MOCIONES PSOE REFORMA FISCAL Y DESVIACIÓN DÉFICIT

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre reforma fiscal, lucha contra el fraude y la evasión fiscal y Cooperación Fiscal Internacional para su debate en el Pleno. 

• España no tiene una elevada presión fiscal agregada. De hecho, nuestros ingresos públicos en relación al PIB se sitúan en el 37,8% frente al 45,2 % del promedio de los países de la Unión Europea y no superaron el 41%, ni en plena burbuja inmobiliaria. Nuestro problema es que esa presión fiscal se concentra mucho sobre pocos contribuyentes y pocas bases imponibles. 
• La consecuencia es que el sostenimiento del gasto público recae de forma casi exclusiva sobre las rentas del trabajo, fundamentalmente medias y bajas, que soportan directamente, e indirectamente a través de las cotizaciones sociales, el grueso de la presión fiscal, en torno a nueve de cada diez euros recaudados, según algunas estimaciones. 
• Necesitamos una nueva política fiscal que simplifique nuestro sistema tributario, haciéndolo más eficiente y que promueva la transición hacia un nuevo modelo económico, incentivando la inversión productiva, el emprendimiento y la innovación, frente a otro tipo de actividades, que deben ser desincentivadas como la especulación, la contaminación o aquellas que contribuyen al cambio climático. 
• Nuestro actual sistema fiscal descansa demasiado, como queda dicho, sobre la tributación de la renta anual y del factor trabajo. Aspiramos a desplazar el peso de la carga tributaria, en parte, hacia la riqueza y el uso de recursos naturales finitos. Al mismo tiempo, la fiscalidad debe recuperar el principio de equidad, tanto vertical, que pague más quien más gana, como horizontal, es decir que a igual nivel de renta, tributación similar independientemente de las fuentes de renta. 
• Nuestra Constitución establece entre los deberes de los ciudadanos el contribuir al mantenimiento de las cargas generales del Estado de acuerdo con la capacidad de pago de cada uno. Por eso establece un sistema tributario progresivo en el que aporte proporcionalmente más, quien más riqueza tiene y no solo quien más renta gane. 
• Sin embargo, la actual descoordinación entre el IRPF, IS, y el Impuesto de Patrimonio impide gravar adecuadamente la riqueza, dando lugar a una doble no tributación que permite que determinadas grandes fortunas y patrimonios no contribuyan de forma adecuada al sostenimiento de los gastos públicos. 
• Que nuestro sistema fiscal precisa de una reforma en profundidad se ha puesto de manifiesto, además, a raíz de las desafortunadas decisiones del Gobierno del PP en la X legislatura, que aprobó una irresponsable bajada del IRPF a favor de los contribuyentes de más altas rentas, así como una injustificada e inequitativa bajada del Impuesto sobre Sociedades. 
• Ello ha conducido a España a incumplir, una vez más, los compromisos de reducción del déficit, exponiendo a nuestro país a la aplicación de importantes sanciones, en especial en relación con el desembolso de los fondos europeos. La Comisión Europea está estudiando también la exigencia de medidas para efectuar un duro ajuste adicional, que podría poner en riesgo el mantenimiento del Estado de bienestar en un contexto de elevada desigualdad. 
• En este sentido resulta claro que acometer, con urgencia, una reforma del sistema fiscal no es sólo una exigencia de los principios de justicia y equidad tributaria, sino una necesidad inaplazable para el sostenimiento de los servicios públicos fundamentales. 
• Lograr una mayor equidad del sistema tributario, implica luchar de forma decidida contra el fraude, la elusión y la evasión fiscal e incorporar todas las manifestaciones de capacidad económica, de manera efectiva al sistema tributario, como reclama la Constitución. 
• Ello ayudará a un reparto más justo de las cargas, a la sostenibilidad y estabilidad del Estado del Bienestar y a una mayor competitividad de la economía española y a la creación de empleo de calidad. 
• Pese al consenso existente en esta materia, el Gobierno del PP aprobó una "amnistía fiscal" que ha tenido graves consecuencias económicas y éticas tanto para la sociedad en su conjunto como para la Hacienda Pública. La injusticia de esta medida y el secretismo en relación a sus beneficiarios, han provocado desde el principio un rechazo generalizado en la ciudadanía española.
• Acabar con el fraude no ha sido una prioridad para el Gobierno si nos atenemos a las decisiones tomadas durante la X legislatura y a tenor de la ausencia de medidas a lo largo de la misma. Y así, nuestro país tiene el nivel de recursos humanos más bajo de la UE de los 27 en la Administración Tributaria, (5,7 inspectores por cada 10.000 habitantes, comparados con los 17,5 de Francia o 14 de Alemania, por ejemplo), sólo superado por Italia. 
• Además, se ha reducido en 2.847 personas el número de efectivos de la AEAT. Por ello, es necesario abordar una reforma integral de la Administración Tributaria que incremente de forma efectiva y gradualmente los recursos humanos y materiales de la misma. 
• Conocidas son también las constantes injerencias del Gobierno en la dirección de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), destacando los incesantes ceses producidos desde enero de 2012 (cúpula de la Oficina Técnica de Control de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, Dirección del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Tributaria, etc.), la pretensión de condicionar las actuaciones inspectoras (caso CEMEX), la arbitraria, reprobable y escandalosa negativa de la AEAT a prestar el debido auxilio a los órganos jurisdiccionales (trama Gürtel), o la utilización política del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas de datos con transcendencia tributaria, bien con fines estrictamente partidistas, o bien como instrumento de coacción política. 
• En consecuencia resulta necesario adoptar, con carácter urgente, aquellas medidas que permitan una corrección inmediata de los comportamientos que están propiciando el citado deterioro de la administración tributaria y de la conciencia fiscal de los ciudadanos, adoptando igualmente medidas eficaces para acabar con la evasión fiscal, especialmente de las grandes empresas. 
• La globalización económica ha aportado elementos positivos para mejorar el bienestar de los ciudadanos. Sin embargo, el hecho de que las grandes multinacionales planteen sus estrategias de negocio globalmente, y la competencia fiscal se atribuya individualmente a cada jurisdicción, ha puesto en tela de juicio la adecuación del sistema fiscal internacional para gravar los beneficios que estas empresas generan en cada Estado. 
• Este sistema, creado hace unos 80 años, ha quedado obsoleto ante la nueva realidad económica. Se hace necesaria, por tanto, la Cooperación Internacional en materia fiscal para que siga siendo eficaz. Ahora se está abordando precisamente la lucha contra la evasión y elusión fiscal de las grandes empresas tanto por la Comisión Europea como por el Parlamento Europeo. 
• El diálogo sobre posibles medidas para abordar este tema entre éstas instituciones y el Consejo, es cada vez más intenso. De hecho, actualmente hay tres propuestas de directiva que incluirían la aplicación de medidas anti elusión sobre las que el Consejo se tendrá que pronunciar en breve y, el 6 de julio del presente mes y año, el Parlamento Europeo ha aprobado una Resolución sobre resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares (TAXE 2) (2016/2038(INI)), que contiene importantes orientaciones y decisiones para luchar con eficacia contra la evasión y elusión fiscal internacional. 
• La Comisión Europea estima que la magnitud de la evasión y la elusión fiscales se cifra en 1 billón de euros al año, mientras que la OCDE calcula que la pérdida de ingresos a nivel mundial se sitúa entre el 4 % y el 10 % del total de ingresos derivados del impuesto de sociedades, lo que representa entre 75 000 y 180 000 millones de euros al año (niveles de 2014). 
• La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (CNUCED) considera que los países en desarrollo se ven afectados de manera desproporcionada por la elusión del impuesto de sociedades, que se calcula provoca unas pérdidas anuales de ingresos tributarios de 100.000 millones de dólares estadounidenses; dicha situación priva a estos países de los recursos fundamentales para financiar los servicios más básicos y perjudica las políticas de cooperación al desarrollo de la UE. 
• El problema de la evasión y elusión fiscal viene facilitado por la competencia a la baja que provoca una competencia desleal entre grandes empresas multinacionales -que se benefician de las fisuras del sistema fiscal internacional- y las pymes nacionales que no pueden aprovechar estas fisuras para reducir su "coste/inversión fiscal". 
• En definitiva, las consecuencias negativas que conllevan estas prácticas para los presupuestos de los Estados miembros y los ciudadanos son obvias, perjudicando la confianza en la democracia, erosionando las bases imponibles de los Estados miembros y, por tanto, provocando una pérdida de ingresos fiscales que debilitan las economías y la capacidad de los Gobiernos de proporcionar un nivel adecuado de servicios públicos, inversiones y seguridad social. 
• Además, la citada Resolución de 6 de julio del Parlamento Europeo ha puesto de manifiesto que sigue sin existir, pese a su urgencia, una definición y una lista comunes para toda la Unión de jurisdicciones no cooperativas; que algunas entidades financieras y empresas de auditoría o bufetes de abogados han desempeñado un papel de intermediarias en la creación de estructuras legales complejas que han desembocado en los sistemas de planificación fiscal abusiva utilizados por empresas multinacionales, tal y como se ha puesto de manifiesto con «LuxLeaks» y los papeles de Panamá; 
• que los Estados miembros y la Comisión deben aprobar más propuestas legislativas sobre elusión del impuesto de sociedades dado que los Estados miembros aún tienen margen para endurecer sus normas contra las prácticas abusivas a fin de luchar contra la erosión de la base imponible; que debe avanzarse en la presentación de una propuesta sobre una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS) antes de finales de 2016; 
• que debe ponerse en marcha rápidamente el marco legislativo necesario para iniciar el intercambio automático de información sobre resoluciones fiscales; que los Estados miembros deben reforzar sus administraciones tributarias con la disponibilidad adecuada de personal, con el fin de asegurar una recaudación tributaria eficaz y de hacer frente a las prácticas fiscales perniciosas; 
• que los Estados miembros deben adoptar sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, incluso de carácter penal, contra directivos de empresas implicados en evasión fiscal, así como la posibilidad de revocar las licencias profesionales de los trabajadores y las empresas con participación demostrada en el diseño de sistemas de planificación fiscal agresiva o evasión fiscal; 
• que debe crearse un nuevo Centro de coordinación y coherencia de la política fiscal de la Unión en la estructura de la Comisión para garantizar un funcionamiento correcto y coherente del mercado único y la aplicación de normas internacionales; que la OCDE y otros organismos internacionales han de empezar a trabajar en un plan de acción BEPS II ambicioso; que debe avanzarse y extenderse el proyecto piloto de intercambio automático de información sobre titularidad real entre autoridades fiscales, iniciado en abril por los cinco Estados miembros más grandes de la Unión, creándose un registro público de la Unión sobre la titularidad real dotado de normas armonizadas de acceso a información sobre titularidad real; 
• y, por último, que debe apoyarse la creación de un organismo mundial, en el marco de las Naciones Unidas, bien dotado y con recursos adicionales suficientes, con el fin de garantizar que todos los países puedan participar en igualdad de condiciones en la elaboración y la reforma de las políticas fiscales a escala mundial. 
• Dada la amplitud de los objetivos perseguidos, el Gobierno español, además de colaborar activamente a nivel europeo e internacional en la lucha contra los paraísos fiscales y la evasión fiscal, debería llevar a cabo una estrategia nacional, incluyendo actuaciones eficaces para avanzar decididamente en dicha lucha, concretando medidas contra la evasión y la elusión fiscal de las empresas multinacionales. 
• Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente: PROPOSICIÓN NO DE LEY 
• "El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: 
• 1. Reforma fiscal: Crear una Comisión de Expertos/as que, en el plazo de seis meses, presentarán sus conclusiones para una reforma en profundidad de nuestro sistema tributario, que mejore la incorporación de la riqueza al sistema general de tributación. Mientras tanto:
• Establecer un mínimo común en todo el territorio nacional tanto en el Impuesto de Sucesiones como en el de Patrimonio, para evitar en la práctica, su vaciamiento. 
• Estudiar la creación de un Impuesto Extraordinario sobre las Grandes Fortunas, garantizando que se sometan a tributación efectiva todos los grandes patrimonios, independientemente del vehículo financiero utilizado para canalizar la riqueza. 
• Reformar en profundidad el Impuesto de Sociedades, con el objetivo de ensanchar las bases imponibles y elevar la recaudación. Para ello, se revisarán las múltiples exenciones y bonificaciones del Impuesto, muchas de ellas de escasa justificación. Entre tanto, se establecerá una tributación mínima del 15% en el Impuesto de Sociedades sobre el resultado contable de las grandes empresas que no haya generado bases imponibles que hayan tributado de forma efectiva en otro país, de modo que contribuyan a recuperar la recaudación y estabilizarla en el tiempo. 
• Rebajar el tipo del IVA a las actividades culturales, como cine, teatro y música. Promover la modificación de la normativa armonizada europea para que se puedan aplicar tipos reducidos a los libros, periódicos y revistas electrónicos o digitales, considerando su carácter cultural, así como a bienes de primera necesidad. 
• Impulsar la puesta en marcha definitiva de un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), tal y como ya han acordado once países de la Unión Europea, entre ellos España. El ITF será un impuesto de base amplia, que incluya el mayor número posible de productos financieros, acciones, bonos y derivados, para desincentivar la especulación financiera. 
• Revisar la configuración de los impuestos especiales para hacer de los mismos unos auténticos impuestos medioambientales, en línea con los principales países europeos. Dicha fiscalidad medioambiental se pondrá en marcha en concertación con las CC.AA. 
• 2. Lucha contra el fraude y la evasión fiscal 
• Incrementar en 5.000 empleados públicos los efectivos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria destinados a la lucha contra el fraude en los próximos cuatro años. 
• Destinar al Presupuesto de la AEAT, para luchar contra el fraude fiscal, un porcentaje real y automático de la recaudación bruta derivada de los actos de liquidación y gestión recaudatoria. 
• Revisar el régimen de estimación objetiva con el objetivo de minimizar el fraude fiscal que se pudiera producir a través de tal Instrumento tributario. 
• Modificar la figura del delito fiscal para para hacerla más efectiva. En todo caso, se modificará el artículo 305 del Código Penal para que todos los delitos fiscales sean considerados como graves (pena de prisión de 2 a 6 años y prescripción a los 10 años) y aquellos que revistan especial gravedad, las penas a imponer siempre serán en su mitad superior.
• Potenciar el papel del Servicio de Vigilancia Aduanera y la coordinación de la AEAT con la Fiscalía, el SEPBLAC y las fuerzas de seguridad del Estado. En particular se promoverá la creación de juzgados especializados en delitos económicos, fraude fiscal y a la Seguridad Social, dotados con medios adecuados y suficientes. 
• Elaborar una estrategia de lucha contra la economía sumergida, en particular, se considerarán medidas puestas en práctica en otros países como la ampliación de la limitación en el uso de efectivo en las transacciones económicas y la estandarización de los sistemas de facturación de las pequeñas empresa. 
• Elaborar una Ley Antifraude que incorpore las modificaciones necesarias para corregir los vacíos legales y aquellas interpretaciones normativas que posibilitan la elusión fiscal. Remitir al Parlamento un informe anual con la evaluación de los resultados de la lucha contra el fraude y su comparación internacional.
• Adquirir el firme compromiso de no aprobar una nueva amnistía fiscal. Dentro del marco de una reforma constitucional debe prohibirse de forma absoluta el recurso general o individualizado a la amnistía fiscal. 
• Introducir cambios del artículo 95 de la Ley General Tributaría, dentro de los límites constitucionales, que permitan conocer el nombre de los defraudadores, acogidos a la amnistía fiscal. 
• Exigir a las entidades financieras que operan en España que notifiquen a las autoridades españolas los clientes que tienen cuentas en paraísos fiscales y, en caso de que dichas entidades no colaboren con las autoridades españolas, ser sancionadas económicamente e, incluso, en caso de reincidencia en la falta de colaboración, retirada de la ficha bancaria en su caso. 
• Establecer un mayor control de las SICAV mediante: 
• Establecimiento de un porcentaje de participación máximo para cada inversor; 
• Se estudiará la fijación de un período de permanencia máximo de las plusvalías acumuladas sin que tributen; 
• Dotar legalmente a la AEAT de competencias para supervisar e inspeccionar a las SICAV. 
• Revisar la figura de la Entidad de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVES), que se ha convertido en una fuente de elusión fiscal importante. Se endurecerá el régimen de exención tributaria de los beneficios y dividendos de esta figura. 
• Hacer pública la identidad de los contribuyentes beneficiarios de incentivos tributarios que superen determinados umbrales. Además, se institucionalizará la evaluación permanente de los incentivos fiscales, tanto desde el punto de vista recaudatorio como desde la perspectiva de la eficiencia económica y su impacto. Esto abarca también las memorias de los proyectos de ley que incorporen incentivos fiscales. Impulsar las modificaciones necesarias para que la legislación tributaria contemple como infracción las prácticas de elusión repetitiva, no solo de los clientes, sino también de las consultoras o comercializadoras, así como la inclusión del correspondiente tipo delictivo en el Código Penal.
• Aprobar un Estatuto de la Agencia Tributaria que refuerce su independencia y profesíonalidad, evitando las injerencias políticas. 
• Revisar el procedimiento de auxilio judicial de la AEAT con el objeto de mejorar la colaboración con los órganos jurisdiccionales, asegurando que dicho auxilio se presta en condiciones de objetividad y atendiendo estrictamente a criterios técnicos, evitando cualquier tipo de injerencia por parte de la dirección de la Agencia. 
• Aprobar un plan para mejorar el cumplimiento voluntario, reducir la litigiosidad en el ámbito tributario, reforzar la seguridad jurídica y favorecer la relación cooperativa entre los contribuyentes cumplidores y la administración tributaria. 
• 3. Cooperación Fiscal Internacional España debe liderar en el Consejo Europeo y en los foros internacionales las siguientes políticas, entre otras, para luchar contra la elusión fiscal de las grandes empresas: 
• Apoyar la creación de un organismo mundial, en el marco de las Naciones Unidas, bien dotado y con recursos adicionales suficientes, con el fin de garantizar que todos los países puedan participar en igualdad de condiciones en la elaboración y la reforma de las políticas fiscales a escala mundial. Impulsar la celebración de una cumbre mundial sobre asuntos fiscales que persiga el objetivo de la creación del mencionado organismo intergubernamental. 
• Apoyar que todos los Parlamentos nacionales colaboren entre sí para garantizar un control adecuado y la coherencia de los sistemas fiscales de los Estados miembros, reforzando el compromiso con la labor de foros interparlamentarios sobre cuestiones fiscales. 
• Apoyar la presentación de una propuesta sobre una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS) antes de finales de 2016. 
• Apoyar que las empresas multinacionales hagan constar en sus balances de forma clara y comprensible, para cada Estado miembro y país tercero en los que estén establecidas, una serie de informaciones, en particular los beneficios o las pérdidas antes de impuestos, los impuestos sobre los beneficios o las pérdidas, el número de trabajadores y las operaciones efectuadas; dicha información será de acceso público. 
• Apoyar el establecimiento en el seno de la Unión Europea de un intervalo con un tipo mínimo de gravamen del Impuesto de Sociedades. 
• Apoyar la presentación, lo antes posible, de una definición común para la Unión y una lista de jurisdicciones no cooperativas («lista negra de paraísos fiscales»), basadas en criterios objetivos y sólidos y que incluyan la aplicación de las recomendaciones de la OCDE, las medidas de transparencia fiscal, las acciones BEPS y las normas sobre el intercambio automático de información. 
• A tal efecto, se establecerá un marco regulador concreto de la Unión para las sanciones contra las jurisdicciones no cooperativas que figuren en la lista negra, incluida la posibilidad de reexaminar y, en última instancia, suspender los acuerdos de libre comercio, suspender los convenios para evitar la doble imposición y prohibir el acceso a financiación de la Unión 
• Apoyar el establecimiento de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, incluso de carácter penal, contra directivos de empresas implicados en evasión fiscal, 
• así como la posibilidad de revocar las licencias profesionales de los trabajadores y las empresas con participación demostrada en el diseño de sistemas de planificación fiscal agresiva o evasión fiscal, el asesoramiento sobre su uso o su uso. Introducir una responsabilidad financiera proporcional para los bancos y las instituciones financieras que faciliten las transferencias a paraísos fiscales y jurisdicciones no cooperativas desde el punto de vista fiscal. 
• Apoyar el comienzo de los trabajos de un plan de acción BEPS II ambicioso que deberá basarse principalmente en normas mínimas y objetivos concretos para su aplicación.
• Apoyar el proyecto de intercambio automático de información sobre titularidad real entre autoridades fiscales, iniciado en abril por los cinco Estados miembros más grandes de la Unión, y la creación de un registro público de la Unión sobre la titularidad real dotado de normas armonizadas de acceso a información sobre titularidad real 
• 4. Creación de Subcomisión El Congreso de los Diputados considera necesaria la creación, por los procedimientos establecidos en el Reglamento de la Cámara, de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre la armonización y coordinación fiscal europea e internacional y lucha contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales. 
• En particular, se analizaran y evaluaran las medidas de aplicación directa en la legislación interna del Plan de Acción "Base Erosión and Profit Shifting" (BEPS en sus siglas en inglés), la lucha contra la evasión y la elusión fiscal de las empresas multinacionales ("Tax Rulings", acuerdos de precios de transferencia transfronterizos, tasa "Tobin", etc.), y las medidas en relación con aquellas personas, entidades financieras y empresas consultoras o asesoras que colaboran en el fraude fiscal, la ocultación de fondos y el blanqueo de capitales. 
• 5. Comisión de investigación El Congreso de los Diputados considera necesaria la creación, por los procedimientos establecidos en el Reglamento de la Cámara, de una Comisión de investigación sobre los denominados "Papeles de Panamá" así como su relación con la amnistía fiscal."

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la desviación del déficit público, las medidas para corregirlo y la posición a adoptar ante el procedimiento sancionador abierto por la Unión Europea, para su debate en Pleno. 

• La economía española necesita ir reduciendo progresivamente los desequilibrios macroeconómicos persistentes así como la desigualdad para garantizar un crecimiento sostenido y sostenible que aumente el bienestar social a largo plazo. 
• Ante la posibilidad de un largo periodo de elevado desempleo de larga duración, precarización laboral, desigualdad y exclusión social, baja inflación y persistente déficit estructural, es prioritario cambiar la orientación de la política fiscal y presupuestaria adoptada hasta el momento. 
• Si bien la economía española ha encadenado dos años de crecimiento económico, no es menos cierto que ha sido a costa de incrementar la precariedad laboral y reducir los niveles de protección social. 
• Asimismo, la política económica llevada a cabo por el Gobierno no ha resuelto los principales desequilibrios relacionados con la productividad, la deuda externa y los problemas de desigualdad y pobreza que afectan a los colectivos más desfavorecidos de la sociedad. 
• Es más, en la última legislatura la deuda pública aumentó en 30 puntos de PIB, mientras el déficit público en España en 2015 fue el segundo más elevado de la zona euro. 
• A nivel europeo, la viabilidad a largo plazo de la eurozona también requerirá una combinación de políticas públicas de carácter nacional y un cambio en el diseño institucional de la unión monetaria para que el BCE se convierta en un verdadero prestamista de última instancia, un nuevo pacto de estabilidad y crecimiento con mecanismos de control y aplicación, un aumento de la movilidad laboral en la zona euro y una mayor integración fiscal y política entre los Estados miembros. 
• Recientemente hemos conocido el desvío en el cumplimiento del objetivo de estabilidad acordado con la Comisión Europea situado en el 5,1% del PIB en 2015, por encima de los objetivos fijados del 4,2% del PIB, algo que ya advertimos los socialistas en la presentación de los Presupuestos del pasado año en sede parlamentaria. 
• Este incumplimiento se debe básicamente a la temeraria e irresponsable orientación de la política fiscal basada en bajar impuestos a las rentas altas y a las grandes empresas en año electoral, lo que ha incrementado el déficit estructural el año pasado, como bien han señalado las autoridades comunitarias. 
• El saldo estructural se deterioró en un 1% del PIB en 2015. Por ello, el ECOFIN abrió por primera vez un procedimiento sancionador a España que podría finalizar en una mayor monitorización de la política presupuestaria y en la congelación del desembolso de fondos europeos. 
• Los Presupuestos de 2016 han durado tan sólo 7 meses, la Comisión Europea está estudiando nuevos ajustes adicionales, que pondrá en riesgo el mantenimiento del Estado de bienestar en un contexto de elevada desigualdad. 
• La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) acaba de alertar sobre el "progresivo deterioro" en la evolución de las cuentas públicas en 2016 desde la última evaluación realizada en el mes de abril con ocasión de la Actualización del Programa de Estabilidad 2016-2019. 
• La Airef ha elevado su escenario de déficit público en 2016 a un nivel entre el 4,1% y el 4,7% del PIB, "dependiendo del grado de aplicación de las medidas comprometidas por el Gobierno", es decir, una desviación de las cuentas entre los 2.000 y los 8.000 millones de euros. 
• Son precisamente los niveles de la administración dependientes del Gobierno (Administración Central y Seguridad Social) "donde se encuentra en este momento el principal origen del incumplimiento". Es por tanto urgente y prioritario cambiar la política fiscal y presupuestaria adoptada por el Gobierno reorientándola a la prioridad del crecimiento, la creación de empleo y el reforzamiento de la cohesión social en España. 
• Ello implica, en primer lugar, negociar ante las autoridades europeas una mayor flexibilidad en la reducción del déficit público, para no poner en riesgo la recuperación económica, manteniendo el compromiso con la estabilidad presupuestaria y los nuevos objetivos de déficit sin reducir nuestros niveles de bienestar social. 
• Para ello, un requisito imprescindible es llevar a cabo una profunda reforma fiscal que mejore la progresividad de nuestro sistema tributario, promueva el crecimiento y contribuya a recuperar la recaudación y estabilizarla en el tiempo. 
• España tiene un nivel de ingresos públicos 8 puntos de PIB por debajo de la media de la eurozona. Al mismo tiempo, a medida que se va ganando espacio fiscal será necesario reforzar el gasto en los principales pilares del Estado del bienestar para recuperar la cohesión social y también luchar contra la pobreza y la exclusión, al tiempo que se aumenta la inversión pública en sectores que como la l+D+i que permitan acelerar el cambio de modelo productivo y aumentar el crecimiento potencial. 
• Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente: PROPOSICIÓN NO DE LEY 
• El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: 
• 1 - Acordar, en el marco de negociaciones con las autoridades de la Unión Europea, un nuevo ritmo y composición de la reducción del déficit público (entre gastos e ingresos y entre los distintos niveles de la administración) en base a la situación real de las finanzas públicas sin dañar el crecimiento y la creación de empleo y sin reducir nuestros niveles de bienestar social, con el fin lograr un año más y situar el déficit por debajo del 3% del PIB en 2018, hasta lograr unas finanzas públicas saneadas al final de la legislatura. 
• 2.- Respetar el principio de lealtad institucional entre administraciones públicas para evitar cualquier tipo de imposición injustificada a las Comunidades Autónomas sobre la fijación del objetivo de estabilidad. 
• Revisar los objetivos de estabilidad presupuestaria, permitiendo una distribución del objetivo de déficit entre el conjunto de las administraciones públicas más realista, equitativa y eficaz. 
• Se promoverá el establecimiento de procesos transparentes, objetivos y verificables para fijar la participación de las diferentes administraciones en el objetivo de déficit que corresponda al conjunto de las mismas, tomando en consideración variables como el peso del gasto de cada Administración en el total o el nivel de gasto mínimo que es necesario para prestar servicios públicos fundamentales, con independencia de las oscilaciones cíclicas de la economía. 
• Para ello, se encargará a la Airef un informe que analice y haga recomendaciones sobre la distribución del déficit entre la Administración Central, Comunidades Autónomas, Entidades Loca/es y los fondos de la Seguridad Social. 
• 3.- Llevar a cabo una reforma fiscal que eleve la recaudación sin subir los impuestos a la clase media trabajadora, ensanchando las bases imponibles, mejorando la eficiencia recaudatoria, simplificando el sistema, desplazando parte del peso de la carga tributaria hacia la riqueza y el uso de recursos naturales finitos. 
• Reformar en profundidad el Impuesto de Sociedades, con el objetivo de ensanchar las bases imponibles y elevar el tipo efectivo. Impulsar la puesta en marcha definitiva de un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), tal y como ya han acordado once países de la Unión Europea, entre ellos España, así como poner en marcha una fiscalidad ambiental adecuada que nos acerque a los estándares europeos. 
• 4.- Poner en marcha una auténtica estrategia integral de lucha contra el fraude, la economía sumergida y la elusión fiscal que aumente los recursos humanos y materiales dedicados a perseguir el fraude; 
• incorpore medidas normativas, organizativas y operativas que conviertan a la administración española en una administración, más eficaz, eficiente e independiente, de referencia internacional en la persecución del fraude y la economía sumergida y 
• promueva un mayor armonización y coordinación en la esfera de la lucha contra el fraude internacional y los paraísos fiscales. 
• 5.- No aplicar ningún recorte de gasto en protección social (sanidad, pensiones dependencia, etc,) en educación y en l+D+i, tras años de austeridad que han deteriorado los servicios públicos fundamentales y han aumentado los niveles de pobreza y exclusión social en nuestro país. Revertir gradualmente los recortes del Estado de bienestar de la última legislatura. 
• 6.- Poner en marcha un Ingreso Mínimo Vital dirigido a los más de 700.000 hogares sin ingresos y a las familias con bajos recursos para erradicar la pobreza infantil extrema y combatir el incremento de la desigualdad. 
• 7.- Duplicar la inversión pública en l+D+i civil, que representará al menos el 2,5% de los Presupuestos Generales del Estado al final de la legislatura, y recuperar como objetivo estratégico el objetivo europeo de alcanzar una inversión total del 3% del PIB, así como defender en las Instituciones Europeas la aplicación de la "regla de oro", que excluye a las inversiones en l+D+i del cómputo del déficit público. 
• 8.- Defender ante las instituciones europeas la inaplicabilidad de sanciones a España, en especial, la congelación de los compromisos de gasto con cargo a los fondos europeos igualmente, la no aplicación de medidas adicionales de monitorización de la política económica y presupuestaria.