RESOLUCIÓN DEL COMITÉ FEDERAL PARA DE LA DEFENSA DE LAS
PENSIONES Y SU FUTURO
La sociedad española tiene en el Sistema Público de Pensiones y en la
Seguridad Social un pilar fundamental de nuestro sistema de bienestar del que
nos sentimos muy orgullosos. Siendo un sistema de reparto, basado en la
solidaridad intergeneracional, se encuentra al abrigo de los problemas que están
sufriendo en otros países los sistemas de capitalización que, en un mundo de
liquidez excesiva, se encuentran con dificultades crecientes para conseguir los
retornos necesarios y asegurar así pensiones dignas.
Sin embargo nuestro sistema de pensiones se ve hoy amenazado por un déficit
que se reproduce de modo creciente año tras año y que, comenzando en el año
2012 por 10.171 millones de euros y llegando en 2017 a 18.800 millones de
euros, según previsiones del propio Gobierno. En definitiva, calculamos que el
déficit estructural se va a terminar estabilizando en torno a 15.500 millones de
euros anuales.
Esta situación puede prolongarse hasta 2022. A partir de 2023,
sin embargo, nuevos aspectos como la entrada en la edad de pensionistas de
las cohortes procedentes del “baby boom” en España añadirán un nuevo foco de
tensión.
El déficit ha sido compensado con retiradas masivas del Fondo de Reserva, que
si llegó a tener casi 67.000 millones de euros, hoy se sitúa en 8.095. Para hacer
frente a ese déficit y al pago de las pensiones en el periodo 2012-2017 se han
necesitado fondos por un importe de 93 mil millones de euros adicionales a las
cotizaciones.
Una vez esquilmado el Fondo de Reserva, la Seguridad Social está
recurriendo a los créditos del Tesoro, y en esa medida a un aumento de la Deuda
para resolver el déficit.
En este difícil contexto queremos hacer varias afirmaciones.
- En primer lugar, queremos mandar un mensaje de tranquilidad a los actuales pensionistas: el recurso extraordinario a créditos para asegurar la paga extraordinaria de los jubilados u otros gastos no tiene por qué continuar. Y también queremos mandar un mensaje de certidumbre y esperanza a los que en un futuro quieren tener asegurada su pensión: existen soluciones a largo plazo que atestiguan que los españoles, tanto ahora como el 2040, pueden tener su retiro asegurado.
- En segundo lugar queremos decir con toda claridad que estas soluciones son compatibles con el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, eliminando así el índice de revalorización, que condena a ridículas subidas del 0,25% y que es parte de la contrarreforma de las pensiones que realizó el PP en 2013 y que debe ser derogada.
- Las soluciones que proponemos para restañar el déficit actual de la Seguridad Social pasan, en primer lugar, porque siga existiendo creación de empleo puesto que el desempleo y el descenso equivalente de cotizantes ha sido una causa importante del déficit actual. Pero esto, contra lo que dice Mariano Rajoy. No es suficiente: se necesitarían entre tres y cuatro millones de nuevos empleos para devolver la estabilidad a las cuentas de la Seguridad Social y no podemos cargar a la Deuda, y en consecuencia a las nuevas generaciones, el déficit de la SS durante esos 6-8 años necesarios a los ritmos actuales de creación de empelo.
- Nuestra solución pasa, en segundo lugar, por asegurar que los salarios en España suben, la precariedad cede y el poder de negociación de los trabajadores aumenta. El gran causante del déficit actual de la caja de las Pensiones es la reforma laboral del PP, que ha realizado un ajuste enorme de los salarios a la baja y ha ocasionado la emergencia del precariado en nuestro país. La consecuencia ha sido que, incluso llegando a los niveles de número de cotizantes previos a la crisis, sin embargo los ingresos del sistema son menores porque las cotizaciones son más pequeñas pues corresponden a salarios menores. Por ello, sin derogar la Reforma Laboral del PP y sin volver a una senda de salarios decentes en nuestro país, nuestro sistema de pensiones no se podrá reequilibrar. Nuestro Pacto de Rentas y la Proposición de Ley de Igualdad Laboral contribuirá a conseguir este objetivo y también a eliminar la brecha de género tanto en salarios, como en pensiones entre hombres y mujeres.
- La solución implica, en tercer lugar, racionalizar los gastos de la Seguridad Social, traspasando a los Presupuestos Generales del Estado aquellas partidas que tienen carácter de gasto general y que no deberían ser satisfechas por la caja de las pensiones: nos referimos a los gastos de personal, gastos corrientes en bienes y servicios e inversiones de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social y a otros gastos, como por ejemplo las tarifas planas o las reducciones de cuotas para incentivar la creación de empleo, cuestiones que nada tienen que ver con la Seguridad Social.
- La solución supone, en cuarto lugar, complementar las medidas propuestas hasta este momento con un aumento de los ingresos. Es por ello por lo que, desde ahora mismo y para el futuro de inestabilidad que el sistema de pensiones pudiera presentar, queremos plantear la creación de una “cesta de impuestos” que, sin gravar con impuestos adicionales a las clases trabajadoras y medias, sin embargo pueda equilibrar las cuentas y asegurar así, durante el tiempo que esto sea necesario, el equilibrio presupuestario de la Seguridad Social.
- El impuesto extraordinario a la banca – un nuevo impuesto utilizando como base imponible la del Impuesto de Sociedades - parte de considerar que si se realizó un rescate por 77 mil millones al sistema bancario español a resultas del cual la banca actualmente existente se benefició en términos de capitalización, tamaño de mercado o eficiencia productiva, es de justicia fiscal que esa banca ahora contribuya, si bien en una medida comparativamente menor (860 millones anuales), al rescate de la institución que mejor representa el interés común de los ciudadanos, la Seguridad Social.
- El impuesto sobre Transacciones Financieras Internacionales busca, por otra parte frenar algo el flujo de finanzas especulativas mediante el gravamen de una pequeña cantidad por transacción, experiencia que ya ha sido impulsada con éxito en Francia.
- Así mismo, con el objeto de preservar los derechos de los/as trabajadores/as e incrementar la recaudación de cotizaciones, consideramos necesario reforzar la inspección de Trabajo y Seguridad Social para intensificar la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.
- La propuesta que realizamos difiere de la que ha adoptado hasta la fecha el Partido Popular desde el gobierno. Para él la solución, puesto que sus políticas de empleo hacen disminuir los ingresos, es disminuir los gastos del sistema reduciendo la cuantía de las pensiones y llamando a complementarlas con planes privados de pensiones que muy pocos en nuestro país se pueden permitir.
Por todo ello, el Comité Federal del PSOE quiere resaltar la solidez de la
propuesta socialista para garantizar el Sistema Público de Pensiones y considera
que es realizable en la medida en que exista voluntad política para defenderlo
tanto en el presente como en el futuro.
Por ello, el Comité Federal del PSOE
hace un llamamiento al resto de los partidos políticos y a los agentes económicos
y sociales a que las consideren y puedan ser discutidas. Junto a ello, los y las
socialistas llevaremos al Pacto de Toledo un nuevo principio de “reequilibrio
presupuestario” en línea con la propuesta que hemos planteado.
RESOLUCIÓN COMITÉ FEDERAL
DÍA MUNDIAL DE LA JUSTICIA SOCIAL
Naciones Unidas ha declarado el día 20 de febrero como Día Mundial de la
Justicia Social. Con esta conmemoración busca impulsar la labor de la
comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover el
empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad de género y el acceso al bienestar
y la justicia social para todos y todas.
El desarrollo social y la justicia social son fundamentos indispensables para el
logro y mantenimiento de la paz, seguridad y respeto para todos los derechos
humanos y libertades fundamentales.
La justicia social es un principio fundamental para la convivencia pacífica y
próspera, dentro los países y entre ellos.
Para Naciones Unidas, la búsqueda de
la justicia social universal representa el núcleo de su misión en la promoción del
desarrollo y la dignidad humana.
La celebración de este Comité Federal, órgano máximo del PSOE entre
Congresos, es una oportunidad para que los y las socialistas renovemos nuestro
compromiso con los objetivos de Naciones Unidas de justicia social en el mundo,
así como con la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.
En 2018, Naciones Unidas pone el acento en los “Trabajadores en movimiento
en busca de la Justicia Social," apelando a la toma de conciencia colectiva para
revertir el preocupante incremento de los indicadores que miden la desigualdad
y la fractura económica y social.
Por ello y con motivo del Día de la Justicia Social, queremos fijar la mirada en la
situación actual de la sociedad en nuestro país, azotada por un preocupante e
intolerable incremento de la desigualdad, que ha afectado principalmente a las
rentas medias y bajas.
Fijamos nuestra mirada en los auténticos sufridores de la
crisis, la población trabajadora y parada que se encuentra bajo el umbral de la
pobreza. Y, especialmente, en las mujeres y los jóvenes, principales víctimas de la reforma laboral de un Gobierno del Partido Popular que ha agudizado los
efectos de la crisis y empeorado la situación de los colectivos más vulnerables.
Se cumplen ahora 10 años de la publicación del Índice de Justica Social Europeo
sobre los 28 países de la UE. En España, se observa un aumento sostenido de
la desigualdad durante los últimos años, hasta situar a nuestro país en el puesto
24 de los 28 estados miembros en el índice global de Justicia Social.
Es
particularmente grave la situación de nuestro país en los indicadores que miden
la prevención de la pobreza y, en especial, en aquéllos que miden la situación
de la infancia y la juventud y sus oportunidades.
En los últimos años, diferentes análisis sobre la justicia social en la UE han
puesto de manifiesto que tres factores -crisis económica, políticas de austeridad
implementadas como respuesta a la misma y no-adopción de iniciativas para
paliar los efectos de la crisis- han conducido a un deterioro del índice en algunos
países y de forma singular en algunos de sus componentes.
En el caso de España, las lesivas “reformas estructurales” del Gobierno del
Partido Popular -pensiones, reforma fiscal, los recortes en el Estado del
Bienestar y, singularmente, la reforma laboral-, han situado a nuestro país en los
últimos lugares de los indicadores más decisivos de justicia social actual y de
futuro.
El impacto más negativo lo sufren las políticas relacionadas con el empleo,
especialmente en la juventud, y las que benefician a familias jóvenes e infancia.
Los indicadores sitúan a España en los últimos lugares.
En educación, nuestro país se encuentra entre los países que obtienen una muy
baja calificación.
No es de extrañar, ya que los recortes presupuestarios
operados durante la crisis en políticas educativas, cercanos al 20%, han sido
especialmente agresivos.
Uno de los indicadores más preocupantes del área
educativa es, por ejemplo, el referido a tasa de abandono escolar, que además
repunta en fechas recientes de forma preocupante.
España obtiene una baja calificación en relación con el mercado de trabajo
debido no solo a las elevadas tasas de paro, sino también al incremento del
desempleo de larga duración, la baja cualificación de los desempleados, la alta
precariedad laboral y el empobrecimiento de los trabajadores.
En el marco del indicador referido a justicia intergeneracional, que mide la
apuesta por las energías renovables, inversión en investigación, innovación y
desarrollo, la situación de España es igualmente preocupante.
Ante esta situación, los y las socialistas consideramos urgente impulsar un
proyecto de país alternativo de corte inequívocamente socialdemócrata.
Un
proyecto para implantar un nuevo modelo de desarrollo económico justo e
integrador; construido sobre un marco laboral que garantice dignidad y calidad
en el empleo; y con un cambio de paradigma en las políticas sociales, entendidas
como inversión de futuro y nunca como un gasto que lastra el crecimiento
económico.
Las políticas sociales deben tener la consideración de un factor productivo más,
esencial para el desarrollo económico y el empleo. Priorizando la “preparación”
de las personas sobre la “reparación” de las situaciones de necesidad.
Por todo ello, hoy renovamos nuestro compromiso con un nuevo marco de
convivencia que invierta la tendencia al aumento de la desigualdad y la pobreza.
Y lo hacemos apelando a un desarrollo sostenible, inclusivo y que asuma el
desafío de la transición ecológica de la economía.
Con una fiscalidad más justa,
mejora de las condiciones laborales y pensiones dignas. Y un Estado de
Bienestar concebido como derecho de ciudadanía, orientado a la inversión social
y que incorpore un Ingreso Mínimo Vital.
Nuestro futuro como sociedad se construye sin dejar a nadie atrás y guiados por
la Justicia Social
RESOLUCIÓN DEL COMITÉ FEDERAL PARA SUPERAR EL
ESTANCAMIENTO DE LAS CLASES MEDIAS Y TRABAJADORAS EN
ESPAÑA A TRAVÉS DE UN NUEVO ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES
Con la recuperación se ha puesto de manifiesto que en España vivimos en un
nuevo modelo económico y social: por primera vez el crecimiento económico y
la renta de la mayoría de los ciudadanos se han desacoplado y no progresan
juntos.
Con la crisis vimos un aumento enorme de la desigualdad, que no está
desapareciendo en los tiempos de recuperación: estamos en un nuevo tipo de
sociedad en la que la desigualdad y la pobreza, si no lo remediamos, pueden
convivir con altas tasas de crecimiento económico.
Esta evolución no ha sido casual, tiene causas muy concretas.
El abuso de la temporalidad se ha ido agravando: hoy los contratos temporales
son mucho más cortos, precarios y peor pagados, firmándose en nuestro país
35 contratos temporales por cada fijo. La situación de temporalidad
desembocando en precariedad también se reproduce en el sector público, en el
que según los últimos datos más de 740.000 trabajadores tienen un contrato
temporal (el 24%), particularmente en actividades tan cruciales para el bienestar
de los ciudadanos como la educación o la sanidad.
Han surgido nuevas
modalidades de contratación como el trabajo a tiempo parcial, que ya significa
una parte importante de la contratación (14,8%), realizada en muchas veces de
modo forzado: así, en España a finales de 2017 el 57,3% de los trabajos a tiempo
parcial son ocupados porque no se pudo encontrar uno a tiempo completo.
Por
último, se ha generalizado la explotación sin apenas derechos, a través de la
figura de los becarios y la de los falsos autónomos (ATA estima que existen unos
100.00, mientras que UPTA los cifra en 240.000), a los que, debido a la aparición
de diversas plataformas digitales, hay que añadir una nueva generación de
trabajadores obligados a trabajar como autónomos sin serlo en realidad. Y en
cualquiera de todas estas categorías comprobaremos que ocupan la peor
posición las mujeres.
En conjunto, el legado de la crisis es la aparición del precariado, como un nuevo
rasgo estructural de la sociedad postcrisis. Una de sus consecuencias es la
emergencia de fenómenos extremos, que se han asentado como rasgos de nuestra sociedad: desde la aparición de los trabajadores pobres (el 14,1% del
total de ocupados, según la Encuesta de Condiciones de Vida) hasta el aumento
del riesgo de pobreza en una sociedad en plena recuperación.
Así la población
en riesgo de pobreza ha aumentado del 20,9% (2012) al 23,2% (2016), y la
infantil del 26,9% al 28,9%.
Al mismo tiempo, el debilitamiento de la negociación colectiva, y la preeminencia
de los convenios de empresa han supuesto una carrera a la baja de los salarios
en los sectores más regulares de nuestra economía.
Como ya denunciamos en
nuestra propuesta por un nuevo Pacto de Rentas en España, el aumento de la
productividad entre 2008 y 2016 ha equivalido a una ganancia de 7.040 euros
por trabajador, pero apenas ha beneficiado a los trabajadores, cuya
remuneración promedio ha crecido tan solo un 0,8%, o 220 euros, yendo el resto
a los excedentes empresariales.
El significado de esta nueva realidad tiene un nombre: estancamiento económico
y social de las clases medias y trabajadoras en España, un estancamiento que
abarca a la mayoría de los trabajadores, los profesionales y los autónomos en
nuestro país. Los datos de renta indican que mientras que el 30% de la población
con más renta experimentaba incrementos de renta en el periodo 2008 a 2016,
la mayoría restante, el 70%, veía en 2016 que su renta era menor que la de 2008.
Pero esta situación tiene remedio.
Nosotros queremos lanzar a esa gran mayoría
que ha visto sus rentas estancadas, sus oportunidades de un trabajo y un salario
decente disminuidas, un mensaje de esperanza.
El origen de los nuevos males
que pueden cronificarse en nuestra sociedad, se encuentra en el debilitamiento
del poder de negociación de los trabajadores y en la reforma laboral que hizo el
gobierno del PP en 2012: ellas son las causantes de la aparición del precariado,
de la tendencia a salarios decrecientes en España para la gran mayoría y del
estancamiento de las clases trabajadoras y medias en nuestro país, que deben
volver a ser el motor de nuestro progreso económico y social.
Resolver este estado de cosas implica, en primer lugar, derogar la reforma
laboral del PP y devolver a los trabajadores un mayor poder de negociación. Por
ello, el Comité Federal del PSOE considera necesario redactar un nuevo Estatuto
de los Trabajadores, con la participación de las organizaciones sindicales y empresariales a través del diálogo social, que como mínimo contenga los
siguientes elementos:
- Recuperar la autonomía colectiva de los interlocutores sociales para estructurar el sistema de negociación colectiva, preservar la fuerza vinculante de la negociación colectiva y suprimir la prioridad aplicativa de los convenios de empresa mediante la vertebración y la articulación sectorial. Asimismo, restablecer la ultraactividad de los convenios colectivos.
- Reforzar el principio de causalidad en la contratación para conseguir que la contratación indefinida sea la forma ordinaria de acceso al empleo, y la contratación temporal se utilice exclusivamente para actividades de carácter temporal.
- Elevar las indemnizaciones por finalización de los contratos temporales equiparándolas a la indemnización prevista para la extinción por causas objetivas.
- Revisar la regulación del trabajo a tiempo parcial, reforzando la seguridad y la protección de los trabajadores y su compatibilidad con la conciliación familiar y laboral. • Establecer la obligatoriedad del registro de la jornada diaria, para erradicar los abusos en las horas extraordinarias.
- Recuperar la naturaleza formativa del contrato para la formación y el aprendizaje.
- Regular las prácticas y la figura del becario, e impulsar el contrato de prácticas laborales.
- Regular la protección de los derechos de los trabajadores de las contratas y subcontratas, incluyendo a las empresas multiservicios.
- Proteger los derechos laborales de los trabajadores de las plataformas digitales y poner fin a la utilización de los falsos autónomos.
- Dar preferencia a las medidas de flexibilidad interna frente a las de flexibilidad externa, siendo los despidos la última opción. Las medidas han de ser causales y orientarse a atender las necesidades de adaptación de las empresas para el mantenimiento del empleo, en base a la contratación indefinida.
- Potenciar la sindicalización en el ámbito de empresa y reforzar los derechos de información, consulta y participación de los representantes de los trabajadores.
- Reformular de forma equilibrada las inaplicaciones o modificaciones de las condiciones de trabajo pactadas en los convenios colectivos, al igual que la regulación de las extinciones y las suspensiones de los contratos.
- Garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el empleo y en las relaciones laborales, para lo que impulsaremos la futura Ley de Igualdad Laboral. Al mismo tiempo, impulsar la mejora de las condiciones de trabajo y en la Seguridad y la Salud en el Trabajo.
- Aumentar el número de efectivos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y actualizar la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social. También es necesario impulsar la lucha contra la economía sumergida y, desarrollar políticas públicas para su afloramiento y cumplimiento de la legislación laboral, social y fiscal.
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