SESIÓN CONGRESO 22112016 CIUDADANOS

DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE FIJACIÓN DE LA CUANTÍA DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL. (Número de expediente 122/000026).

El señor RAMÍREZ FREIRE: Gracias, señora presidenta. Señorías, nos encontramos ante una legislatura histórica, histórica por diversas cuestiones, muchas de ellas negativas —en las que hoy no voy a entrar—, pero también positivas. Tenemos la oportunidad de cerrar de una vez por todas la brecha social que ha desgarrado este país, que es tierra de cultivo donde se desarrollan mensajes populistas, demagógicos y radicales de distinta índole y que atacan directamente nuestro Estado social y democrático de derecho. 

Es nuestra obligación como representantes de todos los españoles corregir todas las deficiencias que se han producido en la anterior legislatura. En el día de hoy, el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Común Podem-En Marea —y perdonen si me olvido de alguno— nos trae una propuesta de toma en consideración para la revalorización del salario mínimo interprofesional. Señorías, no creo que en esta Cámara haya nadie que esté en contra de esa subida, ya que se trata de una política social y de distribución. 

Les adelanto que mi grupo en el día de hoy no votará en contra para que podamos tener una reflexión seria y profunda, según la necesidad que todos tenemos claro que tiene esta sociedad. 

Eso sí, como todas las políticas públicas, tiene que ser tomada en función del contexto, y el contexto en el que nos encontramos es nuestro mercado laboral, un mercado laboral que no les voy a descubrir nada si les digo que tiene una alta tasa de temporalidad y una alta tasa de precariedad; un mercado laboral donde tenemos contratos basura —personas que entran y salen sin ton ni son— y con un bajo nivel de salarios. 

En el día de hoy nos encontramos con cerca de 6 millones de trabajadores que no llegan a final de mes, trabajadores pobres que paradójicamente, y a pesar de estar   en situación activa, no pueden pagar ni la luz ni el gas ni, en muchos casos, los productos básicos. 

En este contexto es en el que tenemos que aplicar la subida del salario mínimo interprofesional que nos trae para su toma en consideración la señora Vidal. Hay que tener en cuenta que en un mercado laboral donde el 25% de los trabajadores están continuamente entrando y saliendo del mismo, este salario mínimo interprofesional puede quedarse a todas luces ineficiente. 

Señorías, esto me lleva a una pregunta sencilla: ¿hay alguna política pública que pueda mejorar, que pueda completar la situación de esos 6 millones de trabajadores que están peor remunerados en nuestro país? Desde luego que existe. Nosotros la recogíamos en el acuerdo de Gobierno con el Partido Socialista de diciembre y la hemos incluido en las 150 exigencias firmadas con el Partido Popular en el acuerdo de investidura: el complemento salarial. 

Señorías, déjenme que les relate las ventajas de ese complemento salarial tan altamente criticado. La primera de ellas es que tiene en cuenta la situación familiar y particular de los trabajadores. No es lo mismo un trabajador que no tiene personas a su cargo que aquellos trabajadores que tienen hijos, esposos o esposas e incluso ascendientes. 

Lo segundo es que computa las rentas de forma anual, una de las ineficiencias que puede tener en función de nuestro sistema actual laboral el salario mínimo, ya que el complemento salarial se computa con la renta de todo el año. 

El tercero es una política importante, y es que hay que tener en cuenta que están incluidos nuestros trabajadores más jóvenes, por tanto, también puede ser una política para incentivar su independencia y que puedan iniciar ese proyecto vital tan fundamental, sobre todo cuando tenemos un país con una de las tasas de natalidad más bajas de toda Europa. 

Está claro que si nuestros jóvenes pueden tener unas rentas dignas y se pueden independizar, podrán crear sus proyectos vitales, podrán tener hijos y podremos acabar también con un problema que está en ciernes y que es el de las pensiones. 

En cuarto lugar, el complemento salarial no desincentiva el trabajo, no como otras soluciones que se ofrecen desde el ámbito populista, como las rentas universales, que pueden hacer que algunos trabajadores piensen que no es óptimo ir a trabajar. 

Además, es un mecanismo de lucha contra el fraude. En conclusión, señorías, tengan la seguridad de que en esta legislatura requeriremos entre todos soluciones completas para problemas complejos y de que Ciudadanos estará trabajando de forma constante para mejorar, como no puede ser de otra forma, las ratios de igual social, a nuestro entender uno de los pilares fundamentales de un Estado social y democrático como el nuestro. Muchísimas gracias. (Aplausos).

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA, ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL, PARA AMPLIAR EL DERECHO DE SUFRAGIO ACTIVO A LOS MAYORES DE 16 AÑOS. (Número de expediente 122/000007).

El señor PRENDES PRENDES: Señora presidenta, señorías, como ya han repetido otros oradores, es la segunda vez en poco tiempo que los partidos nos damos cita en este Parlamento para votar una modificación de la Ley Electoral, de la Loreg. Desgraciadamente, en las dos ocasiones anteriores las propuestas no eran oportunas ni necesarias, ni tampoco lo era el método por el cual se puede llevar a cabo la reforma de una norma tan importante. 

Hace unas semanas se trataba de reformar la norma electoral para evitar un disparate político, votar en Navidad en caso de que el bloqueo político que se prolongaba en aquel momento continuase de forma irresponsable, y hoy se trata de cometer otra irresponsabilidad, atribuyendo toda suerte de bienes y de beneficios a la rebaja de la edad electoral a los dieciséis años. 

Se han citado ejemplos de derecho comparado, se ha dicho que hay recomendaciones de instituciones internacionales —es cierto—, solo a título de recomendación, la de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, pero el único país en Europa —señor Rufián, estoy seguro de que usted lo sabe— que tiene establecida la mayoría de edad para votar a los dieciséis años es Austria. Más allá de la discusión académica de los efectos que puede producir esa rebaja de la mayoría de edad electoral, tenemos ahí una cuestión que no es discutible: los efectos. 

Creo que usted estará al tanto de la actualidad política europea y sabrá que en Austria, con la próxima repetición de las elecciones presidenciales, está muy próximo a acceder a la presidencia de un país tan importante de la Unión Europea un partido llamado el Partido de la Libertad de Austria, el FPÖ, un partido de corte ultraderechista y nacionalista; en ese país es donde tienen esa maravilla de mayoría de edad electoral a los dieciséis años y donde los jóvenes pueden votar. 

Por tanto, cuidado con atribuir esa suerte de beneficios y de bálsamo de Fierabrás, para solucionar todos los problemas de una sociedad, a la rebaja de la mayoría de edad electoral, que ya ve los efectos prácticos que ha producido. No digo que sea esa la causa, pero es el único país en Europa que tiene ahora mismo esa mayoría de edad electoral. 

Hay otros países de Europa donde se han hecho experimentos con esta cuestión, en algunos Länder alemanes o también en Noruega en unas elecciones locales. También en Argentina. Decía en una anterior intervención, porque esta ya es una intervención repetida, que hasta el año 2012 Irán tenía el gran honor de ser el país con la edad más baja para poder votar, los quince años, hasta que se aprobó en el año 2012 la ley del voto juvenil en Argentina, por la que los quince años son ahora también la mayoría de edad para poder votar. 

Eso sí, a partir de los dieciocho años es obligatorio el voto. No sé si también usted pretendería trasladar eso a nuestro país. En derecho comparado, como ya hablamos en la otra ocasión, están Cuba, Nicaragua, Ecuador o Indonesia, que no sé si son los mejores ejemplos para esa mejora democrática que todos buscamos. 

Ya le digo que en Europa, excepto en Austria y Chipre, no existe esa mayoría de edad a los dieciséis años. El anterior portavoz, el compañero Legarda, ha colocado la cuestión en sus justos términos. Lo que de verdad deberíamos discutir aquí es si queremos disociar la mayoría de edad de la mayoría de edad electoral. Si lo queremos hacer así, no tengo ninguna duda de que por coherencia con nuestro ordenamiento jurídico seguro que acarrearía otra serie de consecuencias. 

Usted hablaba sobre el endurecimiento de las penas del Código Penal para los jóvenes. Usted sabe que el artículo 19 excluye del Código Penal a los menores de dieciocho años. No sé si lo que usted pretende también es que se les incluya en ese caso. 

Por eso, este es un debate de fondo, es un debate profundo, y las consecuencias que podría acarrear el romper esa coherencia que existe en nuestro ordenamiento jurídico, yo creo que es para que nos lo pensemos y mucho. Es verdad que todos los menores son titulares de los derechos fundamentales, y así lo ha señalado el Tribunal Constitucional reiteradamente, pero luego hay una graduación en su ejercicio. 

No es lo mismo la titularidad de los derechos que el ejercicio de los mismos. Hay una graduación. Si queremos alterar esa graduación, que de alguna manera da coherencia a todo nuestro ordenamiento jurídico, hagámoslo, pero pensemos en las consecuencias que ello pueda producir. Tampoco en otros países —en el caso de Austria es clarísimo y hay algunos estudios al respecto— está demostrado que esa rebaja de la edad propicie una mayor participación de los jóvenes en la política, o incluso que las políticas que diseñen los gobiernos sean especialmente atentas con la problemática juvenil. 

Yo no creo que sea ese el instrumento, aunque ya digo que debería ser un debate de fondo, un debate jurídico, de bastante más profundidad que lo que se pretende traer aquí con esta iniciativa. Lo que sí creemos es que deberíamos dejarnos de estos debates más bien interesados u oportunistas e ir al meollo de la cuestión. 

El meollo de la cuestión —y todos los portavoces que han subido hoy aquí lo han dicho— es que prácticamente todos estamos dispuestos y de acuerdo en abrir el debate sobre la reforma de la Loreg, una norma estructural de nuestro sistema democrático. 

Prácticamente todos lo dijeron aquí en el debate anterior, y algunos lo han vuelto a repetir; creemos que el método para hablar   sobre la reforma de la Loreg no es este, no es una proposición de ley oportunista como la que debatimos hace escasas fechas, sino un debate en una subcomisión creada al efecto para que en el seno de la Comisión Constitucional todos podamos hacer las propuestas que consideremos oportunas, y escuchando también las voces de la sociedad y de los expertos podamos llegar finalmente a un acuerdo sobre una reforma tan importante como esta. 

Ya lo hemos dicho, nosotros somos partidarios, es una bandera de nuestro partido la reforma de la Loreg y, además, hemos dicho claramente cuáles son los principios sobre los cuales creemos que se tiene que estructurar esa reforma. Yo no tengo ningún inconveniente en volver a repetirlos hoy aquí porque me parece muy importante. 

Esos principios son, en primer lugar, rescatar el principio de la igualdad en el voto, el principio por el cual el valor de los votos de todos los ciudadanos pesen y cuenten lo mismo, vivan en Soria, en Madrid, en Barcelona, en Guadalajara o en Gijón. 

Ese principio ahora mismo no se respeta con la Loreg. El otro día, en el anterior debate, hacíamos referencia a lo que le cuesta a cada una de las fuerzas políticas que están aquí representadas obtener un escaño, y ustedes saben que hay una distancia enorme. 

El segundo principio es que es verdad que se está abriendo una sima entre los ciudadanos y sus representantes, que somos nosotros, y esa sima se puede evitar si conseguimos que de verdad los ciudadanos sientan que su voto sirve para elegir a las personas concretas que quieren que los representen. Por eso, creemos que, como mínimo, hay que desbloquear las listas electorales y propiciar una verdadera rendición de cuentas de los representantes ante los representados. 

Por lo tanto, planteamos ese desbloqueo de las listas electorales. También planteamos otra cuestión que nos parece fundamental, y es que los partidos tenemos que acometer una reforma de nuestras estructuras, unos procesos de democratización, y por lo tanto tenemos que acudir a procesos de selección en los que cuente el voto y la opinión de los afiliados, de los simpatizantes, de las personas que se sienten vinculadas por una fuerza política y no exclusivamente dejarlo en manos de las élites políticas de los dirigentes políticos. 

Queremos también suprimir todos los impedimentos que hacen que las personas con algún grado de incapacidad física o algún impedimento puedan ejercer ese derecho tan fundamental como es el derecho al voto. Y, desde luego, queremos suprimir el voto rogado; ese voto rogado que hurta un derecho fundamental a los españoles que no viven en nuestro país y que la propia Constitución obliga a que se les garantice su derecho a emitir el sufragio. 

Queremos también la mejora de nuestra democracia con la obligatoriedad de los debates, porque, como dijimos en la anterior ocasión, el derecho a ser informado, el derecho a obtener una información sobre los programas electorales y lo que plantea cada partido no es una concesión graciable de los partidos políticos, sino un derecho fundamental de la ciudadanía. 

Lo mismo ocurre con otras cuestiones, como el voto anticipado o la mejora de los mecanismos de participación. Todo eso tiene que formar parte de los trabajos de esa subcomisión si de verdad nos queremos comprometer con una reforma tan importante como es la reforma de la Loreg. 

Para eso, señor Rufián, para la mejora de la democracia, encontrará a nuestro partido, pero donde no nos va a encontrar nunca será en propuestas de carácter oportunista como esta, que en ningún caso tratan de mejorar la democracia sino atender a sus propios intereses, esos intereses que les han llevado, por ejemplo, a que Cataluña sea la única comunidad autónoma que no cuenta con una norma electoral propia. 

En eso usted y sus socios en el Gobierno de Cataluña tienen muchísima responsabilidad. Estoy seguro de que lo que ustedes no han sido capaces de hacer en Cataluña lo vamos a poder hacer aquí, en el Parlamento español, si somos capaces de llevarlo por los cauces democráticos propios del parlamentarismo moderno, que son el trabajo en esa comisión y la búsqueda del acuerdo entre todos. Muchas gracias. (Aplausos).

DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A ALCANZAR UN GRAN PACTO NACIONAL PARA FORTALECER Y GARANTIZAR NUESTRO SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES DENTRO DEL MARCO DEL PACTO DE TOLEDO. (Número de expediente 162/000137).

El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, desde mi grupo parlamentario celebramos que sea precisamente el Grupo Popular quien traiga hoy a la Cámara una iniciativa con el objeto de alcanzar un gran pacto nacional, dentro de la Comisión del Pacto de Toledo, para fortalecer y garantizar nuestro sistema público de pensiones. 

Y digo precisamente, porque son ustedes, señorías del Partido Popular y su Gobierno, los que durante cuatro años de mayoría absoluta han tomado las decisiones, no solo en materia de pensiones sino en otras cuestiones importantes en materia de Seguridad Social, totalmente de espaldas a la Comisión del Pacto de Toledo, o lo que es lo mismo, de espaldas a los demás grupos parlamentarios y de espaldas a los agentes sociales; cuatro años de mayoría absoluta donde se han agravado los problemas que ahora deberemos afrontar entre todos a corto plazo. 

Hablamos de problemas en materia de financiación de las pensiones teniendo en cuenta que, como todos ustedes saben, en la actualidad contamos con un déficit que ronda en torno a los 17.000 millones de euros y que todas las previsiones nos dicen que el Fondo de reserva de la Seguridad Social se agotará a finales del año 2017. 

Pero tampoco han tenido el valor de acometer las reformas estructurales que necesita el sistema y se han dedicado a ir poniendo parches al problema y, lo que es más grave, siempre de espaldas a la Comisión del Pacto de Toledo, algo que pensamos que es una costumbre en este Parlamento porque también se lo vimos hacer al Partido Socialista en su momento a la hora de congelar las pensiones, que tampoco contaron con el pacto. 

Hablan ustedes en esta iniciativa de que el principal problema o reto al que se enfrenta el sistema emana de cuestiones demográficas, y en parte llevan razón. Por eso, Ciudadanos en el acuerdo de 150 medidas para la investidura les exigimos medidas que fomenten la natalidad, como es el incremento de los permisos por maternidad o paternidad hasta las veintiséis semanas, o recuperación de bonificaciones en materia de trabajadoras autónomas que se reincorporen al trabajo en los dos años siguientes al parto. 

Pero desde nuestro punto de vista el verdadero problema es nuestro modelo de crecimiento, en especial nuestro mercado de trabajo. Como saben todos ustedes, contamos con un desempleo estructural que ronda el entorno del 18% y un mercado de trabajo dual y precario, como ha dicho mi compañero Saúl anteriormente, en el que en torno a 7 millones de trabajadores obtienen ingresos anuales que no superan el salario mínimo. 

Por tanto, debemos traer cambios a nuestro modelo de relaciones laborales que generen empleo, pero no solo eso —y lo decíamos esta mañana—, no solo es necesario o suficiente generar empleo, sino que se debe generar empleo de calidad porque, señorías, sin empleos dignos difícilmente vamos a conseguir tener pensiones dignas. 

Además, nos encontramos ante un nuevo reto tras las sentencias que todos conocen de septiembre de 2016, que en esencia vienen a dar la razón a nuestras tesis de que se debe avanzar hacia un modelo de contratación que tienda a acercar en derechos a trabajadores temporales y trabajadores indefinidos. 

A dichos efectos, celebramos la comparecencia de la ministra de Empleo y Seguridad Social, doña Fátima Báñez, esta mañana, en la que ha asegurado que las intenciones del Gobierno son avanzar en el cumplimiento de los acuerdos con Ciudadanos tanto en materia de reordenación de fuentes de financiación, en materia de prolongación voluntaria de la vida laboral, así como en materia de desempleo y lucha contra la precariedad laboral, avanzando hacia un mercado de trabajo que reduzca la dualidad y la precariedad de nuestras relaciones laborales. 

No obstante, en la materia que nos ocupa en esta iniciativa y sobre la que hemos debatido esta mañana, quiero decirle a la señora ministra —no la tenemos aquí, pero sí a la señora España— que sinceramente estamos decepcionados, porque la realidad es que esta mañana cuando hemos entrado en la Comisión esperábamos salir de la misma conociendo por lo menos cuál iba a ser la hoja de ruta de este Gobierno para dar solución al problema de financiación a corto plazo de las pensiones con el alto déficit que tenemos y el agotamiento del Fondo de reserva. 

En definitiva y para ir acabando, celebramos, como no puede ser de otra manera, que el Gobierno quiera recuperar el Pacto de Toledo tratando de buscar el consenso, pero nosotros pensamos que a ustedes y a su Gobierno es a quienes les corresponde tomar la iniciativa. 

Ustedes han tomado la iniciativa a la hora de dejar el Fondo de reserva como lo han dejado y llevarnos a este déficit y entendemos que ahora también tienen ustedes que llevar la iniciativa a la hora de proponer soluciones. 

Vamos a votar a favor de esta iniciativa de reabrir el Pacto de Toledo, como no puede ser de otra manera, porque además es una de las exigencias que Ciudadanos llevaba en el acuerdo con el Partido Popular, pero tienen que ser ustedes —y repito, tienen que ser ustedes— quienes pongan las soluciones encima de la mesa para acabar con esta situación. Muchas gracias. (Aplausos) 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE LA CREACIÓN DE UN PACTO SOCIAL, POLÍTICO E INSTITUCIONAL PARA LA MEJORA, MODERNIZACIÓN, AGILIZACIÓN E INDEPENDENCIA DE LA JUSTICIA. (Número de expediente 162/000091).

El señor GÓMEZ BALSERA: Gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes. Montesquieu ha muerto. Seguro que conocen esa frase. Se atribuye a don Alfonso Guerra, vicepresidente del Gobierno cuando se aprobó la reforma legislativa que dio a este Parlamento la facultad de elegir a todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial. 

La frase ha trascendido a su autor, de hecho él mismo en sus memorias niega que la dijera. Se ha convertido en uno de esos tópicos que todos entendemos que ejemplifica en este caso la injerencia de la política en el Poder Judicial y la pérdida de confianza de los ciudadanos en la Administración de Justicia. Sin embargo, no dudamos en reconocer que la inmensa mayoría de los jueces, magistrados y fiscales ejercen su trabajo diario de manera imparcial y sin prejuicios. 

El problema está en el sistema. Pero dijera o no la frase don Alfonso Guerra, sí parece que todos los Gobiernos han tenido un especial interés en matar a Montesquieu, en nombrar a los jueces que luego les tienen que juzgar. De hecho, el propio señor Rajoy, que prometió salvarlo en su programa electoral de 2011, sucumbió también a la tentación acompañado de la mayoría presente entonces en esta Cámara. 

Pero el señor Rajoy tiene ahora un acuerdo de investidura con Ciudadanos y tiene que cumplirlo,   un acuerdo que establece en su apartado 131 poner en marcha una estrategia nacional de justicia desde el diálogo con las fuerzas políticas, los distintos operadores de la justicia y los ciudadanos para promover una justicia acorde a la realidad del siglo XXI, asegurando la independencia de su funcionamiento y fortaleciendo la configuración como servicio público de calidad. 

Este texto y otros puntos del acuerdo de investidura son los que hemos incorporado a nuestra iniciativa original por medio de una autoenmienda. Por cierto, conviene recordar también que en el acuerdo para un Gobierno reformista y de progreso, suscrito con el Partido Socialista, hablábamos de asegurar el mérito y la capacidad en los nombramientos judiciales. 

Señorías, donde priman el mérito y la capacidad no caben los nombramientos políticos. Considérenlo. No nos imaginamos que el Partido Socialista no quiera sumarse hoy a lograr una justicia más independiente. No nos imaginamos que ningún partido presente en esta Cámara quiera seguir metiendo las zarpas en la Administración de Justicia. 

Conviene recordar igualmente que esta misma iniciativa ya se aprobó en el seno de la Comisión de Justicia. Así que se preguntarán sus señorías por qué la traemos hoy a Pleno. Señorías, es que desde entonces hasta ahora han sucedido algunas cosas. 

En primer lugar, con aquel texto acordado y aprobado se puso en duda o se cuestionó nuestro compromiso con la independencia del Poder Judicial, nuestro modelo de elección de vocales del Consejo General, que no ha variado ni un ápice. Nosotros seguimos manteniendo que de los 20 vocales, los 12 de procedencia judicial sean elegidos directamente por los jueces y magistrados. Señorías, decimos quiénes los tienen que elegir —los jueces y los magistrados— pero no decimos cómo, la fórmula está abierta. 

Tendremos que consensuarla los partidos políticos en torno a las propuestas que nos hagan llegar las asociaciones, por supuesto conjugándolo también con la necesaria representación de los jueces no asociados o jueces llamémosles independientes. 

En segundo lugar, ha sucedido también que el Gobierno ha vetado nuestra proposición de ley, la de mi grupo parlamentario Ciudadanos, para reformar las tasas judiciales y suprimir las que gravan a pymes y ONG, así que, señores del Partido Popular, hoy es un buen día para que nos expliquen cómo piensan adaptar la Ley de Tasas a la sentencia del Tribunal Constitucional y sobre todo si están dispuestos a eliminar, a suprimir en todo o en parte las tasas judiciales a las pymes y a las ONG. 

A nosotros nos da igual que no sea a través de nuestra iniciativa, a nosotros nos da igual que se acabe llamando la ley Catalá de supresión de las tasas judiciales; lo que queremos es que se haga, así que háganlo ya, por favor. (Aplausos). 

En definitiva, señorías, queremos que cuando nuestros conciudadanos crucen la puerta de una sala de vistas no tengan que pagar un peaje por reclamar esos créditos, ese pequeño crédito de una empresa familiar, por ejemplo, y que además tengan la garantía de encontrarse con un magistrado independiente e imparcial, como ya lo son —porque ya lo son—; señorías, lo que no queremos es que recaiga sobre ellos la más mínima sombra del poder político, de un poder político con capacidad de influencia o decisión sobre sus destinos, sus ascensos, sus permisos o su régimen disciplinario. 

Por ello, señorías, presentamos a su consideración un texto enmendado más ambicioso que el original, en el que además de emplazar a todos los partidos políticos a participar en la llamada estrategia nacional de justicia, les proponemos dotar suficientemente el presupuesto destinado a justicia, porque no queremos que la justicia siga siendo la hermanita pobre de los presupuestos; 

poner en marcha un plan específico de modernización de la Administración de Justicia, dotado con 500 millones de euros en el acuerdo de investidura suscrito con el Partido Popular; reformar la Ley de Tasas Judiciales, adaptándola a la sentencia del Tribunal Constitucional y contemplando exenciones para las pymes y ONG; implementar las oficinas judicial y fiscal, 

buscando una mayor eficiencia de las mismas y, por supuesto, asegurar la independencia de nuestros jueces y magistrados, no solo en cuanto al nombramiento de sus órganos de gobierno sino también revisando su régimen de incompatibilidades, las puertas giratorias y reforzando su carrera, primando el mérito y la capacidad y no solo la antigüedad en procesos que sean más transparentes. 

Piensen, señorías, que esta proposición no de ley no pretende cerrar ninguna puerta; lo que pretende es abrir las puertas del diálogo entre los partidos políticos y también con  los llamados operadores jurídicos. Tendremos que escucharles y tendremos que tenerles en cuenta si queremos llegar a buen puerto. 

Lo que no queremos en modo alguno, señorías, son más titulares como este (Muestra el titular de un periódico), titulares en los que se recoge una reprobación del Consejo de Europa y donde se dice: La institución cree que no ha habido avance alguno para garantizar la independencia de los jueces. Termino ya, señorías. 

La reforma y mejora de la Administración de Justicia es una prioridad para el Grupo Parlamentario Ciudadanos porque estamos convencidos de que con ello mejorará la lucha contra la corrupción, mejorará la percepción que la ciudadanía tiene de las instituciones en su conjunto y además favorecerá positivamente nuestra capacidad para superar la profunda crisis económica sufrida en los últimos años. Muchas gracias. (Aplausos).

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):

DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE FIJACIÓN DE LA CUANTÍA DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL. (Número de expediente 122/000026). 

La señora PRESIDENTA: Señorías, ocupen sus escaños. Va a comenzar la votación. Votamos, en primer lugar, la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre fijación de la cuantía del salario mínimo interprofesional. Comienza la votación. (Pausa). 

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340 más 1 voto telemático, 341; a favor, 173 más 1 voto telemático, 174; en contra, 137; abstenciones, 30. 

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos).

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA, ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL, PARA AMPLIAR EL DERECHO DE SUFRAGIO ACTIVO A LOS MAYORES DE 16 AÑOS. (Número de expediente 122/000007). 

La señora PRESIDENTA: Pasamos a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para ampliar el derecho de sufragio activo a los mayores de dieciséis años. Comienza la votación. (Pausa). 

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340 más 1 voto telemático, 341; a favor, 167 más 1 voto telemático, 168; en contra, 173. 

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada. 

PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN): 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A ALCANZAR UN GRAN PACTO NACIONAL PARA FORTALECER Y GARANTIZAR NUESTRO SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES DENTRO DEL MARCO DEL PACTO DE TOLEDO. (Número de expediente 162/000137). 

La señora PRESIDENTA: Continuamos con la votación del texto de las proposiciones no de ley. En primer lugar, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa a alcanzar un gran pacto nacional para fortalecer y garantizar nuestro sistema público de pensiones dentro del marco del Pacto de Toledo. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Socialista, Ciudadanos, Vasco (PNV) y Mixto. Comienza la votación. (Pausa). Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 267; abstenciones, 72. 

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE LA CREACIÓN DE UN PACTO SOCIAL, POLÍTICO E INSTITUCIONAL PARA LA MEJORA, MODERNIZACIÓN, AGILIZACIÓN E INDEPENDENCIA DE LA JUSTICIA. (Número de expediente 162/000091). 

La señora PRESIDENTA: Pasamos, a continuación, a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre la creación de un pacto social, político e institucional por la mejora, modernización agilización e independencia de la justicia. Se vota en los términos resultantes de la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Comienza la votación. (Pausa). Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 165; en contra, 169; abstenciones, 4. 

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada. (Aplausos)