350 MEDIDAS PROYECTO CIUDADANOS RECUPERAR CLASE MEDIA

PARTE I RECONSTRUIR LA CLASE MEDIA Y TRABAJADORA

• Un nuevo contrato estable e indefinido, que proteja a los trabajadores y ayude a acabar con la precariedad laboral. Muchos españoles viven con contratos basura y sin protección jurídica suficiente. Este nuevo contrato acabará con la precariedad laboral y permitirá que la gente tenga un empleo estable sin tener que estar encadenando contratos temporales. Este nuevo contrato no afectará a los que ya tienen un contrato indefinido.
• La “mochila austríaca”: un nuevo seguro contra el despido, con el cual el trabajador irá acumulando dinero en una cuenta durante toda su carrera profesional. En caso de despido o jubilación, el trabajador podrá cobrar esa cantidad acumulada, o bien llevársela consigo si cambia de trabajo.
• Premiaremos a las empresas que en sus sectores despidan menos, y penalizaremos a las que abusen del despido. A las empresas que favorezcan el empleo estable se les bonificarán las cotizaciones.
• Un nuevo marco de relaciones laborales consensuado y flexible que reequilibre la negociación colectiva, proteja a los trabajadores y garantice el empleo estable. Las empresas tienen que poder adaptarse a nuevos escenarios económicos y tecnológicos, pero no lo podrán hacer de forma unilateral y sin contar con el acuerdo de sus trabajadores.
• Más medios y prioridad al empleo y la formación. Las actuales políticas activas de empleo son insuficientes en comparación con otros países europeos. Menos recortes y más inversión, para estar al nivel de las mejores naciones de Europa.
• Dirigiremos los incentivos al empleo hacia los colectivos más vulnerables y los parados de larga duración. En la actualidad existen más de 70 modalidades de bonificaciones, exenciones y reducciones que son ineficaces, porque no se centran en los que más lo necesitan.
• Los recursos para la formación de los trabajadores irán directamente a ellos y no a las empresas proveedoras, patronales y sindicatos. Aumentaremos la fiscalización, la evaluación rigurosa y permanente de sus resultados y acabaremos con los intermediarios para que no se repitan casos de corrupción y fraude con la formación de los trabajadores.
• Cheques de formación directamente a los desempleados y asesoramiento para que hagan los cursos que ellos elijan. Los desempleados contarán con orientadores que les ayudarán y les informarán sobre la calidad de los cursos ofrecidos por cada centro. Los cheques sólo podrán utilizarse en aquellos centros que se hayan sometido a un evaluación previa.
• Más orientación laboral y formativa con atención individualizada para ayudar a los desempleados a encontrar trabajo. Nadie en Europa destina tan pocos recursos a la orientación laboral. Los orientadores tendrán: información de los portales de empleo y los registros del SEPE para proponer itinerarios personales y un perfil de cada desempleado con sus competencias profesionales para ayudarle a encontrar el empleo que más se adapte a sus características laborales.
• Una nueva agencia estatal de políticas de empleo, específica y autónoma. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) no cumple con sus funciones, por falta de recursos y estructura. Crearemos la Agencia Independiente de Políticas de Empleo con autonomía y competencias suficientes para ayudar a los desempleados, evaluar las políticas de empleo, distribuir mejor los recursos y coordinarse con el resto de administraciones.
• Plan de choque contra el paro de larga duración. Responderemos con absoluta prioridad para reintegrar a las personas que llevan más de 2 años buscando empleo, con tres programas específicos:
• Programa para que los desempleados con escasa experiencia laboral o que requieran adaptarse a nuevos sectores profesionales se formen directamente en un puesto de trabajo.
• Programa de Reintegración Laboral para formar, orientar y ayudar económicamente a los desempleados de larga duración. Aquellos que no reciban ninguna prestación por desempleo cobrarán una renta durante la formación, con la condición de que realicen los cursos, y podrán beneficiarse del plan durante todo el tiempo necesario hasta encontrar un empleo.
• Programa para Adultos de Adquisición de Competencias Básicas para impulsar el aprendizaje permanente. Nuestra población adulta está entre las peores de la UE en lectura, matemáticas, idiomas o alfabetización digital. El programa permitirá otorgar una certificación de nivel educativo básico.
• Ayudaremos a los trabajadores a adaptarse a las nuevas tecnologías. Proponemos el desarrollo de un programa de ayuda a los trabajadores que requieran adaptarse para conservar su empleo. Irá destinado a los trabajadores mayores de 45 años con un largo período de antigüedad en la empresa y con la condición de que se les mantenga el puesto de trabajo.
• Menos impuestos y menos burocracia para los autónomos. Los tres millones de trabajadores autónomos son un colectivo fundamental para nuestra economía que sufre unas condiciones muy desfavorables y que ha sufrido los peores efectos de la crisis.
• Los autónomos no pagarán cuota, si están por debajo del salario mínimo interprofesional. Por encima, se pagará en función de los beneficios. La cuota no será una barrera para quienes son el corazón de nuestra economía.
• Mejoraremos y simplificaremos los trámites de pago de IVA a través de Internet. Eliminaremos la obligatoriedad del sistema de certificados digitales para potenciar uno más ágil, basado en identificación por usuario y contraseña.
• Más ayudas y apoyo a las trabajadoras autónomas durante y después del embarazo. Actualmente, la decisión de tener hijos está penalizada –a diferencia de lo que sucede en otros países europeos– debido a la falta de medidas para conseguir una conciliación de la vida laboral y personal, la ausencia de políticas para equilibrar la responsabilidad entre progenitores y las limitaciones de permisos por maternidad y paternidad.
• Bonificaremos la cuota de autónomos en su totalidad durante la baja por maternidad, o en caso de baja por riesgo médicamente demostrado durante el embarazo. También bonificaremos las cuotas sociales del trabajador contratado para la sustitución.
• Recuperaremos las bonificaciones que fueron derogadas por el anterior Gobierno a trabajadoras autónomas que se reincorporen después de la maternidad.
• Mejoraremos el sistema de prestaciones y ayudas de las trabajadoras autónomas tanto antes del parto, como durante la baja por maternidad.
• Una nueva Ley de Segunda Oportunidad para personas endeudadas, incluyendo la dación en pago con nueva tasación del inmueble en préstamos hipotecarios.
• Eliminaremos los saltos en la regulación para incentivar el crecimiento de tamaño empresarial. Toda la normativa impositiva, laboral o contable, que discrimina en función del tamaño debe flexibilizarse y evitar los escalones numéricos que desincentivan el crecimiento. Es necesario auditar toda la legislación para eliminar todas estas barreras que frenan el crecimiento empresarial.
• Crearemos una agencia de apoyo a las PYMEs. Tomando como modelo el Small Business Services británico, o el banco único para PYMEs de Luxemburgo, crearemos una agencia que concentre en un único interlocutor las funciones clave de apoyo en áreas críticas para el dinamismo de las PYMEs (como la creación de empresas, gestión de cobros fiscales, etc.). Esta agencia deberá trabajar de forma coordinada e integrada con todas las iniciativas públicas (por ejemplo el ICEX) y privadas que faciliten la internacionalización de las empresas españolas.
• Una verdadera unidad de mercado reformando la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, para incorporar la colaboración entre diferentes administraciones. Se establecerán mecanismos para avanzar decididamente en la armonización de licencias y permisos, eliminando las barreras regulatorias injustificadas y promoviendo el reconocimiento mutuo entre Comunidades Autónomas. Se eliminarán las excepciones arbitrarias e injustificadas de naturaleza ambiental, cultural o de seguridad e higiene que han permitido la enorme proliferación de barreras regulatorias.
• Reformaremos la regulación de los mercados para que tengan el mismo nivel de competencia que en el resto de países de Europa, para lo que las reglas deberán ser seguras e iguales para todos los competidores, sin arbitrariedad, ni discriminación. Así, ahorraremos a las familias españolas 411 euros al año.Tenemos derecho a no pagar el sobrecoste de tener la energía más cara de Europa por culpa del “capitalismo de amiguetes.”
• Profesionalizaremos y despolitizaremos los órganos de gobierno de todas las Autoridades Administrativas Independientes y exigiremos una rendición de cuentas transparente a las Cortes. Proponemos la profesionalización de los procesos de selección de presidentes, consejeros y directivos de las Autoridades Independientes a través de un procedimiento transparente y meritocrático.
• Reformaremos los reguladores para evitar los conflictos de intereses mediante la transparencia de su actuación y la de los lobbies. Será obligatoria la inscripción de éstos en los registros correspondientes. Se reforzará la prohibición de trabajar directa o indirectamente en y para empresas de los sectores regulados durante 4 años y no 2 como en la actual legislación.
• Separaremos las funciones de Competencia y de Regulación en dos entidades independientes, reformando así la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Para garantizar la independencia de estas entidades, será imprescindible que el regulador disfrute de total autonomía del Ministerio de Hacienda y que se profesionalicen al máximo los nombramientos políticos en los cargos directivos, garantizando que se rigen por criterios de meritocracia y transparencia.
• Separaremos las competencias para que la institución que vigila la solvencia de los bancos no sea, como hasta ahora, la misma que debe proteger a los usuarios de servicios financieros. Una nueva Comisión Nacional de los Servicios Financieros velará por los intereses de los clientes, mientras que el Banco de España será responsable de la supervisión de todas las entidades financieras, las compañías de seguros y los mercados financieros españoles.
• Aseguraremos que la nueva Comisión Nacional de Servicios Financieros impulse la transparencia en el sector financiero con propuestas de contratos marco para seguros e hipotecas. Prohibirá productos financieros y cláusulas por complejos u oscuros.
• Incorporaremos a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiREF) una nueva y potente unidad que evalúe la eficacia y coste de las políticas y programas de gasto público. Actuará en sustitución de la ineficaz Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL).
• Garantizaremos la unidad de mercado nacional eliminando trabas a la libre circulación y prestación de servicios, en el marco del compromiso de la plena realización del Derecho de la Unión Europea. Trabas que en muchas ocasiones son solo justificadas por intereses clientelares de las élites locales. Las competencias territoriales no pueden ser usadas como coartada para proteger intereses opuestos a los de los ciudadanos.
• Impulsaremos reformas legales para la protección de los consumidores, clientes de entidades financieras y deudores. Se regularán los ficheros de solvencia positivos, para garantizar que los buenos pagadores reciban un mejor trato por parte de las entidades financieras.
• Se impondrán sanciones a las entidades de crédito, en caso de que incurran en préstamo irresponsable. Se revisarán los procedimientos de ejecución para evitar abusos, especialmente como consecuencia de tasaciones inadecuadas.
• Cumpliremos con los españoles y con Europa. Nos comprometeremos firmemente con la estabilidad presupuestaria y cumpliremos los objetivos de déficit que se negocien con las autoridades europeas. Alcanzaremos una situación de finanzas públicas saneadas al final de la legislatura. Una política fiscal responsable es una condición necesaria para el crecimiento, especialmente dado el nivel de deuda pública de España.
• No crearemos nuevos impuestos de ningún tipo. Es absolutamente imprescindible una racionalización del sistema fiscal, armonizando tributos autonómicos y eliminando figuras impositivas que apenas recaudan y que entorpecen la circulación de bienes y servicios, que afectan negativamente a la unidad de mercado.
• No subiremos los impuestos a las clases medias y trabajadoras. El ajuste no puede volver a recaer en una clase media y trabajadora que ha soportado la mayor subida de impuestos de la democracia. Donde se debe recortar es en gasto superfluo, despilfarro y duplicidades.
• Bajaremos los impuestos a las clases medias y trabajadoras: disminuiremos el IRPF 2 puntos hasta dejarlo entre el 18% y el 43.5%. Se llevará a cabo en nuestro segundo presupuesto y una vez haya España alcanzado el objetivo europeo de bajar del 3% el déficit público.
• Reformaremos en profundidad el Impuesto de sociedades para cerrar agujeros, eliminar beneficios injustificados, mejorar el control y recaudar más sin subir los tipos nominales de este impuesto. Acercaremos los tipos efectivos a los nominales para aproximar la recaudación a la media de la zona euro. El Impuesto de sociedades de España recauda poco, sobre todo en el caso de las grandes empresas, que sólo pagan un 6% efectivo. Esto se debe a un impuesto mal diseñado, repleto de agujeros, deducciones y beneficios fiscales, con una normativa compleja.
• Eliminaremos el Impuesto especial de medios de transporte (Impuesto de matriculación) y lo sustituiremos por un Impuesto a las emisiones potenciales de los vehículos para proteger la calidad del aire y combatir el cambio climático. El objetivo no es recaudatorio, sino medioambiental: a diferencia de otros partidos, no queremos recaudar más por la matriculación de vehículos, sino de forma más eficiente, premiando a los consumidores que se comprometen con el medio ambiente usando automóviles que contaminan menos.
• La clase media y trabajadora no pagará Impuesto de Sucesiones, solo tributarán las herencias millonarias y se fijarán los mismos mínimos y máximos para toda España. Quedarán exentos del pago la vivienda habitual, la empresa familiar y hasta 1 millón de euros heredado por cada hijo. Llevaremos a cabo una armonización fiscal donde se tributará lo mismo, con independencia de la comunidad autónoma.
• El Impuesto de Patrimonio pasará a ser de normativa y gestión estatal. Tendrá una función fundamentalmente censal y se declararán también los bienes en el extranjero, eliminándose la declaración de bienes en el exterior, para no exigir información duplicada. 
• En esta nueva declaración se incluirán el oro, las joyas, los yates y las obras de arte que, sorprendentemente, están excluidos de la Declaración de bienes en el Extranjero. Resulta necesario que la Agencia Tributaria centralice la información censal y patrimonial de este impuesto para mejorar la gestión tributaria y la comparta con las Comunidades Autónomas, evitando exigir la misma información varias veces a los ciudadanos.
• Un complemento salarial garantizado para ayudar a los trabajadores con menores ingresos a que tengan un sueldo digno. Será una devolución de Hacienda para lucha contra la pobreza laboral. En España existen 7,5 millones de trabajadores que no llegan al salario mínimo anual por lo que es prioritario reconstruir la clase media trabajadora y luchar contra la economía sumergida. La cuantía del complemento salarial será variable en función de los ingresos y condiciones familiares como por ejemplo el número de hijos.
• Plan de choque contra la pobreza infantil. Dotaremos una ayuda a los hogares por hijo a cargo para combatir de forma eficaz la pobreza infantil. La prestación será mayor para las familias de menores ingresos, y se reduciría gradualmente según aumenten. La prestación será compatible con otro tipo de ayudas y rentas como el complemento salarial.
• Reconoceremos los derechos de las personas afectadas por el desahucio. Se les facilitará de forma temporal una vivienda en régimen de alquiler social a un precio acorde a su situación económica y familiar. También podrán acogerse a un plan de pagos personal de la deuda pendiente, cuya mensualidad conjunta no podrá suponer más del 30% de los ingresos mensuales de la unidad familiar.
• Reformaremos la Ley de Enjuiciamiento Civil para que no se puedan embargar las prestaciones sociales. No podrá embargarse la renta activa de inclusión, las prestaciones de Servicios Sociales, las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, las del Plan Prepara, la renta agraria y el subsidio para trabajadores eventuales del Régimen Especial Agrario, los subsidios por desempleo, las ayudas y becas al estudio, y otras análogas a éstas. Tampoco se podrá embargar la vivienda habitual.
• Modificaremos la Ley de Haciendas Locales para que aquellas viviendas deshabitadas que sean cedidas por sus propietarios a fondos sociales de vivienda no paguen IBI (Impuesto sobre los Bienes Inmuebles).