PARALIZACIÓN LOMCE

PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE LA SUSPENSIÓN DEL CALENDARIO DE LA IMPLANTACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA (ORGÁNICA) 

Exposición de motivos 

Desde su presentación la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), ha cosechado grandes desencuentros entre toda la comunidad educativa, los interlocutores sociales y las fuerzas políticas. 

Su tramitación y aprobación en el Congreso de los Diputados con el rodillo de la mayoría absoluta del Partido Popular y con el rechazo frontal de la oposición, puso en evidencia la incapacidad del Gobierno de buscar un consenso en materia de educación y volvió a dar cuenta de su desprecio al diálogo con todos los agentes que intervienen en el ámbito educativo. 

Unido a ello, el Gobierno impuso a toda prisa un calendario de implantación que se ha mostrado a todas luces inasumible para las Comunidades Autónomas y para los propios centros, poniendo en evidencia, de nuevo, que la reforma se había llevado a cabo sin un diagnóstico compartido, sin debate previo y a espaldas a la comunidad educativa, planteándose sin recursos y en medio de brutales recortes que degradan la calidad educativa y atentan contra su equidad. 

El Ministro de Educación, en la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación, celebrada el 13 de agosto de 2015, rechazó la propuesta presentada por doce comunidades autónomas que pedían una moratoria para evitar las consecuencias de una implantación absolutamente precipitada de la Ley. 

El Gobierno siguió así dando la espalda al consenso al no alterar el calendario ni flexibilizarlo, como tampoco abordó el cuestionamiento de las medidas más polémicas tal cual están concebidas en la LOMCE. 

Cada uno de los pasos dados por el Gobierno del Partido Popular han sido una burla a la búsqueda de un consenso en materia de educación que pudiera otorgar perdurabilidad y estabilidad a nuestro sistema educativo. 

La LOMCE es una contrarreforma segregadora e intervencionista que ataca directamente a la igualdad de oportunidades y retrocede en la equidad y en la calidad de la educación. La Ley conculca el principio de igualdad de oportunidades y favorece la exclusión del alumnado con dificultades, además de establecer un sistema de reválidas con efectos punitivos en vez de formativos. 

La clasificación que hace de las asignaturas es arbitraria y la ordenación académica incongruente y antipedagógica, y la Formación Profesional queda marcadamente devaluada. La Ley impone la recentralización educativa al cambiar la distribución de competencias, además de negar la diversidad lingüística de las comunidades autónomas con lengua propia, y limita la participación de la comunidad educativa al vaciar de competencias los consejos escolares. 

Se propone, en consecuencia, la paralización del calendario de aplicación de la LOMCE y la consiguiente suspensión de la entrada en vigor de las normas que desarrollan su implantación que no tuvieran vigencia efectiva, paso prioritario para poder comenzar a reconstruir un acuerdo común entre toda la comunidad educativa, los interlocutores sociales y las fuerzas políticas para lograr un sistema educativo estable y de calidad. 

Artículo único. 

Queda suspendido el calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, previsto en su disposición final quinta, así como la entrada en vigor de las normas reglamentarias dictadas en su desarrollo que no hubieran tenido aún vigencia o aplicación efectiva. 

Disposición derogatoria. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta Ley. 

Disposición final primera. 

El Gobierno, tras llevar a cabo un proceso de negociación y diálogo con las administraciones, la comunidad educativa, los interlocutores sociales y las fuerzas políticas dirigido a alcanzar, con el máximo consenso, un Acuerdo político y social sobre las medidas necesarias para la mejora de nuestro sistema educativo, remitirá a las Cortes Generales un Proyecto de Ley básica de educación que suponga la derogación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, y contenga las medidas acordadas. 

Disposición final segunda. 

Se habilita al Gobierno para dictar en el ámbito de sus competencias las disposiciones necesarias para la ejecución y desarrollo de lo establecido en la presente Ley. Disposición final tercera. La presente Ley entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».


PACTO CIUDADANOS - PP

a. Por una educación que prime la excelencia y garantice la igualdad de oportunidades. 

• 78. Impulsar un Pacto Nacional por la Educación que cuente con el consenso de las fuerzas políticas, de la comunidad educativa y de los colectivos sociales, con el objetivo de que la educación sea una herramienta eficaz para la igualdad de oportunidades. En el primer mes de gobierno se constituirá una Subcomisión parlamentaria en el Congreso de los Diputados que permita la elaboración de un acuerdo consensuado en el plazo de seis meses. Durante ese plazo y hasta que se logre un Pacto Nacional, se congelará el calendario de implementación de la LOMCE en todos aquellos aspectos que no hubiesen entrado en vigor. 
• 79. Elaborar un nuevo Programa de Refuerzo Educativo para luchar contra el fracaso escolar (Programa PREFE)* dirigido a los centros educativos que cuenten con alumnos procedentes de entornos desfavorecidos, con el objetivo de trabajar por una educación inclusiva que atienda a todos los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Estos centros podrán acceder a una financiación adicional para mejorar sus programas de atención a la diversidad o contratar profesores de apoyo adicionales. La financiación se mantendrá si el centro muestra mejoras en sus niveles de desempeño educativo y si reduce sus tasas de repetición y abandono escolar. 
• 80. Desarrollar un nuevo Plan CONCILIA3 de Educación Infantil de 0 a 3 años* que aumente el número de plazas en escuelas infantiles para avanzar hacia la universalización, estableciendo ayudas dirigidas a las familias con menos recursos para garantizar su acceso, en colaboración con las Comunidades Autónomas. 
• 81. Implantar una educación bilingüe y trilingüe de calidad en la escuela pública, que garantice a todos nuestros jóvenes el dominio del inglés. Se pondrá en marcha un programa nacional de formación del profesorado en inglés y en enseñanza de disciplinas no lingüísticas en inglés. Garantizaremos todos los recursos técnicos y humanos para que en 10 años para obtener el título de grado todo universitario deberá obtener un nivel B2 de inglés. 
• 82. Establecer un Programa de Gratuidad de los Libros de Texto* para las familias a través de un sistema público de libros compartidos, en colaboración con las Comunidades Autónomas. Este programa deberá combinarse con un proceso de digitalización de la enseñanza que asegure la disponibilidad de materiales digitales de calidad, para que en 5 años la “mochila digital” sea una realidad. 
• 83. Aprobar un Estatuto del Personal Docente, basado en el Libro Blanco de la Función Docente que establece los deberes y derechos del profesorado, que refuerce el reconocimiento social y profesional de nuestros maestros y profesores, regule sus condiciones de trabajo, mejore su formación, establezca los criterios para su promoción e incorpore un sistema de acceso a la docencia a través de un “MIR docente. Adicionalmente abordar, dentro del marco del diálogo social, medidas tanto de gestión y ordenación de los recursos humanos, como de fomento de la contratación estable, que eliminen los costes que supone la excesiva temporalidad en la contratación laboral en el sector público educativo, en particular los contratos de corta y muy corta duración del personal docente. 
• 84. Aumentar los recursos destinados a los Ciclos de Grado Medio de Formación Profesional y seguir impulsando la “FP Dual” que combine formación y trabajo en las empresas. Lograr que en los próximos años la formación profesional dual llegue a 100.000 alumnos. 
• 85. Desarrollar el Plan Estratégico de Convivencia Escolar, dotándolo de medios para prevenir y reaccionar de manera eficaz contra el bullying y el ciberacoso, facilitando entre otros los canales de comunicación y de atención personalizada y profesional para afrontar, con la ayuda de expertos, la respuesta ante estas situaciones. 
• 86. Facilitaremos que los padres puedan ejercer eficazmente su derecho a elegir el tipo de educación y el centro donde escolarizar a sus hijos. Continuaremos respaldando el sistema de conciertos educativos en apoyo a la educación pública y garantizando la igualdad de oportunidades. b. Una universidad que prepare para el presente y para el futuro. 
• 87. Reformar el sistema universitario español, para promover la excelencia docente e investigadora. Se reformará el sistema de gobernanza de las Universidades públicas para garantizar reforzar su autonomía e independencia, y se establecerán medidas para garantizar los principios de mérito y capacidad en el acceso del Personal Docente e Investigador (PDI) con el objetivo de lograr mayor apertura al talento en las universidades. Se establecerá la posibilidad de que las universidades reciban financiación adicional basada en criterios como la empleabilidad lograda, la consecución exitosa de programas de investigación o el impacto internacional de su producción científica. 
• 88. Aumentar las becas para facilitar el acceso a la educación de todas las personas con necesidad de ayuda con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades. Se promoverán los programas de becas-salario y de “becas de excelencia”, que cubrirán tanto las necesidades del estudiante como una parte importante del coste de matrícula.