SESIÓN CONGRESO 22112016 PSOE

DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE FIJACIÓN DE LA CUANTÍA DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL. (Número de expediente 122/000026).

El señor SIMANCAS SIMANCAS: Gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Socialista va a respaldar la toma en consideración de esta proposición de ley que plantea elevar el salario mínimo en nuestro país. 

Y lo vamos a hacer porque elevar y dignificar los salarios ha sido y es una constante en nuestra acción de Gobierno cuando gobernamos y en nuestra labor de oposición cuando es esa nuestra responsabilidad. 

De hecho, una de las primeras iniciativas que hemos registrado en esta legislatura persigue también elevar el salario mínimo, alcanzar el 60% del salario medio en el salario mínimo y facilitar así que la recuperación económica alcance a todos y no solo a unos pocos. Durante la tramitación de esta propuesta ajustaremos cifras y ajustaremos plazos, porque hay alguna que otra deficiencia en el planteamiento del grupo proponente. 

En el punto 7 del preámbulo se establece, por ejemplo, el objetivo de alcanzar el 60% del salario medio a fecha 1 de enero de 2019, sin embargo, en el artículo 1 de la ley se especifican cifras para el 1 de enero de 2018 y para el 1 de enero de 2020, pero nada para el 1 de enero de 2019. La cifra que aparece en 2020 además es inferior al cálculo del 60% del salario medio que debió alcanzarse el año anterior, según el preámbulo. 

En fin, alguna que otra carencia, alguna que otra deficiencia que tendremos que solventar en el trámite de las enmiendas. 

Lo relevante, sin embargo, es que resulta prioritario elevar el salario mínimo interprofesional de manera significativa en este país para cumplir con el artículo 35 de la Constitución —se ha dicho aquí—, que nos obliga a garantizar una remuneración suficiente a los trabajadores, pero sobre todo para recuperar el retroceso significativo en la cuantía de los salarios que se ha producido durante los últimos años merced a la reforma laboral del Partido Popular y a su estrategia para ganar competitividad de la peor manera posible, mediante la devaluación de salarios y derechos de los trabajadores. 

Porque, señorías, un país que apuesta por crecer económicamente mediante salarios bajos es un país socialmente injusto,   económicamente débil y, añadiría más, democráticamente enfermo. Por el contrario, elevar el salario mínimo interprofesional y con él los salarios en general nos ayudará a configurar una sociedad más justa, una economía más sólida y unas instituciones más saludables. 

Esta es la razón fundamental de nuestra apuesta y de nuestro voto positivo en el día de hoy. La fijación del salario mínimo es un instrumento clave, fundamental para las políticas de cohesión social, para asegurar poder adquisitivo y de compra a los trabajadores, para prevenir y para combatir, por tanto, la pobreza y la exclusión social. 

Fíjense si es importante que la Agencia Tributaria nos asegura hoy que más de un tercio de los trabajadores cobra salarios por debajo del salario mínimo interprofesional merced a la precariedad de nuestro mercado de trabajo. La evolución del salario mínimo durante los últimos años en este país es muy significativa. 

Nunca, desde la transición democrática, se había dado una secuencia tan empobrecedora en la evolución del salario mínimo como la sufrida durante el último Gobierno del Partido Popular: salario mínimo congelado en 2012 y en 2014, y en 2013, 2015 y 2016 no se compensó en modo alguno la pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores. 

Entre 2004 y 2011, con un Gobierno socialista, el salario mínimo se elevó de 460 a 641 euros mensuales, un 40% de subida. Sin embargo, entre 2011 y 2016, con un Gobierno del Partido Popular, el salario mínimo apenas subió 13 euros en términos absolutos. 

Asegurar, por tanto, que las políticas laborales, las políticas sociales del Partido Popular y del Partido Socialista son semejantes no se sostiene de ninguna manera y responde más bien o a la ignorancia o a la mala fe. 

Es importante recordar también que el salario mínimo en España se sitúa prácticamente en la mitad de los salarios mínimos de nuestros vecinos europeos. Como ya se ha dicho, estamos a la mitad del Reino Unido, a la mitad de Alemania, a la mitad de Francia, a menos de la mitad de Bélgica. 

En definitiva, señorías, la evolución del salario mínimo es un instrumento importante para incidir en la evolución general de los salarios en un país, en una economía, en un contexto que ha sufrido un empobrecimiento muy relevante a este respecto. 

Ahí están los datos. Los más recientes, los del índice de precios del trabajo, reflejan que entre 2008 y 2014 la capacidad de compra de los salarios se ha reducido en un 9%; el Consejo Económico y Social nos dice que la retribución de los salarios ha caído en los últimos cuatro años un 1,5%; la contabilidad de la renta nacional refleja que la participación de las rentas del trabajo en la renta nacional bruta ha caído del 51,6 al 47,7; el estudio de la evolución de los deciles en los salarios por parte del CES nos dice que los salarios por debajo de 655 euros han caído un 15%, mientras los salarios por encima de 3.353 euros al mes subían un 10,4%. 

Trasvase de rentas del trabajo a rentas del capital: desigualdad, desigualdad, desigualdad. La desigualdad también está relacionada con la calidad y la duración de los contratos de trabajo. Ahí están los datos de la estructura salarial en 2014. 

Los salarios de los contratos temporales están un 31% por debajo del salario medio, los salarios correspondientes a los contratos a tiempo parcial están casi un 12% por debajo del salario medio. Por tanto, salarios bajos, precariedad laboral y pobreza son fenómenos que se dan la mano hoy en España. Por favor, a la hora de tomar en consideración esta propuesta pensemos en los millones de hogares que han de sobrevivir con este salario mínimo, pensemos en ese 12,3% de trabajadores pobres según Oxfam Intermón, en ese 28,6% de españoles pobres según muchas organizaciones no gubernamentales. 

Señorías del Partido Popular, si no quieren subir el salario mínimo por justicia social o por humanidad, háganlo por racionalidad económica. Sabemos que este Gobierno del Partido Popular comparte la falsa doctrina liberal que confía en la flexibilidad del mercado de trabajo y en la devaluación salarial para aumentar competitividad y fortalecer la economía, pero es que la fórmula no funciona. 

Además de injusta, además de provocar desigualdad, empobrecimiento y pérdida de derechos a las mayorías, no funciona. Estos modelos económicos están desincentivando la adopción de otras decisiones que sí generan competitividad y sí fortalecen la economía, como la innovación, la investigación, la formación o la internacionalización. Los modelos económicos que confían la competitividad a los salarios bajos siempre encontrarán una economía que baje aún más los salarios. 

Es injusto, es inequitativo, es inhumano y además es ineficaz. Hasta el Fondo Monetario Internacional alerta ya de los riesgos de las economías que apuestan por competitividades basadas en salarios bajos, caída de estímulos a la educación y la formación, caída del consumo y caída de la credibilidad y confianza en las instituciones. 

Las economías más competitivas y más sólidas son las economías más justas y más equitativas a la vez, las que apuestan por competir mediante la formación, la educación, la calidad de las instituciones, la estabilidad de los empleos y los mejores salarios. Acompáñennos en la apuesta por elevar el salario mínimo, háganlo por justicia social y, si no quieren, háganlo por racionalidad económica o por salud democrática, porque la desigualdad es el principal enemigo de la democracia. No hay mayor disolvente en la credibilidad y la estabilidad de la democracia que el incremento de las desigualdades y la desesperanza de las mayorías en su propio futuro y en el futuro de sus hijos.

Desigualdad, populismo y riesgo para la democracia son caras de la misma moneda. Cuando el ciudadano desesperado acude al médico y este no le escucha o no le resuelve, el ciudadano acude al curandero, al brujo, al chamán o al taumaturgo. No le resolverá nada, le agravará los problemas, pero le proporcionará una manera de encauzar frustración y enfado. Tengámoslo en cuenta.

El populismo, señorías de Ciudadanos que acaban de mencionarlo como riesgo, cabalga en realidad a lomos de la injusticia y no se combate negando los problemas o esgrimiendo inmovilismo frente a liquidacionismo o rechazando propuestas positivas como esta. 

El cuestionamiento al sistema se combate minando sus fuentes y sus causas, reconociendo los problemas y cambiando la realidad en el sentido de la equidad y la justicia, por ejemplo, elevando el salario mínimo interprofesional hasta el 60% del salario medio, como propone esta iniciativa. Señorías, hagámoslo por justicia social, hagámoslo por racionalidad económica, hagámoslo por salud democrática. 

Entre tanta deshumanidad demos un paso, aunque sea un pequeño paso, para humanizar esta casa, para humanizar sus decisiones y su reflejo en la vida de los españoles. Muchas gracias. (Aplausos).

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA, ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL, PARA AMPLIAR EL DERECHO DE SUFRAGIO ACTIVO A LOS MAYORES DE 16 AÑOS. (Número de expediente 122/000007).

El señor CÁMARA VILLAR: Señora presidenta, señorías, recordarán que durante el debate relativo a la proposición de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para el supuesto del artículo 99.5 de la Constitución, el populismo volvió a enseñorearse a sus anchas en este hemiciclo. Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, algunos grupos políticos pretendieron introducir un aluvión de importantes reformas de nuestro sistema electoral para aprobarlas en veinticuatro horas y se rasgaban las vestiduras porque nuestro grupo demandaba seriedad, tranquilidad y rigor para centrarse entonces en el concreto y acotado objeto de aquella proposición, dejando para cuando hubiera mayor estabilidad política la realización de otras reformas ciertamente precisas con el consenso necesario. 

En mi intervención reiteraré en nombre de mi grupo esta idea y este compromiso. No obstante, representantes de estos grupos desataron oportunistas invectivas contra los socialistas, pretendiendo presentarnos como aquellos que queríamos impedir, entre otras reformas, el voto de los jóvenes mayores de dieciséis años en España. 

Poco importaba para ellos que esta misma iniciativa, como se ha recordado, ya hubiera tenido en abril de este mismo año el pleno respaldo de los diputados del PSOE frente al voto en contra del Partido Popular, de Ciudadanos y la abstención del PNV: 174 votos a favor frente a 144 avalaron la toma en consideración de aquella iniciativa que ahora se reitera, y se reitera porque decayó al disolverse automáticamente las Cámaras por no haber habido investidura. 

Recuérdenlo bien, sin tergiversación, señor Rufián; recuérdelo especialmente también usted, señor Iglesias; recuérdenlo todos, los que, exhibiendo un pretendido marchamo de izquierda fetén, convergieron objetivamente con el PP y negaron su voto de investidura para un Gobierno progresista. Recuerden cuántas medidas de cambio, regeneración y progreso social y democrático han quedado por este motivo en el limbo. 

Recuerden que con su actitud lo que han conseguido es fortalecer a esta derecha que mal gobierna España desde el año 2011. Que lo recuerde la ciudadanía. Señorías, el Partido Socialista está comprometido desde hace tiempo con el debate para ampliar el derecho de sufragio activo a los mayores de dieciséis años y con la necesidad de fraguar el máximo consenso posible. Así lo venimos contemplando en nuestros programas electorales. 

Nos hubiera parecido más adecuado tratar este tema en el cauce de una subcomisión de estudio, junto con las demás reformas electorales, y esperamos que así se haga lealmente en las que quedan por venir. En esto estamos completamente de acuerdo, coincidimos con lo que ha manifestado el señor Xuclà. Pero una vez planteada la proposición de ley para su toma en consideración tenemos que pronunciarnos con coherencia sobre su contenido. 

Somos un partido progresista que siempre se ha situado a la vanguardia del desarrollo de los derechos y las libertades, sirviendo de referencia incluso para otros muchos países, no solo en Europa. Por ello anunciamos nuestro voto favorable, porque estamos convencidos de la pertinencia, de la justicia y de la coherencia democrática de esta medida, tal como propugna el Consejo de Europa. Pero no por sus melifluas y tramposas consideraciones de hoy, señor Rufián, en absoluto. 

Los argumentos que la avalan, a nuestro entender, prevalecen claramente —esto es lo que importa— sobre los que se esgrimen en su contra, que vienen a resumirse, como se ha visto aquí, en un conjunto de afirmaciones concatenadas sobre la presuntamente característica falta de madurez de los jóvenes de estas edades. 

Más que argumento se trata más bien de prejuicios, de estereotipos infundados con los que se quiere negar a estos jóvenes un derecho político fundamental —recuerden sus señorías— vinculado a la participación, que tiene la misma impronta, como señala el profesor Presno Linera, de los derechos fundamentales de manifestación, de reunión, de asociación y de libertad de expresión que ya se ejercen a los dieciséis años. 

Señorías, con dieciséis años los jóvenes tienen o pueden tener derechos y responsabilidades de adultos —se ha recordado aquí—, y siendo esto así no tiene ningún sentido que no puedan participar democráticamente en la elección de quienes les van a representar y adoptar las decisiones que afectarán a su presente y a su futuro vital. 

Baste señalar que tienen responsabilidad penal, que pueden trabajar, que se pueden sindicar, que pueden acceder al ejercicio de la Función pública, asociarse, emanciparse, contraer matrimonio, pagar impuestos o decidir sobre tratamientos médicos. Así las cosas, resulta indiscutible que disponen de una perspectiva propia sobre los asuntos públicos y que tienen intereses y demandas específicas que es necesario que los partidos y los gobernantes tengamos en cuenta. 

Junto a ello, como ha subrayado el profesor Jorge de Esteban, tienen amplio acceso a la información y a las nuevas tecnologías de la comunicación y del conocimiento, por lo que hoy un joven de esta edad —cito literalmente— es probable que sepa más del mundo y de sus circunstancias que un joven de veinte años de hace cuatro décadas. A esta edad ya se está en disposición de haber alcanzado una formación adecuada para la participación política. 

José Antonio Marina y María de la Válgoma, en un dictamen para el Ayuntamiento de Sevilla, sostienen que el derecho a voto podría usarse como un rito de paso de la adolescencia a la madurez que coincidiría con la terminación de los estudios obligatorios, que son en realidad un certificado de ciudadanía. 

Es muy coherente con esta idea que la vigente Ley Orgánica de Educación, señorías, establezca los dieciséis años como el final de la educación secundaria obligatoria y que entre sus objetivos contemple, en el artículo 23, «asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos (…) y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática» en una sociedad plural. 

Por esta razón podemos representarnos el gran potencial que tendría esta medida si va acompañada del establecimiento en el sistema educativo de una progresiva educación para la ciudadanía que merezca tal nombre. 

Desde 1812 a 1978 hemos evolucionado desde la exigencia de los veinticinco años a los dieciocho, pasando por los veintitrés y por los veintiuno. Una evolución parecida se puede apreciar en el derecho comparado. En algunos países se ha rebajado ya, como se ha dicho aquí, la edad electoral a los dieciséis años, como es el caso de Brasil, Nicaragua, Ecuador, Argentina, Austria, Malta, varios Estados alemanes y cantones suizos, Eslovenia, Croacia, Serbia o Bosnia Herzegovina —en estos últimos casos si trabajan—. 

También hay muchos otros países donde se han venido haciendo propuestas en este mismo sentido o se está estudiando muy seriamente y se está debatiendo la medida. Señor Prendes, para mí no cuentan los países que no son demócratas. 

Especial consideración merece la resolución 1826/2011, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. No la rebajemos, porque efectivamente no es compulsiva jurídicamente, pero tiene un gran valor político y un gran valor evolutivo en materia de avance democrático y de respeto y desarrollo de los derechos y libertades fundamentales. 

En ella se sostiene que existe una creciente marginalización de los jóvenes en el proceso político en tanto que dominan las cuestiones e intereses de las personas mayores. 

Lo dice esa resolución. Igualmente se aprecia que cuanto más se tiene que esperar para participar en la vida política menos comprometido social y políticamente se es cuando se llega a adulto. Subraya también la necesidad de que los jóvenes puedan votar a los dieciséis años y que estén bien preparados para esta participación, es verdad, toda vez que tienen responsabilidades muy serias para con la sociedad. 

A este propósito reitera la importancia de mejorar la educación para la ciudadanía. Aprendamos también de este sabio consejo, señorías. 

De otra parte, frente al abuso de estereotipos negativos sobre la adolescencia, los más recientes estudios de psicología evolutiva vienen a concluir que el joven de dieciséis años dispone ya de capacidad suficiente para ejercer razonablemente su voto, poniendo de relieve que sus capacidades cognitivas y las  habilidades para el razonamiento abstracto y el pensamiento lógico están ya desarrolladas con suficiencia a partir de los quince años, siendo el joven de esta edad capaz de comprender, de razonar, de anticipar consecuencias y de actuar libremente. 

Señorías, si estas son las razones más importantes para apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley, entendemos que no deben ser eludidas otras consideraciones. 

Aquellas fuerzas políticas que estén sopesando su posición por intereses puramente electorales deberían abandonar excesivos temores o infundadas esperanzas al respecto, pues se ha demostrado que los 780.000 nuevos posibles votantes de entre dieciséis y diecisiete años no cambiaría demasiado el estado de cosas porque los jóvenes de esta edad también son diferentes entre sí ideológicamente, serían muy pocos para cambiar la correlación de fuerzas y además suelen abstenerse mucho. 

Lo importante es que esta medida, desde el punto de vista democrático de participación política, es coherente y desde el punto de vista jurídico y constitucional, justa y posible, y si, en fin, la queremos mirar desde un punto de vista utilitarista, quienes se beneficiarían serían los jóvenes y el entero sistema democrático. Termino, señora presidenta. Brevemente. 

Me pregunto: ¿Requeriría esta reforma, como algunos sostienen, la previa reforma del artículo 12 de la Constitución? Entiendo que no. Lo que este artículo regula es la institución de la mayoría de edad a los dieciocho años referida a la capacidad de obrar desde un punto de vista general y de culminación gradual, pero permitiendo siempre regulaciones específicas y no siendo una frontera para la titularidad y el ejercicio de los derechos fundamentales, derechos que se tienen ya en la minoría de edad de manera parcial o total, dependiendo de los casos. 

Termino ya definitivamente. Nuestra Constitución establece en el artículo 48, por otra parte, un principio rector para los poderes públicos que consiste en promover las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural. 

Y es evidente que con la adopción de esta medida se estaría desarrollando en un modo relevante este principio, hoy de tan menguado compromiso jurídico con la realidad como lo calificara mi añorado maestro el profesor Juan José Ruiz-Rico. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias por su atención, señorías. (Aplausos)

DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A ALCANZAR UN GRAN PACTO NACIONAL PARA FORTALECER Y GARANTIZAR NUESTRO SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES DENTRO DEL MARCO DEL PACTO DE TOLEDO. (Número de expediente 162/000137).

La señora PEREA I CONILLAS: Muchas gracias, presidenta. Señorías, la propuesta que se discute presentada por el Grupo Popular no debería ser discutida en el Parlamento de esta XII Legislatura. En primer lugar, por tratarse de una propuesta cínica y, en segundo lugar, por ser una propuesta tramposa, sobre todo en su exposición de motivos —lo han dicho otros ponentes que me han precedido—, al derivar todo a esa demografía. 

Es cínica porque el Partido Popular, a lo largo de la X y XI Legislatura —esto es, cinco años— ha estado ninguneando día sí, día también a este Parlamento, y tramposa porque quiere asentar —de la lectura de la exposición de motivos a la que me refería se desprende— un Estado de opinión de una realidad que no es. Señores del Partido Popular por mucho que repitan que la crisis del sistema es por el incremento del envejecimiento no van a conseguir que sea verdad. 

Esa letanía falsaria dice muy poco de ustedes, cuando lo que están planteando en este momento en esta Cámara y esta mañana por parte de la señora ministra es el consenso. Señora España, le negamos la mayor. Todos los grupos de esta Cámara hemos recordado esta mañana el ninguneo del Partido Popular al Pacto de Toledo a lo largo de estos cinco años, y no solo al Pacto de Toledo, sino también al consenso con los agentes sociales, a las reformas unilaterales, y no les han dolido prendas en aquello que les hemos manifestado y recriminado. 

Han ninguneado de forma espectacular, como les decía esta mañana. Incluso en el periodo de Gobierno del Partido Popular de los años 1996 a 2004, cuando el presidente era Aznar, se había venido respetando el contenido del Pacto de Toledo, que en cada momento ha estado vigente, y siempre sin romper la concertación social y política. 

Esta mañana escuchábamos a la ministra, Fátima Báñez, y francamente estábamos alucinando —lo puedo decir claro—, porque hablaba de una realidad que tiene en su mente junto con sus responsables del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Señores del PP, se lo recuerdo porque parece que tengan amnesia selectiva; ustedes no han aportado nada al consenso en esta Cámara desde hace justo cinco años, y menos aún al consenso en esta materia tan delicada, como es la sostenibilidad de las pensiones. 

Honestamente debo decirles que deberían haber retirado esta PNL, pero como considero que ustedes llevan las cosas hasta el final no quiero dejar de decir que el Grupo Socialista va a estar aquí hasta el último momento para conseguir un consenso (Aplausos), pero un consenso dirigido a recuperar aquello que ustedes han desmontado. 

Esto es así, han sido capaces de desmontar y de poner en quiebra el sistema de pensiones por la puerta de atrás, debilitando los ingresos con una reforma laboral que tendrán que rectificar. 

Por mucho que el presidente del Gobierno —que por cierto no está— diga que no piensa rectificar nada, van a tener que rectificar esa reforma laboral, como van a tener que rectificar ese factor de sostenibilidad y el índice de revalorización de las pensiones que tan regresivo ha sido para el poder adquisitivo de los pensionistas. 

Perdóneme que lo diga, señora España, me alucina que usted diga que tenemos un sistema que a la Unión Europea le parece ejemplar. Claro, le parece ejemplar porque ha ido a la baja. Usted me dice que formamos parte del noveno puesto en el PIB del gasto. Estamos por detrás de Grecia y de Portugal. ¿Le parece poco? Y encima quieren recortar más. 

Esta mañana lo decía la ministra. Decía: estamos muy contentos porque la Unión Europea nos reconoce las reformas que hemos hecho y rebajaremos más el gasto público. Ahí no estaremos con ustedes, y menos en detrimento de la pensión de jubilación de los ciudadanos de nuestro país, que son más de 9 millones y medio en este momento. 

El hecho de que crezcan los pensionistas no es gracias a usted ni a su grupo; crecen los pensionistas porque ya estaba previsto, por ejemplo, en la reforma de 2011 que acordó el Gobierno del Partido Socialista con los agentes sociales. 

Por cierto, un consenso al que ustedes renunciaron en el último momento por una cuestión electoral; venían elecciones y no querían reconocer que habían ampliado la edad de jubilación a sesenta y siete años. (Aplausos). 

Nosotros hemos llegado a este acuerdo, a esta transaccional, porque queremos que el pacto se consiga. Tenemos muy claro que vamos a llevar hasta el final estas PNL y estas PL —proposiciones que, por cierto, la señora ministra se ha dedicado a desglosar a lo largo de su intervención; es decir, nosotros ya aportamos, ya llevamos trabajo hecho en este Parlamento—. 

Para empezar, la proposición de ley de revalorización de las pensiones, a fin y efecto de que en 2017 sea el IPC el que revalorice las pensiones de jubilación. Voy acabando. Cuando estudiaba derecho, de esto hace ya unos cuantos años, había un artículo del Código Civil que hablaba de la buena fe, un artículo del Código Civil que venía a recoger el abuso de derecho. No porque uno aplique la ley no hay abuso de derecho. 

Ustedes, a lo largo de cinco años, han estado abusando de su mayoría absoluta para actuar en contra del sistema de pensiones, y la prueba la tenemos ahora; en contra del sistema laboral, que lo tenemos ahora como lo tenemos. No le reconocemos la mayor, señora España, ni aprobamos la actitud prepotente —siento decirlo así—, no de usted, sino la del Partido Popular a lo largo de estos cinco años, y esta mañana alguna cosa hemos visto también en la comparecencia de la ministra. Muchas gracias. (Aplausos).

DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE LA CREACIÓN DE UN PACTO SOCIAL, POLÍTICO E INSTITUCIONAL PARA LA MEJORA, MODERNIZACIÓN, AGILIZACIÓN E INDEPENDENCIA DE LA JUSTICIA. (Número de expediente 162/000091).

El señor CAMPO MORENO: Señor presidente, señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Ciudadanos nos propone la aprobación de una iniciativa no legislativa con la que aunar voluntades sobre la creación de un pacto social, político e institucional de la justicia, pero además nos lleva a postulados definidos conforme a su exclusivo credo. 

Basta leer su propuesta para constatar que ya tiene modelo para muchas de las cosas, por ejemplo la elección por los jueces de los vocales del Poder Judicial. Por cierto, en su enmienda, y sin duda buscando el acuerdo de los demás grupos, profundiza aún más en su propuesta. Creemos que no es el camino adecuado y de ahí nuestra negativa a tal propuesta. 

No voy a aburrirles hablándoles sobre la situación de la justicia ni sobre lo necesario que es dialogar, discutir si hace falta y transigir para llegar a acuerdos. Me quedo hasta con lo que expresó el ministro de Justicia hace unos días: Es la hora de los frutos y no de las flores. Entonces, ¿por qué el Grupo Ciudadanos nos presenta ahora este juego floral? 

Deberíamos estar preocupados por buscar una metodología, por priorizar temas y fajarnos en ellos hasta encontrarles solución. No queremos que el Grupo Socialista caiga otra vez, como en un tiempo no muy lejano, en esa dinámica de las palabras huecas y las realidades inmutables, abrigadas por un presunto pacto. 

Queremos realidades como las que se llevaron a cabo bajo el último Gobierno socialista. Esos sí fueron frutos y de los buenos. Entre todos —todos, señorías— determinamos qué hacer, cuándo y cómo hacerlo. Señorías, ustedes nos piden un contrato de adhesión bajo la fórmula del aparente consenso y no es buen método de trabajo. 

Para justificarlo, me van a permitir que les lea unas líneas de una cita muy breve, que se refieren precisamente al consenso o al mal entendimiento del mismo. Comienzo de la cita: Estamos ante una especie de talismán, pues a veces con su sola invocación se nos quiere presentar como todo un programa de actuación pública, pero la verdad es que no nos dicen más. No explican cuál es su criterio, cuál es su forma de enfocar el problema. 

Les leo algo más de la cita: El diálogo y el consenso no pueden convertirse en el taparrabos de quien no tiene rabo, porque proceder de ese modo es confundir el procedimiento con la sustancia, el camino con la pasada y el humo con el fuego. Fin de a cita. 

Creo que muchos de ustedes ya habrán averiguado el autor de la cita que acabo de mencionar; efectivamente, el doctor Sosa Wagner, tan invocado hasta hace muy poco por aquellos que enarbolaban la nueva política Y sí, la dice en el libro La trampa del consenso, libro de Thomas Darnstädt, donde analiza el modelo alemán. 

Pero no nos desanimemos y marquemos un método de trabajo; fijemos prioridades y entre todos resolvamos lo que tenga solución. Y, señores del Gobierno, arbitren presupuestos para llevar a cabo lo que seamos capaces de consensuar. 

Sí, señoras y señores del Gobierno, ábranse a la acción colectiva y dejen de lado su individualismo excluyente, ese del que hicieron gala durante la X Legislatura, que pasará a la historia como la legislatura del rodillo. Hoy la cosa va de citas, discúlpenme. Ahora le toca a Kapuściński. Sí, señorías, no olviden que el mayor descubrimiento del hombre no ha sido la rueda, sino el encuentro con el otro, con el semejante. 

Ustedes, desgraciadamente, se olvidaron de este descubrimiento y solo se preocuparon de hacer a los demás responsables de todos los problemas. Legislatura nefasta en materia de justicia, aunque tengo que decirles que me alegro enormemente de la retirada en su escrito de la enmienda 8863. 

El Grupo Ciudadanos pide consenso ante la falta de independencia judicial, la falta de medios y la organización obsoleta. Disculpen, pero no distinguen entre lo que deben ser reformas de la justicia y reformas en la justicia. Es más, ni siquiera, en su confusión, esos puntos parecen tomarse pacíficamente. 

Fíjense, por ejemplo, en la falta de la independencia judicial. Señorías, con todo el respeto les digo que hablar de la independencia judicial y del Consejo General del Poder Judicial es equivocado. En el Poder Judicial cada juez tiene que ser independiente y lo es en la medida en que juzga y hace ejecutar lo ejecutado. 

No se predica eso en el órgano político del Consejo General del Poder Judicial. Me remito precisamente a la doctrina del Tribunal Constitucional en esta materia. El propio presidente del Tribunal Supremo decía hace unos días que nuestros jueces son rabiosamente independientes cuando resuelven sus asuntos. El consejo y la forma de elegir los vocales es otra cosa. 

La Constitución y el Tribunal Constitucional, como digo, ya se refieren a ello. ¡Qué pena no contar con tiempo para explicarles una vez más que el sistema actual es mejorable! Pero no olviden una cosa: las Cámaras no eligen a los miembros de la carrera judicial que desean; los eligen entre aquellos que los jueces han seleccionado previamente. 

Termino. La justicia ha vivido y vive hoy bajo el foco de la provisionalidad, lo que ha determinado la petrificación de un modelo. No podemos mejorar la justicia, tenemos que construirla. Busquemos un nuevo modelo de justicia que mire al ciudadano y no le ponga obstáculos como, por ejemplo, las tasas judiciales. 

Busquemos un proceso ambicioso que entrañe modificaciones normativas, organizativas y tecnológicas. Por añadidura, ese proceso modernizador se convertirá en una condición indispensable no solo para la recuperación económica, sino también para la refundación de un modelo económico más inclusivo y ético. Bajo estas premisas siempre encontrarán al Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias. (Aplausos).