PLENO 29 DE NOVIEMBRE PSOE

DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, DE REFORMAS URGENTES DEL TRABAJO AUTÓNOMO. (Número de expediente 122/000043).

El señor SIMANCAS SIMANCAS: Señora presidenta, señoras y señores diputados, el Grupo Socialista va a aceptar la toma en consideración de esta proposición de ley, porque considera de interés cualquier avance, cualquier mejora, por modesta que sea, en las condiciones de actividad de los trabajadores autónomos. 

Suscribimos también todas las alabanzas, todos los homenajes que el grupo proponente vierte sobre los sufridos trabajadores autónomos. En la exposición de motivos del texto que hoy valoramos se habla incluso, en términos literales, de los heroicos autónomos. 

El señor Rivera ha hablado de dignidad, de justicia, de sueños. Está bien poner en valor el esfuerzo para superar las dificultades que muestran cada día los trabajadores por cuenta propia, ahora bien, señores diputados, creo que la mayoría de estos trabajadores estarán conmigo si les aseguro que los autónomos de nuestro país necesitan menos jabón y más solución para sus muchos problemas. 

También hemos de decirles que las grandes expectativas puestas sobre esta ley en sucesivas ruedas de prensa, en discursos e incluso en la retórica superlativa de su introducción, no se corresponden bien con la literalidad del texto que hoy nos someten a votación. 

Se ha hablado de la Ley de los autónomos, con mayúsculas, se habla y se escribe sobre la resolución de los problemas de fondo, las reformas estructurales necesarias, reformas de alcance y profundidad, pero resulta que la Ley de los autónomos ya existe, data del año 2007 y la impulsó un Gobierno socialista. 

Es una ley con treinta y nueve artículos y treinta disposiciones, frente a los apenas seis artículos del texto que hoy se nos propone. Y el texto que hoy se somete a la Cámara no trata, como se dice en su exposición de motivos, sobre reformas estructurales necesarias, no; se limita a tratar asuntos que son de interés indudable, pero que no plantean las reformas de fondo que los autónomos necesitan y demandan. No es  un texto ambicioso, señor Rivera. 

De hecho, este texto ni tan siquiera recoge los acuerdos que el Partido Ciudadanos suscribió en su momento con el Partido Socialista y con el Partido Popular. No sabemos por qué, quizás el Partido Popular no les deja, señor Rivera. Puede que la estrategia del grupo proponente consista en aprobar ahora una ley ligerita de contenido, rapidita en su tramitación con la que colgarse alguna medalla; puede que se trate de derivar los asuntos realmente importantes, los asuntos complejos, los asuntos con los que hay que pagar, a una subcomisión para el próximo jueves. 

Si es así, señor Rivera, sería honesto decirles a los representantes de los trabajadores autónomos que aquello que se aprueba en una ley va el Boletín Oficial del Estado y se convierte en norma y aquello que se tramita y que se escribe en las conclusiones de una subcomisión puede cumplirse o puede no cumplirse. Sería razonable aclarárselo a quienes han puesto sus esperanzas en este debate. ¿Queremos realmente una ley? Hagamos una ley, pero una ley de verdad; sin jabón para los autónomos, pero con soluciones de verdad; sin medallas rápidas y fáciles para unos u otros, pero con reformas de calado que mejoren las condiciones de actividad de los autónomos españoles. 

Quizá no sea tan fácil ni sea tan rápido, pero será más útil sin duda. El Grupo Socialista estará dispuesto a trabajar lo que sea preciso en este propósito, quizá así consigamos, señor Rivera, que los autónomos sean menos escépticos. La proposición de ley que se somete a debate plantea en su artículo 1 literalmente: «Modulación de los recargos por ingreso fuera de plazo…». 

Este es el primer artículo y, sin duda, estamos ante un problema práctico que importa solucionar, pero ¿de verdad esta modulación de los recargos es la primera respuesta que están esperando los autónomos de este país de sus representantes en el Congreso de los Diputados, para el primer artículo de esta ley? ¿De verdad? ¿La modulación de los recargos por ingreso fuera de plazo en la Seguridad Social? No se habla en este primer artículo, señor Rivera, ni de la morosidad ni de la Ley de Segunda Oportunidad ni de mejorar las pensiones, que son asuntos de fondo que usted ha tratado aquí; no, se habla de la modulación de los recargos. 

Está bien, pero entienda usted que las expectativas que han generado ustedes mismos no se cumplen con este primer artículo. Lo dice la exposición de motivos de la ley: En el año 2015, 665.000 altas de trabajadores autónomos por 625.000 bajas; 665.000 altas y 625.000 bajas de autónomos en el año 2015. 

Estos son los datos que muestran la debilidad, la vulnerabilidad, las auténticas dificultades de los trabajadores por cuenta propia en este país, pero, frente a la magnitud de este problema, no podemos limitarnos a aprobar una ley con seis artículos de limitadísimo alcance. No es ni remotamente suficiente. Ustedes saben, como yo, dónde están los problemas auténticos de los trabajadores autónomos. 

Los problemas están en el acceso a la financiación, que es el auténtico muro contra el que se estrellan una y otra vez centenares de miles de pequeños empresarios, de autónomos. ¿Nos atrevemos a que el ICO preste dinero directamente a los autónomos en condiciones ventajosas? ¿Nos atrevemos a utilizar la banca intervenida para financiar a los autónomos? 

Los problemas de verdad están en la morosidad insoportable, la que viene de las administraciones públicas y de las empresas privadas. ¿Nos atrevemos de verdad a ponerle límite con un sistema eficaz de infracciones y de sanciones? Nada de esto hay en esta ley. Los problemas de verdad están en la Ley de Segunda Oportunidad que no permite a los autónomos recuperarse de los tropiezos inherentes a su condición. 

¿Nos atrevemos a eliminar el periodo legal de cinco años en el que las deudas exoneradas pueden volver a reclamarse? No está en la ley. Los problemas, es cierto, están en buena medida en las reformas pendientes del régimen especial de autónomos, pero van más allá de los recargos por ingresos con retrasos y más allá incluso de las tarifas planas temporales. 

¿Qué ocurre cuando termina el plazo de los seis meses o de los doce meses con tarifa reducida y el autónomo sigue recibiendo ingresos muy reducidos? ¿Nos atrevemos a permitir que los autónomos coticen según ingresos reales? Estaba en el acuerdo de Ciudadanos con el PSOE, está en el acuerdo de Ciudadanos con el PP, pero no está en esta proposición de ley. ¿Por qué? 

¿Nos atrevemos a permitir que los trabajadores autónomos accedan a las mismas prestaciones sociales que los trabajadores por cuenta ajena sin acudir a modelos de cotización voluntaria que contradicen el principio de universalidad en la Seguridad Social? ¿Nos atrevemos o nos quedamos en la modulación de los recargos? Los problemas están en la fiscalidad, pero van mucho más allá de los gastos deducibles en el IRPF. 

¿Qué pasa con los trabajadores autónomos con discapacidad? ¿Vamos a acabar con la discriminación injusta que les distingue de los demás trabajadores en el pago de sus impuestos? ¿Vamos a reconocer, por fin, que la fórmula del IVA de caja que el PP aprobó en la Ley de emprendedores de 2013 ha fracasado porque no la utiliza ni el 1% de los autónomos? 

Los problemas están en los contratos de las administraciones públicas, demasiado amplios, demasiado condicionados como para que los trabajadores autónomos puedan optar a sus concursos. ¿Nos atreveremos a reducirlos, a fraccionarlos, a simplificarlos? Los problemas están en la economía colaborativa, en el servicio especial agrario, en los autónomos a tiempo parcial, en la reducción y en la simplificación de los trámites administrativos de verdad. 

Sin embargo, señorías, en los seis limitados artículos de esta proposición de ley no se desarrollan, ni de lejos, las reformas estructurales necesarias en el trabajo autónomo. Son seis artículos muy limitados, no aparecen los acuerdos que suscribió el Partido Socialista con Ciudadanos como, por ejemplo, el fondo para la financiación de sectores empresariales estratégicos, la implicación del ICO en la financiación de pequeños proyectos empresariales, tampoco aparece buena parte de los acuerdos de Ciudadanos con el Partido Popular, la cotización cero para los autónomos con ingresos por debajo del salario mínimo, la cotización reducida para los autónomos a tiempo parcial. 

No aparecen en buena medida esos compromisos que el Grupo Ciudadanos suscribió con el Partido Popular. El Grupo Parlamentario Socialista, no obstante va a votar a favor de la toma en consideración de esta propuesta de ley, porque, a pesar de su contenido limitado, a pesar del incumplimiento que refleja en los acuerdos suscritos por sus propios autores, muestra una voluntad evidente por mejorar las condiciones de actividad de los trabajadores autónomos en nuestro país, y los socialistas compartimos esa voluntad. 

Ahora bien, el Grupo Socialista trabajará para que esta ley sea algo más que una ley limitada y rapidita para que alguien se ponga una medalla, trabajaremos para que esta ley sea algo más que una nueva palmadita en la espalda de los sufridos trabajadores autónomos: cuánto os queremos, cuánto os admiramos y qué poco hacemos por vosotros. No, vamos a trabajar para que esta ley sea algo más, para que sea mucho más, menos jabón y más solución. Trabajaremos para que esta ley contribuya de verdad a resolver los muchos problemas que aquejan a los trabajadores por cuenta propia, con seriedad y sin medallas para nadie. Muchas gracias. (Aplausos).

DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE EL ACUERDO ECONÓMICO Y COMERCIAL GLOBAL (AECG-CETA). (Número de expediente 162/000219).

La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Señorías, la proposición no de ley que nos trae hoy el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea no responde a la situación real  en la que se encuentra el CETA y no ha sido defendida en esta tribuna conforme a los términos literales del texto, porque no se nos pide que este Parlamento se pronuncie sobre el CETA. 

Ustedes saben que este Parlamento se va a pronunciar necesariamente sobre el Tratado comercial con Canadá, al igual que lo harán los veintisiete parlamentos nacionales que conforman la Unión Europea. Este es un tratado mixto, de nueva generación, donde la Unión Europea ha negociado sobre la base de las competencias que la Unión Europea ostenta, y en aquellas competencias que no son de la Unión Europea, que siguen estando residenciadas en los Estados miembros, son precisamente los parlamentos nacionales los que van a pronunciarse y a aprobar este tratado, que finalmente, de ser aprobado por los veintisiete parlamentos nacionales, estará ratificado y entrará en vigor. 

Lo que ustedes nos solicitan hoy es que prohibamos que el Parlamento Europeo se pronuncie sobre un tratado que la Unión Europea tiene el derecho y la competencia de negociar. Hay una mala noticia, estoy de acuerdo con usted: la mala noticia es que en los últimos tiempos asistimos a un movimiento creciente contra la liberalización del comercio, contra la inmigración, la libre circulación de personas, y a favor del proteccionismo y la renacionalización de la política. 

Eso sucede en distintos lados, a la derecha, a la izquierda y desgraciadamente en el populismo que se instalará en Estados Unidos tras la elección de Trump. Es necesario aplicar la política al mercado económico, y eso solo se hace regulando, a través de tratados internacionales y de instituciones supranacionales, los mercados financieros, los monopolios, los cárteles, los privilegios concesionales, corporativos que, no nos olvidemos, existen porque la política, la internacional y la nacional, lo permite. 

Dicho esto, los socialdemócratas entendemos que el Parlamento Europeo tiene derecho a pronunciarse políticamente sobre un tratado negociado por la Unión Europea y por la Comisión en el ámbito de su competencia. Pero los socialistas europeos hemos planteado, desde el principio, elementos fundamentales en la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos, de los trabajadores y de los consumidores. Voy a citar brevemente tres. 

El primero, sobre el nivel de protección que disfrutamos en Europa, no se negocia. Son innegociables: los estándares europeos de protección medioambiental, los estándares europeos de protección social y laboral. —Innegociables—. Quiero decirles que de los ocho tratados fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, Canadá ha ratificado siete, no había ratificado el octavo, y está en vías de ratificación precisamente por la aprobación de este acuerdo, ratificación del Acuerdo internacional sobre derecho de negociación y sindicación. Les puedo asegurar que los trabajadores canadienses están contentos. 

Otro elemento fundamental, señorías. Sobre los servicios públicos no se negocia. Entre otras cosas, quiero recordar, porque en esta tribuna se han dicho dos elementos que no son ciertos y asustan a la ciudadanía: que el Tratado fundacional de la Unión Europea establece que las competencias para regular los servicios públicos son competencias nacionales. 

En el caso de España les corresponde al Estado y a las comunidades autónomas; y quiero recordarles que en la Comunidad de Madrid o en la Comunidad de Valencia, gobernadas por el Partido Popular, se han privatizado servicios básicos como la sanidad y no ha sido por los canadienses ni por los estadounidenses, sino porque gobernaba el Partido Popular allí durante muchos años. (Aplausos). Esto es así. 

Quiero señalar algo, aunque es una intervención muy atropellada, muy rápida para un tema tan importante, que me parece interesante. El señor Esteban se ha referido a la declaración interpretativa conjunta, y yo quiero señalar la página 4, punto 4. (Mostrando un documento). Miren ustedes, señorías, lo que dice: Se garantiza el derecho de los Gobiernos en todos los niveles de la Administración a facilitar el apoyo y la prestación de servicios que consideren públicos, incluidos la salud pública, la educación, los servicios públicos. 

No existirá ningún tipo de exigencia a los Gobiernos para privatizar ningún servicio y no habrá ningún impedimento a los Gobiernos para devolver al ámbito público aquellos servicios privatizados ni para ampliar los tipos de servicios prestados al público. 

Es decir, el Gobierno valenciano hoy puede, indudablemente, hacer públicos servicios públicos como la sanidad que han sido privatizados, porque no habrá ningún impedimento por el Tratado del CETA. Finalmente, señorías, este tratado establece un nuevo mecanismo de solución para la protección de inversiones extranjeras. 

Quiero decirles que los socialdemócratas europeos exigimos que se abrieran las negociaciones porque nos negábamos a aceptar un tratado con un sistema de arbitraje privado. El tribunal internacional será para la resolución de los conflictos que afecten al tratado, que no —efectivamente, como muy bien ha señalado el señor Aitor Esteban— a otro tipo de elementos que tengan que ver con la legislación nacional. 

Estos se harán por los tribunales nacionales y, lo que afecte al tratado, por un tribunal internacional… … muy similar al Tribunal Internacional de Justicia: quince jueces elegidos entre la Unión Europea y Canadá que, indudablemente, estarán sometidos a un proceso de imparcialidad, normas de aplicación de tribunales internacionales y un recurso de apelación. 

Señorías, se avanza muchísimo. Sin CETA estaremos en sistemas de arbitraje privado. Señorías, sin CETA, de las veintisiete denominaciones de origen que hoy están incluidas y que serán protegidas en Canadá habrá cero protecciones de origen reconocidas y protegidas en los mercados canadienses. 

Por lo tanto —señorías, concluyo—, creo que no es de recibo traer una resolución de este tipo, que no corresponde a la situación real. Este Parlamento va a ratificar o no, pero va a discutir el CETA en todo el ámbito de competencias nacionales que corresponde al Gobierno y al Estado español. 

Me parece que lo de hoy era un subterfugio político, una treta parlamentaria para evitar que el Parlamento Europeo pueda, en enero de 2017, ejercer el derecho político que le asiste como representante de todos los ciudadanos de la Unión para pronunciarse políticamente sobre este tratado. Muchas gracias. (Aplausos).

DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO PARA GARANTIZAR EL RESPETO A LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS CIUDADANOS. (Número de expediente 173/000001).

El señor TREVÍN LOMBÁN: Señor presidente, señorías, defiendo esta moción, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, con el objeto de que este Gobierno devuelva las libertades que hurtó a todos los españoles. Pedimos en ella, primero, que deroguen la Ley Orgánica 4/2015, que ustedes llaman de protección de la seguridad ciudadana, pero que es más y mejor conocida como la Ley mordaza. 

Segundo, que pongan en marcha medidas urgentes para acabar con la sensación de inseguridad creciente que tienen los ciudadanos. Y, tercero, que atajen de una vez los sangrantes recortes que han aplicado en estos últimos años a los servicios de seguridad del Estado. Ustedes creen que una sociedad segura es una sociedad silenciosa y domesticada. Nosotros creemos que la discrepancia es la verdadera esencia de la democracia. 

Por eso la Ley mordaza es profundamente antidemocrática. Discrepar se traduce en protestar y, el anterior ministro del Interior, pretendía acabar con cualquier forma de protesta: de pensamiento o palabra, de obra u omisión. Si los activistas de Greenpeace colocan una pancarta en un edificio público se exponen a entre 100 y 600 euros de multa. Igual les puede ocurrir a los jóvenes que coloquen pegatinas en una farola o que acampen en Sol. 

O a una joven que lleve su bolso con una figura de un gato y las siglas ACAB, ‘Todos los gatos son bonitos’. O a los activistas que recojan firmas con una mesa en las aceras. O a quienes entren en un banco y se pongan a bailar por bulerías para protestar burlescamente contra alguno de esos productos financieros ideados por trileros con corbata. 

También podrán ser multadas con entre 601 y 30.000 euros las militantes de Femen que perturben actos públicos o solemnidades varias o aquellos activistas que traten de impedir pacíficamente la ejecución de resoluciones administrativas o judiciales de desahucio. Señores del Partido Popular, en esta legislatura sin mayorías absolutas nos están solicitando una actitud propicia al diálogo y al acuerdo. Ahora tienen la ocasión de demostrar la sinceridad de su demanda. 

Trabajemos juntos para quitar la mordaza a los españoles, con una nueva norma que sea más respetuosa con los derechos y libertades fundamentales de nuestra Carta Magna y que corrija algunos errores en materia de extranjería. Ustedes, señores del PP, introdujeron un sistema de devolución en frontera de extranjeros que no respeta adecuadamente la normativa que exige dar la oportunidad de solicitar la protección internacional a quienes tienen derecho a ella. Pero no es el único problema que en esta materia tiene España, señorías. 

Los centros de internamiento de extranjeros están siendo una constante fuente de conflictos. Hoy mismo Amnistía Internacional denuncia en los medios de comunicación severos fallos en la atención a personas migrantes y refugiados en los CETI de Ceuta y Melilla. El ingreso en los mismos debe ser únicamente una medida restringida a supuestos imprescindibles y no debe suponer más limitación que la indispensable. 

Los internos deben tener garantizados en ellos sus derechos, especialmente el que se refiere a la asistencia sanitaria. Todo ello, y en cualquier caso, asegurando la necesaria supervisión judicial con la máxima transparencia. Lo necesitamos, señorías, porque hasta hoy el ministerio del Interior ha realizado una gestión opaca en estos centros y, a la vez, ha recortado drásticamente sus presupuestos. Pero los CIE no son ni mucho menos el único lugar donde los recortes están haciendo estragos, en nuestras cárceles también. 

Necesitamos garantizar los medios humanos y materiales para que las penas de prisión se cumplan en condiciones de dignidad y seguridad. Hemos de tener también claro que la rehabilitación y reinserción social de los internos son los principales objetivos a conseguir, como mandata el artículo 25 de nuestra Constitución. 

Debemos garantizar el buen funcionamiento de los programas que más contribuyen a ello, como la UTE de la prisión asturiana o el modulo para madres jóvenes de Alicante, que sigue cerrado. ¿No les resulta extraño que siendo España un país europeo con unos parámetros de seguridad por encima de la media europea seamos, por el contrario, de los que tienen una mayor ratio de personas en prisión? Señorías, en los últimos cuatros años se ha erosionado el sistema público que garantiza la seguridad de los españoles. 

Las pasadas semanas di algunas cifras al respecto que repito porque en su respuesta el ministro dejó traslucir algunas dudas. Los Presupuestos Generales del Estado nos indican que en los últimos cinco años la dotación presupuestaria para la seguridad pública disminuyó en 500 millones de euros —500 millones de euros menos para seguridad pública en cinco años— y los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen un déficit de catálogo que sobrepasa los 20.000. 

Es también incuestionable el aumento de los delitos que mayor sensación de inseguridad crean entre los españoles. La estadística de la Secretaría de Estado de Seguridad del primer semestre de este año indica  que los homicidios dolosos y asesinatos aumentaron un 18,4% respecto al mismo periodo del pasado año —un 18,4%— y los robos con fuerza en domicilios un 2,2%, infracción penal que aumenta año a año. 

Hoy mismo los medios de comunicación dan cuenta de la detención de cincuenta georgianos por robos en al menos cien viviendas de Madrid y Barcelona. Tampoco evoluciona a mejor la seguridad en nuestras carreteras. Las cifras de muertos en accidentes de tráfico han activado todas las alarmas. Según los datos de la DGT, hasta antes de ayer llevamos treinta y tres víctimas mortales más que en el mismo periodo de 2015, treinta y tres víctimas más que en el año anterior, señorías. 

El aumento es muy preocupante porque puede llevarnos a incumplir este año el objetivo 2020 de la Unión Europea respecto a la reducción de fallecidos en la carretera. Así, de Estado ejemplar hace una década a sospechoso de incumplimiento hoy. (Muestra un gráfico). Vean la línea naranja que indica el objetivo de la Unión Europea y la línea azul, por debajo, que indica el número de fallecidos en España. 

Hasta ahora, sistemáticamente, habíamos ido muy por debajo del objetivo de la Unión Europea, pero este año, por primera vez en una década, podemos incumplir ese objetivo. 

Tenemos, señorías, unas fuerzas de seguridad profesionales, pero su número ha mermado drásticamente en los últimos años. Por ello solicitamos incrementar sus plantillas y un nuevo plan operativo para reducir el robo con fuerza en el campo y en los domicilios españoles, así como un programa de medidas para frenar el incremento de la siniestralidad vial. Reclamamos, por último, más seguridad para quienes garantizan la nuestra, es decir, para nuestros guardias civiles. 

El pasado 15 de enero entró en vigor el nuevo Código Penal Militar que puede aplicárseles en cualquier circunstancia, y no es lógico; excepto cuando estén en una misión militar, nunca debe aplicárseles. Finalizo, señorías. Hay un común denominador en estas peticiones. Solo les pedimos que cambien tres cosas, solo tres cosas. Cambien la mordaza, las multas y la mano dura por la libertad, los derechos y los servicios públicos. (Aplausos). 

«La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos…», dejó escrito Cervantes, buen conocedor del aprecio que los españoles damos a este bien. También aprecian nuestros compatriotas sus derechos y confían en los servicios públicos, sobre todo en el ámbito de la seguridad. Hoy les pido el voto a favor de esta moción o, lo que es lo mismo, a favor de la libertad, los derechos y los servicios públicos. Gracias, presidente. (Aplausos).

DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA ENERGÉTICA EN LA QUE VIVEN MÁS DE CINCO MILLONES DE PERSONAS EN NUESTRO PAÍS, ESPECIALMENTE EN LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN PREVISTAS POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA PARA EL CESE EN LA VIOLACIÓN DE DERECHOS. (Número de expediente 173/000002).

La señora LUCIO CARRASCO: Gracias, señora presidenta. Hace ahora poco más de dos años defendí aquí en nombre del Grupo Parlamentario Socialista una proposición de ley sobre protección de consumidores vulnerables y contra la pobreza energética. Entonces la mayoría parlamentaria votó en contra de esa iniciativa, pero la realidad hoy ha cambiado, el juego de mayorías es diferente y, aún así, el Gobierno ha vetado la misma proposición de ley que presentamos en el mes de julio. 

Señorías, en este Congreso se ha hablado de pobreza energética antes de la XI legislatura, por mucho que a algunas les parezca imposible. Sobre la pobreza energética huelga entrar en muchos detalles, dado que toda la ciudadanía —la gente, como le gusta decir al grupo proponente— sabe ya muy bien de qué hablamos cuando nos referimos a ella. 

Lo resumiría diciendo que es la pobreza que sufren esas familias que, o bien no pueden mantener su hogar a una temperatura adecuada durante el invierno porque no saben si podrán hacer frente al pago de la factura, o bien —lo que es peor— aquellas familias que ni siquiera encienden la calefacción porque lo que temen es que les corten el suministro. 

Señorías, más de 5 millones de personas en este país son incapaces de mantener su vivienda a temperatura adecuada en los meses fríos, 5 millones de personas que están expuestas a un riesgo añadido a su salud. 

El Grupo Parlamentario Socialista, como ha demostrado a través de la defensa de múltiples iniciativas en esta legislatura y en las dos legislaturas anteriores, tiene como prioridad acabar con la desigualdad, y una de las caras más amargas y perjudiciales de ella para muchas familias con hijos pequeños, para muchas personas mayores que viven solas, es la pobreza causada por no tener acceso a un suministro energético básico que debería ser considerado como un bien de primera necesidad. 

El Grupo Socialista ha presentado una enmienda que ampliaba y mejoraba el texto de la moción propuesta por Unidos Podemos en la que instamos a regular de forma inmediata qué es la pobreza energética, a qué se denominan consumidores vulnerables y cuáles son los servicios mínimos de subsistencia, tal y como establece la Directiva 2009/72, del mercado interior de la electricidad. Creemos que es imprescindible dar una tregua invernal entre noviembre y marzo, dentro del marco de las atribuciones competenciales que tiene el Ministerio de Energía. 

Estamos de acuerdo con la mayoría de los grupos aquí representados e incluso con el Gobierno en la urgencia de reformar el bono social para que realmente llegue a las familias que lo necesitan y en la medida en que cada una de esas familias lo necesiten; es decir, dependiendo de la renta de los hogares: quien menos tenga, más ayuda y, quien más tenga, menos ayuda. 

También garantizar que no sean los consumidores domésticos quienes asuman el coste, es decir, resolver el problema de financiación del bono social que tiene encima de la mesa el Gobierno en este momento. Por otro lado, el Grupo Socialista sabe que esta situación de pobreza energética es fruto de un modelo energético débil e injusto y de la aplicación de políticas de austeridad insensibles con las personas más vulnerables. 

Por eso defendemos una gran reforma del modelo energético después de una auditoría de costes del sistema y en el que se liquiden definitivamente los costes de transición a la competencia. Sin embargo, Unidos Podemos propone una medida que a todas luces, desde nuestro punto de vista, supone un retroceso en la redistribución fiscal. Propone aplicar por igual una reducción del IVA en la factura de la luz y esto realmente no redundaría en esa redistribución que nosotros siempre defendemos porque beneficiaría más a quien más consume, además rebajar el IVA de la electricidad rompería con la idea de imposición ambiental. 

Los socialistas defendemos una imposición ambiental para promover la eficiencia energética, es decir, para reducir los consumos excesivos que sabemos que hay, siempre y cuando la energía sea más barata. No estamos de acuerdo con esa propuesta tal y como está planteada, aunque la hemos negociado y ha quedado un poquito más adaptada a lo que nosotros pedíamos, pero no es exactamente lo que nosotros le hemos pedido al grupo proponente. 

Nuestra intención es aprovechar la fuerza parlamentaria fruto del resultado de las urnas para dar fin a un gravísimo problema, problema que solo se resolverá con voluntad política del Gobierno fundamentalmente, pero también con la voluntad de todos los grupos que conformamos esta Cámara. Por eso el Grupo Parlamentario Socialista votará a favor de la transaccional que ha propuesto el grupo proponente, a pesar de no compartir algunas cuestiones y parte también de la redacción de esta iniciativa. 

Solo me queda decirle al grupo proponente Unidos Podemos que a día de hoy podríamos estar aprobando la proposición de ley que los socialistas presentamos en su momento si hubiesen optado por tener un Gobierno de izquierdas en este país en lugar de mantener el statu quo que nos ha llevado a la mayor desigualdad de la historia democrática. Muchas gracias. (Aplausos).

DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN MATERIA DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA EVASIÓN FISCAL Y, MÁS EN CONCRETO, SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA GARANTIZAR QUE LOS SUJETOS PASIVOS BENEFICIADOS POR LA REGULARIZACIÓN FISCAL DEL AÑO 2012, MÁS CONOCIDA COMO «AMNISTÍA FISCAL», TRIBUTEN EFECTIVAMENTE AL TIPO DEL 10% CONTEMPLADO EXPRESAMENTE EN LA LEY. (Número de expediente 173/000003).

El señor LÓPEZ MILLA: Gracias, señora presidenta. Señorías, la amnistía fiscal que el Gobierno de España aprobó en 2012, es verdad, no es la única que se ha hecho en nuestra reciente historia democrática, pero sí es la única que se ha realizado al mismo tiempo en que se subían prácticamente todos los impuestos, todas las tasas y todos los precios públicos. 

Es la misma que se hacía a la vez que se retiraban prestaciones a los desempleados, que se recortaban las becas, que se fomentaba la rebaja de los salarios y el deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores, que se reducía el gasto sanitario y que se abandonaba a su suerte a numerosos dependientes. 

Muchos españoles y españolas no han entendido que mientras se les exigían sacrificios, mientras se deterioraban sus expectativas de futuro se facilitara el afloramiento de capitales ocultos sin exigir más que un pequeño gravamen, muy inferior incluso al aprobado inicialmente, al rebajar de facto desde el 10% inicial hasta menos del 3% el tipo efectivo aplicable mediante un simple informe de la Dirección General de Tributos. ¿Y quiénes se han beneficiado de esto? Miles de defraudadores, y entre ellos algunos que pueden haber aflorado capitales obtenidos a través de actividades delictivas. 

Personas como el señor Bárcenas, como el señor Granados o el señor Rato, que se han burlado de tantos hombres y mujeres vapuleados por la crisis y abandonados por las políticas del Gobierno durante los últimos años. 

Es cierto que, tanto la necesidad de preservar la seguridad jurídica como el mero paso del tiempo, impiden plantear la posibilidad de recuperar todo el dinero que han dejado de pagar esos defraudadores, pero aún es posible recobrar —como se ha dicho— una parte, la equivalente a la diferencia entre el 10% previsto en el real decreto-ley y el tipo rebajado inferior al 3% establecido posteriormente. 

Por eso vamos a dar apoyo a esta moción siempre que al menos se vote en los términos en que se ha presentado, pues entendemos que con ella se definen correctamente los pasos que ha de dar el Gobierno para garantizar el cobro de al menos ese 10%. Señorías, el Grupo Socialista ha combatido la amnistía fiscal desde el primer momento, recurriéndola incluso ante el Tribunal Constitucional, donde se encuentra pendiente de sentencia. 

Desde el primer día ha advertido sobre sus consecuencias, ha puesto de manifiesto que podía estar dando cobertura al afloramiento de recursos obtenidos a través de actividades delictivas, y ha denunciado que personas que han tenido responsabilidades muy importantes en el Partido Popular e incluso la cónyuge de un ministro, de un miembro del Gobierno —que no se abstuvo cuando se adoptó la decisión— se han beneficiado de esta amnistía fiscal. 

Y hoy queremos contribuir a la moción mediante una enmienda que recoge la necesidad de que el Gobierno de España impulse los cambios legislativos oportunos para que se pueda hacer pública la lista de los defraudadores, y conozcamos por fin la relación de personas que se han beneficiado de esta amnistía fiscal. Igualmente en nuestra enmienda instamos al Gobierno a revisar la lista de paraísos fiscales volviendo a incluir en ella a aquellos Estados que no cooperan de forma efectiva con la Administración tributaria española, porque no solo nos preocupan los capitales que puedan haber sido ocultados al fisco en el pasado, sino la necesidad de levantar obstáculos para impedir que se puedan continuar escondiendo. 

Y si hay países como es el caso, por ejemplo, de Panamá que en su día pudieron ser excluidos de esa lista de paraísos fiscales, pero hoy no están cooperando como debieran, han de volver a ser incluidos en el listado actuando siempre en el marco de las decisiones que se adopten en la Unión Europea. 

Nos preocupa efectivamente la posibilidad de prescripción, como ha defendido el proponente de la moción; una prescripción que se produciría mañana mismo, 30 de noviembre, y aunque el ministro lo haya negado, haya hablado de argumentos jurídicos que negarían la posibilidad de prescripción, sin dar una sola explicación ni enseñar un solo argumento jurídico, el hecho de que se haya enviado un aviso a los contribuyentes afectados anunciándoles que esa prescripción no se produce no hace más que reafirmarnos en nuestra preocupación, porque entendemos que lógicamente no basta con una simple carta informativa, sino que se debería informar de manera jurídicamente válida iniciando un procedimiento formal de comprobación, y esto no se hace con una mera carta informativa sin acuse de recibo, que no tiene efectos jurídicos. 

Señorías, lo que nos tememos es que al final el señor Montoro esté dejando que los plazos pasen, que los plazos caduquen, para tener la excusa perfecta para no hacer nada. Y no será por indolencia, no será por desidia; será con la finalidad de alcanzar un objetivo premeditado, un objetivo que ha estado perfectamente planificado desde el día en que se aprobó esta amnistía fiscal, que es el de perdonar casi 3.000 millones de euros a un número muy reducido de contribuyentes; alguno de ellos quizás antiguo cliente del señor Montoro en otra época. Muchas gracias. (Aplausos).