COMISIÓN EDUCACIÓN 5 FEBRERO. CONTRARRÉPLICA

El señor PRESIDENTE: Señora Martín, tiene usted la palabra. 

La señora MARTÍN LLAGUNO: Muchas gracias. Luego, si me da tiempo, contesto al señor Olòriz, porque tengo muy poco tiempo y quiero hacer tres consideraciones a la ministra. La verdad es que me ha llamado la atención cuando usted, no a mí, a otro portavoz o a otra interpelante le ha dicho que considera propias o impropias las cuestiones que traemos a las comparecencias en comisiones. Lo digo porque a mí también me ha pasado con alguna PNL que he presentado que ustedes desde el propio ministerio, por vías oficiales, me han dado una respuesta haciendo consideraciones sobre lo que yo debo o no debo hacer en mi trabajo parlamentario. 

Entiendo que está en su derecho, pero yo aquí sí tengo que decir que una cosa es el trabajo partidista o políticopartidista y otra cosa es el trabajo de Gobierno. Dicho esto, no me han quedado claras —seguramente es mi culpa porque no la he entendido bien— tres cuestiones sobre las que le he preguntado. 

La primera, por lo que yo he podido deducir, aunque dice que es una cuestión de la ministra de Hacienda, usted conocía el tema de las deducciones, era consciente y le han informado de ello; corríjame si no lo he entendido bien. La segunda es con respecto al tema de las declaraciones de Bargalló, pero no por una cuestión del adoctrinamiento —esto lo dejo para otro capítulo u otra comparecencia—, sino porque él, el señor Bargalló —y lo tengo en vídeo—, no en TV3 sino en el segundo canal de TV3, hace unas declaraciones donde dice que con usted ha llegado a un acuerdo. Yo no digo que exista ese acuerdo, por eso le pregunto claramente. 

Usted me ha respondido con el tema del respeto a las competencias lingüísticas y es que es ahí donde está la cuestión. ¿Ha cedido o ha llegado a un acuerdo, como él dice? ¿Va a haber un cambio en la interpretación tanto del artículo 3 de la Constitución, como a partir de la nueva ley que está usted elaborando? ¿Va a haber un cambio en esto? Porque él dice eso y yo quiero no creerlo, pero la implica a usted. 

Finalmente, con relación a la tercera pregunta que le había hecho, tampoco me ha quedado demasiada clara su respuesta. Le rogaría, por favor, que me contestara con un sí o un no para que yo pueda saberlo. Por tanto, el tema de la concertada, el tema de Bargalló y el tema de si hablaron con usted del cambio de la cotización a la Seguridad Social de las prácticas, que no me ha quedado claro. Yo quiero entender que no lo han hablado y que, por tanto, usted no lo suscribe y trataremos de cambiarlo. Gracias

El señor PRESIDENTE:  Señora Martínez Seijo. 

La señora MARTÍNEZ SEIJO: Gracias, señor presidente. Permítame, señora ministra, contestar algunas de las cuestiones que se han planteado en las últimas intervenciones. En primer lugar, voy a empezar con una intervención que ha hecho la señora Moneo porque, como intervino después que yo, lógicamente en mi primera intervención no pude contestar. Mire, francamente, no vamos a entrar en competición con el Grupo Popular para ver con qué colectivo se ha contado o no se ha contado en esta ley. 

El Consejo Escolar del Estado es un ente con la suficiente representación y creo que ahí están todos y cada uno de ellos. Por tanto, la posibilidad de participación ha estado ahí, sigue estando, se han seguido recibiendo todo tipo de iniciativas para enriquecer esta ley, y yo espero que ustedes no se sientan excluidos. 

Ahora bien, lo que a mí sí que me extraña es que digan que no se han sentido partícipes de este proceso, cuando por segunda vez estamos en comparecencia, cuando este proyecto va a ir como un proyecto de ley y, por tanto, tendrán su posibilidad de participación como el resto de los grupos parlamentarios. Espero que se sumen a acordar, apoyar y aportar, y no a imponer, que es a lo que estamos acostumbrados por otras leyes educativas que han venido previamente por parte del Partido Popular. 

Por tanto, sí hacia acercar posiciones; no hacia la imposición, porque ni nos ha gustado ni consideramos que sea lo mejor para el sistema educativo; y creo que ha quedado claro por todas las manifestaciones que han existido dentro de la comunidad educativa que la imposición no es un buen método de abordar un cambio educativo cuando, sobre todo, está enfrente de las personas que son las protagonistas de la educación, como son profesores, madres y alumnos y alumnas. 

En segundo lugar, esta ley no anula el papel de los padres en la educación de sus hijos, como usted ha afirmado. De hecho, yo creo que en esta ley precisamente lo que se recupera es la participación educativa, que fue mermada claramente en la Lomce, y que eliminó la participación efectiva por parte de padres y madres en los consejos escolares, que nuevamente van a poder no solo opinar, sino que van a poder volver a tomar decisiones en aquello que verdaderamente importa, que es la educación de sus hijos e hijas.

Sobre la libertad de enseñanza, que ha vuelto a salir, no sé el número de debates que llevamos ya en torno a este tema, pero creo que es evidente que libertad de enseñanza no lleva asociada la demanda social, y que de lo que se trata es de restablecer un equilibrio entre la educación pública y la concertada, que desde luego fue absolutamente maltrecha por la introducción de la demanda social en la ley, y que ha permitido —y hay que decirlo alto y claro— hacer business, negocio, por parte de determinadas empresas, fundamentalmente en la Comunidad de Madrid, que han olvidado toda esa cuestión del servicio público, que es lo que debe ser esencial en el sistema educativo, y que ha puesto en grave riesgo que se ejerza objetivamente el derecho a la educación. 

Bueno, pues esta ley lo que pretende sin ninguna duda es restablecer, poner ese papel de la educación pública como eje prioritario en el sistema educativo español y, por supuesto, restituir el derecho a la educación. 

Señora Martín, a mí lo que me preocupa de toda la cuestión del adoctrinamiento es que cuando se habla del adoctrinamiento últimamente hay que ser sumamente juiciosos y sumamente precavidos, porque no creo que sea beneficioso para el sistema educativo que se esté empezando a generar una sospecha sobre el adoctrinamiento en los centros educativos de manera generalizada. 

Yo creo que cuando se habla de adoctrinamiento hay que definir qué es el adoctrinamiento, qué implica el adoctrinamiento y, desde luego, no poner en duda la profesionalidad de los docentes. A mí me preocupa porque me consta que con una serie de acusaciones muy parciales en torno al adoctrinamiento, en determinadas comunidades autónomas, no se está teniendo en cuenta el daño que se está produciendo no solo a la objetividad del sistema educativo, sino a la profesionalidad de determinados docentes que han sido acusados, a su carrera, en muchos casos excepcional, y a la seña de sospecha permanente sobre su ejercicio en las aulas. 

Eso me parece que es muy peligroso para el conjunto del sistema educativo. Por tanto, yo sí pediría moderación al respecto. Y, ¡hombre!, cuando se ha hablado aquí de los derechos de la infancia, que es algo ideológico, ¿cómo se puede hablar de que es algo ideológico defender al niño en primera instancia y poner al alumno en el lugar principal en el sistema educativo, que es donde tiene que estar? 

En ningún momento creo que sea algo ideológico establecer mecanismos de protección ante abusos y ante negligencias que se pueden producir también y dentro del sistema educativo. Por contestar al señor Matute que estaba anteriormente aquí y que ha hecho una serie de opiniones en cuanto a la sumisión, yo diría que entre un extremo y otro, a nosotros, al Grupo Parlamentario Socialista, siempre nos ha gustado el término medio, pero nunca la sumisión. Es un término que ni nos gusta ni vamos a utilizar en las filas del Grupo Parlamentario Socialista. 

Finalizo, señora ministra. Nos quedamos lógicamente con lo positivo de esta ley, que es mucho, con las ganas de que se registre lo antes posible en el Congreso para poder empezar a abordarla y trabajar y así ver por fin algunos de los cambios que son tan necesarios, porque no simplemente son necesarios para el conjunto del sistema sino también para el niño, para el alumno, que debe ser nuestra prioridad en todo momento. 

Queremos que esta nueva ley acabe con esas discriminaciones, esas segregaciones que nosotros también hemos denunciado en múltiples ocasiones. Desde luego apostamos por una ley educativa que garantice una sólida formación personal y laboral que permita a todos los niños y niñas, a los jóvenes, afrontar el futuro y su educación a lo largo de toda la vida. Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez Seijo. A ver si me mira usted de vez en cuando porque he intentado hacerle una señal de que se pasaba, pero no me mira nunca. (Risas). Señora Moneo. 

La señora MONEO DÍEZ: Señor presidente, muchas gracias. Señora ministra, evidentemente su proyecto es diferente al nuestro —esa es la realidad— y nos hubiera gustado llegar a un término medio en el pacto entre aquello a lo que nosotros aspiramos y aquello a lo que aspiran ustedes, pero decidieron que iban a seguir otro camino en el que iban a tener a otros socios que, como ha podido comprobar, son incompatibles con el Partido Popular. Así de claro. 

El señor Mena se ha expresado en términos muy gruesos, pero yo no voy ser tan dura en mis afirmaciones, simplemente le voy a decir que ellos son comunistas y nosotros no, nosotros somos liberales; ellos creen en el poder del Estado sobre la persona y nosotros creemos en la persona como titular de derechos, y eso separa ideológicamente mucho, separa a la hora de hacer leyes. Usted y su Gobierno tienen responsabilidades porque tienen los votos de esos señores que poseen un planteamiento ideológico que no es ni parecido al del Partido Popular. Por lo tanto, ustedes han renunciado a la moderación y se han escorado hacia la izquierda, en planteamientos educativos también.

Dice que la enseñanza concertada no tiene nada que temer porque usted garantiza la libertad de las familias. Señora ministra, ¿quiere decir que va a mantener la demanda social? Porque cuando usted suprime en el artículo 109 la demanda social o vamos a dejarlo en la demanda de las familias, usted no persigue a esos especuladores a los que hace referencia, sino que persigue a ese más de 20 % de familias que han decidido que sus hijos tienen que ir a un centro concertado. 

Esos centros concertados responden a ese artículo 27.3 de la Constitución, que dice que los padres tienen derecho a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral conforme a sus propias convicciones. Por cierto, debo decir al señor Mena que la Constitución dice lo que dice y no aquello a lo que él se refiere. La Constitución española, fruto de un gran acuerdo, desde luego no se mueve en esos planteamientos radicales que nos quieren señalar algunos dirigentes de Podemos. 

Nos ha invitado a que les acompañemos en esas medidas en relación con el profesorado. Señora ministra, nosotros nos podemos poner de acuerdo en las medidas de mejora del profesorado, pero ustedes han renunciado al MIR educativo, que formó parte de su ideario y de sus propuestas y que expuso el ministro Rubalcaba. 

Ustedes han renunciado a un sistema de selección de ámbito nacional, que, por cierto, es una de las competencias que confiere el Estado, porque el ejercicio de la docencia es una profesión regulada y como tal compete al Estado. Ha hecho referencia también a todos los males de la Lomce. 

Usted ha heredado un sistema educativo cuyo último indicador de abandono educativo temprano es del 17,9 %; por tanto, no será tan mala la Lomce. Ustedes se han escudado siempre en que estábamos en crisis y entonces los chicos se quedaban en el sistema educativo. 

En este país se ha reducido el abandono educativo temprano con un crecimiento económico y del empleo superior al 2%. Por lo tanto, la Lomce será mejorable, pero tendrá que reconocer que su situación es inmensamente mejor que la que heredó el señor Wert. Por cierto, no deseo a ningún Gobierno que pase la travesía del desierto que pasó el Gobierno del Partido Popular. 

Esa es la realidad, porque incluso su último presupuesto, el del año 2011, del Gobierno de Zapatero, redujo más de un 23% la financiación en educación no universitaria. ¿Por qué? Porque la crisis estaba encima. Ustedes han heredado un sistema de becas sostenible, con la mayor partida que ha tenido nunca en la historia hasta este presupuesto de 2018. 

Ustedes pretenden incrementarla en cien millones más, así que nos podemos poner de acuerdo, claro que sí —hay más dinero a becas—, pero dentro de un sistema sostenible, porque su responsabilidad no solo es dotarlo económicamente sino hacerlo sostenible y mantenerlo en el tiempo, y eso es lo que hasta el momento no han logrado. 

Finalizo, señora ministra. Podemos discutir sobre financiación. La financiación es importante y la eficiencia más. Usted ha hablado de la Comunidad de Madrid y yo le digo que la Comunidad de Andalucía, que espero que corrija el rumbo de estos años, tenía en 2017 una de las tasas de abandono educativo temprano más altas de toda España, superior al 23%; eso sí, con una inversión menor que la media de España: es decir, tiene más abandono educativo temprano, menos inversión, menos gasto por alumno, y ha sido hasta el momento su comunidad insignia. 

Por lo tanto, a la hora de hablar de financiación, yo creo que todos tenemos que mantener cierto sosiego y cierto realismo y buscar un sistema sostenible, transparente, corresponsable entre el Estado y las comunidades autónomas, sabiendo el momento que nos toca vivir a cada uno. Le puedo asegurar que con una ley que tenía sus luces y sombras, y que nosotros estábamos dispuestos a pactar con ustedes y el conjunto de la comunidad educativa, el sistema educativo está mejor hoy de lo que estaba hace diez años. Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Moneo. Con su intervención concluye este turno de portavoces y para cerrar el debate y la comparecencia tiene la palabra la señora ministra de Educación. 

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Muchas gracias, presidente. Obviamente no voy a responder al señor Matute porque no está en la sala. Señor Agirretxea, le he entendido en buena lid lo que ha dicho sobre la urgencia, en lo que estamos de acuerdo además, porque hace falta urgir. Por tanto, en eso estamos, y aunque algunos dicen que vamos demasiado deprisa, tanto nosotros como usted y muchas otras fuerzas políticas en esta sala creemos que la necesitamos cuanto antes. A eso nos referimos cuando decimos que urge. La vamos a tener en días. También me pregunta sobre las novedades. 

Las novedades en realidad son acentuaciones de los principios generales, pero son acentos que significan mucho dentro de la ley para evitar segregaciones, para llegar a lo que queremos, que es la reducción del índice de abandono escolar temprano y que todos salgan mucho más preparados para el mundo laboral. 

Ciertamente se han incorporado cuestiones relativas al profesorado. Nadie ha eliminado el concepto de MIR ni lo ha puesto ni lo hemos evitado en nuestra cabeza —trabajaremos en el profesorado conjuntamente—, tampoco lo relativo a los centros especiales de educación o a la financiación y otras muchas cuestiones que importan y que no van a alterar las líneas generales que todos ya conocían. 

Por lo tanto, serán mejoras pero irán en la línea que se conocía. En relación con las prácticas, me he expresado libremente en la Comisión pero también con cautela porque soy una de las personas que en el seno del Gobierno, como ustedes saben, se han visto afectadas por esta medida relacionada con la cotización y estoy muy dispuesta a remar en la dirección de que la misma se corrija. Señor Olòriz, le agradezco muchísimo, como siempre, su mirada un poco más poética y emotiva. 

Desde luego, yo creo que sí, que efectivamente vamos a poder acordar esta cuestión que para algunos es la más importante del país —la educación— porque es la que forja el futuro y el presente de las personas que lo habitan. La educación es el eje de todo cambio —personal, social— y es herramienta de igualdad. Una persona educada supera todas las determinaciones de origen que haya podido tener y, además, es puerta a la economía, es factor económico. 

El país necesita el talento de todos y en eso estamos. Por eso decimos que la educación pública es la obligación de los poderes públicos. ¿Por qué? Porque la Constitución consagra el derecho fundamental de la persona a ser educada. Luego, no es lo mismo la obligación que tienen los poderes públicos, que correlativamente tienen que asistir ese derecho, que la de otras iniciativas sociales, legítimas, pero que pueden acudir a servir ese derecho de manera vocacional. 

Queremos que lo hagan de la mejor forma posible, pero no vulnerando el fin y el sentido fundamental de la concertación, que es servir sin ánimo de lucro a la función social. Señora Martín, no le digo lo que debe o no debe hacer. Yo creo que, aunque usted sea valenciana y yo del norte, podríamos llegar por lo menos a acercar un poco la orientación de nuestras expresiones. Cuando yo le digo que es impropio, se lo digo desde una perspectiva técnico-jurídica, es decir, preguntan ustedes a la persona que no tiene la llave de la respuesta. A eso me refiero cuando digo impropio, pero no quiero decirle que no me haga la pregunta; de facto, la he contestado. 

Por tanto, siéntase usted —que ya sé que se siente— libre para hacerme las preguntas que usted quiera, que yo ya entenderé cuáles debo responder y cuáles no. Con respecto a lo que me dice —y otra vez insiste y reitera— sobre las lenguas y si se ha cedido, le diré que nosotros no cedemos, nosotros respetamos la Constitución y el Estado autonómico. Las lenguas cooficiales son oficiales en sus respectivos territorios y el castellano lo es en todo el territorio nacional. 

Por tanto, eso es lo que vamos a respetar, señora Martín, exactamente eso. Como usted es valenciana y he pensado que me iba a hacer una pregunta sobre esto, me he tomado la molestia de mirar lo que dice en su comunidad el presidente de la Academia Valenciana de la Lengua, Ramón Ferrer. Dice —está entrecomillado—: «apartar de la pelea política una cosa tan seria como es la lengua, y más en campaña electoral donde la boca se calienta muchas veces». Yo creo que está habiendo excesos en esta cuestión y creo que si pusiéramos las cuestiones en su justo término podríamos llegar a acuerdos más interesantes. 

Porque, ¿qué ocurre? ¿Qué ahora esta cuestión de las lenguas es nueva? ¿Se ha suscitado hace ocho meses? ¿Ha aumentado la cuestión —el independentismo, el adoctrinamiento— en ocho meses? No, no vamos a hablar del adoctrinamiento, ya lo sé, pero hablo de las lenguas. 

Las lenguas son emoción y son razón y son sentido legítimo de pertenencia, en Castilla, en Barcelona y en Irún. No marchitemos las flores, vamos a intentar por todos los medios ser razonables. Usted es valenciana y cree que el castellano se está perdiendo, pero no voy a entrar en un diálogo, porque no se me permite en este turno. Usted me pregunta por la ministra de Hacienda. Le tengo que contestar que la ministra de Hacienda cumple con su deber, que tiene que mirar cómo se pagan los impuestos y tiene que saber si son impuestos que han de pagarse o no; por tanto, ella cumple con su deber. No tengo más que decir. Y creo que con respecto a las prácticas he sido clara. Señor Mena, creo que de las lenguas he hablado bastante, pero usted me hace una argumentación respecto de la formación profesional que quiero contestar. 

Somos conscientes de que hemos de hacer más oferta pública en formación profesional, somos conscientes de eso y estamos trabajando para que pueda ser así. Usted sabe que la competencia está también en las comunidades autónomas, pero somos conscientes de ello; somos conscientes no solo de que hay que hacer más oferta en la formación profesional, sino de que probablemente tengamos que estudiar una diversificación de la oferta para acomodarla los tiempos. 

Necesitamos más especializaciones de una cosa y menos de otras, pero estamos en ello. He de decirle también que pronto, casi inmediatamente, todos ustedes verán reales decretos de desarrollo de la política que nosotros estamos haciendo en formación profesional, que no es otra que la eliminación de rigideces, tal y como dijimos, y aumentar la flexibilidad dentro del sistema para que los títulos lleguen antes a los centros educativos y no a los cuatro años, cuando ya el perfil profesional ha dejado de ser interesante. 

Para ello estamos contando, como les he dicho, con la empresa. La empresa tiene que estar en todo el proceso, desde el observatorio de identificación del perfil profesional —por tanto, dentro del sistema nacional de catálogos de profesiones—, hasta los contenidos formativos y la evaluación. Estamos contando con ellos por sectores. 

Estamos trabajando bastante con la empresa, con los centros educativos y con las comunidades autónomas, concretamente, con los viceconsejeros y con los directores generales que se ocupan de la formación profesional. Creo que todo va razonablemente bien y que en los próximos días veremos los resultados, según me dice mi equipo. Voy concluyendo. 

Señora Martínez Seijo, efectivamente, la educación pública, como creo que he dicho, es la obligada; es la obligada. Es decir, el artículo 27 de la Constitución habla del derecho a la educación y habla de la libertad de creación de centros, así como —sin decirlo expresamente— de la libertad de cátedra. Esa es la argumentación, el razonamiento, la explicación que el Tribunal Constitucional viene dando al artículo 27, pero el derecho a la educación es el primero, el derecho a ser educado es el primero, el primero, y luego, conjuntamente, las familias tienen libertad de elegir educación religiosa, ética para sus hijos e hijas. 

Señora Moneo, usted me hace de nuevo un silogismo que es falso. Usted parte de unas premisas que establece, y dice: estos señores son comunistas y nosotros somos liberales; ustedes se han alineado con los comunistas y no con los liberales; por tanto, ustedes son comunistas. Oiga, la propiedad transitiva, ¿no? Es decir, los amigos de mis amigos serán mis amigos, y entonces deduzco: y por tanto… 

Yo no he visto su ley, pero no puedo estar de acuerdo con ella. ¿Qué quiere que le diga? Para una persona que trabaja en educación es un razonamiento apriorístico cuando menos, apriorístico. Yo deduzco que usted, como se trata con los comunistas, no tiene nada que ver con los liberales y, por tanto, allá voy. No parece que haya atinado precisamente con nuestro ADN en esa explicación. Yo estoy convencida —porque creo que la conozco— de que, por la manera de expresarse, algunas cosas de este proyecto sí le gustarían, pero lo tendrá que leer, tendrá que acercarse a él. 

Sí les digo con toda rotundidad que el que no ha entrado en el trabajo de hacer enmiendas no ha sido por falta de tiempo, ha sido porque no ha querido. Esto es así, es así. El que no ha entrado, desde luego, no ha sido por falta de tiempo. 

Este proyecto se pone en marcha en noviembre y estamos a principios de febrero. Tenemos personas muy trabajadoras y el que ha querido ha hecho todas las enmiendas, y las hemos mirado todas y cada una con mucho aprecio. Volvemos al mantra, a la demanda social. Estaría bueno que la Constitución de 1978, en su artículo 27, tuviera que estar fundamentada en la demanda social, que es de 2013; estaría bueno. Esto no lo hemos visto no ya en ninguna sentencia del Tribunal Constitucional, sino en toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. La demanda social es un criterio mercantilista que no puede soportar —lo digo en el sentido de fundamento, de arbotantes, de contrafuertes— una cuestión tan importante como pueda ser la libertad, como pueda ser el artículo 27 de la Constitución. 

Es imposible, imposible. Primero es derecho a la educación y luego es, obviamente, una programación y una participación razonable dentro de la programación. Y, desde luego, el principio de libertad ha de ser salvaguardado para todos, para los potentes y para los menos potentes, para todos, también para las personas que tengan algún tipo de discapacidad o capacidades diferentes. Tiene que ser salvaguardado, y en eso estamos. 

La Constitución española consagra con evidente acierto esta cuestión y este planteamiento que hacemos lo respeta. Para concluir, le diré que se equivoca cuando dice que la Lomce nos aporta buenos datos. Lamento decírselo; me gustaría decirle otra cosa, porque yo estoy por la educación, yo llevo trabajando toda mi vida en la educación. 

Me gustaría decirle otra cosa, pero, fíjese, los últimos datos que tenemos nosotros y que son públicos son los siguientes. La Lomce, como sabe usted, empieza a dar sus resultados en la promoción 2016-2017. 

Los graduados en ESO, en el curso 2015-2016, fueron el 91,7%; en 2016-2017, el 87,2%, es decir, 4,5 puntos menos de graduados en ESO en el curso 2016-2017, que es el primero de la Lomce. 

En Bachillerato hemos bajado del 57,4%, en 2015-2016, al 55,5%, es decir, 1,9 puntos menos de graduados en Bachillerato con la Lomce. 

Cuando un país necesita todo el talento de todas las personas —diversas, diferentes, que requieren distintos tratamientos— semejante lujo no se puede permitir. Esto fue un ensayo que produjo error, y cuando los ensayos producen error tienen que ser modificados; eso sí, cuanto antes, de manera urgente. Nada más y muchas gracias. (Aplausos).