El objetivo de nuestro programa económico y social es abrir un nuevo tiempo de
oportunidades para la clase media y trabajadora. Proponemos actuar sobre tres grandes
ejes:
- a) Reconstruir la clase media y trabajadora, recuperar el estado del bienestar y reformar el mercado de trabajo para que parados, precarios, autónomos, jóvenes y mujeres vuelvan a tener una oportunidad.
- b) Invertir en el presente para recuperar el futuro: invertir en educación e innovación, para poner el capital humano en el centro de la economía del futuro.
- c) Regeneración democrática, para acabar con la corrupción y asegurar que se premia el esfuerzo y no el enchufe.
Creemos que es un ejercicio básico de transparencia y de responsabilidad en cualquier
democracia moderna que los partidos políticos expliquen cómo piensan financiar las
políticas que prometen y en qué partidas piensan gastar el dinero de los contribuyentes.
Desgraciadamente esta práctica no ha sido habitual en nuestro país y los engaños reiterados
a la ciudadanía han generado una enorme frustración y desconfianza.
Esta memoria es un reflejo del compromiso de Ciudadanos con la transparencia para
mejorar la calidad de nuestra democracia, que creemos que nuestros ciudadanos
demandan y merecen.
El rigor y la viabilidad económica en las promesas electorales es particularmente importante
en la presente situación, dado que España se enfrenta a una situación presupuestaria
particularmente delicada.
El incumplimiento por parte del gobierno del Partido Popular de los objetivos de déficit deja a
España con el segundo mayor déficit público de la UE (del 5,1% del PIB frente al 4.2%
comprometido), 10.000 millones de descuadre y riesgo de sanción de la UE. En este contexto,
no es posible prometer bajadas de impuestos inmediatas si no se toman medidas para
recortar gastos en burocracia y duplicidades.
Dado el altísimo endeudamiento - más de un 100% de PIB de deuda - y teniendo la segunda
tasa de paro más alta de la UE, España no tiene otra opción que ser responsable con sus
cuentas y ambiciosa en sus reformas
Tampoco es sostenible nuestra trayectoria de ingresos y gastos si no logramos cambiar el
modelo de crecimiento. En este sentido la última legislatura ha sido una enorme
oportunidad perdida, porque se ha recortado en las dos principales partidas de futuro,
educación e innovación.
Combinadas, las medidas presentadas, permitirán reconstruir la clase media y trabajadora,
castigada por la crisis y las malas políticas de PP y PSOE. Nuestro compromiso es obtener los
recursos necesarios para financiar el estado del bienestar, sin aumentar los impuestos a los
ciudadanos y a las empresas que generan crecimiento.
Estas son las 10 claves de la memoria económica:
- 1. Creceremos más y mejor, eliminando trabas al emprendimiento y apostando por la educación y la innovación. Las reformas que proponemos esperamos que impulsen el crecimiento de nuestra economía un 0,6% adicional. El PIB real crecería al 3,1% anualmente de media en la próxima legislatura en vez del 2,5% previsto por el gobierno.
- 2. El mayor crecimiento permitirá crear 2,5 millones de empleos en esta legislatura. El mayor crecimiento se traducirá en la creación de medio millón de empleos más en la próxima legislatura que los que espera crear el gobierno. Es decir, para 2020 habremos creado 2,5 millones de empleos y la tasa de paro habrá llegado al 10,9%.
- 3. Ahorraremos más de 400 euros por hogar en factura energética al año a las familias españolas, eliminando trabas a la competencia y luchando contra el capitalismo de amiguetes.
- 4. Bajaremos el IVA cultural en el primer ejercicio y el IRPF en 2018; gracias al mayor crecimiento y a los recortes en burbuja política, podremos bajar los impuestos mejorando la senda de corrección del déficit planteada por el gobierno.
- 5. Aumentaremos los ingresos en 10.000 millones más que el escenario base del gobierno entre 2017 y 2020 sin ningún aumento de tipo impositivo principalmente a través de la eliminación de trampas legales en el impuesto de sociedades, la lucha contra el fraude y recuperando parte de la amnistía fiscal.
- 6. Esos mejores ingresos junto con la eliminación de grasa burocrática y duplicidades nos dejarán espacio para un plan de choque para recuperar la clase media y trabajadora.
- Dedicaremos 8.500 millones de euros al año a programas para recuperar a la clase media y trabajadora. Las partidas de gasto principales serán:
- (1) el complemento salarial dará una media de 1.400 euros anuales, 14 pagas de 100 euros, de media, para 2 millones de hogares en pobreza laboral para que puedan llegar a fin de mes;
- (2) un plan de pobreza infantil para aliviar el sufrimiento con un coste de 2.561 millones: 150 euros mensuales por hijo para las familias de menos de 600 euros de ingresos al mes, descendiendo progresivamente y llegando hasta las familias con 1.500 euros de ingresos mensuales.
- (3) un nuevo plan integral de políticas activas y de formación para volver a ofrecer una oportunidad a millones de parados;
- (4) la extensión de los permisos de maternidad y paternidad (de 16 a 26 semanas) para acabar con la discriminación que sufren las mujeres;
- (5) un aumento del gasto en educación infantil 0 a 3 años para garantizar la igualdad de oportunidades,
- (6) la restitución del fondo de cohesión sanitaria y
- (7) la restitución de las ayudas a la dependencia
- Reformaremos el IRPF en 2018 para reducir los cinco tramos actuales a cuatro y rebajar todos los tipos aplicables, lo que supone una reducción de un 3% de media del IRPF. Dado los niveles actuales de recaudación del IRPF calculamos que esta rebaja tendría un impacto el primer año de 2.100 millones de euro.
- 7. Alcanzaremos el 2% del PIB en inversión en I+D en 2020, centrando los recursos en la creación de una Red Cervera de Transferencia Tecnológica para conectar innovación en universidad y empresa.
- 8. Aumentaremos en 10% el personal de la administración de justicia, incrementando el presupuesto en 400 millones, e implementaremos un plan de choque para instalar tecnología de la información compatible en todas las comunidades por importe de 500 millones. Acompañaremos esta mejora de los medios disponibles para la administración de justicia de una reforma que recupere su independencia y garantice la seguridad jurídica a los ciudadanos.
- 9. Revertiremos los recortes en educación e implementaremos un plan contra el fracaso escolar, apostando por más profesores de apoyo en las aulas y una mejor formación.
- Los centros educativos que cuenten con alumnos provenientes de entornos desfavorecidos podrán acceder a una financiación adicional de hasta 1.000 euros por alumno al año para acometer mejoras en sus programas de atención a la diversidad o contratar profesores de apoyo adicionales.
- La inversión estimada sería de 700 millones de euros beneficiando aproximadamente a 800.000 alumnos. 10. Aumentaremos en un 50% el presupuesto de la AEAT para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, lo que permitirá aumentar la recaudación en unos 8000 millones de euros adicionales al final de la legislatura.
1º.- CONTEXTO MACROECONÓMICO
1.Entorno internacional
Los vientos de cola que han beneficiado a nuestro país en los últimos tiempos (tipos de interés
bajos, un euro débil, crecimiento de nuestros mercados de exportación y un petróleo barato) se
van a ir moderando en un futuro no lejano.
España no tiene tiempo que perder.
La paralización de las reformas y nuestro elevado
endeudamiento nos hace muy dependientes del mantenimiento de las favorables condiciones
internacionales.
El Fondo Monetario Internacional en sus últimas previsiones de abril revisaba a
la baja el crecimiento mundial y de nuestro país, lo que hace aún más necesario afrontar las
reformas para asegurar un crecimiento más robusto y sostenible.
A la vista de los muchos retos que nos quedan por resolver, la paralización de las reformas en
España supone una oportunidad pérdida para millones de españoles.
2.Economía Española:
los problemas estructurales de fondo se siguen sin resolver
Los problemas de fondo de la economía española siguen sin resolverse (5% déficit, 100% de
deuda pública, 100% de deuda externa y 21% de paro) y desenmascaran el mito de la buena
gestión económica del PP. Efectivamente, la “buena gestión del PP” es un mito propagandístico.
La mejoría de la última parte de la legislatura se debe fundamentalmente a que las familias y las
empresas han profundizado en su ajuste, que con enorme esfuerzo han acometido, para hacer
frente a la gravísima crisis de la que aún no hemos terminado de salir. Además, hemos
disfrutado del beneficio de los ya mencionados vientos de cola.
Las escasas reformas acometidas han sido las impuestas con el rescate bancario, y no todas se han llevado a cabo
pese a las promesas del gobierno. Este panorama no debería hacernos olvidar que:
- 1. Hemos perdido la mejor oportunidad de la historia para hacer reformas que cambien por fin el modelo productivo injusto e ineficiente (y, en particular, la enorme precariedad laboral)
- 2. Si con “viento de cola” y con mayoría absoluta, el PP sólo consigue estos resultados tan mediocres, deben abrirse paso nuevas ideas y una nueva forma de hacer política.
Ello supone que las familias y las empresas han
hecho sus deberes, pero que las Administraciones Públicas, regidas por el PP, el PSOE y los
partidos nacionalistas, no han hecho los suyos.
A estos desequilibrios, el PP ha sumado otros nuevos.
Ha aumentado la desigualdad en la
distribución de la renta durante la última legislatura y los indicadores laborales y de pobreza han
empeorado entrando en una situación alarmante: un 53,2% de paro juvenil ocho años después
de estallar la crisis, un millón más de personas en riesgo de exclusión social (22,1%) y más de la
mitad de nuestro paro es de larga duración (12,9%).
La persistencia de estos problemas los acaba
convirtiendo en estructurales con efectos muy nocivos a largo plazo.
En este tiempo, el PP ha empleado dinero público para tapar los escándalos de gastos
improductivos e inversiones insostenibles de los que habían sido responsables principales.
Dos
de las cajas rescatadas más endeudadas estaban completamente contraladas por el Partido
Popular (Bankia y Nova Caixa Galicia), las CC.AA. más endeudadas eran del Partido Popular,
Valencia (41,3%) y Castilla y León (33,5%) y los dos ayuntamientos con más deuda por habitante
también del PP, Jerez de la Frontera (2.869 euros) y Madrid (1.876 euros).
Expertos del Banco de España cifran en 103.000 millones el importe de las ayudas al sector
financiero, de los cuales se habrían perdido ya 40.000 millones (4% del PIB) mientras que, en
otros países como EE.UU., Francia, Italia o Luxemburgo, el rescate no ha costado nada al Estado
o incluso ha supuesto beneficios. En Reino Unido (1,9%), Austria (1,9%), Alemania (1,4%), Holanda
(0,7%) o Bélgica (0,2%) la factura del rescate ha sido de menos de la mitad que en España.
2.1. El mercado laboral:
un desempleo de larga duración inaceptable
Sin duda el mayor fracaso del PP ha estado en el frente de la lucha contra el desempleo. Sólo el
gobierno socialista de Zapatero tuvo resultados peores. Entre 2007 y 2014 se destruyeron en
España 3,8 millones de puestos de trabajo.
Los ocho pecados capitales del PP en materia de empleo son:
- 1. La tasa de paro ha pasado del 21,8% (EPA 3T 2011) al 21% actual (la segunda más alta de la UE por detrás de Grecia). El número de personas desempleadas ha pasado de 4,998 millones (EPA 3T 2011) a 4,791 millones (EPA 1T 2016).
- 2. La reducción de personas en paro no se corresponde con un aumento de las personas con empleo. El número de personas con trabajo, ha pasado de 18,48 millones en (EPA 3T2011) a 18,03 millones de personas (EPA 1T2016): 500.000 personas menos con empleo desde que en 2011 empezó a gobernar el Partido Popular.
- 3. Parte de la reacción al paro ha sido la emigración. La población activa, la suma de personas con empleo y las personas desempleadas que lo buscan, ha bajado de 23,5 millones (EPA 3T2011) a 22,8 millones (EPA 1T2016) mientras que la población española residente en el extranjero según el padrón del INE, ha pasado de 1,7 millones de personas a 2,3 millones.
- 4. El aumento de la afiliación que se ha venido registrando desde el ecuador de 2013 ha sido un empleo de carácter precario. La tasa de empleo temporal ha subido al 24% (la segunda más alta de Europa) y el 90% contratos que se firman mensualmente son de carácter temporal y su duración media también se ha reducido de 63 días en 2011 a 54 en la actualidad.
- 5. El paro larga duración (>12 meses) ha subido del 8,9% al 12,9% (la media de la UE es del 5,1%). En España hay 2.950.000 personas en paro de larga duración.
- 6. La tasa de paro de menores de 20 años es del 64% y de menores de 25 años el 46,5%, más del doble que la media europea.
- 7. Ha caído el número de desempleados que tienen algún tipo de prestación. La tasa de cobertura ha caído del 70,7% en 2011 a 53,3% de los desempleados actualmente. Esto hace que cada vez sea más sangrante e injusta la tragedia del paro.
- 8. Además, España lleva más de siete años con el paro por encima del 20%. Eso es un fracaso del Estado, así como de la regulación tanto del PP como del PSOE. Si algo ha funcionado es la red social y familiar pero no, desde luego, las políticas de los dos grandes partidos.
Seremos el primer país en ser multado por la
Unión Europea
En 2015, al calor del ciclo electoral, el gobierno se dio a la contabilidad creativa y el electoralismo
presupuestario para guardar algunas de sus vergüenzas, como los recortes o la corrupción.
La
sorpresa del déficit en 2015 (un 5,1% del PIB y no el 4,2% acordado) vino acompañada –lo que
quizá es más preocupante- con un deterioro del déficit estructural.
La elevada deuda pública es la mayor amenaza a la financiación de políticas sociales que los
ciudadanos necesitan y valoran. Actualmente la deuda pública de España es de 1,1 billones de
euros, rozando el 101,3% del PIB desde el 39,4% del PIB en 2008.
En estos últimos cuatro años
hemos pasado de 16.000 euros de deuda por español a 23.000.
Así pues, el panorama fiscal es muy delicado. España ha acabado la legislatura como el
segundo país con más déficit de los 28 países de la UE, y con el récord absoluto de aumento de
deuda: nada menos que 30 puntos del PIB, unos 325.000 millones o 222 millones al día.
En este contexto, la mejor medicina para asegurar la sostenibilidad de las políticas públicas y su
financiación es aumentar el crecimiento económico potencial de nuestra economía.
Sin
embargo, van en la dirección opuesta tanto Podemos prometiendo un aumento del gasto público
de 96.000 millones de euros que nos abocaría al rescate, como el PP, que dinamitó nuestra
credibilidad fiscal cerrando 2015 con un déficit disparado pese al dato de crecimiento, dejando
en herencia una desviación de 10.000 millones de euros y promete rebajar impuestos en el
próximo presupuesto a pesar de no cumplir los objetivos del Procedimiento de Déficit Excesivo.
Las instituciones europeas señalan que el gobierno fía todo el ajuste fiscal a la mejora del
entorno económico, a pesar de que la economía mundial se está desacelerando .Habiendo 2
incumplido flagrantemente con Bruselas, España podría convertirse en el primer país en ser
multado por la UE con hasta 4.000 millones de euros por la irresponsabilidad presupuestaria
del gobierno del PP, que además mintió reiteradamente a los españoles y a la UE, señalando
sistemáticamente que se iba a cumplir con el objetivo de déficit, incluso después de las
elecciones.
El incumplimiento del gobierno del Partido Popular con los objetivos de ajuste fiscal deja a
España en una situación muy comprometida frente a sus socios europeos. La presente memoria
económica es un ejercicio necesario de revisión y priorización tanto del alcance como el
calendario de implantación de las principales medidas con impacto fiscal del programa de
Ciudadanos teniendo en cuenta la nueva senda de ajuste dentro del Procedimiento de déficit
excesivo de la Unión Europea.
Sin perjuicio de que nuestro país pueda negociar con nuestros socios europeos una mayor
flexibilización de los ajustes presupuestarios es indudable que sólo el más firme compromiso con
la estabilidad presupuestaria permitirá recuperar la confianza y credibilidad de nuestro país
ante la UE.
Asimismo, es importante recordar que sólo la mayor seriedad y rigor presupuestario
puede: asegurar una adecuada financiación, segura y estable, de nuestra economía, garantizar la
sostenibilidad de nuestro estado del bienestar, la calidad de los servicios públicos y el futuro de
nuestras pensiones.
2.3. Déficit de la Seguridad Social: la herencia del PP y otra asignatura pendiente
La debilidad de las cuentas públicas nos lleva a otra herencia delicada que deja el Gobierno del
PP: el agujero en las cuentas de la Seguridad Social.
- 1. El paro, las reducciones en las cotizaciones y una importante devaluación salarial están teniendo un impacto muy negativo en los ingresos por cotizaciones de la Seguridad Social. La Seguridad Social ha pasado de su equilibrio en 2011 a un déficit de 16.707 millones en 2015, poniendo en riesgo las pensiones (a base de políticas de pan para hoy y del malo, hambre para mañana).
- 2. Esto sin contar con que el gobierno ha gastado ya más de la mitad del Fondo de Reserva, pasando de 66.815 millones de euros en 2011 a 32.481 millones de euros.
2.4. Subida de impuestos:
la más brusca de la historia de nuestra democracia.
Cabría preguntarse cómo es posible que sigamos en una situación fiscal tan comprometida
después de los importantes recortes en sanidad y educación y de que el PP haya realizado la
subida de impuestos más brusca de la democracia, en contra de sus promesas electorales. Una
subida que ha alcanzado los 18.500 millones a lo largo de la última legislatura, y que las rebajas
electoralistas de 2015 no han conseguido neutralizar.
2012 2013 2014 2015 TOTAL
IRPF 3.525 2.209 339 -4.390 1.683
IS 4.607 -439 -1.277 -3.041 -145
IVA 1.505 8.050 223 -710 9.068
IIEE + otros 1.600 2.072 840 358 4.866
IBI 1.020 811 1.205 3.036
TOTAL 12.257 12.708 1.330 -7.787 18.508
2º.- ESCENARIO ECONÓMICO DE C’S
El conjunto de medidas contenidas en el programa de Ciudadanos está dirigido a aumentar la
competitividad de nuestra economía a la vez que se refuerzan las herramientas de lucha contra
la pobreza. Esto permitiría aumentar el crecimiento del PIB real en 0,6 puntos porcentuales
anualmente, lo que elevaría el crecimiento promedio del 2,5% previsto por el gobierno al 3,1%
anual durante la próxima legislatura, de acuerdo con las estimaciones internacionales más
solventes sobre el impacto de estas reformas (por ejemplo, las más recientes de la Comisión
Europea).
Las distintas reformas propuestas en distintos ámbitos –como educación,
competencia o mercado laboral- garantizarían no sólo un crecimiento adicional sino también que
este fuera más diversificado, sostenible y robusto. Bajo nuestro escenario reformista se crearían
2,5 millones de puestos de trabajo, medio millón más que bajo el escenario base del gobierno.
Esto supondría la creación de unos 625.000 empleos netos todos los años.
En el escenario del gobierno, presentado en el APE 2016-2019, se espera crecer al 2,5% anual de
media, lo cual crearía 2 millones de puestos de trabajo y reduciría la tasa de paro al 12,2% en 2020. Pero este escenario, a falta de reformas, es excesivamente optimista.
De hecho, es muy 3
improbable que sin introducir nuevas reformas España pueda alcanzar ni siquiera el 2,5% que
promete el gobierno ya que se apoya en exceso en un entorno internacional muy optimista y que
ya ha dado señales de ralentización o enfriamiento.
Es por ello que depende de nosotros
implementar las medidas dinamizadoras de la economía que nos aseguren ese crecimiento
extra, que necesitamos imperiosamente para reducir la lacra del paro y dinamizar y fortalecer la
salida de la crisis.
Ciertamente, la estimación de las sendas de ingresos, gastos y déficit es compleja y depende de
multitud de variables como el crecimiento, la evolución de los precios o el impacto de las
políticas y medidas en vigor.
Un repaso de las previsiones a medio plazo evidencia su notable
alejamiento de la realidad que acaban reflejando los datos. Los desfases han sido notorios
especialmente en las variables fiscales, ya que los Planes de Estabilidad han prometido siempre,
con proverbial voluntarismo, que se cumplirían de los objetivos de déficit acordados.
3. La senda de ingresos
Se parte de la previsión de ingresos públicos del Plan de Estabilidad ampliado a 2020,
desagregado en las principales partidas: ingresos impositivos (indirectos, directos y sobre el capital), cotizaciones sociales y resto de ingresos . A continuación, se añade la estimación de 4
impacto de nuestras medidas.
En paralelo, estimamos una senda de crecimiento que es más
favorable que la del gobierno por el efecto de introducir reformas con un efecto muy beneficioso.
Como resultado de todo ello se observa que los ingresos del escenario C’s con reformas crecen
más que los previstos por el Gobierno.
Esto se debe a nuestras medidas por el lado de los
ingresos, que como explica el siguiente epígrafe, no suponen subidas de impuestos –de hecho,
habrá espacio para bajar el IRPF en 2018- sino que proceden de la eliminación de agujeros en el
Impuesto de Sociedades y también de una lucha sin cuartel contra el fraude fiscal.
En concreto,
el gobierno prevé un aumento de ingresos del 18,6% acumulado en la próxima legislatura,
mientras que nuestro escenario arroja un incremento del 21%, de 10.160 millones más, pero con
una presión fiscal menor: recaudamos el 38,5% del PIB en vez del 38,6% del PIB al final de
período, eso sí, con un PIB superior.
4. La senda de gastos
La estimación del gasto de las AAPP sigue un enfoque similar. El escenario del gobierno (del
Plan de Estabilidad 2016-2019) se extiende hasta 2020. Al igual que en el caso de los ingresos,
los gastos se desagregan en las partidas principales: remuneraciones, consumos intermedios,
subvenciones, intereses de deuda, transferencias sociales (en especie y no en especie),
inversión, transferencias de capital y resto.
A continuación, se introducen las medidas de gastos
de nuestro programa, tal y como detalla el apartado cuarto de la memoria.
El resultado de este ejercicio implica que el gasto público del escenario C’s con reformas crece
tanto en términos nominales como reales, y en mayor medida que lo que prevé el gobierno, pero
sin que eso suponga un aumento de su peso en el PIB por el aumento de este.
Así, mientras que el gobierno prevé un ascenso del gasto del 11,0% acumulado hasta 2020, nuestro escenario
anticipa un incremento del 13,2%, 10.124 millones más, aunque de nuevo, dado el mayor PIB, con
una reducción como proporción del PIB, del 39,6% del PIB al 39,4%.
5.La senda de reducción del déficit público
La diferencia entre los ingresos y los gastos de las AAPP da lugar al saldo fiscal. Al igual que en el
escenario del gobierno, el principal ajuste del déficit vendrá por el lado del gasto. Pero la
reducción del déficit público que proponemos garantiza mayor margen fiscal en nuestro escenario C’s con reformas que la senda de déficit del gobierno.
Como se mencionaba
anteriormente, los ingresos en nuestro escenario crecen más que los del Plan de Estabilidad, y
también lo hacen los gastos. De esta forma, la mayor reducción del déficit se debe
principalmente a que nuestras reformas dinamizarían sustancialmente el crecimiento, lo que se
refleja finalmente en un menor déficit como porcentaje del PIB al final de la próxima legislatura.
Con todo, no debe olvidarse la naturaleza del ejercicio de estimación, que no pretende indicar
cuál creemos que será el déficit a lo largo del horizonte de proyección, sino que refleja cuánto
mejor es el resultado de nuestro escenario frente al del gobierno.
Así, es difícil prever con exactitud cuánto crecerá la economía en 2019 o cuál será su déficit
fiscal porque esto dependerá de variables como tipos de cambio, precios del petróleo etc. Pero
sí es posible determinar cuánto más crece una economía reformada que una anquilosada y
bloqueada.
Por ello, en lugar de intentar construir un escenario “realista” y confrontarlo al del
gobierno, hemos adoptado otro enfoque: partir del escenario actual del gobierno, añadir el
impacto de nuestras medidas fiscales y el efecto de las reformas del programa, y observar
cuánto mejor que el gobierno es lo que ofrecemos, con margen para rebajas selectivas de la
presión fiscal y con suficientes recursos para ampliar las políticas que necesitan y valoran los
ciudadanos.
Un nuevo desfase del déficit en 2016 –que seguiría la estela de incumplimientos en la última
legislatura– cambiará las sendas del cuadro macroeconómico y fiscal. Pero no alterará el
resultado central de nuestras estimaciones, que destaca que la realización de reformas
ambiciosas permitiría encarrilar el problema del déficit de una manera decisiva, alcanzando
cifras más moderadas mientras la economía crece más y nos podemos permitir rebajas
selectivas de impuestos que den un respiro a los ciudadanos y empresas, así como financiar los
servicios sociales que se demandan, necesitan y aprecian.
3º.- PROPUESTAS DE INGRESOS CON IMPACTO FISCAL: MAYOR
RECAUDACIÓN SIN SUBIDAS DE IMPUESTOS
Las principales medidas por el lado de los ingresos permitirán elevar la recaudación un 21,0%
entre 2016 y 2020. Al final de la próxima legislatura esperamos que los ingresos públicos
aumenten su peso como porcentaje del PIB desde el 38,2%, que representaban en 2015, al
38,5%. Esto supondrían 10.160 millones más que el escenario base del gobierno. Nuestras
medidas conseguirán un incremento de los ingresos públicos sin aumentar el gravamen
impositivo.
Las medidas que proponemos sobre los ingresos públicos son:
- 1. Eliminar deducciones y agujeros del Impuesto de Sociedades por un importe aproximado de 4.500 millones de euros sin tocar los tipos. Nuestro objetivo es recaudar en Sociedades lo mismo que el país medio de la OCDE, alrededor de un 2,5% del PIB. En 2015 recaudamos 20.649 millones de euros, y creemos que con nuestra reforma del impuesto podríamos recaudar unos 25.200 millones, todavía lejos de la recaudación de 2007, que ascendió a 44.823 millones de euros por el auge de la burbuja inmobiliaria.
- 2. Debido al desvío de déficit de 2015 hemos revisado nuestra propuesta en materia de IVA y en las presentes circunstancias creemos factible sólo llevar a cabo la rebaja el IVA cultural del 21 al 10%, al mismo tiempo que se impulsan acciones para plantar cara a la piratería y en defensa de la propiedad intelectual.
- 3. Luchar contra el fraude decididamente, no como hasta ahora, con medidas innovadoras y de probada efectividad (incluyendo un incremento sustancial del número de efectivos en la Agencia Tributaria).
- A pesar de que estimamos que podría recaudarse hasta 20.000 millones adicionales, en nuestra senda presupuestaria mantenemos una estimación prudente en cuanto a los resultados en la lucha contra el fraude: sólo incluimos los resultados directos en la lucha contra el fraude, y una parte pequeña de los resultados indirectos (un 10%).
- En 2017 empezaríamos por reclamar 2.800 millones de euros 5 perdonados ilegalmente por el anterior gobierno a los defraudadores en la vergonzosa amnistía de la amnistía fiscal de 2012, mientras se amplían los recursos de la Agencia Tributaria y se afinan los procedimientos.
- A partir de 2018 estimamos que las medidas 6 anti fraude irían dando fruto en aumentos de la recaudación hasta suponer 8.000 millones adicionales de recaudación en 2020.
- 4. La mayor presión sobre el fraude fiscal, el control del gasto, la eliminación de duplicidades, y el mayor crecimiento permitirían en 2018 reformar el IRPF para reducir los cinco tramos actuales a cuatro y rebajar ligeramente todos los tipos aplicables, que equivaldría a una reducción de un 3% de media del IRPF. Dado los niveles actuales de recaudación del IRPF calculamos que esta rebaja tendría un impacto el primer año de 2.100 millones de euros.
- 5. Introducir la exención subjetiva de las tasas judiciales para las entidades sin fines lucrativos y para las empresas de reducida dimensión (i.e. PYMES). Esta medida garantizaría la justicia gratuita para casi un millón y medio de PYMES y a más de 26.000 entidades sin fines lucrativos. El impacto presupuestario sería una reducción aproximada de 90 millones de euros. Conviene destacar que estos recursos pasarían a estar en disposición de las PYMES, que podrán destinarlos a incrementar los salarios y la inversión, contribuyendo con ello a dinamizar la economía.
- Las PYMES y las entidades sin fines lucrativos experimentarán un ahorro de entre 150 y 2.500 euros por procedimiento judicial. Conviene destacar que, aunque el Gobierno sistemáticamente manifestó que la recaudación de la tasa se destinaría a la justicia gratuita, esto nunca fue así: los ingresos se incluyeron sistemáticamente en los Presupuestos y nunca se destinaron específicamente a la Justicia Gratuita, que ha sufrido graves recortes en este periodo.
- Estas medidas requieren cómo se detalla en el lado de gastos un aumento sustancial de los medios de la Agencia Tributaria. En 2013 la Agencia Tributaria tuvo un presupuesto de 1.313 millones de euros. Con este presupuesto, la Agencia Tributaria consiguió 10.091 millones de euros en lucha contra el fraude.
- Esto supone una rentabilidad directa de 8 euros por cada euro invertido, además del efecto inducido. Como detalla el anexo 1, en el ejercicio 2015 esta relación, excluyendo las partidas extraordinarias, ha llegado a ser de más 9 euros directos de recaudación por cada euro invertido.
- En estas condiciones, un incremento a medio plazo en medios humanos, presupuestarios y materiales para equipararnos a la media de la OCDE, podría permitir un incremento recaudatorio directo, siendo muy conservadores, de un 60%, aproximadamente 6.000 millones de euros y otros 2000 indirectos que imputamos plenamente sólo a partir de 2020 por cautela presupuestaria y porque evidentemente, las medidas necesitan un tiempo de maduración para ser efectivas y conseguir resultados, razón por la que entendemos que los frutos de esta nueva política empezarían a producirse en 2018.
Al final de la próxima legislatura presupuestamos un incremento del gasto que es mayor que el
presupuestado por el gobierno en 10.124 millones de euros. Debido al mayor crecimiento
económico permitido por nuestras reformas, este aumento se traduce en una menor proporción
del gasto público sobre el PIB, llegando al 39,4% al final del período.
Estas medidas buscarán
recuperar la clase media, invertir en el futuro, especialmente en educación e innovación, y
contribuir a la regeneración institucional a la vez que reducimos el coste de organismos
innecesarios para los ciudadanos.
Las principales medidas de gasto con impacto presupuestario son:
- 1. Nuestro complemento salarial garantizado, CSG, es una medida clave contra la pobreza laboral. Con un coste total estimado de 2.800 millones de euros, supondría una ayuda de unos 1.400 euros al año de media para más de 2 millones de hogares que no llegan a fin de mes. Debido a la actual situación presupuestaria, hemos revisado la implementación del Complemento salarial garantizado (CSG), que en su primera versión se destinaría solamente a personas de rentas más bajas con cargas familiares.
- 2. El refuerzo de las políticas activas de empleo con casi 2.000 millones adicionales en 2017 y 1.350 millones de euros adicionales cada año para atajar el problema de alto paro estructural y de larga duración.
- 3. Un plan contra la pobreza infantil dotado con 2.651 millones de euros para aumentar significativamente la cuantía de la prestación anual media que recibe cada hogar hasta los 150 euros por hijo para las rentas inferiores a los 600 euros mensuales y desdiciendo muy gradualmente a medida que suben los ingresos, llevando a un fuerte aumento del número de perceptores de la prestación (un 62% más).
- 4. El incremento de la dotación presupuestaria para igualar el permiso por paternidad, con carácter intransferible, al de maternidad. Esta medida de conciliación aumentaría la duración del permiso total en 8 semanas respecto a las 18 semanas actuales (16 de la madre y 2 del padre).
- 5. El refuerzo adicional de las políticas de conciliación con el aumento de unas 200.000 plazas públicas y concertadas en las escuelas infantiles en la etapa de 0 a 3 años con el objetivo de darle alcance universal y gratuito. Se acometería una inversión de 800 millones de euros el primer año para la creación de nuevas plazas unido a un programa de “créditos fiscales” para escuelas infantiles de 278 millones de euros. Estas ayudas se aplicarían a personas de renta baja con hijos de 0 a 3 años, para cubrir los gastos de las escuelas infantiles.
- 6. El ahorro proveniente de la reforma de la administración y eliminación de duplicidades de la que obtendremos conservadoramente un 0,5% del PIB, 5.000 millones de euros que, de nuevo por prudencia, vamos a incluir sólo de forma parcial en el presupuesto.
- Entre las medidas, destaca la eliminación de las diputaciones provinciales de régimen común y de las múltiples empresas y entidades que dependen de ellas.
- La eliminación inmediata del nivel político de las diputaciones y otros ahorros iniciales debidos a la eliminación de las diputaciones supone un ahorro inicial de 1.100 millones de euros (una sexta parte de su presupuesto actual) que irá aumentando y supondrá en la estimación prudente unos 2.600 millones adicionales al final de la legislatura.
- 7. El aumento de un 10% de la plantilla en la Administración de Justicia. Con estas cifras se superaría el presupuesto de Justicia de 2010 (1.800 millones, cifra máxima hasta la fecha) a fin de incrementar el número de Jueces, Fiscales y resto de personal de apoyo (Letrados de la Administración de Justicia-antiguos secretarios judiciales, Técnicos, etc.) y de los medios a su disposición para reforzar la lucha contra la corrupción y agilizar la Justicia.
- 8. El aumento significativo del presupuesto de Educación, dirigido a incrementar las becas, ayudas para adquisición de libros de texto y la financiación de un programa de refuerzo para prevenir el fracaso escolar mejorar el rendimiento de alumnos pertenecientes a minorías étnicas, inmigrantes o provenientes de entornos socioeconómicos desfavorecidos.
- Los centros educativos que cuenten con alumnos provenientes de entornos desfavorecidos podrán acceder a una financiación adicional de hasta 1.000 euros por alumno al año para acometer mejoras en sus programas de atención a la diversidad o contratar profesores de apoyo adicionales.
- Esta prima se mantendrá si el centro muestra mejoras en sus niveles de desempeño educativo y reduce sus tasas de fracaso escolar y repetición. La inversión estimada sería de 700 millones de euros beneficiando aproximadamente a 800.000 alumnos.
- No se incorpora al modelo el potencial ahorro que supondría reducir la tasa de repetición y abandono escolar ya que un 8% del gasto total en educación, unos 2.500 millones de euros, se dedican a la repetición.
- Este dinero puede ser suficiente para financiar todo el gasto que supone el sistema de tutorías individualizadas.
- 9. La restitución de la financiación en materia de dependencia del "nivel acordado" con las CC.AA. (283,2 millones) y la compensación de la financiación original del llamado "nivel de garantía" que aportaba el Estado (reducida en un 15% en 2012), también a las CC.AA. (155 millones, ligeramente creciente a lo largo de la legislatura).
- 10. La creación de una red de institutos tecnológicos (Red Cervera) que progresivamente llegaría a una participación de capital público de 650 millones de euros unido a un incremento de la inversión pública en I+D+i de hasta el 50% respecto a 2016 con el objetivo de que la I+D+i llegue al 2% PIB en 2020, unos 3.200 millones adicionales.
- 11. La inversión en la introducción y formación en el sistema LexNet y otras medidas de modernización para alcanzar el objetivo de "papel cero" en la Administración de Justicia en un plan de choque con un coste de 500 millones de euros.
- 12. La restitución del Fondo de Cohesión Sanitaria con el presupuesto de 2010, fecha a partir de la cual se fue reduciendo progresivamente y que en 2016 se ha eliminado por completo. El fondo tiene por objeto a compensar a las CC.AA. por atender a pacientes desplazados desde su Comunidad Autónoma de origen.
- 13. El paulatino incremento del presupuesto de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) hasta en un 50%.
Además de nuestras medidas de ingresos y gastos, debe recalcarse que en años sucesivos
nuestras reformas generarán mayor crecimiento y de mejor calidad, y contribuirán
sustancialmente a eliminar definitivamente el déficit. Dado lo extenso del programa de reformas
que planteamos, proponemos negociar con Bruselas la desviación presupuestaria que deja el
gobierno del PP en herencia y tratar de conseguir, en paralelo, una senda de ajuste más pausada
que garantice el cumplimiento de los objetivos de déficit y que evite poner en jaque la
recuperación y la salida de la crisis
ANEXO 1: OBJETIVOS EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL
Premiar a la clase media y trabajadora que cumple con Hacienda
y castigar a los defraudadores que no cumplen
1. Objetivos directos.
La Agencia Tributaria tuvo un presupuesto de 1.323 millones de euros en 2014, y uno ligeramente
superior en 2015, unos 1.370 millones de euros (debido al incremento del Plan Especial de
Intensificación de actuaciones). En 2015, se consiguieron unos resultados récord de 15.664
millones de euros. Sin embargo, la propia Agencia Tributaria señala que, de ellos, 2.700 millones
de euros se corresponden con minoración de devoluciones, “de carácter singular” y “que no se
repetirán” .
En consecuencia, con una inversión de 1.370 millones de euros se han obtenido unos resultados
recurrentes de aproximadamente 12.900 millones de euros, lo que supone un retorno directo de
9,4 euros por cada euro invertido.
Ahora bien, España es uno de los países que menos invierte en
lucha contra el fraude. Por cada euro que España dedica a lucha contra el fraude, Alemania
dedica cinco y Francia 3,5. Por otra parte, la plantilla también es muy inferior, España dedica
poco más de 24.000 personas, mientras que Francia y Alemania dedican más de 110.000.
Por consiguiente, España dedica muchos menos recursos y efectivos a la lucha contra el fraude y
obtiene peores resultados. Una inversión adicional para aproximar a nuestra Administración
Tributaria a la media de la OCDE, junto con medidas que incrementen la información en poder de
la Agencia Tributaria y su explotación efectiva, debería permitirnos incrementar sustancialmente
los resultados directos en la lucha contra el fraude.
En el programa electoral de Ciudadanos para las elecciones generales de 2015, se proponía un
incremento de los objetivos en la lucha contra el fraude de unos 6.000 millones de euros al final
de la legislatura. Este objetivo es muy conservador, si se ponen los medios adecuados.
Estos medios consisten en que la Agencia Tributaria disponga de más información, a través,
entre otras, de las siguientes medidas:
- 1.- En primer lugar, se ampliará la información disponible al obligar a declarar en la Declaración de Bienes en el Extranjero no sólo las cuentas, los valores y los inmuebles, sino también yates, oro, piedras preciosas y objetos de arte. Estos activos en el extranjero a menudo se venden sin declarar las correspondientes plusvalías. Esta declaración se integrará en el impuesto de Patrimonio, de naturaleza fundamentalmente censal, que gestionará directamente la Agencia Tributaria.
- 2.- Se ampliará la información disponible en la Agencia Tributaria a través del fomento de operaciones con tarjeta de crédito. El programa de Cs recoge el derecho de cualquier ciudadano a pagar con tarjeta de crédito cualquier compra por importe igual o superior a 10 euros. Esta información se envía a la Agencia Tributaria a través del modelo 171. En este modelo se incluirá también la información de las tarjetas de compra, lo que no ocurre en la actualidad. Por otra parte, se ampliarán los recursos humanos en la Agencia Tributaria, en lugar de ir reduciéndose, como han hecho el PP y el PSOE.
- En un plazo de 4 años deberían incrementarse los medios humanos para irse acercando a las Administraciones Tributarias de nuestro entorno. Este incremento, dada la rentabilidad que ha tenido históricamente la inversión en medios de lucha contra el fraude debería permitir una recaudación a medio plazo superior a los 6.000 millones de euros adicionales, ya que:
- 1. Se dispondrá de mayor información.
- 2. Hay más de 50.000 millones de euros pendientes de cobro.
- 3. Hay una bolsa de más de 6.000 millones de euros en cuotas pendientes de cobro en los Tribunales Penales. Un plan de choque puede permitir recobrar una parte sustancial de estos importes defraudados, además de conseguir un efecto disuasorio relevante.
- 4. Tenemos una Administración Tributaria demasiado pequeña, donde no hay recursos para explotar adecuadamente la información que tiene la Agencia Tributaria. Además, cada vez hay más exigencias de colaborar con la Justicia en la lucha contra la corrupción.
- Este frente no se puede abandonar, como han hecho anteriores gobiernos, sino aumentar los recursos para que ambas cuestiones, colaboración con la Justicia y lucha contra el fraude se desarrollen adecuadamente.
- Todos estos factores, hacen que un incremento de los medios en un 50% a medio plazo, lo que nos seguiría dejando una Administración Tributaria más pequeña que la de los demás países comparables, pueda permitir no los 9.000 millones que se darían de una multiplicación directa, pero probablemente sí, un incremento del 50% sobre el resultado recurrente de 12.900 millones de euros.
- No obstante, el objetivo está redefinido de una forma conservadora a unos 6.100 millones de euros que, descontado el coste de incrementar los medios, nos da un objetivo neto cercano a los 6.000 millones de euros directos adicionales.
- Como primera medida, y con efectos prácticamente inmediatos, exigiríamos los 2.800 millones perdonados ilegalmente a los defraudadores en la amnistía fiscal del PP de 2012.
- Recordemos que, en esa vergonzosa amnistía fiscal, 31.484 defraudadores regularizaron unos 40.000 millones de euros (estimación del Ministerio de Hacienda) pagando 1.193 millones de euros un tipo inferior al 3%.
- El Real Decreto-Ley 12/2012, preveía un tipo del 10% sin excepciones al importe de los bienes aflorados. Mediante un informe de la Dirección General de Tributos, sin firma y que no fue publicado en el BOE, se dejó fuera de tributación el 70% de las rentas afloradas.
- La opinión generalizada entre los expertos, como los inspectores de Hacienda, es que el informe es ilegal. El 16 de marzo, el Congreso a instancias de Ciudadanos señaló que el informe era ilegal e instó al Gobierno a recuperar el dinero ilegalmente perdonado a los defraudadores.
- Este es el importe que consideramos como objetivo inmediato de recaudación directa de lucha contra el fraude en 2017.
A partir del año 2010, las bases imponibles de los principales impuestos experimentan una caída
muy superior a la del PIB. Según los datos oficiales de la Agencia Tributaria, la suma de las bases
imponibles de IRPF, IVA, IS e Impuestos Especiales han supuesto históricamente algo más de un
113% del PIB (media y mediana 1996-2009).
Sin embargo, en la actualidad, estas bases están en
un 105% del PIB (datos de 2014 y 2015).
En el siguiente gráfico se puede observar el derrumbamiento de las bases de los impuestos
(suma Bases IRPF, IVA, IS e IIEE) en relación con la actividad económica.
Nuestra aspiración a medio plazo es ampliar las bases, mediante dos sistemas: cerrar los
agujeros legales y reducir el fraude fiscal. Nuestro problema de ingresos públicos no se debe a
bajos impuestos, sino a un defectuoso sistema fiscal, y a que tenemos más fraude fiscal y más
economía sumergida que los países de nuestro entorno.
A pesar de una alta presión fiscal sobre
los que cumplen, nuestro sistema de recaudación fiscal es ineficiente y recauda poco porque tiene demasiados agujeros.
Si las bases de nuestros impuestos creciesen hasta alcanzar el 115%
del PIB, se podrían lograr unos ingresos adicionales (incluyendo seguridad social) cercanos a
20.000 millones de euros. Solo un 10% de estos ingresos adicionales (2.000 millones) ha sido en
nuestra previsión presupuestaria por criterios de prudencia,
El porcentaje del 115% como bases
de los principales impuestos está ligeramente por encima de la media histórica, pero es inferior
al 121% registrado en 2006. De hecho, la aspiración no es reducir el fraude a los niveles de
Alemania, Dinamarca o Estados Unidos, sino sólo al nivel previo al derrumbamiento de la
conciencia fiscal que se produjo unos dos años después de la crisis, con los gobiernos de
Zapatero y Rajoy.
ANEXO 2: AHORRO POR FAMILIA EN FACTURAS ENERGÉTICAS
La reducida competencia en determinados sectores es ineficiente y costosa para la economía, al
elevar innecesariamente los costes y los precios para los consumidores y empresas. Mejorar la
competencia efectiva en los mercados y evitar el abuso de posición dominante, mediante una
regulación inteligente llevada a cabo por organismos reguladores verdaderamente
independientes del Gobierno, no solamente mejorará la transparencia.
Supondrá además un
ahorro para las familias, que se liberarían del sobrecoste que vienen pagando hasta ahora en
suministros tan importantes como la electricidad, el gas natural o el combustible.
Este apartado detalla el ahorro que supondría para un hogar representativo de una bajada en
los precios de la electricidad, el gas y los combustibles de automoción.
Dicho ahorro lo
estimamos en 411 euros por familia y año.
Para realizar la estimación del ahorro se asume que los precios en dichos suministros se reducen
hasta el promedio de los tres países con mejores precios de la UE.
1. Consumo suministros por hogar
Para los datos de los datos de consumo anual por hogar de electricidad y gas se utiliza el
Comparador de Ofertas de Energía de la Comisión Nacional de la CNMC, mientras que para los
combustibles se utiliza la última Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) del INE.
- Electricidad:
- Consumo doméstico moderado: 3000kWh/año. Vivienda con cocina eléctrica y electrodomésticos habituales (frigorífico, lavadora y lavavajillas).
- Consumo doméstico intensivo: 5000kWh/año. Vivienda que además dispone de aire acondicionado/bomba de calor de uso habitual.
- Gas:
- Vivienda con cocina y calentador de gas natural: 3000kWh.
- Vivienda con calefacción de gas natural en zona mediterránea: 6000kWh.
- Vivienda con calefacción de gas natural en zona fría: 12000kWh. Sobre el consumo de combustible, la EPF2014 arroja un consumo de 982 litros de combustibles y lubricantes, sin mayor desagregación. No obstante, este dato ha sido utilizado, por ejemplo, en prensa, como aproximación del consumo de gasoil . Como el Oilbulletin (publicado por la Dirección General de Energía de la Comisión Europea) ofrece los datos directamente para 1.000 litros de combustible, se utilizará esta última cifra.
Los precios pagados por los hogares en suministros eléctricos (gas, electricidad y combustibles)
son de los mayores de la UE, tal y como muestra el siguiente cuadro. Ello refleja diversas y
profundas distorsiones que resulta crucial abordar.
Para la cuantificación del ahorro en la electricidad y el gas pagados por los hogares se utilizan
los últimos datos de Eurostat, referidos al segundo semestre de 2015.
Para el caso de la
electricidad, se refieren al precio por kWh pagado por un hogar de consumo intermedio (entre
2500 y 5000kWh/año), que reflejan el precio final pagado por el tramo minorista . Además, se 13
ajustan por el poder de compra que tiene un euro en cada país (la llamada paridad de poder de
comprao PPC).
Los datos muestran que los hogares españoles pagan un precio de la
electricidad mayor al de 21 países de la UE, mejorando solo el registrado en Portugal, Alemania y
Rumanía. Mientras, el precio que afrontan los hogares españoles en el gas natural superó el de 18
países de la UE.
Para el ejercicio se considera un consumo de electricidad por hogar de 3000kWh
(consumo doméstico moderado) y de gas de 3000kWh (vivienda con cocina y calentador de gas
natural).
Se ha tenido en cuenta que una parte importante de la factura de la electricidad corresponde al
pago de subvenciones a las renovables y amortización de la deuda tarifaria, que no se verían reducidos por un aumento de la competencia.
Por ello el cálculo del ahorro en la factura eléctrica
se ha hecho excluyendo estos sobrecostes.
Por su parte, para los precios del Euro-Súper95 y el Gas oil de automoción se toma el dato del 18
de abril de 2016 (último disponible a la fecha de elaboración de este anexo) que proporciona el ya
mencionado Oilbulletin.
Conviene precisar que el precio del litro de gasolina y gasoil es inferior en
España al de la mayoría de países de la UE, pero no porque los márgenes sean más bajos que en
ellos, al contrario: ello se debe a los menores impuestos que hay en España sobre el precio final,
en términos relativos.
Por esta razón, incluimos en el cálculo los precios antes de impuestos, que
son muy elevados y, por tanto, susceptibles de reducirse mediante actuaciones que promuevan
una competencia efectiva en el mercado .
3. Ahorro en suministros
Según muestra el siguiente cuadro, el ahorro en electricidad, gas y combustibles sería de 411€ al
año si las reformas llevadas a cabo redujeran los precios pagados por los hogares españoles al
nivel promedio de los tres países de la UE en que son más baratos (Luxemburgo, Estonia y Reino
Unido en el caso de la electricidad y el gas y República Checa, Reino Unido y Eslovenia en el caso
de los combustibles).
De los 411€ totales, 114€ corresponderían a electricidad, 218€ a gas
natural y 50€ y 29€ a gasolina Euro-súper 95 y Gas oil, respectivamente.
Por todo ello, estimamos en 411€ el ahorro anual promedio por hogar derivado de las reformas
que permitan reducir los precios en electricidad, gas y combustibles.
ANEXO 3: COMPLEMENTO SALARIAL GARANTIZADO, PLAN CONTRA
LA POBREZA INFANTIL Y POLÍTICAS DE ACTIVACIÓN
Hemos revisado nuestra propuesta de un Complemento Salarial Garantizado (CSG), para ajustar
su coste, ahora estimado en 2.800 millones de euros, y que equivale a una rebaja de impuestos
para los trabajadores con menor renta.
Una persona en edad de trabajar tendrá garantizadas
ayudas para formarse si está desempleado, o si trabaja y no llega a una renta mínima de 17.000
euros anuales teniendo cargas familiares, un complemento en su declaración de la renta de
hasta 2.500 euros por persona y año.
El CSG se conforma como una ayuda a título personal a diferencia de, por ejemplo, las
prestaciones por hijo a cargo que tienen en cuanta los ingresos declarados por hogar.
Un punto
importante de la medida es que servirá de incentivo a aflorar parte de la economía sumergida ya
que se destina a aquellas personas que declaren ingresos salariales por debajo de 17.000 euros
anuales. La ayuda será de un 40% de la renta declarada hasta el umbral de los 6.000 euros
anuales. A partir de ahí se podrán percibir un máximo de 2.400 euros aquellas personas con una
renta anual inferior a los 11.000 euros y a partir de ahí el complemento irá decreciendo hasta
finalizar en aquellos con rentas superiores a 17.000 euros anuales.
A estas ayudas a los trabajadores con hijos que no llegan a fin de mes, se añade un plan contra
la pobreza infantil dotado con 2.651 millones de euros para hogares con rentas inferiores a
17.000 euros anuales.
La ayuda sería de 150 euros mensuales por cada hijo para los hogares con
rentas anuales inferiores a 7.100 euros. Para hogares con rentas anuales superiores a ese
umbral, el importe de la ayuda se reduciría gradualmente a medida que su renta anual
aumentase, hasta extinguirse por completo a los 17.000 euros.
Esta prestación será compatible
con otro tipo de ayudas y rentas, como el Complemento Salarial Garantizado o la prestación por
hijo a cargo de la Seguridad Social, y permitirá mejorar considerablemente los actuales
programas de ayudas destinadas a los hogares con hijos a cargo.
Asimismo, se propone potenciar el Programa de Recualificación Profesional (Plan PREPARA),
dirigido a las personas desempleadas que hubiesen agotado y no tuviesen derecho a
prestaciones o subsidios y presenten cargas familiares o sean parados de larga duración, basado
en acciones de políticas activas de empleo encaminadas a la recualificación y/o reinserción
profesional necesarias para que puedan incorporarse a nuevos puestos de trabajo,
especialmente las dirigidas a la obtención de las competencias profesionales más necesarias para su colocación estable, y en la percepción de una ayuda económica de apoyo equivalente al
75% del IPREM (unos 400 euros mensuales) durante un máximo de seis meses.
A este respecto, se propone multiplicar por tres su actual número de beneficiarios del Plan
PREPARA, aumentando su dotación presupuestaria en 1.350 millones de euros anuales
adicionales, y doblando su duración máxima hasta los doce meses.
En conjunto, las nuevas medidas destinadas a garantizar una renta mínima a los hogares con
hijos a cargo tendrán un coste total de 6.900 millones de euros, repartidos en los siguientes
conceptos:
- Complemento Salarial Garantizado: 2.800 millones de euros.
- Plan Pobreza Infantil: 2.651 millones de euros.
- Aumento rentas del Plan PREPARA: 1.350 millones de euros
Las ayudas contra la pobreza infantil y el Complemento Salarial Garantizado tienen un fuerte
carácter redistributivo como puede apreciarse en el cuadro siguiente. Por decilas de renta, la población con la menor renta media, de en torno a 3.995 euros anuales, percibiría el mayor
volumen de las ayudas, hasta 1.627 millones de euros. El 90% de los fondos de estos dos
programas iría destinado a los cuatro decilas más bajos de renta se destinaría.
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