viernes, 15 de febrero de 2019

SIN PRESUPUESTOS DEVUELTOS POR PP, Cs y NACIONALISTAS



Montero: “Estos presupuestos son un órdago a la desigualdad y una oportunidad para recuperar la confianza de la ciudadanía”

La ministra de Hacienda lamenta que el independentismo vote contra unas cuentas “buenas para Cataluña” y que la derecha rechace unos PGE “sociales”. “Votan juntos para rechazar la recuperación de derechos. ¿No será que viven mejor en la confrontación que en las soluciones?”, cuestiona.

La ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, defendió este martes en el Congreso de los Diputados el proyecto de Presupuestos Generales del Estado del Gobierno de Pedro Sánchez. Montero sostuvo que estas cuentas son las que España necesita para fortalecer el Estado de bienestar tras siete años de austeridad y recortes del PP, destacó las principales medidas sociales que contienen, y criticó la irresponsabilidad de las derechas, que se niegan a recuperar derechos, y de los independentistas, que también han presentado enmiendas a la totalidad.

La intervención de Montero, que comenzó a mediodía de este martes, marcó el comienzo del debate, que proseguirá, ya en la tarde, con la intervención de los grupos que han presentado una enmienda de devolución. El miércoles será el turno de fijación de posición del resto de partidos. Una vez la ministra responda a todos ellos, se producirá la votación, también el miércoles. Será entonces cuando el Congreso decida, por mayoría simple, si tramita o devuelve el proyecto de presupuestos presentado por el Ejecutivo socialista.
Enmienda a la totalidad al PP

La ministra presentó estas cuentas como una auténtica enmienda a la totalidad a la política de austeridad ideológica impuesta por el PP en su etapa de Gobierno. Las medidas del anterior ejecutivo, explicó, fueron “erróneas” porque “agravaron” la dureza de la crisis, “incrementaron la pobreza”, “redujeron el Estado de bienestar” y subieron los impuestos en más de 60 ocasiones. Y, por si fuera poco, ahondó la titular de Hacienda, fueron “políticas inútiles” que no impulsaron el cambio de modelo productivo ni cumplieron los objetivos de déficit y deuda.

“Con las excusa de la crisis, el PP implantó la austeridad a ultranza para privatizar servicios y recortar derechos y libertades”, dijo Montero, que presentó las cuentas socialistas como la demostración de que “es posible otra forma de hacer política, poniendo en el centro a las personas”. El Gobierno, añadió, quiere un crecimiento “inclusivo y sostenible”, “redistribuir el crecimiento”, fortalecer la clase media y proteger a los colectivos vulnerables. “Con las cuentas de la España moderada, cabal y progresista que quiere conquistar el futuro”, resumió.
Medidas para la justicia social

Para conquistar esos objetivos, la ministra recordó el amplio paquete de medidas sociales que contiene el proyecto de presupuestos. Así, recordó que 9,5 millones de pensiones subirían un 1,6% en términos generales, cifra que subiría al 3% en el caso de las mínimas y al 7% en el de las de viudedad; también recordó que 7 millones de pensionistas y familias con rentas bajas dejarían de abonar el copago farmacéutico, y que la inversión en dependencia, “la gran olvidada del PP” en palabras de la ministra, se incrementaría en un 59%.

Además, se recuperaría la prestación para mayores de 52 años, se incrementaría en un 10% la partida para becas y se duplicarían las ayudas para libros de texto. Y, como medida muy destacada, Montero puso el foco en la subida del salario mínimo, que beneficia a 2,5 millones de trabajadores y que estimula el consumo, beneficia a las personas más vulnerables, reduce la brecha salarial de género y contribuye al sostenimiento de las pensiones. “Porque un país rico –recalcó– no se puede permitir tener trabajadores pobres”.




El paquete social de estos presupuestos se completa con medidas para los jóvenes –como el plan de vivienda, el plan de choque para el empleo juvenil o la bajada de tasas universitarias–, contra la pobreza infantil –como las ayudas para comedores y la implantación del ingreso mínimo vital–, para atajar la brecha de género –como la bajada del IVA de productos de higiene femenina, los 220 millones contra la violencia de género y la universalización de la escuela de 0 a 3 años– y para fomentar el cambio de modelo productivo en España.
Construir país

Por todo ello, la ministra llamó al resto de grupos a permitir la tramitación de los presupuestos para “construir país”. Porque “construir país”, agregó, “no depende de quién tiene la bandera más larga, sino de la capacidad de llegar a acuerdos en beneficio de los ciudadanos”. “Tienen la oportunidad de contribuir a la construcción de este país. Estos presupuestos son el primer paso para recuperar el contrato social roto durante la crisis y recuperar la confianza de la ciudadanía”, dijo la ministra, que llamó a “debatir” estas cuentas y “hacer política”.

De PP y Ciudadanos, Montero dijo no “esperar nada” en vista de su “actitud irresponsable”. “Están en una escalada de crispación absolutamente irresponsable. Compiten por encender la mecha de un polvorín sin importarles las consecuencias para la convivencia. Se han convertido en una oposición dañina y retrógrada”, les espetó. Al resto de grupos, y en especial a los independentistas, les pidió que “reconsideren” sus enmiendas a la totalidad para “beneficiar a todos los ciudadanos” y no “unir sus votos a los que quieren que este país no avance”.


Rechazados los presupuestos más sociales de la democracia

PP, Ciudadanos, ERC y PDeCAT devuelven las cuentas del Gobierno socialista, que beneficiaban a la mayoría social de este país.

El Congreso de los Diputados aprobó este miércoles las enmiendas a la totalidad al proyecto de presupuestos del Gobierno de Pedro Sánchez, lo que implica que las cuentas no se seguirán tramitando. El PP, Ciudadanos, ERC y el PDeCAT se unieron en contra de las cuentas del Ejecutivo socialista, que beneficiaban a la mayoría de este país.

Estos presupuestos eran un órdago a la desigualdad, acababan con los recortes del PP y atendían los problemas cotidianos de la gente. Casi seis de cada diez euros iban destinados a gasto social, un 6,4% más que el año pasado. Eran los presupuestos más sociales de la democracia.

Las cuentas tenían tres grandes objetivos: en primer lugar, lograr un crecimiento económico más inteligente, sostenible e inclusivo; en segundo lugar, fortalecer las políticas sociales, el Estado del Bienestar y redistribuir la riqueza, impulsando la clase media y protegieron a los colectivos más vulnerables; y, finalmente, reducir el déficit y la deuda para cumplir con Europa.

El PP y Ciudadanos decidieron votar en contra porque se han radicalizado y están inmersos en una batalla con la ultraderecha que les ha llevado a desentenderse de los intereses de la ciudadanía. En lugar de procurar que la gente viva mejor, han optado por una actitud irresponsable y peligrosa: son una oposición dañina, destructiva y retrógrada.

Frente a unos presupuestos que apostaban por la igualdad y la justicia social, el PP y Ciudadanos insisten en un modelo fracasado: el de la desigualdad, los recortes y la pobreza que impuso el Gobierno del PP; un modelo injusto que empobrece a las clases medias y trabajadoras, destruye el Estado del Bienestar y que hizo que España incumpliera los objetivos de deuda y déficit.

Los independentistas, por su parte, se equivocaron al pensar que el Gobierno aceptaría lo inaceptable: los socialistas apostamos por el diálogo y no miramos hacia otro lado ante los problemas, pero no negociamos al margen de la Constitución. El Gobierno ni quiere ni puede rebasar ese límite, porque ir contra la unidad del país y la convivencia sería muy negativo.


Quienes han votado no a estos presupuestos han votado no a todas estas políticas concretas:

  • El mayor incremento del salario mínimo interprofesional de la democracia: de 736 a 900 euros.
  • Subida de las pensiones: 1,6% para las generales, 3% para las mínimas y no contributivas y 7% para las de viudedad.
  • Subida del salario de los funcionarios de entre el 2,25% y el 2,75%.
  • Recuperación del subsidio para mayores de 52 años, que beneficiaría a 114.000 personas.
  • 670 millones para un plan de choque de empleo joven.
  • 885 millones en bonificaciones para la contratación indefinida y favorecer el empleo digno de colectivos como personas con discapacidad, personas en riesgo de exclusión social, mayores de 45 años, jóvenes y víctimas de violencia de género.
  • Incremento del 4,7% en las partidas para políticas activas de empleo.
  • Incremento de 831 millones en la partida para atender a las personas con dependencia.
  • Recuperación de la cotización para las personas cuidadoras de personas con dependencia.
  • Eliminación de los copagos en los medicamentos para pensionistas y familias con rentas bajas, lo que beneficiaría a 7 millones de personas.
  • Subida del 10% de la partida de becas.
  • Bajada de tasas universitarias.
  • 100 millones de euros para ayudas para libros de texto, el doble que el año pasado.
  • Promoción de la escuela de 0 a 3 años.
  • Ingreso mínimo vital para sacar a 82.000 niños de la pobreza severa.
  • Ampliación de los permisos de paternidad de 5 a 8 semanas.
  • Deducción en el Impuesto de Sociedades para las empresas que incorporen a mujeres a su consejo de dirección.
  • Bajada del IVA de los productos de higiene íntima femenina para acabar con la tasa rosa y equipararlos a bienes de primera necesidad.
  • Incremento del 10%, hasta los 220 millones, para luchar contra la violencia de género.
  • 137 millones de euros para promover alquileres a precios asequibles.
  • 145 millones de euros para apoyo a pequeñas y medianas empresas.
  • Rebaja de dos puntos en el Impuesto de Sociedades para una de cada cuatro empresas, que facturan menos de un millón de euros.
  • Subida de 357 millones en las partidas para I+D civil.
  • 300 millones de euros para favorecer la eficiencia energética y la apuesta por las energías renovables.
  • Aumento del 10% en la partida de Cultura, hasta los 953 millones de euros.
  • 15 millones de euros para memoria histórica.
  • 973 millones de euros de inversión real en infraestructuras, un 26,6% más que en 2018, lo que permitiría crear 285.000 puestos de trabajo.
  • 329 millones para carreteras, con el fin de reducir los accidentes y la mortalidad.

Sánchez anuncia elecciones generales el 28 de abril: “España debe continuar avanzando”

El presidente del Gobierno anuncia su decisión de "dar la palabra a los españoles" y hace balance de la acción de su Ejecutivo. Sánchez subraya su apuesta por la “política útil, la tolerancia, el respeto, el sentido común y la moderación”, para construir “la España que queremos” con “redistribución de la riqueza, ampliando derechos y libertades y fortaleciendo la cohesión social y territorial”.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, anunció este viernes que ha comunicado al Rey Felipe VI la propuesta de disolver las Cortes Generales y convocar elecciones generales el próximo 28 de abril. Sánchez explicó su decisión como la respuesta a la “disyuntiva” que se le ha planteado tras el “bloqueo”, por parte del Congreso, a la tramitación de “unos presupuestos sociales”: gobernar con una prórroga presupuestaria o “creer que España no tiene un minuto que perder, que necesita avanzar y no dar pasos atrás”. “Y entre no hacer nada y seguir sin presupuestos o dar la palabra a los españoles –apuntó–, elijo la segunda”.



El líder socialista subrayó que España “debe continuar avanzando y progresando desde la tolerancia y el respeto, desde la moderación y el sentido común, excluyendo la política de la crispación, con empleo de calidad, redistribuyendo la riqueza, consolidando la ampliación de derechos y libertades y fortaleciendo la cohesión social y territorial como única garantía para conservar la unidad de España”. “España es de sus ciudadanos, no de ningún partido. Los ciudadanos deberán decidir si damos pasos hacia atrás o avanzar. Los españoles decidirán con su voto, y lo que decidan siempre será un gran acierto”, recalcó.

En la misma comparecencia en Moncloa, el presidente hizo balance de la acción de su Ejecutivo desde la moción de censura. Una moción que se abrió paso tras la condena al PP por financiación irregular y enriquecimiento ilícito, y tras años de “parálisis legislativa” y desatención a las “urgencias sociales de buena parte de la ciudadanía”, y que sirvió para marcar un nuevo horizonte y conformar un Gobierno de “personas capaces”, “abierto”, “no partidista” y que ha abordado las necesidades del país desde “convicciones progresistas, de izquierdas” y “con un firme compromiso”: “Gobernar para la mayoría; unir y no enfrentar a los españoles”. Se ha trabajado 8 meses con una hoja de ruta: 1) construcción de un crecimiento respetuoso con el medio ambiente y el empleo digno, 2) reconstrucción del Estado del Bienestar para redistribuir, y 3) reforzar las instituciones democráticas.









Como ejemplos de lo logrado en estos meses, Sánchez explicó que se ha trabajado en tres ejes: la consolidación del crecimiento económico y el empleo digno, la reconstrucción del Estado del bienestar y la redistribución de la riqueza y el reforzamiento de nuestras instituciones democráticas. El presidente citó medidas como el Plan de Trabajo Digno, la subida del salario mínimo interprofesional y la mejora de la protección a los autónomos. También la reuniversalización de la Sanidad pública, la mejora de las becas y las pensiones, el impulso al pacto de Estado contra la violencia de género y la lucha contra la pobreza infantil. Y, finalmente, la propuesta para acabar con los aforamientos, la reactivación de conferencias sectoriales y bilaterales y el cumplimiento del mandato del Congreso para exhumar a Franco, entre otras medidas de regeneración.

Además, denunció el “filibusterismo parlamentario” de PP y Ciudadanos, que han impedido que se tramiten medidas como la ley de eutanasia, la derogación de la ley mordaza, la derogación de la reforma laboral, la modificación del voto rogado, la ley de igualdad laboral y contra la brecha salarial, la ley sobre bebés robados y medidas contra la pobreza energética, entre otras cuestiones. Sobre la crisis territorial, apuntó que “la voluntad del Gobierno siempre ha sido la misma”: “Hablar y dialogar dentro de la Constitución para encontrar una solución”. “Dentro de la Constitución, todo; fuera de la Constitución, nada. Y eso lo han sabido todos los gobiernos autonómicos y la oposición durante estos ocho meses, en los que no he contado con la lealtad al Estado de la oposición conservadora”, concluyó.

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