DEBATE 15112016 PARALIZACIÓN LOMCE PSOE

DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA SUSPENSIÓN DEL CALENDARIO DE LA IMPLANTACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA (ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000001). 

La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto segundo del orden del día, relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la suspensión del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Cruz Rodríguez. 

El señor CRUZ RODRÍGUEZ: Señora presidenta, señorías, amigos y asociaciones de la comunidad educativa, el Partido Socialista viene acreditando desde hace años su voluntad inequívoca de alcanzar un consenso en materia de educación que otorgue perdurabilidad y estabilidad a nuestro sistema educativo. Lo ha intentado siempre que ha tenido la oportunidad, siendo la más reciente la etapa en la que Ángel Gabilondo ocupaba el Ministerio de Educación. 

Fueron entonces ustedes, señores del Partido Popular, los que le pusieron la proa a un acuerdo que ya estaba prácticamente cerrado, hasta el punto de que incluso algún consejero de Educación de su partido se atrevió a decir que, aunque no se había firmado, el acuerdo ya estaba cerrado. Cuando poco después llegaron ustedes al poder, hicieron exactamente lo contrario a nosotros. 

Con el rodillo de su mayoría absoluta, aunque con el rechazo frontal de la oposición, tramitaron y aprobaron en el Congreso de los Diputados, una ley, la Lomce, que si algo puso en evidencia, fue la incapacidad de este Gobierno —ausente— para buscar un consenso en materia de educación y volvió a dejar constancia de su desprecio al diálogo con todos los agentes que intervienen en el ámbito educativo. 

Unido a ello, ese mismo Gobierno impuso a toda prisa un calendario de implantación, que se ha revelado a todas luces inasumible para las comunidades autónomas y para los propios centros, poniendo en evidencia, una vez más, que la reforma se había llevado a cabo sin un diagnóstico compartido, sin debate previo y a espaldas de la comunidad educativa. 

De hecho, todavía el día 13 de agosto de 2015, el ministro de Educación, en la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación rechazaba la propuesta presentada por doce comunidades autónomas que pedían una moratoria para evitar las consecuencias de una implantación absolutamente precipitada de la ley. 

El Gobierno, con semejante actitud, seguía dando la espalda al consenso al no alterar el calendario ni flexibilizarlo, así como al no abordar el cuestionamiento de las medidas más polémicas, tal como estaban concebidas en la Lomce. En consecuencia, nada tiene de extraño la enorme cantidad de desencuentros que dicha ley ha cosechado no solo entre toda la comunidad educativa, sino también entre los interlocutores sociales y las fuerzas políticas. 

La actitud unilateral del Gobierno del Partido Popular en prácticamente todos los ámbitos ha dado lugar a manifestaciones, declaraciones, encierros, protestas y la convocatoria, sin precedentes, de huelgas generales de la educación, en las que han participado sindicatos, profesores, padres, madres y alumnos, desde la educación infantil hasta la universidad. 

Pero no se confundan, ustedes no han cosechado tantos desencuentros, no han obtenido tanto rechazo en la sociedad únicamente por razones formales o de procedimiento, especialmente por su absoluta falta de disposición al diálogo, sino sobre todo por los contenidos concretos de sus políticas, de los cuales, en cierto sentido, la Lomce constituye el epítome o la expresión más destacada, porque en esta ley, una ley profundamente ideológica, regresiva, elitista, excluyente, segregadora, recentralizadora y confesional, se manifiesta con claridad la concepción que el Partido Popular tiene de la educación, y más allá de la sociedad misma. 

En efecto, durante estos años el Gobierno del Partido Popular ha tomado decisiones y ha puesto en práctica políticas que, lejos de garantizar una educación pública de calidad, con igualdad de oportunidades para todos y todas, ha provocado el mayor retroceso en materia de educación de nuestra historia democrática, dejando patente que su objetivo último ha sido y es desmantelar la educación pública, dejándola a niveles predemocráticos. 

Señorías, la contrarreforma a la que el Gobierno del Partido Popular ha sometido a nuestro sistema educativo ha supuesto una serie de recortes de recursos materiales y humanos que han causado un descenso irreparable en la calidad educativa, mermando la equidad y la igualdad de oportunidades. 

El Real Decreto 14/2012, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, fue el primer golpe con el que el Gobierno emprendió sus recortes en educación, y posteriormente ha ido agravando la situación imponiendo todavía más recortes a nivel estructural, al comprometerse con la  Unión Europea en los sucesivos programas de estabilidad a que nuestro país fuera recibiendo su inversión, hasta llegar al 3,76% del PIB previsto para 2019. 

Todas ellas son cifras que nos retrotraen a la realidad educativa de finales de los años setenta. A esta política de recortes y de incremento de la desigualdad le siguen unos Presupuestos Generales del Estado que han ido reduciendo la inversión en educación más del 25% respecto al último presupuesto socialista. 

A ello hay que añadir los recortes inducidos por el Gobierno, y aplicados por las comunidades autónomas, que han traído como consecuencia el grave deterioro de los servicios educativos al eliminar o dejar bajo mínimos las ayudas para libros de texto, material escolar, ayudas para comedor o transporte, el cierre y degradación de las redes de escuelas rurales, el aumento de la ratio profesor-alumno, las becas Séneca, las becas de colaboración, las becas Erasmus o las FPU, entre otras muchas y devastadoras consecuencias, que como siempre, por cierto, han afectado especialmente a las familias con menos recursos. (Aplausos). 

Y qué decir, por no hacer esta relación interminable, de la reducción drástica de las ayudas estatales al programa Erasmus, de la elevación del precio de las tasas de las matrículas universitarias y de la introducción de criterios no económicos para las becas, además de otras medidas que dificultan el acceso, mantenimiento de las mismas y la supresión de otras existentes, medidas todas ellas que han hecho de los últimos años los más regresivos en materia educativa de nuestra historia. No intenten, señores del Grupo Popular, darnos el abrazo del oso a los socialistas. Ustedes y nosotros no somos iguales y menos aún si cabe en materia educativa. 

Un par de botones de muestra bastarán para hacer evidente la enorme distancia que nos separa. Mientras que la política del Gobierno socialista fue la de apostar por la igualdad de oportunidades, incrementando constantemente las partidas de becas y ayudas al estudio, así como la defensa de la beca como derecho, el Gobierno del PP no ha dejado de reducir año tras año el presupuesto, convirtiendo la beca en un premio. Segundo botón de muestra. 

Mientras que la LOE establecía la garantía de la existencia de —abro comillas— «plazas públicas suficientes en la educación obligatoria» —cierro comillas—, la Lomce sustituye esta garantía por la de la —abro comillas— «existencia de plazas suficientes» —cierro comillas—, aunque no sean públicas, propiciando de este modo que la escuela pública se convierta en residual respecto a la concertada. (Aplausos). Se lo diré de otra manera. 

La Lomce no es una anomalía ni una iniciativa desafortunada o extravagante de un ministro de infausta memoria. Ha sido el conjunto de las políticas del Partido Popular el que ha llevado a nuestro sistema educativo a una situación de asfixia y desamparo, de la que todos tenemos la obligación de sacarlo. 

Por eso, el Grupo Socialista ha presentado esta proposición de ley, que confiamos que toda la Cámara apoye y en consecuencia sea tomada en consideración y pueda tramitarse normalmente. Señorías, venimos defendiendo desde antes incluso de la entrada de la Lomce en el Congreso, en mayo de 2013, toda una serie de reivindicaciones que estamos convencidos que ahora deberían servir para corregir aspectos que consideramos que están devaluando el sentido del derecho a la educación y que atentan contra la igualdad de oportunidades. 

Algunas de estas reivindicaciones son las que tienen que ver directamente hoy con el proyecto de ley que presentamos: oposición frontal a la evaluación de sexto de Primaria y a las reválidas de cuarto de la ESO y segundo de Bachillerato, y restablecimiento de la actual prueba de acceso a la universidad para garantizar las condiciones de igualdad y seguridad jurídica, pero no olvidamos otras, como por ejemplo la eliminación con carácter inmediato de la posibilidad de segregación de niños y niñas en el sistema educativo sostenido con fondos públicos, el restablecimiento del carácter no evaluable de la asignatura de Religión para que su calificación no pueda tener ningún tipo de repercusión académica, posibilitar la titulación en la ESO de quienes sigan los programas de formación profesional básica, la eliminación del modelo de nombramiento de directores y directoras Lomce y la restitución de las competencias de los consejos escolares y, finalmente, la recuperación de la diversificación curricular en cuarto de la ESO con la posibilidad de titulación. 

Los socialistas trabajaremos además para garantizar que no se vuelvan a producir nuevos recortes en la educación pública, así como para recuperar los recursos materiales y humanos que le fueron arrebatados por el Partido Popular. Para ello exigimos al Gobierno la recuperación progresiva del gasto público en educación, comprometiendo un suelo de gasto en torno al 5 o el 5,5% del PIB y un objetivo a largo plazo por encima del 6%; la restitución del verdadero sentido de las becas como derecho subjetivo, sin dificultar a los estudiantes el acceso y mantenimiento de las mismas, garantizando una subida en los fondos de becas y ayudas al estudio, eliminando los criterios académicos injustos y promoviendo el incremento progresivo de las cuantías; así como la recuperación de las ratios, horarios y condiciones de trabajo para todo el profesorado previas al Real Decreto-ley 14/2012. 

Además, exigiremos al Gobierno que convoque de manera inmediata la Conferencia Sectorial de Educación para acordar la aplicación de estas mentiras y definir todas aquellas a las que se destinará el incremento de fondos. Aquí incluiremos programas de cooperación territorial —especialmente los destinados a combatir el fracaso y el abandono escolar, como son los programas de refuerzo, orientación y apoyo escolar—, la generalización de la oferta educativa de cero a tres años y las ayudas y apoyo a las familias. 

Voy terminando. Señorías, les aseguro que el Grupo Socialista está comprometido con la tarea de iniciar una nueva etapa y, para ello, trabajará en serio y concienzudamente para lograr un pacto social y político por la educación a través del diálogo constante con el Gobierno y con todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara. 

Ante esta tribuna, señoras y señores diputados, el Grupo Socialista pide la misma colaboración y el mismo compromiso de todos los grupos de la Cámara. Juntos podemos hacer realidad un acuerdo histórico para dar la estabilidad que nuestro sistema educativo necesita. (Aplausos). Señor ministro, el presidente del Gobierno del que usted forma parte se pasó la práctica totalidad de la legislatura durante la que gobernó con mayoría absoluta refugiándose al menor reproche o crítica que se le dirigía en el burladero de la herencia recibida. 

Y —¡lo que son las cosas!—, en realidad, a poco que se piense, para herencia recibida gravosa, la que a usted le dejó el señor Wert; tan gravosa que tal vez merecería más bien que la denomináramos con el término coloquial de marrón, un auténtico y genuino marrón. Pero no se preocupe, señor Méndez de Vigo. Le ofrecemos nuestro apoyo para trabajar juntos y estamos dispuestos a ayudarle a salir de tan engorrosa situación. Aunque no de cualquier manera, claro está, sino de la única que a nuestro juicio tiene sentido. 

Por eso precisamente reclamamos la paralización del calendario de aplicación de la Lomce y la consiguiente suspensión de la entrada en vigor de las normas que desarrollan su implantación y que no tuvieran vigencia efectiva. 

Reclamamos dicha paralización —merece la pena reiterarlo— como paso previo y prioritario que permita comenzar a reconstruir un acuerdo común entre toda la comunidad educativa, los interlocutores sociales y las fuerzas políticas; un acuerdo orientado a lograr un sistema educativo estable y de calidad. Por definición, un pacto educativo ha de ser un pacto con todos, no puede dejar a nadie fuera, del mismo modo que no puede ser un pacto contra nadie. 

Pero el asunto es demasiado importante y serio como para andar mareando la perdiz y confundiendo a la ciudadanía con propuestas equívocas o directamente engañosas, como la de anunciar una suspensión de los efectos académicos de las reválidas que ya estaba prevista en la propia ley. Se lo diré de forma clara e inequívoca: un pacto educativo sobre la base de la Lomce no es un pacto, es un oxímoron como la copa de un pino, o como una catedral si le parece más adecuado a la ideología que inspiraba la ley. 

En fin, señor ministro, no pretenda que la oposición se coma el marrón que le dejó a usted en herencia el señor Wert. Pero, sobre todo, no pretenda que se lo coman los estudiantes de este país, que son los que menos culpa tienen de los desaguisados que generó su antecesor en el cargo. Muchas gracias. (Aplausos).