COMISIÓN PRESUPUESTOS 23052017

El señor TEN OLIVER: Seré breve, presidente. El artículo 134 de nuestra Constitución señala que corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación. Toda proposición y enmienda que suponga un aumento de crédito o disminución de ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno. Por lo tanto, no entiendo la crítica del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Podemos. Esto ya se debatió en totalidad y el resultado todos ustedes lo conocen. 

Además, en las ponencias del día 16 y del día 17 se establecieron los criterios democráticamente, con una mayoría parlamentaria. Si ustedes, señores del Grupo Socialista y del Grupo Podemos, no lo aceptan no entiendo lo democráticos que pueden ser ustedes. Para terminar, nos hablaban de precedentes. Al presidente de esta Comisión no se le puede achacar ninguna actitud torticera o ganas de imposibilitar estos procedimientos porque aquello que no funciona bien debemos cambiarlo. En este caso, lo que ustedes están planteando son 46 000 millones de euros en enmiendas para una sección 31. Lo que estamos haciendo aquí es un ejemplo de democracia, es un ejemplo de que todos los grupos parlamentarios pueden votar y así lo hemos establecido en todas las ponencias y en el Pleno. Muchas gracias

Gracias, señor presidente. Nuestro grupo parlamentario no ha presentado enmiendas a estos títulos (I y II), pero en mi primera intervención me gustaría defender en los Presupuestos Generales del Estado un nuevo tiempo para acuerdos, un Gobierno y un Congreso que se tiene que acostumbrar a negociar. En eso hay que insistir y lo hemos visto ahora con la votación sobre la ratificación de la ponencia. 

En Ciudadanos queremos debatir sobre cuentas reales y no sobre cuentos chinos. PSOE y Podemos están más preocupados por sacar titulares de prensa que por dar estabilidad y facilitar cambios con un nuevo modelo productivo o beneficiar a la clase media y trabajadora. Tanto PSOE como Podemos han presentado, lo decía antes, más de 4000 enmiendas parciales a los presupuestos, por valor de 9582 millones y 17 538, respectivamente. 

Lo pretendían financiar con cargo, y lo hemos comentado, a una partida a la sección 31 que dispone tan solo de 15 millones de euros. Aunque estos no son nuestros presupuestos, vienen cargados de políticas naranjas más que nunca y, a diferencia de otros grupos, nosotros vamos a seguir trabajando para conseguir esos más de 4000 millones de euros en complementos salariales para jóvenes, en el plan de lucha contra la pobreza infantil, en políticas activas de formación, permisos de paternidad, educación e inversión, etcétera. 

Estos presupuestos mejoran la financiación autonómica y creo que es fundamental. Si no tenemos presupuesto, las comunidades autónomas van a dejar de percibir más de 5400 millones que van a educación, a sanidad y a servicios sociales. Además, se plantea la mayor oferta de empleo público que permite a los interinos pasar a ser fijos. No tener presupuestos, desde luego, no es una opción. Este presupuesto es un cambio de tendencia, desaparecen los recortes y las subidas de impuestos, y mejoran las condiciones de la clase media y trabajadora. Muchísimas gracias, señor presidente.

Estos presupuestos incluyen la mayor oferta de empleo público de la democracia. Se convertirán 250 000 empleos temporales en fijos en toda España durante los próximos tres años. Esta medida permitirá reducir la temporalidad en el sector público del 22 al 8 %. Nuestro grupo parlamentario ha presentado dos enmiendas —una transaccional con el Partido Popular—, la 791 y la 792. Estas enmiendas suponen un cambio de tendencia; es decir, se trata de reducir la temporalidad y dotar a las universidades de flexibilidad para estabilizar esas investigaciones y que puedan hacer su trabajo sin riesgos ni incertidumbres, lo que, según ellos mismos afirman, ayuda a mejorar los resultados. 

Además, nosotros votaremos a favor de la enmienda 5931, del Partido Popular, para clarificar la definición de sociedad mercantil en el artículo 18, y la 5948 que reforma el artículo 19 para limitar la contratación temporal por parte de la Administración pública, ya que es el objetivo y es ejemplo de empleo estable y de calidad. Por último, deseamos también hacer hincapié en nuestra enmienda 794 sobre la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para abordar esa flexibilización de la contratación y de los incentivos al talento para trabajar en el sector público. 

La Ley 5/2015, del 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, modificó la Ley del Mercado de Valores con el objetivo de reforzar su independencia, dotándole de una mayor flexibilidad en materia de personal. 

Sin embargo, el nuevo régimen derivado del Programa Nacional de Reformas de 2014 no ha podido aplicarse en la práctica hasta el momento al haber sido incluida esta Comisión Nacional del Mercado de Valores entre los organismos sujetos a la oferta de empleo público por la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2016, como vuelve a hacer presente el proyecto de ley. Evidentemente con esta enmienda podríamos solucionar ese problema en la flexibilización de la contratación e incentivar el talento para que trabaje realmente en el sector público. Muchísimas gracias, presidente.

Antes de comenzar… Se nos va la portavoz del Grupo Socialista. Por más que repitamos una palabra, cacicada, no va a ser correcta. Estaba mirando el significado de cacicada y desde luego nosotros en ningún momento nos hemos saltado el sistema democrático y reglamentario, y tampoco hemos ejercido el poder como un cacique; todo lo contrario. 

Hay que respetar la democracia y así lo estamos haciendo. En cuanto a los títulos IV y VIII y la sección 7 en este caso no tenemos ninguna enmienda, pero me gustaría posicionarme sobre las enmiendas presentadas. 

Entendemos el deseo compartido por todos los grupos de aumentar el coeficiente de revalorización de las pensiones públicas, de mejorarlas, incluso Esquerra Republicana de Catalunya propone un IPC, Podemos presenta un 1,5 %, el PSOE se va al 2 %. No tiene sentido subir todos estos porcentajes de crecimiento. No podemos hacer ni una transaccional ni fijar un número ni confiar en que esto sea asumible, y es que el sistema no puede asumirlo. Nosotros hemos llegado a la política para debatir —lo comentaba antes—, para negociar partidas reales y no para hacer shows ni ser cómplices de teatros; es cuestión de matemáticas básicas, de que donde no hay no se puede sacar y de que dos más dos son cuatro. 

El sentido común, señorías, debería imperar en la clase política y hacemos un flaco favor a nuestros ciudadanos si alimentamos estos populismos o nacionalismos que desvirtúan la verdadera realidad de las cuentas públicas. Señorías, no estamos hablando de la carta a los Reyes Magos; sean responsables, como son los ciudadanos, porque las familias cuando ingresan cien no pueden gastarse mil. Por eso nos estamos reuniendo en el Pacto de Toledo para asegurar la sostenibilidad y dignidad de las pensiones públicas, de forma que estas no pierdan el poder adquisitivo una vez que ya hemos dejado esta senda deflacionista. No vamos a apoyar ninguna de las enmiendas presentadas en esta sección y así quería hacerlo constar. Muchísimas gracias, presidente

Mi grupo no ha presentado enmiendas a esta sección, pero va a apoyar una enmienda presentada por el Grupo Popular, la 5941, para ampliar la autorización a los organismos públicos de investigación para que puedan realizar operaciones de crédito. Aprobar unos nuevos presupuestos no solo es dar racionalidad económica, que también, sino proporcionar a España un mínimo de estabilidad política. Esas dos razones deberían ser suficientes para apoyar los presupuestos. (El señor vicepresidente, Marí Bosó, ocupa la Presidencia). 

De hecho, al día siguiente de conocer que Ciudadanos apoyaría los presupuestos, empresas de ranking, como Standard & Poor’s, mejoraban la perspectiva de España y abrían la puerta para mejorar el renting. Son buenas noticias porque a medio plazo son menos intereses que pagamos para financiar la deuda pública y este año les recuerdo, señorías, que en los Presupuestos Generales del Estado hay una partida de 32.171 millones de euros, es decir, la cuarta más grande de estos presupuestos, es decir, el doble de lo que destinamos a las prestaciones por desempleo. 

Además, estas partidas suponen cinco veces lo que podríamos invertir en investigación y desarrollo. El propio secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, reconocía en esta Comisión que con una deuda pública del cien por cien aproximadamente, que llegaba a 1,1 billones de euros financiando la mitad por extranjeros, es preciso dar confianza a los inversores, estabilidad y cumplimiento de los objetivos, así como la regla de gasto. Termino. Lo mejor para España es tener presupuestos, porque nos va a dar estabilidad, va a reducir los intereses de la deuda y va a posibilitar tener políticas que beneficien a la clase media y trabajadora y un nuevo rumbo para la educación, la investigación y el desarrollo. Muchas gracias.

La señora RIVERA DE LA CRUZ: Muchas gracias, presidente. Nuestro grupo parlamentario ha pedido en más de una ocasión que esta sea la legislatura de las apuestas por las industrias culturales. En ese sentido ha sido una apuesta por nuestra parte trabajar en la bajada del IVA de los espectáculos en directo, que se verá reflejada en los próximos Presupuestos Generales del Estado. Es una cosa que hemos pedido nosotros, pero estoy segura de que comparten esa satisfacción todos los grupos parlamentarios. 

Pues, siguiendo en esta línea, hemos propuesto también una modificación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades. ¿Por qué? España tiene claro que necesita urgentemente buscar unos nuevos modelos de creación de empleo y una reindustrialización que esté basada fundamentalmente en la economía del conocimiento, y el mundo de los contenidos es uno de los sectores que tiene más potencial de crecimiento en el siglo XXI, en especial el de los contenidos en español, que tiene por delante un mercado de 500 millones de personas. 

En lo que se refiere a la industria del cine en particular y a la producción audiovisual en general, España ofrece unas condiciones únicas de diversidad paisajística y de patrimonio cultural, pero sobre todo ofrece un sector solvente y profesionales muy preparados. Pero para que esa apuesta por las industrias cinematográficas y la producción audiovisual tenga efectos que se vean reflejados en nuestra economía y en el desarrollo de esta industria es muy necesario proporcionar un marco normativo que garantice una seguridad jurídica absoluta —de ahí la necesidad de clarificar en este artículo, más allá de toda duda discrecional, el concepto de productor cinematográfico— y mejorar las condiciones de desgravaciones fiscales, tanto en los totales porcentuales como en la elevación de los techos de desgravación. 

De ahí las enmiendas que hemos propuesto al artículo 36 de la Ley del Impuesto de Sociedades. Los incentivos fiscales han demostrado sobradamente ser una buena inversión para los Gobiernos que los aplican y lo están haciendo ya en muchos países por su efecto multiplicador en la economía, y no solamente para un sector en particular, sino para la economía en general: se incrementa el volumen de producción, con la consiguiente creación de empleo y desarrollo de la industria audiovisual, pero también deriva en gasto de consumo derivado, lo que se traduce a la vez en una mayor recaudación impositiva, una mayor inversión y más puestos de trabajo. Hay una salvedad. Hay que recordar que, dado que el pago de los incentivos se realiza siempre después de los rodajes, es decir después de que el gasto esté ya hecho, el sistema puede ser autosuficiente y por lo tanto sostenible. Muchas gracias a todos y espero que esta enmienda salga adelante

El señor TEN OLIVER: Gracias, presidente. Tres cuestiones previas. Señor Bel, no formamos parte de ningún Gobierno, por más que lo repita usted. No somos socios del Partido Popular, simplemente tenemos un pacto de investidura —usted lo conoce bien— que da estabilidad a este país, que lo necesita. 

En segundo lugar, cacique es sinónimo de clientelismo; lo he escuchado en la bancada popular y es cierto. Lecciones, las justas. La vieja política quizá se ha acostumbrado a unas prácticas; es cierto, no hay precedentes, pero hay que explicar a las personas por qué. Lo que no tiene ningún sentido es que vayamos a nuestras ciudades y nuestras circunscripciones y les digamos a los ciudadanos qué mejora tan bonita, hemos impulsado una enmienda de 500 o 1000 millones… 

Hasta 47 000 millones de euros han impulsado ustedes y saben que no se va a cumplir; saben que la sección 31 tiene una partida de 15 millones de euros. Es cierto, no hay precedentes; es cierto, es vieja política, pero creo que ha llegado la racionalidad a este Congreso. Se tienen que empezar a acostumbrar. 

En tercer lugar, no quiero hablar del pasado, aunque se empeñen ustedes. Es la última vez que voy a hablar de esto. Tenemos que hablar del presente y del futuro. No podemos hablar del aumento del paro que han hecho tanto el Partido Popular como el Partido Socialista cuando han gobernado o del aumento de la deuda que han tenido del cien por cien del PIB o del aumento de los recortes o del aumento de los impuestos. 

Lo que pretenden los ciudadanos es que estemos aquí para poder negociar, para poder sacar partidas y mejoras para los ciudadanos. De eso se trata. En cuanto al título VII, no hemos presentado ninguna enmienda a esta sección y votaremos en contra de las que se han presentado, pero conviene recordar que estos presupuestos contienen un aumento de financiación autonómica de más de 5400 millones de euros. ¿Para qué? Para sanidad, para educación, para servicios sociales. 

Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista no han modificado este desigual e insolidario sistema de financiación autonómica. Es un debate que lo tenemos desde 2009. Ustedes, señores del Partido Socialista, lo saben muy bien; no tener presupuesto no es una opción. Nosotros pensamos que este presupuesto tiene un cambio de tendencia ya que no solo se anulan los recortes y las subidas de impuestos, sino que además mejora esa financiación autonómica que tenemos que reformar. 

Repito, desde 2009 está este sistema de financiación descompensado y, señorías del PSOE, cuando no funcionan las cosas, insisto, hay que cambiarlas. Mejor sentarse a negociar que dar vueltas al Congreso o que plantear parches y trabas a la tramitación de la norma más importante del Congreso porque, en definitiva, esto es para la mejora de los ciudadanos y así lo vamos a hacer. Muchísimas gracias

La verdad es que veo esta misma tarde una obsesión con mi grupo parlamentario, con Ciudadanos. La verdad es que es cierto que me alegra. Nos echan la culpa de todo. Nos echan la culpa de que, sí, es verdad, estamos trabajando y lo asumo, sí. Asumo que hemos acordado y asumo que hemos negociado. Asumo que posiblemente —espero— salgan los Presupuestos Generales del Estado, lo asumo. 

Asumo que no va a haber recortes, que no va a haber subida de impuestos, que va a haber mucho más dinero para la financiación de las comunidades autónomas. Yo creo que tienen que estar ustedes contentos. Pero no, la culpa es nuestra. Pues, evidentemente, señor Bel, sí, lo asumo. No voy a insistir en más falsas declaraciones, la verdad, y yo creo que tampoco nos tenemos que meter con que estos años —y ustedes lo saben— se han inflado los ingresos públicos. 

Y, claro, cuando uno infla los ingresos públicos y hacen malas previsiones, los gastos no se pueden ejecutar. Yo, como valenciano, me he sentido perjudicado. En la Comunidad Valenciana solo se ha ejecutado el 44 % del presupuesto. Entonces, más a mi favor. Yo creo que debemos ser conscientes, debemos ser realistas y debemos trabajar por que las cosas funcionan bien. Nos comentaba que algunas de las enmiendas han sido vetadas. 

A nosotros también. Nosotros hemos presentado una enmienda, la 797, para mejorar la prestación por hijo a cargo, y la 799 para equiparar los sueldos de la Policía Nacional y Guardia Civil y han sido vetadas. Bueno, es una potestad que tiene el Gobierno y no solo la ejerce aquí; la ejerce en Andalucía… Ustedes que gobiernan, porque le recuerdo… (El señor Bel Accensi hace gestos negativos). Sí, sí, es cierto. 

Por otra parte, tenemos una enmienda, las 798, sobre flexibilización en la contratación de consorcios públicos, a la que vamos a presentar junto con el Partido Popular una enmienda transaccional y espero que la apoyen. Desde el Grupo Ciudadanos, además, presentamos disposiciones adicionales nuevas. Insisto, sí, asumo, estamos trabajando. Estamos trabajando y estamos negociando. La enmienda 793, sobre la cual presentamos una transaccional, también con el Partido Popular, para incluir más colectivos en situaciones similares. También tenemos otra —y lo hemos comentado  anteriormente— para la reforma del impuesto sobre sociedades para favorecer a los productores de películas y series. 

Tenemos las 796 de la Oficina Nacional de Evaluación, independiente del Ministerio de Hacienda y con competencia para evaluar los proyectos de infraestructuras y no solo las concesiones. También tenemos la 827 para prorrogar la moratoria en la devolución de los créditos públicos de los parques tecnológicos, por supuesto, un año más. Hemos presentado una disposición final primera, la enmienda 828, apartado nuevo, para las pensiones por los actos de terrorismo. Además, presentamos un Plan de empleo para Canarias, nuestra enmienda 829, que coincide con Coalición Canaria y con el Partido Popular. 

Y, además, vamos a votar y vamos a apoyar enmiendas del Grupo Popular, del Grupo Vasco y de Coalición Canaria que, desde luego, mejorarán estas disposiciones. Por último y para terminar, presidente, estamos considerando el tema de las enmiendas de Nueva Canaria, y preferimos reservar este debate para el Pleno, porque en esta última pensamos que debe incluirse también el archipiélago de Baleares. Yo creo que no hay que discriminar entre archipiélagos y hay que respetar el principio de igualdad y solidaridad constitucional. Muchas gracias.

El señor RAMÍREZ FREIRE: Gracias, señor presidente. Señor Bel, antes de nada, quiero decirle que no solo respeto su trabajo profundamente, igual que el del resto de sus señorías; en ningún momento se ha pretendido decir que ustedes no trabajen, todo lo contrario. Si le ha parecido lo contrario, lo sentimos mucho. La verdad es que, después de esa argumentación en la que usted ha visto que las enmiendas que antes se aprobaban ahora son vetadas, a mí me ha parecido más bien la narración de una obra de Philip Marlowe o de Ray Bradbury, unas Crónicas marcianas, con alguna abducción. 

No lo sé. Pero tenga claro que sabemos que trabajan duro y respetamos profundamente ese trabajo. Señor Mena, qué quiere que le diga. Yo no trabajo para el Partido Popular; en todo caso, trabajaría para el Grupo Ciudadanos, pero para quien sí le aseguro que trabajo es para los ciudadanos de este país. Le quiero dejar clara la cosa. 

Estos presupuestos incluyen un plan de lucha contra la pobreza infantil, incluyen libros gratuitos, incluyen el sostenimiento de las pensiones, incluyen un aumento de la oferta pública de empleo tan necesitada en situaciones excepcionales como pueden ser la Policía, la Guardia Civil, servicios médicos o nuestros profesores. 

Por tanto, de verdad, no sé para quién trabajará usted, yo le aseguro que trabajo para el conjunto del Estado español Señor Simancas —que no está y que nos tildado de cobardes—, yo no le voy a decir que ustedes, señorías del Partido Socialista, son mezquinos, falaces, mentirosos ni tramposos, ni voy a utilizar una epífora como recurso estilístico muy propio de lo que han estado utilizando. Lo que sí me gustaría decir al señor Simancas es que el que tiene derecho de veto es exclusivamente el Gobierno de la nación, no el Grupo Popular, y desde luego quien no lo tiene es el Grupo Ciudadanos. Eso que les quede también muy claro. 

El portavoz que me ha precedido del Grupo Popular ha dicho que ya hemos encontrado en qué van a basar la justificación de esos 9582 millones más que iban a incluir sobre la sección 31, que, por cierto, tenía 15 millones. Yo, que soy un agnóstico convencido, ahora me he dado cuenta de que en el Partido Socialista son ustedes creyentes e iban a dividirlo, está claro, con el milagro de los panes y los peces. Fantástico, me parece muy bien. 

Al señor Hurtado le he oído antes, no estaba en ese momento, cuando nos ha acusado de caciquismo. Yo le respeto bastante, señor Hurtado. La democracia nunca puede ser secuestro ni elemento caciquil ni nada que se le parezca. En cualquier caso, a las secciones 01 a 05 y 08 que estamos debatiendo no hemos presentado ninguna enmienda ni vamos apoyar las presentadas por el resto de los grupos, especialmente, por ejemplo, a la Casa Real. Entiendo que la enmienda histórica de Esquerra Republicana va en ese sentido. 

Es una institución que sirve a los españoles y que no supone además un mayor gasto que las instituciones análogas de los países que están a nuestro alrededor. Rechazaremos el resto de las enmiendas que pretenden una mayor dotación de estas instituciones, en este caso de la Casa Real, de las Cortes, del Tribunal Constitucional, del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial. 

El único presupuesto que baja de los que están contemplados en estas secciones es el del Tribunal de Cuentas. Consideramos que esta institución es prioritaria y que hay que regenerarla. Tiene un fundamento para devolver la confianza de todos los ciudadanos, pero antes de aumentar su dotación presupuestaria tenemos que reformarla en profundidad. Creo que es una cuestión que debemos acometer en esta legislatura. 

Además, hay que tener en cuenta que doce de las comunidades autónomas tienen su propio organismo de evaluación externo, con lo que el coste de fiscalización —para algunos que dicen que no estamos invirtiendo en fiscalización externa— está acorde con los países de nuestro entorno. Creemos que la auditoría de cuentas y la de gestión precisan una reforma y una dinamización antes de aumentarla presupuestariamente. Por lo tanto, como decía, no vamos a apoyar ninguna de estas enmiendas que están en esta sección. Muchas gracias, señor presidente

El señor TEN OLIVER: No hemos presentado ninguna enmienda a la sección 12. Estamos considerando una enmienda de Nueva Canarias para la coordinación estatal de acciones del Sáhara, pero preferimos reservar este debate para el Pleno. Voy a terminar repitiendo lo que he estado diciendo a lo largo de la sesión. No son nuestros presupuestos, pero desde luego vienen mucho más naranjas que nunca. (Risas). 

A diferencia de otros años, vienen con políticas activas de empleo, con complementos salariales para jóvenes, con políticas de formación, con dos semanas adicionales en el permiso de paternidad y sobre todo con un impulso a la innovación y con un plan para la justicia y para la Agencia Tributaria, para conseguir los ingresos de los que hablaba el Grupo Socialista, pues hay que luchar contra el fraude fiscal. Desde luego, mejoran la financiación autonómica y todas las comunidades autónomas se merecen que esos 5400 millones lleguen para sanidad, para educación y para servicios sociales. Muchísimas gracias.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

El señor LASARTE IRIBARREN: Gracias. Decía que para ello no tiene en cuenta que el Grupo Parlamentario Socialista también ha propuesto mediante la correspondiente enmienda un incremento de la cuantía del crédito de baja, cuya aprobación supondría la suficiencia de la financiación de las enmiendas, pero su admisión ha sido rechazada; tampoco ha sido aceptada. 

El Grupo Socialista respeta la decisión de este Parlamento respecto al cumplimiento del objetivo del déficit y de deuda pública, que es lo que votó este Parlamento, y no el techo de gasto, como de forma torticera se empeña en decir el portavoz del Partido Popular. (El señor De Olano Vela: El debate de totalidad fue en el Pleno). 

Sin embargo, el Gobierno quiere impedir el debate. Además, esta Mesa ha acordado limitar el debate y votación de las enmiendas presentadas por los diferentes grupos, condicionándolas a la existencia en ese momento de cuantía suficiente en el crédito de baja, mediante su comunicación al Gobierno, por si pueden suponer aumento de gasto, lo que, tras la reunión de la ponencia, que ha agotado prácticamente el crédito del proyecto de ley sobre el que recae la baja de prácticamente el resto de enmiendas, impediría de facto el debate y votación de enmiendas al presupuesto. 

¿Tienen miedo al debate parlamentario? ¿Tienen miedo a perder votaciones? ¿Tienen miedo a que les digan algo en sus territorios? ¿Tienen miedo a debatir libremente en este Parlamento? ¿A qué tienen miedo queriendo vetar el debate de más de 4000 enmiendas de las 6000 presentadas? ¿Le parece a Ciudadanos un ejemplo de mejora democrática cercenar el debate de 4000 enmiendas a cambio de algo más de 4000 millones, que es lo que ha negociado con el gobierno del PP? ¿Antepone 4000 millones a mejorar la calidad de nuestra democracia y libre debate parlamentario? 

¿Cómo queda el alma democrática del PNV, que también apoya este expolio parlamentario y esta cacicada del Gobierno? Esta Comisión se había caracterizado por el prestigio y ecuanimidad de su presidente y por facilitar el debate con rigor, flexibilidad y generosidad parlamentaria, pero el actual presidente ha acabado con esta reputación. ¿Cómo calificaría el presidente de esta Comisión, de Ciudadanos, el señor De la Torre, la actitud del PP de presentar miles de enmiendas cuando estaban en la oposición? 

¿También la calificaría, como ha hecho en relación con la de otros partidos, como podemita fiscal? Esto, como han manifestado los letrados en la Mesa, es lo nunca visto, no hay precedentes, es un atropello y ataca la dignidad de este Parlamento y el debate parlamentario de una ley tan importante como es la de presupuestos. El Grupo Socialista no puede aceptar este precedente arbitrario y esta violación de los usos y costumbres de esta Cámara por una decisión arbitraria de los grupos de la Mesa que apoyan el proyecto de presupuestos. Gracias.

Estamos de acuerdo en que lo que no funciona bien hay que cambiarlo, tal y como decía el señor Ten, pero sin trampas y en mitad de partido, porque eso son malas artes. Y me centro en reiterar la posición del Grupo Socialista respecto al proyecto de presupuestos del año 2017 insistiendo, una vez más, en que es injusto y que ahonda en la desigualdad existente en este país. 

Es más de lo mismo, es un proyecto continuista, de ajustes y reducción del gasto público en porcentaje del PIB. Es un proyecto que no persigue construir un sólido Estado del bienestar, sino ‘jibarizarlo’, dejando el gasto público en menos del 42 % del PIB, uno de los más bajos de la Unión Europea, algo de lo que además presume el ministro Montoro. Es un proyecto que, una vez más, penaliza a pensionistas y empleados públicos, a más de 12 millones de españoles, condenándoles a ver sus rentas reducidas y a tener menor capacidad adquisitiva. 

No es justo que el crecimiento de la economía no se traslade a las personas que más han sufrido la crisis y que, con un crecimiento real previsto de la economía del 2,7 o 2,8 % para el año 2017 y una inflación que puede rondar el 2 % o ser más alta, las pensiones suban el 0,25 % y el sueldo de los funcionarios un 1 %. Es un proyecto que consolida un modelo productivo basado en bajos salarios y empleo precario, creando trabajadores pobres. El ejemplo más palpable y sangrante es el concerniente a los jóvenes. Se crea un programa de complemento salarial que incentiva a los empresarios a contratar jóvenes con bajos salarios, que luego ya vendrá el Estado con la caridad a mejorar sus salarios. Nos parece perverso. 

Decía hace unas semanas un economista de prestigio de este país que la inversión en I+D+i que plantea el Gobierno es como un azucarillo después de una gran comida. Es una buena metáfora. En España hay que apostar por la educación y la I+D+i para cambiar hacia actividades de mayor valor añadido, para cambiar el modelo productivo y apostar por una economía del conocimiento que nos permita mejorar nuestra productividad, hacer frente a los cambios tecnológicos y generar empleos de calidad. 

Nada de eso aparece en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentado por el Gobierno. Es un proyecto de presupuestos que consolida una estructura fiscal de ingresos regresiva e injusta que va en contra de la redistribución de la renta. La estimación de ingresos que presenta el Gobierno recupera niveles del año 2007, pero las empresas contribuyen con 20 000 millones menos, casi un 50 % menos que en 2007, a pesar del crecimiento económico de los últimos años y de la recuperación del nivel de  beneficios previo a la crisis. 

La recuperación de los ingresos fiscales viene por la vía de los impuestos indirectos, principalmente el IVA, un impuesto regresivo. La reforma fiscal de Montoro del año 2014, que ha costado a las arcas públicas más de 13 000 millones de euros, según datos del Ministerio de Hacienda, fue regresiva y benefició a las rentas más altas y a las grandes empresas, y esto se está viendo en las cuentas públicas. Además, son estimaciones de ingresos que no son creíbles. 

La propia Airef considera que pueden estar sobrestimados, lo que —de ser así— obligaría al Gobierno a nuevos recortes de gastos para cumplir el objetivo de déficit o a incumplir un año más ese déficit. En definitiva, es el proyecto de presupuestos de la derecha de este país; una derecha con matices —si se quiere— que no se puso de acuerdo para apoyar al presidente de un partido salpicado por la corrupción, pero se pone de acuerdo a la hora de repartirse el dinero. 

Eso sí, maquillan las cuentas y las políticas con algunas concesiones a los socios presupuestarios, pero sin cambiar un ápice su ideología conservadora y el objetivo de reducción de lo público que subyace en su proyecto político. Lógicamente, no esperen contar con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista a un proyecto de presupuestos continuista que es aún más de lo mismo, que provoca más desigualdad y precariedad y que condena a millones de personas a un futuro peor. Voy terminando, presidente. 

Con respecto a los títulos I y II, mi grupo ha presentado dos enmiendas que voy a defender muy rápidamente. La primera es la enmienda 2493, en la que apostamos por la defensa de la autonomía universitaria frente al objetivo del Gobierno de acabar con ella, queriéndola vulnerar. 

Defendemos que no es jurídicamente procedente lo que plantea el Gobierno por resultar contrario al principio de autonomía universitaria que sanciona el artículo 27.10 de la Constitución y la regla competencial que, en aplicación de dicho principio, establece el artículo 2.2.h) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, ya que lo que pretende el Gobierno es la integración del proyecto de presupuestos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en el anteproyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, así como la integración de los proyectos de presupuestos de las universidades transferidas en los anteproyectos de leyes de presupuestos generales de las comunidades autónomas. 

Por eso, presentamos la enmienda 2493 en defensa de la autonomía universitaria. La segunda enmienda es la 2494 al título II. En ella indicamos que los centros educativos que excluyan de la admisión a alumnos o alumnas por razón de sexo u organicen la enseñanza diferenciada por sexos no se pueden acoger a las previsiones de financiación contempladas en el artículo 13 del título II. Nos parece que es de justicia y de equidad en un modelo de educación que no segregue por sexos y que facilite la inclusión social. Presidente, muchas gracias

La señora SERRANO JIMÉNEZ: Gracias, presidente. Antes de nada diré que el Grupo Parlamentario Socialista quiere denunciar la cacicada cometida por el Partido Popular y Ciudadanos al impedir, por primera vez en nuestra democracia, el debate y votación de más de cuatro mil enmiendas de la oposición a los Presupuestos Generales del Estado. Ha sido una decisión que consideramos gravísima y sin precedentes, porque atenta contra los derechos de los diputados y por lo tanto contra los derechos de los ciudadanos a los que representamos. Están ustedes impidiendo el debate democrático, algo que debe constar y ponerse de manifiesto. 

El debate de presupuestos es el más importante de los que se celebran en el Congreso de los Diputados, y un partido que supuestamente venía a regenerar la vida política, como Ciudadanos, ha sido activo y cómplice con el PP para vetar y boicotear el trabajo de los grupos parlamentarios. El Grupo Parlamentario Socialista por tanto va a seguir denunciando esta cacicada en toda España para que los españoles sepan que hay dos grupos, el Partido Popular y Ciudadanos, que evitan que se debatan siquiera las enmiendas que podrían mejorar la vida y las infraestructuras en sus pueblos y en sus ciudades. 

Pasando ya el título III el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado un total de veintiocho enmiendas a los diversos artículos incluidos en este título III del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017. Este título III comprende desde el artículo 34 al artículo 81 incluido. Quiero destacar que hemos presentado dos enmiendas al artículo 18 en materia de gasto de personal al servicio del sector público, y que estas enmiendas han sido vetadas con esa cacicada que han hecho el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

Desde el Grupo Parlamentario Socialista planteábamos un incremento global de las retribuciones del personal al servicio del sector público no superior al 2 % respecto de las vigentes a 31 de diciembre del año 2016, porque entendíamos que si como dice y proclama el Grupo Parlamentario Popular se está saliendo de la crisis, los empleados públicos —que han sido los más castigados por esas políticas de recorte de derechos del Partido Popular— tenían que empezar a recuperar esos derechos perdidos, esos siete años de castigo impuestos por el Partido Popular de los que ellos no tenían culpa. 

Porque haciendo caso al Gobierno con el incremento de las retribuciones para el año 2017 de un 1 % los empleados públicos vuelven a perder poder adquisitivo, pero lamentablemente esa cacicada ha hecho que no se vea siquiera esa enmienda que proponía el Grupo Parlamentario Socialista de subida del 2 %, y que coincidía con lo que habían propuesto los sindicatos. 

Respecto al artículo 19, relacionado con la oferta de empleo público u otros instrumentos singulares de gestión de la provisión de necesidades de personal, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado seis enmiendas. Con ellas perseguíamos atender adecuadamente las necesidades de personal mínimo para la realización de actividades de investigación, dar un tratamiento fiscal similar a las aportaciones a las asociaciones que tienen excluido el derecho de sindicación, como ocurre con los guardias civiles, los miembros de las Fuerzas Armadas, los jueces y magistrados. 

También pretendíamos que el principio de autonomía universitaria permitiera que cada universidad pudiera definir su política de profesorado, siempre que se ajuste al control del gasto correspondiente, lo que permitiría resolver el problema de los profesores contratados, doctores interinos, así como los problemas de promoción interna de las universidades. 

También queríamos establecer una tasa de reposición adicional para la estabilización de empleo temporal, que incluiría hasta el 90 % de las plazas que, estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpida al menos en los tres años anteriores al 31 de diciembre del año 2016, cuando se propone incluir al personal temporal de las universidades. 

También pretendíamos responder a las disponibilidades presupuestarias del capítulo 1 de los correspondientes presupuestos de gastos en diferentes sectores y administraciones, incluyendo la Administración local, donde la tasa de reposición se fijaría hasta un máximo del cien por cien, en línea con los planteamientos de la Federación Española de Municipios y Provincias. 

Respecto al artículo 19.2 estamos totalmente en contra por la problemática que supondría su aplicación en sectores como el educativo, el sanitario y otros que podrían verse afectados. Por tanto apoyamos las reivindicaciones de los sindicatos. No podemos pretender, como así quiere hacernos ver el Gobierno con este artículo 19.2, que estamos ya en una tasa de temporalidad del 8 %, porque no lo estamos. Por tanto estamos totalmente en contra de dicho artículo. 

Con respecto a los artículos 20, 21 y 22 el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado seis enmiendas de ajuste normativo que iban relacionadas con la subida salarial del 2 % que pretendíamos que se aplicara a los empleados públicos. Ya vemos cómo no va a ser posible debatir esas enmiendas, porque el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Ciudadanos han vetado su debate y han hecho como decía esa cacicada y esa tropelía parlamentaria. 

En cuanto a los artículos 24, 25, 26 y 27 el Grupo Parlamentario Socialista también había presentado diez enmiendas relacionadas con ajustes de incrementos retributivos del 2 % para los empleados públicos, pero también han sido vetadas y no se podrán debatir. Pretendíamos también incluir una enmienda al artículo 27 para que las retribuciones de miembros de las carreras judicial y fiscal del cuerpo de letrados de la Administración de Justicia y de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia fueran incrementadas igualmente en un 2 %, pero dichas enmiendas también han sido vetadas por el Grupo Parlamentario Popular y por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

Con esta enmienda se modificaban las retribuciones que figuraban en los cuadros existentes para que cualquier mención a incremento que haya en este artículo de la Ley de Presupuestos Generales del Estado lo recogiera, pero ha sido vetada. Finalmente, y dentro del título III, el Grupo Parlamentario Socialista presentaba cuatro enmiendas a los artículos 28, 30 y 31 que servían también para ajustar todas las menciones relacionadas con los incrementos retributivos del 2 % para los diferentes empleados públicos de organismos autónomos, personal estatutario de la Seguridad Social, personal no estatutario, recompensas y pensiones de mutilación, personal contratado administrativo y funcionarios de los cuerpos sanitarios, locales, etcétera. 

Esas enmiendas también han sido vetadas por el Grupo Parlamentario Popular y por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, y por tanto tampoco se podrán debatir. (El señor presidente ocupa la Presidencia). 

En definitiva el acuerdo de mínimos que firmó el Gobierno del Partido Popular con los sindicatos aquí se ve truncado, porque vuelven a perjudicar a los empleados públicos con ese recorte de derechos, con esa tropelía que el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Ciudadanos vienen haciendo a los empleados públicos, que no tienen culpa de la situación de crisis, y cuyos derechos que se han visto mermados no se empiezan a recuperar con esa mal llamada por el Grupo Parlamentario Popular mejora de la situación económica. 

Según el Grupo Parlamentario Popular mejora la situación económica y nos impiden debatir sobre la mejora de los derechos de los empleados públicos y la mejora de sus condiciones retributivas. Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PEREA I CONILLAS: Gracias. Previamente, antes de iniciar la intervención, anuncio que presentamos enmiendas transaccionales entre el Grupo Socialista y el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea a determinado articulado y secciones del proyecto de ley que estamos debatiendo y que el portavoz ahora les va a hacer llegar. 

Inicio mi intervención, si le parece bien al presidente, manifestando lo que ya, reiteradamente, han dicho mis compañeros y es que queremos denunciar —si no le quiere llamar el señor Ten cacicada yo le diré fraude democrático, que me parece mucho más duro y contundente— un fraude democrático cometido por el Partido Popular y Ciudadanos al impedir, por primera vez en nuestra democracia, el debate y la votación de más de cuatro mil enmiendas de la oposición a los Presupuestos Generales del Estado. 

Fíjense, no se han dado cuenta, pero el portavoz de UPN lo ha confirmado porque ha dicho que, efectivamente, esta decisión era una decisión política y que, por tanto, para nada se sustentaba sobre el Reglamento. Lo cierto es que lo ha dicho mi portavoz de presupuestos: ¿quieren cambiar las reglas? Sí, pero con el procedimiento encima de la mesa, no a mitad del partido. 

Consideramos, como Grupo Socialista, que es una decisión gravísima y sin precedentes que atenta contra los derechos de los diputados y, por tanto, contra los derechos de los ciudadanos a los que representamos y, evidentemente, contra las instituciones. Están ustedes impidiendo el debate democrático. 

El debate de presupuestos es el más importante de los que se celebran en el Congreso de los Diputados y un partido que, supuestamente, venía a regenerar la vida política como Ciudadanos ha sido cómplice activo del Partido Popular para vetar y boicotear el trabajo de los grupos parlamentarios. 

El Grupo Socialista va a seguir denunciando este fraude democrático, cacicada o como quieran ustedes definirlo, en toda España para que todos los españoles sepan que hay dos grupos, el Grupo Popular y Ciudadanos, que evitan que se debatan siquiera las enmiendas que podrían mejorar la calidad de vida y las infraestructuras en sus pueblos y ciudades. Ya digo aquí que tenemos muy claro lo que suponen los ingresos y los gastos. 

También se nos han vetado aquellas enmiendas que proponían un incremento de los ingresos para hacer frente a estas prestaciones sociales que queremos que reviertan en nuestra ciudadanía. Si nos hablan de déficit les diré a los señores del Partido Popular que no lo hagan cuando lo han dejado en 19.000 millones de euros, precisamente, en la Seguridad Social, uno del que vamos a hablar ahora. 

Con estos presupuestos, el Grupo Parlamentario Popular, de la mano indisoluble de Ciudadanos —eso creo que no lo podemos olvidar— va a perder de nuevo una oportunidad para resarcir a los más perjudicados en esta crisis, un presupuesto injusto e insolidario que, además, debilita en mayor medida el sistema de protección social. 

El Gobierno ha vetado todas las enmiendas socialistas —lo hemos dicho— cuya finalidad es recuperar la dignidad, recuperar el poder adquisitivo de los pensionistas y tener pensiones suficientes y dignas, cuestión determinante para más de 9,5 millones de personas en este momento. Les recordaré las palabras de la señora Bravo, del Grupo Popular en esta Comisión en el año 2010. Decía así: Los pensionistas no tienen por qué ser penalizados por las desviaciones del IPC mal calculadas, no es una cantidad menor porque estos incrementos se consolidan. 

Un pequeño recorte de hoy se convierte en un gran recorte mañana y en un recorte que perjudica a toda una vida laboral, que perjudica a todos aquellos trabajadores que han estado contribuyendo durante toda su vida laboral al sistema, a nuestro sistema de pensiones, a nuestro sistema de Seguridad Social. 

Eso decía la señora Bravo hace escasamente siete años. Dicen ustedes —y continúan diciéndolo— que los socialistas congelamos las pensiones. Señores del Grupo Popular, ustedes no congelaron, hurtaron directamente en el año 2012 a los pensionistas sus derechos ya adquiridos, lo que motivó la interposición por este grupo de un recurso de inconstitucionalidad. 

Les recuerdo que los socialistas siempre incrementamos las pensiones mínimas por encima del IPC y les daré dos datos: un 53,3 % de incremento entre los años 2004 y 2011, incluso en momentos muy complicados de nuestra situación económica, frente al exiguo incremento del 3 % que el Partido Popular ha incrementado entre los años 2012 y 2017. 

Nosotros incluso con datos negativos estuvimos incrementando de forma exponencial, cosa que ustedes, con datos positivos, no hacen. Señorías, una vez más con este proyecto de Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno condena a los pensionistas a una pérdida del poder de compra de sus pensiones, infringiendo así el artículo 50 de la Constitución e incumpliendo la recomendación segunda del Pacto de Toledo. Hoy, con crecimiento económico del país de forma constante, este veto no se soporta ni económica ni éticamente. 

El Grupo Socialista ha propuesto enmiendas dirigidas a reconstruir el sistema de protección social dinamitado por el Gobierno del Partido Popular estos seis últimos años, un sistema que permite a los ciudadanos y ciudadanas tener expectativas de presente y de futuro. Nuestras enmiendas tienen unos objetivos claros: uno, garantizar la suficiencia económica de las pensiones; dos, mejorar la acción protectora de la Seguridad Social y, tres, mejorar los ingresos del sistema de Seguridad Social y las prestaciones de sus beneficiarios sin endeudar el sistema. 

El señor Olano a esto le llama defender actitudes partidistas —¡Qué pena que no esté en este momento!—; los socialistas lo llamamos defender la dignidad de las personas. Para ello, estas propuestas venían sustentadas por unas enmiendas en las que incrementábamos las pensiones públicas y de clases pasivas —estas que están en el 0,25— por encima del 2,5. En el mes de abril, de nuevo, sabemos que la tasa anual se situó en el 2,6 %, lo que supone que los pensionistas han perdido un 2,35 % en un año, una pérdida que se estima que se mantendrá a lo largo de 2017 con un IPC por encima del 2 %. 

Los socialistas pedimos un incremento del 2 % de las pensiones, con la introducción de la cláusula de revisión para el caso en que el IPC se sitúe por encima del incremento previsto. Para el caso de las pensiones mínimas no contributivas y del SOVI deberán incrementarse en un 2,5 %. Estos mayores incrementos de las pensiones mínimas así efectuados a lo largo de los años de los Gobiernos socialistas es lo que permitió que el número de pensionistas que estaba por debajo del umbral de la pobreza se redujera significativamente. 

Eso no lo dice el Grupo Socialista, lo dicen expertos. Esa debe ser la apuesta que debería hacer este presupuesto general que en este momento no está haciendo, a pesar de la recuperación económica. Pedimos que las pensiones mínimas de orfandad y las de prestaciones por hijos a cargo se incrementen hasta un 40 % y el umbral de rentas debería aumentarse en un 2,5. 

Se dispone que aquellas familias cuyo límite de rentas esté por debajo del 40 % de la renta media tengan un incremento del 50 % mediante la introducción de una nueva disposición adicional que, si ustedes no hubieran vetado, estaríamos aquí debatiendo y votando. También pediríamos la eliminación del copago farmacéutico para estas pensiones. 

Les recuerdo: 1 punto por año, cinco años desde 2012, son 5 puntos de pérdida del poder adquisitivo para la mayoría de pensionistas. (El señor vicepresidente, Hurtado Zurera, ocupa la Presidencia.) Las enmiendas socialistas que mejoran la acción protectora del sistema de protección social vetadas por el Gobierno por incremento de gasto, negando así una calidad de vida digna a nuestros pensionistas, serán defendidas por mi compañero Rafael Simancas en el debate de las disposiciones adicionales y finales. 

Solo quiero recordarles que la última encuesta de condiciones de vida alerta de que el número de los pensionistas pobres ha aumentado, siendo la causa de este aumento el exiguo incremento de la revalorización de las pensiones y el hecho de que estas pensiones suponen para muchas familias la única fuente de ingresos de los pensionistas y también de sus familias, hijos e hijas, nietos y nietas, que dependen de esta exigua renta. 

Me corresponde recordarles, porque así lo pone de manifiesto este proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que no han adoptado ni una sola medida dirigida a solventar el déficit en los ingresos por parte del sistema de Seguridad Social. Hablando del quinto año consecutivo, hablamos de casi 19 000 millones de euros; es más, no contentos con ello, endeudan en este presupuesto a la Seguridad Social, dotándola de un préstamo de 10 192 millones de euros, recortando y limitando, por tanto, la posibilidad de las transferencias del Estado. Préstamo que junto con la no autorización de la detracción de la hucha de las pensiones ya esquilmada contribuirá a enjugar el déficit que nuevamente alcanzará en este 2017. 

Desde septiembre de 2012 hasta el pasado mes de julio el Gobierno ha utilizado como medio de financiación del nivel contributivo la exorbitante cantidad de 67 337 millones de euros provenientes de los fondos de la Seguridad Social, 55 151 del Fondo de Reserva y 8621 del Fondo de Prevención y Rehabilitación y, su sucesor, el Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social. Recuérdese que el Gobierno socialista efectuó sucesivas dotaciones al Fondo de Reserva, que alcanzaron la cantidad de 66 815 millones de euros. 

En este presupuesto el Gobierno sigue sobrevalorando ingresos e infravalorando gastos. Los ingresos que se estiman por operaciones corrientes serán inferiores al 5,3 % y al objetivo presupuestario del pasado año 2016. Y hay que decir que este presupuesto tampoco iguala la previsión de recaudación por cuotas que se fijó en los presupuestos de la Seguridad Social de 2011, a pesar del incremento de cotizantes. En cuanto a los gastos por operaciones corrientes, se incrementarán en un 3 % las prestaciones contributivas y, por tanto, el déficit irá aumentando. 

A pesar de la supuesta mejora económica —para quién, nos preguntamos—, los ingresos de la Seguridad Social no se recuperan, sino que empeoran. La razón: el empleo todavía más precario por ser de mala calidad e indigno, con un trasvase de rentas salariales a excedentes empresariales y unas cotizaciones sociales que disminuyen, según sus previsiones, casi un 6 %. Eso supone 6483 millones de disminución, y ello cuando nos dicen que se incrementa el empleo en 400 000 empleados más; mal empleo creado, por tanto. 

Con estos datos es fácil pronosticar un nuevo déficit al cierre del 2017, y el Gobierno del PP no tiene voluntad de resolver en ningún caso este déficit estructural que ha provocado con su reforma laboral, y que de ninguna manera debería paliar con los recortes en pensiones que suponen las reformas del año 2013 ni, por supuesto —ya lo anunciamos—, con lo que pretende emprender escudándose en el Pacto de Toledo. 

Los socialistas no admitiremos ni una sola reforma ni regresiva ni agresiva sobre nuestro sistema de protección social, lo avanzamos en este momento, ya lo hemos dicho desde el mes de octubre. Yo les diría que una muestra de que eso no va a ser así y de que no quieren depauperar el sistema de Seguridad Social, sino demostrar a los pensionistas que quieren cumplir con ellos, y estar a la altura de las circunstancias, sería que admitieran nuestras enmiendas y presentaran de forma inmediata una propuesta que asegurara el equilibrio financiero del sistema y garantizara su sostenibilidad y viabilidad de futuro, reforzando los ingresos por cotizaciones, entre los que se incluye para los socialistas una aportación adicional suficiente proveniente de la imposición general. 

Por último, señores de Ciudadanos, lo que ustedes llaman falta de responsabilidad de algunos grupos políticos, nosotros lo llamamos voluntad política. Gracias. (Aplausos).

El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente. Como mis compañeros, voy a empezar reiterando los mensajes. La decisión del Grupo Popular y Ciudadanos es una cacicada. Le digo al señor Ten cuál es el significado de cacicada según el diccionario de la Real Academia Española: Es una decisión arbitraria y abusiva. 

Se cumplen en su totalidad los términos del concepto cacicada. Tengo que decirle también, como mis compañeros, que esta es una decisión gravísima sin ningún tipo de precedente en los debates de los presupuestos de años anteriores en toda la etapa democrática. Además, es una decisión del PP y de Ciudadanos que atenta contra el derecho de los propios parlamentarios, porque tratan de vetar y boicotear el trabajo que nos corresponde desarrollar. 

Por último, están impidiendo el debate sobre cuestiones que afectan a los intereses de la ciudadanía en enmiendas que iban dirigidas a mejorar las infraestructuras, a mejorar los derechos de los ciudadanos y, en definitiva, su calidad de vida. Nosotros lo hemos anunciado ya, lo han anunciado mis compañeros, vamos a difundir ese mensaje en todo el territorio nacional porque esta decisión es una cacicada gravísima y sin precedentes en la historia democrática de este país. Señorías, los que llevamos ya varios presupuestos en el cuerpo desde luego no damos crédito a lo que está ocurriendo. 

Aquí se lanza un mensaje, de lo que se trata es de cambiar. Siempre hay disposición y buena voluntad para cambiar, incluso para la mejora del debate democrático y del debate parlamentario. Mejorar o cambiar a mejor nunca puede significar tratar de evitar que se debatan 4000 enmiendas en esta Comisión y en este Congreso de los Diputados, pues desde luego significa un veto sin precedentes y que no mejora en absoluto la calidad democrática ni la calidad del debate de este parlamento. 

El título V y la sección 06 son una más de las razones por las cuales el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda a la totalidad, aunque de forma infructuosa. Hemos votado en contra de estos presupuestos a través de la enmienda a la totalidad y seguiremos haciéndolo. Como se ha dicho, empeoran el poder adquisitivo de trabajadores públicos y de pensionistas, hacen una escasa inversión en infraestructuras y hacen un reparto territorial injusto y desequilibrado. 

Por otra parte, no abordan cuestiones importantes, como es un nuevo modelo productivo para este país, para fortalecer nuestra economía, y consolidan los recortes en políticas sociales. Además crean un problema, siguen abundando en un enorme problema que tiene ya este país y que han creado los Gobiernos del Partido Popular, y es el exceso de endeudamiento del sector público. 

En concreto, según los datos que reporta este presupuesto, nos vamos a gastar en deuda pública, en intereses, más de 32 000 millones de euros, un 9,4 % y una caída con respecto al año pasado de un 3,9 % como consecuencia de la bajada de los tipos de interés. Pero este proyecto de presupuestos pone de manifiesto que se van a emitir 230 000 millones de deuda pública, solamente 1000 millones menos que el año pasado. 

El endeudamiento del sector público en este país ha superado ya el cien por cien del producto interior bruto. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal tenemos unos objetivos inalcanzables del 60 % de endeudamiento para el año 2020 y desde luego no se están adoptando políticas que vayan hacia la consecución de estos objetivos, muy al contrario, estamos abundando en el problema estructural de endeudamiento que tiene este país. 

Y uno de los cometidos principales que teníamos y uno de los principales objetivos que nos marcan los organismos internacionales y los analistas económicos es la necesidad de desapalancar nuestra economía. Pues bien, los datos son muy significativos. Esta es la evolución de la deuda pública en este país desde el año 2011 a marzo del año 2017, (Muestra un gráfico), son los últimos datos aportados por el Banco de España. 

Esto significa que ha aumentado la deuda pública en este país en 385 847 millones de euros, un 51,9 % más con respecto al año 2011. En los primeros años del Gobierno del Partido Popular se decía que teníamos que abordar el saneamiento de los bancos y que teníamos que hacer el Fondo de Liquidez Autonómica o el Plan de Pago a Proveedores. Señorías, teóricamente están saneados los bancos, teóricamente ya no hay FLA, no hay Plan de Pago a Proveedores incluido en este proyecto de presupuestos, pero se siguen emitiendo 230 000 millones de deuda pública según el mismo proyecto de presupuestos. 

Significa ir abundando en esta curva ascendente del endeudamiento del sector público en este país. Sin embargo, pedíamos que se desapalancasen y sí han cumplido con este desapalancamiento, por ejemplo (muestra otro gráfico), las familias; en 2011 el nivel de endeudamiento de las familias era de 867 952 millones de euros; en marzo de 2017 son 708 000 millones. 

Esto significa que se han desapalancado en 159 000 millones de euros, un menos 18 % respecto al año 2011. Esto sí es desapalancar la economía, esto sí es esfuerzo, el que están haciendo las familias. Pero también han cumplido extraordinariamente bien las empresas (muestra otro gráfico). Las empresas tenían un nivel de endeudamiento de 1 billón 194 000 millones de euros en 2011. 

En estos momentos, en marzo de 2017, son 913 000 millones de euros, 280 000 millones menos, un 23,5 % menos. Esto sí es desapalancar nuestra economía, no lo que está haciendo el Gobierno del Partido Popular. (El señor presidente ocupa la Presidencia). 

Concluyo, presidente. Como consecuencia de esa política de endeudamiento que está llevando a cabo el Partido Popular, los ciudadanos tienen que conocer que no solo tienen sus propias hipotecas, las hipotecas que cada uno tiene por su vivienda, por su local, por su nave, sino que también tienen una hipoteca de deuda pública. En 2011 esta deuda per cápita, esta hipoteca que tenía cada ciudadano en este país, era de 15 800 euros. En estos momentos prácticamente se ha duplicado, estamos cerca de los 25 000 euros, 24 256 euros por habitante. 

Los ciudadanos tienen que saber la política del Partido Popular, que se pone medallas diciendo que están abordando el déficit público, pero a costa de un endeudamiento sin precedentes en la historia de este país, tenemos un endeudamiento que no compensa el desapalancamiento ni el esfuerzo que están haciendo las familias y las empresas. Gracias.

El señor LÓPEZ MILLA: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, asistimos verdaderamente en esta Comisión a un debate que tiene, con respecto a los que se han producido durante los últimos años, novedades y desde luego originalidades. Ya indicaba el señor Bel anteriormente que enmiendas incluso idénticas a las que se han presentado otros años y que nunca fueron vetadas por el Gobierno van a ser vetadas este año. 

Enmiendas que se pudieron votar en Comisión y en Pleno no se podrán votar este año porque han sido vetadas por el Gobierno. Enmiendas idénticas o muy semejantes a las que fueron admitidas a trámite otros años por la Mesa de la Comisión y se pudieron votar en Comisión y en Pleno, este año no podrán ser votadas en Comisión y tampoco podrán ser votadas en Pleno. 

De alguna manera, lo que ha hecho la mayoría de la Mesa de la Comisión es hacer una especie de no admisión preventiva: no admitamos estas enmiendas porque, si se aprobasen, podrían dar lugar a una incongruencia en los presupuestos. (El señor vicepresidente, Marí Bosó, ocupa la Presidencia). No se admiten por si acaso, y al no admitirlas por si acaso se hurta buena parte del sentido que tiene el debate parlamentario, que es el contraste de pareceres, la votación y la aprobación o el rechazo de esas enmiendas, como ha ocurrido en el pasado. 

Pero es que, además, al actuar así se oculta el hecho de que el propio Reglamento de la Cámara establece un mecanismo para resolver esas posibles incongruencias. El propio Reglamento establece cuál es el mecanismo al que se puede acudir si, tras aprobar una enmienda en Comisión o en Pleno, resulta incongruente con el presupuesto. 

Es más, se oculta el hecho de que en el pasado, con un gobierno socialista apoyado por el Grupo Socialista, el principal partido de la oposición registraba enmiendas por miles de millones de euros de aumento de gastos y miles de millones de euros de rebaja de ingresos. Se nos decía: ¿Cómo van a pagar ustedes el aumento del gasto que proponen? 

El aumento de gasto lo vamos a pagar a través de las enmiendas de aumento de ingresos que hemos registrado y que, además, en buena medida, son enmiendas que están vivas. Están vivas nuestras enmiendas en las que proponemos los mecanismos para aumentar los ingresos. 

Proponemos un aumento del IRPF para las rentas superiores a 100 000 euros, aunque luego el Grupo Popular nos dirá que queremos aumentar el IRPF a las rentas bajas; proponemos establecer un tipo mínimo en el impuesto sobre sociedades a partir del 15 % para las grandes empresas; proponemos suprimir determinadas deducciones en el IRPF de las que se benefician fundamentalmente las rentas muy elevadas; proponemos un impuesto sobre las grandes fortunas; proponemos un impuesto sobre transacciones financieras. 

Claro que proponemos más de 9000 millones de euros en ingresos para respaldar los aumentos de gasto que estamos planteando; lo que no vamos a hacer es proponer aumento de gastos y a la vez rebaja de ingresos, como fue habitual durante los años en los que el grupo que ahora es mayoritario era el principal grupo de la oposición. Hace unos minutos se calificaba por un diputado del Grupo Popular esto de proponer aumento de ingresos por miles de millones de euros como una asamblea universitaria. 

Decía que estas cosas solo ocurren en las asambleas universitarias. Yo no me atrevería a calificar así el mecanismo de plantear aumento de gastos y rebaja de ingresos. Durante los años en que don Jesús Posada Moreno, diputado reconocido en esta Cámara y al que yo nunca llamaría presidente de una asamblea universitaria, presidía la Comisión de Presupuestos estas enmiendas se admitían a trámite, se debatían y se votaban en Comisión y en Pleno. 

Mi grupo considera que al final lo que se está haciendo es acudir al argumento al que tradicionalmente acude el grupo que apoya al Gobierno, que no se pueden aprobar estas enmiendas de aumento de gastos porque no hay respaldo en ingresos. No se puede utilizar este argumento para no admitir de manera preventiva las enmiendas en la Mesa. 

Yo lamento esta práctica y espero que no se repita y que no siente precedentes, porque, si así fuera, podríamos encontrarnos que con este mismo argumento cualquier proposición de ley o no de ley que suponga un aumento de gastos o una rebaja de ingresos podría no admitirse a trámite por la Mesa del Congreso y habríamos acabado con el parlamentarismo en el Congreso de los Diputados. 

Quiero poner de manifiesto la incongruencia no de las enmiendas con los presupuestos, sino de los argumentos en los que se basa el rechazo de la admisión a trámite de esas enmiendas. Por último, defenderé dos cuestiones que me parecen importantes respecto de las enmiendas de mi grupo a este título. 

La primera de ellas tiene que ver con la rebaja del IVA a las actividades o manifestaciones culturales. Mi grupo no comparte la idea de que no se deba extender esa rebaja a las salas cinematográficas. No entendemos que se esté marginando al mundo del cine, dado que esta actividad no es más que la difusión de un espectáculo cultural, originalmente realizado en vivo. 

Los actores y actrices que aparecen en las películas son seres vivos en la misma medida que los son los que participan, por ejemplo, en una obra de teatro. Hay una enmienda que presentamos respecto de la aplicación del IVA reducido a gafas, monturas, gafas graduadas, lentes de contacto graduadas y productos necesarios para su uso, en la que proponemos que la entrada en vigor de la rebaja que está incluida en la ley de presupuestos se produzca desde el 1 de enero de 2105, es decir, que tenga vigor esa rebaja del IVA desde el 1 de enero de 2015. ¿Por qué? 

Porque el aumento del IVA del tipo reducido al tipo normal se basa en unas decisiones, en unas consultas a la Administración tributaria que ahora parece que el Gobierno ha considerado que no deben ser aplicadas. Nosotros entendemos que esta es una decisión correcta; no deben ser aplicadas y deben ser anuladas las obligaciones derivadas de las mismas, pero, si se hace así, no se haga con fecha de la entrada en vigor de la ley de presupuestos sino desde que se comenzaron a aplicar las consecuencias de las consultas vinculantes emitidas por la Administración tributaria que ahora el propio Gobierno decide no respaldar. 

Es más, no entendemos que este tipo de enmiendas se nos estén vetando con el argumento de que suponen una rebaja de los ingresos, cuando el propio Gobierno está rectificando su postura en esta cuestión y está anulando de facto las consecuencias de esas consultas tributarias en las que había basado el aumento del IVA para estos productos específicos. Muchas gracias, señor presidente

El señor LÓPEZ MILLA: Gracias, señor presidente. Parece que en este debate de enmiendas a los presupuestos se introducen muchos temas, entre otros hasta un debate sobre el concepto de lo que es o no es caciquismo. Se nos dice, por ejemplo, que es caciquismo que el Grupo Socialista presente una enmienda para que el AVE llegue a Orihuela este año. 

El Gobierno programa que llegue a Orihuela el año que viene. El señor Rajoy y la señora Pastor estuvieron en Orihuela en 2015 y prometieron que iba llegar en 2016. Todavía lo están esperando, pero eso no es caciquismo. ¿Qué es caciquismo? Hace unas semanas estuvo el señor Iñigo de la Serna, ministro de Fomento, en Valencia y un periodista le preguntó: ¿A usted le parece normal esas concesiones que les han hecho al PNV para aprobar los presupuestos estando la Comunidad Valenciana infrafinanciada y siendo tan bajas las inversiones del Estado en la misma? Y el señor De la Serna contestó: Que Compromís hubiera hecho lo que tenía que hacer. Es literal. 

Esta es la utilización que el Gobierno de España y el ministro De la Serna entienden que deben tener los presupuestos y las enmiendas a los presupuestos. Se nos ha hablado de enmiendas campanario. Algunas enmiendas del Grupo Socialista llamadas de campanario han sido incorporadas en la ponencia, casualmente de Navarra; probablemente tiene algo que ver con la necesidad que tiene el Grupo Parlamentario Popular de sacar adelante estos presupuestos. 

Pero yo creo que tan campanario son las de Navarra —que a mí no me parece que lo sean— como puedan ser las que se presentan con respecto a actuaciones en otras comunidades autónomas. Lo ha dicho la señora Madrazo, han cambiado los criterios para decidir qué enmiendas veta el Gobierno y qué enmiendas no veta. Han cambiado los criterios para decidir qué enmiendas admite a trámite la Mesa y qué enmiendas no admite. 

Han cambiado los criterios, lo ha dicho ella. Ha cambiado la situación parlamentaria del Gobierno. No es el reglamento, no es el importe, no es que haya o no haya altas o bajas con cargo a una sección o a otra, es que ha cambiado la situación parlamentaria del Gobierno. Así lo ha dicho literalmente y así consta en el Diario de Sesiones. Por tanto, este es el criterio. 

Mi grupo va a defender, por supuesto, en estos pocos minutos que me quedan, también sus enmiendas al título correspondiente, al título VII. Nosotros aquí hemos presentado enmiendas para exigir al Gobierno que la aportación del Estado a las entidades locales por servicios de transporte colectivo recupere el nivel que tenía en el año 2011, que era de 71 millones de euros frente a los solo 51 millones de euros actuales. 

Y lo hacemos porque entendemos que, habiéndose incrementado los costes de mantenimiento del servicio como consecuencia de las obligaciones medioambientales que se introdujeron en el año 2014, al menos hoy la transferencia que se hace, la aportación que se hace desde el Estado debería alcanzar el nivel que tenía en 2011, que era de 71 millones de euros, en vez de los 51 millones que aparecen actualmente en los presupuestos. 

También entendemos, porque estamos hablando de corporaciones locales y de comunidades autónomas, que el Gobierno debería haber aprovechado el presente proyecto de ley para incorporar alguna medida que flexibilizase las restricciones que afectan a las entidades locales, una vez estas han alcanzado en conjunto un superávit presupuestario muy elevado y además cuando hay algunas entidades locales que, estando en déficit, han hecho, sin embargo, un enorme esfuerzo para reducir ese déficit. 

Por ejemplo, se les debería haber permitido modificar, aunque solo fuera parcialmente, las restricciones a la concertación de operaciones de endeudamiento por parte de las mismas que llevan dos años reduciendo su deuda en contraste con el resto de administraciones. Las administraciones locales hoy se están viendo privadas de una fuente importante de financiación de inversiones en un contexto de tipos de interés muy bajos. 

Así mismo, teniendo en cuenta que estos presupuestos, si finalmente se aprueban, entrarán en vigor bien entrado el ejercicio, se debería haber previsto, entendemos, la posibilidad de que el gasto ejecutado en 2008 con cargo al superávit de las entidades locales en 2016 pueda comprometerse y ejecutarse también en 2018 porque, si se limita la ejecución al ejercicio de 2017, en muchos casos las corporaciones locales no podrán destinar el superávit presupuestario a inversiones por el escaso plazo que tendrán para hacerlo. Echamos en falta alguna medida que flexibilice la devolución del saldo deudor de la liquidación de 2013. 

Entendemos que se tenía que haber habilitado un procedimiento similar al que se estableció en su día para la liquidación en negativo de 2008 y 2009, cuyo plazo se alargó hasta 240 mensualidades. Entendemos también que se ha perdido una oportunidad para establecer una fórmula más racional a la hora de aplicar la regla de gasto. En estos momentos la regla de gasto se aplica en razón del gasto liquidado en el año previo. Entendemos que debería aplicarse atendiendo la previsión de gasto y esto por muchos motivos. Primero, porque, si no, se está incentivando el gasto. 

Se está incentivando: Gaste usted todo el presupuesto porque si no el año que viene tendrá menos dinero para gastar. Pero además por una cuestión de racionalidad, porque en octubre, que es normalmente cuando se hace el cálculo de la regla de gasto, no se conoce más que una estimación poco fiable del cierre y además no se dispone de los datos de participación en los ingresos del Estado. El acuerdo plenario se está adoptando muchas a veces a ciegas. 

No me olvido, y concluyo, señor presidente, de la financiación autonómica. El proyecto de ley de presupuestos, y en este sentido las enmiendas del Grupo Socialista, deberían haber ahondado al menos en dos cuestiones: una es la armonización fiscal entre las comunidades autónomas, al menos en lo relativo al impuesto de sucesiones y donaciones —esto es lo que pedimos y demandamos en una de nuestras enmiendas— y otra tiene que ver con la reforma del sistema de financiación autonómica. 

Estamos ya prácticamente en el mes de junio de 2017. La reforma del sistema de financiación autonómica todavía podría aprobarse en este ejercicio, pero con los presupuestos en la mano no vemos ni un solo euro para aplicar una reforma del sistema de financiación autonómica que suponga más dinero para las comunidades autónomas. 

Entendemos que debería, a través de la Ley de Presupuestos, disponerse que el Gobierno ha de crear un fondo para habilitar que esta reforma del sistema de financiación autonómica cuando se apruebe —que se podrá aprobar si el Gobierno quiere en este ejercicio, debería haberse aprobado antes, pero está en marcha la comisión que debería permitir aprobarlo en este ejercicio— entre en marcha inmediatamente, cuanto antes. No debe haber plazos transitorios ni modulaciones y para eso nada mejor que dotar una bolsa de dinero, un fondo transitorio que permita disponer de los recursos necesarios para que se pueda aplicar en cuanto sea finalmente aprobada. Muchas gracias

El señor SIMANCAS SIMANCAS: Gracias, presidente. Como han hecho mis compañeros, en primer lugar, vamos a denunciar la maniobra artera y antidemocrática del Gobierno, del Partido Popular y de Ciudadanos, para evitar que tan siquiera se puedan debatir y votar miles de enmiendas destinadas en este punto concreto —y quiero subrayarlo— a mejorar las condiciones de vida de millones de trabajadores, parados y pensionistas de España, bajo el argumento absurdo de que con estas enmiendas se pretenden aumentos de gasto. 

¡Claro está, señorías! Con las enmiendas a los presupuestos se pretende aumento de gasto, disminución de gasto, aumento de ingresos o disminuciones de ingresos. ¡En eso consiste un debate presupuestario! ¿Qué vamos a aumentar, la pluviosidad ambiental? ¿Vamos a aumentar la temperatura? ¡Pues claro, consiste en aumentar gastos o disminuir gastos, en aumentar ingresos o disminuir ingresos! 

Esto es un debate presupuestario, señorías, Tengan ustedes al menos el coraje o la valentía de exponer las verdaderas razones por las que vetan estas enmiendas, que no tienen nada que ver con el Reglamento; tienen que ver, en el caso del Gobierno, de que no se fían de los socios parlamentarios, de que les dejen tirados a mitad de debate, y tienen que ver con la cobardía de los socios presupuestarios del Gobierno, que no quieren retratarse ante la ciudadanía votando en contra de enmiendas absolutamente justas y que van a favor del bienestar de los españoles. 

¡Asuman esto, por favor, también! Enmiendas que ha preparado el Grupo Parlamentario Socialista en este capítulo para garantizar pensiones suficientes que aseguren una vida digna a sus perceptores y combatan los riesgos de pobreza. Elevar, incrementar las percepciones hasta en un 2 % con la introducción de una cláusula de revisión para el caso de que el IPC se sitúe por encima del incremento previsto; vetada por el Partido Popular y Ciudadanos. Incremento de las pensiones mínimas, no contributivas y SOVI hasta un 2,5 %; vetada por el Partido Popular y Ciudadanos. 

Incremento de las pensiones mínimas de orfandad y en las prestaciones por hijo a cargo, casi un 40 % cuando se trata de menores de dieciocho años; vetada por el Partido Popular y Ciudadanos. Eliminación del copago farmacéutico para los pensionistas de mínimas; vetada por el Partido Popular y por Ciudadanos. 

Para mejorar la acción protectora del sistema de la Seguridad Social para combatir los riesgos de la pobreza, planteamos una nueva pensión mínima a favor de perceptores sin cónyuge a cargo que ejerzan funciones de tutela o custodia de descendientes menores de edad o discapacitados; vetada por el Partido Popular y Ciudadanos. 

Planteamos un ingreso mínimo vital para familias sin recursos económicos mediante la articulación de una nueva prestación no contributiva, 80 % del Iprem, incremento por cada hijo menor o discapacitado a cargo; vetada por el Partido Popular y por Ciudadanos. Introducimos medidas para flexibilizar en el ámbito laboral y de la función pública los permisos por paternidad, permitiendo su disfrute hasta los seis meses desde el nacimiento, adopción o acogimiento; vetada por el Partido Popular y por Ciudadanos. 

Para mejorar las cotizaciones y por lo tanto los ingresos del sistema de la Seguridad Social, planteamos una cotización mínima para los trabajadores a tiempo parcial, nunca por debajo de cuatro horas y del 50 % de la jornada, mejorando a su vez prestaciones; vetada por el Partido Popular y por Ciudadanos. Recuperamos el tope mínimo de cotización del subsidio por desempleo, que será del 125 %, como antes del 2012, y para mayores de cincuenta y dos años; vetada por el Partido Popular y por Ciudadanos  

En materia de empleo planteamos también planes de empleo, especialmente para aquellos territorios en los que tienen niveles de desempleo más altos: Extremadura, Andalucía, Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Canarias. Todos estos planes para mejorar el empleo en estos territorios han sido vetados por Ciudadanos y por el Partido Popular. También planteamos una serie de enmiendas en artículos nuevos que no queremos que se le olviden a la Mesa como se les han olvidado otras cosas. Estamos hablando en concreto de las enmiendas números 2372 y 2373. Muchas gracias.

La señora SERRANO JIMÉNEZ: Gracias, señor presidente. El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado un total de 153 enmiendas a las diversas disposiciones y anexos del articulado. En materia de administraciones públicas hay un porcentaje importante de enmiendas que hemos presentado como adicionales nuevas. 

Lamentamos una vez más que el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Ciudadanos hayan vetado estas enmiendas. Y, mire, señor Marí, el Grupo Parlamentario Socialista no engaña a los ciudadanos. Usted ha dicho que engañamos a los ciudadanos. Nosotros hemos presupuestado 9000 millones de euros más en estos presupuestos de ingresos. (Rumores.—El señor Ramírez Freire: Un impuesto que no existe). Sí, hemos presupuestado 9000 millones de euros más. ¿Qué hacían ustedes? 

Ustedes, cuando gobernaba Zapatero lo que hacían era proponer más gasto y disminuir los ingresos. Eso es lo que hacían ustedes y eso sí que era una cacicada en toda regla, como lo que han hecho ahora. Eso es lo que hacían ustedes. En materia de administraciones públicas, las disposiciones adicionales nuevas que hemos presentado, la mayoría de ellas están consensuadas con la FEMP y van dirigidas a mejorar la situación de las entidades locales, las cuales han sido castigadas por la normativa aprobada por el Gobierno del Partido Popular y especialmente por el señor Montoro, que le tiene inquina a la Administración local y al municipalismo. 

Enuncio las más destacables, puesto que no voy a tener mucho tiempo, pero mi grupo ha recogido enmiendas relacionadas con la prórroga del impuesto sobre bienes inmuebles o con el superávit. Cómo no vamos a presentar enmiendas sobre el superávit, señor Marí; es lógico, si llevamos muchos años defendiendo que hay que gastar el superávit, todos los años que ustedes han prohibido a las administraciones públicas gastarlo. 

También hemos presentado enmiendas vinculadas con el régimen de endeudamiento que debe aplicarse a las entidades locales. Lo que pedimos con la enmienda 2626 es que con los reintegros de los saldos deudores resultantes a cargo de las entidades locales en la liquidación definitiva del año 2013 se haga lo mismo que cuando ustedes aprobaron la posibilidad de devolverlos en un plazo de 240 mensualidades en los años 2008 y 2009. 

Pedimos que se haga igual con los ayuntamientos, señor Marí, no lo que usted ha dicho anteriormente. También lamentamos que haya vetado la enmienda 2627, de modificación del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Lamentamos, asimismo, que hayan vetado la enmienda 2628, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre una nueva disposición adicional de aplicación de la regla de gasto para las entidades locales. 

Sabemos que la Comisión está trabajando, pero es necesario que esto se haga ya porque los ayuntamientos lo necesitan ya, los ayuntamientos de todo color político. Por supuesto, lamentamos que hayan vetado la enmienda 2387, que modifica la disposición adicional vigésima séptima para que, en el caso de cumplimiento de sentencia judicial o de manera previa a la tramitación de un procedimiento que garantice los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, las incorporaciones de personal  a sociedades mercantiles públicas no tengan que contabilizarse como personal de nuevo ingreso en el cómputo de la tasa de reposición de efectivos. 

Si se contabilizara así, alteraría la planificación de los recursos humanos mediante la oferta de empleo, y más si esta oferta es reducida, como viene siendo el caso en el sector público. Con la enmienda 2489 proponemos una disposición adicional nueva sobre profesores y catedráticos de universidad para resolver definitivamente y de manera razonable el grave perjuicio causado a un amplio colectivo de profesores universitarios que se vieron afectados por las limitaciones en la tasa de reposición en el ámbito universitario. 

También quiero destacar, por último, la enmienda 2390, del Grupo Parlamentario Socialista, que plantea una nueva disposición adicional para la prestación económica y la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de las administraciones públicas. Con esta enmienda proponemos que se reponga la regulación anterior a las limitaciones y restricciones en la prestación económica en la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de las administraciones públicas que se introdujeron a partir del año 2012, porque ese cambio de regulación no se ha traducido en una reducción del absentismo ni tampoco ha reportado un ahorro en el coste derivado de esas situaciones. 

Fue, igualmente, una regresión en los derechos de los empleados públicos que se trata de reponer. Con esto termino porque no tengo más tiempo. Doy por defendidas tasas las enmiendas a las disposiciones adicionales y nuevas que ha planteado mi grupo para mejorar todo lo que el Partido Popular ha hecho en la ley de presupuestos. 

Lamentamos que ese veto que han realizado el Grupo Parlamentario Ciudadanos y el Grupo Parlamentario Popular impida el debate parlamentario e impida que podamos defender lo que propone este grupo parlamentario, que no en vano es fruto también de la representación de miles de ciudadanos que nos han votado, por lo que tenemos derecho al debate parlamentario que ustedes nos han hurtado.

El señor LASARTE IRIBARREN: Gracias, señor presidente. Me gustaría empezar mi intervención con algunas aclaraciones. La primera dirigida al señor Ramírez, de Ciudadanos. Un uso de una mayoría legítima de forma arbitraria es un abuso de poder y ese abuso de poder es una cacicada y lo suyo es una cacicada. 

Me gustaría hacer otra aclaración al señor Píriz —que no está en la Mesa, aunque es secretario— porque, a veces, en un debate tan condicionado por una decisión política de vetar el debate parlamentario se están utilizando argumentos falsos, y quiero pensar que se hace por ignorancia o por desconocimiento, porque no se han leído las enmiendas. 

No quiero pensar que sea por una manipulación del argumento, por decirlo en términos de posverdad. Le recomiendo a él y a más portavoces del Partido Popular y de Ciudadanos que se lean nuestras enmiendas, por favor, que se las lean, que hagan ese esfuerzo. 

Decía el portavoz de Podemos que Ciudadanos trabaja mucho siendo el sostén del Gobierno del PP, pero les pido que hagan otro esfuerzo más, un pequeño esfuerzo, para que, además de sostener al Gobierno del PP, se lean las enmiendas, para luego no equivocarse o no decir falsedades. Nosotros planteamos ingresos en impuestos ya existentes como IRPF y sociedades. 

No planteamos crear nuevos impuestos, planteamos modificarlos. (El señor Ramírez Freire: Léete tú la enmienda). Insisto, le recomiendo al portavoz del PP que se lea nuestras enmiendas porque decir que sí, que sí y que sí sin leérselas y sin saber lo que dicen… (La señora Villalobos Talero: Léenoslas tú.—El señor Olano Vela: Es más, te la voy a enseñar). 

Planteamos modificar IRPF y sociedades como, por cierto, hizo el Gobierno el año pasado en sociedades a través de reales decretos en el mes de noviembre y de diciembre. Se puede hacer, no es una cosa anticonstitucional. Nosotros respetamos la Constitución, son otros los que parece que no la respetan cuando quieren vetar el debate parlamentario. 

También proponemos crear nuevos impuestos. (El señor Ramírez Freire: ¡Ah!—La señora España Reina: Dilo alto.—Rumores). Insisto, proponemos crear nuevos impuestos. Le pido al presidente que ponga un poco de orden en la bancada popular, que está un poco alterada. (La señora Villalobos Talero: Estamos expectantes.—El señor Sicilia Alférez: ¡Pero bueno, a ver si escucháis! ¡Un poco de respeto, por favor!). Ya sé que estáis un poco nerviosos, tranquilos. 

Por eso proponemos que el Gobierno cree nuevos impuestos, porque le corresponde al Gobierno, y eso es constitucional. (La señora Villalobos Talero: ¿En los presupuestos?). Tanto es así que el Gobierno mantiene esas enmiendas vivas. Así que, por favor, quejaos al Gobierno, no a nosotros. (Aplausos). Esto del desconocimiento, la ignorancia, el abuso de poder y la posverdad parece que se ha instaurado en la mayoría de derechas que apoya estos presupuestos. (La señora España Reina: Estáis un poquito nerviosos). 

Termino fijando ahora la posición de mi grupo, del Grupo Socialista, sobre las secciones que eran objeto de este turno de palabra. Con respecto a la sección 01, votaremos no a las enmiendas presentadas, en las de la sección 02 nos abstendremos, a las de la sección 03 votaremos que no, a las de la 04 también votaremos que no, la 05 no tiene enmiendas y también votaremos que no a las enmiendas a la sección 08. Gracias. (Aplausos).

El señor SERRADA PARIENTE: Muchas gracias, señor presidente. Estos presupuestos no traen más que la constatación de un hecho, y este hecho es el papel secundario que el Partido Popular otorga a la política exterior de nuestro país, y el papel de Cenicienta de toda la política social de la que ustedes se vanaglorian que tiene la política de cooperación al desarrollo. 

Ustedes nos presentan unos presupuestos en política exterior que son exactamente los mismos —salvo alguna pequeña variación— que los que presentaron en el ejercicio pasado. Pero más allá de esto, lo más preocupante es que los presupuestos en política de cooperación son unos presupuestos incluso peores que los del año pasado, unos presupuestos que no solo los partidos políticos de la Cámara, sino también muchas otras organizaciones del sector calificaron como de los peores que se habían hecho en los últimos años. 

Señorías, decía el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos —yo entiendo que tiene un papelón hoy en esta Comisión— que estos presupuestos son más naranjas que nunca. No sé si serán más naranjas que nunca, lo que sí le digo es que en materia de cooperación, de la que usted no ha dicho absolutamente una sola palabra —no sé si porque no han salido las enmiendas o porque no tiene mucho interés en este papel—, usted ha constatado que hacen completamente un seguidismo de las políticas del Partido Popular, y en materia presupuestaria todavía mucho más. 

Le voy a decir más, cuando ustedes hablan de que en estos presupuestos ustedes han arañado 4000 millones de euros al Gobierno y que son unos presupuestos muchos más sociales, ya podrían al menos haber destinado un solo euro más a la política de cooperación, a la política exterior, cosa que no han hecho. En cuanto al apoyo que ustedes están dando al Partido Popular en este veto que están hoy implantando respecto al debate en esta Comisión, le voy a decir solamente algunas de las propuestas que ustedes se van a negar a debatir, solo para que lo sepa, por aquello de que ustedes proponen unos presupuestos mucho más sociales. 

Le voy a decir algunas cuestiones que ustedes se niegan hoy a debatir. Ustedes se niegan a debatir un incremento en ayuda humanitaria en nuestro país; por cierto, una cuestión que ustedes apoyaron en la Comisión, una cuestión que debería ser una prioridad para el Gobierno y que debía tener más presupuesto. Pues bien, ustedes no han dedicado ni un solo segundo a hablar de esta cuestión. Otra cuestión que ustedes han vetado que se hable es de los campamentos del Sáhara, de la situación que se vive en los campamentos del Sáhara, ni un segundo. 

Ustedes tampoco quieren debatir sobre seguridad y ayuda alimentaria, pero es que ustedes tampoco quieren debatir sobre programas de derechos de la infancia, no quieren debatir ni hablar hoy del incremento de partidas a las ONG. Ustedes tampoco quieren debatir hoy sobre el incremento de ayuda al desarrollo, sobre un incremento que nosotros consideramos importante, que es la asistencia a los ciudadanos que afrontan condenas de pena de muerte en el exterior, o sobre qué partidas presupuestarias se deberían incrementar para mejorar el funcionamiento de algunas de las fundaciones que tienen mucho que ver y mucho que decir en nuestro país sobre política exterior. 

Además ustedes también han pasado de puntillas —el Partido Popular también pasa de puntillas— sobre ese recorte que se ha producido en la ayuda oficial al desarrollo, una cifra que está en el 0,21 %, que es exactamente la misma que el año pasado, una cifra que solo se salva por una partida que ustedes han contabilizado como ayuda oficial al desarrollo y que tiene que ver con el Ministerio de Empleo, si no la partida de ayuda oficial al desarrollo sería mucho menor aún que la de este año y la del año pasado. 

Ustedes con estos presupuestos ni siquiera se retrotraen a los mejores años de la cooperación española, ni siquiera se retrotraen a los mejores años que ustedes impusieron en su política para la cooperación española. Por tanto, señorías, con estas veinte enmiendas mi grupo tan solo pretendía que se debatiera, que se hablara y que se intentara llegar a acuerdos sobre una política que nosotros consideramos que mide la calidad de un país en materia de solidaridad con los países y con las personas que peor lo están pasando en estos momentos. Por este motivo nuestro partido ha presentado una enmienda de devolución de estos presupuestos, que espero sea tenida en cuenta en esta Comisión.