viernes, 16 de diciembre de 2016

CONGRESO DIPUTADOS MEDIDAS URGENTES SOCIALES

REAL DECRETO-LEY 3/2016, DE 2 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO DIRIGIDAS A LA CONSOLIDACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS Y OTRAS MEDIDAS URGENTES EN MATERIA SOCIAL. (Número de expediente 130/000002). 

La señora PRESIDENTA: Pasamos a debatir el Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social. Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Hacienda y Función Pública. 

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): Señora presidenta, señorías, ocupo la tribuna para explicar y defender en nombre del Gobierno el Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social. He de decir que la causa de las medidas que adoptó el Consejo de Ministros, que hoy pide su refrendo a la Cámara, es allegar los recursos tributarios suficientes para cumplir con los objetivos de déficit que tenemos comprometidos, acordados con las instituciones europeas para el año 2017. 

Con esta formulación —y ya tendremos ocasión de hablar de ello en el punto siguiente del orden del día esta mañana en el Congreso de los Diputados— quiero recordar que estamos urgidos a reducir el déficit público en 16.000 millones de euros, desde el déficit con el que vamos a cerrar este ejercicio 2016, un 4,6 %, hasta el 3,1 %, lo que significa realizar un gran esfuerzo de ponderación. 

El hecho de acometer ese esfuerzo con la mesura correspondiente nos lleva a solicitar el refrendo a medidas de este calibre como las que traemos aquí, que son medidas, insisto, necesarias para cumplir con ese objetivo de déficit, que es la mejor forma también de consolidar la recuperación económica y la creación de empleo en nuestro país. 

Las medidas en el ámbito tributario —que aunque tampoco es necesario que ocupe demasiado tiempo en la descripción voy a relatarlas lo más brevemente posible— afectan a los ingresos del Estado, y se refieren a la reforma del impuesto sobre sociedades y de los impuestos especiales para lograr un incremento estructural de la recaudación, que entendemos que es la menos perjudicial para la continuidad del crecimiento y de la creación de empleo. 

Siempre modificar impuestos tiene un efecto sobre la economía y la opción del Gobierno —hablada y acordada con otros grupos políticos y ahora me referiré a ello—, que trae a la Cámara, es la más neutral de las formas de recabar ingresos tributarios en una situación económica como la que estamos atravesando; aun así estaríamos promoviendo un ingreso estructural, que es el que nos pide también nuestro compromiso europeo equivalente al 0,5 % de nuestro producto interior bruto. Repito que las medidas se refieren al impuesto sobre sociedades y a los impuestos especiales. 

La primera de las medidas sobre el impuesto sobre sociedades significa que, sin modificar la estructura del impuesto —que fue objeto de reducción su tipo impositivo y hoy está vigente en España el 25 %—, sin modificar otros elementos sustanciales del impuesto —hoy están en España vigentes la reserva de capitalización y la reserva de nivelación, cuya aplicación hace que todavía ese tipo nominal en vez del 25 % en el caso de las pymes pueda quedar en el 20 %— sí limita la deducibilidad de la base imponible o las pérdidas acumuladas en ejercicios anteriores o determinados motivos de tributación, como son la reversión de la pérdida del deterioro de los valores representativos de las participaciones en la capital con fondo propio, o modificar el régimen de exención de dividendos y rentas derivadas de la transmisión de fondos propios de entidades residentes y no residentes. 

Es decir, estamos partiendo de que los beneficios se han incrementado en nuestro país, y lo que estamos limitando es la deducibilidad de la base imponible de esos beneficios, pero afortunadamente los beneficios empresariales aumentan en España, y es lo que necesita España, que aumenten esos beneficios empresariales, y obviamente de esos beneficios empresariales, que están reflejando la recuperación económica, también procede buena parte de la reinversión de esos beneficios en la estructura del impuesto sobre sociedades, que insisto en que queda intacta. 

Por tanto cambio en el impuesto sobre sociedades. La siguiente es una subida moderada de los impuestos especiales relativos al alcohol y al tabaco, el segundo de ellos claramente por motivos sanitarios, es decir, desestimular el consumo de aquellos productos que tienen efectos negativos no solo sobre quien lo practica, sino para el conjunto de la sociedad. 

Esto se llama en economía que tributen las externalidades negativas y da justificación a la existencia misma de los impuestos especiales. Por tanto gravamos esos impuestos, pero aun así con la subida que proponemos a la Cámara, que es una subida muy moderada, queda claramente por debajo de los gravámenes que soportan en el ámbito europeo.

El conjunto de estas dos subidas permitiría recaudar 4.800 millones de euros adicionales en 2017; por cierto, en la modificación del impuesto sobre sociedades también hemos seguido la recomendación de otros grupos políticos que vienen insistiendo en que había capacidad de deducir de la base imponible en el impuesto sobre sociedades. 

Por tanto estamos atendiendo a esas demandas, que es como sanear el impuesto sobre sociedades y dejarlo de manera que los tipos efectivos de gravamen se acerquen y vayan subiendo también a los tipos nominales, algo que solo podremos conseguir progresivamente, pero entiendo que es muy favorable. 

Al impacto de incremento de recaudación de 4.800 millones de euros —que decía que se completan de esta manera— también se propone en el decreto-ley la reforma de la Ley General Tributaria, para ampliar los supuestos de deudas tributarias que no pueden ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento, con un impacto importante que estimamos de 1.500 millones de euros adicionales, y que tienen su fundamento en que realmente hoy hay un acceso mucho más asequible a la financiación exterior de las empresas, por lo que no debemos convertir a la Hacienda pública, a la Agencia Tributaria en responsable de las financiaciones, sobre todo en el caso de los IVA que ya han sido cobrados, porque las retenciones de los trabajadores ya fueron objeto de limitación. 

Fíjense que en su momento elaboramos esa medida de limitar, de acotar muchísimo, cuando no de negar, las retenciones y sin embargo hoy se están creando en España 540.000 empleos, por tanto mucho daño no hicimos. Cuando ya se han cobrado las facturas del IVA lo lógico es que las empresas las reserven para ingresarlas en la Hacienda pública y no las reserven para su liquidez o tesorería. Parece un principio bastante elemental, porque las empresas no son las últimas contribuyentes del IVA, son unas intermediarias del IVA, y por tanto el IVA está en su cliente. 

Ahí es donde vemos también la capacidad de reducir lo que hoy son deudas tributarias, y que alcanzan unas proporciones en España completamente excesivas. Todo ello se completa igualmente con las medidas que también hemos introducido —y no son objeto del decreto-ley— en relación con el conocido DBP, que son las siglas en ingles del Plan Presupuestario Provisional que hemos enviado a la Comisión Europea y por el que vemos que, junto con una medida que no es necesaria y no tiene rango de ley, el real decreto vigente constituye el suministro inmediato de información de IVA, permitiendo todo esto completar la recaudación en nuestro país hasta 7.500 millones de euros; es decir, que prácticamente la mitad del recorrido de la reducción del objetivo de déficit para el próximo año —que insisto en que será objeto de debate en el siguiente punto del orden del día— se llevará a ese cometido. 

Junto con todo esto el decreto-ley también tiene medidas significativas como las relativas a los ingresos potenciales de las comunidades autónomas, que es una medida de prórroga de lo que ya existe, que es el gravamen del impuesto sobre el patrimonio. Son medidas que afectan fundamentalmente a los ingresos de las entidades locales, y por las que se aprueban los coeficientes de actualización de los valores catastrales para 2017. 

Esta medida había sido solicitada por 2.452 municipios al catastro, y por tanto hemos dado cumplida cuenta de esa actualización. La compensación por supresión del IGTE de Canarias realmente es una medida que corresponde adoptar no solo ya en cumplimiento del acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, celebrada el 16 de noviembre del año 2015, sino también por dar por finalizado un período de compensación entre la Hacienda canaria y la Hacienda del Estado, transcurridos ya veinticinco ejercicios largos desde la supresión de este IGTE. 

En el ámbito social hay medidas relativas al incremento del tope máximo y bases máximas de cotización del orden del 3 %, y programando, en una previsión legal, incrementos del tipo máximo y de las bases máximas de cotización del sistema de Seguridad Social. 

También está la medida del salario mínimo interpersonal, que será objeto de un incremento, que corresponde al Gobierno, del 8 % en este ejercicio, que viene a suponer una subida de 52,4 euros sobre su valor actual, también aquí con la prevención de que no se traslada a convenios colectivos. Este es el contenido. Acabo esta exposición del contenido diciendo que estas medidas que trae el Gobierno a la Cámara para su refrendo no son únicamente a propuesta del Gobierno, sino que son propuestas de otros grupos políticos, fruto del diálogo y del entendimiento con esos grupos políticos. Debemos resaltar ese valor. 

Es el valor del concepto de estabilidad política que deriva de la actual situación de representación parlamentaria en esta Cámara, que lo hace ineludible y positivo, e insisto en ello porque hay muchas cuestiones que pueden ser ineludibles y perjudicar en lo esencial. Pero ahora estamos en una situación política con un Gobierno apoyado en el Grupo Parlamentario Popular, en minoría, y tenemos la necesidad, la obligación y la oportunidad de traer estas medidas a las Cámaras no solo —insisto— acordadas, sino también propuestas por otros grupos parlamentarios con el fin de aportar soluciones a lo que debe ser un objetivo común: la consecución de la reducción del déficit público para el próximo ejercicio. 

Obviamente la valoración de estas medidas tiene todo que ver con el límite del techo de gasto del Estado y la fijación de los objetivos de déficit para los diferentes niveles de administraciones públicas en España. 

Por tanto tiene todo el sentido que procedamos en el orden del día del Pleno de esta Cámara a proponer la convalidación de este decreto-ley, y a partir de ahí pasar al siguiente punto, donde las medidas se incorporarían como base fundamental, no única —insisto—, para alcanzar los objetivos de déficit público. Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Girauta Vidal.

El señor GIRAUTA VIDAL: Gracias, señora presidenta. Señor Montoro, ha conseguido un decreto que es un verdadero cajón de sastre. La mezcla de asuntos es tan variopinta que a mí me ha venido a la cabeza la definición de arte que daba André Breton, líder del movimiento surrealista. 

Decía que el arte es el encuentro fortuito entre una máquina de coser y un paraguas sobre una mesa de disección. Pues a eso me recuerda este decreto, a una verdadera obra de arte surrealista. Hablemos en serio, y no porque no sea serio André Breton. Cuánta prisa para algunas cosas y qué poca prisa para otras. 

Qué poca prisa para las medidas de lucha contra el fraude, que se echan en falta, algunas tan urgentes como el suministro inmediato de información de las grandes empresas, que creía que todos coincidíamos en que era sumamente urgente, o la auditoría del sector público, que también se echa en falta. Para esto no hay prisa; solo hay prisa para subir impuestos. 

Por variopinto que sea, hay cosas de su decreto con las que estamos de acuerdo; claro, cómo no se va a estar de acuerdo en algunas cosas con esa mezcla. En algunas estamos de acuerdo, pero en otras no; ya le adelanto que nuestra posición será la abstención y que nosotros pediremos que el Real Decreto 3/2016 se tramite como proyecto de ley. 

En ese sentido, le doy la bienvenida al señor Bel, porque aunque me haya precedido en el uso de la palabra en esta tribuna, quienes se suman a la petición de tramitarlo como proyecto de ley son ustedes a nosotros. Por suerte tenemos una prueba, y es que ese gran divulgador de la árida materia tributaria que tenemos en nuestras filas, Francisco de la Torre, tenía publicada esa intención antes de que usted hablara. (Aplausos). Empezaré por algo grave. 

Han incrementado los máximos de cotización —esa fea palabra del destopado o del destopar—, han aumentado las cotizaciones de las empresas y de los empleados. Si se trata de abrir el Pacto de Toledo, hagámoslo para llegar a un acuerdo, no lo abramos unilateralmente, porque entonces nos pone muy difícil —como se ve— que lo podamos convalidar. Además le han filtrado a la prensa que terminarán ustedes por facilitar los aplazamientos de IVA a los autónomos. 

Es una información más o menos informal, más o menos oficiosa que creo que se dio ayer por parte de su secretario de Estado en un acto organizado por Deloitte; es una información tan detallada que incluso explica hasta qué punto van ustedes a dar instrucciones para incumplir lo que ahora piden que convalidemos. 

Dicen que será hasta los 30.000 euros y por doce meses. Si lo tienen tan claro, ¿por qué no lo incluyen ya en el decreto-ley? No tiene mucho sentido. Salvo que vuelva a cambiar su posición hoy mismo, ahora o dentro de media hora, lo que sabemos es que lo que nos trae aquí para pedir la convalidación endurece los aplazamientos, los endurece mucho. 

He sido autónomo muchos años, y eso de que no hay problema porque ya en un banco te lo arreglan depende, depende de los problemas por los que uno haya pasado. Venimos de años en los que a los autónomos se les han retirado las líneas de crédito, su idea de que en el IVA el autónomo no es más que un intermediario porque está haciendo de recaudador es cierto sobre el papel y en la realidad diaria lo que es cierto es que muchísimos autónomos viven como pueden y con lo que tienen en el banco van haciendo su gestión de tesorería mal que mal, de mala manera. 

Esa es la verdad y la realidad del autónomo encaja muy mal —y usted lo sabe porque paralelamente están negociando con sus representantes— con endurecer los aplazamientos. Le pido que sea claro. ¿Los endurecemos o no los endurecemos? Porque si se endurecen no se puede convalidar y el hecho es que en el decreto-ley se endurecen y usted nos explicará —espero— cómo es posible que se esté comunicando a la vez que vía instrucción eso se dejará sin efecto. 

Personalmente no lo entiendo y desde el punto de vista jurídico me parece incomprensible. Así que, incluso en ese anuncio que hacen ustedes para tranquilizar a las organizaciones de autónomos, me muestro muy escéptico y me tengo que manifestar escéptico con sus promesas, con sus compromisos, con los pactos que ustedes suscriben también me manifiesto escéptico. 

Las promesas de su Gobierno no son muy de fiar cuando pasan por el cedazo de su departamento, señor Montoro. Su departamento tiene un cedazo como el de los buscadores de oro, en cuanto ve, intuye o columbra que hay una pepita, que alguien puede llegar a tener la expectativa remota de generar riqueza está usted allí para llevársela. (Aplausos). 

Discúlpeme, señor Montoro, la materia tributaria es árida y la política tiene algo más de retórica, pero lo que le estoy diciendo es cierto, está algo decorado pero es verdad. La verdad es que usted es un buen gestor de lo suyo, pero representa en este momento un problema y una amenaza para aquellos que se quieren recuperar después de una etapa muy dura porque ustedes y también ustedes (Señalando los escaños del Grupo Parlamentario Socialista) llevan en elADN el ansia recaudatoria, entonces no conciben otra forma de conseguir ingresos para la Administración y esa ansia recaudatoria —insisto— está ya en su ADN. 

Porque si en su ADN, señores del Partido Popular hubo alguna vez la idea de que lo virtuoso era bajar los impuestos ese ADN ha mutado ya, ustedes ya son lo mismo. (Aplausos). La verdad de su intención sobre los aplazamientos se la han contado a Bruselas, a quien es difícil disfrazarle las cosas y le han explicado que piensan recaudar con ese endurecimiento 1.500 millones de euros. 

No sé si usted a don Lorenzo Amor le explica lo de los 1.500 millones de euros o se lo explica solo a Bruselas. En su voracidad insaciable, señor Montoro, ha habido excepciones, se lo reconozco. Pero esas excepciones coinciden con los años electorales. El año pasado, que curiosamente culminaba en elecciones generales, ustedes hicieron eso, bajaron impuestos. 

Fue algo insólito en el historial del Partido Popular del señor Rajoy —no del señor Aznar—, que a usted en concreto le debió doler, y le admito y le reconozco el sacrificio que debió hacer para bajar impuestos. Pero, como el único cálculo que había detrás de ese bello gesto era de tipo electoralista, el gasto también se les descontroló a la vez y la rebaja del impuesto sobre sociedades afectó a las cuentas de 2016. 

Ustedes están ahora obligados a un ajuste enorme, estamos todos obligados, España está obligada a un ajuste enorme y ustedes lo gestionan, es un tema muy serio. Ahora, que no hay elecciones a la vista —espero, salvo que el lapsus de ayer del presidente sea más que eso—, entiendo que haya que hacer esas cosas, pero ustedes lo hacen sin contemplaciones. Ustedes han aumentado recientemente los pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades; 9.000 millones de euros, nada menos, en adelantos el próximo año. 

Pero ¿de dónde venimos? Venimos de la Ley 27/2014, que condujo a que las grandes empresas en España pagaran el tipo efectivo más bajo de la historia. De ahí venimos; son ciertos bandazos que venimos dando. Desde luego, la reforma del impuesto sobre sociedades es necesaria, eso está claro, pero en su decreto, aparte de las reformas necesarias, se trasluce esa cosa de la recaudación fácil, ese 5 %, por ejemplo, en las bebidas de alta graduación y productos intermedios, y sobre todo —y esto me preocupa mucho— un gran misterio o no tanto, que es que ustedes aquí solo nos traen los impuestos especiales, pero a Bruselas les explican que se trata de impuestos especiales y medioambientales, y que su cálculo es recaudar 850 millones de euros, 600 de los cuales se prevé que se recauden vía aumento de la fiscalidad de los carburantes. 

Esto, lógicamente, es algo que afectará a la clase media y en ese punto llegamos al meollo. ¿Hasta cuándo creen que se puede exprimir, succionar, explotar, ordeñar a la clase media española, señor Montoro? En resumen, no podemos apoyar esto por su contumaz procrastinación de la lucha contra el fraude en las grandes empresas, por la forma en que aplaza usted una y otra vez —usted sí que aplaza— la necesaria auditoría del sector público. 

No le podemos apoyar aquí por destopar las cotizaciones y por abrir el Pacto de Toledo unilateralmente. No le podemos apoyar por endurecer los aplazamientos del pago del IVA de los autónomos ni por acompañar esto de mensajes contradictorios con la normativa. No le podemos apoyar por su acreditada tendencia a descontrolar el gasto público y a reducir impuestos solo en año electoral, ni por su compulsión recaudatoria… Sí, acabo. Así que, por favor, le pido contención, le pido que deje respirar a la clase media, le pido que nos deje respirar. Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor López Milla. 

El señor LÓPEZ MILLA: Muchas gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, señor ministro, nos ha hecho usted esta mañana una exposición muy poco entusiasmada, creo yo, e incluso un tanto deslavazada y con un punto de desgana, si me permite. 

Y yo lo que creo es que hay que empezar por lo más evidente y lo más evidente es que se vuelve a repetir la historia de hace cinco años, de aquella campaña electoral que ustedes hicieron prometiendo rebajas fiscales para que después una de las primeras medidas del nuevo Gobierno fuese el aumento de los impuestos, como ha ocurrido ahora. 

Imagino que esta vez no le va a echar la culpa a ninguna herencia recibida, señor Montoro, porque en este caso, después de cinco años en el Gobierno, toda la herencia es suya. Suya es la herencia de tener que afrontar un ajuste, suya es la herencia de no haber sido capaz de cumplir con los compromisos que adquirió con la Comisión Europea, suya es la herencia de haberse desviado en 2015 en más de 9.000 millones de euros del objetivo de déficit y suya es también la herencia de haberse arriesgado a esa desviación en el cumplimiento del objetivo de déficit por haber hecho un regalo fiscal a las rentas altas y a las grandes empresas. 

Además, sus responsabilidades no acaban ahí porque usted pudo utilizar los presupuestos de 2016 para encarrilar la situación, pero prefirió convertirlos en un mero instrumento de la campaña electoral del Partido Popular, hinchando los ingresos con el objetivo de esconder la pérdida de recaudación que era necesario ocultar para llevar a cabo esa mal llamada reforma fiscal, una artimaña electoral que, como ha puesto de manifiesto la Comisión Europea, por ejemplo, en el caso del impuesto sobre la renta de las personas físicas, beneficia a cada contribuyente del decil con más renta exactamente lo mismo que a veintiún contribuyentes del decil con menos renta y que, por supuesto, no ayuda en nada a quienes menos ingresan porque no pagan IRPF pero sí están pagando tasas, sí están pagando copagos, sí están pagando impuestos y sí están soportando recortes en los servicios públicos y en las políticas públicas que son más necesarias precisamente para las personas que tienen menos renta. 

De hecho, hoy nos trae usted aquí, en este real decreto-ley una reforma del impuesto sobre sociedades, que va justamente en la dirección contraria de la que se aprobó en 2014. En 2014 eliminó usted pagos a cuenta y modificó el impuesto para rebajar el tipo efectivo de las grandes empresas. Luego ha comprobado que la recaudación se venía al suelo y ha tenido que recuperar los pagos fraccionados y ahora tiene que eliminar reducciones y ensanchar bases imponibles. 

Esta reforma, a juicio del Grupo Socialista, va en la dirección correcta, por fin va en la dirección correcta, y por eso vamos a apoyarla, pero esto no significa que hayamos dejado de pensar que está pendiente una revisión integral en profundidad del impuesto sobre sociedades; eso sí, una revisión que debe hacerse procurando evitar la inestabilidad que han provocado los cambios de criterio del Gobierno en los dos últimos años. 

En este sentido podría recordarle, señor ministro, que, por ejemplo, la Comisión de Hacienda del Congreso aprobó recientemente una proposición no de ley en la que le insta a usted a poner en marcha algún tipo de mecanismo para gravar los beneficios desviados a través de las operaciones de ingeniería fiscal transfronteriza, eso que en algunos lugares se conoce como la tasa Google, que contribuye a que los impuestos que una empresa paga en nuestro país reflejen siquiera parcialmente el volumen de actividad que lleva a cabo en el mismo. 

Es verdad que esto tiene que hacerse respetando los convenios internacionales, tiene que hacerse en el marco de las decisiones que se adopten en las instituciones europeas —somos conscientes de ello—, pero no debería usted descartar la posibilidad de adoptar algún tipo de medida unilateral, como ya han hecho otros países, si encallan las negociaciones para aprobar las directivas contenidas en el pack package propuesto por la Comisión Europea. 

En la pasada campaña electoral los socialistas le dijimos a la ciudadanía que no iba a ser posible rebajar los impuestos, que incluso sería probable que fuera necesario aumentar algún impuesto, pero que lo importante era que los aumentos de impuestos no recayeran sobre las rentas medias y sobre los trabajadores. 

Hubo otras personas, entre ellas un candidato como el señor Rajoy, que decía hace unos meses que subir impuestos sería un enorme error y una gran equivocación. Incluso la secretaria general de su partido afirmó que un Gobierno del Partido Popular no solo no subiría los impuestos, sino que los bajaría. 

Y en la primera semana de junio usted mismo cayó en la tentación de anunciar que en 2017 habría margen para bajar el IRPF, cuando estaba claro que ya no iba a ser posible ni bajar el IRPF ni bajar ningún otro impuesto. Además, ayer mismo, en el Congreso, en respuesta al control parlamentario dijo usted que no pensaba subir el IVA ni ningún otro impuesto. Lo dijo ayer, señor ministro, y hoy ha venido aquí con un real decreto y en la exposición que ha hecho ha hablado de modificar impuestos, de recabar más ingresos públicos, y en un momento dado se le ha colado la expresión «subida». Sí, ha hablado de subir impuestos. 

En cualquier caso, más allá de recursos retóricos, mi grupo prefiere que queden en evidencia sus palabras y que, al final, los ajustes, los que hay que hacer, los que usted tiene que hacer por su propia herencia, se realicen a través de los ingresos, recurriendo fundamentalmente al impuesto sobre sociedades; mejor así que hacerlo sometiendo a más recortes y a más sacrificios a la inmensa mayoría de la ciudadanía. 

Desde luego, si hubiera sido de otra manera, mi grupo no lo hubiera podido respaldar y habría tenido que buscar apoyos parlamentarios en otro lugar. Quiero también poner de manifiesto que una de las razones que nos lleva a votar a favor de este real decreto es que incluye una disposición muy importante que va a permitir que las comunidades autónomas puedan continuar cobrando el impuesto sobre el patrimonio el próximo año. 

Es una figura tributaria que está gravando a un porcentaje muy pequeño de los contribuyentes, a un porcentaje muy pequeño de la población, a los propietarios de grandes patrimonios, y que es fundamental para que algunas comunidades autónomas puedan cumplir, incluso acercarse, al objetivo de déficit, como, por ejemplo, Cataluña. 

Pero tengo que recordarle también que se trata de un impuesto que necesita desde hace años una reforma en profundidad, y aquí no tengo ningún problema en hacer autocrítica. Tiene que ser un impuesto capaz de gravar correctamente todas las formas de tenencia de riqueza y un impuesto que evite que se produzca competencia fiscal a la baja entre las diferentes autonomías, porque esa competencia no solo está quebrando el espacio tributario español, sino que acaba favoreciendo básicamente a las grandes fortunas. 

Una medida de este real decreto que también saludamos es la que tiene que ver con la Seguridad Social. Saludamos que, tras cinco años sin hacer prácticamente nada, de haber permanecido ustedes prácticamente impasibles viendo cómo se vaciaba la hucha de las pensiones, el Gobierno acepte una propuesta del Partido Socialista que va en la dirección adecuada, como es la de eliminar los topes máximos y la base máxima de cotización. 

Entendemos que la urgencia de la situación en la que se encuentra el sistema de pensiones, esa a la que ustedes básicamente no habían hecho referencia hasta ahora, obliga a que quede abierto ese camino a través de este real decreto para poder elevar los topes máximos. 

Pero queremos insistir en que todas las decisiones que tengan que ver con este asunto se adopten, a partir de ahora, en la Comisión parlamentaria de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo y también en el marco del diálogo social, que son dos espacios de acuerdo muy abandonados por el Gobierno del Partido Popular durante sus años de mayoría absoluta. 

Y no solo abandonaron ustedes el diálogo social y la Comisión de acuerdos del Pacto de Toledo, sino que otra de las consecuencias de la mayoría absoluta del Partido Popular ha sido la práctica congelación del salario mínimo interprofesional durante los últimos cinco años. Solo creció en 14 euros durante esos últimos cinco años, por debajo incluso de lo necesario para que los trabajadores pudieran conservar su poder adquisitivo. 

El decreto que vamos a convalidar hoy contempla, en virtud de una propuesta de Partido Socialista al Gobierno, un aumento de 52 euros al mes, 731 euros al año, que será el más elevado de las tres últimas décadas y comparable solo a las subidas que se llevaban a cabo en los años de Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero. 

Este incremento va a ser suficiente para compensar la pérdida de poder adquisitivo que han sufrido las personas que lo cobran desde el estallido de la crisis, incluso les permitirá ganar alrededor de 3 puntos porcentuales de capacidad de compra. 

Para el Grupo Socialista es fundamental el hecho de que esta subida vaya a tener efectos inmediatos y que no quede al albur de la tramitación de un proyecto de ley o de que el Gobierno pueda eventualmente vetarla. 

Es un alivio inmediato, urgente, para centenares de miles de trabajadores que han soportado todas las subidas de tasas, de impuestos y los copagos del Gobierno de Rajoy en los últimos cinco años y que no se han beneficiado, desde luego, de la amnistía fiscal ni de sus rebajas fiscales para las rentas altas y las grandes corporaciones. Son trabajadores que padecen la precariedad generada por la reforma laboral del Partido Popular y los principales damnificados por los recortes en los servicios públicos.

Señorías, el Partido Socialista no renuncia, claro que no, a que el salario mínimo interprofesional alcance el 60 % del salario medio neto en los próximos años. Lo que ocurre es que parece que hay algunas de sus señorías que piensan que esta medida que se aprueba hoy es una especie de obstáculo para conseguir ese objetivo. 

Nosotros pensamos que no, que al contrario, que la medida que contiene el presente real decreto es la forma de conseguir que, en el breve plazo transcurrido desde la constitución del Gobierno, se reduzca significativamente en más de 52 euros la diferencia que hay entre el salario mínimo actual y el que establece la Carta Social Europea. 

Señorías, en estas semanas transcurridas desde la formación del nuevo Gobierno se habrá logrado una subida del salario mínimo interprofesional que multiplica por cuatro las que se llevaron a cabo en los cinco años previos del Gobierno de Mariano Rajoy. 

Este es el resultado. Para el Partido Socialista no hay mejor manera de llegar al final del camino que empezar a recorrerlo, y aunque todavía nos queda un buen trecho en lo que se refiere al salario mínimo interprofesional, hoy hemos dejado a nuestras espaldas, afortunadamente, una parte de ese camino que había que recorrer. Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

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