jueves, 22 de diciembre de 2016

CONGRESO DIPUTADOS 21122016 SESIÓN CONTROL

DEL DIPUTADO DON ALBERT RIVERA DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES: ¿CÓMO PIENSA EL GOBIERNO AFRONTAR LA REFORMA CONSTITUCIONAL EXPRÉS NECESARIA PARA LLEVAR A CABO EL COMPROMISO DE ELIMINAR LOS AFORAMIENTOS DE LOS DIPUTADOS, SENADORES Y MIEMBROS DEL GOBIERNO DE ESPAÑA RECOGIDO EN EL PUNTO 94 DE NUESTRO ACUERDO DE INVESTIDURA? (Número de expediente 180/000068). 

La señora PRESIDENTA: Pregunta del diputado don Albert Rivera Díaz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, a la señora vicepresidenta. 

El señor RIVERA DÍAZ: Gracias, presidenta. Vicepresidenta, en esta legislatura tenemos un reto importante para recuperar la confianza de los ciudadanos. El segundo problema para los españoles, a pesar de la crisis y de los problemas económicos, sigue siendo la corrupción. Además, hemos propuesto algunas medidas en esas exigencias que pedía Ciudadanos a cambio de poner en marcha esta legislatura. 

Hay tres puntos básicos que nosotros creemos que pueden ayudar a recobrar la confianza. Primero, la reforma del Poder Judicial. Queremos que los jueces escojan a la mayoría de miembros del Poder Judicial, no que los políticos y las cúpulas de los partidos escojan a los jueces. Esa es una de las reformas que tenemos que poner en marcha, recogida en ese acuerdo. 

El segundo punto, sin duda, es el pacto anticorrupción. Queremos librar de sospecha a los escaños de esta Cámara y al Gobierno de cualquier investigación judicial por corrupción que pueda sufrir cualquier diputado o cualquier miembro de esta Cámara o del Gobierno. 

Y el tercero, que es por lo que le pregunto, es la supresión de aforamientos porque si los políticos no pueden colocar a los jueces ni quitarlos y, además, nadie se puede atornillar al escaño para ir a un tribunal especial o privilegiado seguramente podremos recobrar la confianza de los ciudadanos. 

Yo le quiero preguntar, vicepresidenta, por ese punto número 94 del acuerdo que habla de suprimir aforamientos de cargos políticos y cargos electos: qué piensa hacer el Gobierno o si tenemos que ponernos en marcha los grupos parlamentarios pero, sobre todo, qué hay que hacer para que en el primer trimestre del siguiente año, en el primer periodo de sesiones, podamos poner en marcha una reforma que creo, sinceramente, que todos los españoles, independientemente de su ideología, esperan de nosotros. (Aplausos). 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Señora vicepresidenta. 

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas gracias, señora presidenta. Por coherencia, yo tengo que contestarle sobre la reforma de la Constitución en los mismos términos que a sus compañeros de Podemos: que el Gobierno no ha impulsado nunca ningún proyecto de reforma de la Constitución —y los ha habido— porque es esa una competencia que siempre han asumido las Cortes Generales. 

Pero también por coherencia le digo que el Partido Popular es un partido que cumple sus compromisos, que tenemos un compromiso con ustedes cifrado en el punto 94 de nuestro acuerdo, que además tenemos un compromiso con el conjunto de los ciudadanos, que es trabajar para la regeneración democrática y que, además, estas Cámaras nos establecieron ese compromiso ya en una ley de marzo de 2015 que tenemos que cumplir. (Aplausos). 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Señor Rivera  

El señor RIVERA DÍAZ: Muchas gracias, presidenta. Tenemos 266 senadores y 350 diputados, junto a los miembros del Gobierno, afectados por dos artículos de la Constitución, el 71.3 y el 102.1. Ambos artículos se pueden modificar en esta Cámara y de manera exprés; de hecho eso es lo que dice el acuerdo, no hace falta tardar tres años para suprimir los aforamientos. 

Porque espero, además, que —en este caso Podemos— no veten ni frenen la supresión de los aforamientos; nadie lo entendería y espero que podamos hacerlo de manera ágil y rápida en esta Cámara. 

Por tanto, vicepresidenta, lo que queremos es que igual que ustedes cambiaron un artículo como el 135 de manera exprés y por necesidades de aquel momento, en este momento en que la gente no confía en la política —de manera exprés— todos los partidos en el primer trimestre de este año nos pongamos a trabajar y podamos decir que los políticos no queremos privilegios, que queremos ir al mismo tribunal que el resto de ciudadanos españoles. 

Si conseguimos eso, vicepresidenta, ya será un paso de lo que no se ha hecho en los últimos años pero, sobre todo, para que la gente vuelva a recuperar la confianza en esta Cámara. (Aplausos). 

La señora PRESIDENTA: Señora vicepresidenta. 

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas gracias, señora presidenta. Yo creo que, además de modificar los aforamientos, tendremos que hacer otras muchas cosas para dignificar la política y recuperar la confianza. Pero dado que me pregunta por los aforamientos, le expondré tres o cuatro cuestiones que yo creo que tendremos que aclarar para seguir avanzando en esos trabajos. 

El sistema de aforamientos, de determinación de la competencia procesal es un todo y, lógicamente, con la reforma de la Constitución arreglamos una parte. Hay 2.000 aforados entre cargos público y cargos electos; luego tenemos 15.000 entre jueces y fiscales y 263.000 aforados parciales que pertenecen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Aunque solo vayamos a hacer la primera, como usted bien decía, con la reforma de la Constitución arreglamos 650 aforamientos pero nos queda el resto hasta llegar a 2.000. Por tanto, tendremos que analizar y acompasar la reforma de la Constitución con la reforma de diecinueve estatutos de autonomía, con la de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con la de la Ley Reguladora del Defensor del Pueblo y con las de otras leyes reguladoras de otras instituciones que aforan a presidentes y miembros del Tribunal de Cuentas, del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial. 

En segundo lugar, me he leído el programa de todos los que estamos en esta Cámara y aquí ya hay una primera cuestión que me suscita dudas y es si vamos a eliminar los aforamientos para todos los delitos o solo para los no relacionados con la vida pública porque eso es lo que defiende el Partido Socialista, ustedes y el Partido Podemos. 

Si esto es así, tendremos que definir qué se entiende por delitos de la vida pública y si no es así, tendremos que acompasar, al menos en lo que se refiere a los miembros del Gobierno, otros órdenes jurisdiccionales como es el contencioso-administrativo, porque ya sabe usted que la jurisdicción penal es preferente. Por otro lado, señoría,… (Aplausos).

DEL DIPUTADO DON JOSÉ MANUEL VILLEGAS PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿QUÉ PIENSA HACER EL GOBIERNO PARA DEPURAR RESPONSABILIDADES POR LA FALTA DE PLANIFICACIÓN EN LA CONCEPCIÓN, ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS AUTOPISTAS RADIALES QUEBRADAS? (Número de expediente 180/000069). 

La señora PRESIDENTA: Pregunta del diputado don José Manuel Villegas Pérez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

El señor VILLEGAS PÉREZ: Gracias, presidenta. Señor ministro, nos ha quedado claro que ni ustedes ni el Partido Socialista pueden sacar pecho en cuestión de infraestructuras. En este país los españoles durante estos años de crisis han soportado recortes en los servicios públicos fundamentales. Los españoles han soportado que no haya dinero para pagar los derechos que la ley reconoce a los más vulnerables, a las personas afectadas por dependencia. 

Los españoles han soportado que su Gobierno, que el señor Montoro, les subiera los impuestos y se los siga subiendo a día de hoy. Pues bien, esos mismos españoles se desayunan estos días con la noticia de que la incompetencia de sus Gobiernos, de los Gobiernos del Partido Popular, a la hora de gestionar el dinero público, nos va a costar 5.500 millones de euros. 

Por eso le pregunto, señor ministro, qué piensa hacer el Gobierno para depurar responsabilidades por la chapuza en la adjudicación de las autopistas quebradas. (Aplausos). 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Señor ministro. 

El señor MINISTRO DE FOMENTO (De la Serna Hernáiz): Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Villegas. 

Le acabo de decir lo que el Gobierno piensa hacer: poner en marcha y garantizar esas autopistas y su funcionamiento, llevar a cabo medidas para minimizar ese impacto y, especialmente —ahora le hablaré de ellas, si usted las desea conocer, pues espero que lo que quiere sea mirar hacia el futuro y ver cómo podemos tratar de minimizar en las futuras concesiones administrativas este tipo de cuestiones—, adoptar una serie de medidas para permitir mejorar la situación. 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Señor Villegas. 

El señor VILLEGAS PÉREZ: Señor ministro, queda claro que no va a tener consecuencias la chapuza. Ustedes, su Gobierno, hicieron unas autopistas sin calcular cuántos vehículos iban a pasar ni cuánto iban a costar los terrenos que tenían que expropiarse. 

Ustedes, señores del Partido Popular, que pretenden dar lecciones de buena gestión, son, junto con el Partido Socialista, los principales responsables de un país con autopistas sin coches, de un país con aeropuertos sin aviones y de un país con trenes sin pasajeros. 

No ha dicho qué consecuencias va a tener, qué piensan hacer para depurar responsabilidades, pero al menos aproveche el tiempo que le queda para mirar a los ojos a los españoles y pedirles perdón por su mala gestión y decirles que esto no va a volver a pasar. 

Y para que no vuelva a pasar, haga caso de las propuestas que Ciudadanos le pone encima de la mesa. Cambien la ley que regula la responsabilidad patrimonial de la Administración para evitar seguir con el capitalismo de amiguetes, con los negocios sin riesgo. Aumente la transparencia en este tipo de contratos. 

Planifiquemos y diseñemos entre todos las infraestructuras de este país, de acuerdo a las necesidades y no de acuerdo al pelotazo de algunos o a las necesidades políticas de un político en campaña. Hagan que un organismo independiente informe sobre la idoneidad de la obra pública, para que no sea el político de turno el que decida. Hagamos algo para evitar que su mala gestión siga costando miles de millones a todos los españoles. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor ministro. 

El señor MINISTRO DE FOMENTO (De la Serna Hernáiz): Gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Villegas. Señoría, efectivamente, ese tráfico fue inferior desde 2008 a 2012 al inicialmente previsto, entre otras cuestiones, porque en el conjunto del país se produjo una reducción media del tráfico en esas autopistas de peaje y en el conjunto de autopistas de peaje estatales en torno al 35%, algo francamente difícil de prever en el momento en que comenzó la crisis económica. 

En cuanto a las expropiaciones, la decisión se hace con un jurado, el jurado de expropiaciones, que tuvo en cuenta el valor atendiendo a la clasificación del suelo. Luego es difícil buscar responsabilidades con posterioridad a que los jueces emitieran que esos terrenos se deberían haber valorado como urbanos y se incrementara en casi 2.000 millones el valor de los mismos, sin que, por cierto, desde el Grupo Socialista se planteara recurso de ningún tipo con relación a esta cuestión. 

Por eso, comparto muchas de las cuestiones que usted plantea de cara al futuro, y eso es lo que le hemos propuesto, un acuerdo nacional en el marco de las infraestructuras, en el marco de los transportes, para adoptar medidas de cara al futuro, como, por ejemplo, que la Administración pueda actuar, como no hizo el Partido Socialista, si se multiplican los costes de las expropiaciones sin causa razonable; así como plantear recursos de lesividad para poder atender a esos incrementos del precio. 

En segundo lugar, comparto con usted el establecimiento de mecanismos independientes que aseguren también que esas futuras concesiones se liciten con la viabilidad más ajustada posible, y para ello vamos a tener la oficina nacional de evaluación, creada en la Ley 40/2015, que se puede encargar perfectamente de analizar la conveniencia de licitar o no estas concesiones. 

Y, en tercer lugar, endurecer todo aquello que tiene que ver con el riesgo y ventura, y para ello la Ley de Contratos —les animo a participar y a hacer aportaciones— puede proponer precisamente hacer una transferencia del riesgo expropiatorio al privado. Muchas gracias. (Aplausos).

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