miércoles, 30 de noviembre de 2016

REFORMA LEY AUTÓNOMOS

PROPOSICIÓN DE LEY DE REFORMAS URGENTES DEL TRABAJO AUTÓNOMO 

Exposición de motivos 


Los trabajadores autónomos conforman en España un colectivo de más de tres millones de personas (3.206.336) y que supone el 18,3 por ciento del total de los trabajadores dados de alta en la Seguridad Social. Del total de autónomos, 1.984.268 son autónomos persona física, de los cuales el 21,9 por ciento (434.397) tienen trabajadores contratados (878.619). Sólo en el primer semestre de 2016, los autónomos generaron 107.248 empleos netos: 40.524 nuevos autónomos y 66.724 asalariados contratados por autónomos. 

Así, cada día de 2016 los autónomos generaron 596 nuevos empleos, de los que 225 son por cuenta propia y 341 por cuenta ajena. Esto supone que el 27,6 por ciento del empleo generado durante el periodo corresponde al trabajo autónomo y que actualmente 1 de cada 4 empleos en nuestro país le es atribuible. 

El trabajo autónomo presenta, por tanto, un importante peso específico en el mercado de trabajo que, si bien, durante los años de crisis experimentó un significativo descenso ‒ entre enero de 2008 y diciembre de 2012 el número de autónomos afiliados a la Seguridad Social se redujo en 387.448 personas ‒, ha demostrado una importante capacidad de recuperación y un enorme potencial en cuanto a generación de empleo. 

Pero estas cifras esconden una realidad mucho más dura. Mientras que el total de altas ascendió a 665.480 en el año 2015, el número de bajas de autónomos en el mismo año fue de 625.587, una cifra excesivamente alta que denota las dificultades de supervivencia a las que se enfrentan los autónomos y su vulnerabilidad ante los cambios de ciclo económico. 

En general, las medidas implementadas hasta ahora han ido más orientadas a estimular el aumento de los flujos de entrada en el mercado de trabajo de los autónomos ‒ a través del abaratamiento de los costes a la Seguridad Social, la tarifa plana para emprendedores y el contrato de emprendedores ‒ que a mejorar las posibilidades de supervivencia de las empresas y su crecimiento y fortalecimiento. 

No se han planteado los problemas de fondo a los que se enfrentan los autónomos, ni se han llevado a cabo las reformas estructurales necesarias para que ser autónomo en nuestro país deje de ser algo heroico para ser algo lógico y que el colectivo deje de ser tratado como trabajadores de «segunda» y tenga voz propia ante las instituciones. 

Las trabas administrativas y los elevados costes de cumplimentación de sus obligaciones formales con la Hacienda Pública y la Seguridad Social, las excesivas cargas económicas que soportan y que no se adaptan a la incertidumbre de unos ingresos variables propios a su actividad y una protección social que aún dista mucho de la que disfrutan los asalariados, son algunos de los problemas que deben ser tratados con urgencia para que no sólo haya nuevos autónomos sino que se mantengan, consoliden y crezcan los ya existentes. 

En materia de Seguridad Social, se debe considerar que la idiosincrasia de un autónomo nada tiene que ver con la de un asalariado. Sus ingresos no son fijos, son inciertos y variables en el tiempo, como lo es su actividad, y por tanto, tiene poco sentido que sus obligaciones con la Seguridad Social, sí lo sean. Los autónomos necesitan protección social, pero ésta no puede, ni debe, ser una amenaza a su sostenibilidad. 

Actualmente, autónomos con pérdidas o rendimientos netos muy reducidos, inclusive por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, se ven obligados a asumir costes fijos de Seguridad Social que resultan insostenibles. En el caso de no ser beneficiario de alguna de las bonificaciones previstas en la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, el autónomo tendría que abonar una cuota en la base mínima de 294,06 euros al mes, la cual es generalmente inasumible para estos autónomos. 

Muchos de ellos podían no estar en la obligación de afiliarse y cotizar en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, al no haber habitualidad en su actividad, pero no existe un criterio claro y fijado normativamente para establecer cuando se da la misma, lo cual genera inseguridad jurídica a la hora de decidir darse de alta o no en este Régimen Especial. 

La penalización, además, por no abonar en plazo dichas cuotas, es excesiva y de carácter confiscatorio al elevarse hasta un 20 por ciento el recargo por ingreso de las cuotas de Seguridad Social fuera de plazo, lo cual parece un tratamiento no siempre justificado por parte de la Administración a los autónomos. También parece injustificado que los autónomos deban cotizar por el mes completo, independientemente de los días que hayan estado de alta durante ese mes.

Asimismo, los autónomos han visto tradicionalmente frustradas sus peticiones en materia de protección social y siguen enfrentándose a una serie de impedimentos a la hora de acceder a ciertos derechos sociales, como es el caso de los relativos a la conciliación laboral y familiar a los que se enfrentan los trabajadores autónomos. 

Para las mujeres en España es un reto casi imposible ser madre y autónoma al mismo tiempo. Para confrontar esta injusticia, es imprescindible abordar una mejora de la cobertura y protección para la maternidad de las mujeres autónomas. 

Por otra parte, en el ámbito fiscal, la Administración Tributaria debería facilitar la liquidez a los autónomos y no imponer cargas formales, que además la dificulten. Los autónomos están sujetos a una peor financiación, hacen frente a una elevada tasa de morosidad y a una mayor carga financiera del Impuesto sobre el Valor Añadido al tener que anticipar en numerosas ocasiones el impuesto devengado a sus clientes sin haberlo cobrado, así como a una mayor dificultad para conseguir financiación bancaria debido a las exigencias de avales y al limitado patrimonio personal de muchos autónomos. 

Todo ello, junto con un cierto desconocimiento sobre cómo negociar con los bancos, contribuye a que los costes de financiación de los autónomos sean más elevados y a que existan dificultades añadidas para acceder a inversores privados. Además, los elevados plazos de pago de los clientes, sobre todo por parte de las Administraciones Públicas, suponen un problema añadido dada la mayor dificultad del autónomo para conseguir financiación a corto plazo. 

Teniendo presente todo lo anterior, resulta necesario abordar con profundidad la situación actual de los trabajadores autónomos en España y, en particular, las condiciones que definen el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. 

Este objetivo requiere de una reforma de alcance y profundidad, sin perjuicio de lo cual puede y debe procederse a una serie de reformas urgentes en materia de trabajo autónomo, cuya necesidad se encuentra sobradamente constatada y ha sido objeto de reclamación recurrente por los propios trabajadores autónomos y por las asociaciones profesionales que los representan, dirigidas a reducir las cargas administrativas que soportan, facilitar el emprendimiento, clarificar su fiscalidad y avanzar en la equiparación de su protección social frente a la que poseen los trabajadores por cuenta ajena. 

II 

La presente Ley se estructura en 6 artículos, agrupados en cuatro Títulos, una disposición adicional, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. El Título I articula una batería de medidas dirigidas a reducir las cargas administrativas que soportan los trabajadores por cuenta propia o autónomos. 

En primer lugar, se modulan los recargos por el ingreso fuera de plazo de las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos, garantizando con ello que su cuantía se ajusta al principio de proporcionalidad. 

Seguidamente, se modifica el sistema de altas y bajas a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos, de modo que la cuota correspondiente en el mes en que se produzcan tanto las afiliaciones y las altas iniciales como las bajas se computará desde el día en que aquéllas se produzcan, y no desde el primer día del mes correspondiente. 

El Título II establece la ampliación de la cuota reducida de 50 euros para los nuevos autónomos hasta los doce meses, en lugar de los seis meses actuales, en paralelo a una extensión por el mismo periodo del resto de bonificaciones previstas para el fomento y promoción del trabajo autónomo. 

El Título III desarrolla una serie de medidas para favorecer la conciliación entre la vida laboral y familiar de los trabajadores autónomos. De este modo, se mejoran las bonificaciones para los autónomos por cuidado de familiares, por períodos de descanso por maternidad, adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural o suspensión por paternidad, cuyo importe se amplía a la totalidad de la cuota que viniese soportando la trabajadora beneficiaria, y se equiparan los incentivos económicos de las madres autónomas que se reincorporen a su actividad en los dos años posteriores a la maternidad con los que disfruten las trabajadoras del Régimen General. 

Todo ello con el fin de equiparar la protección social de los autónomos con aquella de la que disfrutan los trabajadores por cuenta ajena. El Título IV clarifica los supuestos de deducibilidad de los gastos relacionados con el vehículo que está parcialmente afecto a la actividad económica del autónomo, que podrán deducirse al 50 por ciento tal y como sucede con eI IVA, equiparando tratamiento de ambos impuestos para los mismos supuestos, dado que en la actualidad existe una diferenciación evidente en la aplicación de IVA e IRPF para los mismos supuestos o hechos imponibles, eliminando así la discrecionalidad en las comprobaciones e inspecciones que realiza la Administración Estatal de la Agencia Tributaria y realzando el principio de seguridad jurídica.

TÍTULO I 

Medidas para reducir las cargas administrativas de los trabajadores autónomos 

Artículo 1. Modulación de los recargos por ingreso fuera de plazo para los trabajadores por cuenta propia o autónomos

Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 30 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con la siguiente redacción: 

«3. En el caso de los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, transcurrido el plazo reglamentario establecido para el pago de las cuotas a la Seguridad Social sin ingreso de las mismas y sin perjuicio de las especialidades previstas para los aplazamientos, se devengarán los siguientes recargos: 
  • a) Recargo del 3 por ciento de la deuda, si se abonasen las cuotas debidas dentro del primer mes siguiente al vencimiento del plazo reglamentario. 
  • b) Recargo del 5 por ciento de la deuda, si se abonasen las cuotas debidas dentro del segundo mes siguiente al vencimiento del plazo reglamentario. 
  • c) Recargo del 10 por ciento de la deuda, si se abonasen las cuotas debidas dentro del tercer mes siguiente al vencimiento del plazo reglamentario. 
  • d) Recargo del 20 por ciento de la deuda, si se abonasen las cuotas debidas a partir del tercer mes siguiente al vencimiento del plazo reglamentario.» 

Artículo 2. Modificación del régimen de las altas y bajas y del límite de cambios posteriores de la base de cotización en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.

Se añaden tres nuevos apartados 2, 3 y 4 al artículo 307 al Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con la siguiente redacción: 

«2. Las afiliaciones y las altas iniciales serán obligatorias y producirán efectos, en orden a la cotización y a la acción protectora, a partir del día en que concurran en la persona de que se trate las condiciones determinantes de su inclusión en el campo de aplicación del Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, siempre que se hayan solicitado en los términos establecidos reglamentariamente. 
  • En el supuesto de altas sucesivas, serán obligatorias y producirán efectos en orden a la cotización y a la acción protectora desde el día primero del mes natural en que concurran en la persona de que se trate las condiciones determinantes de su inclusión, siempre que se hayan solicitado en los términos establecidos reglamentariamente. En el supuesto de actividades discontinuas tendrán la consideración de altas iniciales y bajas definitivas hasta dos solicitudes de alta y baja al año. 

3. Las personas incluidas en el campo de aplicación de este régimen especial podrán cambiar cuatro veces al año la base por la que viniesen obligados a cotizar, eligiendo otra, dentro de los límites mínimo y máximo aplicables en cada ejercicio, de acuerdo con los términos que reglamentariamente se establezcan. 

4. Sin perjuicio de las especialidades contenidas en los artículos siguientes, en materia de cotización, liquidación y recaudación serán de aplicación a este régimen especial las normas establecidas en el Capítulo III del Título I y en sus disposiciones de aplicación y desarrollo.»

TÍTULO II 

Medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo 

Artículo 3. Extensión de la cuota reducida para los autónomos que emprendan o reemprendan una actividad por cuenta propia

Se modifica el apartado 1 del artículo 31 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, que queda redactado como sigue: 

«1. La cuota por contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal, de los trabajadores por cuenta propia o autónomos que causen alta inicial o que no hubieran estado en situación de alta en los cinco años inmediatamente anteriores, a contar desde la fecha de efectos del alta, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, se reducirá a la cuantía de 50 euros mensuales durante los doce meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta, en el caso de que opten por cotizar por la base mínima que les corresponda.

Alternativamente, aquellos trabajadores por cuenta propia o autónomos que, cumpliendo los requisitos previstos en el párrafo anterior, optasen por una base de cotización superior a la mínima que les corresponda, podrán aplicarse durante los doce primeros meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta, una reducción sobre la cuota por contingencias comunes, siendo la cuota a reducir el resultado de aplicar a la base mínima de cotización que corresponda el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento, incluida la incapacidad temporal, equivalente al 80 por ciento de la cuota. 

Con posterioridad al periodo inicial de doce meses previsto en los dos párrafos anteriores, y con independencia de la base de cotización elegida, los trabajadores por cuenta propia que disfruten de la medida prevista en este artículo podrán aplicarse las siguientes reducciones y bonificaciones sobre la cuota por contingencias comunes, siendo la cuota a reducir el resultado de aplicar a la base mínima de cotización que corresponda el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento, incluida la incapacidad temporal, por un período máximo de hasta doce meses, hasta completar un periodo máximo de veinticuatro meses tras la fecha de efectos del alta, según la siguiente escala: 
  • a) Una reducción equivalente al 50 por ciento de la cuota durante los seis meses siguientes al período inicial previsto en los dos primeros párrafos de este apartado. 
  • b) Una reducción equivalente al 30 por ciento de la cuota durante los tres meses siguientes al período señalado en la letra a). 
  • c) Una bonificación equivalente al 30 por ciento de la cuota durante los tres meses siguientes al período señalado en la letra b).» 

TÍTULO III 


Medidas para favorecer la conciliación entre la vida familiar y laboral de los trabajadores autónomos 

Artículo 4. Mejora de la bonificación de cuotas de Seguridad Social para trabajadores autónomos en período de descanso por maternidad, adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural o suspensión por paternidad

Se modifica el apartado 1 del artículo 38 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, que queda redactado como sigue: 

«1. A la cotización de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, sean o no sustituidos durante los períodos de descanso por maternidad, adopción, acogimiento, paternidad, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, mediante los contratos de interinidad bonificados, celebrados con desempleados a que se refiere el Real Decreto-ley 11/1998, de 4 de septiembre, les será de aplicación una bonificación del 100 por ciento de la cuota que resulte de aplicar sobre la base de cotización del último mes inmediatamente anterior al inicio del descanso el tipo de cotización establecido como obligatorio para trabajadores incluidos en el régimen especial de Seguridad Social que corresponda por razón de su actividad por cuenta propia.»

Artículo 5. Bonificación a trabajadoras autónomas que se reincorporan a su actividad después de la maternidad

Se añade un nuevo artículo 38 bis a la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, con la siguiente redacción: «Las trabajadoras por cuenta propia del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que, habiendo cesado su actividad por maternidad y disfrutado del período de descanso correspondiente, vuelvan a realizar una actividad por cuenta propia en los dos años siguientes a la fecha del parto tendrán derecho a percibir una bonificación del 100 por ciento de la cuota por contingencias comunes resultante de aplicar el tipo de cotización a la base mínima vigente en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos de la Seguridad Social, independientemente de la base por la que coticen, y durante un período de doce meses.

Dicha bonificación será también de aplicación a las socias trabajadoras de Cooperativas de Trabajo Asociado, que se incluyan en el indicado Régimen Especial.» 

TÍTULO IV 

Medidas para clarificar la fiscalidad de los trabajadores autónomos 

Artículo 6. Deducibilidad en el IRPF de los gastos relacionados con automóviles parcialmente afectos a una actividad económica y con los suministros de agua y electricidad de contribuyentes que realicen una actividad económica sin local afecto

Se modifica el número 4.ª del apartado 2 del artículo 30 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, que queda redactado como sigue: 

«4.ª Reglamentariamente podrán establecerse reglas especiales para la cuantificación de determinados gastos deducibles en el caso de empresarios y profesionales en estimación directa simplificada, incluidos los de difícil justificación. 
  • De conformidad con esas reglas, los vehículos automóviles serán deducibles en el IRPF, en los mismos términos y condiciones que están previstos en la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
  • Respecto de los contribuyentes que desarrollen actividades económicas sin local afecto, podrán deducirse el 20 por ciento de los suministros de agua, gas y electricidad, salvo que el contribuyente o la Administración Tributaria prueben un porcentaje superior o inferior.» 

Disposición adicional única. Participación de las organizaciones intersectoriales representativas del trabajo autónomo en el Consejo Económico y Social

El Gobierno asegurará la presencia de los trabajadores autónomos en el Consejo Económico y Social teniendo en cuenta a las asociaciones de trabajadores autónomos intersectoriales representativas a nivel estatal determinadas conforme a lo establecido en el artículo 21.2 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo y en su normativa de desarrollo. Disposición derogatoria única. 

Derogación normativa

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente Ley. 

Disposición final primera. Habilitación normativa

Se habilita al Gobierno para dictar cuantas disposiciones reglamentarias sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en la presente Ley. 

Disposición final segunda. Entrada en vigor

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

PLENO 29 DE NOVIEMBRE PSOE

DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, DE REFORMAS URGENTES DEL TRABAJO AUTÓNOMO. (Número de expediente 122/000043).

El señor SIMANCAS SIMANCAS: Señora presidenta, señoras y señores diputados, el Grupo Socialista va a aceptar la toma en consideración de esta proposición de ley, porque considera de interés cualquier avance, cualquier mejora, por modesta que sea, en las condiciones de actividad de los trabajadores autónomos. 

Suscribimos también todas las alabanzas, todos los homenajes que el grupo proponente vierte sobre los sufridos trabajadores autónomos. En la exposición de motivos del texto que hoy valoramos se habla incluso, en términos literales, de los heroicos autónomos. 

El señor Rivera ha hablado de dignidad, de justicia, de sueños. Está bien poner en valor el esfuerzo para superar las dificultades que muestran cada día los trabajadores por cuenta propia, ahora bien, señores diputados, creo que la mayoría de estos trabajadores estarán conmigo si les aseguro que los autónomos de nuestro país necesitan menos jabón y más solución para sus muchos problemas. 

También hemos de decirles que las grandes expectativas puestas sobre esta ley en sucesivas ruedas de prensa, en discursos e incluso en la retórica superlativa de su introducción, no se corresponden bien con la literalidad del texto que hoy nos someten a votación. 

Se ha hablado de la Ley de los autónomos, con mayúsculas, se habla y se escribe sobre la resolución de los problemas de fondo, las reformas estructurales necesarias, reformas de alcance y profundidad, pero resulta que la Ley de los autónomos ya existe, data del año 2007 y la impulsó un Gobierno socialista. 

Es una ley con treinta y nueve artículos y treinta disposiciones, frente a los apenas seis artículos del texto que hoy se nos propone. Y el texto que hoy se somete a la Cámara no trata, como se dice en su exposición de motivos, sobre reformas estructurales necesarias, no; se limita a tratar asuntos que son de interés indudable, pero que no plantean las reformas de fondo que los autónomos necesitan y demandan. No es  un texto ambicioso, señor Rivera. 

De hecho, este texto ni tan siquiera recoge los acuerdos que el Partido Ciudadanos suscribió en su momento con el Partido Socialista y con el Partido Popular. No sabemos por qué, quizás el Partido Popular no les deja, señor Rivera. Puede que la estrategia del grupo proponente consista en aprobar ahora una ley ligerita de contenido, rapidita en su tramitación con la que colgarse alguna medalla; puede que se trate de derivar los asuntos realmente importantes, los asuntos complejos, los asuntos con los que hay que pagar, a una subcomisión para el próximo jueves. 

Si es así, señor Rivera, sería honesto decirles a los representantes de los trabajadores autónomos que aquello que se aprueba en una ley va el Boletín Oficial del Estado y se convierte en norma y aquello que se tramita y que se escribe en las conclusiones de una subcomisión puede cumplirse o puede no cumplirse. Sería razonable aclarárselo a quienes han puesto sus esperanzas en este debate. ¿Queremos realmente una ley? Hagamos una ley, pero una ley de verdad; sin jabón para los autónomos, pero con soluciones de verdad; sin medallas rápidas y fáciles para unos u otros, pero con reformas de calado que mejoren las condiciones de actividad de los autónomos españoles. 

Quizá no sea tan fácil ni sea tan rápido, pero será más útil sin duda. El Grupo Socialista estará dispuesto a trabajar lo que sea preciso en este propósito, quizá así consigamos, señor Rivera, que los autónomos sean menos escépticos. La proposición de ley que se somete a debate plantea en su artículo 1 literalmente: «Modulación de los recargos por ingreso fuera de plazo…». 

Este es el primer artículo y, sin duda, estamos ante un problema práctico que importa solucionar, pero ¿de verdad esta modulación de los recargos es la primera respuesta que están esperando los autónomos de este país de sus representantes en el Congreso de los Diputados, para el primer artículo de esta ley? ¿De verdad? ¿La modulación de los recargos por ingreso fuera de plazo en la Seguridad Social? No se habla en este primer artículo, señor Rivera, ni de la morosidad ni de la Ley de Segunda Oportunidad ni de mejorar las pensiones, que son asuntos de fondo que usted ha tratado aquí; no, se habla de la modulación de los recargos. 

Está bien, pero entienda usted que las expectativas que han generado ustedes mismos no se cumplen con este primer artículo. Lo dice la exposición de motivos de la ley: En el año 2015, 665.000 altas de trabajadores autónomos por 625.000 bajas; 665.000 altas y 625.000 bajas de autónomos en el año 2015. 

Estos son los datos que muestran la debilidad, la vulnerabilidad, las auténticas dificultades de los trabajadores por cuenta propia en este país, pero, frente a la magnitud de este problema, no podemos limitarnos a aprobar una ley con seis artículos de limitadísimo alcance. No es ni remotamente suficiente. Ustedes saben, como yo, dónde están los problemas auténticos de los trabajadores autónomos. 

Los problemas están en el acceso a la financiación, que es el auténtico muro contra el que se estrellan una y otra vez centenares de miles de pequeños empresarios, de autónomos. ¿Nos atrevemos a que el ICO preste dinero directamente a los autónomos en condiciones ventajosas? ¿Nos atrevemos a utilizar la banca intervenida para financiar a los autónomos? 

Los problemas de verdad están en la morosidad insoportable, la que viene de las administraciones públicas y de las empresas privadas. ¿Nos atrevemos de verdad a ponerle límite con un sistema eficaz de infracciones y de sanciones? Nada de esto hay en esta ley. Los problemas de verdad están en la Ley de Segunda Oportunidad que no permite a los autónomos recuperarse de los tropiezos inherentes a su condición. 

¿Nos atrevemos a eliminar el periodo legal de cinco años en el que las deudas exoneradas pueden volver a reclamarse? No está en la ley. Los problemas, es cierto, están en buena medida en las reformas pendientes del régimen especial de autónomos, pero van más allá de los recargos por ingresos con retrasos y más allá incluso de las tarifas planas temporales. 

¿Qué ocurre cuando termina el plazo de los seis meses o de los doce meses con tarifa reducida y el autónomo sigue recibiendo ingresos muy reducidos? ¿Nos atrevemos a permitir que los autónomos coticen según ingresos reales? Estaba en el acuerdo de Ciudadanos con el PSOE, está en el acuerdo de Ciudadanos con el PP, pero no está en esta proposición de ley. ¿Por qué? 

¿Nos atrevemos a permitir que los trabajadores autónomos accedan a las mismas prestaciones sociales que los trabajadores por cuenta ajena sin acudir a modelos de cotización voluntaria que contradicen el principio de universalidad en la Seguridad Social? ¿Nos atrevemos o nos quedamos en la modulación de los recargos? Los problemas están en la fiscalidad, pero van mucho más allá de los gastos deducibles en el IRPF. 

¿Qué pasa con los trabajadores autónomos con discapacidad? ¿Vamos a acabar con la discriminación injusta que les distingue de los demás trabajadores en el pago de sus impuestos? ¿Vamos a reconocer, por fin, que la fórmula del IVA de caja que el PP aprobó en la Ley de emprendedores de 2013 ha fracasado porque no la utiliza ni el 1% de los autónomos? 

Los problemas están en los contratos de las administraciones públicas, demasiado amplios, demasiado condicionados como para que los trabajadores autónomos puedan optar a sus concursos. ¿Nos atreveremos a reducirlos, a fraccionarlos, a simplificarlos? Los problemas están en la economía colaborativa, en el servicio especial agrario, en los autónomos a tiempo parcial, en la reducción y en la simplificación de los trámites administrativos de verdad. 

Sin embargo, señorías, en los seis limitados artículos de esta proposición de ley no se desarrollan, ni de lejos, las reformas estructurales necesarias en el trabajo autónomo. Son seis artículos muy limitados, no aparecen los acuerdos que suscribió el Partido Socialista con Ciudadanos como, por ejemplo, el fondo para la financiación de sectores empresariales estratégicos, la implicación del ICO en la financiación de pequeños proyectos empresariales, tampoco aparece buena parte de los acuerdos de Ciudadanos con el Partido Popular, la cotización cero para los autónomos con ingresos por debajo del salario mínimo, la cotización reducida para los autónomos a tiempo parcial. 

No aparecen en buena medida esos compromisos que el Grupo Ciudadanos suscribió con el Partido Popular. El Grupo Parlamentario Socialista, no obstante va a votar a favor de la toma en consideración de esta propuesta de ley, porque, a pesar de su contenido limitado, a pesar del incumplimiento que refleja en los acuerdos suscritos por sus propios autores, muestra una voluntad evidente por mejorar las condiciones de actividad de los trabajadores autónomos en nuestro país, y los socialistas compartimos esa voluntad. 

Ahora bien, el Grupo Socialista trabajará para que esta ley sea algo más que una ley limitada y rapidita para que alguien se ponga una medalla, trabajaremos para que esta ley sea algo más que una nueva palmadita en la espalda de los sufridos trabajadores autónomos: cuánto os queremos, cuánto os admiramos y qué poco hacemos por vosotros. No, vamos a trabajar para que esta ley sea algo más, para que sea mucho más, menos jabón y más solución. Trabajaremos para que esta ley contribuya de verdad a resolver los muchos problemas que aquejan a los trabajadores por cuenta propia, con seriedad y sin medallas para nadie. Muchas gracias. (Aplausos).

DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE EL ACUERDO ECONÓMICO Y COMERCIAL GLOBAL (AECG-CETA). (Número de expediente 162/000219).

La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Señorías, la proposición no de ley que nos trae hoy el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea no responde a la situación real  en la que se encuentra el CETA y no ha sido defendida en esta tribuna conforme a los términos literales del texto, porque no se nos pide que este Parlamento se pronuncie sobre el CETA. 

Ustedes saben que este Parlamento se va a pronunciar necesariamente sobre el Tratado comercial con Canadá, al igual que lo harán los veintisiete parlamentos nacionales que conforman la Unión Europea. Este es un tratado mixto, de nueva generación, donde la Unión Europea ha negociado sobre la base de las competencias que la Unión Europea ostenta, y en aquellas competencias que no son de la Unión Europea, que siguen estando residenciadas en los Estados miembros, son precisamente los parlamentos nacionales los que van a pronunciarse y a aprobar este tratado, que finalmente, de ser aprobado por los veintisiete parlamentos nacionales, estará ratificado y entrará en vigor. 

Lo que ustedes nos solicitan hoy es que prohibamos que el Parlamento Europeo se pronuncie sobre un tratado que la Unión Europea tiene el derecho y la competencia de negociar. Hay una mala noticia, estoy de acuerdo con usted: la mala noticia es que en los últimos tiempos asistimos a un movimiento creciente contra la liberalización del comercio, contra la inmigración, la libre circulación de personas, y a favor del proteccionismo y la renacionalización de la política. 

Eso sucede en distintos lados, a la derecha, a la izquierda y desgraciadamente en el populismo que se instalará en Estados Unidos tras la elección de Trump. Es necesario aplicar la política al mercado económico, y eso solo se hace regulando, a través de tratados internacionales y de instituciones supranacionales, los mercados financieros, los monopolios, los cárteles, los privilegios concesionales, corporativos que, no nos olvidemos, existen porque la política, la internacional y la nacional, lo permite. 

Dicho esto, los socialdemócratas entendemos que el Parlamento Europeo tiene derecho a pronunciarse políticamente sobre un tratado negociado por la Unión Europea y por la Comisión en el ámbito de su competencia. Pero los socialistas europeos hemos planteado, desde el principio, elementos fundamentales en la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos, de los trabajadores y de los consumidores. Voy a citar brevemente tres. 

El primero, sobre el nivel de protección que disfrutamos en Europa, no se negocia. Son innegociables: los estándares europeos de protección medioambiental, los estándares europeos de protección social y laboral. —Innegociables—. Quiero decirles que de los ocho tratados fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, Canadá ha ratificado siete, no había ratificado el octavo, y está en vías de ratificación precisamente por la aprobación de este acuerdo, ratificación del Acuerdo internacional sobre derecho de negociación y sindicación. Les puedo asegurar que los trabajadores canadienses están contentos. 

Otro elemento fundamental, señorías. Sobre los servicios públicos no se negocia. Entre otras cosas, quiero recordar, porque en esta tribuna se han dicho dos elementos que no son ciertos y asustan a la ciudadanía: que el Tratado fundacional de la Unión Europea establece que las competencias para regular los servicios públicos son competencias nacionales. 

En el caso de España les corresponde al Estado y a las comunidades autónomas; y quiero recordarles que en la Comunidad de Madrid o en la Comunidad de Valencia, gobernadas por el Partido Popular, se han privatizado servicios básicos como la sanidad y no ha sido por los canadienses ni por los estadounidenses, sino porque gobernaba el Partido Popular allí durante muchos años. (Aplausos). Esto es así. 

Quiero señalar algo, aunque es una intervención muy atropellada, muy rápida para un tema tan importante, que me parece interesante. El señor Esteban se ha referido a la declaración interpretativa conjunta, y yo quiero señalar la página 4, punto 4. (Mostrando un documento). Miren ustedes, señorías, lo que dice: Se garantiza el derecho de los Gobiernos en todos los niveles de la Administración a facilitar el apoyo y la prestación de servicios que consideren públicos, incluidos la salud pública, la educación, los servicios públicos. 

No existirá ningún tipo de exigencia a los Gobiernos para privatizar ningún servicio y no habrá ningún impedimento a los Gobiernos para devolver al ámbito público aquellos servicios privatizados ni para ampliar los tipos de servicios prestados al público. 

Es decir, el Gobierno valenciano hoy puede, indudablemente, hacer públicos servicios públicos como la sanidad que han sido privatizados, porque no habrá ningún impedimento por el Tratado del CETA. Finalmente, señorías, este tratado establece un nuevo mecanismo de solución para la protección de inversiones extranjeras. 

Quiero decirles que los socialdemócratas europeos exigimos que se abrieran las negociaciones porque nos negábamos a aceptar un tratado con un sistema de arbitraje privado. El tribunal internacional será para la resolución de los conflictos que afecten al tratado, que no —efectivamente, como muy bien ha señalado el señor Aitor Esteban— a otro tipo de elementos que tengan que ver con la legislación nacional. 

Estos se harán por los tribunales nacionales y, lo que afecte al tratado, por un tribunal internacional… … muy similar al Tribunal Internacional de Justicia: quince jueces elegidos entre la Unión Europea y Canadá que, indudablemente, estarán sometidos a un proceso de imparcialidad, normas de aplicación de tribunales internacionales y un recurso de apelación. 

Señorías, se avanza muchísimo. Sin CETA estaremos en sistemas de arbitraje privado. Señorías, sin CETA, de las veintisiete denominaciones de origen que hoy están incluidas y que serán protegidas en Canadá habrá cero protecciones de origen reconocidas y protegidas en los mercados canadienses. 

Por lo tanto —señorías, concluyo—, creo que no es de recibo traer una resolución de este tipo, que no corresponde a la situación real. Este Parlamento va a ratificar o no, pero va a discutir el CETA en todo el ámbito de competencias nacionales que corresponde al Gobierno y al Estado español. 

Me parece que lo de hoy era un subterfugio político, una treta parlamentaria para evitar que el Parlamento Europeo pueda, en enero de 2017, ejercer el derecho político que le asiste como representante de todos los ciudadanos de la Unión para pronunciarse políticamente sobre este tratado. Muchas gracias. (Aplausos).

DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO PARA GARANTIZAR EL RESPETO A LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS CIUDADANOS. (Número de expediente 173/000001).

El señor TREVÍN LOMBÁN: Señor presidente, señorías, defiendo esta moción, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, con el objeto de que este Gobierno devuelva las libertades que hurtó a todos los españoles. Pedimos en ella, primero, que deroguen la Ley Orgánica 4/2015, que ustedes llaman de protección de la seguridad ciudadana, pero que es más y mejor conocida como la Ley mordaza. 

Segundo, que pongan en marcha medidas urgentes para acabar con la sensación de inseguridad creciente que tienen los ciudadanos. Y, tercero, que atajen de una vez los sangrantes recortes que han aplicado en estos últimos años a los servicios de seguridad del Estado. Ustedes creen que una sociedad segura es una sociedad silenciosa y domesticada. Nosotros creemos que la discrepancia es la verdadera esencia de la democracia. 

Por eso la Ley mordaza es profundamente antidemocrática. Discrepar se traduce en protestar y, el anterior ministro del Interior, pretendía acabar con cualquier forma de protesta: de pensamiento o palabra, de obra u omisión. Si los activistas de Greenpeace colocan una pancarta en un edificio público se exponen a entre 100 y 600 euros de multa. Igual les puede ocurrir a los jóvenes que coloquen pegatinas en una farola o que acampen en Sol. 

O a una joven que lleve su bolso con una figura de un gato y las siglas ACAB, ‘Todos los gatos son bonitos’. O a los activistas que recojan firmas con una mesa en las aceras. O a quienes entren en un banco y se pongan a bailar por bulerías para protestar burlescamente contra alguno de esos productos financieros ideados por trileros con corbata. 

También podrán ser multadas con entre 601 y 30.000 euros las militantes de Femen que perturben actos públicos o solemnidades varias o aquellos activistas que traten de impedir pacíficamente la ejecución de resoluciones administrativas o judiciales de desahucio. Señores del Partido Popular, en esta legislatura sin mayorías absolutas nos están solicitando una actitud propicia al diálogo y al acuerdo. Ahora tienen la ocasión de demostrar la sinceridad de su demanda. 

Trabajemos juntos para quitar la mordaza a los españoles, con una nueva norma que sea más respetuosa con los derechos y libertades fundamentales de nuestra Carta Magna y que corrija algunos errores en materia de extranjería. Ustedes, señores del PP, introdujeron un sistema de devolución en frontera de extranjeros que no respeta adecuadamente la normativa que exige dar la oportunidad de solicitar la protección internacional a quienes tienen derecho a ella. Pero no es el único problema que en esta materia tiene España, señorías. 

Los centros de internamiento de extranjeros están siendo una constante fuente de conflictos. Hoy mismo Amnistía Internacional denuncia en los medios de comunicación severos fallos en la atención a personas migrantes y refugiados en los CETI de Ceuta y Melilla. El ingreso en los mismos debe ser únicamente una medida restringida a supuestos imprescindibles y no debe suponer más limitación que la indispensable. 

Los internos deben tener garantizados en ellos sus derechos, especialmente el que se refiere a la asistencia sanitaria. Todo ello, y en cualquier caso, asegurando la necesaria supervisión judicial con la máxima transparencia. Lo necesitamos, señorías, porque hasta hoy el ministerio del Interior ha realizado una gestión opaca en estos centros y, a la vez, ha recortado drásticamente sus presupuestos. Pero los CIE no son ni mucho menos el único lugar donde los recortes están haciendo estragos, en nuestras cárceles también. 

Necesitamos garantizar los medios humanos y materiales para que las penas de prisión se cumplan en condiciones de dignidad y seguridad. Hemos de tener también claro que la rehabilitación y reinserción social de los internos son los principales objetivos a conseguir, como mandata el artículo 25 de nuestra Constitución. 

Debemos garantizar el buen funcionamiento de los programas que más contribuyen a ello, como la UTE de la prisión asturiana o el modulo para madres jóvenes de Alicante, que sigue cerrado. ¿No les resulta extraño que siendo España un país europeo con unos parámetros de seguridad por encima de la media europea seamos, por el contrario, de los que tienen una mayor ratio de personas en prisión? Señorías, en los últimos cuatros años se ha erosionado el sistema público que garantiza la seguridad de los españoles. 

Las pasadas semanas di algunas cifras al respecto que repito porque en su respuesta el ministro dejó traslucir algunas dudas. Los Presupuestos Generales del Estado nos indican que en los últimos cinco años la dotación presupuestaria para la seguridad pública disminuyó en 500 millones de euros —500 millones de euros menos para seguridad pública en cinco años— y los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen un déficit de catálogo que sobrepasa los 20.000. 

Es también incuestionable el aumento de los delitos que mayor sensación de inseguridad crean entre los españoles. La estadística de la Secretaría de Estado de Seguridad del primer semestre de este año indica  que los homicidios dolosos y asesinatos aumentaron un 18,4% respecto al mismo periodo del pasado año —un 18,4%— y los robos con fuerza en domicilios un 2,2%, infracción penal que aumenta año a año. 

Hoy mismo los medios de comunicación dan cuenta de la detención de cincuenta georgianos por robos en al menos cien viviendas de Madrid y Barcelona. Tampoco evoluciona a mejor la seguridad en nuestras carreteras. Las cifras de muertos en accidentes de tráfico han activado todas las alarmas. Según los datos de la DGT, hasta antes de ayer llevamos treinta y tres víctimas mortales más que en el mismo periodo de 2015, treinta y tres víctimas más que en el año anterior, señorías. 

El aumento es muy preocupante porque puede llevarnos a incumplir este año el objetivo 2020 de la Unión Europea respecto a la reducción de fallecidos en la carretera. Así, de Estado ejemplar hace una década a sospechoso de incumplimiento hoy. (Muestra un gráfico). Vean la línea naranja que indica el objetivo de la Unión Europea y la línea azul, por debajo, que indica el número de fallecidos en España. 

Hasta ahora, sistemáticamente, habíamos ido muy por debajo del objetivo de la Unión Europea, pero este año, por primera vez en una década, podemos incumplir ese objetivo. 

Tenemos, señorías, unas fuerzas de seguridad profesionales, pero su número ha mermado drásticamente en los últimos años. Por ello solicitamos incrementar sus plantillas y un nuevo plan operativo para reducir el robo con fuerza en el campo y en los domicilios españoles, así como un programa de medidas para frenar el incremento de la siniestralidad vial. Reclamamos, por último, más seguridad para quienes garantizan la nuestra, es decir, para nuestros guardias civiles. 

El pasado 15 de enero entró en vigor el nuevo Código Penal Militar que puede aplicárseles en cualquier circunstancia, y no es lógico; excepto cuando estén en una misión militar, nunca debe aplicárseles. Finalizo, señorías. Hay un común denominador en estas peticiones. Solo les pedimos que cambien tres cosas, solo tres cosas. Cambien la mordaza, las multas y la mano dura por la libertad, los derechos y los servicios públicos. (Aplausos). 

«La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos…», dejó escrito Cervantes, buen conocedor del aprecio que los españoles damos a este bien. También aprecian nuestros compatriotas sus derechos y confían en los servicios públicos, sobre todo en el ámbito de la seguridad. Hoy les pido el voto a favor de esta moción o, lo que es lo mismo, a favor de la libertad, los derechos y los servicios públicos. Gracias, presidente. (Aplausos).

DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA ENERGÉTICA EN LA QUE VIVEN MÁS DE CINCO MILLONES DE PERSONAS EN NUESTRO PAÍS, ESPECIALMENTE EN LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN PREVISTAS POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA PARA EL CESE EN LA VIOLACIÓN DE DERECHOS. (Número de expediente 173/000002).

La señora LUCIO CARRASCO: Gracias, señora presidenta. Hace ahora poco más de dos años defendí aquí en nombre del Grupo Parlamentario Socialista una proposición de ley sobre protección de consumidores vulnerables y contra la pobreza energética. Entonces la mayoría parlamentaria votó en contra de esa iniciativa, pero la realidad hoy ha cambiado, el juego de mayorías es diferente y, aún así, el Gobierno ha vetado la misma proposición de ley que presentamos en el mes de julio. 

Señorías, en este Congreso se ha hablado de pobreza energética antes de la XI legislatura, por mucho que a algunas les parezca imposible. Sobre la pobreza energética huelga entrar en muchos detalles, dado que toda la ciudadanía —la gente, como le gusta decir al grupo proponente— sabe ya muy bien de qué hablamos cuando nos referimos a ella. 

Lo resumiría diciendo que es la pobreza que sufren esas familias que, o bien no pueden mantener su hogar a una temperatura adecuada durante el invierno porque no saben si podrán hacer frente al pago de la factura, o bien —lo que es peor— aquellas familias que ni siquiera encienden la calefacción porque lo que temen es que les corten el suministro. 

Señorías, más de 5 millones de personas en este país son incapaces de mantener su vivienda a temperatura adecuada en los meses fríos, 5 millones de personas que están expuestas a un riesgo añadido a su salud. 

El Grupo Parlamentario Socialista, como ha demostrado a través de la defensa de múltiples iniciativas en esta legislatura y en las dos legislaturas anteriores, tiene como prioridad acabar con la desigualdad, y una de las caras más amargas y perjudiciales de ella para muchas familias con hijos pequeños, para muchas personas mayores que viven solas, es la pobreza causada por no tener acceso a un suministro energético básico que debería ser considerado como un bien de primera necesidad. 

El Grupo Socialista ha presentado una enmienda que ampliaba y mejoraba el texto de la moción propuesta por Unidos Podemos en la que instamos a regular de forma inmediata qué es la pobreza energética, a qué se denominan consumidores vulnerables y cuáles son los servicios mínimos de subsistencia, tal y como establece la Directiva 2009/72, del mercado interior de la electricidad. Creemos que es imprescindible dar una tregua invernal entre noviembre y marzo, dentro del marco de las atribuciones competenciales que tiene el Ministerio de Energía. 

Estamos de acuerdo con la mayoría de los grupos aquí representados e incluso con el Gobierno en la urgencia de reformar el bono social para que realmente llegue a las familias que lo necesitan y en la medida en que cada una de esas familias lo necesiten; es decir, dependiendo de la renta de los hogares: quien menos tenga, más ayuda y, quien más tenga, menos ayuda. 

También garantizar que no sean los consumidores domésticos quienes asuman el coste, es decir, resolver el problema de financiación del bono social que tiene encima de la mesa el Gobierno en este momento. Por otro lado, el Grupo Socialista sabe que esta situación de pobreza energética es fruto de un modelo energético débil e injusto y de la aplicación de políticas de austeridad insensibles con las personas más vulnerables. 

Por eso defendemos una gran reforma del modelo energético después de una auditoría de costes del sistema y en el que se liquiden definitivamente los costes de transición a la competencia. Sin embargo, Unidos Podemos propone una medida que a todas luces, desde nuestro punto de vista, supone un retroceso en la redistribución fiscal. Propone aplicar por igual una reducción del IVA en la factura de la luz y esto realmente no redundaría en esa redistribución que nosotros siempre defendemos porque beneficiaría más a quien más consume, además rebajar el IVA de la electricidad rompería con la idea de imposición ambiental. 

Los socialistas defendemos una imposición ambiental para promover la eficiencia energética, es decir, para reducir los consumos excesivos que sabemos que hay, siempre y cuando la energía sea más barata. No estamos de acuerdo con esa propuesta tal y como está planteada, aunque la hemos negociado y ha quedado un poquito más adaptada a lo que nosotros pedíamos, pero no es exactamente lo que nosotros le hemos pedido al grupo proponente. 

Nuestra intención es aprovechar la fuerza parlamentaria fruto del resultado de las urnas para dar fin a un gravísimo problema, problema que solo se resolverá con voluntad política del Gobierno fundamentalmente, pero también con la voluntad de todos los grupos que conformamos esta Cámara. Por eso el Grupo Parlamentario Socialista votará a favor de la transaccional que ha propuesto el grupo proponente, a pesar de no compartir algunas cuestiones y parte también de la redacción de esta iniciativa. 

Solo me queda decirle al grupo proponente Unidos Podemos que a día de hoy podríamos estar aprobando la proposición de ley que los socialistas presentamos en su momento si hubiesen optado por tener un Gobierno de izquierdas en este país en lugar de mantener el statu quo que nos ha llevado a la mayor desigualdad de la historia democrática. Muchas gracias. (Aplausos).

DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN MATERIA DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA EVASIÓN FISCAL Y, MÁS EN CONCRETO, SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA GARANTIZAR QUE LOS SUJETOS PASIVOS BENEFICIADOS POR LA REGULARIZACIÓN FISCAL DEL AÑO 2012, MÁS CONOCIDA COMO «AMNISTÍA FISCAL», TRIBUTEN EFECTIVAMENTE AL TIPO DEL 10% CONTEMPLADO EXPRESAMENTE EN LA LEY. (Número de expediente 173/000003).

El señor LÓPEZ MILLA: Gracias, señora presidenta. Señorías, la amnistía fiscal que el Gobierno de España aprobó en 2012, es verdad, no es la única que se ha hecho en nuestra reciente historia democrática, pero sí es la única que se ha realizado al mismo tiempo en que se subían prácticamente todos los impuestos, todas las tasas y todos los precios públicos. 

Es la misma que se hacía a la vez que se retiraban prestaciones a los desempleados, que se recortaban las becas, que se fomentaba la rebaja de los salarios y el deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores, que se reducía el gasto sanitario y que se abandonaba a su suerte a numerosos dependientes. 

Muchos españoles y españolas no han entendido que mientras se les exigían sacrificios, mientras se deterioraban sus expectativas de futuro se facilitara el afloramiento de capitales ocultos sin exigir más que un pequeño gravamen, muy inferior incluso al aprobado inicialmente, al rebajar de facto desde el 10% inicial hasta menos del 3% el tipo efectivo aplicable mediante un simple informe de la Dirección General de Tributos. ¿Y quiénes se han beneficiado de esto? Miles de defraudadores, y entre ellos algunos que pueden haber aflorado capitales obtenidos a través de actividades delictivas. 

Personas como el señor Bárcenas, como el señor Granados o el señor Rato, que se han burlado de tantos hombres y mujeres vapuleados por la crisis y abandonados por las políticas del Gobierno durante los últimos años. 

Es cierto que, tanto la necesidad de preservar la seguridad jurídica como el mero paso del tiempo, impiden plantear la posibilidad de recuperar todo el dinero que han dejado de pagar esos defraudadores, pero aún es posible recobrar —como se ha dicho— una parte, la equivalente a la diferencia entre el 10% previsto en el real decreto-ley y el tipo rebajado inferior al 3% establecido posteriormente. 

Por eso vamos a dar apoyo a esta moción siempre que al menos se vote en los términos en que se ha presentado, pues entendemos que con ella se definen correctamente los pasos que ha de dar el Gobierno para garantizar el cobro de al menos ese 10%. Señorías, el Grupo Socialista ha combatido la amnistía fiscal desde el primer momento, recurriéndola incluso ante el Tribunal Constitucional, donde se encuentra pendiente de sentencia. 

Desde el primer día ha advertido sobre sus consecuencias, ha puesto de manifiesto que podía estar dando cobertura al afloramiento de recursos obtenidos a través de actividades delictivas, y ha denunciado que personas que han tenido responsabilidades muy importantes en el Partido Popular e incluso la cónyuge de un ministro, de un miembro del Gobierno —que no se abstuvo cuando se adoptó la decisión— se han beneficiado de esta amnistía fiscal. 

Y hoy queremos contribuir a la moción mediante una enmienda que recoge la necesidad de que el Gobierno de España impulse los cambios legislativos oportunos para que se pueda hacer pública la lista de los defraudadores, y conozcamos por fin la relación de personas que se han beneficiado de esta amnistía fiscal. Igualmente en nuestra enmienda instamos al Gobierno a revisar la lista de paraísos fiscales volviendo a incluir en ella a aquellos Estados que no cooperan de forma efectiva con la Administración tributaria española, porque no solo nos preocupan los capitales que puedan haber sido ocultados al fisco en el pasado, sino la necesidad de levantar obstáculos para impedir que se puedan continuar escondiendo. 

Y si hay países como es el caso, por ejemplo, de Panamá que en su día pudieron ser excluidos de esa lista de paraísos fiscales, pero hoy no están cooperando como debieran, han de volver a ser incluidos en el listado actuando siempre en el marco de las decisiones que se adopten en la Unión Europea. 

Nos preocupa efectivamente la posibilidad de prescripción, como ha defendido el proponente de la moción; una prescripción que se produciría mañana mismo, 30 de noviembre, y aunque el ministro lo haya negado, haya hablado de argumentos jurídicos que negarían la posibilidad de prescripción, sin dar una sola explicación ni enseñar un solo argumento jurídico, el hecho de que se haya enviado un aviso a los contribuyentes afectados anunciándoles que esa prescripción no se produce no hace más que reafirmarnos en nuestra preocupación, porque entendemos que lógicamente no basta con una simple carta informativa, sino que se debería informar de manera jurídicamente válida iniciando un procedimiento formal de comprobación, y esto no se hace con una mera carta informativa sin acuse de recibo, que no tiene efectos jurídicos. 

Señorías, lo que nos tememos es que al final el señor Montoro esté dejando que los plazos pasen, que los plazos caduquen, para tener la excusa perfecta para no hacer nada. Y no será por indolencia, no será por desidia; será con la finalidad de alcanzar un objetivo premeditado, un objetivo que ha estado perfectamente planificado desde el día en que se aprobó esta amnistía fiscal, que es el de perdonar casi 3.000 millones de euros a un número muy reducido de contribuyentes; alguno de ellos quizás antiguo cliente del señor Montoro en otra época. Muchas gracias. (Aplausos).

PLENO 29 NOVIEMBRE CIUDADANOS

DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, DE REFORMAS URGENTES DEL TRABAJO AUTÓNOMO. (Número de expediente 122/000043).


 

 

El señor RIVERA DÍAZ: Gracias, presidenta. Señorías, invitados que nos acompañan en la tribuna, ciudadanos que nos están siguiendo en esta sesión y especialmente a los trabajadores autónomos, gracias por seguirnos hoy y por estar aquí. Hoy empezamos a poner hilo en la aguja ante el primer problema que tiene España, que es el empleo; mejor dicho, el desempleo. 

Porque España sigue siendo el país con más paro de Europa y sigue siendo el país que tiene más dificultades para generar empleo de calidad; y eso no cambia con eslóganes; son datos reales, señorías; así que en esta legislatura tenemos un reto dificilísimo, que es modernizar el empleo en España, y hay que hacerlo tanto en el empleo por cuenta ajena como por cuenta propia. 

El otro día le proponía al presidente un gran acuerdo de esta Cámara para modernizar el sistema laboral español y espero sinceramente que seamos capaces de dar soluciones a los españoles en un marco tan importante como es el empleo. 

Hay 7 millones de trabajadores que, a pesar de trabajar cada día, son pobres, no llegan a final de mes; esto es lo que se llama pobreza laboral y, por tanto, hay que abordar ese reto en esta legislatura de manera urgente. Es el primer problema de los españoles y tendría que ser el primer problema también para esta Cámara. De ello hablaremos seguramente durante esta legislatura y espero que lo hagamos con consenso. 

En esta nueva legislatura, hay que hablar y dialogar para que entre todos podamos reformar y modernizar ese fracaso de nuestro sistema laboral. Pero hay otra pata fundamental. Les hablaba del trabajo por cuenta ajena, pero el trabajo por cuenta propia es fundamental; lo es para cualquier economía, pero especialmente para una economía como la española. 

Hoy vamos a abordar aquí la primera ley de Ciudadanos en el Congreso, la primera ley de Ciudadanos en esta legislatura y la primera ley que se tramite con amplia mayoría —espero que por unanimidad— de esta Cámara para ayudar con medidas a los trabajadores autónomos. 

Porque los autónomos tienen lo peor de ser trabajadores —tienen menos derechos que el resto de trabajadores— y lo peor de ser empresarios, porque muchos de ellos ponen en riesgo su patrimonio, su vivienda, en definitiva, sus ahorros para montar un negocio, para poner en marcha un sueño. 

Hoy lo que queremos hacer aquí no es dotar de privilegios a los autónomos, hoy no queremos dar ninguna dádiva, hoy no queremos repartir subvenciones; hoy solo queremos hacer justicia, hoy solo queremos que los trabajadores autónomos tengan las mismas oportunidades de poner en marcha un sueño, una empresa o de contratar a gente para hacer crecer su empresa. 

Una de esas patas, como les decía, será el contrato único, el contrato estable en la modernización y simplificación definitiva de nuestro modelo laboral, pero la otra pata, sin duda, será esta ley y también la reforma del régimen de autónomos. 

Lo que hoy les traemos, señorías, es una doble propuesta. Una, que se tramitará hoy: la ley de reformas urgentes para los autónomos, y la otra, la creación de la subcomisión o la comisión parlamentaria que tendrá que reformar íntegramente el régimen económico de los trabajadores autónomos. 

Son dos caras de la misma moneda: hoy tramitaremos la proposición de ley del Grupo Ciudadanos, que espera contar con el apoyo de esta Cámara, pero también tramitaremos en los próximos días la creación de esa subcomisión que hemos impulsado desde Ciudadanos —por cierto, subcomisión y ley que también le pedimos como exigencia al Gobierno para apoyar la investidura—, y para eso servía también apoyar la investidura, para que llegaran leyes como esta al Congreso de los Diputados. 

Por tanto, señorías, hoy me voy a centrar en hablar de esa ley de reformas urgentes para los autónomos, pero no es solo de eso de lo que tenemos que hablar: tenemos que hablar de empleo por cuenta ajena y hay que hablar también de reforma del régimen de autónomos. 

Les voy a dar, brevemente, dos pinceladas de lo que representan los autónomos en España: hoy representan el 18,3% de los trabajadores de la Seguridad Social; es decir, casi un 20% son trabajadores autónomos. Además, representan —este es un dato del primer trimestre de 2016— el 27,6% del empleo en España; son el 18% pero generan prácticamente un tercio del empleo de España. 

Luego hoy no vamos a hablar solo de los trabajadores autónomos, sino de todo el empleo que pueden generar los trabajadores autónomos en este país. Un tercio de la economía de España está en juego, por ejemplo, con la tramitación de una ley como esta o la subcomisión del régimen económico. Por eso, como es importante, Ciudadanos ha querido que fuera la primera ley, entre muchas otras, que presentamos en esta Cámara. 

Los autónomos han dado durante esta crisis y están dando a la sociedad mucho más de lo que la sociedad les ha devuelto; y esto es un dato, es empírico, no es una opinión. Los autónomos, a pesar de que algunos les quieren convertir en el chivo expiatorio y quieren culparles de los problemas en la caja de la Seguridad Social, son justamente lo contrario: son los que aportan a la caja de la Seguridad Social, son los que generan empleo para crear actividad económica y, en definitiva, recaudación de impuestos; son los que se la juegan, son los que hipotecan su casa, piden un préstamo o piden una línea de crédito e hipotecan sus bienes para generar empleo en este país. 

Así que hoy venimos a hablar de ese tercio prácticamente de la economía de España, no solo en régimen laboral, sino también de nuestro modelo económico. Les digo, asimismo, que los autónomos representan ese pilar de la clase media de este país y yo quiero hablar de esa clase media, porque no hay ninguna democracia consolidada del mundo que no tenga una clase media fuerte; piensen, no la hay, no hay una democracia fuerte consolidada sin una clase media fuerte y próspera. 

Así que una de las obligaciones de una democracia también es rendir reconocimiento a esa clase media que la sostiene, porque la clase media siempre paga, porque la clase media siempre cotiza, porque la clase media siempre busca empleo, lo pierde y lo vuelve a buscar, porque la clase media normalmente no tiene subvenciones ni privilegios, solo tiene obligaciones. 

Creo que esta Cámara, después de diez años prácticamente de crisis que llevamos ya en este país y en toda Europa, también debe devolver el esfuerzo a esta clase media, que ha hecho grandes esfuerzos durante esta crisis, a nivel familiar, a nivel personal, a nivel empresarial y creo que en esta legislatura tenemos la obligación moral de devolverles lo que es suyo, en definitiva, este país que es España. (Aplausos). 

Entrando en materia de esta ley, que tiene diferentes novedades que les explicaré a continuación, diré que también tiene unos retos básicos a la hora de abordar esta reforma, y deberíamos tener muy en cuenta estos retos para tomar decisiones en el futuro en esta Cámara. 

Los autónomos tienen básicamente seis retos a mi juicio —además de otros—: primero, la falta de flexibilidad del modelo de autónomos. Nosotros estamos proponiendo en esta ley que un autónomo se pueda dar de alta uno, dos, tres, cinco u ocho días, ¿por qué?, porque en la economía del siglo XXI hay gente que trabaja un día de un mes, ocho días, cuatro o veinticuatro y no tiene por qué cotizar por todos los días que no trabaja y tiene que cotizar por los días que trabaja; por ejemplo, tienen muchísima incertidumbre, saben lo que pagan cada mes pero no saben lo que ingresan, y eso es muy distinto a lo que sucede en el régimen laboral general. 

Nosotros les estamos pidiendo unas obligaciones fijas cuando no tienen ingresos fijos, y eso ha hecho que mucha gente se cayera en esta crisis y no se pudiera volver a levantar. Queremos flexibilizar la vida de los autónomos para ayudarles, para que cuando lo pasen mal puedan pagar un poco menos, para que cuando les vaya mejor paguen porque, en definitiva, a todo el mundo le gusta que le vaya bien para poder pagar los impuestos. 

El segundo problema es la pobreza. Sí, sí, hay autónomos pobres en este país —seguro que algunos nos están viendo o escuchando—; hay gente que paga la cuota de autónomos y no llega a final de mes y hace un esfuerzo tremendo para pagar esos 294 ó 295 euros cada mes religiosamente. 

Y dentro de esa reforma nosotros queremos que, por ejemplo, los autónomos que no llegan a final de mes, que no llegan al salario mínimo interprofesional, no tengan que pagar esa cuota hasta que no les vaya bien. Parece de sentido común que quien no tiene para comer, para pagar las facturas o para pagar el alquiler de su empresa no tenga que pagar lo mismo que a quien le va muy bien. 

Por tanto, ese régimen flexible también tiene que trabajar contra la pobreza, porque la pobreza, lamentablemente, ha llegado también en España a los autónomos. Tercer reto al que se enfrentan los autónomos: cargas excesivas. Nosotros pedimos en esta ley que los autónomos, en igualdad de condiciones que la Administración pública, aunque se demoren en el pago paguen, pero en función de la demora; no es lo mismo demorarse tres días en el pago para un autónomo que demorarse tres meses. 

Bueno, pues aquí se flexibiliza la demora del pago, por ejemplo, de una cotización de autónomos, porque ¿verdad que no es lo mismo pasarse tres días que tres pueblos o treinta días? Pues en este caso queremos flexibilizarlo: menos cargas excesivas para los autónomos en igualdad de condiciones con la Administración. 

Financiación. Miren, las empresas, las sociedades anónimas, las sociedades limitadas tienen limitado su patrimonio, tienen mayor acceso a la financiación bancaria aunque han tenido dificultades, pero los autónomos tienen más dificultades de media que la pequeña y mediana empresa especialmente, para llegar a la financiación. 

Les pongo un ejemplo que seguramente mucha gente tiene en la cabeza: un autónomo pide una línea de crédito, hipoteca su casa, hipoteca su vivienda y le va mal el negocio y pierde su vivienda. Eso no le pasa a una sociedad anónima seguramente, ya que tiene limitada su responsabilidad; no le pasa al administrador de esa sociedad, le pasa al autónomo, que tiene que ver cómo pierde su vivienda o sus bienes. 

Por tanto, queremos atacar y atajar el problema de la financiación y de la segunda oportunidad, señores. No se nos puede llenar la boca de hablar de emprendedores cuando somos un país en donde a quien emprende y fracasa le atizamos. Queremos tener un país en el que el que fracase se vuelva a levantar. (Aplausos). 

Así que en esa subcomisión del régimen económico queremos abordar también la Ley de segunda oportunidad porque es insuficiente la que tenemos, porque no aborda la quita, por ejemplo, en deudas con la Seguridad Social o con Hacienda. Si usted le debe 3.000 euros a Hacienda o 6.000 después de que le vaya mal un negocio, ¿cómo vamos a machacarle para que no se pueda volver a levantar y montar otro negocio? 

Tendremos que negociar una quita para que, en definitiva, pueda volver a levantarse y quitarse esa losa. Parece razonable que si una sociedad tiene limitado su patrimonio, como mínimo un autónomo tenga la oportunidad de negociar una quita extrajudicial con la Administración. Por otro lado, tienen otro reto tremendo: la morosidad. 

¿Saben ustedes que los principales perjudicados de la morosidad en la Administración pública son los autónomos? Se aprobó una ley aquí —que no se cumple, por cierto—, pero los principales proveedores que no cobran de la Administración pública son autónomos. Queremos incluir una cláusula en los contratos públicos para estar al corriente en el pago a los autónomos, no solo a la Seguridad Social de las empresas que contratan con la Administración. Hay que igualar las condiciones de los autónomos a la hora de contratar servicios públicos. Y sexto reto que tienen: familias y pensiones. 

Evidentemente, tienen que organizar su vida y también tienen derecho a una pensión digna, porque los autónomos, como ustedes saben, encima suelen tener menos pensión que alguien que ha trabajado en el régimen general laboral. 

Estos seis retos son los que queremos abordar en esta ley que hoy traemos aquí y en la subcomisión, que yo espero que sea ambiciosa, que no arrastremos las piernas, que no arrastremos los pies y que estemos a la altura de las circunstancias para hacer una verdadera revolución, una verdadera evolución del sistema de autónomos en España. Y en cuanto a la subcomisión, brevemente porque no es objeto del debate hoy, les pido, especialmente al Gobierno pero también al resto de grupos, que seamos ambiciosos. 

No vayamos a una subcomisión que lo que haga es justo lo contrario de lo que necesitamos. Necesitamos que quien no llega a final de mes no pague, y no pague hasta que no le vayan las cosas bien. Necesitamos flexibilizar los pagos de los autónomos, necesitamos también hacer compatibles las pensiones con los que trabajan por cuenta propia; hay muchos autónomos que llegan al fin de su carrera y quieren compatibilizar el cobro de una parte de la pensión con ese trabajo de autónomo. Eso hay que abordarlo en la subcomisión del RETA. 

Además creemos que es fundamental igualar las prestaciones. Si son trabajadores autónomos, parece natural que tengan los derechos de los trabajadores, pero de hecho tienen más cargas que los que no son autónomos. ¿Por qué tienen que tener menos derechos los trabajadores autónomos que los trabajadores en este caso por cuenta ajena? Yo creo que tienen que tener los mismos, y eso hay que abordarlo con ambición en esa subcomisión. 

Y también les digo que la misma tiene que trabajar duro porque hay esperanzas puestas en la política en este momento. Hay muchos autónomos que nos están viendo hoy que piensan que quizá seamos capaces de mejorar un poco su vida, que quizá se lo pongamos un poco menos difícil; que quizá sus señorías y esta Cámara, que quizá las instituciones sirvan para muchas cosas importantes. (Aplausos). 

Entiendo y comprendo, además como hijo y familiar de autónomos, su escepticismo; es natural. Los autónomos son escépticos porque se lo juegan todo siempre ellos y porque nadie les ayuda. Les pediría que respecto a ese escepticismo abran un poco de vía a la esperanza, que esta Cámara tramite soluciones a sus problemas de cada día. Pero estoy de acuerdo en que la pelota está en nuestro tejado, está en el tejado de la política y en el tejado de esta Cámara solucionar los problemas para que los autónomos y sus familias vuelvan a confiar en las instituciones. 

Para finalizar, les pediría, señorías, un cambio, un giro de ciento ochenta grados. Ha habido un Gobierno con mayoría absoluta en esta Cámara que lo podía haber hecho todo y todo es todo, todo lo que traemos en esta ley, todo lo que no ha querido que incluyéramos en esta ley y todo lo que tenemos que hablar en la subcomisión. 

Solo espero que, ya que no tenemos mayoría absoluta, el todo lo haga esta Cámara y, que en esta Cámara, seamos suficientemente responsables la izquierda, el centro y la derecha, para ponernos de acuerdo en los temas importantes del país; y este es uno de esos temas importantes de este país, no les quepa la menor duda. Así que yo espero y confío que esa subcomisión esté a la altura, que esta ley se tramite y se mejore. 

Nosotros también la queremos mejorar y, de hecho, éramos más ambiciosos incluso en el planteamiento inicial con el acuerdo que teníamos y con el acuerdo que tenemos, y queremos llevarlo a más y queremos buscar amplias mayorías en esta Cámara para mejorarla. Ya me adelanto, seguramente, a algún argumento de algún portavoz posterior: no me digan que no es suficiente porque lo que no es suficiente es lo que tenemos hoy. 

No me digan que no es suficiente. (Aplausos). Lo que tenemos hoy no es suficiente y lo que viene es mucho mejor que lo que teníamos y, si alguien lo quiere mejorar, nosotros encantados porque para nosotros los autónomos son una prioridad como muchas otras en este país, pero el empleo especialmente. 

En definitiva, señorías, les decía que a los autónomos les tenemos que devolver lo que han dado en esta crisis, simplemente, y lo que están dando hoy todavía por levantarse y volver a levantarse. Les diría que no pensemos en los autónomos —ni quieren escucharlo ellos— al hablar de subvenciones. No quieren dádivas como les decía, no quieren privilegios; solo quieren dignidad, solo quieren que les levantemos los obstáculos para llevar a cabo sus sueños y para alcanzar aquello que se han propuesto. 

Para mí el Estado no tiene que dar subvenciones a los autónomos, sino que el Estado tiene que facilitar las cosas a los autónomos para que ellos puedan generar trabajo y riqueza, para que ellos puedan pagar impuestos y para que puedan poner en marcha sus sueños. Esa es nuestra filosofía como partido que cree en los emprendedores, que cree en la libertad y que cree en la competitividad también de nuestros emprendedores y nuestras empresas. 

Coincido con muchos autónomos si pensamos que no vienen a pedir, sino a que les dejemos trabajar y a que les dejemos hacer las cosas mejor. (Aplausos). Me gustaría acabar con una frase de algún emprendedor conocido como Henry Ford, que algo sabía de emprender y poner en marcha nuevos sueños y nuevos proyectos. Decía que el fracaso es simplemente la oportunidad para comenzar de nuevo. En esta ocasión con muchísima más inteligencia. Muchas gracias. (Aplausos).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333 más 2 votos telemáticos, 335; a favor, 322 más 1 voto telemático, 323; abstenciones, 11 más 1 voto telemático, 12.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos).

PROPOSICIÓN NO DE LEY DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE EL ACUERDO ECONÓMICO Y COMERCIAL GLOBAL (AECG-CETA). (Número de expediente 162/000219).



El señor ROLDÁN MONÉS: Presidente, señorías, el debate que traemos hoy a la Cámara sobre el Acuerdo de libre comercio entre Canadá y la Unión Europea, el CETA, es un debate importante, pero en realidad es un debate mucho más de fondo. Es un debate entre los que estamos a favor de las sociedades abiertas y de progreso —como mi partido, que está representado en esta Cámara— y los que están claramente en contra, como los defensores de la iniciativa que presenta Ángeles, de Podemos, hoy aquí. (Aplausos). 

Este es un debate entre los que creemos que la apertura, los intercambios y el comercio son la base de nuestra riqueza en el mundo global del conocimiento y, los que desde posiciones conservadoras, prefieren poner vallas al campo, construir muros, cerrar fronteras, limitar los intercambios y soñar con un futuro trasnochado que afortunadamente ya no existe. No pongas cara de sorprendida, Ángeles. 

Sabes tan bien como yo que entre las propuestas prioritarias de Trump al ganar las elecciones estaba poner un muro en la frontera con México y también derrumbar el Acuerdo comercial TPP con Asia-Pacífico. ¿Sabes qué pasa cuando se derrumban acuerdos comerciales de este tipo y se empiezan a poner barreras arancelarias? 

Exactamente lo que pasó en los años treinta en este continente: se empiezan a subir las barreras arancelarias y acaba perjudicándose a millones de trabajadores que se quedan sin trabajo. (Aplausos). En aquel acuerdo se tomaron lógicamente muchas precauciones, porque era un acuerdo con China, que no respeta los derechos humanos y tampoco las salvaguardas medioambientales necesarias y los derechos del trabajo. ¿Pero realmente quieres hacernos creer, Ángeles,… (El señor Errejón Galván: Ángela.—Risas) —perdona, Ángela— … que Canadá tiene un problema en ese sentido? 

Canadá es más europeo que Europa. Canadá cumple con los requerimientos fundamentales mucho más allá de lo que lo hacen la mayoría de nuestros países, con lo cual no hay ningún riesgo de que se incumplan los requerimientos sanitarios y medioambientales, las regulaciones laborales, las protecciones básicas de los derechos, de los datos, etcétera. 

Eso simplemente no es verdad. Señores de Podemos, me temo que en realidad el problema no lo tenéis con Canadá ni con este acuerdo comercial; el problema lo tenéis con vuestros propios prejuicios contra el comercio internacional y contra las sociedades abiertas. (Aplausos). En Ciudadanos pensamos que hay que hacer mucho por mejorar la globalización, pero hay un abismo entre creer que se puede mejorar la globalización y querer destrozarla. 

Lo que hacen la globalización y la mayor competencia es impulsar la innovación, impulsar a las empresas a mejorar. Esa innovación hace que se creen nuevos trabajos, más estables, mejor pagados, más productivos y mejor protegidos. 

Los trabajos ligados a la exportación en España —en España, sí— se pagan un 50% más que los que están simplemente dirigidos al mercado interior. Acuerdos comerciales como este mejoran la vida de los consumidores, les permiten acceder a mayores productos de consumo y a unos precios más bajos. Estar más integrados en las cadenas de producción globales nos hace más fuertes. 

Cuando no lo estamos, cuando los países exportan en menos de lo que importan, se tiene mucho más vulnerabilidad a subir un parón repentino de financiación, que es lo que nos pasó en este país en 2008 precisamente porque teníamos un desequilibrio comercial con el exterior brutal. ¿Sabes a quién no le gusta nada de nada este tipo de acuerdos comerciales? 

Precisamente a las empresas que tienen capturados los mercados nacionales, aquellas del capitalismo de amiguetes que se llevan los contratos a dedo; esas son las que no quieren este tipo de acuerdos comerciales. (Aplausos). 

Si de verdad queréis luchar contra la casta y de verdad queréis luchar contra el capitalismo de amiguetes, abríos a acuerdos comerciales como este, permitidles competir y veréis cómo se acaba. La idea de que la globalización beneficia solo a los ricos es probablemente la idea más absurda de esta nueva izquierda viejuna que nos traéis aquí. (Aplausos). 

La globalización y la apertura comercial es el mecanismo más potente que conocemos para la lucha contra la pobreza. (El señor Errejón Galván pronuncia palabras que no se perciben). Desde 1950 en Asia y en América Latina se han creado millones de puestos de trabajo gracias a la competencia y gracias a los incentivos que crea el mecanismo de precios. 

Es cierto, existen alternativas, el dirigismo, la autarquía, el caudillismo y el aislacionismo, las promesas colectivistas que reparten miseria y dejan las farmacias sin medicamentos y crean cuotas de racionamiento. (Aplausos). Aunque bien mirado, según a quién afecte, sí parece que le dais importancia al comercio, o al menos algunos de vuestros portavoces. 

Por ejemplo, cuando habláis de Cuba decís que todos los problemas de Cuba no son de sus instituciones ni de sus problemas de mala gobernanza, sino que vienen de que Estados Unidos les bloquea, que les hace un bloqueo comercial desde hace tantos años. 

Como decía, la globalización genera ganadores y perdedores; eso no lo habéis descubierto vosotros. Dani Rodrik decía en su famoso trilemma que si queremos preservar la democracia y queremos seguir creciendo en un mundo global, tenemos que ampliar las fronteras de gobernanza, tenemos que mejorar la gobernanza global y transnacional. 

Con eso estamos de acuerdo, la solución no es poner muros, como hace Trump, poner más fronteras, como propone Orban, o salirse de la Unión Europea, como proponéis vosotros en el Parlamento Europeo. La solución es gobernar mejor la globalización, más allá del Estado-nación, y diseñar políticas públicas efectivas contra la pobreza laboral, como el complemento salarial. La solución es mejorar las políticas educativas, como propone Ciudadanos. 

El Acuerdo comercial con Canadá tiene además muchas ventajas para España. —Voy a dar dos líneas, y con esto termino—. La eliminación de barreras y aranceles para la agricultura ofrece un enorme potencial para que los mercados, por ejemplo, de aceite de oliva, productos vegetales, jamón, productos de cerdo, amplíen sus fronteras, crezcan, tengan más compradores protegiendo las denominaciones geográficas españolas y beneficiando a muchos sectores, como la pesca y la industria automotriz, que es clave para España. 

Para terminar, señores de Podemos, por desgracia para todos no se crea empleo con pancartas ni rodeando Congresos ni rapeando en mítines, se crea trabajo abriendo oportunidades, acuerdos de comercio inclusivos y progresistas como el CETA. Muchas gracias. (Aplausos.—Rumores).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 73; en contra, 260. 

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada

DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO PARA GARANTIZAR EL RESPETO A LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS CIUDADANOS. (Número de expediente 173/000001).

El señor SALVADOR GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente. Señor Trevín, bajo el título de garantizar el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos ha metido una serie de cuestiones que creo que son también de las que se van a tener que tratar durante el transcurso de esta legislatura, pero quisiera recordar que esos derechos y libertades de los ciudadanos están salvaguardados precisamente porque tenemos unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que lo permiten. 

Evidentemente, cuando en algunas redacciones se da un tinte que tiende a criminalizarlos no estamos de acuerdo con ello. Estamos de acuerdo en garantizar esos derechos y esas libertades, pero desde luego tenemos que reconocer el trabajo y el esfuerzo de esos profesionales, porque tal y como se redactan algunas cuestiones puede parecer que intentamos buscar más su criminalización. Creo, señor Trevín, que lo que quería era dejar un inventario de aquellas cuestiones que vamos a ir tratando durante la legislatura. 

Ha juntado cinco temas, que es verdad que son muy importantes cada uno de ellos por separado, los ha incorporado, ha hecho un batiburrillo y, al mismo tiempo, ha tratado cuestiones muy importantes y ha metido casos muy singulares, consiguiendo que al final pierda fuerza cada una de esas propuestas. Ante eso, lo que hemos hecho desde Ciudadanos es lo que intentamos hacer siempre: presentar una serie de enmiendas de carácter técnico con el objetivo de mejorar la propuesta y simplemente corregir aquellas cosas que entendemos que no están bien o que se pueden mejorar. 

En primer lugar, en relación con la Ley de protección ciudadana, ya cerramos un acuerdo con ustedes en el que decíamos que en vez de derogar había que reformar. Hablamos con ustedes también de que había unos supuestos que se habían llevado al Tribunal Constitucional y que si había que revisarlos tenía que ser precisamente para eso, para que esa Ley de seguridad ciudadana diera respuesta a lo que decía el enunciado y, al mismo tiempo, se pudieran eliminar aquellas cuestiones que no tuvieran que ver con la Constitución. 

Hay un tema muy importante, señor Trevín, que es la Guardia Civil. Es verdad que en esto tengo que mirar al Partido Popular, porque siempre se ha llenado la boca a la hora de hablar de la Guardia Civil, pero la Guardia Civil no termina de avanzar con un Gobierno del Partido Popular. Vamos a ver si ahora que no hay mayoría absoluta y parece que en los debates estamos bastante de acuerdo, por lo menos cuatro de las principales fuerzas de esta Cámara, es el momento de acometer reformas y de hacer que esta sea también la legislatura de la Guardia Civil. 

No entendemos —y en eso estamos de acuerdo con usted, señor Trevín— que en enero de 2016 entrara en vigor una reforma involucionista del Partido Popular que quitaba lo que ya se había ganado en el año 2007 en relación con los supuestos en los que tenía que aplicarse el Código Penal Militar a la Guardia Civil y los supuestos en los que no. 

Se decía que, con carácter general, no había que aplicarlo a acciones realizadas en el transcurso de sus funciones policiales sino solamente en supuestos de estar en una misión de guerra, en un estado de sitio o en determinadas situaciones que están muy categorizadas y que hacían que tuviera un poco de racionalidad. Luego, señor Trevín, dice usted que hay que garantizar las plantillas de las instituciones penitenciarias. 

También estamos de acuerdo, pero no entendemos por qué después se ha ido a casos singulares y por qué no acepta nuestra enmienda para mejorar la seguridad de los funcionarios de prisiones, para hacer un protocolo de actuación de esas agresiones y para poder darle más contenido. Así, al mismo tiempo que mejoramos la plantilla, mejoraríamos sus condiciones. 

Lo que ha hecho el Partido Popular ha sido tener cárceles masificadas cuando hay cárceles que están cerradas, pero ahora que ya está mejorando la economía, podemos tener personal suficiente en cada una de ellas, personal que puede trabajar en mejores condiciones. 

De esta manera podríamos afrontar ese gran problema que hay de seguridad, en vez de perdernos en temas muy concretos que, por exclusión, eliminan otras cuestiones similares que existen en el resto del Estado español. También han planteado más plantillas policiales y más medios. Estamos absolutamente de acuerdo, pero nuevamente usted se ha ido a determinados casos, como la seguridad vial o los robos. Nosotros entendemos que eso hay que extenderlo a todo el mundo y a todos los supuestos porque es un tema general. 

Creemos que hay que incorporar a la Guardia Civil y también a la Policía, pero ¿por qué no revisamos el estatuto profesional? ¿Por qué no revisamos los accesos, la formación, los ascensos, los destinos o los salarios? ¿Por qué no aprovechamos para empezar a debatir sobre ese nuevo modelo policial? Lo digo porque ya que usted ha metido cinco temas tan importantes, podría haberles dado un poquito más de profundidad en vez de perderse en ejemplos muy concretos que lo que hacen es deslucir una propuesta que entendemos que es interesante.

En relación con el tema de los CIE, no habíamos planteado ningún tipo de enmienda, porque estamos de acuerdo en que se tienen que regular los supuestos que dan lugar al ingreso, que se tienen que mejorar las condiciones de los internos y que, especialmente, se tiene que garantizar la asistencia sanitaria. 

En eso estamos de acuerdo con usted. Por todo ello, a pesar de su mala redacción, de sus malos ejemplos, como no queremos entorpecer que esto pueda mejorar, vamos a abstenernos en la primera, porque no entendemos eso de derogar sin esperar al Tribunal Constitucional y haber revisado sobre la base de nuestro acuerdo, pero en todo lo demás vamos a votar a favor. Muchas gracias. (Aplausos).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 261; en contra, 65; abstenciones, 7. 

La señora PRESIDENTA: Queda aprobado

DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA ENERGÉTICA EN LA QUE VIVEN MÁS DE CINCO MILLONES DE PERSONAS EN NUESTRO PAÍS, ESPECIALMENTE EN LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN PREVISTAS POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA PARA EL CESE EN LA VIOLACIÓN DE DERECHOS. (Número de expediente 173/000002).

La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Buenas tardes a todos, señorías. Presidenta, tengo que comenzar mi intervención como comencé también la pregunta al señor ministro el otro día: uno de cada diez hogares de este país se encuentra en situación de vulnerabilidad, es decir, que no pueden soportar la carga incluso de los servicios esenciales. 



También el otro día comenté que existe una normativa europea, la 2009/72 y la 2009/73, que obliga a los Estados miembros a regular en esta materia. Como también recordé el otro día, España no ha hecho los deberes y no ha regulado desde 2009. 

Para que no digan que no se ha hecho nada, sí hubo un real decreto, el 13/2012, pero que fue un poco lavado de imagen porque no incluía cómo catalogar a las personas que estaban en riesgo de vulnerabilidad ni incluía tampoco cómo paliar esta situación y, por supuesto, no decía qué mecanismos se iban a aplicar ni garantizaba que no se pudiesen hacer cortes. 

A sus señorías hay que recordarles hoy —aunque seguramente casi todos lo saben— que cualquier compañía eléctrica y energética puede hacer un corte legalmente si tiene una deuda acumulada de seis meses; luego entrará en el código de buenas prácticas si quiere consultar o no, pero la ley hoy dice eso. 

La semana pasada, a petición del ministro, nos reunimos todos los portavoces de energía con él y se pudieron sacar connotaciones positivas porque tenemos más en común en esta materia todos los partidos políticos que están representados en esta Cámara que lo que podríamos llegar a imaginar, lo cual creo que es una buena noticia, sobre todo porque habrá que sacar una ley adelante y estaremos todos ahí. 

Es necesario buscar puntos en común y es necesario dar soluciones a los problemas que tienen los ciudadanos. Por estas razones, hemos enmendado la moción que ha presentado el partido Podemos en el sentido de que es necesario establecer mecanismos que garanticen que a ningún hogar en situación de   vulnerabilidad le puedan cortar los servicios esenciales sin una consulta previa a los servicios sociales, y máxime si estamos en temporada de riesgo, como es la temporada de invierno. 

También hemos enmendado diciendo que es necesario establecer una conversación fluida con las comunidades autónomas, porque si atendemos al caso de Reus, la Administración ha hecho que los protocolos no se puedan aplicar porque han acabado eludiendo responsabilidades y al final no se aplica la ley, no se pueden aplicar las cosas como son y acabamos con unas situaciones dramáticas que precisamente podríamos evitar. 

Es necesario por esto que nos coordinemos todos, no solo el Gobierno sino también la oposición, también las administraciones, las comunidades autónomas y todos los agentes que intervienen en esto. Hemos enmendado asimismo sobre la necesidad de definir realmente a quién se le tiene que dar ese bono social. 

Para nosotros, para Ciudadanos, es imprescindible que lo que prime sea el criterio de renta y luego, por supuesto, a partir del criterio de renta, que se tengan como atenuantes número de personas de la familia, si existen personas dependientes en ese hogar, si existen niños, si existen personas en riesgo. 

Al final de lo que se trata es de que el bono social le llegue a quien lo necesita, porque a día de hoy, todos lo sabemos, señorías, como no está incluido el criterio de renta, hay familias que se acogen al bono social que no tendrían que beneficiarse de él, y seguramente que todos conocemos casos. También hemos pedido que el gas —lo dijimos el otro día— se pueda acoger a ese bono social; es decir, que en el bono social no entre solo la electricidad sino que también se aplique al gas. 

Hemos enmendado también sobre la necesidad de establecer mecanismos que acaben con esa especulación en los precios de la energía. Quiero recordar datos que di el otro día de la subida de la energía, como el gas, un 22%; la luz, un 34%; el butano, un 23% y el agua, un 8,5%. 

Por eso hemos propuesto —y está incluido en el acuerdo que firmamos tanto con el Partido Socialista como con el Partido Popular— que se haga una auditoría de costes, pero no solo a la generación, sino a la distribución y también al transporte. 

Es necesario que sepamos cuánto nos cuesta aquello que pagamos, es necesario también evaluar y auditar qué es lo que estamos pagando en la factura eléctrica, porque al final creo que ninguno de ustedes, señorías, o quizá algunos que podríamos contar con los dedos de una mano, podría decir qué es lo que estamos pagando en el compendio de lo que suma la factura eléctrica. 

Para nosotros es imprescindible asimismo que se establezca un indicador —y además en eso estuvimos de acuerdo todos— de vulnerabilidad social que recoja y haga pública toda la información de los hogares que estén afectados por costes de suministro. Es necesario también evaluar las medidas de eficiencia energética y de disponibilidad. 

Apostar por la eficiencia energética es apostar por una reducción en el consumo, y es indispensable impulsar planes de rehabilitación para hogares en situaciones vulnerables en materia de eficiencia energética. Tenemos más puntos en común de los que tenemos en contra. 

Cierto es que en la negociación de la transaccional había puntos en los que divergíamos, en los que no estábamos del todo de acuerdo, pero consideramos que es una moción y confío en que en la ley sí vamos a llegar a un acuerdo de cada uno de los puntos. 

Vamos a apoyar esta iniciativa aunque no hayamos firmado esa transaccional, pero lo que está claro a día de hoy es que en la tramitación de la ley llegaremos a puntos en común y la sacaremos adelante. Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 200; en contra, 1; abstenciones, 132. 

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada

DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN MATERIA DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA EVASIÓN FISCAL Y, MÁS EN CONCRETO, SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA GARANTIZAR QUE LOS SUJETOS PASIVOS BENEFICIADOS POR LA REGULARIZACIÓN FISCAL DEL AÑO 2012, MÁS CONOCIDA COMO «AMNISTÍA FISCAL», TRIBUTEN EFECTIVAMENTE AL TIPO DEL 10% CONTEMPLADO EXPRESAMENTE EN LA LEY. (Número de expediente 173/000003).


El señor DE LA TORRE DÍAZ: Señora presidenta, señorías, volvemos a hablar hoy de la amnistía fiscal de 2012, que se adoptó en un momento quizá más complicado que el de ahora, en el que se subieron masivamente los impuestos a los contribuyentes honestos que ya los pagaban y a los defraudadores se les perdonaron los impuestos. 

Una amnistía fiscal siempre es una mala idea, pero esta, además de ser una mala idea y de ser sumamente injusta, fue un proceso francamente chapucero en el que al final los contribuyentes defraudadores que se acogieron no pagaron el 10% que estaba previsto, sino que acabaron pagando menos del 3%. 

En Ciudadanos nos preocupa mucho esta cuestión, porque nos parece que antes de exigir el primer euro a los contribuyentes honestos, vía subida de impuestos o vía recortes en el Estado del bienestar, deberíamos aplicar la ley —toda la ley, incluso una ley tan favorable como la de la amnistía fiscal— a los defraudadores que se acogieron. 

Esta Ley de la amnistía fiscal decía expresamente que estos contribuyentes debían pagar el 10% de la cuantía del valor de adquisición de los bienes aflorados. Según dijo el señor Montoro se acogieron contribuyentes que afloraron 40.000 millones de euros y ahora mismo solo hay en caja 1.193 millones de euros. 

En la anterior legislatura llegamos a un acuerdo con el Partido Socialista, y posteriormente también lo hicimos con el Partido Popular para que estos contribuyentes defraudadores pagasen efectivamente el 10% expresamente contemplado en la norma. Para el seguimiento de este proceso interpelamos al ministro Montoro; y le interpelamos de urgencia porque pensábamos que la situación era urgente. Teníamos una bolsa de contribuyentes defraudadores localizados que no habían cumplido con sus obligaciones fiscales. 

Esto ya lo llevamos a la Comisión de Hacienda en la anterior legislatura y al Pleno el pasado 27 de septiembre, y todos los grupos políticos estuvimos de acuerdo en varias cosas. Ahora, después de la comparecencia del ministro Montoro y en virtud de las respuestas que nos dio y de unas cuantas cartas que emitió, procedemos a actualizar el proceso. 

Respecto a las cartas, con independencia de las consideraciones jurídicas y de lo que se piense sobre la prescripción, creemos que estas cartas sin acuse de recibo evidentemente no interrumpen la prescripción y no inician el procedimiento de comprobación necesario para que a los contribuyentes defraudadores la Administración les exija lo que tienen que pagar. 

Además esta carta que se envió es bastante curiosa. No solamente lleva una carta que dice una serie de cosas, sino que también lleva una proposición no de ley de Ciudadanos que aprobamos aquí todos, casi por unanimidad. Yo no sé si esto se va a poner de moda y si la próxima vez que a un señor le llegue una paralela de IVA se encontrará con un logo de una gaviota, un puño y una flor o lo que sea del partido que en su día aprobó estas normas. (Aplausos). 

Es decir, este no parece un sistema serio para despolitizar la Agencia Tributaria y para que los contribuyentes tengan claro que los impuestos que se les exigen contribuyen a financiar el gasto público en general, y no son una ocurrencia de un ministro que se dedica un día a mandar cartas. Lo que nosotros proponemos en primer término es una cuestión a la que se ha llegado por consenso de todos los grupos políticos, y es que hay que efectuar una revisión urgente para que estos contribuyentes defraudadores no paguen el 3% que pagaron y paguen el 10% sobre la cuantía aflorada. 

En segundo término, hay un informe de 27 de junio del año 2012 que decía que las declaraciones de la amnistía fiscal no eran comprobables. Esto no puede ser, esto es dejar a los contribuyentes que hagan lo que les dé la gana y no dejar trabajar a los inspectores. 

Por tanto llevamos este segundo punto. En tercer lugar, que efectivamente se inicien comprobaciones inspectoras que interrumpan la prescripción, no enviar cartas sin acuse de recibo. Luego pongan ustedes los logos que quieran, pero esto nos parece relevante. Nosotros creemos que esto se debía haber hecho antes del 30 de noviembre, antes de que transcurriesen cuatro años desde el final del plazo voluntario de declaración. 

Aquí el ministro Montoro dijo que las declaraciones de la amnistía fiscal, esa obligación de pago del 10 %, no prescribía nunca. No sabemos en qué se basa. Por tanto le instamos a solicitar los informes jurídicos, que aporte al Congreso los informes jurídicos, porque las cosas no prescriben cuando lo dice el ministro, ni cuando lo digo yo, ni cuando lo dicen terceras personas, sino cuando lo dicen las leyes, y hay que hacer una interpretación conforme a derecho. 

En este sentido si el ministro tiene razón y estas inspecciones no se pueden iniciar antes del 30 de noviembre, como el ministro decía que iba a promover un plan antifraude, le solicitamos que en dicho plan se incluyan aquellos contribuyentes acogidos a la amnistía fiscal que no pagaron el 10%.

Por último, le pedimos al señor ministro que en la Agencia Tributaria, en aquellos casos donde haya sospechas de blanqueo de capitales, de que algunos contribuyentes defraudadores se hayan beneficiado de la declaración de amnistía fiscal en el sentido de reintroducir fondos que provengan de la corrupción o de otros delitos, esto que en sí es un delito de blanqueo de capitales se ponga en conocimiento de los órganos jurisdiccionales. 

Aquí el Grupo Parlamentario Podemos nos dice que antes de que prescriban. Nosotros poníamos urgentemente, pero bueno, se lo admitimos. También dice que no habíamos incluido —y es una aportación que ya recogió el ministro— que se dote de más medios y no menos a la Agencia Tributaria para tener un plan antifraude que sea suficientemente ambicioso. 

Efectivamente con esta moción nosotros queremos hacerle caso al señor Montoro y mirar hacia el futuro, pero exigiendo aquellas deudas que no pagaron y que en nuestra opinión fueron perdonadas ilegalmente a los defraudadores fiscales, porque —lo repetimos— esa es la única forma de mirar al futuro hacia una mejor sociedad del bienestar, luchar más, mejor y más eficazmente contra el fraude fiscal. 

Para eso resulta absolutamente imprescindible que cuando tengamos a defraudadores localizados, cuando sepamos que no han cumplido sus obligaciones y les enviemos cartitas, pasemos a exigirles estos importes que nos han defraudado a todos. 

Nos parece que esta es una parte del compromiso que hay con Ciudadanos, pero también es un compromiso con esta Cámara, con los propios diputados, con el ministro del Partido Popular que lo votó, y con todos los españoles que cumplen como es debido con sus obligaciones fiscales. Muchas gracias. (Aplausos).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, 200; abstenciones, 132.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.