Con relación a las medidas adoptadas en la disposición adicional tercera de este real
decreto-ley, la extraordinaria y urgente necesidad queda justificada ante las consecuencias
económicas derivadas de la crisis sanitaria y, en concreto, ante la falta de financiación que están teniendo en mayor medida las pequeñas y medianas empresas y los autónomos.
Así, se requiere asegurar la continuidad en la provisión de financiación a empresas durante
la crisis, con el fin de evitar que una crisis de liquidez se transforme en una crisis de
solvencia. En este sentido, la creación del Fondo Paneuropeo de Garantías forma parte de
la respuesta europea para atender a las consecuencias económicas más inmediatas
derivadas de la pandemia, habiendo solicitado el Consejo Europeo su puesta en marcha
para el 1 de junio.
La demora en su implementación implica un riesgo de que una crisis de
liquidez se transforme en una crisis de solvencia en el caso de empresas con mayores
restricciones a la financiación, lo que podría poner en riesgo la supervivencia de estas
empresas, con efectos permanentes en la economía y el empleo.
Con respecto a la disposición adicional cuarta, la extraordinaria y urgente necesidad
viene determinada por la derogación por el Real Decreto 573/2020, de 20 de mayo, de las
disposiciones adicionales segunda, tercera y cuarta del Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, y el paralelo levantamiento de la suspensión de los plazos procesales,
administrativos y de prescripción y caducidad de los derechos y acciones.
En atención a lo
anterior, resulta imprescindible, de un lado, que los actos y resoluciones judiciales y
administrativas con trascendencia registral puedan quedar reflejados en los diferentes
registros y, de otro, que los plazos de prescripción y caducidad de los derechos y acciones
se correspondan con los de los asientos registrales que los recogen y que a día de hoy se
hayan suspendidos.
Por tanto, la necesidad de restablecer la seguridad jurídica y del tráfico
jurídico y mercantil impone a su vez el levantamiento de los plazos de caducidad de los
plazos de los asientos registrales susceptibles de cancelación por el transcurso del tiempo.
Por lo que se refiere a las medidas adoptadas en la disposición final primera de este
real decreto-ley, la extraordinaria y urgente necesidad queda justificada en la perentoriedad
de habilitar los instrumentos que permitan, tras la finalización del estado de alarma, el
mantenimiento de las exenciones concedidas durante su vigencia en los ámbitos excluidos
de la aplicación de la normativa de la Unión Europea, para que de una forma equivalente
a la prevista en dicha normativa, permitir el mantenimiento de las exenciones concedidas
durante el estado de alarma por las autoridades competentes delegadas, y adaptarlas a la
situación efectiva del sector hasta alcanzar la normalidad.
En efecto, las limitaciones de movilidad establecidas por los Estados para frenar el
contagio de la enfermedad, así como la reducción de la actividad ha determinado que los
titulares de licencias, operadores y otros sujetos aeronáuticos titulares de habilitaciones o
autorizaciones para la realización de actividades aeronáuticas, sujetas a sujetas a la
normativa nacional, no puedan cumplir los requisitos exigidos por la normativa (experiencia
reciente, horas de vuelo, mantenimiento de la aeronavegabilidad, etc.) y,
por tanto,
manteniendo los estándares de seguridad, sea necesario mantener o prolongar las
medidas de flexibilidad aprobadas para el mantenimiento de dichos títulos, habilitaciones
o autorizaciones adoptadas durante el estado de alarma, y graduarlas en tanto se recupera
la normalidad, y permitir el establecimiento de las que sean precisas para una recuperación
escalonada que evite el colapso y permita la recuperación de la normalidad en el sector o
cuando concurran circunstancias urgentes imprevistas, o necesidades operativas urgentes.
Al respecto, cabe destacar que esta habilitación es equivalente a la prevista en el
artículo 71 del Reglamento (UE) 2018/1139, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4
de julio de 2018, en los ámbitos de actividad de la aviación civil cubiertos por la normativa
europea.
Desde la perspectiva de las medidas adoptadas en las disposiciones finales segunda
y tercera del presente real decreto-ley, a lo largo de los últimos meses y, sobre todo,
durante la semana previa a la declaración del estado de alarma, se puso manifiesto que la
legislación sectorial en materia sanitaria no contaba con instrumentos suficientemente
precisos que permitieran afrontar una situación como la de crisis sanitaria en la que el país
aún se encuentra inmerso.
En este sentido, se aprueban medidas específicas que
refuerzan los instrumentos de coordinación y cooperación en materia de salud pública a la
vista de las características globales de la epidemia. Estas singularidades exigen, de modo
inmediato, facultar al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para que, en el marco de las actuaciones coordinadas, se puedan diseñar y activar planes y estrategias
de actuación en casos de emergencias sanitarias, contando con la participación de todas
las administraciones concernidas.
Asimismo, se establecen nuevos deberes de información en situaciones de emergencia
para la salud pública.
La experiencia vivida durante la crisis sanitaria ha puesto de relieve
la perentoriedad del suministro de información entre autoridades sanitarias que facilite el
seguimiento de la evolución epidemiológica y de las medidas de prevención, control y
contención adoptadas al respecto. Solamente de este modo se podrá garantizar de
manera suficiente la coordinación reforzada del conjunto del sistema sanitario, que permita
dar respuestas eficaces a situaciones excepcionales como la presente.
Finalmente, también se debe advertir que el hecho de que una parte de este real
decreto-ley se pueda llegar a considerar una reforma estructural no impide, por sí sola, la
utilización de la figura del decreto-ley.
Como ha sostenido el Tribunal Constitucional, el
posible carácter estructural del problema que se pretende atajar no excluye que el mismo
pueda convertirse en un momento dado en un supuesto de extraordinaria y urgente
necesidad, que justifique la aprobación de un decreto-ley, lo que deberá ser determinado
atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada caso (STC 137/2011, FJ 6; reiterado
en SSTC 183/2014, FJ 5; 47/2015, FJ 5, y 139/2016, FJ 3).
Por lo que se refiere a la modificación realizada mediante la disposición final cuarta del
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, cabe señalar que la concurrencia del
presupuesto de la extraordinaria y urgente necesidad resulta de la propia finalidad de la
medida, que es extender más allá de la finalización del estado de alarma las cautelas de
distanciamiento social que han permitido la contención de la pandemia.
Así, actualmente
nos encontramos que esta situación excepcional no va a desaparecer cuando concluya el
estado de alarma, por lo que muchas de las asambleas de las cooperativas, ordinarias y
extraordinarias, no van a poder celebrarse de forma presencial, como exigen sus estatutos,
en los plazos legalmente establecidos. Lo mismo ocurre respecto a los consejos rectores
en los que sus miembros no están domiciliados en el mismo territorio.
Por ello, habiéndose
aprobado la última prórroga del estado de alarma, que haría decaer la vigencia de estas
medidas, se impone la necesidad de prorrogar su alcance hasta la finalización del
año 2020, sin que exista otra alternativa regulatoria o no regulatoria, ya que no resulta
posible la tramitación legislativa ordinaria de una modificación del texto refundido de la Ley
de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.
Con respecto a la modificación realizada por la disposición final quinta, la concurrencia
del presupuesto de la extraordinaria y urgente necesidad resulta de la necesidad de seguir
protegiendo a los consumidores con respecto a aquellos contratos que puedan resultar de
imposible ejecución como consecuencia de las medidas impuestas por las diferentes
administraciones durante las fases de desescalada o nueva normalidad, una vez que haya
dejado de estar vigente el estado de alarma decretado mediante Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo.
Asimismo, esta medida resulta necesaria para poder ajustar lo previsto en
nuestro ordenamiento a la Recomendación (UE) 2020/648, de la Comisión Europea,
relativa a los bonos ofrecidos a los pasajeros y a los viajeros como alternativa al reembolso
de viajes combinados y servicios de transporte cancelados en el contexto de la pandemia
de COVID-19.
A la vista de lo expuesto anteriormente, concurren las circunstancias de extraordinaria
y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución Española como
presupuestos habilitantes para recurrir al instrumento jurídico del real decreto-ley.
IV
Este real decreto-ley responde a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad,
seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia, tal y como exige la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
A estos efectos se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y
eficacia dado el interés general en el que se fundamentan las medidas que se establecen,
y que tienen como fin último la protección de la salud de la población, siendo el real decreto-ley el instrumento más adecuado para garantizar su consecución.
La norma es
acorde con el principio de proporcionalidad al contener la regulación imprescindible para
la consecución de los objetivos previamente mencionados, ya que las medidas que ahora
se regulan resultan proporcionadas al bien público que se trata de proteger. Igualmente,
se ajusta al principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el resto del ordenamiento
jurídico, y específicamente, como se ha señalado anteriormente, con el marco
constitucional que permite la utilización del instrumento del real decreto-ley.
En relación
con el principio de eficiencia, este real decreto-ley no impone cargas administrativas que
no estén justificadas para la consecución de sus fines.
Este real decreto-ley se dicta al amparo del artículo 149.1.16.ª de la Constitución
Española, que atribuye al Estado la competencia en materia de sanidad exterior, bases y
coordinación general de la sanidad y legislación sobre productos farmacéuticos.
Adicionalmente, los artículos 17 y 18 se dictan al amparo del artículo 149.1.21.ª de la
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia sobre ferrocarriles y
transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una comunidad autónoma,
y 149.1.20.ª, sobre marina mercante.
Las disposiciones adicionales primera y segunda se dictan al amparo del artículo
149.1.16.ª y 149.1.20.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia
en materia de sanidad exterior y sobre aeropuertos de interés general y puertos de interés
general, respectivamente.
La disposición adicional tercera se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo
149.1.13.ª y 14.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia sobre
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, y hacienda
general y Deuda del Estado, respectivamente.
La disposición adicional cuarta se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.8.ª
de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia sobre ordenación de
los registros e instrumentos públicos.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la
Constitución Española, a propuesta de los Ministros de Sanidad y de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 9 de junio de 2020,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
El presente real decreto-ley tiene por objeto establecer las medidas urgentes de
prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, así como prevenir posibles rebrotes, con vistas a la
superación de la fase III del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad por parte
de algunas provincias, islas y unidades territoriales y, eventualmente, la expiración de la
vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, y sus prórrogas.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
- 1. Lo establecido en este real decreto-ley será de aplicación en todo el territorio nacional.
- 2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las medidas contempladas en los capítulos II, III, IV, V, VI y VII y en la disposición adicional sexta únicamente serán de aplicación en aquellas provincias, islas o unidades territoriales que hayan superado la fase III del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad,
- y en las que hayan quedado sin efecto todas las medidas del estado de alarma, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto, 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, a excepción de lo dispuesto en el artículo 15.2 que será de aplicación desde el momento de la entrada en vigor del real decreto-ley en todo el territorio nacional.
- 3. Una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, las medidas contenidas en los capítulos II, III, IV, V, VI y VII y en la disposición adicional sexta serán de aplicación en todo el territorio nacional hasta que el Gobierno declare de manera motivada y de acuerdo con la evidencia científica disponible, previo informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
- El Gobierno consultará a las comunidades autónomas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con carácter previo a la finalización de la situación de crisis sanitaria a que se refiere el párrafo anterior.
Artículo 3. Órganos competentes.
- 1. Con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o urgencia, la Administración General del Estado promoverá, coordinará o adoptará de acuerdo con sus competencias cuantas medidas sean necesarias para asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en este real decreto-ley, con la colaboración de las comunidades autónomas.
- 2. Corresponderá a los órganos competentes de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, las funciones de vigilancia, inspección y control del correcto cumplimiento de las medidas establecidas en este real decreto-ley.
Artículo 4. Deber de cautela y protección.
Todos los ciudadanos deberán adoptar las medidas necesarias para evitar la
generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19, así como la propia
exposición a dichos riesgos, con arreglo a lo que se establece en este real decreto-ley.
Dicho deber de cautela y protección será igualmente exigible a los titulares de cualquier
actividad regulada en este real decreto-ley.
Artículo 5. Planes y estrategias de actuación para afrontar emergencias sanitarias.
Con arreglo a lo previsto por el artículo 65 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de
cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, se procederá a la adopción de planes
y estrategias de actuación para afrontar emergencias sanitarias, mediante actuaciones
coordinadas en salud pública, atendiendo a los distintos niveles de riesgo de exposición y
de transmisión comunitaria de la enfermedad COVID-19 para el desarrollo de las distintas
actividades contempladas en este real decreto-ley.
CAPÍTULO II
Medidas de prevención e higiene
Artículo 6. Uso obligatorio de mascarillas.
- 1. Las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas en los siguientes supuestos:
- a) En la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros.
- b) En los medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús, o por ferrocarril, así como en los transportes públicos y privados complementarios de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio.
- En el caso de los pasajeros de buques y embarcaciones, no será necesario el uso de mascarillas cuando se encuentren dentro de su camarote o en sus cubiertas o espacios exteriores cuando resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros.
- 2. La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.
- Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre, ni en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias.
- 3. La venta unitaria de mascarillas quirúrgicas que no estén empaquetadas individualmente solo se podrá realizar en las oficinas de farmacia garantizando unas condiciones de higiene adecuadas que salvaguarden la calidad del producto.
Artículo 7. Centros de trabajo.
- 1. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y del resto de la normativa laboral que resulte de aplicación, el titular de la actividad económica o, en su caso, el director de los centros y entidades, deberá:
- a) Adoptar medidas de ventilación, limpieza y desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso de los centros de trabajo, con arreglo a los protocolos que se establezcan en cada caso.
- b) Poner a disposición de los trabajadores agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida, autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos.
- c) Adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo y la organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre los trabajadores. Cuando ello no sea posible, deberá proporcionarse a los trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de riesgo.
- d) Adoptar medidas para evitar la coincidencia masiva de personas, tanto trabajadores como clientes o usuarios, en los centros de trabajo durante las franjas horarias de previsible mayor afluencia.
- e) Adoptar medidas para la reincorporación progresiva de forma presencial a los puestos de trabajo y la potenciación del uso del teletrabajo cuando por la naturaleza de la actividad laboral sea posible.
- 2. Las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 o estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19 o que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con COVID-19 no deberán acudir a su centro de trabajo.
- 3. Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad, se contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la comunidad autónoma o centro de salud correspondiente, y, en su caso, con los correspondientes servicios de prevención de riesgos laborales. De manera inmediata, el trabajador se colocará una mascarilla y seguirá las recomendaciones que se le indiquen, hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario.
Artículo 8. Centros, servicios y establecimientos sanitarios.
La administración sanitaria competente garantizará que se adoptan las medidas
organizativas, de prevención e higiene para asegurar el bienestar de los trabajadores y los
pacientes. Asimismo, garantizará la disponibilidad de los materiales de protección necesarios
en las ubicaciones pertinentes, la limpieza y desinfección de las áreas utilizadas y la
eliminación de residuos, así como el mantenimiento adecuado de los equipos e instalaciones.
Artículo 9. Centros docentes.
Las administraciones educativas deberán asegurar el cumplimiento por los titulares de
los centros docentes, públicos o privados, que impartan las enseñanzas contempladas en
el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, de las normas de
desinfección, prevención y acondicionamiento de los citados centros que aquellas
establezcan.
En cualquier caso, deberá asegurarse la adopción de las medidas organizativas que
resulten necesarias para evitar aglomeraciones y garantizar que se mantenga una
distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros.
Cuando no sea posible mantener dicha
distancia de seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los
riesgos de contagio.
Artículo 10. Servicios sociales.
- 1. Las administraciones competentes deberán asegurar el cumplimiento por los titulares de centros de servicios sociales de carácter residencial y centros de día de las normas de desinfección, prevención y acondicionamiento de las instalaciones, que aquellas establezcan. En particular, velarán por que su normal actividad se desarrolle en condiciones que permitan en todo momento prevenir los riesgos de contagio.
- 2. Las autoridades competentes deberán garantizar la coordinación de los centros residenciales de personas con discapacidad, de personas mayores y de los centros de emergencia, acogida y pisos tutelados para víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra las mujeres, con los recursos sanitarios del sistema de salud de la comunidad autónoma en que se ubiquen.
- 3. Los titulares de los centros han de disponer de planes de contingencia por COVID-19 orientados a la identificación precoz de posibles casos entre residentes y trabajadores y sus contactos, activando en su caso los procedimientos de coordinación con la estructura del servicio de salud que corresponda.
- Los titulares de los centros adoptarán las medidas organizativas, de prevención e higiene en relación con los trabajadores, usuarios y visitantes, adecuadas para prevenir los riesgos de contagio.
- Asimismo, garantizarán la puesta a disposición de materiales de protección adecuados al riesgo. La información a que se refiere este apartado estará disponible cuando lo requiera la autoridad de salud pública.
- 4. La prestación del resto de servicios recogidos en el Catálogo de Referencia de Servicios Sociales, aprobado por Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia el 16 de enero de 2013, y en el artículo 3.1 del Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, deberá realizarse asegurando que se adoptan las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio.
Artículo 11. Establecimientos comerciales.
Las administraciones competentes deberán asegurar el cumplimiento por los titulares
de los establecimientos comerciales de venta minorista o mayorista de cualquier clase de
artículos de las normas de aforo, desinfección, prevención y acondicionamiento que
aquellas determinen.
En cualquier caso, deberá asegurarse la adopción de las medidas organizativas que
resulten necesarias para evitar aglomeraciones y garantizar que clientes y trabajadores
mantengan una distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros.
Cuando no sea posible
mantener dicha distancia de seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas
para prevenir los riesgos de contagio.
Las administraciones competentes prestarán especial atención a las particularidades
de los centros y parques comerciales y de los mercados que desarrollan su actividad en la
vía pública al aire libre o de venta no sedentaria, comúnmente denominados mercadillos.
Artículo 12. Hoteles y alojamientos turísticos.
Las administraciones competentes deberán asegurar el cumplimiento por los titulares
de hoteles y alojamientos similares, alojamientos turísticos, residencias universitarias y
similares, y otros alojamientos de corta estancia, campings, aparcamientos de caravanas
y otros establecimientos similares, de las normas de aforo, desinfección, prevención y
acondicionamiento que aquellas determinen.
En particular, se asegurará que en las zonas comunes de dichos establecimientos se
adoptan las medidas organizativas oportunas para evitar aglomeraciones y garantizar
que clientes y trabajadores mantengan una distancia de seguridad interpersonal mínima
de 1,5 metros.
Cuando no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, se
observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio.
Artículo 13. Actividades de hostelería y restauración.
Las administraciones competentes deberán asegurar el cumplimiento por los titulares
de bares, restaurantes y demás establecimientos de hostelería y restauración de las
normas de aforo, desinfección, prevención y acondicionamiento que se determinen.
En cualquier caso, deberá asegurarse la adopción de las medidas organizativas que
resulten necesarias para evitar aglomeraciones tanto dentro del establecimiento como en
los espacios de terrazas autorizados y garantizar que clientes y trabajadores mantengan
una distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros.
Cuando no sea posible mantener
dicha distancia de seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas para
prevenir los riesgos de contagio.
Artículo 14. Equipamientos culturales, espectáculos públicos y otras actividades recreativas.
Las administraciones competentes deberán asegurar el cumplimiento por los titulares
de equipamientos culturales, tales como museos, bibliotecas, archivos o monumentos, así
como por los titulares de establecimientos de espectáculos públicos y de otras actividades
recreativas, o por sus organizadores, de las normas de aforo, desinfección, prevención y
acondicionamiento que aquellas determinen.
En todo caso, se deberá asegurar que se adoptan las medidas necesarias para
garantizar una distancia interpersonal mínima de 1,5 metros, así como el debido control para
evitar las aglomeraciones. Cuando no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, se
observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio.
Artículo 15. Instalaciones para las actividades y competiciones deportivas.
- 1. Las administraciones competentes deberán asegurar el cumplimiento por los titulares de las instalaciones en las que se desarrollen actividades y competiciones deportivas, de práctica individual o colectiva, de las normas de aforo, desinfección, prevención y acondicionamiento que aquellas establezcan.
- En todo caso, se deberá asegurar que se adoptan las medidas necesarias para garantizar una distancia interpersonal mínima de 1,5 metros, así como el debido control para evitar las aglomeraciones. Cuando no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio.
- 2. En el caso de la Liga de Fútbol Profesional y la Liga ACB de baloncesto, la administración competente para la aplicación de lo dispuesto en el apartado anterior será el Consejo Superior de Deportes, previa consulta al organizador de la competición, al Ministerio de Sanidad y a las Comunidades Autónomas.
- Las decisiones adoptadas por dicho órgano atenderán de manera prioritaria a las circunstancias sanitarias así como a la necesidad de proteger tanto a los deportistas como a los ciudadanos asistentes a las actividades y competiciones deportivas.
Artículo 16. Otros sectores de actividad.
Las administraciones competentes deberán asegurar el cumplimiento por los titulares
de cualquier otro centro, lugar, establecimiento, local o entidad que desarrolle su actividad
en un sector distinto de los mencionados en los artículos anteriores, o por los responsables
u organizadores de la misma, cuando pueda apreciarse riesgo de transmisión comunitaria
de COVID-19 con arreglo a lo establecido en el artículo 5, de las normas de aforo,
desinfección, prevención y acondicionamiento que aquellas establezcan.
En todo caso, se deberá asegurar que se adoptan las medidas necesarias para
garantizar una distancia interpersonal mínima de, al menos,1,5 metros, así como el debido
control para evitar las aglomeraciones. Cuando no sea posible mantener dicha distancia
de seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos
de contagio.
CAPÍTULO III
Medidas en materia de transportes
Artículo 17. Transporte público de viajeros.
- 1. En los servicios de transporte público de viajeros de competencia estatal ferroviario y por carretera que estén sujetos a un contrato público o a obligaciones de servicio público, los operadores deberán ajustar los niveles de oferta a la evolución de la recuperación de la demanda, con objeto de garantizar la adecuada prestación del servicio,
- facilitando a los ciudadanos el acceso a sus puestos de trabajo y a los servicios básicos, y atendiendo a las medidas sanitarias que puedan acordarse para evitar el riesgo de contagio del COVID-19.
- En cualquier caso, deberán evitarse las aglomeraciones, así como respetarse las medidas adoptadas por los órganos competentes sobre el volumen de ocupación de vehículos y trenes.
- 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, el titular de la Dirección General de Transporte Terrestre podrá adecuar la oferta de tales servicios para garantizar su correcto funcionamiento, cuando existan razones de interés general que así lo aconsejen.
- 3. Los operadores de transporte aéreo y terrestre interprovinciales con número de asiento preasignado deberán recabar información para contacto de todos los pasajeros y conservar los listados un mínimo de cuatro semanas con posterioridad al viaje. Asimismo, deberán facilitar estos listados a las autoridades de salud pública cuando se requieran con la finalidad de realizar la trazabilidad de contactos.
Artículo 18. Transporte marítimo.
- 1. En los servicios de las líneas regulares de transporte marítimo de pasaje y pasaje y carga rodada, con independencia de que estén o no sujetos a un contrato público o a obligaciones de servicio público, el titular de la Dirección General de la Marina Mercante podrá modular los niveles de prestación de los citados servicios,
- de tal forma que se garantice una adecuada prestación de los mismos, atendiendo a las medidas sanitarias que puedan acordarse para evitar el riesgo de contagio del COVID-19. Los operadores marítimos darán cumplimiento a las medidas preventivas y de control que se establezcan por las autoridades competentes.
- 2. Los operadores de transporte marítimo cuyos buques y embarcaciones dispongan de número de asiento preasignado deberán recabar información de contacto para todos los pasajeros y conservar los listados un mínimo de cuatro semanas con posterioridad al viaje.
- Asimismo, deberán facilitar estos listados a las autoridades de salud pública cuando se requieran con la finalidad de realizar la trazabilidad de contactos.
- 3. Se habilita al titular de la Dirección General de la Marina Mercante para ordenar, a propuesta del Ministerio de Sanidad, la adopción de las medidas sanitarias que procedan para el control de los buques de pasaje de transbordo rodado y buques de pasaje, incluidos los de tipo crucero, que realicen viajes internacionales y naveguen por aguas del mar territorial con objeto de entrar en los puertos españoles abiertos a la navegación internacional.
CAPÍTULO IV
Medidas relativas a medicamentos, productos sanitarios y productos necesarios
para la protección de la salud
Artículo 19. Medidas en materia de medicamentos.
- 1. Los fabricantes y los titulares de autorizaciones de comercialización, con independencia de que estén actuando por si mismos o a través de entidades de distribución por contrato, de aquellos medicamentos considerados esenciales en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y que así determine el titular de la Dirección de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios,
- deberán comunicar a la citada Agencia, en los términos que esta establezca, el stock disponible, la cantidad suministrada en la última semana y la previsión de liberación y recepción de lotes, incluyendo las fechas y cantidades estimadas.
- 2. Los sujetos a los que se refiere el apartado anterior deberán establecer las medidas necesarias y habilitar los protocolos que permitan garantizar el abastecimiento de los medicamentos que determine el titular de la Dirección de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios a los centros y servicios sanitarios de acuerdo con sus necesidades.
- Asimismo, dichas medidas deberán asegurar el abastecimiento suficiente durante periodos vacacionales y fines de semana.
- 3. El Ministro de Sanidad podrá ordenar la priorización de la fabricación de los medicamentos a los que se refiere el apartado 1.
- Asimismo, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios podrá recabar de los fabricantes de medicamentos información sobre las operaciones de fabricación previstas.
Artículo 20. Otorgamiento de licencias previas de funcionamiento de instalaciones
y puesta en funcionamiento de determinados productos sanitarios sin marcado CE.
- 1. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios podrá otorgar, previa solicitud del interesado, antes del 31 de julio de 2020, una licencia excepcional previa de funcionamiento de instalaciones o una modificación temporal de la licencia previa de funcionamiento de instalaciones existente, para la fabricación de mascarillas quirúrgicas y batas quirúrgicas en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 tras la valoración en cada caso de las condiciones generales de las instalaciones, su sistema de calidad y documentación del producto fabricado.
- 2. Cuando en aplicación de lo dispuesto en el artículo 15 del Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios expida una autorización expresa para la utilización de mascarillas quirúrgicas y batas quirúrgicas en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 que no hayan satisfecho los procedimientos de evaluación de la conformidad de acuerdo con el artículo 13 de dicho real decreto, con carácter excepcional,
- en función del producto y previa valoración en cada caso de las garantías ofrecidas por el fabricante, podrá establecer qué garantías sanitarias de las previstas en el artículo 4 del Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, resultan exigibles.
- 3. La eventual responsabilidad patrimonial que pudiera imputarse por razón de la licencia excepcional previa de funcionamiento de instalaciones, el uso de productos sin el marcado CE, en aplicación del artículo 15 del Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, o de las garantías sanitarias no exigidas a los productos a los que se refieren los apartados anteriores será asumida por la Administración General del Estado, de acuerdo con las disposiciones aplicables de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
- siempre que dicho producto sanitario haya sido entregado al Ministerio de Sanidad con la finalidad de atender a los afectados por la pandemia ocasionada por el COVID-19 o ayudar a su control, sin la obtención de ningún tipo de beneficio empresarial por parte de la persona física o jurídica autorizada para su fabricación y puesta en funcionamiento o de cualesquiera otras que intervengan en dicho proceso.
- Las autorizaciones que se expidan en aplicación del presente real decreto-ley invocarán expresamente este artículo y dejarán constancia de las circunstancias a que se refiere el mismo.
Artículo 21. Medidas en materia de biocidas.
- 1. Se autoriza el uso de bioetanol que cumpla las especificaciones recogidas en el anexo para la producción de geles y soluciones hidroalcohólicas de desinfección de manos.
- 2. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios podrá autorizar la fabricación de antisépticos para la piel sana que contengan digluconato de clorhexidina adquirido de proveedores distintos a los recogidos en el listado publicado por la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, siempre que esta sustancia activa cumpla con las especificaciones establecidas en la Farmacopea Europea.
CAPÍTULO V
Detección precoz, control de fuentes de infección y vigilancia epidemiológica
Artículo 22. Declaración obligatoria de COVID-19.
El COVID-19, enfermedad producida por la infección por el virus SARS-CoV-2, es una
enfermedad de declaración obligatoria urgente, a efectos de lo previsto en el Real
Decreto 2210/1995, de 28 de diciembre, por el que se crea la red nacional de vigilancia
epidemiológica.
Artículo 23. Obligación de información.
- 1. Se establece la obligación de facilitar a la autoridad de salud pública competente todos los datos necesarios para el seguimiento y la vigilancia epidemiológica del COVID-19 que le sean requeridos por esta, en el formato adecuado y de forma diligente, incluidos, en su caso, los datos necesarios para la identificación personal.
- 2. La obligación establecida en el apartado anterior es de aplicación al conjunto de las administraciones públicas, así como a cualquier centro, órgano o agencia dependiente de estas y a cualquier otra entidad pública o privada cuya actividad tenga implicaciones en la identificación, diagnóstico, seguimiento o manejo de los casos COVID-19.
- En particular, será de aplicación a todos los centros, servicios y establecimientos sanitarios y servicios sociales, tanto del sector público como del privado, así como a los profesionales sanitarios que trabajan en ellos.
Artículo 24. Detección y notificación.
- 1. Los servicios de salud de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla garantizarán que, en todos los niveles de la asistencia, y de forma especial en la atención primaria de salud, a todo caso sospechoso de COVID-19 se le realizará una prueba diagnóstica por PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) u otra técnica de diagnóstico molecular, tan pronto como sea posible desde el conocimiento de los síntomas, y que toda la información derivada se transmita en tiempo y forma según se establezca por la autoridad sanitaria competente.
REAL DECRETO LEY MEDIDAS CONTENCIÓN COVID - 19
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