REAL DECRETO-LEY 20/2017, DE 29 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE PRORROGAN Y APRUEBAN DIVERSAS MEDIDAS TRIBUTARIAS Y OTRAS MEDIDAS URGENTES EN MATERIA SOCIAL. (Número de expediente 130/000026)
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): Señora presidenta, señorías, intervengo esta tarde en el Pleno del Congreso para solicitar a la Cámara la convalidación del Real Decreto-ley 20/2017, de 29 de diciembre, por el que se prorrogan y aprueban diversas medidas tributarias y otras medidas urgentes en materia social. En todos los casos se trata de cuestiones cuya entrada en vigor debía producirse el 1 de enero de este año, de ahí que el Gobierno haya tenido que recurrir a la figura del real decreto-ley para su aprobación con carácter de urgencia.
Por las materias a las que afecta, este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1 de la Constitución española, que establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas y sobre Hacienda general.
Este real decreto-ley afecta a tres ámbitos concretos de actuación: los valores catastrales, los impuestos sobre la renta de las personas físicas y sobre el valor añadido y el salario mínimo interprofesional, tres ámbitos cuya singular importancia para los sectores afectados justifica el uso del real decreto-ley, así como también justifica, sin duda, la petición del Gobierno a la Cámara de que convalide el contenido del mismo.
En el primer caso, debo recordar que la Ley del Catastro Inmobiliario contempla, en su artículo 32.2, que la actualización anual de los valores catastrales podrá realizarse a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. No obstante, al no ser posible hacerlo por la ausencia de estos, el real decreto-ley que hoy debatimos incluye en su artículo 1 la aprobación de los coeficientes de actualización para 2018.
Como saben sus señorías, esta medida contribuye a reforzar la financiación municipal, la consolidación fiscal y la estabilidad presupuestaria de las entidades locales. Su aprobación tiene una repercusión inmediata en el impuesto sobre bienes inmuebles, ya que el valor catastral es la base imponible del IBI, que se devenga el 1 de enero de cada año natural, de manera que tenía que entrar en vigor antes de esa fecha. De no haber sido así, los ayuntamientos concernidos no verían cumplidas las previsiones presupuestarias que hubieran realizado contando con dicha actualización. La medida —tengo que recordar esta tarde— había sido solicitada por 1830 entidades locales que cumplen los requisitos establecidos en la Ley del catastro para solicitar dicha actualización y el Gobierno ha actuado para dar respuesta a esa necesidad.
Con esta propuesta no se pretende incrementar globalmente los valores catastrales en todos los municipios, sino conseguir, tal y como señala la ley en vigor, una valoración catastral más homogénea con respecto al mercado inmobiliario, al servicio de los principios de generalidad y justicia tributaria en los citados 1830 municipios, que son los incluidos en la Orden del ministerio de 19 de septiembre. En algunos municipios la revisión supondrá un incremento, pero en otros supondrá una disminución.
De esta manera, se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 32.2 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, que permite actualizar los valores catastrales en aquellos municipios en los que se hayan detectado diferencias sustanciales entre sus valores catastrales y los del mercado y en los que además exista —insisto— solicitud del municipio, del órgano de gobierno, al respecto. Solo se aplicarán los nuevos coeficientes de actualización en el caso de que lo hayan solicitado expresamente los ayuntamientos.
En cambio, se deja inalterado el valor catastral de los inmuebles urbanos de los restantes municipios. Tampoco afecta a los bienes inmuebles rústicos ni a los bienes inmuebles de características especiales. No puedo dejar de manifestar a la Cámara que el Gobierno hubiera preferido, como en otras cuestiones que tenemos pendientes, que las cosas hubieran transcurrido por su cauce ordinario, es decir, que esta actualización de los valores catastrales se hubiera producido mediante la Ley de Presupuestos Generales del Estado, pero nos hemos encontrado con una situación de efectivo bloqueo dirigido a impedir el normal desarrollo de la gestión política, que hace unos meses creíamos con sinceridad que había entrado en una fase de superación.
Pero ha regresado este rechazo por parte de la mayoría de la Cámara a aprobar las cuentas públicas para 2018 en el momento oportuno. Por tanto, argumentos políticos completamente ajenos a la cuestión presupuestaria han impedido hasta el momento conformar una mayoría parlamentaria suficiente para sacar adelante el proyecto de ley de presupuestos.
No obstante, el deseo del Gobierno sigue siendo que en las próximas semanas esa mayoría sea posible y confiamos en que haya un número suficiente de diputados que antepongan el interés general a las estrategias de partido. En cualquier caso, si esto no fuera posible, la aprobación de este real decreto-ley muestra la vía por la que el Gobierno tiene la intención de actuar para poder sacar adelante iniciativas que, como las que esta tarde debatimos aquí, sean de urgente aprobación con el objetivo de beneficiar la buena marcha de nuestra economía y, por tanto, al conjunto de la sociedad española.
Creo sinceramente que es nuestra responsabilidad y nuestra obligación y actuaremos en consecuencia, tal y como señaló recientemente el presidente del Gobierno. El segundo ámbito en el que interviene este real decreto-ley afecta a diversas disposiciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre el valor añadido. Así, el artículo 2 del real decreto-ley prorroga para el período impositivo de 2018 los límites cuantitativos que se establecieron para delimitar el ámbito de aplicación del conocido como régimen de módulos, es decir, el método de estimación objetiva de los trabajadores autónomos para las actividades económicas incluidas en dicho régimen, con excepción de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales que tienen su propio límite por volumen de ingresos.
En este mismo sentido, se prorrogan también para el periodo impositivo de 2018 en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido los límites para la aplicación del régimen simplificado y del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, desde los 150000 euros previstos inicialmente hasta los 250000 euros, en consonancia precisamente con los nuevos límites previstos en el método de estimación objetiva en el impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Estas prórrogas, cuya extraordinaria y urgente necesidad justifica la utilización de la figura del real decreto-ley, están motivadas porque el periodo transitorio inicialmente concedido para los periodos impositivos de 2016 y 2017 ha resultado ser insuficiente, por lo que se aconseja su ampliación a partir del 1 de enero de este año. En caso contrario, los contribuyentes afectados habrían pasado a tributar a partir de dicha fecha, 1 de enero, en el método de estimación directa del impuesto sobre la renta y en el régimen general del IVA, lo que incidiría en sus obligaciones formales de facturación y en los pagos a cuenta que soportan, con un incremento de las cargas administrativas, algo que en este momento no resulta aconsejable.
A partir de estas dos modificaciones se ha hecho necesario establecer un nuevo plazo para presentar las renuncias o revocaciones del método de estimación objetiva del IRPF y de los citados regímenes especiales del IVA, ya que los contribuyentes afectados tuvieron que tomar las decisiones correspondientes desconociendo que los importes de los límites excluyentes iban a prorrogarse para 2018. El plazo para esta presentación ha sido de un mes a partir de la publicación de este real decreto-ley en el Boletín Oficial del Estado.
No obstante, para simplificar la labor de los contribuyentes y no crear nuevas obligaciones formales que sean innecesarias, también se considerarán válidas tanto las renuncias y revocaciones presentadas durante el mes de diciembre —en el caso de que ese sea el deseo de los afectados— como las modificaciones que hayan realizado a las citadas renuncias y revocaciones en el nuevo plazo establecido en el real decreto-ley.
Finalmente, el texto de este real decreto-ley que hoy debate el Congreso recoge en su disposición adicional el acuerdo social firmado entre el Gobierno y los interlocutores sociales para el incremento del salario mínimo interprofesional en el periodo 2018-2020. Se trata, como todas sus señorías conocen, de un acuerdo muy relevante para un colectivo de trabajadores con el que todos debemos ser especialmente sensibles, que son aquellas personas que perciben los salarios más bajos por la labor que realizan. Se trata de un colectivo de alrededor de 530.000 personas al que principalmente pertenecen mujeres, jóvenes y ciudadanos extranjeros.
Esta subida del salario mínimo avanza en sintonía con la que se produjo el año pasado y es consecuencia de la mejora de la situación económica que vive nuestro país en los últimos años. Todos somos conscientes de que el salario mínimo no podría incrementarse según lo acordado recientemente si la recuperación económica no fuera sólida y si las empresas no hubieran ganado en fortaleza financiera y en competitividad, y así lo reconocen todos los firmantes del acuerdo.
Hace poco más de un año el Gobierno ya pactó con el Partido Socialista un incremento del salario mínimo interprofesional del 8% hasta situarlo en los 707 euros al mes frente a los 655 del año 2016. El nuevo incremento que hemos acordado mantiene esa línea de mejora de las condiciones salariales de los colectivos con menores ingresos y se basa en el impulso al diálogo y la concertación social al que se comprometió el presidente del Gobierno en el debate de investidura.
En aquel debate el presidente Rajoy estableció entre sus prioridades dar una respuesta adecuada a la situación de las personas con mayores dificultades de inserción laboral: parados de larga duración, jóvenes y trabajadores que perciben los salarios más bajos, en línea con el salario mínimo interprofesional.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha protagonizado estos meses este diálogo con los agentes sociales, que ha dado frutos relevantes como la mejora del Programa de Activación para el Empleo y la prórroga extraordinaria hasta el mes de abril del Plan Prepara. Este clima de concertación también ha permitido que hace un año se aprobara el Real decreto-ley de Medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en el que a finales de 2017 se habían inscrito más de un millón de jóvenes.
Se trata de un programa que funciona ya que el 40% ha encontrado un empleo desde su puesta en marcha. En ese escenario de diálogo social se plasmó el pasado 26 de diciembre el acuerdo para incrementar el salario mínimo interprofesional, que fue firmado en el palacio de la Moncloa por el presidente del Gobierno, don Mariano Rajoy, los secretarios generales de CCOO y la Unión General de Trabajadores, don Unai Sordo y don José María Álvarez, y los presidentes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, don Juan Rosell y don Antonio Garamendi, respectivamente.
Este incremento salarial será de un 4% para este año, hasta situar el salario mínimo interprofesional en 736 euros al mes en 14 pagas, lo que significa 10304 euros al año; del 5% más en 2019, para llegar a 773 euros al mes en 14 pagas, es decir 10819 euros al año; y de un 10% adicional para el año 2020, hasta alcanzar los 850 euros al mes en 14 pagas, que son 11901 euros al año.
Es decir que estamos hablando de que en la actual legislatura el salario mínimo pasará de los 655 euros mensuales a los 850 euros, una subida de prácticamente el 30% en cuatro años, que será automática en cada ejercicio siempre que se mantenga el crecimiento económico y la creación de empleo en unos niveles que hagan sostenibles estos incrementos.
Según los propios términos del acuerdo firmado con los agentes sociales, este se materializará automáticamente cada año cuando la economía registre, como lo está haciendo, un crecimiento del PIB real del 2,5% o superior y se registre a su vez un incremento de la afiliación media a la Seguridad Social superior a las 450.000 personas en términos interanuales, algo que no será difícil de conseguir según las cifras de los últimos ejercicios y muy concretamente en el año 2017.
En el caso de que alguna de estas condiciones fallara, el acuerdo contempla que el Gobierno abra un proceso de negociación con las organizaciones sindicales y empresariales para determinar la cuantía del salario mínimo del año siguiente, en los términos que establece el artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores.
Así, pues, con este acuerdo tenemos un motivo más para que todos contribuyamos, desde nuestros respectivos ámbitos de responsabilidad, a que la recuperación económica se mantenga en los próximos años, favoreciendo que cada vez más españoles encuentren un empleo y que los salarios sean cada vez mayores, especialmente entre los colectivos menos favorecidos.
No debemos olvidar que, como se recoge en el propio acuerdo, la existencia de un salario mínimo más elevado conlleva beneficios económicos y sociales, como la reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres, y en colectivos en riesgo de exclusión, entre los que se encuentran trabajadores extranjeros y jóvenes; la cohesión del mercado de trabajo y un reparto más equitativo de la renta; la mejora de la calidad en el trabajo; el impulso del consumo, y el aumento de los ingresos de la Seguridad Social a través de unas mayores cotizaciones.
Como afirmó el presidente del Gobierno en la firma del acuerdo hace unas pocas semanas, queremos que la recuperación llegue a todos los hogares y a todos los salarios, especialmente a los más bajos, y con condiciones laborales justas. Me gustaría señalar a este respecto que este mismo espíritu de distribuir los beneficios de la recuperación económica es el que nos anima en la negociación que estamos manteniendo también con los sindicatos de la Función pública para tratar de mejorar los salarios de los empleados públicos y sus condiciones laborales en un acuerdo de carácter plurianual como ha sido el firmado en el ámbito del salario mínimo interprofesional.
Como saben sus señorías, en meses anteriores ya hemos sido capaces de acordar con los sindicatos la mejora de la oferta pública de empleo, así como dar estabilidad laboral hasta a un 90% de las plazas de interinos que existen en áreas prioritarias como la sanidad, la educación y la Administración de Justicia.
En todas estas negociaciones, lo que busca el Gobierno —y estoy seguro de que también los interlocutores sociales— es, como dice el texto que hoy debatimos, incluido en este real decreto-ley, contribuir a trasladar plenamente a los ciudadanos los efectos positivos de la recuperación de la actividad económica y favorecer de forma equilibrada la mejora de la competitividad de la economía española y el proceso de creación de empleo.
Concluyo, señorías, agradeciendo, porque es obligado que termine mi intervención de hoy así, agradeciendo a los interlocutores sociales su contribución para conseguir avanzar en el objetivo común de recuperar todo el empleo perdido en esta crisis y que ese empleo sea cada vez de mayor calidad, tanto en términos de remuneración como de condiciones laborales.
Al mismo tiempo, deseo agradecer en nombre del Gobierno el apoyo de los grupos parlamentarios que van a permitir la convalidación de este real decreto-ley, importante para muchas personas e importante para todos porque permitirá seguir consolidando la recuperación inclusiva de la economía que ya está viviendo España.
El Gobierno mantiene su deseo de seguir transitando por este camino de entendimiento con los representantes de trabajadores y empresas, y con los representantes políticos de los ciudadanos que quieran implicarse en la estabilidad política y económica de España, a través de acuerdos que nos permitan trasladar a las personas la mejora de las cifras económicas.
Nuestra voluntad de diálogo y negociación sigue en pie y confiamos en que también esté presente hoy en la mayoría de los grupos de esta Cámara, ya sea para que podamos tramitar con garantías unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para este año, ya sea, al menos, para poder sacar adelante cuestiones que afectan a importantes colectivos de la sociedad española, como es el caso de las medidas que incluye este real decreto-ley u otras con las que pretendemos mejorar el empleo de todos, el empleo público y la prestación de los servicios públicos fundamentales del Estado de bienestar. Gracias señorías. Gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor De la Torre Díaz.
El señor DE LA TORRE DÍAZ: Señora presidenta, señorías, señor Montoro, buenas tardes. En este primer Pleno del año 2018 hay que recordar de dónde viene este decreto-ley, que viene establecido en el Boletín Oficial del Estado de 30 de diciembre, donde no solamente se recoge este decreto-ley, sino que se recoge normativa tributaria a tutiplén; es decir, hay ocho reales decretos, órdenes ministeriales que afectan a prácticamente todos los impuestos, y se cambia toda la normativa tributaria sin ton ni son y pretendiendo que tenga efecto en cuarenta y ocho horas, lo cual crea caos normativo e inseguridad jurídica.
La razón por la que viene aquí este real decreto-ley es, por una parte, porque efectivamente no hay presupuestos, y la razón más simple por la cual no hay presupuestos es porque ustedes no los han presentado, y hasta enero tampoco los habían negociado desde septiembre; y en segundo término, porque determinados temas, que no se entiende muy bien cuáles son, vienen al Congreso y otros temas fiscales de todo tipo no vienen al Congreso.
En primer lugar, evidentemente; viene la actualización de los valores catastrales al Congreso, porque es una subida de impuestos, y nosotros no estamos de acuerdo. Usted mismo, el miércoles de la semana pasada, señor Montoro, en la Comisión de Hacienda decía que los municipios españoles tienen superávit, que tres mil de ellos, nada menos, no solamente tienen superávit, sino que ya no tienen deuda.
Y en estas condiciones, ¿usted para qué quiere subir los impuestos? Y dice: bueno, es que hay algunos ayuntamientos que lo piden. Sí, hay algunos ayuntamientos que lo piden y lo que tiene prioridad absoluta para ustedes es subir los impuestos, aunque sea la Administración a quien menos falta le haga, pero todas las demás materias que están en los presupuestos no tienen prioridad y no vienen en este decreto-ley.
En fin, esto es una cosa curiosa. De hecho incluso hay temas relevantes que se olvidan. A ustedes se les ha olvidado prorrogar la vigencia del impuesto de patrimonio. Y nosotros no estamos a favor del impuesto de patrimonio, pero en cualquier caso de lo que estamos seguros es de que este impuesto de patrimonio vendrá con carácter retroactivo.
Con lo cual, para que haya un mínimo de seguridad para los contribuyentes, uno esperaría que estuviese en este decreto-ley; esperaría que usted explicase qué es lo que guía su política tributaria, y que no intentase que los contribuyentes se leyesen más de mil páginas de normativa tributaria en cuarenta y ocho horas, que es cuando entraban en vigor. Le confieso que yo no me las he podido leer. No sé si usted lo habrá hecho, pero me temo que ningún diputado de la Cámara sabe todo lo que entró en vigor el famoso 1 de enero. Como le digo, no se entiende muy bien cuál es el motivo de esta subida de impuestos, que enmascara con otras dos medidas.
Vuelven a dejar los límites de módulos donde estaban cuando ustedes los modificaron en la última Ley de Presupuestos que aprobaron cuando tenían mayoría absoluta. Yo espero que el año que viene tengan una solución a todo esto y no lo aprueben todo cuarenta y ocho horas antes. Por último está la subida del salario mínimo interprofesional, cuestión a la que le pasa lo contrario que a otros temas que no forman parte de este decreto-ley, y es que la subida del salario mínimo interprofesional es una competencia del Gobierno, de acuerdo con el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores.
No se entiende muy bien para qué viene el decreto-ley a esta Cámara; quizá para que el Partido Socialista se pueda —entre comillas— apuntar el mérito de dicho decreto-ley, y en consecuencia les apruebe la subida de impuestos y la modificación del régimen de módulos. (Aplausos). Eso sí, se les concede competencia para compensar y modificar el salario mínimo interprofesional, cosa que nos hubiese gustado a nosotros que usted o la señora Báñez —que se ha marchado— explicasen, dado que se trata de la convalidación de un decreto-ley que afecta a su departamento.
Nos gustaría que nos explicasen qué quieren hacer con respecto a estas variables sociales del decreto-ley que afectan a los trabajadores que ganan más del salario mínimo interprofesional. En general no deja de ser una situación donde ustedes, señor Montoro, esperan hasta el último día, como los malos estudiantes, crean inseguridad jurídica y toman algunas medidas que a veces son imprescindibles, pero el orden en el que las toman no es casual.
Por otra parte, no someten a la Cámara todo aquello que deberían, pero sí algunas cosas que no necesariamente tendrían que pasar por aquí. En consecuencia, como nosotros estamos de acuerdo con algunas cosas pero con otras no, nos vamos a abstener. (Rumores). Con lo que estamos frontalmente en contra es con las subidas de impuestos, a las que ustedes y el Partido Socialista son tan aficionados.
Creemos que el salario mínimo debe ir subiendo, y nos preocupamos por los más desfavorecidos, por lo que en este sentido no estaría de más que a través de este decreto-ley se utilizase la Garantía Juvenil Europea, porque esto les supondría mucho más dinero a muchísimos jóvenes; dinero que no pagamos nosotros ni los empresarios, sino que se financia a través de fondos de Bruselas. En cualquier caso sí coincido con usted en que España necesita unos presupuestos, con lo cual, como ya le he dicho las dos últimas veces que ha comparecido usted en Comisión, le rogaría que informase al señor Rajoy sobre cuáles son nuestras condiciones, porque, por lo que leo en las entrevistas, no las ha entendido.
Nosotros queremos que se cumpla el acuerdo de investidura —es una cosa que le digo siempre—, que en consecuencia los imputados no estén en las instituciones, sino defendiéndose en los tribunales ordinarios, y que por tanto se les exija el acta. Por otra parte, y por tocar un tema de actualidad, nosotros queremos que haya presupuestos para que no haya subida de impuestos, como ocurre con este decreto-ley, sino una rebaja de impuestos, como está prevista, de 2000 millones de euros, así como que se cumpla en su integridad la equiparación salarial de Policía y Guardia Civil en tres años, que son cuestiones fundamentales que deberían estar aquí, porque la prioridad no debería ser subir los impuestos de los españoles, especialmente cuando hay superávit y apenas existe deuda de los municipios. Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Simancas Simancas.
El señor SIMANCAS SIMANCAS: Señora presidenta, señor ministro, señorías, el Gobierno nos propone la convalidación de un real decreto-ley importante, porque pone en marcha los mecanismos de que dispone el Estado para cumplir sus obligaciones financieras en un escenario de posible, por ahora posible ausencia de ley presupuestaria, un primer decreto de prórroga presupuestaria, podríamos decir; importante en suma.
Sin embargo, señor ministro, este texto que usted nos trae es más significativo por lo que ignora que por lo que dispone, es mucho más elocuente por lo que oculta que por lo que enseña. Esta habilidad suya, señor Montoro, como prestidigitador de las finanzas le ha valido el calificativo por parte de algunos de mago financiero, de aprendiz de brujo; a mí sin embargo me recuerda más al célebre Tony Leblanc en aquella película de los años cincuenta Los tramposos, cuando paseaba por la calle de Atocha intentando embaucar a algún incauto con aquello de la estampita, el tocomocho, el trile; me recuerda usted a Tony Leblanc con los cubiletes y eso de nada por aquí, nada por allá, dónde está la bolita.
Porque no tenemos ningún problema, señor Montoro, con la actualización de los valores catastrales, con la prórroga necesaria para la aplicación de algunas figuras tributarias, y desde luego no tenemos problema alguno con apoyarles en la ratificación de ese acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional de una manera limitada, ningún problema, pero, ¿dónde está lo demás, señor Montoro? ¿Dónde está la bolita? ¿Por qué no aparece en este decreto ninguna referencia al salario de los funcionarios, por ejemplo? Sí aparecía en otros decretos de prórroga. ¿Acaso no merecen los funcionarios, todos los funcionarios públicos de este país que se les asegure que no van a perder poder adquisitivo durante 2018? (Aplausos).
¿Acaso no merecían esa seguridad desde el 1 de enero pasado? Señor Montoro, ¿por qué no figuran en este decreto los 200 millones de euros destinados a cumplir los compromisos del Plan contra la Violencia de Género? Tenía usted un mandato directo, expreso, literal, unánime de esta Cámara que representa la soberanía nacional para que en el decreto de prórroga presupuestaria aparecieran esos 200 millones que van a proteger a las víctimas de la violencia de género. (Aplausos).
¿Dónde esconde usted la bolita, señor Montoro? Pero este no es el único compromiso incumplido. En este decreto falta también, señor Montoro, referencia a las entregas a cuenta que usted comprometió con las comunidades autónomas para su financiación. Las comprometió en el mes de julio de 2017, las comprometió por escrito para este 2018 en Conferencia de Política Fiscal y Financiera. Es financiación autonómica que no es financiación para los Gobiernos autonómicos, sino financiación para los servicios que atienden las necesidades de los españoles en la educación, en la sanidad y en los servicios sociales.
¿Dónde está esta bolita, señor Montoro? Es financiación autonómica que no es financiación graciable del Gobierno, sino financiación obligada por la ley, financiación comprometida, financiación con la que las comunidades autónomas ya han hecho, ya han elaborado, ya han aprobado sus propios presupuestos, financiación que en su mayor parte, lo sabe usted mejor que yo, no tiene nada que ver con los presupuestos, que es en más de un 75%, financiación extrapresupuestaria.
Señor ministro, se lo vamos a decir alto y claro: No tiene usted derecho a practicar trilería alguna con los recursos comprometidos para la educación y la sanidad de los españoles. (Aplausos). No tiene usted derecho a mantener en la incertidumbre y en la inseguridad jurídica a las comunidades autónomas que ya cuentan con esos recursos porque usted se los comprometió en el mes de julio del año pasado. Y en este decreto, desde luego, se echa de menos una actualización de las pensiones conforme al coste de la vida.
Nosotros echamos de menos esta cuestión, como hubiera ocurrido antes de que llegaran ustedes al Gobierno, como hubiera ocurrido si no hubieran reventado ustedes el Pacto de Toledo y si no hubieran impuesto ustedes por ley la subida limitada del 0,25 que está empobreciendo a los pensionistas. Con este decreto es con el que deberían ustedes haberse dirigido a los pensionistas por carta en estos días, anunciándoles pensiones dignas y no con esa carta vergonzante en la que ustedes les anuncian subidas ridículas e irrespetuosas de dos o tres euros al mes. Esta es la carta que debían haber recibido los pensionistas.
Señor Montoro, ¿sabe lo que falta también en este decreto, al menos en su presentación pública? Falta aquel acuerdo —recordará usted— por el que se establecen los criterios de aplicación de la prórroga para 2018 de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. ¿Recuerda usted aquel acuerdo? Un acuerdo con información clave firmado por el ministro de Hacienda y por la vicepresidenta del Gobierno, pero un acuerdo que fue clandestino, porque lo conocimos por una filtración a los medios de comunicación.
Un acuerdo sin precedentes en su naturaleza y en su alcance, pese a lo que nos digan ustedes. ¡No tenía precedente en su naturaleza y en su alcance! Un acuerdo que en su punto noveno establece una limitación estricta de los expedientes de gasto de cada organismo del Estado al 50% no ya de lo que se presupuestó en 2017, sino de lo que efectivamente se ejecutó en el año 2017, que es mucho menos. Una limitación del 50%, de la mitad, para todos los departamentos, incluido educación y sanidad, por ejemplo; una limitación que solo podrá superarse —textual del acuerdo— en casos excepcionales debidamente justificados ante el señor Montoro, por supuesto.
Un acuerdo clandestino que establece y confirma dos cosas: una, la voluntad del Gobierno de seguir a rajatabla la estrategia de financiar crecimiento económico con recortes sociales y, dos, la voluntad del Gobierno —no sé cómo decirlo, señor Montoro, ayúdeme usted— de presionar, extorsionar y chantajear a sus eventuales socios presupuestarios: ¡Ojo!, como no me aprobéis mis presupuestos, aquí tengo una herramienta para recortaros a la mitad las inversiones y las transferencias que estéis aguardando para vuestros territorios.
Esto es como el chiste del dentista, señor Montoro, está usted diciendo a sus socios presupuestarios: ¿A que no nos vamos a hacer daño? Solo que usted no es dentista, señor Montoro, ni es Tony Leblanc; usted es el ministro de Hacienda obligado por el interés general y ni los grupos parlamentarios estamos dispuestos a someternos a sus trilerías y a sus chantajes, ni tiene usted derecho a utilizar el salario de los funcionarios ni la financiación de la sanidad autonómica ni los recursos necesarios en la protección de las víctimas de la violencia de género para sus jueguecitos de trilero en la Plaza de Atocha, señor Montoro.
Desde luego, estamos a favor de aumentar el salario mínimo, pero esta subida, señor Montoro, no es suficiente. Ustedes parten de un doble error. Ustedes entienden que los salarios dignos son una especie de amenaza para el crecimiento y sostienen también equivocadamente que el Gobierno no tiene derecho ni capacidad para incidir en la fijación de los salarios. Doble error, señor Montoro. El crecimiento económico más sólido no es aquel que se sustenta en la devaluación salarial, sino el que busca valor añadido y competitividad en la investigación, innovación, calidad y formación de los trabajadores y en trabajadores bien pagados.
El Gobierno claro que puede y debe favorecer el incremento salarial; por ejemplo, derogando la reforma laboral, fortaleciendo la negociación colectiva o aprobando subidas de salario mínimo decididas, valientes, a razón de 100 euros mensuales cada año para llegar a los 1000 euros mensuales en el año 2020, como ha propuesto el Partido Socialista. Termino, señor ministro.
Tres conclusiones. Vamos apoyar la convalidación de este decreto porque menos es nada, vamos a tramitarlo como proyecto de ley porque aquí faltan muchas cosas en relación con los salarios de los funcionarios, la lucha contra la violencia de género y la financiación de los servicios autonómicos, y vamos a exigirle, señor Montoro, que se deje usted de bolitas y de cubiletes, que afronte sus responsabilidades con respeto y con responsabilidad y que abandone toda esperanza de que le funcionen los chantajes. Con nosotros, desde luego, no. Muchas gracias. (Aplausos).
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