martes, 12 de febrero de 2019

COMISIÓN EDUCACIÓN 5 FEBRERO RÉPLICA MINISTRA

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Moneo. Con su intervención concluye el turno de los portavoces de los grupos parlamentarios. Tiene la palabra la señora ministra. 

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Muchas gracias, presidente. Empezaré obviamente respondiendo al señor Matute, pero no sin antes expresar mi última emoción. Señora Moneo, usted no está hablando de mi ley, está hablando de la reforma que usted debería haber hecho a la suya, pero no de la mía. Señor Matute, no son anhelos. 

Es verdad que usted tiene todo el derecho a decirlo, porque obviamente no ha visto el texto de la ley aún. Por tanto yo le cuento —como usted dice-: buena música, pero ver el articulado es importante. Se deroga la Lomce y se puede hacer porque tenemos un texto alternativo sólido y consolidado. ¿Cómo vamos a reforzar la comunidad educativa —también una cuestión importante? 

La ley avanza en términos de democratización significativamente, porque incrementa la participación. El consejo escolar no va a ser un consejo escolar meramente testimonial o consultivo; es un órgano de gobierno. Y en ese órgano de gobierno los padres, madres y todos los estamentos que constituyen el consejo escolar van a tener que llegar a acuerdos sobre las cuestiones principales. Si no llegan, van a tener que necesitar mayorías cualificadas para llevar adelante los objetivos de la escuela. 

En relación con la segregación la ley hace una importantísima y profunda apuesta por evitar la segregación escolar. Es uno de los elementos constitutivos de la ley, y obviamente disuelve los itinerarios. La cuestión de los itinerarios era que llegaban a puntos ciegos, a puntos desde los que no se podía retroceder. 

La formación profesional básica —y hemos hablado con muchas personas que hacen formación profesional básica— llevaba a muchísimas alumnos y alumnas —y no voy a dar el porcentaje, porque no lo quiero decir— directamente a la calle, al abandono escolar temprano, sin ningún tipo de retroceso. 

Eso es un itinerario y los PMAR llevaban a un itinerario. Por tanto lo que nosotros hacemos es precisamente articular un título único de la ESO, al que se llega por diferentes caminos —a Roma por diferentes caminos—, que son los que se consideran, por parte del equipo docente, los necesarios para dar la educación y la atención personalizada acordes a las características de los alumnos. 

Por tanto tenemos el itinerario mayoritario, que llega a la ESO y consigue la titulación, y tenemos aquellos que van por diversificación curricular. Supongo que trabajar deprisa no estará reñido con la función, es decir, por qué tenemos que condenarnos a tener Gobiernos que trabajen despacio —trabajamos también los domingos-; no tenemos por qué condenar al país a un coste de oportunidad, de políticos o políticas que llegan a su función sin conocer qué es lo que tienen que hacer, cuál es el proyecto que tienen que poner en marcha. 

Por tanto ese coste de oportunidad mi equipo no lo ha pagado, con lo cual no hay deuda con el país; se ha trabajado levantando el proyecto educativo desde el primer momento, y ese proyecto educativo es el que nos lleva a poder disponer —y ustedes también— en muy breve tiempo —en días— del articulado. Como he dicho ese articulado ha sido muy reforzado por la cantidad de aportaciones que hemos recibido de comunidades autónomas, de organizaciones sociales y de personas individuales. 

Repito, evitar la segregación en la escuela es fundamental, es una de las cuestiones importantes. Ese título único de la ESO va a permitir ir a bachillerato e ir al ciclo de formación profesional de grado medio, el mismo título, no dos títulos, uno de los cuales no permitía ir a bachillerato, estamos hablando de la educación básica, señores; no hay país democrático de nuestro entorno donde, en la educación básica, se establezcan barreras de tal porte como para que haya tal índice de abandono escolar temprano, tal índice de fracaso escolar o hasta un 37% de repeticiones en la educación básica, señorías. 

A ese título de la ESO se llega por diversificación curricular, se llega por el itinerario mayoritario y también por la formación profesional básica, que además de tener materias más cercanas al mundo profesional, tiene ámbitos. Si se sabe que el alumno, al que se le ha visto por un consejo orientador, puede llegar a la ESO con desarrollo de destrezas más cercanas al mundo profesional, irá por formación profesional básica. 

Si logra superar los ámbitos y las enseñanzas profesionalizantes conseguirá la ESO, y si no, un certificado que le conectará directamente con las cualificaciones del sistema profesional de cualificaciones. A nadie se le deja estancado, a nadie se le deja sin itinerario; hay conexión, hay vías de entrada, salida y refuerzos. En relación con lo que me pregunta, señor Matute, sobre las transferencias he de decirle que ha habido un acuerdo, como usted sabe, entre el Ministerio de Política Territorial y el Gobierno vasco en el que la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social es la que ha quedado fuera del paquete de las transferencias. 

Nosotros también tenemos leyes del sistema educativo en el País Vasco, tenemos la Ley de la Escuela Pública Vasca, tenemos la Ley de Cuerpos Docentes propios. No hay problema, lo que se pretende, lo que vamos a hacer y lo que hacemos en esta ley es el respeto absoluto a nuestro Estado autonómico, consagrado por la Constitución: las comunidades autónomas son Estado y tienen sus competencias. Eso es lo que hacemos. Señor Agirretxea, agradezco sus aportaciones. Me pide urgencia para traerlo. Sí, pero a la urgencia algunos la critican como prisa. Lo vamos a traer y pensamos que en días. 

Entiendo que ustedes deseen ya la letra; no está mal que hayamos suscitado su curiosidad; es importante también. Respecto al ámbito competencial tenga en cuenta, señor Agirretxea, que será absolutamente respetado. Creemos en la doctrina del Tribunal Constitucional, y es doctrina del mismo que a veces las leyes básicas se han extendido más allá del horizonte, invadiendo en algunos casos las competencias de las comunidades autónomas. Nosotros entendemos que podemos hacer entre todos un trabajo bien hecho, respetando los ámbitos competenciales de cada uno. 

No tenga ningún temor, porque no tenemos ninguna tentación de recentralizar. Usted me conoce de antiguo, y si estoy en algún sitio es en el federalismo. Por lo tanto no tendré ninguna intención de recentralizar nada. Creemos en el Estado consagrado por la Constitución y le servimos. Con respecto a las cotizaciones qué quiere que le diga, creo que sin necesidad de ser más explícita, usted también me conoce, y ha leído entre líneas. Es decir, de ninguna de las maneras abonaremos una política que dañe a la formación profesional, que tanto esfuerzo nos ha costado levantar, entre otras razones porque las prácticas de las que se habla —y creo que ahí hay un elemento que puede orientar la salida— no se refieren a la FCT. 

La formación en centros de trabajo, que es absolutamente curricular, no remunerada, y que es la que está en las entrañas de la formación profesional no se debe corresponder con las prácticas remuneradas o extracurriculares que sean objeto de cotización por parte de las empresas. Por tanto buscaremos la salida, y como digo esto se está tramitando como proyecto de ley, y siempre obviamente en los proyectos de leyes también estamos a lo que sus señorías aquí establezcan. 

En todo caso, señor Agirretxea, tenga la seguridad de que esta ministra no va a poner en peligro a la formación profesional en lo que en su mano esté. También obviamente nuestros alumnos tienen el seguro escolar obligatorio, que les defiende ante accidentes, enfermedad o cualquier contingencia familiar, como usted ha dicho. Señor Olòriz, yo le escucho con atención y le respeto absolutamente en su moderación, en su racionalidad, en su emoción y también en su sensatez. 

Yo lo respeto porque obviamente estamos pasando un trance importante, pero también le digo que no corresponde a este Ejecutivo como bien sabe interferir en ese episodio, no puede. Le agradezco muchísimo que esté de acuerdo con los principios que yo he enunciado. Evidentemente tenemos un sistema educativo que, una vez —en el año 2013— se calificó de catástrofe, nosotros huimos de esa valoración no por estética, sino por estar en desacuerdo con el fondo de la cuestión. 

Tenemos un sistema educativo homologable, muy perfectible. Lo primero que hay que atajar es el abandono escolar temprano, y ahí tenemos un desafío muy profundo, sobre todo cuando el mercado se ha vuelto a abrir. Hay que trabajar en ello; algunas de las medidas puestas en marcha por el Gobierno andaluz están dando resultado. Sin embargo no así, he de decir y no por acritud, en la Comunidad de Madrid, donde se ha aumentado el abandono escolar temprano en un 0,5%, según nuestros datos, y eso que la Comunidad de Madrid tiene un índice de renta per cápita superior al de Andalucía. Pero ahí es donde tenemos que trabajar, en la evitación del abandono escolar temprano, en la evitación del fracaso, en el aumento de las capacidades de las personas, de todas las personas, para que puedan tener un empleo digno cuando salgan de la escuela. 

En cuanto a las cotizaciones creo que ya lo he expresado para todos: pondremos el esfuerzo en todo lo que sea necesario para poder salir de esta cuestión sin ningún daño para lo que significan las empresas y los alumnos que trabajan en formación profesional. A la señora Martín sobre las cotizaciones ya más no le voy a decir, porque creo que está bien claro. Me pregunta también sobre el tema de Hacienda y las declaraciones de Hacienda. Corresponde al Ministerio de Hacienda esta cuestión, porque está relacionado con los impuestos y le corresponde al Ministerio de Hacienda, que hará el análisis correspondiente y habrá unas deducciones que serán válidas y otras a lo mejor no lo serán tanto. 

Pero, por las noticias de que dispongo —y sí tenemos noticias, sí nos relacionamos mucho entre los distintos ministerios—, el cómputo total de las deducciones superaba los 1000 millones de euros. Con respecto a la Lomce le diré que no estamos bloqueando ningún acuerdo. Todo lo contrario, no se bloquea absolutamente ningún acuerdo. El caminante, aunque vea el horizonte, puede seguir caminando, ¿verdad? 

Es decir, si el pacto educativo o escolar, como quieran ustedes llamarlo, estaba en el horizonte, no sería justo ni lógico de los poderes públicos se paralizaran so pretexto de que tienen que alcanzar el pacto educativo. Hay que seguir avanzando, y hay que seguir avanzando sobre lo real, sobre los acuerdos posibles que se ponen encima de la mesa. Porque yo no creo que usted pueda tener muchos desacuerdos con la propuesta que estamos planteando. 

No creo que usted tenga muchos desacuerdos con que la educación pública sea eje vertebrador del sistema educativo; no creo que usted tenga muchos desacuerdos en relación con que la religión no valga para la nota media; no creo que tenga muchos desacuerdos en cuanto a que la escuela trabaje en inclusión, lo cual significa respetar la diversidad, que sea el eje del sistema educativo. Por tanto no se puede decir que haya alumno medio —algo que se ha dicho— y es verdad. 

Todos los alumnos y las alumnas son diferentes y hay que atender a la diversidad. Ahora, el cómo se hace es la cuestión, cómo lo hacemos procedimentalmente. Y esto solamente puede ser a través de una formación muy explícita, muy específica del profesorado y a través de recursos de apoyo. Me habla usted de las lenguas y del señor Bargalló. Yo le vuelvo a decir lo mismo: este ministerio, esta ministra, somos respetuosos con las competencias de las comunidades autónomas, en lenguas y en lo demás. No escuché la expresión a la que usted hace referencia, pero lo que la ley tendrá será el respeto escrupuloso a las competencias de cada quien, en lenguas también. 

En respuesta a Podemos, a la señora Belarra, que es la primera que ha intervenido, he de decirle que los recortes habidos en el tiempo de la Lomce, de 2013 a 2107, han sido muy lamentables. Han sido de hasta un 30% en becas; ha habido subida de tasas universitarias; unas reducciones del 40 % en ciencias —aunque no entraran en la Lomce—; la escuela pública tuvo una importante reducción en términos de equidad; se aumentó la desigualdad; y las becas, como les he dicho, tuvieron menos cuantía y además hubo menor cantidad de beneficiarios. 

Esta es una de las cuestiones que hay que recuperar. Por eso es tan importante que se aprueben los presupuestos para 2019, que llevan un aumento general de entre el 19 y el 20%, de 536 millones de euros para las becas, lo que supone un incremento del 37%, lo que nos pondría en un escenario de mayores cuantías de becas, de diferentes repartos de umbrales y de mayor número de becarios. 

Para ello como saben ustedes hemos puesto a trabajar al Observatorio de Becas, que no se reunía desde hace siete años, y que está haciendo un buen trabajo del que tendremos resultados en poco tiempo. En relación con los conciertos diré que nosotros los respetamos. Respetamos la función social que hacen los centros concertados; no respetamos la diversificación mercantil de algunas empresas que buscan negocio en la educación, no respetamos esto. 

Por tanto nuestra ley llevará al respecto cautelas que permitirán que las administraciones públicas no toleren reparto de bienes cuando se trata de centros concertados. En la admisión, por ejemplo, el principio de igualdad se fortalece, lo que no significa de ninguna de las maneras que no se respete el derecho a la libre elección de los padres y las madres. 

De facto en este país cerca del 80% de las familias eligen centro. Lo que no se va a permitir es que haya una elección de centro ventajista. Por tanto, la zonificación será igual para la pública que para la privada, no nos gustan las zonificaciones únicas y se darán las mismas posibilidades a unos y a otros. 

La igualdad de oportunidades, de facto, empieza de 0 a 3 para compensar desigualdades de origen —esta es una cuestión importante— y la ley habilita al Gobierno para dictar requisitos mínimos, junto con las comunidades autónomas —siempre con las comunidades autónomas—, en relación con las titulaciones de los profesionales, en relación con los locales y en relación con qué materias o cómo se debe tratar de 0 a 6. Ahora tenemos de 0 a 3 enfrente, porque de 3 a 6 lo tenemos prácticamente cubierto. 

Desde luego —se decía aquí—, es una ley feminista. Efectivamente, la igualdad de género la consolida desde el primer párrafo hasta el último. Siempre se dice, cuando existe la desgracia de que alguna mujer es asesinada, que la escuela ha de tener la respuesta. Si la escuela ha de tener la respuesta, ha de tratarla con esmero y, por tanto, la educación afectivo-sexual, la igualdad, la mirada no sexista, la mirada inclusiva y en igualdad y, desde luego, la prevención de la violencia de género han de estar presentes y están presentes en la ley. Es un sistema que promociona la cooperación, no la competición. 

La educación no es una carrera de obstáculos y no debe serlo, sino un sistema de oportunidades que permita que la persona se forme en sentido crítico y que concluya siendo un ciudadano con seguridad en sí mismo y con convicción de que es capaz de asentarse en la vida y de transformar la realidad. En eso estamos trabajando. Javier ha intervenido y me hablaba de la cuantía fija y la cuantía variable de las becas, y nuestro propósito es atender a la resolución que pueda salir del ámbito del Observatorio para la convivencia. 

Efectivamente, estamos por aquella fórmula que favorezca más al beneficiario. Por tanto, la vamos a atender mucho y, desde luego, habrá muchos cambios a este respecto, entre ellos, los que hacen referencia a los resultados académicos necesarios para competir o ser acreedora. Nosotros pensamos que hay que abordar la profesión docente desde la formación inicial, desde la intuición, desde la evaluación y desde la incentivación, y para ello tenemos que llegar a acuerdos y la ley también incluirá un apartado que habilita al Gobierno para desarrollar ese procedimiento. 

Vamos a tratarlo y vamos a tratar también de los interinos en la tramitación. Conocemos el problema que existe del 25%. Obviamente, queremos un empleo más estable que permita al profesional estar más comprometido con el proyecto de centro y que nos permita desarrollar la autonomía de los centros de mejor manera. 

En relación con la religión, vamos hasta donde podemos, hasta donde se nos permite ir, lo cual no cierra puertas en el horizonte. Conocemos hasta donde podemos. 

El señor PRESIDENTE: Hasta donde podemos, no. 

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Hasta donde puede el Gobierno. Gracias, presidente. Además, conocemos perfectamente el anhelo del señor parlamentario en relación con la ética y lo estudiaremos. A la señora Martínez Seijo le agradezco muchísimo —estamos, como no podía ser de otra manera, alineados— el soporte a este Gobierno y le agradezco también todo su estudio en detalle de estas cuestiones y también sus consejos. 

Creo que me hacía una pregunta en relación con el desarrollo curricular y le diré que nuestro intento —y nos faltan apenas unas horas en el equipo para cerrar la ley— y nuestro objetivo era incorporarlo a modo de un instituto de desarrollo curricular, pero dentro del Instituto Nacional de Evaluación, hacer una colaboración con el fin de que las comunidades autónomas estén desde el día uno presentes en este instituto, habida cuenta de que ya están en el Instituto Nacional de Evaluación. 

En relación con las lenguas, creo que ya lo he dicho, es decir, artículo 3 de la Constitución. Es bien sencillo, ya sabemos qué lugar ocupa el castellano y qué lugar ocupan las lenguas cooficiales, que son oficiales en sus respectivas comunidades como el castellano es oficial en todo el Estado; son oficiales. Por tanto, yo creo que ahí también debemos amoldar de alguna manera esas emociones a veces desmedidas, porque el castellano, como bien dice Manuel Valls, candidato de Ciudadanos en la ciudad de Barcelona, no creo que esté en peligro. Señora Moneo, como le he dicho al principio, porque no me quería perder la emoción que me suscitan sus palabras, está hablando de la reforma que usted quería hacer a la Lomce, pero señalando sus errores. 

Desde luego, no está hablando de nuestra ley. Se lo disculpo porque no ha visto el texto articulado segundo, que es el que va a haber en poco tiempo. Creo que muchas de las cuestiones que usted ha afirmado aquí quedarán desvanecidas absolutamente. Y le decía que era impropia la petición no porque me parezca mal venir, sino porque quien más respuestas ha de tener a esta cuestión será quien la ha propiciado. 

Probablemente, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social a estas alturas tiene más o menos un camino o un itinerario para que consigamos hacernos con lo más beneficioso. El señor Olòriz decía que a veces cuando vamos a por lo más se nos queda alguna cosa importante por el camino, a ver si el Ministerio de Trabajo, que seguro que está trabajando en este asunto buscando el bien de los alumnos, consigue no perjudicar a las empresas ni a aquellos centros educativos o universidades que puedan tener implicación en este tema de las cotizaciones. 

Por eso decía yo impropia, no porque me parezca mal venir ni que ustedes me pregunten, sino porque no tengo la solución. Nosotros no hemos armado un revuelo en la educación, el revuelo lo armó la Ley Wert en el año 2013; tampoco mi predecesor. 

El señor PRESIDENTE: ¡No he dicho nada! 

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Él intentó echar agua al fuego. Quien lo armó fue el señor Wert, él sí echó gasolina al fuego. Él sí. Empezó diciendo que teníamos un sistema educativo catastrófico para, tras ese diagnóstico, incorporar una medicina o un medicamento brutal que llevó al enfermo a estado agónico; tan a estado agónico, que ustedes mismos tuvieron que parar sus propias medidas. Quedaron suspendidas y ahora ya eliminadas: en este proyecto de ley no hay reválidas. 

Usted hace gala de claridad, pero a veces me cuenta cosas que no son la ley. Me dice que ataca la libertad de elección. No la ataca, señora Moneo. Sí elimina las posibilidades de que, por mor de la ley, alguien concierte ventajas privadas. Eso sí, eso lo elimina. Eso lo ataca frontalmente, pero a la concertada, que cumple una función social, no; y usted lo sabe. Usted lo sabe, porque usted sabe más de lo que dice y lo sabe. ¿Quién delimita el bien? Me dice: Usted habla del bien superior del menor, pero ¿quién delimita ese bien? ¿Usted se lo ha explicado esto a la Convención sobre los Derechos del Niño? ¿Se lo ha explicado? 

No se puede entender que usted me formule esta pregunta, cuando creo que lleva desde 1989. Es muy fácil la respuesta, señora Moneo; es facilísima. La responsabilidad primera del niño —la primera cuando nace un niño y va al registro— la tendrá la familia. Pero, si usted lleva a un niño al hospital, ¿decide la familia que no le hagan una transfusión de sangre si el equipo médico dice que hay que hacérsela? ¿Es la familia la que decide no vacunar? Parece que sí y fíjese con qué consecuencias, por hablar del sarampión. 

Entonces, señora Moneo, hay que buscar a través del sentido común, de la mediación y, si es necesario, del arbitraje que, persiguiendo el bien común del menor, la familia esté de acuerdo, porque estaría bueno que el padre y la madre de la familia del niño no estén de acuerdo en el bien superior del menor. Por tanto, dejemos falacias y falsos dilemas. 

La realidad es mucho más interesante. La realidad es que entre el equipo de profesionales expertos y la familia seguro que llegarán a un acuerdo, porque la familia quiere el bien del niño y los equipos externos de profesionales expertos también. No me hable de la evaluación. ¿Cómo me habla de la evaluación con el ejemplo que hemos tenido de la Lomce? ¿Cómo me habla de la evaluación? 

Las comunidades autónomas estaban en una secuencia razonable de evaluaciones diagnósticas en 4.º de primaria y 2.º de secundaria; evaluaciones diagnósticas cuyos resultados, señora Moneo, no eran opacos. No, no. No salían en un ranking público, pero no eran opacos. Los conocían todos los servicios del centro, todo el profesorado, todas las familias y los alumnos. Esas eran las evaluaciones diagnósticas. ¿Para qué? Para una cosa muy sencilla: para los planes de mejora del centro, que es lo que va a mejorar los resultados escolares. ¿Qué era lo que sabía el Gobierno? Claro que el Gobierno hace evaluaciones; hace evaluaciones muestrales. ¿Para qué? Para conocer cómo está el sistema. 

Tiene que conocer cómo está el sistema, es decir, qué están haciendo sus alumnos, qué están haciendo sus comunidades y qué están haciendo sus centros. ¿Eso es opaco? ¡Cómo va a ser opaco, señora Moneo, si son los indicadores con los que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa hace el sistema de indicadores para el país! Ahora nada es opaco, pero eso, mucho menos que nada. 

Por tanto, el hecho de que no sean públicos en un ranking —que es un poco vergonzoso y además no lleva a nada— no quiere decir que sean opacos para nada. El profesorado. Como sabe, vamos a tratar el profesorado. Por cierto, hemos recibido algo más de cinco mil reseñas en relación con el foro abierto de profesorado que hicimos hace ahora tres meses. Dijimos que en tres meses haríamos un breve resumen de lo aportado y en pocos días estará en la página web; está ya prácticamente formulado. A continuación, saben que nos atrevimos a decir que haríamos una propuesta. Espero que su grupo nos acompañe en esto.

Respecto a la financiación —veo que usted nunca deja de anotar y hace bien; está en su derecho—, he de decirle lo siguiente. Con todo lo sufrido, voy a empezar por lo que siempre he mantenido a lo largo de mi defensa de los sistemas educativos: la educación y la ciencia deberían ser territorios exentos de recortes. Ese debería ser el verdadero pacto. Es mucho más importante ir avanzando más lentamente en financiación pero sin dar pasos atrás que darse atracones y luego un paso atrás. 

En la ciencia, desde luego, esto es brutal, porque cuesta diez años configurar un equipo de investigación experto y apenas diez meses destrozarlo; y eso ocurrió con los recortes a la ciencia. Es mejor que vayamos más lentamente. Ojalá que tuviéramos los 1500 millones que usted dice, pero a eso vamos. 

Tenga usted claro que la aportación que hace el ministerio en relación con el gasto educativo total viene a ser equivalente a un 5% y en los ocho meses que llevamos aquí, entre la ley —que pronto se aprobará en el Congreso— de derogación del Real Decreto-ley 14/2012, esta ley que vamos a poner en marcha, la formación profesional y nuestros presupuestos —que esperemos que vean la luz—, iremos avanzando. Pero lo que sí quiero decirles es que en educación y en ciencia más vale ir subiendo progresivamente que no darse atracones y luego retroceder. La garantía de la continuidad de los recursos a la educación y a la ciencia es capital. Muchas gracias. (Aplausos).

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