DEBATE INVESTIDURA 04 ENERO 2020 TERCERA PARTE

El Gobierno desarrollará todas las medidas pendientes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, incorporando a nuestro ordenamiento todo lo dispuesto en el Convenio de Estambul para prevenir y erradicar todas las formas de violencia que sufren las mujeres. Reforzaremos el apoyo a las que padecen esta violencia, con la aprobación de un Plan Integral de Compensación, 

Reparación y Recuperación de la Autonomía. Estableceremos la suspensión del régimen de visitas de menores por parte de progenitores o tutores legales que estén cumpliendo condena, o se hayan dictado medidas cautelares, por delitos graves de violencia de género o cometidos en su presencia. 

Trabajaremos para erradicar la prostitución y erradicar la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. A este respecto, se aprobará una ley Integral contra la Trata de Personas con fines de explotación sexual. También impulsaremos una protección reforzada de los menores para evitar el acceso a la pornografía, en línea con la nueva normativa audiovisual del Parlamento Europeo. 

Y Señorías, decimos NO a la gestación subrogada. La explotación reproductiva está prohibida en nuestra legislación, y por eso actuaremos frente a las agencias que ofrecen estos servicios a sabiendas de que están prohibidos en nuestro país. Garantizaremos los derechos sexuales y reproductivos para asegurar una maternidad libremente decidida, mediante políticas activas de educación y prevención de embarazos no deseados; mediante la facilitación del acceso a los últimos métodos anticonceptivos, a la anticoncepción de urgencia y a la interrupción voluntaria del embarazo de todas las mujeres; y garantizando los tratamientos de reproducción asistida a todas las mujeres a través del Sistema Nacional de Salud. 

Es importante, Señorías, que hagamos un esfuerzo compartido por cerrar la brecha de género en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Necesitamos a las mujeres en esas áreas, y para ello desarrollaremos diversas medidas dentro de los ámbitos educativo y científico. 

8.-El octavo capítulo es la protección y ampliación de los Derechos Sociales y la Regeneración Democrática. 

Señorías, El Gobierno para el que solicito la confianza de la Cámara va a trabajar por la protección, la recuperación y la consolidación de los derechos sociales. Lo hará desde una óptica claramente progresista, de defensa de lo público, de la educación, la sanidad y la atención a la dependencia y los servicios sociales

Uno de los vectores estratégicos que marcarán el futuro de nuestro país es, sin duda, la educación. Se trata de un ámbito en el que un amplio acuerdo no sólo es deseable sino imprescindible. El gobierno impulsará una Ley Básica que derogue la vigente LOMCE. Una norma que parta de dos consideraciones básicas: blindar la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo y la incorporación de los acuerdos alcanzados por la comunidad educativa. 

En dicha norma, es preciso alinear la Formación Profesional con el resto del sistema, el refuerzo de la formación en valores, así como los mecanismos de autonomía y gobernanza de las escuelas. La nueva Ley de Educación debe garantizar la inclusión y la eliminación de la segregación escolar por las condiciones de origen de los estudiantes, por sus necesidades educativas especiales o por sexo. Señorías, ningún centro sostenido con fondos públicos puede amparar ninguna forma de segregación. 

Tenemos la obligación de actuar ante fenómenos como el fracaso escolar, el abandono temprano o el acoso y la violencia en los centros educativos. Lo haremos a través de planes específicos en cuyo impulso tendrán un papel esencial las comunidades autónomas en virtud del título competencial que ostentan en la materia. Vamos a garantizar la gratuidad real y efectiva de la educación obligatoria, para que ninguna familia en situación de vulnerabilidad vea truncada la carrera educativa de sus hijos e hijas. 

La asignatura de religión tendrá carácter voluntario, sin que haya una asignatura alternativa ni la nota sea computable a efectos académicos. En ese constante esfuerzo de adaptación, es imprescindible apostar por el profesorado. Vamos a reforzar la formación inicial, promover la estabilidad docente y avanzar en la evaluación del desempeño de manera acordada con los representantes del sector. 

Señorías, una educación pública de calidad es la mejor herramienta de igualdad de oportunidades y de movilidad social con que cuenta España. Por ello, vamos a incrementar los recursos públicos destinados a educación y becas hasta situarnos en ese objetivo ambicioso pero posible de inversión educativa en un 5% del PIB en 2025. 

Del mismo modo, esta será la legislatura de la universalización del acceso a la educación infantil de 0 a 3 años a través de la red pública y en condiciones de equidad. Vamos a trabajar con las comunidades autónomas en el diseño de la oferta para cubrir todas las demandas.

En el ámbito de la educación universitaria me propongo poner en marcha un Pacto por la Universidad de la mano de todos los agentes políticos y sociales. Tenemos que garantizar no sólo la suficiencia de recursos; también la capacidad de atracción y retención del talento a nuestra universidad o la estabilidad del profesorado reduciendo la precariedad. 

Es necesario impulsar la simplificación de los procedimientos de acreditación de nuevos títulos académicos y afianzar una nueva política de becas y tasas universitarias. 

El sistema de becas será revisado para considerarlas como un derecho subjetivo según la situación de las rentas familiares. Dicho sistema debe ser, ante todo, ágil. Las becas han de dejar de ser una dádiva y pasar a ser un derecho de las personas que cumplan con ciertos requisitos sociales y académicos. Además, vamos a facilitar la movilidad y la residencia del alumnado del medio rural en el acceso a los estudios universitarios. No podemos consentir que nadie sufra discriminación o dificultad añadida porque proceda del medio rural. 

En materia sanitaria, el gobierno para cuya investidura solicito la confianza de la Cámara va a avanzar sin demora en la eliminación progresiva de los copagos. Empezando por los pensionistas y los hogares en situación de mayor vulnerabilidad. A lo largo de este mandato, vamos a introducir de forma progresiva la atención a la salud bucodental de la población en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Y avanzaremos en el blindaje de nuestro modelo público con una apuesta clara por la gestión pública directa. 

Del mismo modo, es preciso reorientar las políticas relativas a la industria farmacéutica, priorizando la eficiencia y la transparencia en la fijación de precios. España debe alcanzar una inversión sanitaria equiparable a la de la media de los estados de la zona euro durante esta legislatura, de modo que logremos alcanzar el 7% del PIB en 2023. 

El derecho a la protección a la salud implica el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Y por eso vamos a extender este derecho a las personas ascendientes que llegan desde países extracomunitarios, reagrupadas por sus hijas e hijos con nacionalidad española, revirtiendo las medidas que, en sentido contrario, fueron implantadas en el año 2012 por la anterior Administración. 

Por último, es preciso avanzar en ámbitos como la implementación del Marco Estratégico de Actualización de la Atención Primaria, el desarrollo de un sistema de atención temprana, la integración de las necesidades de las enfermedades raras en la planificación global de la cobertura sanitaria o la revisión de la Estrategia de Salud Mental.

No quiero concluir este apartado sin una referencia al que considero el mejor capital de nuestro sistema sanitario: sus profesionales. Vamos a mejorar las condiciones del personal, garantizando el cumplimiento de los acuerdos vigentes y a promover un programa de retorno de profesionales que hoy trabajan fuera de nuestro país, como consecuencia de los recortes que fueron implementados por la anterior Administración. En materia de servicios sociales, quiero hacer una consideración de partida. 

Proponemos el blindaje constitucional del sistema público de servicios sociales como Cuarto Pilar del Estado del Bienestar. Es fundamental abordar con decisión la reducción de listas de espera en el Sistema de Atención a la Dependencia. Vamos a mejorar además las cuantías en el nivel mínimo y en el acordado de Dependencia. 

Por último, vamos a actuar ante una problemática creciente en nuestras calles y que afecta a nuestros mayores: aprobaremos una Estrategia frente a la Soledad no Deseada. 

Señorías, Este será el gobierno de la garantía de pensiones dignas a través de la suficiencia y revalorización del sistema público. Vamos a plantear a todas las fuerzas políticas y a los agentes sociales un nuevo Pacto de Toledo, que garantice, mediante su blindaje en la Constitución, la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones. 

Actualizaremos mediante ley las pensiones conforme al IPC, y aumentaremos el poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas. E impulsaremos la reducción de la brecha de género en las pensiones y la ampliación de las pensiones de viudedad en los casos de parejas sin vínculo matrimonial. A este respecto, me propongo impulsar la reforma y reorganización del sistema de Seguridad Social en el marco del diálogo social. 

Tenemos que propiciar un aumento estructural de los ingresos y limitar los gastos impropios del sistema. España necesita un gobierno comprometido con las políticas de lucha contra la pobreza y contra la desigualdad extrema. Y este ejecutivo se va a implicar a fondo. Vamos a aumentar la prestación por hijo a cargo para familias vulnerables y más adelante aplicaremos una garantía de renta para familias sin ingresos o con ingresos bajos. La meta es acabar implantando un Ingreso Mínimo Vital que rescate de la pobreza a los sectores más vulnerables.

En este mismo ámbito, vamos a combatir la pobreza infantil con medidas como el impulso de ayudas para comedor y material escolar y ayudas para la conciliación y racionalización de horarios. Proteger la infancia y la adolescencia es invertir en sociedad. Tenemos que proporcionar las herramientas, pero también otorgar la protección necesaria. 

Por eso les anuncio que es el momento de culminar –y lo vamos a hacer cuanto antes- la Ley para la Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a todas las formas de violencia. Señorías, 19 de cada 100 jóvenes se emancipan. El acceso a la vivienda es uno de los mayores problemas que enfrentamos como sociedad y uno de los campos en los que el mandato constitucional se ve más insatisfecho. 

Este gobierno tratará de estar a la altura de lo que ese mandato representa. Y trabajará con una hoja de ruta clara. No sólo con un incremento en la dotación de recursos presupuestarios, sino con medidas normativas claras que protejan a quienes más necesitan del apoyo del Estado, especialmente en materia de alquiler. Vamos a frenar las subidas abusivas de los alquileres poniendo techo en zonas de mercado tensionado. 

Y reforzaremos el marco competencial de las entidades locales para que puedan actuar en este ámbito. Impulsaremos medidas de realojo inmediato en situaciones de vulnerabilidad y fomentaremos el alquiler social para las personas que hayan sufrido un proceso de ejecución hipotecaria y no tengan alternativa habitacional. Vamos a impulsar mecanismos para la reestructuración viable de las deudas hipotecarias sobre la vivienda habitual de los deudores de buena fe en situación de vulnerabilidad. 

Es preciso estudiar la aplicación de obligaciones adicionales para los grandes tenedores de vivienda. Y en consecuencia, vamos a reformar el régimen jurídico y fiscal de las SOCIMIS. En materia de alquiler turístico, reforzaremos las potestades de las comunidades de propietarios para que puedan condicionar el ejercicio de esa actividad. Apostaremos con decisión por la rehabilitación. 

Pondremos en marcha un Plan Estatal que incluya financiación específica para la vivienda destinada al alquiler y tenga en la eficiencia energética uno de sus elementos centrales. Señorías, Tenemos que avanzar en el uso social de la vivienda y el parque público con un marco legal claro. No podemos tolerar lo que hemos visto estos últimos años y es la desamortización, es decir, que la vivienda de protección pública pueda ser explotada como ocurre hoy por fondos de inversión y debemos garantizar que su destino es el adecuado, el de las familias que necesitan de ella.

En este ámbito, la SAREB tendrá un papel relevante, garantizando la firma de convenios con administraciones autonómicas y locales que impulsen la utilización de las viviendas para alquileres sociales. Tenemos que utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para garantizar la efectividad del derecho constitucional a la vivienda. 

Vamos a movilizar suelo público y a estimular la oferta privada de alquiler. Este gobierno va a actuar con decisión en otro ámbito que genera preocupación creciente, como es el de la prevención de adicciones. 

Vamos a regular la publicidad de los juegos de azar y apuestas en línea y a introducir medidas de información, gestión y limitación del consumo de juegos de azar. Impulsaremos criterios homogéneos con las Comunidades Autónomas para evitar que los locales de apuestas puedan abrir en determinados horarios y que limiten su proximidad a centros escolares, como hoy en día ocurre en muchas ciudades de nuestro país desgraciadamente. 

Y reorientaremos la tasa de gestión administrativa del juego de los operadores en línea para destinar un porcentaje a iniciativas preventivas, de sensibilización y reparación de los efectos negativos de la actividad del juego. Las iniciativas hasta ahora expuestas apelan a un cumplimiento de sus obligaciones sociales por parte de las instituciones. No queremos expandir indiscriminadamente la presencia de lo público. Queremos un Gobierno activo y un Estado eficiente. 

Pretendemos instituciones eficaces y transparentes para combatir la desigualdad y luchar por lo que nos unes que es la equidad. Este último mandato, el de la transparencia, entronca directamente con la regeneración democrática. Señorías, en esta cuestión tenemos el deber moral de ser ambiciosos porque lo que está en juego, en último término, es la propia confianza de la ciudadanía en la política y en sus instituciones. 

Tenemos la obligación de ponernos de acuerdo para la elección y renovación de los órganos constitucionales y los organismos independientes y debemos hacerlo, además, primando los principios de mérito, capacidad, igualdad, paridad de género, y prestigio profesional. 

El gobierno elaborará un Plan Nacional contra la Corrupción, reforzando los medios operativos en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y estudiando la introducción de nuevas figuras penales. Vamos a aprobar una ley integral contra la corrupción y un Estatuto del denunciante que refuerce esta figura esencial para combatir una lacra como esta, intolerable para la sociedad. 

Del mismo modo, abordaremos la regulación de los lobbies para hacer transparente su labor y regularemos de forma más efectiva las condiciones de incompatibilidad y desempeño de actividades privadas para los servidores públicos. 

Y también es preciso reforzar la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, y aprobar su reglamento para hacerla efectiva sobre la base de la experiencia acumulada. También es necesario iniciar acciones para reforzar la lucha contra los “cárteles” en la contratación pública, y es fundamental avanzar en la integración de los principios de buen gobierno y responsabilidad social corporativa en el sector público fundacional y empresarial. 

Vinculado a estos objetivos en materia de regeneración democrática, la apuesta por una justicia eficaz será una prioridad en esta legislatura. Vamos a promover un Pacto de Estado para la Modernización de la Justicia, que incida sobre la agilidad y el sistema de acceso. Y vamos a modificar la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para eliminar el plazo máximo de instrucción, que no es sino una limitación para luchar contra la corrupción política. 

9. El noveno capítulo son los nuevos derechos y la Memoria democrática 

Uno de los grandes éxitos de la España Constitucional ha sido la ampliación de derechos, que ha convertido a nuestro país en una sociedad moderna, libre y que sirve de referente internacional. Pero esa tarea no está acabada, Señorías. 

El Gobierno que aspiro a formar se compromete a consolidar España como el país de la diversidad que es, recogiendo las peticiones de la sociedad civil y aprobando en esta legislatura cuantos cambios legales resulten necesarios en pro de los derechos de las personas LGTBI, las personas con discapacidad (con la modificación artículo 49 de la Constitución) y la convivencia intercultural. 

Aprobaremos, como hemos anunciado una Ley de Regulación de la Eutanasia que reconozca el derecho a la muerte digna. Seguiremos avanzando también en los derechos de las personas con diversidad funcional mediante el desarrollo de normas y leyes inclusivas. 

El Gobierno protegerá a las familias. A todo tipo de familias, como demanda la sociedad española. También a las familias monomarentales y monoparentales, las familias numerosas, las de partos múltiples y las familias que acogen. Elaboraremos medidas de apoyo a la adopción por parte de familias LGTBI y de reconocimiento de la filiación de las parejas de mujeres lesbianas. 

Y Señorías, el pasado mes de octubre el Estado, con el concurso de sus tres poderes, desplazó del mausoleo del Valle de los Caídos al dictador Francisco Franco, y ese hecho simbólico fortaleció a la democracia española. Abrió una nueva etapa de reparación, de justicia y de memoria que tiene que servir para empezar a cerrar definitivamente la división entre españoles. 

Aunque hubo personas que se sintieron molestas, esa acción no se dirigía contra nadie y se desarrolló dentro del respeto que merece cualquier ser humano, incluso aquellos que han vulnerado sistemáticamente los derechos humanos. Eso distingue precisamente a las democracias de las dictaduras. Vamos a proseguir ese camino de reparación y vamos a mantener esa misma filosofía. Para ello, desarrollaremos actuaciones de reconocimiento y reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, declarando el 31 de octubre como día de recuerdo para todas las víctimas del franquismo, y el día 8 de mayo como el día de reconocimiento a las víctimas del exilio. 

Impulsaremos las exhumaciones de las víctimas del franquismo que continúan en fosas comunes. Retiraremos la simbología franquista de los lugares públicos y anularemos las condecoraciones derivadas de acciones represivas ejercidas durante la dictadura. Y, por último, auditaremos los bienes expoliados por el franquismo para devolverlos a sus legítimos titulares, empezando por la recuperación lo antes posible del Pazo de Meirás para el patrimonio público. 

El Gobierno aprobará una nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que derogue a la “Ley Mordaza", para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica. Es otro compromiso firme. El Gobierno tiene la voluntad de avanzar en la justicia del sistema electoral, siempre recabando para ello el mayor apoyo parlamentario posible y, en ese sentido, propondremos la eliminación del voto rogado. 

Otro de los fenómenos más dañinos para la confianza en la que se asienta la convivencia civil es la proliferación de las fake news. La mentira, la calumnia y la falsedad no son fenómenos nuevos. Pero la irrupción de la digitalización ha perfeccionado su producción y facilitado su expansión. Por eso, y dentro siempre del respeto escrupuloso a la libertad de expresión e información, impulsaremos una estrategia nacional de lucha contra la desinformación. 

Además, aprobaremos un Plan de Ciberseguridad y crearemos un Foro nacional de ciberseguridad, para el desarrollo tecnológico y la investigación. En un Estado aconfesional no tiene sentido que ninguna confesión se sitúe por encima de la Ley ni disfrute de privilegios que hieren el principio de legalidad y el principio de igualdad. Por esa razón, el Gobierno realizará las modificaciones legislativas oportunas –ya les anuncio- para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados indebidamente por la Iglesia. Igualdad no significa uniformidad. Al contrario, la igualdad para ser plena exige el reconocimiento de iguales derechos para todas las singularidades. Por eso reivindicaremos, en todo momento, el orgullo de la diversidad. 

El derecho a la diferencia. Aprobaremos una Ley Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación. Aprobaremos una Ley contra la Discriminación de las Personas LGBTI, incluyendo la prohibición a nivel nacional de las mal llamadas terapias de reversión. Aprobaremos la primera ley Trans, fomentando la integración sociolaboral de las personas transexuales y su plena participación en la vida política, social y cultural. 

Adoptaremos políticas públicas orientadas a mejorar el acceso y la permanencia en la educación y en el empleo de la población gitana. E impulsaremos, por último, un marco integral legislativo y político que erradique los discursos y los delitos de odio. He dicho que este Gobierno no tratará a ninguna persona como enemigo y así será. Pero vamos a ser militantes contra la ideología racista, contra la xenofobia, contra la homofobia y contra el machismo. 

Para este Gobierno patriotismo significa amparar por igual a todos los españoles, también a las minorías y a los más vulnerables. Patriotismo significa exhibir con orgullo nuestros logros en derechos sociales; nuestra condición de pioneros que somos en nuestro país –no hay más que ver lo que está debatiendo ahora Francia sobre la ley integral de Violencia de Género- en libertades civiles. Patriotismo significa desplazar del espacio público los símbolos que evocan un periodo de opresión y dictadura ejercida contra españoles por sus ideas, por su cultura y por su lengua. 

Y este será un Gobierno que enarbolará y hará honor a nuestra bandera, a nuestras banderas, pero jamás se camuflará tras ellas para herir u oprimir a otros compatriotas. 10.- El décimo y último capítulo del Programa de Gobierno es el reforzamiento de la cohesión territorial, de nuestro Estado Autonómico, el reforzamiento del autogobierno y su desarrollo dentro de una Europa federal en la que se inscribe nuestro futuro. Señorías, 

El Gobierno va a trabajar para superar el conflicto político en Cataluña. Lo debemos hacer por todos los catalanes y por el conjunto de españoles. Por convicción y por responsabilidad. El diálogo, siempre dentro de la Constitución, será una prioridad absoluta para alcanzar fórmulas de entendimiento y encuentro. No podemos asumir la herida territorial como una dolencia crónica destinada a pasar de generación en generación. La España de las Autonomías, la España del autogobierno, es una realidad incuestionable y consolidada que no admite marcha atrás. 

Una realidad que ha corrido en paralelo en las últimas décadas con la plena implicación de nuestro país en el desarrollo del proyecto europeo. El marco de organización territorial previsto en nuestra Constitución en su título VIII ha permitido que territorios silenciados durante décadas tuvieran al fin una voz clara. Ha permitido el libre desarrollo de las identidades nacionales dentro de nuestro marco constitucional. 

Ha perfilado España tal y como es, plural, diversa y democrática, completa de matices que nos enriquecen a todos. España tal y como es, ese va a ser nuestro proyecto político. Y como ha señalado la Autoridad Fiscal Independiente, contrariamente a ciertas creencias, que se están poniendo en cuestión por parte de la bancada de la derecha, el modelo autonómico ha supuesto una mejora de la distribución territorial de la renta superior a los países de nuestro entorno, por ejemplo Francia, con un Estado centralista. 

El camino, por tanto, no puede ser el de la involución –como plantean algunos-, sino el de la mejora, la reforma y la actualización de nuestro sistema. Siempre garantizando lógicamente la igualdad entre españoles. El nuestro es un modelo complejo, eso es evidente. Pero la complejidad no es más que una manifestación de la diversidad de nuestro país y no puede convertirse en un pretexto para no avanzar. Ha de ser un estímulo para el consenso y el diálogo desde una premisa clara: y es que se exige voluntad de compartir el poder, no de limitar el poder; o mejor dicho, no de asumirlo solamente una institución. 

Por eso, vamos a mejorar los mecanismos de colaboración institucional con todas las comunidades autónomas. Lo hemos hecho durante estos últimos meses, hemos puesto en marcha todas las comisiones bilaterales que están recogidas en muchos Estatutos de autonomía para reforzar la cooperación interinstitucional entre Gobierno central y gobiernos autonómicos. 

Y también, como consecuencia de que existe un conflicto político que tenemos que resolver, les anuncio que vamos a crear una mesa de diálogo bilateral entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Lo vamos a crear, vamos a debatir dentro del marco constitucional y vamos a poner fin a esta confrontación territorial. 

Colaboraremos también con el Gobierno vasco en el cumplimiento de las transferencias pendientes del actual Estatuto, y en la renovación del mismo que quiera hacer el Parlamento vasco, siempre dentro lógicamente de nuestro marco constitucional. Es imprescindible clarificar el reparto competencial entre Estado y poder autonómico –también mucho de lo que estamos viviendo, de los agravios territoriales, tiene que ver con el desgaste de nuestro Estado Autonómico, que tenemos que renovar y clarificar-. 

Al hacerlo, estaremos combatiendo uno de los efectos más perversos del actual sistema: el de la incertidumbre normativa que producen conflictos competenciales. Es verdad que el anterior gobierno ha reducido y mucho este nivel de conflictividad interinstitucional que ha existido entre Estado y CCAA; pero es evidente que tenemos que seguir clarificando competencias para evitar este nivel de conflictos. 

Más eficiencia, más claridad, más concreción en el reparto competencial tiene retornos para la sociedad y para los actores económicos. Significa menos conflicto y más claridad. Del mismo modo, vamos a promover la participación de las comunidades autónomas en las decisiones del Estado y del Estado en las actuaciones autonómicas cuando esté afectado el interés general. Y propiciar un intercambio de información real para favorecer una auténtica integración entre ambos poderes. 

Esta que se inicia debe ser la legislatura del diálogo, en general, y del  diálogo territorial en particular. Y promoveremos para ello la constitución formal de las Conferencias de Presidentes con carácter anual. Esta será además en coherencia la legislatura de la financiación autonómica. Es evidente que no podemos hacerlo solos, que vamos a necesitar también a la bancada conservadora. 

Pero creo que las CCAA que son gestoras del Estado del bienestar necesitan una actualización de la financiación autonómica. Esta es una reclamación, un diagnóstico no solamente hecho por presidentes y presidentas de gobierno socialistas, sino también de otros signos políticos y, en consecuencia, creo que tenemos que abordarla sin dilación. 

Señorías, Tenemos que garantizar la mejora de la financiación autonómica y local desde el respeto de sus elementos nucleares. Entre otras razones porque de ella depende el gasto en materias sociales que son esenciales para este gobierno, como educación, sanidad, servicios sociales o dependencia. 

El proceso de descentralización en España es inseparable, incluso en términos históricos, del proyecto de construcción europea. Quiero vincular ambas corrientes, que transitan en paralelo: la descentralización del poder territorial en nuestro país y también la construcción europea. Y transitan en paralelo como la manifestación de un gran éxito que es patrimonio de toda la sociedad española: una España autonómica, una España descentralizada, una España federal, en una Europa federal y unida. España seguirá teniendo una voz firme en la redefinición del proyecto de integración europea. 

Vamos a reforzar nuestro compromiso y orientarlo desde un principio: la reducción de la desigualdad, la precariedad y la pobreza. Seguiremos defendiendo el establecimiento de un Salario Mínimo Europeo, un Seguro de Desempleo y la consolidación efectiva del Pilar Social de la Unión. 

El proyecto europeo tiene que ensanchar sus bases de apoyo, relegitimarse como un instrumento útil para las personas. En definitiva, como una unión en valores que ensalza la diversidad de nuestro continente y nuestras sociedades, y ofrece una plataforma única para influir en un mundo globalizado. 

La Unión Europea tiene que ser un referente global en la lucha contra cualquier forma de discriminación. Por ello, impulsaremos la creación de un Alto Comisionado Europeo para los Derechos Fundamentales y la Igualdad de Trato que armonice y supervise la protección de los derechos fundamentales en todos los Estados. Europa es mucho más que un mercado: es una auténtica comunidad de valores humanistas y si abdica de la defensa de estos valores pierde su razón de ser. Esa es la visión con la que España sigue abrazando el ideal europeo.

Con esto concluyo la recapitulación de algunas de las medidas contenidas en el Acuerdo de Coalición Progresista. Son todas ellas medida alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 con la que este Gobierno se compromete, y pretende precisamente alumbrar la España que queremos para la próxima década. 

He comenzado exponiendo los valores que sustentas la orientación progresista de la Coalición Progresista para la que les pido el apoyo; he continuado describiendo la actitud integradora y dialogante que vamos a mantener con todos y cada uno de los gruis políticos. He definido su método de trabajo como activo y he enumerado por fin su programa. 

Señorías, Hace justo dos décadas, Europa adoptó la moneda única. Nada parecía detener el afán de la Unión de expandir sus límites y su modelo de economía social de mercado, primacía del Estado de Derecho y valores democráticos. Hace justo una década una devastadora crisis económica nos golpeó y nos obligó a frenar en seco. Esa misma Europa no supo responder con eficacia ni con equidad y descubrió de repente sus limitaciones. 

En este tiempo, España ha tenido que curar sus heridas sin casi poder pensar en todo lo que se ha dejado por el camino. Y en el precio a pagar, que se ha pagado, en términos de desigualdad y precariedad. Ante este cambio de década, es hora de reparar las secuelas que aún permanecen en la sociedad española y sentar las bases, en definitiva, para la tercera gran transformación de nuestro país. 

La primera transformación nos devolvió a Europa y nos alineó con un sistema de libertades y de derechos sociales. La segunda transformación nos convirtió en referente de igualdad y de oportunidades en Europa y en el mundo. 

Y la tercera nos emplaza a encarar los grandes retos de nuestro tiempo: a encarar la transición ecológica y la revolución digital, a encarar el debate y el desafío de la desigualdad, a saber entendernos y saber conocer y respetar y reconocernos en la diversidad de identidades que tiene nuestra nación; y a la vez que alcanzamos la plena igualdad de género y una mayor justicia social que nos haga sentir a todos integrantes de una misma comunidad. 

Hay grupos de esta Cámara no comparten las ideas que les he expuesto. Soy consciente de ello. Lo mismo sucede en nuestros centros de trabajo, en nuestras familias, en nuestro vecindario. Y eso no impide dialogar, alcanzar acuerdos y convivir a diario entre todas y todos. Por eso, insisto en el compromiso de hacer del diálogo una herramienta que vuelva a reconciliar a la política con la calle. Con una sociedad que ansía de nosotros grandes acuerdos, grandes pactos y grandes consensos. Que vuelva la cultura del acuerdo y se aleje la del enfrentamiento.

En unos minutos abandonaré esta tribuna y después escucharé con atención sus intervenciones. Cada portavoz empleará su tiempo como estime oportuno. Lo único que les pido, humildemente, es que piensen en la gente que nos ve desde sus hogares. Suban a esta tribuna y expongan una visión alternativa al programa que he expuesto. 

Defiéndanla con la pasión y la convicción que les dicte su conciencia. Y voten según su criterio. Porque será un honor escucharles y debatir junto a ustedes. Lo único que les pido es que no contribuyamos con nuestras palabras a que la convivencia se resienta. No traslademos desde esta tribuna más división a la calle, más discordia a las empresas, más desencuentro a las familias. Eso, Señorías, también es patriotismo. Gracias.