La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Muchas gracias, presidenta. Señor
presidente, señorías, buenos días a todos y a todas.
Subo a esta tribuna para solicitar a la Cámara que permita la tramitación de los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2019, y lo hago, señorías, porque creo que estas cuentas públicas plasman las
prioridades, los objetivos y las directrices que marcan la actuación de este Gobierno y que en el caso de
estos presupuestos se expresan meridianamente: en primer lugar, porque el presupuesto pretende
proteger el crecimiento económico del país, reorientar hacia un desarrollo más inteligente, inclusivo y
sostenible.
En segundo lugar, porque fortalece las políticas sociales, el Estado del bienestar y redistribuye
la riqueza para que los beneficios de este crecimiento económico lleguen al conjunto de la sociedad… y especialmente a la clase media y a
los colectivos más vulnerables, aquellos que más han sufrido durante estos años de crisis. En tercer lugar,
porque continuamos con la reducción del déficit público y de la deuda pública, cumpliendo así con el
compromiso con nuestros socios europeos y garantizando la estabilidad y la sostenibilidad de las cuentas
en el presente pero sobre todo en el futuro.
Señorías, hace escasamente ocho meses se celebró en esta Cámara una moción de censura contra
el Gobierno presidido por el señor Rajoy como consecuencia de la sacudida social que supuso conocer la
sentencia de la Gürtel y la incapacidad del entonces presidente de asumir en primera persona las
responsabilidades políticas que la mayoría de este Parlamento y de los españoles y españolas le
reclamaban. Apostamos en aquel momento por la puesta en pie de una España moderada, cabal,
dialogante, progresista, que quiere conquistar su futuro y que no quiere regresar al pasado.
Señorías, en
este Gobierno, en apenas ocho meses, hemos hecho más por la justicia social, la regeneración democrática
y la modernización de nuestra economía que en los siete años previos (aplausos), y hemos elaborado y
presentado unos Presupuestos Generales del Estado que sometemos hoy a votación en este debate de
totalidad. Son los presupuestos que creemos que este país necesita en este momento del ciclo económico
y que objetivamente son buenos para el conjunto de la ciudadanía, vivan donde vivan. Son unas cuentas
que apuestan por la igualdad de oportunidades, por mejores servicios públicos, por recuperar derechos
que se arrebataron durante la crisis, con un crecimiento sólido y sostenible que nos permita ser más
competitivos y también por una justicia social que redistribuya esa riqueza.
Son unos presupuestos,
señorías, que intentan aportar soluciones a los problemas cotidianos de la gente: el salario que no llega a
fin de mes, el pago del recibo de la luz o el cuidado de un familiar que está esperando la prestación de
dependencia. Es decir, son unos presupuestos diseñados pensando en las necesidades y las esperanzas
de todos los ciudadanos; esperanza en un futuro mejor para que nuestros hijos e hijas tengan también la
capacidad de desarrollar su proyecto vital, una sociedad más igualitaria que combata la lacra de la
violencia machista o un mercado de trabajo que ofrezca empleos más dignos. De eso, señorías, van estos
presupuestos, y eso es lo que tenemos que debatir aquí y ahora. (Aplausos).
Voy a intentar demostrarles con argumentos y datos por qué los grupos de esta Cámara deberían
permitir su tramitación parlamentaria y, por tanto, rechazar las enmiendas a la totalidad que se han
presentado aunque, señorías, todo indica —por las declaraciones realizadas— que el independentismo
votará en contra de unos presupuestos sociales buenos para Cataluña y la derecha en contra de unos
presupuestos sociales buenos para España. Son, señorías, unos y otros los que votan juntos para rechazar
la recuperación de derechos que merece la ciudadanía. ¿No será, señorías, que viven mejor en la confrontación que en las soluciones? (Aplausos).
Por eso, antes de entrar en el detalle de los presupuestos,
voy a referirme, si me lo permiten, a la intolerable escalada de crispación que se ha generado en estos
últimos días de forma absolutamente irresponsable por parte del Partido Popular, Ciudadanos y también
por la formación política con la que dicen no compartir ideario pero a la que parecen querer invitar o, lo
que sería aún peor, por la que se están dejando arrastrar. Verán, me hubiera gustado que este debate
presupuestario no se hubiera producido justamente en esta semana de inicio del juicio del procés.
Se lo
digo con total sinceridad, creo que ha podido influir en la polarización de los distintos posicionamientos
políticos, dificultando en extremo el debate serio y reflexivo que se requiere a propósito de las cuentas
públicas que este país necesita. Dicho lo cual, es evidente que la justicia como poder independiente
organiza su actividad en los plazos y la forma que entiende mejor. Los jueces y fiscales de este país tienen
una ardua tarea que tenemos que reconocerle como sociedad y combatir cualquier tipo de injerencia en
su labor independiente.
Pero, verán, a lo largo de la semana pasada se ha podido oír, ver y escuchar interpretaciones de
todo tipo a propósito de cómo estaba encarando el Gobierno la negociación de los presupuestos con los
distintos grupos parlamentarios, particularmente con respecto a las enmiendas a la totalidad que
anunciaron tanto PDeCAT como Esquerra Republicana de Cataluña. Señorías, creo que lo he dicho
claramente en numerosas ocasiones, pero lo voy a decir aquí de nuevo en el día de hoy para que todos
los ciudadanos y ciudadanas de este país sean testigos y quede reflejado en el Diario de Sesiones.
Este
Gobierno ha ofrecido a todos los grupos de la Cámara un proceso de negociación que permitiera la
tramitación primero y su aprobación después del proyecto de unos Presupuestos Generales del Estado
que son necesarios y positivos para este país. Así, ha recibido aportaciones de algunos de esos grupos;
algunos grupos, como Unidos Podemos, han realizado una contribución exigente, en algunas medidas
discrepante, pero globalmente muy positiva al actual proyecto. Agradezco el compromiso y el esfuerzo
compartido. Hemos trabajado mucho y hemos trabajado bien. (Aplausos).
A otros, sin embargo,
como PP o Ciudadanos, no les ha interesado lo más mínimo porque se han desentendido de los
intereses de los conciudadanos a los que solo miran como votantes y no como lo que son, mujeres y
hombres que merecen que sus instituciones les ayuden a tener una vida cada día un poco mejor.
Y hay
un tercer grupo, los que se declaran independentistas, que tuvieron la ensoñación de que el Gobierno
iba a aceptar lo inaceptable a cambio de su apoyo. Señorías, se equivocaron de medio a medio, porque
la obligación de un gobernante es que las cosas vayan lo mejor posible y semejante posible es
radicalmente incompatible con pedir lo imposible, como es que adoptemos medidas o actitudes ajenas
a nuestras competencias constitucionales o que atenten contra la división de poderes y contra principios
y valores fundamentales de nuestro ordenamiento constitucional.
Y lo hemos dicho con claridad: este
Gobierno no va a ceder a ningún chantaje por parte de nadie; este Gobierno no va a admitir en ninguna
circunstancia que en ningún orden del día esté el derecho de la autodeterminación para Cataluña, no lo
vamos a hacer, como ya lo hemos expresado una y otra vez, señorías de Esquerra y del PDeCAT.
(Aplausos). Ni podemos ni queremos, porque tal planteamiento sería nocivo para toda España y muy
especialmente para Cataluña.
Creo que hemos sido transparentes y leales en todo este tiempo.
Siempre siempre hemos apostado
por la vía del diálogo político dentro del marco de nuestra Constitución. Ese ha sido siempre nuestro límite
a la hora de dialogar. Hemos trabajado y seguimos haciéndolo por tender todos los puentes desde la
política, porque es nuestra responsabilidad, señorías, y porque es lo que quiere la inmensa mayoría de los
ciudadanos de este país. Pero tenemos que dejar claro el perímetro de negociación: nada fuera de nuestro
ordenamiento constitucional, nada que atente contra la independencia de poderes, nada que menoscabe
la convivencia entre ciudadanos y ciudadanas. Siempre hemos defendido lo mismo, en el Gobierno o en
la oposición.
De hecho, en su intervención del día de la investidura, el presidente Sánchez empezó
justamente hablando del primer párrafo del artículo 1 de nuestra Constitución, el que hace referencia a
que España es un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores del
ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, el pluralismo político y la igualdad. Y hoy, como entonces,
reivindicamos la vigencia de nuestra Constitución, de la que hace escasamente un par de meses en esta
Cámara tuvimos ocasión de celebrar el 40.º aniversario.
Porque, señorías, gracias al diálogo de las fuerzas
políticas, hace cuarenta años conseguimos la democracia y la libertad que tanto anhelábamos y que
hemos podido disfrutar durante las décadas previas. Contamos con una Constitución que es patrimonio
de todos los españoles, también de los que expresaron serios reparos a su título VIII y también de los que
desean una reforma para adecuarla mejor a los nuevos tiempos que vive España y el mundo.
Señorías, nuestro texto constitucional reconoce que somos un país diverso, que somos un país plural
y, por tanto, con una estructura territorial y política que reconoce la autonomía de las nacionalidades y
regiones para su autogobierno dentro de la unidad de España. Nacionalidades y regiones, señorías, y no
deja de llamar la atención que algunos se revuelvan en sus escaños simplemente porque se cite la
literalidad del artículo 2 de la Constitución española, el mismo que consagra la unidad de nuestra patria
común.
Y aquí estamos, señorías, cuarenta años después, volviendo a reivindicar ese espíritu de consenso
y de acuerdo, del valor de la palabra, del valor del diálogo como fórmula para avanzar como sociedad y
también del valor de la concordia, que es otro principio rector que nunca debe separarse de un responsable
político. Con frecuencia oigo a dignos representantes de esta Cámara hablar con respeto, yo diría que
hasta con devoción, del presidente Adolfo Suárez, al que tanto debe la democracia en España.
No deja
de llamar la atención que algunos de los que lo elogian al mismo tiempo exhiban una actitud política que
está en las antípodas de los modos y de las maneras con las que el presidente Suárez desempeñaba su
función. Es más, algunos de los que dicen tener en él un modelo de comportamiento lanzan contra quien
es hoy el presidente del Gobierno la misma catarata de insultos, invectivas y descalificaciones que Adolfo
Suárez sufrió en su momento. (Aplausos). No los voy a repetir, señorías, porque me da cierto pudor que
aparezcan en el Diario de Sesiones. (Rumores).
Pero entiendo que también es lamentable
que algunas formaciones políticas pretendan erigirse en los propietarios del texto constitucional.
(Rumores). No, señorías, la Constitución pertenece a
los ciudadanos y a las ciudadanas de este país, no es patrimonio particular de ninguno de ustedes y no
tienen derecho a manosearla ni a utilizarla como arma arrojadiza, intentando generar enfrentamiento y
división.
Señorías, hay posiciones que directamente no se sostienen.
Acusar de ilegitimidad a un Gobierno
elegido mediante un proceso impecablemente constitucional, como es la moción de censura, supone
atacar la Constitución. (Aplausos). Y hay grupos en esta Cámara que lo están haciendo desde el primer
día. Por tanto, señorías, hago un llamamiento a la responsabilidad. Todos los aquí presentes deberíamos
intentar hacer un ejercicio de mesura porque nuestro país está en una encrucijada. Lleva en ello, señorías,
demasiado tiempo, entre otras cuestiones como consecuencia de la inacción del anterior Ejecutivo del
Partido Popular, que no supo afrontar con acierto las tensiones territoriales y el auge del independentismo
en Cataluña; antes al contrario, señorías, el anterior Ejecutivo prefirió esconder la cabeza, como un
avestruz que no quería ver el problema, y permitió que este creciera en intensidad y en gravedad, cuando
no azuzó con aquellas recogidas de firmas en toda España, que solo años después la vicepresidenta
Sáenz de Santamaría reconoció como un serio error.
Baste recordar que cuando el Gobierno de Mariano
Rajoy inició su andadura, en el año 2011, había en Cataluña un 11% de independentistas y que cuando
se vio obligado a dejar la Moncloa, en 2018, el porcentaje había subido al 47%. Los datos, señorías, son
expresivos. (Rumores.—El señor Hernando Fraile pronuncia palabras que no se perciben). Es evidente que existe un conflicto y que
algo no funciona cuando la mitad de los ciudadanos de Cataluña aspiran a la independencia. Ante este
hecho, un Gobierno responsable debe marcarse el objetivo de intentar revertir esta situación, de buscar
medidas que permitan rebajar la tensión y reconstruir los puentes antes de que terminen de dinamitarse.
Y eso es lo que hemos intentado hacer de forma honesta, transparente, y también les digo que eso es lo
que vamos a seguir haciendo. Porque, más allá de diferencias ideológicas, creo que podemos estar de
acuerdo en que la gran mayoría de españoles quiere rebajar la enorme crispación social y política y que
se encuentre una solución dialogada y pacífica. (Aplausos).
Sin embargo, desde nuestra llegada al Gobierno, se nos ha acusado de traidores, de desleales, de
ceder al chantaje y de romper España; todo porque no hemos seguido la táctica del avestruz, sino que
hemos intentado abordar el conflicto de Cataluña a través del diálogo y de la política, siempre en el marco escrupuloso de la ley y de nuestra Constitución.
Así, hemos tendido puentes para el diálogo en la comisión
bilateral, que rescatamos del ostracismo, donde nos sentamos Gobierno central y Generalitat para resolver
problemas —señorías, lo reconocerán— que se encontraban enquistados desde hacía muchos años.
También hemos propuesto que el diálogo se encauzara en la Comisión aquí, en el Congreso de los
Diputados, y en una mesa del Parlament, donde los partidos políticos —que somos, en definitiva, los
sujetos activos de la vertebración de nuestro país, y así lo reconoce la Constitución— pudiéramos hablar
y avanzar en una respuesta democrática —insisto— siempre en el marco de los cauces legales de los que
nos hemos dotado.
Hemos actuado con responsabilidad porque estamos firmemente convencidos de que
la mayoría de la ciudadanía, dentro y fuera de Cataluña, anhela y desea una solución a esta situación que
dura ya demasiado tiempo.
Lamentablemente no hemos encontrado el apoyo de algunos grupos de la oposición, del Partido
Popular y de Ciudadanos. Ustedes han preferido realizar una campaña de acoso y derribo al Gobierno en
vez de hacer un ejercicio de responsabilidad política y de lealtad con el Estado, con España. (Aplausos).
Y eso que su hoja de servicios con respecto al desafío secesionista, señorías, no es que esté jalonada de
éxitos, precisamente.
Algunos piensan que castigar a Cataluña, anular su autonomía y menospreciar sus
símbolos y sus sentimientos es el camino para una España más unida y más fuerte. Pero se equivocan, y
deberíamos aprender de nuestra historia: nunca España fue más desigual que cuando se imponía la
uniformidad en desprecio de la diversidad, que es una de las grandes riquezas de nuestro país.
Nosotros somos responsables y coherentes con nuestra idea de Estado, que es la que se define,
justamente, en el título VIII de la Constitución; un Estado de las autonomías con amplias competencias en
servicios públicos esenciales para la ciudadanía, que garantiza el principio de solidaridad entre territorios
y también la igualdad de derechos y obligaciones.
Y digo, señorías, que somos coherentes porque lo que
algunos se han afanado en disfrazar como una cesión al independentismo no es más que la aplicación de
lo que significa nuestro Estado de las autonomías, es decir, respeto a la autonomía política, respeto a la
capacidad de autogobierno y lealtad institucional; señorías, ni más ni menos, porque no hay ninguna letra
pequeña en estos Presupuestos Generales del Estado que pretenda contentar al independentismo o
favorecer más a una comunidad autónoma frente a otra. Eso, señorías, es una falacia; simplemente es
mentira.
En este presupuesto no hay absolutamente nada que reciba Cataluña que no pueda ser
homologable, por ejemplo, al trato que reciben Andalucía o Extremadura. Lo que hacemos es aportar más
recursos al conjunto de las comunidades autónomas y ofrecer soluciones a cuestiones perentorias para
todas ellas, como, por ejemplo, arreglar el desbarajuste surgido por la aplicación del suministro de
información del IVA, un sistema que se cambió con alevosía y nocturnidad. Por cierto, señorías, era un
sistema que obligaba a que las comunidades autónomas tuvieran que devolver este año 2.500 millones de
euros que no podían utilizar ni en sanidad ni en educación ni en dependencia.
Por tanto, al igual que
propusimos que las comunidades autónomas pudieran disponer de un mayor margen de déficit con la
nueva senda, que sigue bloqueada en esta Cámara por las artimañas de PP y Ciudadanos, también nos
comprometimos con ellas a corregir lo que había sido injusto. Señorías, en la modificación de la Ley de
estabilidad ya van doce plazos de incremento del periodo de enmiendas y creo que es evidente quién está
trabajando para avanzar y arrimar recursos a las comunidades autónomas y quién está trabajando para
torpedear y también para bloquear.
Por tanto, señorías, les pido que dejen la sobreactuación y recuperen algo de mesura y de cordura.
Dejen de alentar discursos en los que la identidad de las comunidades autónomas no se construye por sí
misma, sino frente al agravio con otras.
Dejen de construir muros insalvables, aporten alguna solución
constructiva en vez de vivir del conflicto y de aprovecharse de él a costa de empeorarlo. Porque, señorías,
¿hasta dónde están dispuestos a llegar para desgastar a este Gobierno? Unos, señorías del PP, señorías
de Ciudadanos, compiten por encender la mecha de un polvorín sin importarles lo más mínimo las
consecuencias para una convivencia normal y pacífica; lo hemos visto muy claro este fin de semana.
Creo
sinceramente que han traspasado todas las líneas rojas y se han convertido en una oposición dañina para
el país, destructiva, retrógrada y oportunista, que solo ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Eso, unos. Otros, en cambio, pretenden
que debatamos de autodeterminación, que influyamos en la justicia o que nos saltemos las leyes a
sabiendas de que todas estas cuestiones no son asumibles ni para este Gobierno ni para el partido que lo sustenta, el Partido Socialista.
Ni los comportamientos de unos ni los comportamientos de los otros;
ambos creen sacar votos de la confrontación, sin parecer importarles los destrozos que puedan realizar.
Por eso, les pido, señorías, que aparquen de una vez la calculadora electoral. Los ciudadanos quieren
que la política les aporte soluciones y, sobre todo, hay muchos ciudadanos y ciudadanas hartos de que la
política nacional vire solo y exclusivamente sobre este asunto y que no se hable de sus problemas
cotidianos. Se preguntan, con razón, cuándo nos ocuparemos los políticos de sus pensiones, de las
dificultades para llegar a fin de mes o para encontrar un hogar a un precio razonable.
Y eso, señorías, son
las respuestas que contienen estos presupuestos, son las respuestas que nos pide la ciudadanía. Porque
con ello defendemos la dignidad de nuestros pensionistas, de los parados de larga duración, de las
personas que, aun teniendo un trabajo, no consiguen llegar a fin de mes. Con ello brindamos más
oportunidades para los jóvenes que buscan un futuro mejor o para aquellos que sufren el alza de los
precios del alquiler. Porque con este presupuesto incrementamos la dotación del sistema de atención a la
dependencia o de las becas y libros para estudiantes; con él luchamos por una sociedad más justa, una
sociedad más igualitaria, en la que tengamos más recursos para combatir la lacra de la violencia machista
o en la que seamos capaces de sacar de la pobreza a miles de niños.
Un presupuesto, señorías, necesario
para reorientar nuestro modelo productivo y llevarlo hacia un crecimiento económico más sólido y
sostenible que permita que la recuperación económica llegue a las familias, a las clases medias y a las
clases trabajadoras y que nuestras pequeñas y medianas empresas puedan seguir creciendo.
De hecho, estos presupuestos representan una enmienda a la totalidad de la política social, económica
y presupuestaria que ha tenido este país en los últimos años.
Unas políticas del Partido Popular que se
han demostrado erróneas porque agravaron la dureza y el impacto de la crisis, incrementaron la
desigualdad, la precariedad y la pobreza. Unas políticas que además fueron injustas, porque cargaron
todo el peso del esfuerzo en las clases medias y trabajadoras (aplausos), porque redujeron el Estado del
bienestar —ni más ni menos que el colchón amortiguador que tenemos los ciudadanos ante las
dificultades— y provocaron la subida de impuestos en más de sesenta ocasiones.
Y, sobre todo —y creo
que es lo más importante—, unas políticas inútiles, porque desaprovecharon en verdad los vientos de cola
favorables para impulsar un verdadero cambio del modelo productivo, un cambio que orientara nuestra
economía hacia sectores competitivos basados en la innovación y en el conocimiento. Bajo esa falsa
apariencia de mejores gestores —que no sé, señorías, quién se la compra— (rumores), el Gobierno del
Partido Popular incumplió de forma sistemática… los compromisos de consolidación
fiscal, hasta el punto de tener que renegociar en tres ocasiones la senda del déficit y además exponer al
país a una multa millonaria.
Señorías, cuando España ha cumplido con Bruselas ha sido solo gracias al esfuerzo ingente de
comunidades autónomas y de ayuntamientos. Con los Gobiernos del Partido Popular, la Administración
General del Estado nunca cumplió con los objetivos de déficit. (Aplausos).
De hecho, con la excusa de la
crisis, el PP implantó la austeridad a ultranza como herramienta ideológica para debilitar los servicios
públicos y favorecer su privatización, que es lo que realmente está detrás de esa hoja de ruta. Se recortaron
derechos, libertades, y se desplegó la recentralización del Estado de las autonomías por vía legislativa.
Durante los años del Gobierno del Partido Popular se dio la espalda a la ciudadanía y se generó más
crispación y más desafección hacia la política que nunca, con lamentables casos de corrupción que
implicaban directamente al Partido Popular, según dictaminó la justicia, abochornando al conjunto de la
sociedad y motivando en última instancia la moción de censura, en el mes de mayo, que dio origen a este
Gobierno. (Aplausos).
Desde entonces no hemos dejado de trabajar en una hoja de ruta clara: articular
consensos básicos entre los grupos parlamentarios para dar estabilidad a las instituciones, dignificar
nuestra democracia, y atender las numerosas, numerosísimas urgencias sociales, medioambientales y
territoriales. Ese es el origen de este Gobierno; no lo olviden, señorías, pues fue su voto el que permitió
que en nuestro país se abriera una ventana de esperanza y de ilusión. Sabíamos que no era un camino
fácil, y la composición del arco parlamentario no facilitaba —todo lo contrario— dificultaba esta situación,
y sabíamos que iba a requerir nuevas formas de construir la acción política.
También sabíamos que los
perdedores de la moción de censura no la iban a digerir y que iban a intentar frenar cualquier posible
avance para que la gente de este país no viera que hay otra forma distinta de hacer política, poniendo de verdad a las personas en el centro de las actuaciones. Y esto es lo que debería preocuparnos y ocuparnos
hoy en esta Cámara a quienes tenemos la inmensa responsabilidad de servir a este país; los problemas
cotidianos de la gente, señorías; de eso tenemos que hablar, de sus esperanzas y de sus ilusiones.
Señorías, no me voy a explayar en las cifras macroeconómicas, porque creo que son sobradamente
conocidas. (Rumores).
Únicamente… Si quieren,
luego entramos, señorías; en la réplica y en la dúplica podemos entrar en lo que quieran. Únicamente les
recordaré que la tasa de crecimiento de nuestro país sigue siendo robusta, a pesar de la moderación que
se está experimentando a nivel internacional, y que de hecho se sitúa por encima de los países de nuestro
entorno, como constatan —y últimamente más— todos los organismos internacionales. Eso, señorías,
garantiza el aumento de los ingresos públicos, la consolidación fiscal y la creación de empleo a un buen
ritmo.
La previsión de crecimiento que manejamos es prudente, del 2,2%.
Y por cierto, sí me gustaría
destacar dos datos recientes. La economía española se aceleró en el cuarto trimestre del año pasado
un 0,7% mientras que en el resto de Europa apenas creció. Este es un buen rato. Las previsiones de
invierno de la Comisión Europea —que acabamos de conocer, como decía, la semana pasada— también
abundan en la mejora del diferencial de crecimiento para España, rebaja una décima —al 2,1%— a
España y seis décimas a la zona euro. De ahí la robustez de nuestro crecimiento.
Son datos, señorías,
que rebaten a quienes se afanan todos los días del año en trasladar una imagen distorsionada de la
marcha de nuestro país.
Por otro lado, conocen perfectamente en qué situación nos encontramos respecto a la senda de
estabilidad, porque ha habido oportunidad de debatir profusamente de esta situación, pero no puedo dejar
pasar la oportunidad de recordar que la aplicación de un objetivo del 1,3 frente al 1,8 —ese que
considerábamos más razonable desde el Gobierno— entraña lógicamente costes en términos de
crecimiento económico y de creación de empleo, como hemos venido advirtiendo desde el principio.
Y es
la cerrazón incomprensible —que nadie se puede explicar— de los grupos parlamentarios Popular y
Ciudadanos la que nos aboca a este escenario. Con todo, nuestra previsión de tasa de paro se sitúa en
el 14%, el nivel más bajo desde el año 2008, mientras que la deuda pública se reducirá en 2019 en
relación con las previsiones de este año que ha cerrado, pasando del 96,9% hasta el 95,4%. Este
presupuesto, señorías, reduce la deuda pública. Eso nos va a permitir reforzar la confianza de nuestra
economía y liberar recursos que se pueden destinar a otras partidas.
En concreto en el año 2019
pagaremos un 0,5% menos por los intereses de la deuda.
El techo de gasto no financiero aumenta un 4,4% alcanzando los 125.064 millones, un incremento
relevante que se sustenta en la mejora de la recaudación fiscal —efecto del ciclo económico— y también
por las medidas tributarias que está impulsando este Gobierno.
Les decía, señorías, que estos presupuestos
suponen una enmienda a la totalidad a las políticas erróneas llevadas a cabo por el Partido Popular, y son
un punto de inflexión necesario, un cambio de rumbo para recuperar la confianza de la ciudadanía en la
utilidad de la política para resolver sus problemas cotidianos. Y lo hacemos, señorías, con medidas
concretas que favorecen la cohesión, la justicia social, la redistribución de la riqueza social y la
modernización de nuestra economía; todo ello cumpliendo además con nuestros compromisos europeos
a favor de la estabilidad y de la sostenibilidad de las cuentas.
Porque les recuerdo, señorías, que en un
escenario de políticas constantes —es decir, en caso de que estos presupuestos no salieran adelante—
el objetivo del déficit seguiría al 2,2 o al 2,4 en vez de la cifra que estamos proponiendo.
Estos presupuestos contienen, por otro lado, una adecuada combinación de ingresos y gastos para
reorientar el modelo de crecimiento, y para ello reforzamos partidas de gasto esenciales que incentivan la
productividad y el potencial crecimiento de nuestra economía, partidas como la inversión, la investigación,
el desarrollo y la innovación, infraestructuras o capital humano.
Porque nuestro objetivo es que el
crecimiento económico no se base solo en el aprovechamiento de los vientos de cola favorables o en la
devaluación interna; eso es lo que ha ocurrido durante los años de gestión del Partido Popular. Nosotros
creemos que este crecimiento tiene que responder a un modelo sustentado en la mejora de esa
competitividad, a través de la innovación, los avances tecnológicos, la mejora de la cualificación de la
mano de obra, y con especial atención al apoyo y esfuerzo de las pequeñas y medianas empresas y de
los autónomos.
Porque, señorías, verán, en este mundo globalizado la inversión en I+D+i es básica para ganar competitividad y para crear productos y servicios que tengan un valor añadido, y también que sean
capaces de producir empleo más cualificado. Porque la competitividad de un país, señorías —se lo digo
como lo pienso—, no puede ser realmente a costa de la dignidad de los trabajadores y de las trabajadoras.
(Aplausos). Es imprescindible, fundamental, que el empleo que se genere sea de calidad, señorías, que
sea digno y además que sea en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres.
Con estos presupuestos, justamente apostamos por esa economía del conocimiento, por la transición
ecológica inteligente o por la garantía de la sostenibilidad del crecimiento económico. Y creo que todos
podemos compartir que tenemos que avanzar hacia una economía circular y descarbonizada, hacia un
desarrollo más sostenible y respetuoso con el planeta, porque no solo es un elemento de solidaridad
intergeneracional —ni mucho menos—, esto representa el principal vector de modernización de la
economía global en esta primera mitad de siglo. (Aplausos).
Por eso, señorías, el que no lo quiere ver es
porque no tiene visión de futuro, y conlleva numerosas oportunidades en términos de creación de empleo,
en términos de mejora de nuestra salud y también en términos de avance en el desarrollo tecnológico.
Estos presupuestos suponen un primer paso en esta línea que queremos desarrollar —ya lo han conocido
en los últimos días— de forma más completa con la Agenda del Cambio, que presentó mi compañera el
pasado viernes. Creo que si han tenido la oportunidad de analizarla aunque han estado muy entretenidos
en otras tareas— habrán visto una hoja de ruta ambiciosa para modernizar nuestro país, para dar respuesta
a los numerosos retos que enfrentamos, tanto desde el punto de vista de la educación como del refuerzo
del capital humano, de la revolución tecnológica o del cambio climático.
Es, señorías, nuestro proyecto de
país por el que este Ejecutivo permanentemente, todos los días, está peleando; es una agenda
transformadora, a través de una política económica que es proactiva, que pone en valor todos los recursos
disponibles para progresar de manera cohesionada, justa y medioambientalmente sostenible.
En definitiva, señorías, son unas cuentas que nos permiten cerrar las numerosas heridas que se
provocaron durante la crisis.
Porque, señorías, la gestión que se hizo desde el Partido Popular de la crisis
fue el intento de desmantelamiento del Estado del bienestar o la precariedad laboral como fórmula de
devaluación interna, y eso, señorías, ha conseguido debilitar a la clase media provocando un desplazamiento
hacia grupos sociales con menor renta, o dicho de otra manera, una parte importante de la clase media
de este país ha bajado un escalón y se han erosionado las medidas que actuaban como ascensor social.
Por eso estas cuentas también tienen la vocación inequívoca de volver a activar ese ascensor social,
aumentando el gasto social —sí, señorías—, claro, el que garantiza el Estado del bienestar y posibilita la
igualdad entre todos los españoles. Y lo vamos a hacer con el respaldo de una política fiscal que reconduzca
la pérdida de progresividad que se produjo durante los Gobiernos del Partido Popular, para que cada uno
pague según sus ingresos y todos recibamos según nuestras necesidades.
Esto, de lo que ustedes se
escandalizan, señorías, se llama redistribución de la riqueza, se llama justicia social. (Aplausos).
Señorías, este presupuesto se ha elaborado con el objetivo de corregir muchas de las desigualdades
que se dan en distintos planos de la sociedad, porque probablemente la primera sea la brecha social, para
lo que todos tenemos que recuperar el pacto social que nos construyó como país y que nos hizo mejor
sociedad, pero también hay que salvar la brecha generacional y la brecha de género.
Tenemos que
avanzar hacia un país más igualitario y más equitativo, un país en el que cabemos todos y todas, donde
hay oportunidades para todos y todas. Les decía que las políticas aplicadas durante la crisis han perseguido
y han conseguido romper el contrato social que nos había emplazado como sociedad a permitir la mejora
de nuestros hijos, y a aquello de que quien cumpla con las reglas, progresa, o de que cuando uno dedica
esfuerzo se obtiene tranquilidad y estabilidad en la vida.
Estos presupuestos son las antípodas de esas
políticas neoliberales que se practicaron durante la crisis, señorías, por eso entiendo que no les gusten.
Recuperan valores de sociedad, de colectividad, protegen a los colectivos más vulnerables y apuestan por
las clases medias.
Señorías, una clase media fuerte y robusta es la base de la estabilidad social y del
progreso económico. Un país más equilibrado socialmente es imprescindible para un crecimiento más
sólido, porque se beneficia de ello, tanto la demanda interna como la productividad. Por ello estos
presupuestos contemplan toda una batería de medidas dirigidas a favorecer y a recuperar esa clase
media, en primer lugar, protegiéndola fiscalmente, y en segundo lugar, en forma de una importante
liberación de renta disponible por la mejora de los servicios públicos.
Señorías, el 57,3% de los presupuestos se destina a gasto social, experimentando el mayor crecimiento
desde el año 2009.
Para ser justos, señorías, tendríamos que hablar de inversión social, porque mejorar
la vida de la gente nunca se puede interpretar como una política de gasto, por mucho que algunos tengan
auténtica alergia al gasto social. Les estoy hablando de 209510 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,4% respecto al año anterior, o lo que es lo mismo, 12599 millones adicionales, 6 de cada
10 euros del presupuesto. Eso es lo que destina este Gobierno a inversión social. (Rumores).
Las cuentas que queremos validar suponen una renta media indirecta de 4174 euros para cada
ciudadano —multipliquen ustedes por los miembros de una unidad familiar—, renta liberada que les
permite atender sus necesidades o mejorar su calidad de vida. Esta cantidad de renta indirecta en forma
de provisión de servicios públicos asciende a 5148 euros si se tienen en cuenta también los servicios
públicos que prestan las comunidades autónomas, por las transferencias del Estado.
Lo importante,
señorías, es que esta renta que se libera de forma indirecta les toca el bolsillo a todos y cada uno de los
ciudadanos; no hay ninguno que por razón del dinero que tenga en el banco, por razón de cuna o lugar de
procedencia no tenga derecho a recibir estos servicios públicos fundamentales para su bienestar.
(Aplausos).
Estamos hablando de un incremento de las pensiones del 1,6%, que será de un 3% en el caso de las
mínimas y de las no contributivas. Asimismo vamos a mejorar —cómo no— los ingresos de 9,5 millones
de pensionistas. Señorías, ¿no merecen estos ciudadanos que podamos atender en el día de hoy sus
necesidades y sus expectativas?
Estamos hablando de pensiones de viudedad, que se van a calcular con
el 60% de la base reguladora, lo que permitirá sobre todo a las viudas —porque este colectivo es
femenino— disponer de una pensión incrementada en torno al 7%. Señorías, en los presupuestos está
reflejado el compromiso de que si el IPC es superior a esto habrá una paga extraordinaria, de manera que
garanticemos el incremento de las pensiones frente a las fluctuaciones que pueda experimentar el coste
de la vida.
Nos referimos a los cerca de siete millones de personas que no tienen que hacer frente al
copago de las medicinas, especialmente los pensionistas con rentas inferiores a 11.200 euros anuales o
las familias… (Rumores). Gracias, presidenta.
Decía que el copago de medicinas para los pensionistas se suprime y también que lo hacemos
extensible a las familias que ingresan menos de 12.300 euros anuales y que al menos tengan un hijo a
cargo.
El gasto en dependencia, señorías, esa gran olvidada del Partido Popular, sube en 831 millones hasta
llegar a los 2.232 millones de euros, lo que supone un incremento del 60% de las partidas de dependencia.
Nunca hasta ahora unos presupuestos habían destinado tantos esfuerzos a atender a las personas que
más lo necesitan. (Aplausos).
Estamos hablando de la prestación que el Gobierno quiere recuperar para
los parados mayores de cincuenta y dos años, uno de los colectivos que más difícil tienen su reincorporación
al mercado laboral, y calculamos, señorías, que solo esta medida beneficiará a 114.000 personas.
Hablamos también en estos presupuestos de un aumento del 10% en las partidas para becas, alcanzando
los 1.620 millones de euros, o de duplicar las ayudas para que las familias con menos recursos puedan
comprar los libros de texto de sus hijos, que pasan de 50 a 100 millones de euros.
Todas son medidas
como verán que permiten tener un colchón presupuestario a las economías domésticas, para que las
familias puedan dedicar recursos al desarrollo de su proyecto vital, a reforzar los idiomas de sus hijos o a
disfrutar de una tarde de cultura.
Y como la redistribución llega también por vía de los ingresos, los Presupuestos Generales del Estado
para 2019 prevén medidas para recuperar la progresividad que hemos perdido en los últimos años, y que
las rentas más altas contribuyan de forma más equitativa.
Hablamos de que aquellas personas que cobren
más de 130.000 euros vean incrementada su aportación en el IRPF en 2 puntos porcentuales, mientras
que los que cobran más de 300000 euros verán incrementada su aportación en 4 puntos porcentuales.
¿Saben un dato, señorías? Los cambios en el IRPF no afectan al 99,5% de los contribuyentes, de tal
modo que cumplimos con la premisa de alcanzar un modelo fiscal redistributivo y justo, donde los que más
capacidad tienen aportan más para que todos podamos recibir en función de nuestra necesidad; una
reforma del IRPF que solo afecta al 0,5% de la totalidad de los contribuyentes.
Pero quizá el mejor incremento de las rentas de las personas llegará a través de la dignificación de los
salarios, que viene de la mano de la subida del salario mínimo interprofesional, llegando a los 900 euros
brutos mensuales, un 22,3%, el mayor incremento en cuarenta años que ha sufrido el salario mínimo
interprofesional. Es una subida, señorías, que beneficiará a dos millones y medio de trabajadores y que
va a tener un impacto presupuestario de 340 millones para las arcas del Estado. ¿Merecen los trabajadores
de este país llegar a fin de mes, señorías? ¿Merecen que el sudor, el esfuerzo que desarrollan se retribuya
de una forma adecuada o siguen ustedes empeñados en la precarización del trabajo? (Aplausos).
Y es
que, señorías, un país rico no puede ni debe tener trabajadores pobres, personas que no pueden
desarrollar su proyecto vital ni mejorar sus expectativas. Por eso era necesario recuperar el peso de los
salarios sobre el PIB que se tenía antes de la crisis como una de las vías que nos llevaran a corregir la
desigualdad flagrante.
Porque, ¿saben, señorías, cuál era el peso de los salarios sobre el PIB en el
año 2009? El 51,91% de la renta nacional bruta. ¿Saben en qué porcentaje lo dejó el Gobierno anterior
tras su paso por el Gobierno? En el 47,18%. Esa fue su reforma, señorías: devaluar las retribuciones de
los trabajadores y hacer una reforma laboral para que tuvieran menos armas para defender sus derechos.
A quienes aducen que la subida del salario mínimo interprofesional puede suponer un grave perjuicio
para la economía les emplazo a que miren los países de nuestro entorno. Verán que Alemania se dotó por
primera vez, en 2015, de un salario mínimo de 1.498 euros brutos al mes, como medida poscrisis, o que
el Gobierno de Francia ha anunciado recientemente un incremento del salario hasta los 1.486 euros, y en
ningún caso he escuchado a ningún partido de la oposición de esos países hablar de colapso de la
economía por la implantación de una subida del salario mínimo interprofesional, al contrario.
Creemos
firmemente que la subida tiene ventajas añadidas, porque va a beneficiar a personas vulnerables, porque
va a estimular el consumo y a reducir la brecha salarial de género, y porque contribuirá al sostenimiento
del sistema de pensiones. Por cierto, les recuerdo que el Gobierno socialista dejó en 2011 la hucha de las
pensiones con 66.815 millones y la encontró con menos de 10000 millones. (Aplausos). Por eso, señorías,
es urgente trabajar para que nuestro sistema de pensiones sea sostenible.
En ese sentido, con
independencia de lo que se vaya marcando en el Pacto de Toledo, en el que espero que se pueda llegar
a acuerdos en el menor plazo posible, estos presupuestos aumentan las transferencias del Estado a la
Seguridad Social un 4%, hasta los 15484 millones, y habilitamos una transferencia a la Seguridad Social,
en apoyo de su sostenibilidad, de 850 millones.
Señorías, la brecha generacional a la que me refería es otra de las desigualdades a corregir por este
presupuesto y también por nuestras políticas, porque hay toda una generación de niños y niñas que solo
ha conocido la crisis y sus efectos.
Señorías, creo que todos podemos compartir en esta Cámara que este
es un drama sin paliativos para una sociedad que se considera avanzada. Por ello hemos incorporado por
primera vez en la tramitación de los presupuestos un informe específico del impacto de los distintos
programas de gasto en la infancia, en el marco de la Convención sobre Derechos de la Infancia, de
Naciones Unidas.
Los poderes públicos, y yo diría también que el conjunto de la sociedad, tenemos la
obligación de proteger a los niños y a las niñas de nuestro país, y de planificar medidas que ayuden a
combatir situaciones de pobreza, situaciones de exclusión social, de carencias alimentarias o de
abandonado escolar. Así hemos incorporado medidas dirigidas expresamente al colectivo de menores
más vulnerables. De hecho, el presupuesto contiene un nuevo ingreso mínimo vital para combatir la
pobreza infantil. Calculamos, señorías, que esta medida va a permitir que 82.000 niños salgan de la
pobreza severa. Solo por eso merecería la pena este presupuesto. (Aplausos).
Va a permitir más ayudas
para los comedores escolares y para familias en riesgo de exclusión social, políticas para los menores
extranjeros no acompañados o la duplicación de las ayudas para el material escolar.
También tenemos que ser capaces de construir un país que ofrezca ilusión y esperanza a nuestros
jóvenes, una generación, señorías, con la que se ha cebado la precariedad con más intensidad que en
otros colectivos, y que ha obligado a muchos ciudadanos y ciudadanas a marcharse de España para
encontrar mejores oportunidades.
Para ellos y con ellos queremos desarrollar una política de vivienda que
promueva el alquiler a precios asequibles, a través de un plan —veinte mil viviendas— dotado con 137
millones, o un plan de choque de empleo juvenil, dotado con 670 millones de euros, que tiene como
objetivo reducir la tasa del desempleo en este colectivo hasta el 23,5%. Igualmente, señorías, aumentamos
las partidas de becas en un 10%, al tiempo que bajamos las tasas universitarias, que podrán volver a
niveles anteriores a los incrementos producidos en el año 2012.
Señorías, al tratarse esta última cuestión
de una competencia autonómica, lo que hacemos en este presupuesto es habilitar a los Gobiernos
regionales para que puedan realizar esta medida.
Les hablaba de la brecha generacional, pero también tenemos que hablar en el día de hoy de la
brecha social. Por decencia política hay que reducir esta brecha social de forma urgente, y por justicia
también hay que trabajar para disminuir esa brecha de género que aún dificulta a las mujeres su desarrollo
profesional y personal. Señorías, es un clamor de las mujeres; el 50% de la población somos cada vez
más conscientes de las dificultades que encontramos en nuestro día a día.
Sabemos cómo nos penaliza
la maternidad en nuestro desarrollo profesional; cómo tenemos más difícil acceder a los puestos de
dirección o cómo cobramos menos por el mismo trabajo; cómo la violencia machista es una realidad que
nos golpea a diario, sin conocer, señorías, edad o procedencia. Por eso estos presupuestos contienen
medidas que tiñen de violeta la acción política, porque hay muchas medidas que van dirigidas justamente
a las causas que provocan esta situación.
Quizá una de las más importantes es la homologación progresiva
de los permisos de maternidad y paternidad, que pasarán de cinco a ocho semanas los permisos de los
padres, como medida previa para conseguir la equiparación total en los ejercicios posteriores. (Aplausos).
Y esta medida, señorías, es de largo alcance, una medida que nos permitirá que no penalice en el mercado
laboral la incorporación de las mujeres. Pero como ese techo de cristal aún limita también el acceso de las
mujeres a los comités de dirección, a los órganos de organización de las empresas, vamos a introducir
una deducción en el impuesto de sociedades para aquellas que incorporen a las mujeres en su consejo
de dirección.
Y también, en este mismo apartado de fiscalidad, bajaremos el IVA para los productos de
higiene íntima femenina, como nos comprometimos a lo largo de los meses previos, hasta equipararlos a
bienes de primera necesidad, erradicando así, señorías, otra desigualdad flagrante. (Aplausos).
Vamos a avanzar en políticas de conciliación para padres y para madres, promoviendo la universalización
de la escuela entro los 0 y los 3 años. Y, señorías, como seguimos despertándonos con noticias atroces
que hablan de mujeres asesinadas, de mujeres maltratadas, como esta realidad aún nos sacude a diario
y queda tanto por trabajar, hemos elevado a 220 millones de euros los recursos para luchar contra la
violencia de género. (Aplausos). Nunca, señorías, se habían destinado tantos recursos a terminar con
esta lacra; es una prioridad para este Gobierno.
Señorías, les hablaba de la renta indirecta que estos presupuestos suponen para las personas, pero
es que estos presupuestos para 2019 transferirán de forma directa o de forma indirecta a lo largo del
año 13000 millones de euros a empresas, empresarios, autónomos, emprendedores, en forma de
transferencia, servicios específicos o inversión en I+D+i. De un lado, se trata de propiciar las dinámicas
económicas que permitan ese crecimiento económico que buscamos, y también de medidas de apoyo a
las pymes que, como saben constituyen nuestra base de tejido productivo.
Por otro lado, como les decía
anteriormente, tenemos que sentar las bases de la reorientación del modelo productivo para ganar
competitividad a través de la innovación, la investigación o la especialización inteligente, o el consumo de
energías alternativas. Apostamos por esa economía que les describía, digital, descarbonizada, capaz de
adaptarse a los retos globales, que genere empleo cualificado y que contribuya también a mejorar nuestras
bases exportadoras.
No lo duden: nuestro principal objetivo como Gobierno es combatir el desempleo y propiciar las
condiciones para generar empleo estable y empleo de calidad. Para ello se ha incluido una bonificación
para contratos indefinidos de personas desempleadas. En conjunto, las bonificaciones de la contratación
se dotan con 1885 millones y su fin es prolongar la vida activa y favorecer la creación de empleo en
colectivos que tienen más dificultad para acceder al mercado laboral: personas con discapacidad, personas
en riesgo de exclusión social, mayores de cuarenta y cinco años, víctimas de violencia de género o
jóvenes que sean beneficiarios de la garantía juvenil.
Estamos hablando, señorías, de más de ochocientas
mil personas que son posibles beneficiarios de estas ayudas a la creación de empleo.
Pero además las políticas activas de empleo se elevan a casi 6.000 millones de euros, experimentan
un crecimiento del 4,7% con respecto al año anterior. Y si las pymes adquieren músculo podrán generar
empleo y podrá ser de mayor calidad. Por eso el programa de apoyo a la pequeña y mediana empresa
tendrá en estos presupuestos unos recursos por importe de 145 millones de euros. Además, señorías, se
mejorará el apoyo de las pymes a la financiación, se las ayudará en la búsqueda de nuevos mercados en
el exterior, y también en la obtención de garantías a través de distintas herramientas públicas.
Y a diferencia
de lo que algunas formaciones políticas esgrimen, les insisto en que estos presupuestos protegen
fiscalmente a la pequeña y mediana empresa, porque hemos introducido —cosa de la que ustedes no
hablan— una rebaja en el impuesto de sociedades para aquellas que facturan menos de un millones de
euros. Es decir, señorías, una de cada cuatro empresas de este país tendrá una reducción fiscal de 2
puntos en el impuesto sobre sociedades. Con eso estamos apostando por que el sector de la pyme gane músculo y tenga posibilidades de crecimiento, ya que la bajada del tipo mejorará la tesorería, la liquidez y
las posibilidades de inversión.
Otro apartado en el que me gustaría detenerme es aquel que se refiere a ese cambio del modelo
productivo. En estos presupuestos, señorías, empezamos a dar los primeros pasos hacia esa transformación
con otras herramientas, con otros instrumentos que el Gobierno ha presentado e irá presentando a lo
largo de las próximas semanas y por eso incluimos una partida de 357 millones en I+D+i civil. En concreto,
los créditos del presupuesto no financiero para investigación civil ascienden a 2.845 millones de euros, con
lo que la investigación en nuestro país experimentará un crecimiento del 8%.
Igualmente, ponemos los
cimientos de una transición ecológica de nuestra economía que genere nuevas oportunidades al desarrollo,
por ejemplo, en las energías renovables, en rehabilitación, en eficiencia energética o en movilidad
sostenible. En este sentido, como novedad, el Ministerio para la Transición Ecológica prevé una aportación
al ICO por un valor de 60 millones de euros que se destinan a préstamos justamente para las ayudas a la
eficiencia energética, o al Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía, al que se dota con 300
millones para impulsar las energías renovables y también la eficiencia en el uso de las energías.
Aumentamos de 12 a 32 millones el llamado Fondo del Carbono para reorientar la actividad económica
hacia modelos bajos en carbón, al mismo tiempo que se contribuye al cumplimiento de objetivos
internacionales en materia de reducción de emisiones y se dotan partidas para la reactivación económica
de esta zona de transición y ayudas para la reestructuración empresarial. Eso, sin perjuicio de la dotación
al bono social térmico, que se consigna con 80 millones de euros y que se destina a las personas más
vulnerables.
Por eso, señorías, son muchas las cuestiones que por razón de tiempo no se pueden detallar una a
una, aunque no tengo inconveniente en profundizar en cualquiera de las que deseen en algún momento
del debate: por ejemplo, nuestra apuesta por incrementar la partida de cultura en los presupuestos casi
un 10% más, llegando hasta los 953 millones. En todos los presupuestos de los Gobiernos anteriores del
Partido Popular nunca la inversión en cultura alcanzó esta cifra.
O las partidas en justicia, con un incremento
de 500 plazas para los jueces y fiscales. O las políticas de Interior, con un plan de modernización de los
cuarteles o de los centros de internamiento y con un incremento del 5,5% en las políticas de seguridad
ciudadana, que también son un derecho en este país. Lo mismo podría decir del incremento del 6% en
política exterior o en cooperación, que tiene que promover un desarrollo compatible también con las
medidas que estamos poniendo en marcha en aquellos países que tienen peores posibilidades.
También
figura el apoyo al medio rural sostenible, con 1239 millones para combatir la despoblación y las causas
que están provocando esa situación.
Figura asimismo —aunque a algunos les pese— la dotación para la Dirección General para la Memoria
Histórica de 15 millones de euros, con el objetivo de impulsar medidas de reparación a las víctimas del
franquismo. (Aplausos). Por cierto, qué vergüenza, señor Casado, que una senadora de su partido haya
dicho que ese dinero servirá para desenterrar unos huesecitos. (Rumores). ¡Qué falta de respeto,
señorías! (Aplausos).
Si no se ha informado, le pido que lo haga; solo le pasarán las buenas noticias,
pero debería usted desautorizar a esa senadora y pedir perdón, aunque viendo la deriva que lleva usted
no estoy segura de que lo haga. (Una señora diputada: ¡Qué barbaridad!). Para barbaridad, lo que se
dijo, señoría.
Estos presupuestos incorporan medidas para compensar a los empleados públicos por tantos años de
esfuerzo durante la crisis ya que han sido ellos y ellas quienes, con su compromiso, han permitido
mantener los servicios públicos fundamentales.
Contamos con una subida general
retributiva del 2,25% más un complemento variable derivado del incremento del PIB y continuaremos con
la equiparación salarial de policías y guardias civiles, generando ofertas de empleo que se deriven de la
aplicación de la tasa de reposición.
Señorías, voy a hablarles ahora del capítulo de infraestructuras. Hemos hecho un importante esfuerzo
con el objetivo de revertir la caída de la inversión pública que se registró en los últimos años, aumentando
la seguridad de nuestras redes y favoreciendo la movilidad de personas y mercancías para contribuir a la
mejora de nuestra competitividad. (Rumores).
Los Presupuestos Generales de este
año 2019 dedican 9973 millones de inversión real, creciendo en más de 2.000 millones, lo que supone un
incremento del 20,6%, una subida seis veces superior al crecimiento nominal de la economía que nos va
a permitir recuperar gran parte del terreno perdido en los últimos años como consecuencia de la política
de austeridad del Gobierno del PP, que renunció a la inversión como instrumento de política económica.
Y como efecto añadido les destacaré que nuestra previsión es que, gracias a esta inversión, se puedan
crear unos 200.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos.
Hemos puesto el acento en la red ferroviaria convencional y de cercanías, que son las que realmente
vertebran geográficamente nuestras comarcas, las que nos llevan a la universidad, al trabajo o al hospital.
Era necesaria una inversión importante en esta red, aunque no signifique ni mucho menos que nos
hayamos olvidado de la alta velocidad en el corredor norte-noroeste, en el corredor mediterráneo, en el
corredor de Andalucía, en el de Extremadura o en el mediterráneo-cantábrico. Y vamos a mejorar
igualmente la vida de los españoles con unas carreteras en buen estado que ayuden a reducir los índices
de mortalidad, con una inversión de 2.329 millones de euros.
Señorías, no se nos escapa en este debate —en este que se produce cada año— la información que
se suscita respecto a la territorialización de las inversiones y las tendencias de cada comunidad autónoma,
porque se miden las inversiones sobre el año anterior sin atender a si se han acabado los proyectos o si
es innecesario iniciar otros en algún territorio, y de ahí que permanentemente les venga insistiendo en la
necesidad de rehuir aquellos debates que únicamente buscan la confrontación del territorio sin tener en
cuenta las circunstancias.
En cualquier caso, señorías, sí les puedo indicar que la inversión pública en su
conjunto, incluyendo el Estado y también el sector público administrativo empresarial y fundacional,
alcanzará los 16.947 millones, un 14,6% más.
Tengo que decirles que en nuestro ánimo ha estado intentar dar cumplimiento a los estatutos de
autonomía que contemplan las disposiciones en esta materia, porque les decía al principio de mi
intervención que el Estado de las autonomías es un modelo de éxito que ha propiciado el mayor desarrollo
de la historia de España.
Las comunidades autónomas, que también son Estado, han jugado un papel
fundamental en la conformación y en el despliegue del Estado del bienestar, son ellas las que asumen el
peso de los servicios básicos como la educación, la sanidad o los servicios sociales. Por ese motivo no es
casualidad que al inicio de la crisis se intentara trasladar la idea de que las comunidades autónomas eran
administraciones ineficientes o despilfarradoras.
Lo que había detrás, señorías, en un intento ideológico
de debilitar el Estado del bienestar. Por eso, la voluntad de este Gobierno desde el primer día ha sido
mejorar la financiación de las comunidades autónomas, y eso se refleja en los trabajos para avanzar en
el nuevo modelo de financiación después de los años de parálisis del Partido Popular y también se ve en
otras medidas que favorecen la salida a los mercados de aquellas comunidades que ya reúnen estos
requisitos.
Pero también esa apuesta queda demostrada en los presupuestos: en concreto, la financiación
de las administraciones territoriales, comunidades y ayuntamientos se incrementa un 6,4%, llegando a
los 120.899 millones de euros. Y me gustaría resaltar que la actualización de las entregas a cuenta que
las comunidades reciben este año será de 2.500 millones más de los que se entregaron en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera del pasado mes de julio.
En total, señorías, tenemos que revisar estas entregas
a cuenta incluyendo otras variables como previsión de liquidación, financiación prevista o arreglos del
sistema de información del IVA. Esto supone 6.673 millones más respecto a 2018, 6.673 millones destinados
a sanidad, a educación, a dependencia, a políticas de vivienda, a políticas de infraestructuras o a cualquier
política que desarrollen las comunidades autónomas. Por eso, señorías, en este punto tengo que recordar
que podrían haber contado con 2.500 millones adicionales si PP y Ciudadanos no hubieran vetado la
senda de estabilidad que se propuso por parte de este Gobierno. (Aplausos).
No creo que sea un lujo
intentar aportar recursos a un nivel territorial que está claramente infrafinanciado. Además, señorías, he
de decirles que el compromiso del Gobierno por retrotraer los efectos del IVA se debe a que tenemos un
compromiso con las comunidades autónomas para que no se vean obligadas a detraer de sus cuentas
públicas 5.000 millones de euros. Entenderán que si tienen que quitar 5.000 millones de euros de sus
presupuestos sería imposible la construcción de un Estado del bienestar avanzado.
Por su parte, los
recursos de entidades locales alcanzarán los 19329 millones, lo que supone un 7,6% más que en el
año 2018.
Señorías, he apuntado las medidas tributarias que se han diseñado para construir un sistema
fiscal más justo y más redistributivo y tengo que decir que el sistema fiscal es la base del Estado
social. Sin ingresos públicos suficientes no es posible mantener un Estado social robusto que garantice la igualdad de oportunidades y la cohesión social.
Creo que conocen sobradamente sus señorías las
medidas y, si quieren, en la réplica me detendré en aquel punto que estimen que necesita más detalle.
Les he referido los cambios en el IRPF y les trasladaré que en el impuesto sobre sociedades lo que
se pretende es corregir la inequidad con la que se operaba en el caso de las grandes corporaciones
frente a la pequeña empresa.
Así, las que facturen más de 20 millones de euros tendrán un tipo
mínimo en el impuesto sobre sociedades del 15 % sobre la base imponible, con el objetivo de lograr
que esa justa tributación sea efectiva en este tipo de impuestos. En el caso de entidades de crédito y
de las dedicadas a explotación de hidrocarburos el tipo del gravamen será del 18 %.
Ambas medidas
únicamente afectan al 0,7 % de las sociedades. Es decir, el 99,3 % de las empresas que tributan por
sociedades no tendrán un alza fiscal, al contrario, un 25 % verán bajada su presión fiscal con la rebaja
de 2 puntos que se plantea en las pymes. Por tanto, a pesar de que algunas formaciones políticas lo
apuntan, no habrá ningún impacto en pequeña o en mediana empresa. Repito: ninguno; todo lo
contrario, se contempla una bajada del tipo efectivo para las pequeñas y medianas empresas.
Por
tanto, señorías, tendremos que trabajar e intentar que estas 400.000 empresas que se ven beneficiadas
de la bajada del impuesto sobre sociedades puedan reinvertir ese dinero en inversiones que les
permitan agrandar su negocio.
En el caso del IVA, además de rebajar los productos femeninos, también se van a producir rebajas en
productos veterinarios, pasando del 21% al 10%, y en libros electrónicos y en periódicos se reduce al 4%.
Y vamos a seguir trabajando en la fiscalidad verde como una medida para dejar un mundo mejor a las
generaciones venideras, al que contribuiremos reduciendo la actual bonificación del diésel frente a la
gasolina. (Rumores).
Parte de esa recaudación la destinaremos
a los programas de movilidad sostenible, además de a la renovación del parque automovilístico y también
a las empresas que tienen que realizar ese modelo de transición. (Continúan los rumores). Y lo hemos dicho en múltiples ocasiones:
esta medida no tiene afán recaudatorio, sino que tiene como objetivo preservar el medio ambiente y la
salud, tal y como la Unión Europea y la OCDE sostienen.
Y conocen que en este Congreso también se
están tramitando otras figuras tributarias, transacciones financieras y determinados servicios digitales. En
definitiva, necesitamos adaptar nuestro marco fiscal a los retos del siglo XXI, que tienen que ver con la
globalización de la economía, la digitalización, el cambio climático o el incremento de las desigualdades.
Vamos a impulsar también una nueva ley contra el fraude fiscal además de modificar el sistema de
suministros, como les decía, de la información del IVA. Vamos a aplicar un gravamen especial del 15%
sobre los beneficios no distribuidos de las Socimis o mejorar el control de la Sicav por parte de la Agencia
Tributaria.
Toda esta batería de medidas tributarias, junto a la evolución de la economía, permitirá un incremento
de los ingresos tributarios en 2019 del 9,5% hasta alcanzar los 227356 millones. Señorías, si restan el
efecto de la modificación del sistema de información inmediata del IVA, el crecimiento será del 7,3%, lo
que se encuentra en la línea de los ingresos tributarios previstos por el Partido Popular en el presupuesto
anterior y que Ciudadanos apoyó. Lo hizo con una diferencia fundamental: mientras que el PP planteaba
esa cifra bajando los impuestos como reclamo en maniobras preelectorales, estos presupuestos
contemplan alguna subida a las rentas altas, la creación de dos nuevos impuestos y el impacto del
crecimiento sobre la previsión.
¿Qué es más realista, señorías, esta subida que plantea este Gobierno o
la que hacían ustedes, cuando además tenían una fiscalidad a la baja? (Aplausos). Por eso, estamos
convencidos de que se trata de una previsión rigurosa, coherente, prudente y que da margen suficiente
para garantizar su ejecución.
En todo caso, señorías, hemos hecho un diseño fiscal que avanza en un
camino que era necesario por las injusticias que se habían producido en la política tributaria previa, un
cambio que nos lleva a un horizonte de progresividad, de redistribución, donde las clases altas contribuyen
en la medida de su patrimonio, de su renta o de sus dividendos, donde las grandes empresas y
conglomerados tributan según su facturación y donde todos estos sectores contribuyen a políticas sociales
tan necesarias para el resto.
Acabo, señorías. He intentado desgranar por qué estos presupuestos que hemos diseñado son más
importantes que nunca para este país. Son necesarios —y espero haberlo explicado— porque tenemos
que corregir la brecha social, la brecha generacional y la brecha de género que nos han dejado años de
crisis y de políticas equivocadas, y también porque es urgente reorientar nuestro modelo productivo y de
crecimiento económico si no queremos quedarnos atrás en este mundo globalizado.
Estos presupuestos,
señorías, son un órdago a la desigualdad en todas sus facetas y en todas sus vertientes, porque iba
siendo hora de que las personas, las inequidades y las injusticias formaran parte de las inquietudes de las
personas que gobernamos.
Estos presupuestos incrementan las pensiones de catalanes, de riojanos o de
andaluces; elevan la renta a los trabajadores precarios, que cobrarán un mayor salario en Baleares, en
Aragón o en Murcia; son unos presupuestos positivos para parados mayores de cincuenta y dos años, que
cobrarán un mayor subsidio vivan en Galicia, en Canarias o en Castilla y León. (Rumores).
En definitiva, son unos presupuestos que
pretenden construir un país mejor y son buenos para España en su conjunto. Porque, señorías, se
construye país eliminando desigualdades; porque se construye país cohesionando a los ciudadanos, no
enfrentándolos; porque se construye país legitimando la fiscalidad; se construye país llevando a los
servicios públicos a la excelencia o se construye país cuando la gente se puede pagar el alquiler.
(Aplausos.—Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien!). Así se construye país.
La construcción
de un país, señorías, no depende de quién tiene la bandera más larga, sino de la capacidad de llegar a
acuerdos para mejorar la vida de nuestros conciudadanos. Justamente de eso se trata. (Rumores). Y estos presupuestos son positivos…
(Continúan los rumores). Y estos presupuestos son positivos para las ciudadanas y los ciudadanos de este país frente a la
enmienda a la totalidad de quienes quieren… perpetuar las desigualdades y seguir
primando a unos sectores privilegiados a costa de castigar a las clases medias; frente a quienes militan
en el cuanto peor, mejor, y que supeditan el bienestar común a sus propios intereses, desprestigiando con
ello la política y la democracia.
He intentado trasladarles las bondades de este presupuesto, que creo que son muchas. Seguramente
es mejorable, pero para eso, señorías, disponemos de un trámite parlamentario donde poder dialogar y
sumar. Por eso, apelo a quienes creen en la política como bien común y en trabajar para mejorar la vida
de las personas.
Ahora tienen la oportunidad de contribuir a la construcción de este país con unos
presupuestos pensados para las personas, pensados para recuperar, para unir, para tejer lo colectivo, lo
que nos une como sociedad. En definitiva, estos presupuestos son el primer paso para recuperar el
contrato social que se rompió durante la crisis y recuperar la confianza de la ciudadanía en la utilidad de
la política.
A los grupos que han presentado enmienda a la totalidad les digo: critiquen ustedes los presupuestos,
digan en qué no están de acuerdo, expongan sus ideas, propongan alternativas, debatan, porque eso es
hacer política, pero, señorías, no descalifiquen con mentiras o medias verdades y sin propuestas, porque
eso es simple demagogia y un mal servicio a la política de este país, a los intereses de este país, eso solo
produce desapego y deslegitimación, aunque a veces creo que es lo que pretenden algunos de ustedes.
(Aplausos).
Sé que del Partido Popular y de Ciudadanos no puedo esperar nada. Ambas formaciones políticas han
optado por una actitud irresponsable, deslizándose por una pendiente muy peligrosa para la democracia.
Al resto de formaciones les pido que reconsideren su posición. Podrán no estar de acuerdo con la totalidad de los presupuestos presentados, pero eso no justifica su devolución cuando contienen un importante
paquete de medidas de corte social que van a beneficiar a todos los ciudadanos, independientemente del
lugar donde vivan o del partido al que voten.
Señorías, no renuncien a ese espacio de debate. Si lo hacen,
creo sinceramente que tendrán difícil explicar por qué unen sus votos a los de quienes quieren aspirar a
que este país no avance. Les pido que enmienden las cuentas allí donde consideren oportuno y, señorías,
que intentemos llegar a acuerdos. Eso es, en definitiva, lo que nos pide la gente; por eso nos ponen aquí,
para intentar dialogar, llegar a acuerdos y encontrar la mejor solución posible.
Por eso, si compartimos el
interés por mejorar la vida real de las personas a pesar de las posiciones políticas distintas, señorías, no
puede haber excusas para que por encima de todo prevalezca el bien común, que es el bien de todos. Ahí,
señorías, encontrarán a este Gobierno trabajando.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo
Parlamentario Socialista y de los miembros del Gobierno, puestos en pie).
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