DEBATE LEY SUELO MADRID

Seguidamente, señorías, pasamos al debate de la Proposición de Ley 5/2015 presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, que se va a desarrollar conforme a lo previsto en el artículo 167.3 del Reglamento de la Asamblea. En primer lugar, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Ciudadanos, concretamente el señor Veloso, por un tiempo máximo de 15 minutos. 

El Sr. VELOSO LOZANO: Muchas gracias, señora Presidenta. Ciudadanos quiere plantear hoy en esta Cámara la derogación del apartado 8 del artículo 39 de la Ley 9/2001. (Rumores.) Posiblemente sea uno de los preceptos de la ley del suelo... 

La Sra. PRESIDENTA: Perdone, señor Veloso. Les ruego silencio, por favor. Gracias, continúe. 

El Sr. VELOSO LOZANO: Decía que, posiblemente, sea este uno de los preceptos de la ley del suelo que más daño ha hecho al urbanismo en la Comunidad de Madrid. La limitación de las tres alturas, desde su origen, iba en contra de todo el urbanismo actual y no era por completo el medio ambiente; consume una enorme cantidad de ese bien escaso que es el suelo. 

La exigua densidad a que da lugar hace que el ratio de infraestructuras por habitante sea absolutamente desproporcionado y requiere un enorme consumo de agua, pues no se busca crear grandes espacios abiertos sino jardines privados en condominios vallados. Además, fomenta el uso del automóvil privado para realizar cualquier desplazamiento, con el consiguiente aumento de contaminación y los persistentes atascos de tráfico en los principales accesos a la capital, día tras día.

Y así podríamos seguir hasta agotar todos los argumentos sobre la insostenibilidad económica y medioambiental que supone la limitación de las tres alturas; pero el efecto, quizá, más devastador de esta medida ha sido su insostenibilidad social: los barrios con mayor poder adquisitivo de las periferias urbanas han crecido fundamentalmente a base de condominios cerrados, de urbanizaciones cerradas; en su interior solo hay viviendas, piscinas y jardines, en un sector del barrio hay uno o dos edificios bajos con oficinas, despachos profesionales, algún comercio y varios restaurante y allí es donde se concentra la actividad del barrio, allí es el lugar de encuentro para los vecinos. 

Pero, allí, en el resto del barrio, ¿qué hay? La nada. En las calles solo hay vallas y setos, y quizás, después de recorrer cinco manzanas más allá  aparece el típico gran centro comercial o, al fondo, un polígono industrial o un parque empresarial en los que los precios de los alquileres son prohibitivos; son carísimos. Esta es la ciudad sectorizada, es la no ciudad que defiende el Partido Popular con su limitación de las tres alturas más ático. Es un modelo de ciudad en el que desaparece ese concepto urbano integrador llamado economía de proximidad, la que permite vivir cerca del trabajo, la que permite utilizar la bicicleta o el transporte público y poder prescindir del coche, de su contaminación y de todos sus gastos derivados.

Y es por esto por lo que consideramos que la limitación de las tres alturas ha sido una mala decisión, y decimos mala por tres razones: primero, porque limitan la autonomía municipal, limita a los municipios en su capacidad de elegir el modelo de ciudad que quieren desarrollar, les limita en su capacidad de decidir el tipo de servicios públicos que quieren ofrecer a sus vecinos, les impide elegir entre un modelo de ciudad densa o extensa y, desde Ciudadanos, defendemos que los municipios tienen que tener libertad para proponer, construir con más o menos alturas y, por eso, queremos dejar bien claro –escúchenme, señorías- que derogar la limitación de las alturas no supone obligar a construir más de tres alturas ni afecta a la edificabilidad sino solo a su distribución. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario de Ciudadanos).

En segundo lugar, decíamos que esta medida nos parece mala porque es una medida simplista, porque se aplica en todo el territorio, a todo municipio, sin atender a sus características propias ni a sus circunstancias especiales y, como todos bien saben, señorías, no es lo mismo urbanizar en Villamanrique del Tajo que en Móstoles, o en Bustarviejo que en Coslada. En tercer lugar, es una medida, además, doblemente arbitraria: el Partido Popular nunca ha argumentado por qué es mejor una ciudad con tres alturas y no con cuatro o con dos alturas; no hay ningún estudio que avale este criterio. 

Y decimos que es doblemente arbitraria porque, además, se prevé en la redacción del artículo 39.8 de la actual Ley del Suelo que se admite la posibilidad de construir edificios singulares con una altura superior cuando concurran circunstancias especiales debidamente motivadas; es decir, la Comunidad de Madrid disponía de un comodín que, de hecho, abría las puertas a la discrecionalidad y a la corrupción pues se admitirían edificios singulares con una altura superior cuando concurrieran esas circunstancias especiales debidamente motivadas; es decir, Esperanza Aguirre y su equipo, en un contexto de transparencia cero y con total opacidad, tenían la potestad de decidir qué edificios podrían saltarse la norma que ellos mismos habían aprobado, atendiendo a esas circunstancias especiales. 

Pues bien, en Ciudadanos hacemos las cosas de otra manera, en Ciudadanos queremos hacer un ejercicio de responsabilidad y, por ello, como somos responsables, lo que queremos es que se derogue este artículo pero a través de una proposición de ley; no queremos que se haga de una manera escondida a través de una ley de acompañamiento a los presupuestos, tal y como se ha venido haciendo durante todos estos años de vigencia de la actual Ley del Suelo, y que en repetidas ocasiones, ha llevado a reformar la Ley del Suelo a través de la ley de acompañamiento. Y, señorías, si ustedes estaban en contra de esta derogación, ustedes deberían haber presentado alguna enmienda a esta proposición de ley, y no lo han hecho. Ustedes sabrán por qué.

Y la proposición de ley que hoy debatimos, consideramos que debe abordar todos los posibles problemas derivados de su interpretación y aplicación, y por ello hemos incorporado una disposición adicional aclaratoria. Señorías, somos el órgano legislativo y no podemos limitar nuestro trabajo a derogar una ley; es nuestro deber legislar, legislar y resolver todas las cuestiones que se puedan plantear tras esta derogación y de este modo se elimina toda inseguridad jurídica que esta ley ha podido generar y que es urgente disipar. 

Esta falta de certidumbre jurídica en la interpretación y aplicación de la ley del suelo es la que ahora existe, como lo demuestran los diferentes fallos judiciales, las diferentes sentencias que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ido dictando en estos últimos años. Pero, aparte de esta inseguridad jurídica, también consideramos que es necesaria la derogación de esta limitación de las tres alturas porque hay muchas intervenciones urbanísticas actualmente detenidas. 

Las más urgentes son todas las referidas a las regeneraciones de barrios - barrios completos, barrios enteros-, que se encuentran bloqueadas porque son imposibles de acometer con esta ley actual y porque a ustedes, señorías, cuando hablan de este tema, parece que solo les importa hablar de las grandes operaciones urbanísticas, que son las más mediáticas: la operación Chamartín, operación Calderón... Y nosotros, en cambio, estamos pensando en muchos otros proyectos urbanísticos que afectan a la vivienda pública y a los equipamientos sociales. 

Yo les invito a que ustedes hablen con sus Concejales de Coslada, de San Sebastián de los Reyes, de Getafe o de Torrejón y verán cómo les confirman estos datos. Señorías, la derogación que hoy pedimos –no solo lo decimos nosotros sino que también viene avalada por numerosos colectivos profesionales, entre otros, el propio Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, que, en un artículo de prensa publicado en el mes de julio de 2015, indicaba: “la Comunidad de Madrid tiene que derogar cuanto antes la ley de las tres alturas y este debe ser un objetivo prioritario para el nuevo Gobierno”. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario de Ciudadanos.) 

Y esto es posible abordarlo en esta Cámara y tratarlo de manera aislada y separada del resto de la Ley del Suelo, porque esta derogación es un punto independiente dentro de la Ley del Suelo que no afecta a otros títulos recogidos en la propia Ley del Suelo del año 2001 y, como bien saben, señorías, en este punto hay consenso o, mejor dicho, no es que haya solo consenso, yo me atrevería a decir que hay unanimidad; unanimidad entre todos los partidos políticos en este punto. 

Para finalizar, quiero dejar bien clara una cosa. De igual manera que la limitación de las tres alturas en la Ley del Suelo no ha supuesto reducir la edificabilidad al bajar las alturas, su derogación no supondrá incrementarla, sino redistribuirla y concentrarla, y así poder crear grandes espacios abiertos para dedicarlos a zonas verdes, zonas de ocio y esparcimiento. Por todo ello, en Ciudadanos consideramos que derogar la limitación de las tres alturas es una medida acertada, es imprescindible, junto con el replanteamiento integral de la movilidad urbana, para alcanzar el gran reto que estamos enfrentando en estos momentos que es conseguir que las ciudades sean competitivas y que no pierdan el tren de la sostenibilidad social, económica y medioambiental en el que está embarcada toda la Unión Europea. En definitiva, con la vigencia de la limitación de las tres alturas solo se pueden construir “valdemarines”, “moralejas”, “aravacas”, “pozuelos”, y eso no es sostenible. 

Ciudadanos quiere poder construir ciudades como Londres, París, Berlín o, sin ir más lejos, ¡por qué no!, la Comunidad de Madrid y Madrid capital. Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario de Ciudadanos).

El Sr. GÓMEZ MONTOYA: Muchas gracias, señora Presidenta. Señorías, hoy nos toca hablar de modelos urbanísticos y de cómo, desde los partidos políticos, apostamos por estrategias de crecimiento. Nosotros, el Partido Socialista, siempre estaremos del lado del ciudadano, y nuestro modelo de desarrollo territorial será siempre compatible con los intereses de este en un núcleo rural o núcleo urbano sostenible y respetuoso con el medio ambiente. 

Porque, señorías, el crecimiento territorial sostenible y económico son compatibles; sin embargo, la legislación no es neutral. Las leyes deberían servir para equilibrar y para facilitar el acceso a aquellos más desfavorecidos o con mayores dificultades para alcanzar el goce de derechos, libertades, bienes o servicios. Y también, es cierto, puede servir para todo lo contrario: para desequilibrar y poner ciertos valores en manos de unos pocos; y esta proposición de ley intenta desequilibrar claramente. 

Porque, señorías, no puede aprobarse de manera aislada lo que se pretende aprobar hoy, y es que esta proposición de ley para derogar tan solo el artículo 39.8 de la vigente Ley del Suelo, más conocido como “el de las tres alturas”, no ayuda a generar consensos; todo lo contrario. Porque, señores del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, ¿por qué reformar solo este artículo? Voy a intentar responder a esta pregunta, pero antes permítanme que veamos un poco la secuencia histórica. En 2001, el Gobierno de Madrid sustentado por el Partido Popular, promulga una ley autonómica del suelo, sin consenso político ni ciudadano, donde la que disminuye las cesiones obligatorias de suelo para dotaciones y servicios que se venían realizando hasta ese momento, y se fijan en un 10 por ciento las cesiones de suelos lucrativos a favor del conjunto de la ciudadanía. 

Desde la promulgación de la vigente Ley del Suelo, y a través de trece leyes distintas, se han realizado más de cien modificaciones a la norma, prácticamente todas a favor de los propietarios de suelo o de los operadores del mismo, restando capacidades a las Administraciones Públicas y disminuyendo las cesiones para dotaciones a servicios públicos, entre otras ocurrencias, esta que hoy discutimos: la prohibición de edificar, salvo en muy limitadas circunstancias, por encima de las tres alturas. Cuando se tramitó esta modificación los socialistas fuimos muy críticos con la misma, y hoy también lo seguimos siendo. 

Hoy, igual que ayer, consideramos que es una auténtica barbaridad desde el punto de vista urbanístico, económico y ambiental. Urbanístico, por cuanto propone un modelo de ciudad extensivo y con mayor necesidad de dotaciones y servicios, especialmente los dedicados a la movilidad. Económicos, tanto por los costes añadidos para el mantenimiento y la prestación de servicios públicos en mayores extensiones como por los mayores costes para los ciudadanos en desplazamientos, y no se puede olvidar que también por las dificultades que se generan para la implantación de negocios de proximidad, por no alcanzar volúmenes con potencial suficiente de clientes, por lo que estamos favoreciendo indirectamente a las grandes superficies y, por último, ambientales, como les decía, por el excesivo uso de un bien escaso, como es el suelo, con las consiguientes consecuencias para los ecosistemas generales.

Pero cuando el Grupo de Ciudadanos justifica la modificación de la norma en el daño medioambiental, se olvida de todas las demás modificaciones que se han ido introduciendo en la Ley del Suelo en los últimos quince años, que afectan al uso del suelo en general y, de forma más grave,

al suelo no urbanizable, incluso protegido, permitiendo edificaciones de diferentes tipos por diferentes causas, incluidas las celebraciones de bodas, bautizos y banquetes. Pero estas incongruencias de la norma el Grupo Parlamentario de Ciudadanos no las quiere modificar. ¡Estas, no! O, al menos, estas no con esta urgencia. Señor Aguado, ¿no sabe que para intentar disminuir el impacto de esta prohibición absurda –la de las tres alturas, digo- o con la excusa de minimizar su impacto, se han realizado recortes en las cesiones de suelo para dotaciones de servicios públicos?

Allí, donde antes había que ceder al municipio 120 metros cuadrados, por cada 100 metros cuadrados de edificabilidad lucrativa, ahora basta con ceder solo 30 metros cuadrados, disminuyéndose esta cesión hasta en 15 metros cuadrados si se ajardinan interiormente y de forma privativa espacios en las urbanizaciones; de 120 metros cuadrados a 15 metros cuadrados. Pero, esto no es urgente, ¿verdad, señor Aguado? Para Ciudadanos parece que esto no es urgente. Un auténtico despropósito desde una concepción racional del espacio público, pero, insisto, lo de todos, para ustedes –el Grupo de Ciudadanos- no es urgente. Señorías, si se da marcha atrás con la prohibición de edificar por encima de las tres alturas, sin modificar nada más de la vigente Ley del Suelo, nos trasladamos a la situación de la creación de las ciudades previa al año 1956, donde los espacios públicos dependían tan solo de la buena voluntad del promotor. Señor Aguado, ¿es esto lo que usted quiere? ¿Qué dependamos de la buena voluntad del promotor? ¿Eso es lo que quiere Ciudadanos? 

Esta modificación legal, por sí sola, no sirve de nada, ya que se hace absolutamente necesario retornar a la redacción previa de tres artículos: el 36.5, el 36.6 y el 91.3 para un adecuado dimensionamiento de las cesiones para redes generales, redes locales y las más importantes, las supramunicipales. ¿Sabe el señor Aguado que la vigente Ley del Suelo ha reducido de forma drástica los porcentajes de suelo que es obligatorio destinar a la promoción de vivienda para los que más dificultades tienen de esta Comunidad? Hemos pasado de un 50 por ciento de las viviendas protegidas a solo el 30, sin ninguna limitación en la tipología de protección. Según se recoge en la disposición transitoria tercera, de la Ley 6/2011, de Medidas Fiscales y Administrativas, esto es así como se lo estoy contando. 

Pero esto de tener un parque de viviendas protegidas para los que peor lo pasan, no es urgente para usted, señor Aguado, ni para su Grupo, el de Ciudadanos. Por otro lado, volviendo a la proposición de ley de Ciudadanos, ustedes escriben, para que la aprobemos, una disposición adicional que pretende conformar una especie de ley, dentro de la ley, interpretativa de la propia ley, para paralizar la acción judicial que ha venido dictando sentencias de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

Más allá de si compartimos o no lo emanado por el tribunal, pero respetuosos con lo dictado, sí les decimos, señores de Ciudadanos, que lo que no compartimos es intentar, mediante un acto de ilusionismo legislativo, hacer desaparecer los efectos de esta norma en determinados desarrollos del municipio de Madrid y minimizar la posible actuación del Poder Judicial. Las reglas del juego no se cambian, señor Aguado, a mitad del partido: no se cambian.

Señora Presidenta, señorías, voy terminando. Por todo lo expuesto, mi Grupo, el Grupo Socialista, quiere dejar claro que creemos que la actual Ley del Suelo de esta Comunidad debe ser cambiada; cambiada radicalmente desde la exposición de motivos a la última disposición derogatoria. Por eso agradecimos el gesto del Consejo de Gobierno de convocar sendas mesas, política y técnica, para que, junto a la ciudadanía, a los expertos, a los municipios, grupos ecologistas, operadores y gestores del suelo, fabricáramos sin prisa, pero sin pausa, una nueva ley sin corsés previos ni apriorismos. 

Nos dotamos de un método, de unas reglas, de unos plazos, y los aquí presentes, los cuatro Grupos políticos, el Colegio de Arquitectos, además del Consejo de Gobierno, aceptamos trabajar en esas condiciones. Expresamente hablamos de no adelantar debates, porque la modificación de una ley, como la del suelo de esta Comunidad, hecha a base de recortes con las ocurrencias de Aguirre y González, necesitaba una profunda remodelación. 

En definitiva, el objetivo era hacer una ley de todos y para todos. Y ustedes, señores de Ciudadanos; usted, señor Aguado, ha roto ese acuerdo. Lo han roto. Un acuerdo que no ha durado ni un mes, roto unilateralmente por usted, por ustedes, señores del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, que en plena negociación presentaron esta iniciativa, sabiendo que rompían el consenso alcanzado por todos. Pero para ustedes, señor Aguado, me temo que lo urgente es lo emergente, y eso es lo que trasladan constantemente en sus actuaciones. Pues bien, esta ley ya no será de todos sino que será de parte, de la parte derecha de la Cámara -quiero decir- donde están ustedes situados junto al Partido Popular. Tampoco nos sorprende mucho, señor Aguado: lleva usted haciendo oposición de mañana y Gobierno de tarde desde que le dio la presidencia de la Comunidad al Partido Popular. 

Hoy confirmamos lo evidente: que Ciudadanos y el Partido Popular son la misma derecha, en Madrid y en España. Solo nos queda esperar que en un ataque de conciencia política, el Grupo Parlamentario Popular mantenga su palabra, y vuelva a reivindicar la negociación, a cuatro, de la ley del suelo, y vote no, por lo tanto, a esta proposición de ley. Si no es así, entenderemos que este es uno más de los acuerdos ocultos que no contaron a los madrileños cuando firmaron el pacto de Gobierno con el Grupo de Ciudadanos. Por nuestra parte, esperaremos a que el texto de la Ley del Suelo venga a esta Cámara para enmendarlo, ya que será, insisto, un texto legal de parte; vuelvo a repetir, que de la parte derecha de esta Cámara. Como se imaginan, mi Grupo va a votar en contra de esta proposición de ley. Muchas gracias, señorías. (Aplausos en los escaños de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos Comunidad de Madrid).

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gómez Montoya. A continuación tiene la palabra el señor Lozano Pérez, por el Grupo Parlamentario Popular. 

El Sr. LOZANO PÉREZ: Muchas gracias, señora Presidenta. Señorías, hoy tenemos un debate que, sinceramente, no deberíamos tener o, al menos, no deberíamos tenerlo como lo hemos tenido. Como saben, poco después de tomar posesión, el Gobierno de la Comunidad de Madrid convocó a los Grupos Parlamentarios para hacer una nueva Ley del Suelo y no lo hizo presentando un texto y diciéndoles a los demás que se sumaran sino animando al resto de los Grupos a que participaran en su redacción desde el principio. La idea era, señorías, que pudiéramos hacer una ley entre todos o al menos poder consensuar entre todos un modelo que pusiera orden en nuestra legislación urbanística, que diera seguridad jurídica a las Administraciones y a los ciudadanos y que fuera sostenible en el tiempo. 

Es cierto que en materia urbanística se ha legislado de manera accidentada, no solo en Madrid, también se ha hecho en España, porque se ha hecho a caballo de los sucesivos fallos judiciales. No lo digo yo, lo dice literalmente la exposición de motivos de la Ley Estatal del Suelo del año 2008. Sin embargo, durante esta Legislatura estábamos, probablemente, en el mejor momento para poder traer a la Comunidad de Madrid la paz legislativa, que en materia de urbanismo y ordenación del territorio llevó a la legislación española esa ley de 2008, después de que, justo el año pasado, el Tribunal Constitucional declarara su plena constitucionalidad. 

Por tanto, el objetivo era hacer una ley entre todos, que a todos pudiera servir de cara al futuro, y hacerla con todos: con el Grupo de Ciudadanos, con el Grupo Podemos y con el Grupo Socialista. Los únicos que no se han levantado de esa mesa de negociación han sido el Gobierno, el Grupo Popular, que jamás hemos presentado ninguna norma que se saltara ese consenso en el que todos estábamos de acuerdo. Por lo tanto, lo que yo pediría al resto de Grupos es que todos pusieran un poquito de sentido común y que volviéramos a esa mesa, si estamos de acuerdo en el fondo en hacer una ley entre todos. 

El Gobierno planteó hacer esa ley; sin embargo, señorías, recordarán que, tan solo un mes después de la primera reunión de esa mesa de negociación, los tres Grupos Parlamentarios de la oposición decidieron debatir en esta Asamblea una ley de tan solo dos artículos con el único objetivo de acabar con la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles. Lo normal es que los Grupos de la oposición hubieran retirado esa ley, no por lo que decía la ley, no por su contenido, sino porque entendíamos que lo normal es que esa decisión de en qué suelo se puede o no se puede construir, también se tomara dentro de esa mesa de negociación. 

Sin embargo, ustedes decidieron seguir adelante con esa propuesta porque entendían que el consenso consistía en la unión de los tres Grupos de la oposición, en ese concepto que tienen ustedes del consenso, en el que consideran que el consenso está si se ponen ustedes de acuerdo y dejan fuera al partido que ganó las elecciones y, por tanto, es el Grupo mayoritario de esta Cámara porque así lo han querido los madrileños. Hay consenso cuando se unen ustedes y nos dejan a nosotros fuera. Entonces, señorías, no se llamen a engaño, lo que ustedes hicieron aquel día es saltarse el marco de consenso que nos habíamos dado todos, que es lo mismo que hoy le están diciendo al Grupo de Ciudadanos. Aquel día, ustedes, por los motivos que fueren, se mostraron desleales con esa mesa de negociación, y yo se lo recordé, y pusieron el precedente para presentar una modificación urbanística sin contar con los demás; por desgracia, es así. 

Aquel día, señorías, yo les dije que la derogación de esa ley no corría prisa, que debíamos debatirlo entre todos, que ustedes estaban haciendo una modificación de la legislación urbanística en curso. Dije lo mismo que le están diciendo ustedes al Grupo de Ciudadanos, pero ustedes decidieron seguir adelante. Entonces les dije que criticábamos las formas, pero que, atendiendo al fondo del asunto que se estaba debatiendo, mi Grupo votaría a favor, y hoy les voy a decir exactamente lo mismo.

Mi Grupo no tiene ningún problema en estudiar cómo ha funcionado la ley de las tres alturas. No tenemos ningún problema en estudiar si la ley afectaba a suelos que están claramente dentro de una trama urbana, aunque no se haya entendido así a tenor de algunas decisiones judiciales.

Lo que no entendemos, señorías, es qué prisa corre ahora modificar una ley que lleva en vigor ocho años y que, debido a la crisis económica, en realidad no se ha llegado a generalizar en el urbanismo madrileño. No entendemos qué prisa corría traerlo así y no llevarlo a la mesa de negociación que todos nos habíamos dado. Es verdad que tampoco entendíamos qué prisa corría cambiar la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles, y ustedes la trajeron. El Grupo de Ciudadanos dice que esta norma ha generado un tremendo caos en Madrid porque ha creado unas ciudades expansivas. Bueno, cuando se aprobó la norma, el 92 por ciento de las viviendas, de los edificios de Madrid, tenían ya menos de cuatro alturas. 

No lo digo yo, lo dicen los informes del Ministerio de Fomento, que entonces estaba dirigido por una persona no muy cercana al Partido Popular, como era Magdalena Álvarez. También dicen que esta norma esparcirá nuestras ciudades cual mancha de aceite generando grandes problemas en los nuevos desarrollos. No es verdad. Tras la aprobación de la Ley de las tres alturas en Madrid se ha construido muy poco y lo poco que se ha construido viene de planeamientos anteriores y que, por tanto, no están afectados por la norma. Ha hablado usted alguna vez de Los Molinos, ha vuelto a citar a Getafe; yo le recuerdo que si se pasa por Los Molinos verá que hay 10.000 vecinos viviendo en edificios de más de cuatro alturas. 

Convendría darse un paseo por ahí para ver que eso tampoco es cierto. Si ustedes a lo que se refieren es a que, probablemente por una mala interpretación de la ley, los tribunales han paralizado algunas operaciones urbanísticas concretas, bueno, vamos a decirlo y sobre eso empezamos a negociar sabiendo todos de qué estamos hablando. Y si van a basar su proposición en esos desarrollos, lo dicen y, si no, si lo van a basar en cuestiones generales y en cuestiones legales, pues vamos a ver las cuestiones legales. Dicen ustedes que la limitación de las tres alturas no es una cuestión estructurante y que, por tanto, no debería estar en la Ley del Suelo. ¡Hombre! una determinación estructurante urbanística lo raro es que esté en el Código de Comercio, lo normal es que esté en la Ley del Suelo. 

Si es aquella que define el modelo de ocupación y los parámetros fundamentales de la estructura urbana, pues es bastante razonable que esté en la Ley del Suelo, de la misma manera que, cuando se fija por ley un porcentaje obligatorio de viviendas con protección pública, se convierte en una determinación estructurante, y entiendo que no vamos a hacer una ley para que se quite eso de la Ley del Suelo y se deje al albur de cada ayuntamiento. Dicen que hay confiar en los ayuntamientos, devolver al planeamiento municipal la potestad de decidir las alturas. Nos parece bien, lo que pasa es que, a renglón seguido, ustedes dicen que eso a lo que lleva es a necesitar más suelo, a recalificaciones de los ayuntamientos, y yo les recuerdo que en los ocho años que lleva en vigor esta ley, el número de reclasificaciones de suelo que han promovido los ayuntamientos para construir más viviendas es exactamente cero. Por tanto, tampoco corre ninguna prisa hacerlo

Luego viene el argumento clásico de legislar para unos pocos, que utiliza toda la oposición, que sirve para todo. Esto sirve para cuando ponemos la ley de las tres alturas, para cuando quitamos la ley de las tres alturas. Me gustaría que alguien me dijera el interés, el “lobby” que fue favorecido cuando pusimos la ley de las tres alturas, porque les recuerdo que estaba en contra el Colegio de Arquitectos, toda la patronal de la construcción, las entidades financieras que tenían suelo... Hombre, si esos son los ricos, yo les recuerdo que los ricos entonces estaban muy de acuerdo con lo que decían ustedes, pero ya le digo que eso sirve para quitarlo o para ponerlo. 

¿Que se ponen las tres alturas? Esto beneficia a unos pocos. ¿Que se quitan? Esto beneficia a unos pocos. Es un argumento comodín que es maravilloso cada vez que se habla de urbanismo y no se sabe qué otra cosa decir. Por tanto, señorías, vayamos al fondo del asunto de la ley que hoy vamos a debatir: si la interpretación que se está haciendo de la norma de las tres alturas es la correcta o no; y, yendo más allá, preguntarnos si es razonable que los nuevos desarrollos que en el futuro se hagan en Madrid tengan una limitación de alturas, esto es, si es razonable que tengan una limitación de alturas exactamente igual en San Lorenzo de El Escorial, en Guadarrama o en Villa del Prado que en Leganés, que en Getafe, que en Móstoles o que en Madrid capital. 

Ese es el debate que tenemos que tener y, en ese sentido, nos vamos a poner de acuerdo. Creo que todos estamos de acuerdo en que hay situaciones distintas que requieren criterios diferentes. Creo que conviene que, en este sentido, se ponga orden y claridad de cara a posibles interpretaciones erróneas que ya se están produciendo y de cara a los desarrollos futuros. 

Vuelvo a insistir en que nos habría gustado que todos estos temas se trataran en la mesa de negociación que abrió el Gobierno, creo que con una extraordinaria voluntad, y pido –aprovecho para decirlo y lo diré luego también- a todos los Grupos que vuelvan, porque lo que está en juego ahora mismo es hacer una ley. Estamos mucho más cerca que nunca de hacer una ley los cuatro Grupos políticos y, por tanto, creo que en este sentido tendríamos que poner el interés general por encima de -si me permiten la expresión- una cierta pataleta porque un Grupo ha presentado una cosa antes que otro. Nos habría gustado que esto se hiciera allí. 

Creo que esta proposición de ley se debería haber planteado así y no en las formas legislativas en las que se ha hecho; sin embargo, mi Grupo, igual que sucedió con la proposición de ley sobre las viviendas rurales sostenibles, atenderá no a las formas en las que se ha presentado, sino al fondo; en ese sentido y solo en ese sentido, mi Grupo va a votar a favor. Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular). 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Concluido el debate, llamo a votación. (Pausa.) Ruego a los servicios de la Cámara que cierren las puertas. Comienza la votación de la Proposición de Ley 5/15. (Pausa). El resultado de la votación es el siguiente: 126 diputados presentes; 65 votos a favor y 61 votos en contra. Consecuentemente, queda aprobada la Proposición de Ley 5/15.