SESIÓN CONGRESO 22 NOVIEMBRE PODEMOS

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY: — DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE FIJACIÓN DE LA CUANTÍA DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL. (Número de expediente 122/000026).

La señora VIDAL SÁEZ: Buenas tardes, señorías e ilustres invitados. Hoy traemos una propuesta de reforma legislativa que, por encima de cualquier consideración, es necesaria y de sentido común. Hoy tomamos en consideración una proposición de ley sobre el salario mínimo interprofesional. ¿Qué es lo que pretende esta ley? 

Principalmente, tres cosas. En primer lugar, dignificación. Proponemos un incremento sustancial del salario mínimo con tal de que la cuantía sea suficiente para llevar un nivel de vida digno. En segundo lugar, garantías. 

La cuantía debe ser objeto de revalorización al comienzo de cada año como mínimo en función del IPC previsto y debe ser revisada a 1 de enero de cada año por si el IPC real supera el IPC previsto. En tercer lugar, concreción. Para el 1 de enero de 2018, 800 euros; para 2020, 950 euros, cumpliendo por fin con el mandato de la Carta Social Europea. ¿Por qué? Porque la importancia de establecer un suelo de las condiciones laborales no ha desaparecido, sino todo lo contrario, la desigualdad crece y la situación de pobreza y exclusión lo hace indispensable. 

La pobreza, señorías, no es un estado natural, no es una ley física o un fenómeno de la naturaleza, la pobreza tiene causas, y en España muchas de ellas tienen que ver con las reformas precarizadoras del Partido Popular, que han contado, eso sí, con la inestimable colaboración del artista antes conocido como Convergència i Unió. 

Las estadísticas y numerosos estudios demuestran la acumulación de rentas y riqueza en los percentiles más altos, la transferencia de renta desde abajo y el centro hacia arriba y el hundimiento de la renta media y mediana, es decir, la paulatina desaparición de la clase media y la expansión de la clase baja y la pobreza. Últimamente se habla mucho de esta nueva y emergente categoría de trabajadores y trabajadoras pobres. 

Tener un puesto de trabajo ya no es sinónimo de estabilidad laboral y aún menos económica. El empleo que se está generando es de peor calidad que el que se está destruyendo, y eso es gracias a sus reformas laborales. Es tan precario que en España y en toda Europa se ha generalizado esta nueva categoría laboral y uno de cada diez empleados y empleadas son pobres por culpa de la temporalidad, la rotación o los bajos salarios. 

Según un estudio de Cáritas, publicado recientemente, un 14,8% de los trabajadores son pobres y la cifra se dispara hasta un 44,8% en el caso de las personas que están en situación de paro. Con o sin trabajo, las mujeres son quienes más están padeciendo los efectos de la pobreza. 

En todos los rangos laborales cobran menos que los hombres, aproximadamente unos cinco euros por hora. Una de las conclusiones a las que llegaba un reciente informe de la Generalitat de Catalunya pone los pelos de punta: se cree que prácticamente la mitad de las mujeres serían pobres si tuvieran que depender solo de sus ingresos. ¿Y por qué? 

Pues por culpa del trabajo a tiempo parcial, de la brecha salarial, de la subocupación, del desguace al que ustedes están sometiendo a los servicios públicos, que por supuesto va a costa de las mujeres de este país, o por el escaso valor que se da socialmente a los sectores mayoritariamente feminizados, es decir, por culpa de la cultura heteropatriarcal y de las reformas del Partido Popular. 

Hoy, para una mujer trabajadora el riesgo de caer en la pobreza sigue creciendo a pesar de la supuesta recuperación. La desigualdad no solo debe ser combatida por sus destructivas consecuencias en la vida de las personas, sino porque es un factor con una gran repercusión sobre el crecimiento y por su contribución al estancamiento. 

A más desigualdad, menores salarios, mayor descapitalización de los trabajadores, aumento del desempleo estructural y, cómo no, menos demanda. En la lucha contra la desigualdad el salario mínimo tiene un papel fundamental: establecer la parte mínima de la riqueza que le corresponde precisamente a aquellos que han generado toda la riqueza. 

Pero me pregunto: ¿para qué sirve un salario mínimo si está por debajo del umbral de la pobreza? Díganme, ¿qué puede hacer una persona con 655,20 euros —teniendo en cuenta las cuantías, 20 céntimos son importantes— al mes? Por aquello de no caer en la manida comparación entre el salario mínimo y los sueldos de sus señorías, déjenme que les ponga un ejemplo práctico. 

Hoy, en Barcelona, es prácticamente imposible encontrar un alquiler por debajo de 700 euros; ni hablamos del carro de la compra o del transporte, porque ya de partida uno no puede llegar ni siquiera al alquiler. Mientras el precio del metro cuadrado ha subido un 287% en los últimos veinte años, los salarios solo lo han hecho en un 51%. Sé que para muchos de ustedes no lo es, pero lo cierto es que el salario mínimo es una referencia muy cercana para muchísimas personas; para miles de personas en nuestro país es su único sustento. 

Si en 2008 el volumen de trabajadores y trabajadoras que cobraban un sueldo inferior al salario mínimo era de un 8,8%, en 2014 ya era cercano a un 14%, más de cuatro puntos por encima. Hoy, más de 5,5 millones de trabajadores están cobrando un sueldo inferior al salario mínimo; más de 3,5 millones cobran sueldos que, como máximo, llegan a la mitad del salario mínimo y 2 millones tienen sueldos que se acercan al salario mínimo. 

A estos les podríamos recordar las palabras que hoy mismo pronunciaba la ministra en la Comisión del Pacto de Toledo, en la que nos decía que mejor un mal empleo que un no   empleo. (Rumores). A eso parece que se reduce —supongo— la responsabilidad del Ejecutivo, a darnos a escoger entre Guatemala y guatepeor. Qué suerte la nuestra, ¿verdad? Los trabajadores hemos perdido un 11% de poder adquisitivo durante los últimos años por la caída de los salarios y por la subida del IPC, y hay medidas que lo han favorecido. (Rumores). 

Incentivar los convenios de empresa para evitar la protección del convenio sectorial ha provocado, por ejemplo, una caída brutal del salario de muchísimos trabajadores, trabajadoras sobre todo. Hoy por la mañana le he puesto este mismo ejemplo a la ministra.

En el sector de comercio, la Audiencia Nacional ha anulado cuarenta y cuatro convenios de empresa creados para saltarse a la baja el convenio del sector, es decir, creados para pagar menos a sus trabajadores. Su reforma sirve para eso, para ejercer de condena para miles de trabajadores de este país. Pero en este cuento no todos los personajes corren la misma suerte. 

Según la última encuesta salarial, el salario anual de directores y gerentes fue un 130% superior al salario medio. Mientras la clase media se hundía, el 1% más rico ha visto como sus beneficios subían hasta un 40%. Solo desde el cinismo se puede asegurar que los salarios no suben porque no hay dinero. 

Por cierto, ante la muerte de una mujer mayor la semana pasada en Reus por culpa de la pobreza energética, no puedo dejar de mencionar que el sector de la energía, con empresas como Gas Natural al frente, bate récords tanto en salario como en ganancias. Dinero, haberlo haylo, solo que a algunos les pierde la avaricia y les importan más los beneficios que la vida de las personas, pero volvamos al salario mínimo. 

Si bien en 2004, con el Gobierno de Zapatero, experimentó proporcionalmente una notable subida —todo hay que decirlo—, la evolución del salario mínimo es una triste historia de congelaciones y de subidas ridículas, que han permitido que año tras año se devaluara y perdiera cualquier rastro de poder adquisitivo. 

En nueve años ha subido 55,20 euros —55 euros en nueve años— y la última subida, la de este año, ha sido de 6,80 euros, que no da ni para un menú de mediodía. La cuantía que ha fijado este año el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para el salario mínimo ha sido de un lamentable 0,5% más respecto del año anterior. Esta es una decisión política y ustedes, el Gobierno del Partido Popular, han decidido un año más reírse de toda la clase trabajadora. 

Han decidido que el salario mínimo siga por debajo del umbral de la pobreza. Salgamos de España y veamos cómo les va a otros países europeos. ¿Saben ustedes, por ejemplo, que el salario mínimo en el Estado español es la mitad que el de Bélgica o que en el Reino Unido son 1.343 euros y 1.466 en Francia?, y eso sin llegar a los 1.922 de Luxemburgo. 

Lo cierto es que son numerosos los tratados internacionales que obligan a España a garantizar unos mínimos, en concreto el Convenio número 131, de la Organización Internacional de Trabajo. Este convenio obliga a España, en palabras del propio convenio, a asegurar protección a los trabajadores contra remuneraciones indebidamente bajas, y para ello los salarios mínimos tendrán fuerza de ley y no podrán reducirse, debiéndose establecer su cuantía en función no solo de parámetros de carácter económico de interés general, sino también teniendo en cuenta las necesidades de los trabajadores y de sus familias, habida cuenta del interés general de salarios en el país. 

Pero no se queda aquí. El Convenio 131 de la OIT obliga a que se regulen mecanismos adaptados a sus condiciones y necesidades nacionales, que hagan posible fijar y ajustar de tiempo en tiempo los salarios mínimos, y todo ello a través de consultas con las organizaciones sindicales y patronales y respetando, obviamente, la libertad de negociación colectiva. Sé que protección, mecanismos, interés general, negociación colectiva son palabras que a ustedes, al Grupo Popular, les resultan ajenas, pero sin duda para los organismos internacionales son importantes. 

No está solo el Convenio 131; le sigue caballería: la Carta Social Europea, que es la norma más importante nacida del Consejo Europeo. Tiene que ver con un modelo europeo determinado, un modelo inclusivo, de derechos económicos, sociales y civiles. La Carta Social Europea constituye una pieza angular de la Europa social. 

Pues bien, en su artículo 4.2, sobre cómo garantizar el derecho a una remuneración equitativa, establece que las partes contratantes se comprometen a reconocer el derecho de los trabajadores a una remuneración suficiente que les proporcione a ellos y a sus familias un nivel de vida decoroso. El Comité Europeo de Derechos Sociales emitió el 23 de enero del año 2015 su informe anual sobre el cumplimiento por parte de España de la Carta Social Europea, y —no se lo van a creer— nos ponían rojos. 

El informe denunciaba graves incumplimientos en materia salarial, laboral, negociación colectiva y por supuesto libertad sindical. La resolución menciona siete incumplimientos de las obligaciones de España establecidas en dichas normas internacionales, además de reservarse su opinión en diversas materias sobre las que el Gobierno —parece ser— no les ha facilitado suficiente información para poder pronunciarse. 

El primero de los incumplimientos, como no podía ser de otro modo, menciona el salario mínimo interprofesional. El comité considera que el salario mínimo establecido por el Gobierno y la Ley de Presupuestos no asegura un nivel de vida decente; pero el concepto decente puede ser muy amplio, por lo que recuerda que, a fin de garantizar un nivel de vida decente, la remuneración debe estar por encima del umbral mínimo, fijado en el 60% del salario medio neto. 

Estos tratados internacionales forman parte del ordenamiento interno y por eso exigimos su cumplimiento. Pero no todos los antecedentes legales los encontramos en tratados internacionales. También podemos recurrir a la Constitución. 

El artículo 35 de la Constitución española, además de afirmar que todos los españoles tienen el deber y el derecho al trabajo, reconoce a los trabajadores el derecho a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia. ¿Les parece a ustedes que 655,20 euros son suficientes para satisfacer alguna necesidad? Si entendemos que el derecho al trabajo es algo fundamental y que este debe estar protegido y debidamente remunerado, hagámoslo posible. 

Esta ley lo hace y tiene un doble objetivo: establecer una cuantía del salario mínimo suficiente para garantizar las necesidades de los trabajadores y trabajadoras y dar cumplimiento por fin a los tratados internacionales, muy en concreto a la Carta Social Europea. Por eso, las cuantías que se establecen responden al 60% del salario medio. Esta es una ley realista por mucho que digan algunos. 

Es una ley realista, puesto que da un plazo para la adecuación del salario mínimo a lo largo de toda una legislatura. Pero sobre todo, como decía al principio de mi intervención, es una ley justa, necesaria y de sentido común, con un evidente impacto en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. 

Hoy no debatimos el articulado concreto de la presente ley; para ello habrá tiempo suficiente y en nuestro grupo parlamentario estaremos encantados de debatir y llegar a acuerdos con todos ustedes. Hoy votamos que podamos discutir sobre un tema clave como el salario mínimo. Hagamos, pues, nuestro trabajo. Termino simplemente con Ovidi Montllor. (Pronuncia palabras en catalán). Muchas gracias. (Aplausos)

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA, ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL, PARA AMPLIAR EL DERECHO DE SUFRAGIO ACTIVO A LOS MAYORES DE 16 AÑOS. (Número de expediente 122/000007).

La señora BESCANSA HERNÁNDEZ: Buenas tardes, señorías. Algo va mal en esta institución si para empezar a discutir algo hay que traerlo a esta Cámara tres veces. Algo va mal si para que un proyecto salga adelante hay que repetir y repetir procedimientos porque son estériles y se agotan en sí mismos. El sistema electoral español es uno de los pilares centrales sobre los que se construyó el régimen de 1978 y es responsable no menor de eso que en la ciencia política llaman la mala calidad de la democracia española. 

El sistema electoral español ha deteriorado la democracia porque, en lugar de servir con lealtad a la expresión de la voluntad popular en nuestras instituciones, ha servido para manipular  esa voluntad. Desde 1977 el sistema electoral ha alterado sistemáticamente la voluntad de la gente beneficiando al Partido Popular y al Partido Socialista y perjudicando básicamente al resto de los partidos. 

Ha fabricado mayorías absolutas en el Congreso y en el Senado cuando nunca han existido. De las trece elecciones que se han celebrado en nuestro país al Congreso y al Senado, en ninguna de ellas, en ninguna, las urnas dieron mayoría absoluta a ninguno de los partidos, sin embargo, casi la mitad de esas elecciones, seis, dieron como resultado mayorías absolutas en esta Cámara. 

Ni que mencionar tiene el caso del Senado, donde la alteración de la voluntad popular es tan manifiesta que se construyen sistemas de desproporción tan escandalosos que impiden prácticamente que ningún otro partido que no sea el Partido Popular gobierne en esa Cámara. 

El sistema electoral español empeora la calidad de la democracia por tres razones fundamentales. La primera de ellas es que quizás es de los sistemas electorales menos proporcionales de Europa. (Rumores). A través de una combinación perversa de la circunscripción electoral y la asignación automática a través de la construcción… (Rumores).

A través de la asignación automática y constitucionalizada de diputados por circunscripción, junto con la combinación de la fórmula electoral y otros elementos secundarios, se crea un sistema electoral enormemente desproporcional, un sistema electoral en el que sistemáticamente el primer y el segundo partido obtienen más escaños de los que les corresponden, un sistema que hace que el primer partido, el partido que gana las elecciones, tenga siempre entre el 4% y el 8% más de escaños de los que le corresponden. 

Nuestro sistema electoral empeora la calidad de nuestra democracia, porque muchos de los elementos del sistema electoral, los más perniciosos, los más perversos, están constitucionalizados, y eso no es lo más normal en los países de nuestro entorno. Las leyes electorales en general son leyes importantes, leyes protegidas parlamentariamente, pero lo normal no es que estén constitucionalizadas. ¿Aquí no, verdad? 

Aquí, los que diseñaron este sistema, básicamente para beneficiarse de él, se encargaron de ponerle el candado de la Constitución, para que modificarlo fuese prácticamente misión imposible. Y por último, este sistema electoral es muy injusto porque excluye del derecho al sufragio, del ejercicio del derecho al voto, a personas que tienen obligaciones tributarias, a personas que tienen el derecho a trabajar; excluye del derecho de sufragio a jóvenes de dieciséis y diecisiete años. 

No voy a hacer ningún descubrimiento si digo que nuestro sistema electoral necesita una transformación profunda, muy profunda. Pero históricamente el debate sobre los sistemas electorales, sobre su proporcionalidad, era un tema básicamente o bien de partidos políticos o bien del establishment o bien de la academia. Pero nuestro país, en los últimos cinco años, ha cambiado y ha cambiado profundamente. 

El 15 de mayo de 2011, primero cientos, luego miles y luego cientos de miles de personas salieron a las calles y a las plazas de nuestro país para decir que esta democracia funciona mal, que es de mala calidad, y se sentaron durante días, durante semanas y durante meses para debatir e identificar en qué funcionaba mal. Se abrieron largos debates, y uno de ellos —no menor en importancia— fue el debate sobre el sistema electoral español. 

Cinco años después la gente en este país conoce el sistema electoral. No se crean ustedes, señores del PP, que la gente no sabe que de todos esos escaños que tienen ahí, si el sistema fuera proporcional, habría 21 que tendrían que dárselo a otra fuerza política, porque 21 de las personas que están ahí sentaditas no lo están porque los votos les hayan puesto ahí, lo están porque un sistema electoral perverso, al que se le dobló el brazo, hizo que el sistema diese en escaños lo que no daban las urnas. 

Y la gente en este país también sabe, señores del PSOE, que 8 de los diputados que están ahí sentados tampoco les corresponden, no son suyos, son de otras fuerzas parlamentarias. (Un señor diputado: ¡Eso lo dices tú!). No, lo digo yo, no, no, qué va, no. Es muy sencillo, es tan sencillo como ver qué proporción de votos tienen ustedes y qué proporción de escaños tienen ustedes. Y ustedes, si tuvieran el 33% de los escaños, tendrían 116 diputados y no 137, como tienen ahora. 

Así que hay 21 diputados que no les corresponden. (Aplausos). Pero esas cuentas —que antes eran cuentas que echábamos en las facultades y en los libros sobre los sistemas electorales— ahora las conoce la gente y de eso es de lo que ustedes no se han enterado, de que esas cuentas ahora las hacen en la calle. La gente sabe que este sistema electoral lo diseñaron ustedes y ustedes (Señala a ambos lados de la  Cámara) para salir beneficiados ustedes y ustedes, haciéndoles trampas a todos los demás. La gente sabe que diseñaron este sistema para salir ganando. 

Incluso la semana pasada, gracias al periodismo de investigación de este país, nos hemos encontrado con la prueba fehaciente de que los artífices del sistema electoral también se encargaron de hacerlo funcionar siempre a su favor, y cuando sabían que no iba a funcionar a su favor, sencillamente no lo ponían a funcionar. ¿Verdad? Supimos que en elementos centrales, como la definición de la Jefatura del Estado, cuando sabían que el sistema no iba a funcionar a su favor, sencillamente no se preguntaba a la gente. 

Y esto lo sabemos como prueba fehaciente de los que lo hicieron. Lo peor que le puede ocurrir a un sistema electoral es que responda únicamente a la lógica de conservación del poder de aquellos que lo diseñaron y lo pusieron en pie; es exactamente el mal que padece nuestro sistema electoral. En nuestro grupo defenderemos siempre avanzar en la mejora de la calidad de nuestra democracia y eso pasa necesariamente por defender dos principios, que son muy viejos y muy simples pero no por eso menos válidos. 

El primer principio —y es un principio elemental de la democracia— es que el voto de todas las personas tiene que valer lo mismo; insisto, el voto de todas las personas tiene que valer lo mismo, y un sistema electoral democrático se construye precisamente para garantizar que el voto de todas las personas vale lo mismo y que todas las personas, todas las que tienen obligaciones y derechos en el ámbito laboral y fiscal, tienen también el derecho a participar, el derecho a votar. 

Así pues, votaremos a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley y trabajaremos sin poner excusas, excusas que tienen que ver con procedimientos básicamente irrelevantes; trabajaremos para avanzar en que este sistema electoral, el sistema electoral de nuestro país, garantice que el voto de todas las personas vale lo mismo. Gracias. (Aplausos)

DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A ALCANZAR UN GRAN PACTO NACIONAL PARA FORTALECER Y GARANTIZAR NUESTRO SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES DENTRO DEL MARCO DEL PACTO DE TOLEDO. (Número de expediente 162/000137).

El señor YLLANES SUÁREZ: Gracias, señora presidenta. Señorías, tengo que reconocer que cuando leí por primera vez el título de la proposición no de ley que presenta el Grupo Popular mi sorpresa fue grande ante lo ambicioso de su redacción: gran pacto nacional, Pacto de Toledo, fortalecimiento del sistema público de pensiones. 

Sorpresa no por los términos utilizados, con los que estamos absolutamente de acuerdo, sino por el hecho de que el grupo parlamentario que los propone es el mismo que ha gobernado con mayoría absoluta en los últimos cuatro años y que en el año 2013 realizó una reforma de las pensiones, ahondando en la que se había producido en el año 2011, que tendrá como necesaria consecuencia la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones en los próximos años, 

Gobierno que además ha vaciado la hucha de las pensiones hasta dejarla en cifras que garantizan que se quedará sin fondos para cumplir su función en el año 2017, además de haber dejado las cuentas de la Seguridad Social con el mayor agujero que hemos conocido en la historia de nuestra joven democracia; nada más y nada menos que 18.000 millones de euros. 

Es más, la última reforma que el Gobierno del PP hizo en el año 2013 introdujo en nuestra regulación el factor de sostenibilidad, que hará perder hasta un 15% de poder adquisitivo a las pensiones durante los próximos años, lo que no deja de ser contradictorio con su afirmada voluntad de fortalecer el sistema público de pensiones. Esta mañana, en la Comisión del Pacto de Toledo, hemos tenido la oportunidad que se nos había negado hasta hoy de escuchar en comparecencia a la ministra de Empleo. 

No voy a desarrollar lo que ha dicho en esa comparecencia, pero sí puedo hacer algunas menciones como, por ejemplo, que considera la Seguridad Social como un pilar insustituible de nuestro modelo de sociedad, lo que no deja de ser un completo brindis al sol; afirma que las pensiones están garantizadas a medio y largo plazo, pero sin dar ninguna razón de ciencia sobre esa afirmación; se felicita porque la Unión Europea no nos ha hecho ninguna recomendación desde el año 2013 y eso de alguna forma fortalece la solidez del sistema; o también se felicita por que China haya elegido el sistema español de pensiones para inspirarse a la hora de crear su propio sistema público de pensiones. 

No les aburriré con las cifras concretas que se han dado, pero baste con aportar dos detalles. Primero, se nos dice que la pensión media ha subido hasta 1.050 euros, eludiendo cualquier mención a que el 49% de las pensiones en este país están por debajo del  umbral de la pobreza, y además que el mayor porcentaje de las perceptoras son mujeres, lo que convierte a España en el país con mayor porcentaje de brecha de género en pensiones según la propia Unión Europea. 

Segundo, que los pensionistas y las pensionistas han ido ganando poder adquisitivo desde el año 2013 gracias al índice de revalorización, pese a que esta misma mañana se publicaba en la portada de un diario de tirada nacional —cito textualmente— que los pensionistas perderán poder adquisitivo por el encarecimiento de la energía, añadiendo que el IPC aumentará un 0,9% mientras que las pensiones lo harán un 0,25%. 

Por estas razones que acabo de exponer y por las que a continuación voy a desarrollar, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea se abstendrá en la votación de esta proposición no de ley. En ese gran pacto que nos proponen tendremos que hablar de muchas cosas que hay que cambiar para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones. 

La primera y más urgente de todas es la reforma del mercado de trabajo. Pese al sostenido autobombo acerca de las políticas de creación de empleo por parte del señor Rajoy en cuantas intervenciones ha tenido ante esta Cámara, lo cierto es que el empleo en España es de baja calidad, precario y temporal, con salarios muy bajos y cotizaciones sociales en mínimos. 

Solo así se explica que el número de afiliados a la Seguridad Social sea el mismo en la actualidad que en el año 2011 y, sin embargo, hayan descendido los ingresos por cotizaciones, demostrando que una parte importante del problema que hoy nos ocupa lo han creado ustedes, el Gobierno del Partido Popular, con sus políticas de empleo. 

A pesar de recuperar puestos de trabajo, la caída de salarios, la menor protección de las personas en paro a consecuencia de su reforma laboral y las políticas de tarifas planas y bonificaciones no han permitido recuperar el nivel de cotizaciones que había anteriormente. 

No bastará con recuperar los niveles de empleo anteriores a la crisis, sino que hay que subir los salarios, especialmente el salario mínimo interprofesional, pues resulta imposible modernizar nuestro sistema productivo con salarios que rozan el umbral de la pobreza, y hay que recuperar la negociación colectiva de los salarios para que puedan recuperar lo perdido. 

La caída salarial solo nos permite competir por abajo y nos conduce al abismo. La competencia por arriba no solo nos permite modernizar el sistema productivo, sino que además mejora las cuentas de la Seguridad Social. Tendremos que hablar de que no es la demografía la que pone en peligro las pensiones, aunque se haya aludido constantemente a la misma en la exposición de motivos de la proposición no de ley, y que la Seguridad Social es sostenible desde el punto de vista económico. 

El problema que arrastramos es el de mantener un sistema exclusivamente financiado por las cotizaciones sociales, por lo que propondremos las medidas necesarias para asegurar los ingresos suficientes, tanto eliminando los actuales topes a las cotizaciones como mediante un sistema tributario más progresivo a través de los Presupuestos Generales del Estado.

Habrá que volver a ligar las pensiones a la inflación para evitar que los perceptores y las perceptoras sigan perdiendo capacidad adquisitiva año tras año, impidiendo que en el futuro las pensiones públicas se puedan convertir en pensiones de calidad. Termino, señora presidenta. 

Solo revirtiendo las reformas laborales que han erosionado los salarios o la creación de empleo de calidad como principal objetivo y la ampliación de las fuentes de ingresos de la Seguridad Social, considerando la posibilidad de financiar el sistema a través de otros ingresos tributarios, eliminando los actuales topes a las cotizaciones, las bonificaciones y las tarifas planas y combatiendo con mayor eficacia el fraude se podrá dotar de contenido las palabras gran pacto nacional, Pacto de Toledo o fortalecimiento del sistema público de pensiones. 

Si por el contrario, como nos tememos, su finalidad principal es introducir variables que hagan necesario privatizar en parte el sistema público de pensiones o recortar su cuantía, les aseguramos que nos tendrán enfrente. Muchas gracias. (Aplausos).

DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE LA CREACIÓN DE UN PACTO SOCIAL, POLÍTICO E INSTITUCIONAL PARA LA MEJORA, MODERNIZACIÓN, AGILIZACIÓN E INDEPENDENCIA DE LA JUSTICIA. (Número de expediente 162/000091).

El señor SANTOS ITOIZ: Mila esker, lehendakari andrea. Muchas gracias, presidenta. Arratsalde on. Buenas tardes a todos y a todas Intervengo en nombre de mi grupo básicamente para reiterar algo que ya dijimos. Hay que decir que esta PNL es consecuencia de una PNL anterior ya presentada en la Comisión de Justicia y que fue debatida el 4 de octubre. 

Se esforzaba el ponente, representante del Grupo Ciudadanos, en justificar que se volvía a presentar otra vez porque habían pasado cosas. En realidad, lo único que ha pasado desde el 4 de octubre es tiempo, nada más; y ese tiempo no se ha aprovechado o no lo hemos aprovechado para hacer algo que nosotros ya establecimos en aquel momento. 

Ustedes han hablado sucesivamente en sus redacciones de esta proposición no de ley de pacto nacional por la justicia, estrategia nacional, pacto social y político por la justicia; han ido cambiando la denominación y el objetivo a medida que la iban presentando en Comisión, ahora en Pleno, en la medida en que les iban metiendo enmiendas, etcétera. 

Iban pactando de una u otra manera con el Partido Popular la redacción definitiva de esta proposición que nos hacen ahora. En aquel momento nosotros les dijimos: independientemente del nombre que le estén dando a este pacto o estrategia o como ustedes quieran llamarlo, ¿qué es? Pues es una lista de tareas, es un diagnóstico sobre cómo está la justicia y es una lista de las tareas que deberíamos hacer o ponernos de acuerdo para hacer. 

Entonces les decíamos: no mezclen ustedes las tareas con las recetas o las soluciones que ustedes dan, ya habrá tiempo de debatirlo. Si lo que quieren es ponerse a trabajar, dialoguen y háganlo. En ese momento nos abstuvimos y lo que les dijimos fue: Dialoguemos, vamos a hacer conjuntamente esta lista de tareas y a partir de aquí discutiremos las soluciones, cada uno desde nuestro punto de vista. 

Debo admitirles, en nombre de mi grupo, que tenemos cierta decepción, porque en ese tiempo que ha pasado desde el 4 de octubre no ha habido ningún acercamiento ni diálogo para ponernos de acuerdo en aquello que nosotros abrimos como muestra de voluntad, si usted quiere, negociadora. 

Hoy nos traen aquí esta proposición no de ley con la que vuelven a incidir, desde nuestro punto de vista, en la justicia simplemente como un poder del Estado. En esta corrección y modificación que ustedes han presentado hoy mismo había cierta luz de esperanza porque estaban hablando —así la habían puesto—, aunque fuese con la boca pequeña, de servicio público de justicia. Dijimos: qué bien, nos escucharon en la Comisión. 

No dijeron solo que era un poder, sino, además, un servicio público. Vamos, vamos caminando. Pero escuchándole ahora en esta tribuna, lamento decir que vuelven a incidir en lo mismo. Ustedes tienen una concepción de la justicia como poder del Estado y está muy bien, también es un poder del Estado, pero nosotros también entendemos que hay que abordarla como un mecanismo de corrección democrática, de equilibrio de poderes, etcétera. 

¿Es eso lo que les está preocupando a los ciudadanos en el día a día? Si usted se pone en la piel de jueces, abogados, procuradores y ciudadanos que están todos los días en el juzgado, verá que no están tan preocupados por la arquitectura jurídica del Estado. Sin embargo, al leer la exposición de motivos de esta proposición no de ley que ustedes plantean, hay dos cuestiones que saltan a la vista. Ustedes hablan de la politización de la justicia, la falta de imparcialidad y también —aquí está la sorpresa— de un problema de competitividad generado por la justicia. 

A nuestro juicio, esto deriva en que ustedes no están realmente interesados en hacer una lista de tareas para abordar la justicia como servicio público, porque entonces tendríamos que hablar de dotar a los jueces y tribunales de suficientes mecanismos de apoyo, tendríamos que hablar de la justicia gratuita, tendríamos que hablar de qué pasó con aquellas tasas que iban a ir a la justicia gratuita, tendríamos que hablar del reparto competencial, absolutamente enloquecido en ocasiones y que genera un triángulo isósceles demoníaco entre las comunidades autónomas y el Consejo General del Poder Judicial. 

En definitiva, tendríamos que hablar de muchas cosas que, desde luego, no están aquí. Sí quiero hablar un segundo de la imparcialidad. El problema no es cómo se eligen los jueces, si nosotros estamos a favor del parlamentarismo; que se haga o no en un Parlamento no tiene importancia. 

El problema que se ha dado durante estos últimos tiempos no es la elección parlamentaria —y lo digo sabiendo que nosotros tenemos otra manera de elegir, directa por la ciudadanía—, el problema que se ha dado, señores proponentes, es la partitocracia, es el hecho de que al final los jueces sean elegidos por motivos partidistas, ni siquiera políticos. 

Alguien tendrá que decir que en este país de países los jueces tienen ideología, como todas las personas, y que, por lo tanto, actúan conforme a la ideología, pero que el mecanismo de elección no tiene que ser necesariamente partidista porque entonces sumamos un régimen clientelar, y además de ese régimen clientelar ustedes, con la introducción de las asociaciones de jueces, lo que pretenden también es hacer un régimen corporativo. 

Por tanto, no comprendemos ni compartimos esta solución. En resumen, faltan medidas de servicio público, mezclan los problemas con las recetas y no dialogan desde la última.  Ya veremos en esos presupuestos, que ustedes parece que van a negociar, en qué se concreta esta apuesta del pacto o la estrategia. Gracias. (Aplausos.—Rumores).