SESIÓN CONGRESO 22112016 PP

DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE FIJACIÓN DE LA CUANTÍA DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL. (Número de expediente 122/000026).

La señora LÓPEZ ARES: Gracias, señora presidenta. Señor Simancas, no hay mayor desigualdad que tres millones y medio de personas que perdieron su puesto de trabajo. Esa es la mayor desigualdad que dejó a este país el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero. (Aplausos). 

En el Partido Popular consideramos que es necesario incrementar el salario mínimo interprofesional, pero también todos los salarios, bajos y medios, de nuestro país. 

Por eso hemos hecho una reforma tributaria para minorar la carga fiscal de los que menos tienen; hemos hecho una ley para la formación profesional para el empleo, porque pensamos que la formación y la cualificación son las mejores armas para combatir los salarios bajos, y sobre todo hemos hecho de la lucha contra el desempleo nuestro objetivo final, porque cuando se destruye empleo no se pueden subir los salarios. 

Señorías, creo firmemente que todos los que formamos esta Cámara coincidimos en que estamos aquí para dar respuesta a las necesidades de los españoles, y que estamos de acuerdo en que en materia laboral nos demandan políticas adecuadas —y digo adecuadas— que permitan continuar en la senda de la creación de empleo, y que permitan la mejora de la calidad de ese empleo, tanto en lo referente a la reducción de la temporalidad como en el aumento de la remuneración real; y, señorías, digo adecuadas porque la creación de empleo y la mejora de su calidad es un proceso complejo que no se resuelve con medidas básicas y menos con medidas aisladas como la que se nos trae hoy a debate. 

Y lo que en un análisis superficial puede parecer una mejora para los trabajadores, especialmente para los que tienen menores remuneraciones, cuando se profundiza en las consecuencias se observa que pueden suponer desempleo y pérdida de poder adquisitivo, ya que no se puede aislar la subida del salario mínimo interprofesional, como se hace en esta propuesta, de la evolución de nuestra economía y de la productividad. 

La proposición de ley que se somete a la Cámara eleva el salario mínimo interprofesional a 800 euros mensuales en 2018 y a 950 euros para 2020, con lo que al finalizar el periodo se habría producido un incremento del 45%. Ante esta propuesta debemos preguntarnos: ¿pueden afectar estos cambios al empleo y al salario real? Y la respuesta es que sí. 

Con subidas en el salario mínimo interprofesional se incrementaría significativamente la probabilidad de perder el empleo para el reducido número de trabajadores para los cuales este salario es vinculante, digo reducido, menos de un 1%, porque en nuestro país —y deberían saberlo, señorías— existen salarios mínimos de convenio establecidos en la negociación colectiva que están por encima del salario mínimo interprofesional, tanto actual como del máximo que se incorpora en esta proposición de ley. 

Si no me creen pregunten ustedes a un auxiliar de cocina o a un ayudante de camarero de Canarias con 1.111 euros mensuales; de Melilla con 930; de Asturias con 1.025 o a un peón de la construcción de Madrid que tiene un salario bruto anual de 17.771 euros, muy superior a los 13.300 que nos traen hoy. Por eso no podemos olvidar que tradicionalmente en España los aumentos en el salario mínimo se trasladan de forma paralela hasta los salarios mínimos de convenio.  

El efecto negativo de la subida del salario mínimo afectará también a todos aquellos trabajadores que de forma indirecta, vía negociación colectiva, vean su salario incrementado en función de la variación del salario mínimo interprofesional. 

Y esto, señorías y señor Simancas, no es una teoría, es algo que ya ocurrió en este país. Según el estudio llevado a cabo por la Dirección General del Servicio de Estudios del Banco de España, en diciembre de 2012, este fue uno de los efectos de la aplicación del Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio, que supuso que la probabilidad de perder el empleo ocasionada por este decreto llegase a un 23,7 % para los trabajadores vinculados al salario mínimo interprofesional, pero también supuso que la probabilidad de perder el empleo casi se duplicase, llegando al 15,1% para aquellos trabajadores cuyos salarios mínimos definidos por convenio estaban de forma indirecta afectados por el salario mínimo. 

Y esta traslación de incrementos de salarios a desempleo sucedió y volverá a suceder en tanto en cuanto en las empresas afectadas no se produzcan las ganancias de productividad necesarias que avalen las subidas salariales, directas e indirectas, ocasionadas por un incremento del salario mínimo, porque su evolución debe ser acorde a la evolución actual de la economía. 

Debemos mejorar la participación de los salarios dentro de la renta nacional, pero sin perjudicar la competitividad de nuestras empresas, especialmente de las pymes y de los autónomos con asalariados. 

Además esta proposición incorpora de forma implícita pérdidas futuras de poder adquisitivo, ya que junto a la propiamente vinculada al aumento nominal de la masa salarial en la propuesta se introduce una cláusula de indexación que, además de no cumplir la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de Desindexación de la Economía Española, tiene efectos económicos negativos, pues contribuiría a la consolidación de espirales inflacionistas de precios-salarios, introduciría rigideces, produciría desequilibrios, y sobre todo reduciría el nivel adquisitivo de todos las familias españolas. 

Tampoco debemos olvidar que toda proposición de ley debería venir acompañada de una memoria económica, y, señorías, el efecto de esta ley sobre los presupuestos sería importante, ya que significaría en el caso del Servicio Público de Empleo un incremento de gastos de 310 millones de euros para 2018 y de 633 millones para el año 2020. 

En el caso del Fogasa el impacto sería de 17 y 36 millones de euros respectivamente. Pero a las cifras anteriores debería incorporarse el efecto adicional que se derivaría del aumento del número de beneficiarios potenciales de prestaciones por desempleo de nivel no contributivo. 

Aproximando este impacto a partir de la encuesta de condiciones de vida del año 2015 esta ley conllevaría aumentos del gasto de 1.050 millones para 2018 y 2.150 millones para el año 2020, es decir, sin incorporar el efecto de incremento de gasto que también tendría sobre el presupuesto de la Seguridad Social, esta proposición llevaría asociado un aumento del gasto de 1.377 millones de euros para 2018 y de 2.819 millones para 2020. 

Señorías, ¿qué sugieren para cubrir ese gasto? ¿Qué otras partidas de gasto reducirían o se haría vía subida de impuestos con el consiguiente perjuicio para familias y para la competitividad en nuestras empresas? 

Señorías, lo dije al inicio de mi intervención: los problemas complejos no suelen tener soluciones sencillas y esta propuesta supondrá destrucción de empleo y pérdida de poder adquisitivo. Nosotros estamos a favor de seguir trabajando en aquellas normas que signifiquen una mejora de los salarios, incluido el salario mínimo interprofesional, pero consideramos que la subida debe ir acompañada de las reformas que eliminen los efectos negativos de esta subida. 

Desde el punto de vista de la forma, mi grupo parlamentario no entiende por qué en la modificación del sistema de determinación del salario mínimo interprofesional para los años 2018 y 2020 se prescinde de los aspectos positivos que tiene la actual regulación. No entendemos por qué se cambia el instrumento normativo; el real decreto se caracteriza por ser más flexible, al no estar sometido al cumplimiento de determinados porcentajes para su aprobación, revisión o derogación. 

Además tampoco entendemos por qué, si la regulación actual garantiza que sean oídos los interlocutores sociales en la fijación del salario mínimo, el artículo 1 prescinde de este hecho. El Grupo Popular considera que en la normativa se debe incorporar la concertación social; mal precedente se sienta en esta propuesta, sobre todo si se tiene en cuenta que el salario mínimo legal no es el mayoritariamente aplicado, sino que por medio de la negociación colectiva generalmente es mejorado. 

Para terminar, señorías, les diré que el pasado mes de abril —y aquí ya se ha comentado desde la tribuna— se aprobó por unanimidad una proposición no de ley en la que se instaba al nuevo Gobierno a incrementar el salario mínimo interprofesional. 

Todos, todos los diputados acordamos fijar con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas un calendario de incremento del salario mínimo profesional, y el Grupo Parlamentario Popular no va a renunciar a ello. Nosotros no vamos a excluirles de la fijación del salario. Acordamos que este calendario fuese acompasado a la evolución de nuestra economía y productividad y no vamos a renunciar a ello. 

Acordamos que el objetivo fuese alcanzar lo antes posible los objetivos contemplados en la Carta Social Europea, 60% del salario medio neto, pero en el calendario que se trae no se alcanza este 60%. Acordamos reformar el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores para fijar nuevas bases para la determinación anual del salario mínimo, y evitar que se produzcan futuras pérdidas de poder adquisitivo y tampoco renunciamos a ello. 

En el mes de abril fuimos capaces de acordar, y sin embargo hoy se busca el desacuerdo, trayendo a debate un planteamiento que contradice lo aprobado el pasado mes de abril. Somos coherentes y mantenemos y mantendremos lo aprobado. Sí a la subida del salario mínimo, pero no a un planteamiento como el que hoy se presenta que generará destrucción de empleo y bajada de salarios reales. Ustedes serán los responsables, unos por acción y otros por omisión. Muchas gracias. (Aplausos).

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA, ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL, PARA AMPLIAR EL DERECHO DE SUFRAGIO ACTIVO A LOS MAYORES DE 16 AÑOS. (Número de expediente 122/000007).

La señora ESCUDERO BERZAL: Presidenta, señorías, permítanme que antes de entrar en el fondo de la proposición de ley me dirija primero al señor Rufián. Señoría, la provocación sustituye en el debate la falta de argumento y usted interviene solo para ofender; toda su argumentación no ha respondido a la formación de un juicio de valor sobre el asunto del que hablamos sino solo a la ofensa. 

Le dejo la reflexión que hizo Leonardo Da Vinci: He ofendido a la humanidad porque mi trabajo no tuvo la calidad que debería haber tenido. Cada intervención suya en esta Cámara, señor Rufián, es una ofensa —no a toda la humanidad, por supuesto, pero sí a todos los españoles—. Y por lo que nos afecta a nosotros, al Grupo Parlamentario Popular, me quedo con lo que decía Maquiavelo: Los hombres ofenden antes al que aman que al que temen. 

Deje de querernos tanto, señor Rufián. Señora diputada de Podemos, sus cuentas son las de la lechera. ¿Podría decirnos cuántos escaños tiene la oposición en Cuba? ¿Y en Grecia? ¿A quién le debe Syriza los cincuenta escaños que el sistema da al ganador? Señorías, aunque hayan cambiado los ponentes estamos reproduciendo las mismas intervenciones, los mismos argumentos que hace siete meses, exactamente el 19 de abril y, por otro lado, es lógico. 

La postura del Grupo Parlamentario Popular es exactamente hoy la misma que la que tan brillantemente defendió y expuso mi compañera Pilar Cortés. 

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana propone la modificación de parte del articulado de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General con la finalidad de ampliar el derecho de sufragio activo a los españoles mayores de dieciséis años, introduciendo además otras modificaciones relativas a la composición de las mesas electorales para permitir la designación de los mayores de dieciséis años y establecer una actualización anual y no mensual del censo electoral. 

Los argumentos esgrimidos por las formaciones políticas que apoyan la iniciativa y por lo referido en la exposición de motivos de la propia proposición de ley para permitir que los mayores de dieciséis años puedan votar son, resumiendo, según Esquerra para transformar el dolor de los jóvenes por culpa de la crisis económica en un instrumento de transformación política; Compromís habló de nostalgia y coherencia en los derechos de civiles y adquiridos; 

Democracia y Libertad para dar una lección de democracia a los jóvenes; para mejorar la formación de la juventud, acabar con el tópico de que los jóvenes son infantiles, los partidos se verán obligados a impulsar mejoras en la relación con la juventud y porque es una medida de rejuvenecimiento, necesaria para la regeneración democrática, según Podemos, y porque esto es progresismo, señorías, y el PSOE es progresista, y por coherencia con otras regulaciones de la edad. 

Quiero felicitar al señor Legarda y al señor Prendes por la reflexión profunda y el estudio intenso de esta iniciativa con la que estamos en buena parte de acuerdo. Señores diputados, rebajar la edad de sufragio activo no es un debate baladí. 

Una modificación tan importante en el requisito principal para poder ejercitar un derecho fundamental, el derecho que tienen todos los ciudadanos a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal como proclama nuestro artículo 23 de la Constitución, no puede tener razones de tanto peso como la nostalgia, el dolor, el rejuvenecimiento de la democracia, problemas de la juventud, 

la recomendación —que no obligación— contenida en una resolución del Consejo de Europa de 2012 ni en la Ley del Parlamento de Cataluña de 2014, de consultas populares no referendarias, ni en informes del Consejo de la Juventud de España ni en el Foro Europeo de la Juventud ni en el Consejo Nacional de la Juventud de Cataluña, con todo el respeto que me merecen. Señorías, no se trata —aunque algunos parece que quieran reducir a eso el debate— de si están o no preparados los jóvenes de dieciséis años para votar. 

El Grupo Parlamentario Popular no va a entrar en eso. Cada persona es titular de los derechos que tenemos reconocidos por nuestro ordenamiento y los ejercita conforme al mismo. Señorías, la edad de la persona es un estado o una cualidad que tiene una extraordinaria importancia sobre la determinación de la capacidad de obrar de las personas, esto es la actitud o la posibilidad que tienen los seres humanos para ejercer o poner en práctica los derechos y obligaciones de los que son titulares. 

La edad de una persona condiciona de forma general su capacidad de obrar. Los ordenamientos jurídicos suelen establecer un límite de edad, llamado la mayoría de edad, que determina el paso a la capacidad de obrar plena, es decir, a la posibilidad de ejercer por sí mismo los derechos y obligaciones propios de su persona y sus bienes. 

Nuestro Código Civil reconoció la mayoría de edad a los dieciocho años desde noviembre de 1978 —antes era a los veintiuno como bien se ha dicho— y nuestra Constitución en su artículo 12 lo declara igualmente, siendo a partir de esa edad cuando se obtiene plena capacidad para realizar actos jurídicos válidos y ser responsable de los mismos, es decir, se puede votar y ser votado, firmar cualquier tipo de contrato, comprar o vender cosas, ejercer acciones jurídicas, ser titular de negocios. 

En definitiva, ser responsable personalmente de las consecuencias de todos sus actos. Adelantar la edad de voto a los dieciséis años en España no sería consecuente con nuestro marco jurídico, aunque existen argumentos a favor. 

Es cierto, como han dicho ustedes, que a esa edad un joven tiene derecho a acceder legalmente al mercado laboral, de dar su pleno consentimiento a un tratamiento médico o a mantener relaciones sexuales con un adulto y que tiene responsabilidades penales pero olvidan —todos ustedes olvidan y lo hacen con intención— decir que esas responsabilidades penales son las que contempla, señorías, la Ley del Menor y no el Código Penal. 

Porque un menor de dieciocho años no puede ingresar en la cárcel ni cumple las mismas penas que un adulto. También olvidan respecto al ámbito laboral que los menores que quieran trabajar necesitan la autorización de sus padres. Rebajar la edad para votar a los dieciséis años implicaría también rebajar la edad penal y la edad laboral, ya que si no se hace así estaríamos ante una enorme demagogia, consistente en ganarse el favor de los menores concediéndoles el derecho de voto pero, al mismo tiempo, declarándoles inmaduros e irresponsables para trabajar o para rendir cuentas ante la justicia. 

Declararles responsables para el voto pero no para el trabajo o para la prisión sería convertir a los nuevos votantes en unos privilegiados, señorías, con los mismos derechos que el resto de los ciudadanos pero no con las mismas obligaciones. Esto, señorías, también va en contra de nuestra Constitución española porque va en contra de la igualdad de todos los españoles. 

De lo anterior se desprende que adelantar el voto a los dieciséis años no solo supondría reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General sino también modificar el artículo 12 de nuestra Constitución. 

Por otro lado, creo que es conveniente que se sepa que el límite de la mayoría de edad fijada en nuestro ordenamiento está equiparado con el de nuestro entorno político y cultural —Francia, Alemania, Italia— y la gran mayoría de países, ya que, como ya se ha dicho, solo en ocho países del mundo se puede votar los dieciséis años; en otros como Japón a los veinte, en Kuwait a los veintiuno y en Irán, por contra, a los quince. 

Me ha llamado mucho la atención que sólo un grupo parlamentario, Democracia y Libertad apuntó que habría que estudiar la posibilidad de que pudieran ser elegidos a esa edad. Realmente, si se propone rebajar la edad para el sufragio activo, ¿por qué no para el pasivo? Sería justo y lógico que   quien pueda votar también pueda ser votado. 

¿Se imaginan un presidente del Gobierno en España con dieciséis años? ¿Por qué no? ¿Verdad? ¡Si eso puede ser progresismo! Hay otro argumento empleado en defensa de esta rebaja de edad para votar que me preocupa, que diferentes grupos parlamentarios reclamen esta reforma como medida para que se tenga en cuenta la juventud y así los partidos políticos se preocupen por los jóvenes, señorías, nos ha sorprendido. 

No lo sé de sus formaciones políticas, pero la mía lleva muchísimos años preocupándose y trabajando por la juventud. No hay programa electoral en ningún ámbito ni acción de Gobierno en ninguna Administración que no vaya dirigida a mejorar la calidad de vida de nuestros jóvenes y a mejorar las condiciones para que tengan el futuro que se merecen. 

No necesitamos en el Partido Popular rebajar la edad de votar para que los jóvenes, su presente y su futuro, sean una prioridad en nuestras acciones. Por último, argumentar la necesidad de rebajar la edad de voto para así conseguir la madurez entre los menores, discúlpeme que lo cuestione. 

Nosotros creemos que es exactamente al revés, que la edad del voto se fija en función de la madurez de los votantes, pero ante esta argumentación de ustedes de si rebajar la edad de voto genera madurez como por arte de magia, ¿por qué no rebajarla aún más y tener personas maduras con quince, con trece e incluso con nueve años? 

También argumenta que se mejoraría la calidad democrática y cuesta entender que por el hecho de que voten las personas de dieciséis años nuestro país vaya a tener más calidad democrática. Le sirve el mismo argumento que el anterior, que entonces voten los de nueve años porque así tendríamos más calidad democrática. 

Señorías, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General ha sido modificada en diversas ocasiones y estas modificaciones han dado lugar a la presentación de numerosas iniciativas. Incluso en la IX Legislatura se creó una subcomisión sobre las posibles modificaciones el Régimen Electoral General sin que a ninguna de estas iniciativas ni en el informe de la subcomisión se hayan presentado propuestas de ampliación del sufragio a los mayores de dieciséis años. 

Solo hay dos preguntas escritas formuladas por el Grupo Parlamentario Socialista en esta legislatura y la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra hace seis meses. La resolución europea es de hace cinco años, del año 2011, y la ley catalana de hace dos años, del año 2014. ¿A nadie le ha interesado este tema? ¿Y ahora sí? Creo que se lo dijo muy claro mi compañera Pilar Cortés: Las leyes electorales, señorías, nunca son inocentes. 

Ni el Grupo Parlamentario Popular ni el Gobierno del Partido Popular, señorías, tienen miedo. No tenemos miedo para afrontar esta reforma, no tenemos miedo al cambio y no lo tenemos porque si alguien ha cambiado España, si alguien ha dado la vuelta a este país con grandes y profundas reformas y ha cambiado a mejor la vida de los españoles generando futuro, generando confianza y generando ilusión para los jóvenes también, ha sido el Gobierno del Partido Popular. 

Muchos de ustedes, señorías, hasta ahora solo han gritado, pero hacer lo que se dice hacer, nada de nada. Llevan ya más de dos años gobernando en muchos ayuntamientos y los españoles ya han visto lo que significa su cambio. No lo digo yo, señorías, sino los españoles y lo han dicho en dos ocasiones: el 20 de diciembre y el 26 de junio. 

Señores de Esquerra, termino señora presidenta, y señores de Podemos, tal vez ustedes proponen esta reforma basándose en la premisa de que los menores de dieciocho años son más de izquierdas, pero no se engañen, señorías, porque rebajar la edad del voto no hace ganar las elecciones a nadie. 

Los últimos estudios indican que la franja de edad donde hay más abstención es entre la de dieciocho a veinticuatro años porque la gente más joven prefiere otras formas de participación política. Acabo, señorías. Trabajemos todos para mejorar esta ley, pero no con parches ni con engaños, sino desde la responsabilidad y la lealtad con todos a los que representamos que son, nada más y nada menos, que a todos los españoles. Muchas gracias. (Aplausos).

DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A ALCANZAR UN GRAN PACTO NACIONAL PARA FORTALECER Y GARANTIZAR NUESTRO SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES DENTRO DEL MARCO DEL PACTO DE TOLEDO. (Número de expediente 162/000137).

La señora ESPAÑA REINA: Muchas gracias. Señorías, buenas tardes. Desde el Grupo Popular hemos presentado una proposición no de ley para impulsar en el Pacto de Toledo y en el diálogo social un nuevo acuerdo que contenga nuevas recomendaciones y orientaciones para seguir garantizando el futuro del sistema público de pensiones. 

Se han presentado enmiendas por varios grupos y finalmente hemos alcanzado una enmienda transaccional que va a ser aceptada y firmada por la mayoría de los grupos parlamentarios —Ciudadanos, Partido Socialista, lógicamente el Grupo Popular, Grupo Mixto y PNV— y se nos han descolgado algunos grupos como Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña. Estamos haciendo un esfuerzo y espero que al final de la jornada también puedan sumarse a este espíritu de diálogo, colaboración y consenso que esta tarde ha impregnado este acuerdo, que deseo se mantenga a lo largo de toda la negociación. 

Señorías, la Seguridad Social ha sido una prioridad para el Partido Popular en toda la legislatura porque somos conscientes de que las pensiones son la columna vertebral del Estado del bienestar y han sido el sostén de muchas familias durante la crisis. 

Tenemos un sistema público de reparto eminentemente contributivo y queremos que se siga siendo así, público y de reparto. En este sistema destinamos el 12,5% del PIB al pago de pensiones, que es el noveno porcentaje más alto del mundo, exactamente 4,6 puntos más que la media de la OCDE, dedicando el 38,5% de nuestros presupuestos al pago de pensiones. 

Señorías, hoy en España se pagan más pensiones que nunca a más pensionistas que nunca y con unas pensiones más altas que nunca y por eso creo que tenemos que estar orgullosos de lo que hemos construido entre todos. Es un sistema que ha venido demostrando fortaleza desde los inicios de la crisis en el año 2008, si bien es cierto que la demografía está poniendo cada vez más en tensión nuestro sistema de pensiones. 

Como saben ustedes, tenemos 9,4 millones de pensiones y vamos a sobrepasar los 16 millones en el año 2050. El gasto en pensiones se ha más que duplicado desde el año 2000 —53.000 millones de euros— ascendiendo en la actualidad a 118.000 millones de euros. Tenemos un millón más de pensionistas en la última década y además del reto demográfico tenemos el reto del empleo. 

Desde el Partido Popular hemos defendido siempre que la mejor medida para garantizar las pensiones es la creación de empleo. Señorías, ya hemos recuperado la mitad del empleo perdido durante la crisis; 1.600.000 empleos recuperados de los 3.300.000 que se perdieron en la crisis. Señorías, hoy el crecimiento del empleo en España es tres veces superior al crecimiento de las pensiones, algo fundamental para sostenibilidad del sistema. 

Se han hecho muchas reformas de calado para mitigar los efectos demográficos. Ahí está la propia Ley 27/2011 que presentó un Gobierno socialista, donde se elevaba la edad de jubilación. 

Ahí están las reformas del Gobierno del Partido Popular, como la restricción de la jubilación anticipada —no es posible que más del 50% se jubilara antes de la edad de jubilación—, favorecer la compatibilidad entre trabajo y pensión —factor de sostenibilidad que empezará a producir sus efectos a partir de enero de 2019— o el índice de revalorización de pensiones, que es una de las recomendaciones del Pacto de Toledo. 

Señorías, los pensionistas han tenido ganancias de poder adquisitivo en los últimos años y la pensión media de jubilación ha pasado de 915 euros en el año 2011 a 1.049 euros, decía hoy la ministra. Por lo tanto, se ha incrementado cerca de un 14%. 

Muchas de estas reformas no han finalizado su implantación, es decir, tienen que seguir causando sus efectos, pero han sido reformas adecuadas. La consecuencia de todo esto es que no hay recomendaciones de la Unión Europea en materia de pensiones en los años 2014, 2015 y 2016. Hay que recordar, señorías, que tenemos una de las tasas de sustitución más elevadas de Europa, en concreto, la segunda después de Holanda. 

Es decir, estamos hablando de la relación entre el último salario y la primera pensión. La tasa de sustitución en España es de más de un 80% cuando la media de la OCDE es algo superior al 50%. Señorías, es cierto que nuestro sistema para ser viable a medio y largo plazo necesita mecanismos que lo sostengan y hay que seguir insistiendo en la senda de las reformas iniciadas para que el sistema sea sólido y quede garantizado para generaciones venideras. 

Por este motivo queríamos alcanzar con todos los grupos un pacto nacional que avale el futuro de las pensiones para que en el Pacto de Toledo se puedan analizar las circunstancias económico-financieras y demográficas que puedan garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones. Yo les pido, señorías, que hagamos posible que los pensionistas de este país se sientan orgullosos de sus políticos. 

Es un primer paso el que hemos dado hoy, es un acuerdo importante y tenemos que demostrar que somos capaces de alcanzar un gran acuerdo  nacional por las pensiones. Los integrantes de la Comisión del Pacto de Toledo tenemos que ser un equipo, el equipo de las pensiones, y juntos, unidos en la defensa del mejor sistema de protección social que tenemos en España, tenemos que lograr entre todos ese gran pacto de las pensiones. 

Por tanto, señorías, seamos responsables y dejemos a un lado los intereses partidistas. Para mí es un honor formar parte de la Comisión del Pacto de Toledo, el gran pacto social de la democracia y, como les decía esta mañana en la Comisión, nuestras manos están abiertas y tendidas al diálogo, al acuerdo, a la negociación y al consenso, como este que hemos tratado de alcanzar esta tarde. Lancemos un mensaje de tranquilidad a nuestros pensionistas diciéndoles que somos capaces de alcanzar un gran acuerdo. 

Es nuestra obligación, señorías, y es nuestra responsabilidad. Se lo debemos a nuestros mayores y también se lo debemos a nuestros jóvenes, porque además se lo merecen. Agradezco a todos los partidos el espíritu de diálogo y de consenso que ha habido esta tarde y tengan siempre en cuenta que al Partido Popular nos encontrarán siempre en el diálogo, en la negociación, en el acuerdo y en el consenso por el beneficio de nuestro sistema público de pensiones y de nuestros pensionistas. Muchas gracias. (Aplausos).

DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE LA CREACIÓN DE UN PACTO SOCIAL, POLÍTICO E INSTITUCIONAL PARA LA MEJORA, MODERNIZACIÓN, AGILIZACIÓN E INDEPENDENCIA DE LA JUSTICIA. (Número de expediente 162/000091).

El señor MOLINERO HOYOS: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, como no podía ser de otra manera, va a votar favorablemente la proposición no de ley presentada por Ciudadanos. 

Lo vamos a hacer por coherencia y por el respeto que nos merecen los acuerdos de esta Cámara. No podemos olvidar que esta proposición no de ley es una reproducción del acuerdo adoptado en la Comisión de Justicia del día 4 del corriente mes y que tiene el mismo objetivo y finalidad, que es intentar la modernización de la justicia. 

Por eso es por lo que vamos a apoyar esta proposición no de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Por esta razón, por el acuerdo con el pronunciamiento favorable de la mayoría de los grupos en la Comisión, queremos seguir mejorando la modernización de la justicia. Queremos la máxima participación de todos los grupos y la manera correcta es la creación de una subcomisión que ya hemos solicitado y que se está tramitando por los cauces reglamentarios adecuados. 

Señorías, como muy bien saben —aunque de todas maneras quiero recordárselo—, el texto que hoy debatimos no es ni más ni menos que una proposición no de ley. No es un documento definitivo ni un contrato de adhesión ni una lista cerrada de medidas ni tampoco es una lista de tareas con sus correspondientes recetas, como la han calificado algunos de los portavoces que me han precedido. 

No es ni más ni menos que instar al Gobierno para que comience a ejecutar una serie de trabajos. Este documento es un punto de salida, el comienzo de una hoja de ruta, para que el Gobierno impulse el diálogo con las fuerzas políticas, con los operadores jurídicos, con expertos y con ciudadanos hasta alcanzar una  estrategia nacional para la justicia acorde con el siglo XXI. 

No se trata de imponer o aceptar desde este momento las recomendaciones que aparecen en la proposición no de ley; tampoco quiere decir que no puedan ser ampliados los temas a debate ni pretendemos someter a control los acuerdos bilaterales alcanzados; se trata única y exclusivamente de poner unas líneas mínimas para debatirlos en su momento. 

Ese fue el encargo que nos hicieron los españoles en las últimas elecciones generales cuando nos mandaron hablar, dialogar, consensuar y llegar a acuerdos, y eso es lo que está haciendo el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tratar de dialogar para construir una justicia moderna y acorde con el siglo XXI. 

Señorías, todos los aquí presentes coincidimos en que es necesario modernizar la justicia para convertirla en un servicio más ágil y eficaz, que responda a las necesidades de los ciudadanos y mejore la calidad del Estado de derecho y con ello la democracia, como también coincidimos en el diagnóstico de los males que afligen a la justicia. 

Tenemos un sistema de una alta calidad profesional y técnica, pero poco ágil en la respuesta a los litigios. Pues bien, este es el momento para instar al Gobierno a que inicie los trabajos para la mejora de la calidad de la justicia. 

Partimos con una ventaja muy notable, y es que el Gobierno está en sintonía para formalizar un acuerdo estratégico para la mejora de esa justicia desde el diálogo y desde el consenso. Por eso hemos solicitado la creación de una subcomisión, para debatir en su seno y no en otro lugar la reforma de la justicia; puntualizo: en el seno de esa subcomisión. Ni este es el momento ni este es lugar adecuado para debatir puntos estratégicos de la justicia; el lugar será precisamente la subcomisión donde se debatirá. 

Por eso, señor Gómez Balsera, no se preocupe, hablaremos de las tasas judiciales. El Partido Popular no tiene ningún inconveniente en hablar de las tasas judiciales, pero lo haremos en su momento y en su lugar, que no es otro que la subcomisión que se creará a tal efecto y en la que todos los grupos parlamentarios podrán presentar sus iniciativas, sus ideas y sus programas. 

Señorías, aprovechemos la actual composición del Parlamento para construir, desde las distintas perspectivas y sensibilidades políticas y sociales, una justicia de calidad. Para terminar, señorías, les pido tranquilidad por la enmienda que se ha presentado, les pido generosidad en la valoración de la enmienda y les pido flexibilidad para que podamos votar conjuntamente este texto, porque, en definitiva, lo importante en la enmienda es instar al Gobierno a que se inicien los trabajos. 

No podemos salir de este Pleno sin un acuerdo en una materia que la sociedad nos demanda a gritos, no podemos enredarnos en debates estériles cuando están en juego los derechos y libertades de los españoles. Gracias. (Aplausos).