El señor PRESIDENTE: Voy a dar la palabra a la señora Martín en nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
La señora MARTIN LLAGUNO: Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora ministra. Bienvenida a esta Casa otra vez. Voy a hablar según el orden que estaba establecido en la comparecencia, primero de las prácticas y después de la Lomce.
El día 28 de diciembre cuando me llamaron por teléfono para avisarme de que se había promulgado esta modificación del sistema de prácticas, le digo la verdad que lo primero que pensé es que era una inocentada. Era el 28 de diciembre y me llamó parte de la comunidad educativa y también profesores universitarios y colectivos de FP para avisarme de que se estaba gestando una bomba que ponía en peligro no solo todo el sistema de prácticas formativas de la Formación Profesional, sino de todo el sistema universitario.
Pensé que no podían hacer esto; pero sí podían y, de hecho, lo han presentado. Me alegro de haber oído su intervención porque hay cosas que usted no puede decir porque es Gobierno, pero yo sí, y efectivamente esto es un marrón que tiene todo el sector que está en el Gobierno educativo. Le pregunté también al señor Pingarrón la semana pasada y tenemos un grave problema.
Es un grave problema no solo por las formas, sino por cómo han introducido esta disposición, ya que su Gobierno —no usted, que también es una afectada, sino su Gobierno— lo ha hecho con nocturnidad y con alevosía, en plenas Navidades, metiéndolo en una disposición adicional para una cuestión de profundo calado, sin haber hablado —yo lo sabía— con los empresarios, con la CRUE y con las empresas de FP, pero, lo más grave, según lo que he deducido de hoy, sin haber hablado con la ministra de Educación, lo cual me parece realmente gravísimo.
Lamentablemente, no me sorprende mucho esto, porque ya nos tienen acostumbrados —no digo usted, sino su Gobierno— a algunas de estas cuestiones. Creo que Pedro Sánchez en el fondo tiene un poco de alergia al acuerdo en temas educativos, al menos que haya acuerdo entre sus ministros de gabinete porque, si no, se generan problemas gravísimos.
Sé que usted se ha parado a pensar las consecuencias de esta disposición quinta porque usted sabe de educación, pero a lo mejor tiene que transmitirle a su colega de Hacienda y a sus colegas de Empleo que para maquillar algunos de los datos y de las cifras de la Seguridad Social no se puede jugar con todo el sistema educativo.
Les tendrá que decir que están poniendo en brete solamente en la FP a más 700 000 alumnos que tienen en riesgo la titulación, porque con este sistema, como ya le han dicho mis colegas de Comisión, van a tener problemas para sacar los títulos. Usted misma lo ha dicho: Si se obliga a los empresarios a pagar estas cotizaciones —ya se lo adelanto yo— usted sabe que va a haber menos oferta, y esto es dramático para los centros y para los estudiantes.
Si se obliga a los centros a pagarlas, les va a llevar a algunos centros, incluso centros universitarios, a la quiebra porque no tienen previsión presupuestaria para ellos ni la han hecho en este ejercicio y, si se obliga a las comunidades autónomas, responsables mayoritarias de los centros, se está cometiendo una enorme deslealtad que ya han cometido en algunas otras proposiciones de ley como hicieron en su día con la Ley de dependencia o incluso con el Decreto de reversión de recortes educativos que consiste en disparar con pólvora ajena, hacer normas con el dinero del que las comunidades autónomas disponen.
El señor Agirretxea ha hablado del seguro escolar, y le voy a decir que a lo mejor no sabe que habían quitado el seguro escolar en el Decreto de Sanidad Universal y han tenido que recular porque dejaban a los estudiantes sin cobertura. Afortunadamente, de esta chapuza hemos podido salir, pero esto lo habían combinado con la cuestión de las prácticas.
Por tanto, en este sentido creemos que esta norma es un dislate y usted lo sabe. Nosotros lo advertimos con varias preguntas escritas a Empleo. No entiende lo que son las prácticas universitarias ni las prácticas formativas porque las confunden con los contratos de formación en prácticas, y obviamente si usted está por eliminar este dislate, nos va a tener de su lado y va contar con todo el apoyo porque creemos que, como ya se dicho aquí, esto supone un grave perjuicio. Y al hilo de perjuicio y de falta de diálogo entre una parte del Ejecutivo y otra, le quería preguntar por unas declaraciones que su colega de Hacienda ha hecho esta mañana al hilo de una pregunta parlamentaria que también hice yo.
Ha dicho en Espejo Público que va a instar a hacer revisiones complementarias de las declaraciones de hacienda de aquellas familias que se han deducido por las donaciones a centros concertados. Sabe usted que esto, desde mi punto de vista, es un hachazo a la clase media trabajadora y supone una subida encubierta de impuestos; si esto se hace así, puede afectar hasta 3000 euros por familia. Yo le quiero preguntar si en este caso su colega de Hacienda ha hablado con usted, si usted es consciente de esta normativa en la misma línea que lo de las prácticas y qué opinión tiene.
Voy a pasar ahora brevemente al segundo punto de la interpelación, que usted ha pasado al primero, relativo a la derogación de la Lomce. El 9 de diciembre del año 2016 —usted no era ministra de Educación, lo era el señor Méndez de Vigo— su grupo parlamentario presentó a esta Cámara una proposición de ley que debatimos, que Ciudadanos apoyó y que pedía en la parte propositiva la suspensión del calendario de la implantación de la Lomce, así como de las normas que no hubieran entrado en vigor.
Nosotros apoyamos su toma en consideración —luego negociamos con el Partido Popular que se hiciera por otra vía—, y en la disposición transitoria de esa proposición de ley suya, de su grupo parlamentario, se pedía que el Gobierno —entonces el Gobierno del Partido Popular—, tras llevar a cabo un proceso de negociación y diálogo con las administraciones, la comunidad educativa, los interlocutores sociales y las fuerzas políticas, alcanzara un acuerdo político y social sobre las medidas necesarias para el sistema educativo y, a raíz de ese acuerdo político, elaborara una ley que sustituyera y, por tanto, derogara la Lomce.
No sé si tampoco hablan con sus compañeros que estaban antes o tienen amnesia profunda, pero lo traigo a colación porque me da la sensación de que están ustedes en estos momentos bloqueando esa proposición del Grupo Parlamentario Socialista en la Mesa. Esa proposición decía exactamente lo que nosotros pedíamos: que se hiciera una negociación consensuada y que esa negociación consensuada derivara en un proyecto de ley.
Ustedes hablan de acuerdo —ha hablado usted de acuerdo, de consenso y de que ha dialogado—, pero yo no veo de qué acuerdo hablan, porque como pudieron comprobar en el debate de su anteproyecto de ley en el Consejo Escolar del Estado, ha sido de las pocas veces donde han sacado un dictamen —aunque sé que no es vinculante— por los pelos, y distintas asociaciones y colectivos han hecho manifestaciones diciendo que son contrarios a la vía por la que se está tramitando esta ley.
Le voy a decir por qué: porque creo que han hecho un proyecto de ley que no quieren sacar adelante ni ustedes mismos. La prueba de ello es que ha pasado este tiempo y, como ya le han dicho mis compañeros, se les van los plazos. ¿Saben por qué? Porque saben que es un proyecto politizado, que se ha hecho para contentar a algunos de sus socios y, lo más importante, en el que están ustedes haciendo cosas de las que luego se pueden arrepentir, por ejemplo, ceder algunas competencias básicas.
Al hilo de esta afirmación, me gustaría hacerle una pregunta muy concreta que le hice el otro día a su secretario de Estado. El otro día en una entrevista de televisión —está grabada y la puede usted revisar— el conseller Bargalló afirmo que usted, la ministra Celaá, se había comprometido a satisfacer sus exigencias —las de Bargalló— respecto a una nueva redacción de la Ley educativa para que quedara claro que la Generalitat era la máxima autoridad educativa en materia lingüística en las comunidades autónomas y, por tanto, se pudieran evitar procedimientos judiciales como los que están en curso para la defensa de la vulneración de algunos derechos básicos de niños en Cataluña o en Baleares.
Le voy a hacer una pregunta muy clara y muy concreta: ¿esto que ha dicho Bargalló es verdad? ¿Ha llegado usted a un acuerdo con él? Si ha llegado a un acuerdo con la Generalitat en este sentido, ¿nos lo puede explicar? Y, si no es así, le pido, por favor, que desautorice públicamente esas declaraciones de Bargalló que están hechas en televisión y que se comprometa, como debe ser —como yo creo que es, porque creo que no es verdad lo que dijo el conseller—, a que el Estado va a velar por el respeto al artículo 3 de la Constitución en todo el territorio nacional, y usted, como ministra, en primera instancia.
Agradezco mucho que me responda a las tres preguntas concretas que le he hecho: la de Bargalló, la de si la llamaron para negociar el tema de las prácticas y la de si usted ha hablado con la ministra de Hacienda sobre el tema de la concertada; si es algo que forma parte de una política conjunta del Gobierno o si es algo que ha hecho Hacienda sin consultar, como entiendo que ha pasado con las prácticas formativas. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, le voy a dar la palabra a la señora Martínez Seijo.
La señora MARTINEZ SEIJO: Gracias, señor presidente. Señora ministra, gracias, una vez más, por estar nuevamente en esta Comisión. Se nota un cambio. Que una ministra comparezca tantas veces en una Comisión es muestra de la disposición y disponibilidad para hablar de todos aquellos temas que interesan a esta Comisión y que están centrados en la educación.
Comenzaré por la comparecencia sobre las prácticas curriculares y el Decreto 28/2018. Poco más hay que añadir a lo que ya usted ha anunciado. Evidentemente, compartimos el objetivo, que es garantizar una formación práctica de calidad, mediante la realización de prácticas externas curriculares y extracurriculares que mejoren y potencien la empleabilidad de los estudiantes, y los derechos que conlleva su alta en la Seguridad Social durante los periodos de formación y prácticas en empresas.
Pero, como usted ha dicho, lo que tenemos por delante es un futuro incierto, algo que está todavía por definir, y, lógicamente, no nos vamos ahora a detener en hacer futuribles sobre algo que está encima de la mesa y sujeto a una negociación, como se ha avanzado, entre los agentes implicados.
Es cierto que compartimos cierta preocupación sobre la posible implementación y la gestión del alta en la Seguridad Social de los estudiantes y los periodos para que se lleve adelante, pero estamos absolutamente convencidos de que desde este ministerio se van a hacer todas las gestiones teniendo siempre en mente el beneficio de la formación profesional, el beneficio de los estudiantes y, lógicamente, todas las garantías que tiene que conllevar una medida de este tipo.
Así que, por parte de mi grupo parlamentario, le traslado nuestra confianza en el saber hacer de este ministerio y en su capacidad para hablarlo y negociarlo con otros ministerios implicados en el tema.
La ley para derogar la Lomce es para nosotros el asunto prioritario de esta sesión. Ya es la segunda vez que comparece usted en esta Comisión para hablar de este tema y, por tanto, yo entiendo que poco fundamento tienen algunas de las críticas que se han vertido esta mañana por parte de algún grupo parlamentario. Se ha dicho que no hay suficiente participación ni suficiente diálogo.
La voluntad de este Gobierno de hablar con todos los grupos parlamentarios, y no solo en comparecencias sino fuera de ellas, ya dice bastante de su disposición. Hemos dicho muchas veces que se había llegado a un acuerdo previo, firmado el 13 de junio de 2013, por parte de bastantes grupos parlamentarios, así como por otros agentes involucrados en la educación española, concretamente FETE-UGT, Comisiones, STE y Ceapa.
Por tanto, no sé cómo pueden argumentar algunos que este proyecto de ley nace sin consenso y sin diálogo, cuando la comunidad educativa, además, ha salido repetidamente a la calle en contra de una ley que todos sabemos que contó siempre con la crítica y con la resistencia de la comunidad educativa.
Un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid, de 2016, saca a la luz que el 90% de los profesores no creen que la Lomce mejorase absolutamente nada la educación y que en ningún momento se ha visto que fuese necesaria su aprobación como ley ni que fuese a aportar algo positivo a la educación española. Por otro lado, también se ha aludido a la falta de participación.
Yo diría que el trámite de esta ley ha sido abordado ya en dos comisiones generales y en conferencia sectorial, y todas las comunidades autónomas han tenido ocasión de realizar aportaciones, excepto las gobernadas por el Partido Popular, curiosamente, que han estado más interesadas en aportar titulares y falsedades sobre la ley que en hacer los deberes y aportar cuestiones de interés que pudiesen mejorar este anteproyecto.
Como usted ha dicho también, ha habido más de cien colectivos que han realizado aportaciones a lo largo de este proceso y más de cuarenta mil correos electrónicos se han revisado, que entendemos han mejorado sustancialmente este proyecto de ley. A su vez, este proyecto de ley ha sido analizado en el Consejo Escolar del Estado, que también han realizado enmiendas que se han tenido en cuenta.
Por tanto, no tiene ningún sentido decir que esta ley no ha tenido ni consenso ni diálogo ni participación, porque es absolutamente falso, salvo, evidentemente, los de siempre. Esperemos que los que han apelado a la participación y al diálogo se sumen en esta ocasión a ese diálogo y a esa participación y que no se queden los últimos de la clase siendo los únicos que no aporten nada para beneficiar este anteproyecto.
Todos conocemos las modificaciones que la Lomce ha sufrido a lo largo de todos estos años que ha estado implementada en los centros educativos —en los criterios de titulación, en las reválidas, etcétera— y pensamos que todo esto tiene que ser recogido nuevamente y actualizado en una ley.
No hace falta volver a insistir en la necesidad de acabar de una vez con la Lomce y de avanzar hacia una nueva ley educativa, a la que no hay que defender más ya que todos estamos de acuerdo en que se tiene que dar carpetazo a una ley tan reaccionaria y con tanta reacción por parte de la comunidad educativa. Me voy a centrar en las novedades que se han tenido en cuenta en esta última fase y de las que usted ha hablado en su exposición.
Creo que se va a dar una posibilidad efectiva a la ordenación educativa, a la ordenación de todo el sistema educativo. Además, por fin se incluyen los objetivos de la Agenda 2030, que hay que actualizar; hay que pensar en el futuro y en el mundo globalizado en el que nos encontramos, así como en esos objetivos que tenemos que compartir con otros países. Entendemos que se ha dado un paso muy importante, y es que ahora ya se puede hablar de derogación de la Lomce. Ya hay un texto alternativo, algo que, hasta ahora, no había. No se trata de quitar, sino de que se quite para poner algo, que es lo que va a dar consistencia al sistema educativo. Tampoco se trata de eliminar; se van a mantener ciertas cuestiones que funcionaban y han funcionado en el sistema educativo y no tienen por qué alterarse.
Pero sí se trata de recuperar aquellos principios educativos que están sólidamente consensuados y que han sido alterados de una manera importante en la Lomce. Esta ley ha dado un salto cuantitativo y cualitativo desde el mes de noviembre. Se ha mejorado sustancialmente, y nos alegramos de que se hayan tenido en cuenta las numerosas aportaciones que ha habido al anteproyecto de ley, porque sienta las bases para el modelo educativo del futuro y abre puertas para que determinadas cuestiones puedan ser abordadas y desarrolladas con mayor reflexión más adelante.
También es necesario, diría que imprescindible, recuperar la necesaria lealtad institucional en materia educativa, de la que algunos grupos parlamentarios han hablado anteriormente. Es cierto que la Lomce rompió con una excesiva regulación de las materias en primaria, en la ESO y en bachillerato; se generó un lío impresionante de asignaturas y, además, se asumieron ciertas decisiones en la ley que han puesto en duda el estado competencial de las administraciones educativas y que, en principio, no deberían haber estado incluidas por ser una ley básica.
Por tanto, señor Matute y señor Agirretxea, estoy plenamente de acuerdo en que en esta ley se tiene que respetar esa lealtad institucional entre el Estado y las administraciones autonómicas, como no puede ser de otra manera. Estamos convencidos de que todas estas novedades que se plantean en la ley, como la recuperación del modelo de asignaturas que había en la LOE, va a acabar con ese tremendo lío y va a dar mucha más tranquilidad a los alumnos y, sin ninguna duda, a los profesores —es positivo resaltar la eliminación de los estándares de aprendizaje, que ha sido un verdadero quebradero de cabeza para los docentes— y a las familias.
Tenemos que ser claros: a fecha de hoy, ya se puede decir que la Lomce ha sido una ley negativa para el conjunto del sistema educativo. En el último año, se ha incrementado 4 puntos la tasa de fracaso escolar. Los porcentajes de repetición, por ese lío de asignaturas que se han ido acumulando a lo largo de los años, han permitido que se incremente, llegando a alcanzar el 37%, y de una manera desbaratada en la educación primaria, donde se ha incrementado cerca del 16%.
Por tanto, el sistema educativo español no se puede permitir ni esos niveles de repetición ni ese porcentaje de fracaso escolar que acaba desmotivando a nuestros alumnos, que les acaba alejando del sistema educativo, por lo que, en muchos casos, acaban abandonando de manera temprana la educación y la formación, lo que supone un lastre para el sistema educativo.
También supone un gran avance la posibilidad de ir más allá en el desarrollo curricular que usted ha avanzado, y de poder adaptar el currículum según los cambios sociales. ¿Podría avanzarnos si hay alguna modificación más en este sentido? Se lo pregunto para tranquilidad de muchas personas del ámbito educativo que siguen señalando que el currículum educativo es excesivamente férreo, que está excesivamente cargado y que no permite la flexibilidad que demanda un sistema educativo moderno para dar solución a muchos de los problemas de enseñanza y de aprendizaje que tienen nuestros alumnos.
En relación con las lenguas, señora Martín, estoy convencida de que en cualquier comunidad con lengua cooficial comparten conmigo el deseo de que el alumnado tenga plenas competencias, como marca el anteproyecto de ley, en ambas lenguas. Y Lo comparten porque son conscientes de la riqueza de un Estado plurilingüe y de la importancia del castellano como lengua de comunicación común en el Estado español y lengua de comunicación mundial, por eso yo le puedo asegurar que el castellano no está en peligro.
Como castellana y como filóloga, le aseguro que a mí me habría gustado tener la posibilidad de recibir una verdadera formación plurilingüe, porque reconozco la riqueza cultural del plurilingüismo y, además, estoy absolutamente convencida de que cuantas más lenguas, mucho mejor. Lo que no puedo entender es qué tiene usted en contra de ello, en contra de las lenguas cooficiales, señora Martín, porque se trata de un derecho constitucional.
Señorías, esta ley plantea muchas cuestiones urgentes pero también novedosas, más allá de la religión, señor Sánchez. Para nosotros es fundamental sentar las bases para hablar de futuro educativo, que inevitablemente debe mirar hacia la innovación, la equidad y la inclusión, y ello requiere que se haga de la mano del profesorado.
Por eso, estos retos deben hacerse de una manera más pautada, pero creemos que ya en el anteproyecto hay claves importantes que miran hacia un cambio futuro. Yo destaco muchas de ellas, en primer lugar, que se recojan los derechos de la infancia; el compromiso del desarrollo de la carrera docente que usted ha comentado previamente; el desarrollo en la regulación de la educación infantil; los grandes avances en la autonomía de los centros, en la adaptación a sus circunstancias tanto de espacio y horarios como incluso de currículo, y las posibilidades que esta ley plantea para que las administraciones educativas revisen periódicamente los currículos para adecuarlos a los cambios y a las nuevas exigencias de la sociedad española y de su contexto internacional.
A nosotros esto nos parece un verdadero avance, muy significativo, que va a permitir abordar muchas de las cuestiones que portavoces de otros grupos parlamentarios han comentado anteriormente. También vemos como novedad positiva la modificación de los criterios de admisión en los centros educativos, que reducirá la segregación escolar, algo por lo que nosotros como grupo parlamentario también estamos profundamente preocupados.
Es esencial fomentar el hábito y el dominio de la lectura o potenciar planes de fomento de alfabetización en diversos medios, de tecnologías y lenguajes, y también que para ello se pueda contar con la participación de familias y voluntariado. Nos gusta mucho que se potencie el aprendizaje competencial, autónomo, significativo y reflexivo en todas las materias.
Sin duda esto requiere de la complicidad del profesorado, pero es básico para transformar la adquisición de conocimiento tradicionalmente memorístico por un proceso de razonamiento más centrado en la comprensión y resolutivo, así como que se fomente el aprender a aprender como hoja de ruta que permita el aprendizaje a lo largo de la vida.
Hay otra serie de cuestiones que también nos parecen esenciales, como que los centros elaboren sus propuestas pedagógicas atendiendo a su diversidad y que se potencien los programas de cooperación territorial, y aquí tenemos que resaltar los programas de cooperación territorial asociados a la escuela rural, a la insularidad o a la formación profesional.
También vemos muy positivo avanzar en la coeducación y recuperar la educación afectivo-sexual, que, lamentablemente, ha sido tan abandonada en los últimos años en el sistema educativo.
En definitiva, señora ministra, la felicitamos a usted y a su equipo por haber abordado en tiempo récord la multitud de demandas y aportaciones que han llegado de tantas y tantas personas y que sin duda se ven reflejadas en el nuevo texto.
Para el Grupo Parlamentario Socialista se cumplen nuestras demandas y compromisos: se deroga la Lomce, se acometen urgencias y se plantea una línea educativa que nos gusta y que sabemos que se enriquecerá, por lo que le traslado todo nuestro apoyo a este proyecto, que esperamos —como también han manifestado otros grupos anteriormente— que se registre lo antes posible, porque nosotros sí estamos convencidos de que hay una voluntad férrea por parte de este Gobierno de sacar adelante este proyecto de ley.
En este sentido, a nosotros nos van a encontrar trabajando con todas las ganas, porque estamos absolutamente convencidos de la necesidad de derogar esta ley, así como de apostar por un nuevo modelo educativo que verdaderamente dé respuestas al conjunto de nuestros alumnos y alumnas para el presente y para el futuro. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez Seijo. Para concluir el turno de intervenciones de los portavoces, doy la palabra a la señora Moneo del Grupo Parlamentario Popular.
La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señor presidente. Ministra, quiero darle la bienvenida en nombre del Grupo Parlamentario Popular a esta Comisión de Educación. Quiero agradecerle su intervención, aunque evidentemente hay una serie de cuestiones con las que mi grupo no puede estar de acuerdo.
Lamento profundamente, puesto que este era el objeto de su comparecencia a petición del Grupo Popular —tal y como trasladó a la Diputación Permanente—, que usted considere impropio el tema que vamos a tratar hoy aquí o que usted considere como impropia esta comparecencia. Señora ministra, nosotros consideramos que la solicitud de comparecencia relacionada con el decreto aprobado por el Ministerio de Trabajo y convalidado por esta Cámara, y que hace referencia tanto a la prácticas curriculares como extracurriculares, es más que pertinente.
Seguramente, señora ministra, a usted le toca dar cuenta aquí por usted misma, por el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, que nos hemos enterado que está en la Antártida —un sitio muy cercano para resolver esta cuestión—, y por la ministra de Trabajo, que realmente es quien debería haber dado explicaciones en sede parlamentaria. Tuvo ocasión de hacerlo ante la interpelación del propio portavoz del Grupo Parlamentario Popular, y no lo hizo, señora ministra. Ella no da explicaciones, su ministerio regula y usted habla de que el Gobierno se va a oponer a cualquier medida que implique degradar o atacar la calidad del sistema educativo, pero usted también es Gobierno, señora ministra.
Lo único que podemos pensar es que la descoordinación dentro del Gobierno ha sido tremenda. No sé si le compete a usted, si le compete a la señora vicepresidenta del Gobierno o si el Ministerio de Trabajo ha querido agarrarse a las prácticas universitarias para prever lo que hoy hemos conocido, y es que hay 606. 473 afiliados menos a la Seguridad Social, un récord histórico. Si las previsiones que se han hecho por parte del propio ministerio dicen que la medida aprobada por Trabajo puede afectar a 500 .000 estudiantes —lo cual quiere decir que 500 000 estudiantes tienen que cotizar a la Seguridad Social—, la catástrofe que ya se preveía desde la Secretaría de Estado de Seguridad Social podría ser minorada.
No me gustaría pensar que esta es la razón exclusiva de la tensión a la que por parte de este Gobierno —lo cual afecta también a su ministerio y al de Ciencia, Innovación e Universidades— se somete a las universidades, a los centros de formación profesional y a los propios empresarios, porque lo que hemos oído hasta el momento ha sido profundamente contradictorio.
Ante la llamada de la CRUE, que dice que no se le ha consultado para aprobar este decreto, hay manifestaciones por parte del Gobierno que dicen que no van a ser las universidades quienes paguen la Seguridad Social de esos alumnos. ¿Y quiénes lo van a hacer, las empresas? ¿Lo van a hacer las pequeñas empresas que firman convenios con universidades no demasiado grandes en ciudades de provincia y que sirven de soporte para la obtención del título?
Porque los estudiantes van a estar condicionados por esas prácticas a la hora de la obtención del título. Por tanto, señora ministra, claro que está justificada su presencia hoy aquí. Quizá usted debería pedir cuentas a los otros ministerios implicados, tanto al señor Duque como a la señora ministra de Trabajo, pero lo cierto es que, si esta medida sale adelante, no ya solo los universitarios, sino también las prácticas que se hacen en el ámbito de la formación profesional y las propias empresas van a verse atacados y se va a limitar la posibilidad de estas últimas respecto a la firma de convenios para formar a estudiantes y que estos obtengan el título.
Por eso queremos que usted se manifieste en esta Comisión de la forma más clara posible, no como hizo la ministra de Trabajo, y nos diga si está de acuerdo con el decreto aprobado por el Ministerio de Trabajo. Por supuesto que nosotros vamos a presentar enmiendas, pero usted es Gobierno y como directamente afectada tiene que decir en esta Comisión si está de acuerdo con el Ministerio de Trabajo en cuanto a la regulación del decreto sobre prácticas universitarias y de formación profesional curriculares y extracurriculares.
Paso a la segunda cuestión a la que usted ha hecho referencia a lo largo de su intervención. Señora ministra, qué quiere que le diga. Le agradezco su intervención, pero la música no concuerda con la letra. Mucho tendrá que cambiar su proyecto de ley para dar credibilidad a algunas de las cuestiones que usted ha planteado en esta Cámara.
Es la segunda vez que viene a esta Comisión a hablarnos de la Lomce, o mejor dicho a hablarnos de cómo se deroga la Lomce —lo ha dicho también la portavoz del Grupo Socialista—, porque la verdad es que parece que el único objetivo de todo este revuelo en el que ustedes han instalado al sistema educativo español sea demostrar que ya se han cobrado su presa, y que esa presa además se la han entregado a sus socios de Gobierno, que es el Grupo Podemos.
Yo lamento que ustedes hayan elegido esos socios instalados en la extrema izquierda, que hayan elegido para reformar el sistema educativo a la extrema izquierda, esa izquierda de discurso de facultad, esa izquierda que ataca los principios básicos de la Constitución española, la concertada…
Por cierto, hablando de la Comunidad de Madrid, como ha hecho referencia el Grupo Podemos, yo les invitaría a que se enterasen de quién ha gobernado durante estos años en el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, que también puso suelo público para construir un centro concertado. No demonicemos a nuestros socios de Gobierno y menos a los señores de Podemos. (Protestas por parte del señor Sánchez Serna). Un centro concertado, señorías, no se pongan ustedes nerviosos.
Por cierto, esa izquierda que ahora intenta defender y convertirse en adalid ¿de quién? De la defensa de los discapacitados y de las discapacitadas. Pues yo le diría a esa izquierda que para que muchas de esas personas discapacitadas acudan a los centros educativos lo primero que tienen que hacer es nacer, y les invitaría a leer un maravilloso artículo de Juan Manuel de Prada, que se ha publicado en estas fechas, y a fijar su posición respecto al aborto eugenésico antes de convertirse en los firmes defensores de los discapacitados intelectuales, porque la inmensa mayoría de ellos, gracias a determinadas medidas que defiende la extrema izquierda de este país, ni siquiera tienen la ocasión de nacer.
Pues bien, esos son sus socios de Gobierno, no somos el Partido Popular. A ustedes les importa poco lo que pueda decir el Partido Popular, que ha tenido hasta hace escasas fechas la responsabilidad de Gobierno, que gobierna en comunidades autónomas.
Están en su derecho. Se levantaron de un pacto por la educación con una disculpa económica. Yo espero que usted llame al Grupo Socialista y le pida que presente una enmienda a los presupuestos por un importe de 1.500 millones de euros que usted pueda gestionar en su ministerio, puesto que esta fue la disculpa que utilizaron —hay que ser coherentes con ese discurso que han mantenido a lo largo de estos meses— para levantarse del pacto por la educación.
Y espero además que sean coherentes dentro de ese nuevo texto legislativo sometiéndolo otra vez a un periodo de consultas, porque de lo que usted nos ha expuesto aquí, en relación con el primer documento que se sometió a consulta, al posterior en el que dieron fecha ustedes a las asociaciones y al conjunto de la sociedad para hacer aportaciones hasta el 10 de noviembre, cuando el 7 de noviembre ya conocíamos el texto por parte del ministerio…
Por cierto, no hemos conocido tampoco, señora ministra, las conclusiones de las diferentes aportaciones que hicieron el conjunto de los ciudadanos, las asociaciones, etcétera. Decía la portavoz del Grupo Socialista: es que la Ceapa, Comisiones, UGT, etcétera, están de acuerdo con lo que nosotros vamos a hacer. ¿Y el otro 50% de las asociaciones, incluido el sindicato de la escuela pública, ANPE, que ha ganado las elecciones sindicales?
Pero, bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una reforma que ustedes van a traer a la Cámara —en su derecho, son Gobierno— acompañados de los señores de la extrema izquierda y de los separatistas —esa es la realidad— y apartando al partido más votado por los españoles en las pasadas elecciones, un partido que a ustedes les ha ofrecido un pacto, y además vienen con una reforma hecha en tiempo récord, y como todas las reformas hechas en tiempo récord no puede ser sino un sucedáneo de lo que ustedes han defendido siempre en educación.
Ustedes vienen con la reedición de la LOE, esa es la verdad, señora ministra, ese es el texto legislativo que ustedes han trasladado al Consejo Escolar del Estado para hacer aportaciones. Por eso le digo que la letra y la música no coinciden, señora ministra. Ha venido aquí y nos habla de digitalización. Pues tendrá usted que cambiar mucho el texto legislativo para que veamos algún signo de modernidad, de innovación y de digitalización del sistema educativo en el proyecto inicial que ustedes han planteado.
Nos ha dicho que uno de los principios rectores es el interés superior del menor conforme a la Convención de Defensa de los Derechos del Menor. ¿Quién delimita el interés superior del menor, el Estado o los padres? Porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que defiende el interés superior del menor, dice que los padres son los primeros responsables a la hora de la defensa del interés superior del menor.
Señora ministra, usted nos trae aquí también una reforma profundamente ideológica. Ustedes, que se hinchan a decir que el Grupo Parlamentario Popular ha trasladado la ideología a las aulas, traen una reforma que despoja a las familias del derecho que les corresponde como primeros responsables de la educación de sus hijos. Si no acláreme quién va a velar por el interés superior del menor, si el Estado o los padres.
En segundo lugar, ha hablado usted de una escolarización proporcional repartida de los alumnos con necesidades educativas específicas. ¿Cómo piensa articular eso, señora ministra? ¿Los niños con necesidades educativas específicas, con discapacidad, van a ser una cuota repartida a lo largo de todo el sistema educativo? ¿Cómo piensa usted trasladar al sistema educativo uno de los pilares fundamentales no ya de la Estrategia 2030, a la que usted ha hecho referencia, sino de la Estrategia 2020, que es la transparencia y la rendición de cuentas?
La transparencia y la rendición de cuentas no se pueden hacer a través de evaluaciones opacas —no, señora ministra— ni muestrales. Si usted quiere evaluaciones que tengan consecuencias en el sistema para la mejora de los defectos del mismo —le estoy hablando de evaluaciones para la mejora del conjunto del sistema—, tienen que ser censales y externas, y dar al sistema educativo transparencia para que las familias conozcan cuál es la realidad del sistema educativo, para que los profesores conozcan cuál es la realidad del sistema educativo y para que usted, que está en el Gobierno, y las diferentes comunidades autónomas, que representan a las administraciones educativas, pueden tomar decisiones.
Esa también es una diferencia entre ustedes y nosotros, porque nosotros creemos en las personas. La persona no puede diluirse en el conjunto del sistema, cada alumno necesita una medida específica de apoyo, de ayuda para que pueda pasar etapa tras etapa. Eso no se consigue con una evaluación muestral, señora ministra, ese es un mal indicador.
Nosotros le pedimos que revise su modelo de evaluación, que es absolutamente contraria a aquellas evaluaciones que han permitido a otros sistemas ser más avanzados y dar mejores resultados. Por cierto, cuestión que también contempla la Estrategia 2020: la necesidad de reforzar conocimientos, capacidades y competencias, pero orientadas hacia los resultados. Esos resultados no se van a mejorar si no se toman medidas reales, evidencias empíricas y perfectamente contrastadas. Ha hablado usted también del profesorado.
El señor presidente me está diciendo que vaya acabando. Voy acabando, señor presidente. Ha hablado usted de los profesores y de los directores. Señora ministra, ¿cómo piensa usted defender a los profesores si en su propuesta se diluye la propia autoridad del profesor, la propia capacidad de los directores a la hora de tomar decisiones?
Porque su capacidad a la hora de tomar decisiones queda diluida por el conjunto del equipo, por órganos absolutamente colectivos, hasta en el paso de curso. Por cierto, ustedes siguen empeñados en rebajar la calidad del sistema haciendo un paso de curso absolutamente ficticio. Su obligación es que el alumno vaya pasando de curso. Usted critica la Lomce porque dice que incrementó las repeticiones.
Es cierto que incrementó las repeticiones, sobre todo en primaria. ¿Sabe por qué? Porque se permitía repetir en primero, en tercero y en quinto, cosa que prohibía la LOE. Pero la cuestión no es cerrar el paso a las repeticiones por prohibición, sino ayudando a los alumnos. Ustedes dicen que han acabado con los itinerarios.
No es cierto, señora ministra, ustedes no han terminado con los itinerarios, ustedes tienen itinerarios. De hecho los alumnos van a poder titular en educación secundaria a través de la vía ordinaria, a través de los diferentes itinerarios, a través de la formación profesional básica, y a través de esos programas que vienen a sustituir a los antiguos PMAR y que ustedes trasladan a cuarto.
Es decir, ustedes establecen una vía absolutamente laxa para que se titule en educación secundaria obligatoria. ¿Y sabe qué pasa? Que eso es engañar al alumno y a sus familias, porque cuando nuestro objetivo es que un mayor número de alumnos pase a la educación secundaria media, hacia el bachillerato y la formación profesional de grado medio, engañar a esos alumnos y a esas familias es conducirles al fracaso.
Termino, presidente. Por último, señora ministra, también habla de la estrategia de una inversión sostenible de calidad, de eficiencia, en los sistemas de educación y formación. Se lo he dicho antes cuando hablaba del presupuesto. Nosotros hemos defendido a lo largo de estos años —y no piense encontrarse una enmienda de 1.500 millones por parte del Grupo Popular, porque no vamos a ser incoherentes con lo que hemos defendido— que un sistema educativo tenía que ser eficiente y transparente, que tenía que saber perfectamente a qué dedicaba cada uno de los recursos, pero ustedes se agarraron —igual que el Grupo Podemos que ahora le sigue pidiendo financiación— al mantra de la financiación para desbaratar lo que podía haber sido un gran acuerdo. ¿Qué van a hacer ustedes con la financiación, señora ministra?
Quiero que nos diga qué piensa hacer con la financiación y a qué va a dedicar todos y cada uno de los recursos. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
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