El PSOE exige a De la Serna que el Plan de inversión en carreteras se consensúe con CCAA, ayuntamientos, agentes sociales y grupos políticos
El portavoz socialista de Fomento, César Ramos, ha recordado hoy al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que el día 14 de julio “conocimos por sorpresa y a través de los medios de comunicación” el anuncio del presidente del gobierno de una inversión de 5000 millones de euros para un Plan de colaboración público-privado de carreteras.
Durante la comparecencia del titular de Fomento en la Comisión del Congreso, Ramos ha lamentado “ las formas” en las que actúa el Ejecutivo, pues “lo razonable es que el Ministro hubiera venido primero al Congreso, con la finalidad de debatir con los grupos parlamentarios la idoneidad de dicho plan y la fórmula a utilizar”, razón por la que el Grupo Socialista pidió a De la Serna que viniera a dar explicaciones. En este sentido y según lo publicado en medios, el portavoz socialista indicó que “se trata de una inversión de 5000 millones a través de la colaboración público-privada; una cantidad que pagaremos todos los españoles a 30 años, por lo que es previsible que en esos años haya gobiernos de distinto signo y que dicha inversión tenga una gran influencia en distintos ámbitos”.
“Curioso cuando a los medios de comunicación, desde La Moncloa, se anuncia un plan de carreteras y van 5000 millones, parece una maravilla, pero cuando te pones a ver cifras de España en presupuestos y se dice que España en los últimos años está a la cola de Europa en inversión pública, nos dice que no vamos bien”, ha criticado. “Desde el Grupo Socialista hemos denunciado en reiteradas ocasiones la política del gobierno en cuanto a inversión”, ha subrayado Ramos, a la vista de que el presupuesto de 2017 ha situado a España a la cola de Europa en inversión en obra pública, convirtiéndonos en el país con menor ratio entre inversión por kilómetro cuadrado y habitantes.
“El anuncio de inversión de 5000 millones de euros para un plan de carretera puede parecer en un principio una muy buena noticia –aseguró Ramos- pero cuando uno comprueba que el deterioro de la red viaria española se acumula por la falta de inversión, con un déficit de conservación de más de 6.600 millones de euros, la cifra de los 5000 millones a pagar en 30 años parece insignificante”.
“Creemos que los números de España en inversión pública nos han llevado a la cola, entendemos que la situación financiera es la que es, pero creemos que tenemos que hacer las cosas de otra forma, el Parlamento lo tenemos que utilizar para llegar a acuerdos, no simplemente para decir la opinión de lo que hemos leído en la prensa o lo que el Ministro nos cuenta en la comparecencia, y el resto de grupos estarán de acuerdo en que ese plan de carreteras pequeñito de 5000 millones, muy concreto, lo podamos modificar y podamos cambiar la sistemática, llegando a acuerdo y consensos con CCAA, ayuntamientos, agentes sociales y con los grupos parlamentarios, por lo que esperamos que el Ministro coja el guante porque es bueno para todos, y sobre todo para los ciudadanos españoles”.
“El Grupo Socialista ha venido exigiendo que se aplique una nueva lógica a la planificación y desarrollo de estas inversiones, dado que falta concreción en los criterios para la planificación y la puesta en servicio de infraestructura de transporte y dado que tampoco hay previsión de plazos para cada una de ellas. Son fallos de gran calado”, subrayó. Así, ha recordado que “hace un año se aprobó aquí a propuesta del Grupo Socialista una proposición no de ley que pedía un Pacto Nacional de Infraestructuras”, subrayando que “no queremos que sea un plan normal, sino que queremos decidir cuál es la sistemática de planificación, queremos ponernos de acuerdo con los criterios de inversión”. “Nosotros ponemos de inicio dos criterios que nos parecen imprescindibles: la cohesión territorial e igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, y a partir de ahí el Gobierno diga con esos criterios que actuaciones se hacen”.
Por esta razón, el portavoz socialista de Fomento, explicó que es preciso “contar con los indicadores necesarios para hacer el seguimiento del resultado”. Además, “se da una falta de transparencia que hace muy complicado hacer el seguimiento del desarrollo de este tipo de infraestructuras, algo que dificulta conocer aspectos importantes como conocer la previsión de finalización de una obra, la repercusión que tendrá su puesta en servicio, los criterios para priorizar, o el coste final de la misma”. Al respecto, recordó una proposición no de ley aprobada hace tiempo para poner en marcha una Plataforma de Transparencia “que obliga al Gobierno a que tenga que publicar en qué estado está cada una de las inversiones previstas en actuaciones en carreteras, y todavía no sabemos nada de eso”, cuando “los ciudadanos quieren saber actuaciones pendientes, cuándo se van a realizar, que modificaciones tiene, con qué presupuesto y que ha ido pasando”.
César Ramos destacó que “para el desarrollo de este plan es imprescindible el consenso de los grupos políticos presentes en el Congreso, la coordinación con las CCAA, ayuntamientos, el diálogo con los agentes sociales y las organizaciones referentes en el ámbito del transporte, así como la transparencia en su elaboración y ejecución”. En consecuencia, para el GPS “la forma lógica de actuar debe ser: tener el catálogo de actuaciones pendientes en España, definir con los grupos políticos los criterios para priorizar la inversión y partir de ahí hacer una presentación del catálogo de actuaciones”.
El Grupo Socialista exige medidas extraordinarias para paliar los efectos de los incendios en Galicia, Asturias y Castilla y León
El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado hoy una proposición no de ley en el Congreso relativa a los incendios sufridos por Galicia, Asturias y Castilla y León durante el mes de octubre y a la adopción de medidas extraordinarias para paliar sus efectos, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
La iniciativa -firmada por el portavoz de Medio Ambiente, Gonzalo Palacín, el portavoz de Cambio Climático, Ricardo García Mira, la diputada por A Coruña, Pilar Cancela y la diputada por Asturias, Adriana Lastra, además de diputados de varias provincias afectadas, como Margarita Pérez, Rocío de Frutos, Dolores Galovart, Guillermo Meijón, Natalia González y Aurora Flórez-, insta al Gobierno a “evaluar y cuantificar de forma inmediata, en colaboración con las Comunidades Autónomas, con los municipios y con los colectivos afectados, los daños de toda índole producidos, realizando un análisis detallado de las consecuencias medioambientales en las zonas afectadas”.
Los socialistas piden además, “impulsar en el seno de la Unión Europea la activación del Fondo de Solidaridad Europeo para las Comunidades Autónomas de Galicia, Asturias y Castilla y León.
Se solicita también que, de acuerdo a lo previsto en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, “se proceda a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil en relación a los territorios afectados, con aplicación de las medidas previstas en el artículo 24 de la citada ley, que comprenderán, entre otras, y en todo caso”.
Asimismo se reclaman “ayudas directas por los daños materiales producidos, tanto en los bienes de las personas y empresas como en los de las Administraciones, así como por los gastos ocasionados para hacer frente a esta catástrofe”. Igualmente se pide que se den “indemnizaciones por daños producidos en explotaciones pesqueras, agrícolas o ganaderas”.
La Pnl socialista subraya que hay que poner en marcha igualmente, “beneficios fiscales aplicables a los bienes, empresas, establecimientos industriales, turísticos y mercantiles, explotaciones y otras actividades afectadas”, así como “bonificaciones, exenciones y moratorias en los pagos de las cotizaciones a la Seguridad Social”.
Por otro lado, se insta al “establecimiento de líneas de crédito preferenciales para financiar la reparación o reposición de instalaciones, bienes y equipos industriales y mercantiles, agrícolas, y automóviles y otros vehículos dañados como consecuencia de los siniestros”. Y en este sentido, se apuesta por la “concesión de anticipos directamente por la Administración General del Estado sobre las ayudas y subvenciones a las que se tuviera derecho por causa de esta catástrofe”, además de la “habilitación de los créditos extraordinarios necesarios para dar cobertura presupuestaria inmediata a estas ayudas”.
“Las medidas que se aprueben deberán al menos contemplar el nivel de ayuda previsto en la Ley 14/2012, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridas en varias Comunidades Autónomas”, destaca en otro de los puntos la iniciativa socialista.
Por último, se pide “proceder a adoptar las medidas de coordinación y seguimiento previstas en el artículo 25 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, dando cuenta de todo lo actuado al respecto, en el plazo máximo de tres meses, ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados”, y “en coordinación con las Comunidades Autónomas, en el marco de los planes de gestión forestal y con la adecuada consignación presupuestaria, a incrementar las medidas de prevención, incidiendo en la recuperación de usos y aprovechamientos de los montes.”
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