LA PIZARRA DE JUAN RALLO

"Reducir el Estado no trae el bienestar. El bienestar lo acaba dando el sector privado"

El patrón oro garantiza la independéncia del valor monetario del poder político. 

"El patrón oro y la libertad bancaria es mi alternativa"

"Hay que desmantelar el Estado del Bienestar, que no es más que Bienestar del Estado"

juanrallo defendiendo el patrón oro y la libertad bancaria frente a los deseos de tipos de interés bajos de los partidos

Los políticos nos engañan cuando afirman que a través del Estado es posible cambiar el modelo productivo

"La nueva tecnología aplazará al petróleo no por ser más ecológico, sino por ser más eficiente"

JuanRallo: "La libertad migratoria es la solución del invierno demográfico" 

Sin ahorro ni libertad económica tendremos un marco laboral heredado de la burbuja condenado al desempleo

JuanRallo: "Si el ahorro se lo come el sector público no tendremos cambio del modelo productivo"

También explicando la trampa de calcular el % de impuestos de las grandes empresas % sobre beneficios contables globales

"Quien niegue que puede acabarse con el paro sin devaluación salarial, esta mintiendo a los españoles" La verdad les duele

JuanRallo: "En España cualquier cosa que no sea subir el gasto público es un triunfo"

JuanRallo: "La sociedad civil debe expandirse a costa del parasitismo del sector público"

JuanRallo: "Es mentira lo que dice Sánchez que seamos de los países más desiguales de Europa"

"No es cierto que España sea el segundo país más desigual de Europa.Es uno de los más igualitarios en riqueza"

JuanRallo: "La pobreza se soluciona creando empleo"

"Una de las tasas de temporalidad laboral más alta (35%) se dio en 2005 en plena burbuja".

JuanRallo: "El riesgo de pobreza en España es un problema laboral" 

JuanRallo: "Lo ultraliberal sería cargarse toda la legislación laboral. Lo que habría que hacer"

"Durante la crisis han desaparecido en España 250.000 empresas"

"En España se han destruido 250.000 empresas que no son IBEX35,sino PYMES, que son las beneficiadas de la reforma laboral"

JuanRallo: "La legislación laboral española condena a un quinto de la población al paro"

JuanRallo: "El PP ha subido casi todos los impuestos habidos y por haber" 

"Un mito es que el PP ha bajado los impuestos. No. Los ha subido 2000 euros por familia"

"Gran parte de la economía sumergida lo es por la asfixia fiscal de la economía formal"

"No toda la economía sumergida es emergible. Y parte de ella sí es contabilizada en la economía emergida" 

"Si España fuera un paraíso fiscal las grandes empresas se pelearían por entrar, y no por salir como está ocurriendo"

JuanRallo: "Trabajamos 6 meses al año para el Estado pagando impuestos"

JuanRallo: "El Estado no redistribuye de manera vertical (de ricos a pobres), sino horizontal"

"Digan lo que digan no había ninguna necesidad de rescatar a la banca" 

"La crisis la causa el intervencionismo estatal""El plan E alimentó sectores de la burbuja"

La crisis económica española, al igual que la más amplia crisis económica global, ha sido atribuida con frecuencia a la liberalización y desregularización de los mercados financieros: según se nos ha dicho, las autoridades dejaron de supervisar las actividades de los bancos (o de entidades que realizaban funciones similares a los bancos) y éstos se lanzaron de manera imprudente y avariciosa a incrementar sus préstamos —sobre todo hipotecarios— a deudores que no los podían devolver; esta irresponsable práctica bancaria, combinada con la liberalización del suelo, generó una enorme burbuja inmobiliaria que disparó el precio de las viviendas y, con él, el monto del préstamo hipotecario que debía solicitar una familia para poder adquirir un hogar.

La narrativa parece ajustarse como un guante a los hechos que todos vivimos hace más de una década, pero adolece de algunas carencias fundamentales: ¿Por qué a los bancos no les importaba prestar su dinero a personas que era evidente que no iban a poder devolvérselo? ¿Podían los bancos por sí solos rebajar tanto como quisieran los tipos de interés a los que prestaban? ¿Acaso no será que el marco regulatorio dentro del que operaban los bancos los empujaban perversamente a actuar justo del modo en que actuaron?

Comencemos constatando que todo banco, en cualquier parte del mundo, tiene potencialmente incentivos para practicar una estrategia financiera problemática: otorgar créditos a largo plazo (hipotecas, préstamos a empresas, créditos al consumo...) financiándolos con la emisión de deuda a corto plazo (depósitos, préstamos entre bancos...). Dado que los tipos de interés de los créditos a largo plazo suelen ser mayores que los tipos de interés de las deudas a corto plazo, los bancos obtienen ganancias extraordinarias gracias a esta operación. Sin embargo, tal estrategia bancaria no está exenta de problemas. 

Por un lado, la entidad financiera se sumerge en una posición de fragilidad: sus deudas vencen a corto plazo y los créditos con los que ha de pagar esas deudas los recobra a largo plazo (sufre de estrangulamiento o iliquidez financiera). Por otro, el hecho de destinar el ahorro a corto plazo de algunas familias y empresas a financiar las inversiones a largo plazo de otras familias y empresas provoca una descoordinación macroeconómica entre ambos grupos: los ahorradores esperan disponer de su ahorro en el corto plazo y los inversores sólo están capacitados para reponérselo en el largo plazo. 

Por tanto, esta aparentemente lucrativa práctica bancaria conlleva dos grandes lacras: fragilidad financiera y descoordinación productiva. ¿Acaso no puede hacerse nada para limitarla e impedir que se reproduzca sin freno? En realidad, no es necesario tomar ninguna medida extraordinaria: un banco que se endeuda a corto plazo e invierte a largo plazo es un banco que está abocado a suspender pagos por falta de liquidez.

Tanto sus accionistas como sus acreedores lo saben, de modo que los incentivos naturales de la entidad para endeudarse a corto plazo e invertir a largo plazo son escasos (de hecho, ninguna otra empresa ejecuta este tipo de operaciones: prácticamente todas ellas financian sus inversiones a corto plazo con deuda a corto plazo y sus inversiones a largo plazo con capitales a largo plazo). 

¿Por qué, entonces, si los bancos no deberían tener incentivos para desarrollar tan peligrosas prácticas siguen ejecutándolas en masa? Aquí es donde entramos con las distorsiones provocadas por el intervencionismo estatal en los mercados financieros.

Los Estados modernos privilegian y protegen a los bancos a través de dos tipos de mecanismos: los bancos centrales y los rescates a los acreedores de la banca. Los bancos centrales actúan de prestamistas de última instancia: aquellos bancos que estén muy endeudados a corto plazo y no encuentran a nadie dispuesto a refinanciarlos sólo necesitan acudir al banco central para que éste lo haga; asimismo, aquellos acreedores que podrían no estar interesados en prestarles su capital a entidades financieras imprudentes no tienen nada de lo que preocuparse, ya que los Estados se han comprometido a rescatarlos en caso de que vengan mal dadas. 

Por tanto, la red de privilegios con la que el Estado protege a los bancos distorsiona todos los incentivos que éstos podrían naturalmente desarrollar para comportarse de manera razonable: los acreedores del banco ya no tienen que preocuparse de su posible suspensión de pagos, pues el banco central los refinanciará incondicionalmente; y tampoco tienen que preocuparse de la posible bancarrota de la entidad, pues el Estado los rescatará incondicionalmente. Así, dentro de este marco institucional privilegiado, los bancos se comportan tal como se les incentiva a que se comporten: de mala manera.

La historia de la crisis económica española no es más que la puesta en práctica en toda su crudeza de este muy deficiente marco de intervenciones estatales dirigidas a privilegiar al sistema financiero. Así, a partir del año 2001, el Banco Central Europeo —el prestamista de última instancia de los bancos— comenzó a reducir los tipos de interés a los que se mostraba dispuesto a refinanciar la deuda a corto plazo de los bancos privados (el llamado «tipo de interés de intervención»), lo que automáticamente generó un fuerte descenso de los tipos de interés a los que esos bancos privados concedían crédito a familias y empresas (gráfico 1). 

Estos tipos de interés artificialmente rebajados por la intervención del Banco Central Europeo alimentaron el sobreendeudamiento de las familias y empresas españolas: las primeras se hipotecaban para comprarse una casa y las segundas solicitaban financiación para construir las viviendas que las familias hipotecadas querían adquirir. El resultado fue que las deudas de familias y empresas se multiplicaron por tres en poco más de un lustro: esto es, el resultado de la manipulación política de los tipos de interés fue la gestación de una burbuja financiera de sobreendeudamiento (gráfico 2)

Pero, por desgracia, los efectos de esta burbuja financiera no quedaron contingentados dentro del sector bancario, sino que reverberaron por el resto de la economía española: la laxa concesión de hipotecas disparó las ventas de los promotores inmobiliarios, lo cual los condujo a endeudarse para construir más viviendas que esperaban vender en el futuro a nuevas personas que se hipotecaran para comprarlas (gráfico 3). 

Y durante un tiempo el invento funcionó: no en vano, la demanda hipotecaria de viviendas era tan intensa que los precios de los inmuebles se dispararon a pesar de que el número de nuevas viviendas se multiplicaba (en cualquier año entre 2001 y 2009 se inició la construcción de más viviendas que el total de las iniciadas desde 2009 a 2014).

Muchos creyeron que este hecho (que la oferta de viviendas se disparara y que los precios de la vivienda, en lugar de caer, siguieran aumentando) refutaba las muy asentadas leyes económicas de la oferta y de la demanda: a más oferta de viviendas, precios más altos y no, como parecía lógico, precios más bajos.

En realidad, no hacía falta apelar a paradoja económica alguna: simplemente, la demanda de vivienda, impulsada por el crédito barato, crecía incluso más rápido de lo que lo hacía su oferta. Por eso, además, atribuir la inflación inmobiliaria a la presunta liberalización del suelo en 1998 tampoco tiene ningún sentido: primero porque la oferta de suelo no se liberalizó en España a partir de 1998 sino que siguió de facto bajo el control de autonomías y ayuntamientos (de hecho, estos últimos tenían derecho de apropiarse de un 10 % del suelo urbanizable, constituyendo esta expropiación una de sus principales fuentes de financiación durante la burbuja); y segundo, porque si autonomías y ayuntamientos hubieran restringido la oferta de suelo edificable más de lo que ya lo hicieron, el precio del metro cuadrado habría aumentado incluso más de lo que lo hizo. 

No olvidemos que el precio dependía esencialmente del vigor de la demanda, y el vigor especulativo de la demanda dependía de la laxitud crediticia, no de la oferta de suelo: por tanto, menos suelo no habría sido menor precio, sino menor oferta para una demanda que igualmente habría seguido creciendo (y por tanto mayor precio). 

No en vano, Estados Unidos, Irlanda o Reino Unido también vivieron durante esos años una burbuja inmobiliaria similar a la española y en esos países no se había producido recientemente ninguna liberalización del suelo: todos ellos sí sufrieron, en cambio, las consecuencias del crédito barato espoleado por sus bancos centrales. 

Así pues, el Banco Central Europeo creó la burbuja financiera (sobredimensión del crédito) y la burbuja financiera creó la burbuja inmobiliaria (sobredimensión del sector de la construcción). 

Pero, en verdad, la burbuja inmobiliaria tampoco quedó encerrada dentro de los confines del sector del ladrillo: la pujanza de la construcción no sólo contribuyó a sobredesarrollar otros sectores económicos complementarios a la misma (azulejeras, cementeras, mobiliario, electrodomésticos...) sino que los casi tres millones de personas que llegaron a trabajar en el ladrillo también impulsaron el gasto en todos los restantes sectores que producían los bienes que esos trabajadores deseaban consumir. 

Como si de un terremoto se tratara, la burbuja inmobiliaria terminó contaminando todo el modelo productivo de España, en lo que bien merecería llamarse una burbuja de falsa actividad económica: durante años, el PIB español creció a una de las tasas más espectaculares de Europa, pero lo hacía de un modo desequilibrado e insostenible. 

Por último, este crecimiento vinculado a la burbuja de falsa actividad económica multiplicó los ingresos fiscales del Estado: gracias al fuerte crecimiento artificial del PIB, España fue uno de los países europeos que más vieron incrementar sus ingresos públicos entre 2001 y 2007; en concreto, la recaudación fiscal de 2007 fue un 38% superior a la de 2001 (una vez descontada la inflación). 

Semejante aumento extraordinario de los ingresos públicos permitió que las Administraciones Públicas incrementaran, a su vez, sus gastos a uno de los mayores ritmos de Occidente (el presupuesto del Estado en 2007 fue un 29% superior al de 2001, una vez descontada la inflación). (Gráfico 4.)

Evidentemente, la sostenibilidad de este notable incremento del gasto público en España dependía, a su vez, de que el aumento de los ingresos se mantuviera en el tiempo, pero ya hemos visto que este crecimiento de la recaudación dependía de una burbuja de falsa actividad económica que, a su vez, dependía de una burbuja financiera. 

Por tanto, era obvio que el incremento del gasto público no podría mantenerse en el tiempo: una vez pinchara la burbuja financiera (restricción del crédito), lo haría la burbuja de falsa actividad económica (recesión) y, por tanto, también lo haría la burbuja estatal (déficit público). Es decir, entre 2001 y 2007, las Administraciones Públicas españolas se comportaron como una persona irresponsable que gana un millón de euros en la lotería e incrementa sus gastos corrientes anuales a 200.000 euros: al cabo de cinco años deberá pinchar la burbuja de su insostenible tren de vida. 

En resumen, España llegó a 2008 devastada por tres burbujas: una burbuja financiera que creó una burbuja de falsa actividad económica que, a su vez, generó una burbuja estatal. Una vez pinchó la primera de estas burbujas (en 2007 los bancos comenzaron a cerrar el grifo del crédito a familias y, sobre todo, a promotores inmobiliarios), también lo hizo la segunda (el sector de la construcción se desplomó y, con él, todas las industrias que directa o indirectamente gravitaban a su alrededor, disparándose los niveles de desempleo) y finalmente la tercera (los ingresos públicos cayeron ante el parón de la actividad, gestándose un enorme déficit público de muy difícil financiación en los mercados).

 Por eso, a partir de 2008 España necesitaba sanear sus tres burbujas solventando sus principales desequilibrios: recapitalización del sector financiero, reducción de la deuda de familias y empresas, reconversión del modelo productivo hacia sectores generadores de valor, y redimensión del sector público para igualar ingresos y gastos. 

Unos sensatos objetivos macroeconó- micos que podrían haber sido impulsados por una política econó- mica dirigida a promover el ahorro privado (bajar impuestos) y público (reducir el gasto) con el que amortizar deuda y financiar nuevas inversiones productivas dentro de un marco de libertad y flexibilización económica (liberalización de los mercados); una política económica que tanto PSOE como PP bombardearon cuanto les fue posible durante sus respectivos gobiernos. 

En todo caso, a estas alturas de la explicación sí debería ser evidente que el libre mercado no pudo hallarse en las raíces de nuestra crisis económica dado que no participó en la gestación de ninguna de sus tres burbujas: la burbuja financiera fue provocada por los privilegios estatales a la banca y, muy en particular, por la política de bajos tipos de interés del Banco Central Europeo; la burbuja de falsa actividad económica fue generada por la influencia de la burbuja financiera sobre el aparato productivo; y la burbuja estatal se gestó como consecuencia de que los ingresos extraordinarios engendrados por la burbuja de falsa actividad económica llegaron a las manos de unos políticos manirrotos que no dudaron en emplearlos para multiplicar el volumen de gasto público que manejaban. Más bien, fue el intervencionismo estatal en el sector financiero quien se halló en la génesis de la triple burbuja que asoló a nuestra sociedad.

Antes de que se abrieran las negociaciones poselectorales entre el PSOE y Ciudadanos, el responsable económico de la formación naranja, Luis Garicano (Valladolid, 1967), y el exministro socialista Jordi Sevilla iniciaron ya un diálogo sobre las reformas que necesita España. La conversación continuó cuando ambos profesores formaron parte de los equipos negociadores que alcanzaron el pacto con el que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, acudirá hoy al debate de investidura con el único apoyo asegurado de Ciudadanos.

Garicano, catedrático de Economía y Estrategia de la London School of Economics, llega a la entrevista con Cinco Días inquieto tras olvidar su ordenador en el taxi, pero no lo necesita para defender que el programa pactado es totalmente asumible para el Partido Popular y tiene los ingredientes para mejorar la economía española. 

Garicano es consciente de que Sánchez tiene pocas posibilidades de ganar la investidura, pero no se resigna a la convocatoria de nuevas elecciones. Alerta de que la ciudadanía presionará para que, al final, haya un acuerdo de Gobierno. Por cierto, las gestiones dieron resultado y Garicano recuperó el ordenador que alberga los secretos de la negociación de un pacto de legislatura que hoy no cuenta con suficientes apoyos.

Podemos asegura que el programa acordado entre PSOE y Ciudadanos es de derechas y, el PP, de izquierdas. ¿Usted cómo lo definiría?

Es un acuerdo bastante centrado. Equilibrado.

En el programa electoral de Ciudadanos, el complemento salarial garantizado (una paga a trabajadores con sueldos bajos) tenía un coste de 7.800 millones. El PSOE cifraba su propuesta de ingreso mínimo vital para hogares sin recursos en 6.450 millones. El acuerdo de investidura pactado contempla ambas medidas con un presupuesto conjunto de 7.000 millones. ¿Cómo se explica?

Deberemos elaborar un complemento salarial garantizado y un ingreso mínimo vital que será la mitad de ambicioso del inicialmente previsto. He visto que el PP dice que la medida tiene un coste de 30.000 millones y no sé de dónde saca esa cifra.

¿Esto significa que reformularán a la baja sus propuestas?

Sí, para que encajen en los 7.000 millones presupuestados. Ese es el pacto.

El pacto con el PSOE contempla elevar el gasto social y reducir el déficit. Y todo ello sin subidas fiscales de calado y con reducciones como la del IVA a las entradas de cine o teatro. ¿Cuadran los números?

Rebajar el IVA cultural tiene un coste de solo 150 millones. La posibilidad de introducir el complemento salarial garantizado radica en eliminar duplicidades. Eso es crucial. También se suprimen bonificaciones en la Seguridad Social y exenciones en el impuesto sobre sociedades.

En el mejor de los casos, Bruselas puede dar un año más de margen y ampliar a 2017 la obligación de bajar el déficit por debajo del 3% del PIB. ¿Es posible cumplir ese objetivo con el pacto firmado por PSOE y Ciudadanos?

Si las dos partes se toman el acuerdo en serio y se aplica, yo creo que se puede reducir el déficit por debajo del 3% del PIB en 2017. La clave será la reforma de la administración.

¿Cuál es el margen para renegociar con Bruselas la senda de la consolidación fiscal?

El problema es que Bruselas está viendo que no cumplimos. El déficit en 2015 se situó en torno al 5% del PIB y España ha perdido credibilidad porque el Gobierno insistió en que no se superaría el objetivo. Bruselas iniciará en breve un procedimiento sancionador, que no conllevará una intervención, pero sí una monitorización de cada medida.

Entonces, las posibilidades de renegociar son escasas.

España ha perdido credibilidad, pero a cambio de reformas puede haber capacidad de negociación. La Comisión Europea se muestra flexible si los Estados miembros acuerdan reformas que eleven el crecimiento potencial, sean sustanciales y se pongan ya en marcha. Lo ideal sería que para octubre, cuando se informa del Presupuesto de 2017, se hubieran puesto en marcha las reformas.

Bruselas pide ajustes adicionales y el acuerdo no los incluye. De hecho, incluso es posible que el déficit estructural aumente.

Ante Bruselas será importante mostrar que la consolidación del gasto deriva de la reforma administrativa. Eliminar las diputaciones supone suprimir un nivel de la administración e implica una reducción del gasto estructural. Además, es una medida que va mucho más allá y supone atacar la corrupción, eliminar ineficiencias y desmontar redes clientelares. La eliminación de diputaciones es muy importante y demuestra la necesidad de un partido como Ciudadanos. Sin Ciudadanos, ni PP ni PSOE eliminarían las diputaciones porque tienen empleados a miles de militantes y de familiares en esas redes clientelares.

Un aspecto clave de este acuerdo es que se eliminan todas las bonificaciones y exenciones en la Seguridad Social. Son más de 7.000 millones que se orientan hacia políticas activas de empleo. Hay que tener en cuenta que el déficit estructural de España es del 2,8% del PIB y ello con un paro estructural del 18%. El país no debe asumir ese paro estructural y debe aspirar a rebajarlo. Si se situara en el 10%, España no tendría déficit estructural. Todo el acuerdo que hemos alcanzado está impregnado de una idea: dar herramientas para ayudar a la gente a salir adelante.¿Con qué otros elementos se puede negociar en Bruselas?

El complemento salarial, por ejemplo, es un beneficio que incentiva el empleo porque lo reciben los asalariados. El ingreso mínimo vital también se ha vinculado a la búsqueda de empleo. Hay que pasar de un Estado de bienestar puramente asistencial –que es el que defiende Podemos y que consiste en dar cheques– a un Estado de bienestar que ayude a la gente a salir adelante.

¿En qué aspectos ha sido más difícil alcanzar el acuerdo?

En el ámbito laboral, porque había mucha distancia de partida.

¿El pacto supone derogar la reforma laboral como dice Pedro Sánchez?

No. Nadie puede decir que se deroga y volvemos al marco antiguo. Se mejora la situación. Hay tres elementos clave: políticas activas, contratación y negociación colectiva. En la primera, se asume nuestra visión de que es necesario reorientar completamente las políticas activas.

En contratación, ustedes han renunciado al contrato único.

Se ha buscado un acuerdo intermedio que ha sido establecer un contrato que puede ser el punto de partida para llegar en el futuro al contrato único que proponemos. Se introducen indemnizaciones crecientes o la mochila austríaca y ello es un avance en materia laboral.

Queda la negociación colectiva...

Aquí el PSOE defendía la derogación de la reforma. Se ha buscado dotar a la empresa flexibilidad interna e incentivar la búsqueda de acuerdos. Por ejemplo, se amplía el período de ultraactividad de los convenios a 18 meses, pero no se regresa a la ultraactividad indefinida anterior a la reforma. Creo que es equilibrado.

¿Cree que el pacto firmado con el PSOE es ampliable al PP?

Por supuesto. Creo que la mayoría de votantes del PP verían pocas cosas que rechazar del programa. La prueba de que el acuerdo es asumible para el PP_es que para criticarlo se han visto obligados a inventarse que el pacto permite un referéndum, cuando se dice explícitamente que no cabe esa posibilidad.

¿Cuándo negociarán con el PP?

Nos hubiera gustado sentarnos para discutir el acuerdo. Si la investidura de Sánchez fracasa, deberemos también hablar y el programa pactado con el PSOE puede ser un buen punto de partida. Rajoy no puede comportarse como un ganador porque tiene a la mayoría en contra. No queda otra opción que negociar y llegar a un pacto sin ganadores ni perdedores.

¿No cree que habrá nuevas elecciones?

Creo que se puede llegar a un acuerdo entre PP, PSOE y Ciudadanos para acabar con el capitalismo de amiguetes, para reformar el sistema educativo, cambiar las políticas activas de empleo, eliminar agujeros del sistema fiscal. Fíjese, solo si lográsemos una reforma de la educación ya sería un logro tremendo. Pienso que la opinión pública presionará para que haya un acuerdo y exigirá que el PP_se siente a hablar. Y nosotros estaremos allí.

Pacto por la educación

En sus artículos y sus libros, Luis Garicano hace especial hincapié en la necesidad de reformar la educación para que España dé un salto de calidad y se acerque a los países más avanzados. “La magnitud del impacto de la educación sobre el crecimiento es sencillamente enorme. En realidad, sin educación no hay crecimiento”, defiende en El Dilema de España (Península). La reforma educativa acordada por Ciudadanos y PSOE contempla reformular la financiación de las universidades y aboga por establecer incentivos a los departamentos que logren una mayor integración laboral entre sus alumnos. En secundaria, se contempla una mayor descentralización y se defiende una suerte de MIR para mejorar la calidad del profesorado.

Rebajar el ‘IVA cultural’ y gravar más a los ricos

El pacto entre PSOE y Ciudadanos contempla un cambio que afecta al llamado IVA cultural y que implica que el tipo general que se aplica a entradas de cine o teatro pase al reducido. Ello supone una rebaja del 21% al 10%. Se trata de una medida que el sector ha reclamado con insistencia y que Pedro Sánchez y Albert Rivera se comprometieron a atender en los últimos Premios Goya. 

Luis Garicano, que en su primera propuesta fiscal con Ciudadanos rechazaba esta medida, entiende que hay motivos para que el IVA cultural tenga un trato similar a los servicios en hostelería y restaurantes, que también aplican el gravamen reducido. El acuerdo también contempla estudiar un impuesto sobre la riqueza y armonizar el impuesto sobre sucesiones y donaciones con un rango de tipos mínimos y máximos. Garicano asegura que no habrá ninguna subida fiscal a la clase medida y defiende establecer un mínimo exento en torno al millón de euros en impuestos como el de sucesiones. Sin embargo, ese límite no figura en el acuerdo y es posible que el PSOE baraje un umbral menor.