamental reclamando a los poderes públicos las acciones políticas necesarias para poder ejercitarlo incorporándolo como derecho social al ordenamiento jurídico. La educación es, sin duda, un bien de interés público que nos concierne a todos, y de ella depende en gran medida el presente y el futuro de nuestro país. Su importancia es fundamental para contribuir al desarrollo de sociedades cohesionadas, abiertas y con escasos riesgos de exclusión social.

Durante la anterior legislatura, la educación pública en España ha estado sometida a un proceso de fuerte desprestigio en el que se pretendió deslegitimar todo lo preexistente para instalar un nuevo modelo educativo, ideologizado y regresivo, en un contexto de recortes y normativas que han incidido de forma muy negativa en la igualdad de oportunidades y en las posibilidades de desarrollo de nuestro país.

Con todas estas medidas asistimos a una profunda modificación del derecho a la educación tal y como fue concebido en nuestra Constitución y en las leyes que lo desarrollaron, tanto en la LODE de 1985 con en la LOE de 2006. Son unas modificaciones que constituyen una verdadera ruptura del pacto constitucional y del contrato social entre generaciones actuales y futuras.

España se enfrenta a retos cruciales, entre los que se encuentra la necesidad de alcanzar definitivamente un gran Acuerdo social, político e institucional en torno a la educación que asegure un modelo educativo público estable y de calidad, que garantice que, como derecho, se desarrolla a la largo de toda la vida, que haga posible un sistema educativo universitario y no universitario fundamentado en la igualdad entre mujeres y hombres, en la equidad, asentado en la inclusividad, orientado a la excelencia en los resultados y basado en la cooperación institucional y la disposición a la mejora continua en todas las instituciones educativas.

Es necesario hacer un esfuerzo para construir las reformas del sistema educativo desde el diálogo, recuperando el sentido constitucional del derecho a la educación, garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso y recuperando un sistema de becas que permita el acceso o la continuidad de los estudios con independencia de su situación económica, asegurando el derecho a una equitativa distribución de oportunidades de aprendizaje y el éxito escolar de todos y todas.

La educación es un derecho fundamental, y la escuela pública debe ser una garantía insustituible para el efectivo ejercicio de ese derecho. Por ello, se debe garantizar una oferta de plazas públicas suficientes en todos los niveles educativos y fortalecer la cooperación institucional entre todas las Administraciones Públicas, garantizando una financiación pública y unos servicios comunes adecuados para todo el sistema educativo.

La educación inclusiva, comprometida con los valores constitucionales y democráticos, debe estar presente en nuestro sistema educativo, así como promover la participación activa de toda la comunidad educativa. Hay que seguir trabajando para reducir la tasa de abandono escolar temprano y mejorar las tasas de titulación en todas las enseñanzas así como los resultados en las evaluaciones nacionales e internacionales, y es necesario establecer un progresivo descenso de las ratios de alumnado por clase como factor de atención individualizada y de éxito escolar.

Es necesario universalizar la educación desde los 0 hasta los 18 años, evitando todo tipo de segregación y facilitando que todas las personas puedan obtener el título correspondiente a la educación obligatoria y ampliando la oferta pública de formación profesional. Del mismo modo, la Universidad debe ser objeto de especial atención recuperando el diálogo y dotándola de más medios a través de una financiación adecuada, al igual que el resto del sistema educativo.

En definitiva, tenemos que conseguir recuperar la equidad perdida y una mejora de la calidad en todos los niveles educativos para poder afrontar los retos de futuro, que permitan a los ciudadanos conseguir capacidades y competencias para vivir y actuar en un mundo globalizado, y poder así decidir con libertad nuestro futuro. Para dar hoy ese nuevo impulso a la educación, es necesario anular las disposiciones de carácter regresivo adoptadas por el Gobierno durante la pasada legislatura y restaurar las grietas producidas en elementos muy sensibles del sistema educativo.

Pero es imprescindible hacerlo a través de un gran Acuerdo social y político por la Educación que aporte a nuestro sistema educativo estabilidad, legislativa y normativa, de objetivos y recursos.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente Proposición no de Ley «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para:

• 1. Suspender urgentemente el calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, previsto en su Disposición final quinta, así como derogar el Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las características generales de las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria y el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. 
• 2. Impulsar la apertura de un proceso de negociación y diálogo real con las administraciones y la comunidad educativa, los interlocutores sociales y las fuerzas políticas, con el objetivo de alcanzar, con el máximo consenso, un gran Acuerdo político y social para la mejora de nuestro sistema educativo, y remitir a las Cortes Generales el Acuerdo alcanzado a través de un proyecto de Ley básica de educación que, además de derogar la Ley Orgánica 8/2013, asegure un sistema educativo público, estable y de calidad, basado en la equidad, la igualdad entre mujeres y hombres y la inclusividad, garantice la universalidad de la educación de los 0 a los 18 años, a través de la ampliación de la oferta pública de plazas, y contenga las medidas necesarias para mejorar el aprendizaje, la formación educativa y la adquisición de competencias en todas las enseñanzas.» 

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero de 2016.—Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.