COMISIÓN DE EDUCACIÓN 12072018

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Muchas gracias, señora presidenta, por su recibimiento. Es para mí un honor estar aquí con todos ustedes, con todos, todas ustedes, con los que pienso trabajar mucho para llegar a acuerdos. Agradezco, señorías, la oportunidad de comparecer ante esta Comisión para presentar las líneas maestras del proyecto que me comprometo a llevar adelante como ministra de Educación y Formación Profesional. 

Permítanme iniciar esta comparecencia presentando los principios rectores que guiarán mi mandato. 

• Uno, la colaboración y el diálogo abierto para trabajar en común con la comunidad educativa y con todos los agentes políticos y sociales. 
• Dos, la firme defensa de la democracia escolar y de la escuela como lugar de aprendizaje de las virtudes cívico-democráticas. 
• Tres, la primacía de la escuela pública, de la educación pública en definitiva, como eje vertebrador del sistema educativo. 
• Cuatro, el compromiso decidido con la equidad y la inclusión educativa y contra toda forma de segregación y exclusión. 
• Cinco, el apoyo, la confianza y el desarrollo profesional de nuestro profesorado. 
• Seis, la apuesta estratégica por la formación profesional como motor del cambio de modelo productivo. 
• Siete, el diálogo y los mecanismos de cooperación territorial con las comunidades autónomas. 
• Ocho, la modernización de nuestro sistema educativo para afrontar con éxito los desafíos del futuro y de una sociedad más compleja. 
• Nueve, y por último, la estabilización de nuestro sistema desde el punto de vista normativo, presupuestario y curricular, con grandes acuerdos para la educación. 

Todos estos principios rectores tienen como objetivo mejorar los aprendizajes y las titulaciones en un sistema educativo equitativo, moderno, flexible e innovador que capacite a nuestros niños y a nuestras jóvenes para afrontar las necesidades curriculares del siglo XXI. Debemos, por tanto, dar una respuesta inteligente y dialogada, a la altura del momento y de las circunstancias. 

En relación con la colaboración y el diálogo, mi primer principio es el de colaboración y diálogo abierto con todos y todas ustedes para encontrar espacios de trabajo en común. Soy de aquellos que piensan que nadie tiene la solución completa, y esto, que es verdad en todo, lo es más en la educación, puzzle de muchas piezas. 

Mi Gobierno no las tiene todas, pero entre todos, todas, podemos reunirlas. Debemos avanzar juntos en lo que a todas nos preocupa: la mejora y la modernización de la educación, la formación profesional y la formación a lo largo de la vida como motores democráticos de la sociedad del conocimiento. Es un mandato ciudadano que nos toca construir entre todas sin dejar a nadie atrás; lo vamos a hacer con decisiones consensuadas a corto plazo y con decisiones más estratégicas y también consensuadas a largo plazo. 

La ciudadanía de este país nos reclama razonablemente un sistema educativo moderno, más abierto, menos rígido, multilingüe, cosmopolita, un sistema fundamentado en la universalidad y la inclusión, sin segregar ni excluir por capacidad, por género o por origen familiar, porque todos nos necesitamos y somos igualmente ciudadanos en construcción y aprendizaje permanente, tanto niños como jóvenes y adultos. 

El sistema educativo español da cobertura y capacita a 9 100 000 alumnos y alumnas en las enseñanzas no universitarias con el trabajo conjunto de casi 700 000 profesores. Supone un pilar fundamental del Estado del bienestar y es la inversión social predistributiva más eficaz e igualitaria que todos los Gobiernos tienen a su alcance. 

Siento un respeto profundo por sus convicciones y por sus propuestas, basadas en sus principios ideológicos y políticos; yo también las tengo, al igual que el Gobierno del que formo parte. No debemos renunciar a los principios de cada uno de nosotros pero hemos de trabajar con convicción por el bien común de los ciudadanos. 

La educación es una prioridad si queremos ganar el futuro; me atrevo a decir que es la prioridad más sustantiva y central. En relación con la defensa de la democracia escolar. Señorías, fuera de este Parlamento se ha abierto un intenso debate acerca de la educación y el profesorado que resultan necesarios para el siglo XXI, en el que participan multitud de agentes sociales, entidades, instituciones, movimientos de profesores y colectivos de padres y madres. 

Buena parte de ese debate se centra en cómo las escuelas generan hoy aprendizaje y en cómo aprenden los niños y adolescentes de hoy, los llamados nativos digitales. Se trata de un debate muy vivo y muy interesante, que demuestra la inteligencia colectiva y crítica de nuestra comunidad educativa que para este Gobierno sí que forma parte del sistema educativo español. Sin participación ni corresponsabilidad de las familias y de todos los agentes sociales y culturales, la escuela no puede hacer bien su trabajo educativo, porque todos somos educadores, nosotros también con nuestro ejemplo y nuestra ética pública. 

La democracia que queremos para el conjunto de la sociedad tiene que empezar en los centros escolares; la participación de las familias, de los municipios y del conjunto de la comunidad educativa en el gobierno de los centros, es un rasgo esencial de la vida democrática y contribuye de forma decisiva al aprendizaje de la ciudadanía. Nuestros estudiantes aprenderán a ser ciudadanos si ejercen de hecho la participación en sus escuelas y si el clima escolar de convivencia se fundamenta en la relación entre iguales y la responsabilidad mutua. 

Así que la primera medida urgente que les anuncio, señorías, es la recuperación de la participación de la comunidad educativa en los consejos escolares. Para ello modificaremos determinados artículos de la Lomce, concretamente el 122, 127 y 135, con el fin de recuperar el papel decisorio y de gobierno de los consejos escolares, cuidando también el modo de selección de los directores en los centros públicos. 

Señorías, no nos parece tampoco adecuado el tratamiento de la religión en nuestra legislación vigente, teniendo en cuenta el principio de aconfesionalidad del Estado. Les anuncio que la Religión no será computable a efectos académicos y no tendrá ninguna alternativa en forma de asignatura espejo, como hasta ahora ha tenido en los últimos años. Propongo, señorías, la creación de una asignatura obligatoria de valores cívicos y éticos, centrada en el tratamiento y análisis de los derechos humanos y de las virtudes cívico-democráticas. 

Tal y como establece la Declaración de París de marzo de 2015, asumida por los veintiocho Estados miembros de la Unión Europea y por tanto por España, la educación ha de fomentar los valores comunes de la libertad, de la ciudadanía, de la tolerancia y de la no discriminación, como pilares fundamentales de la democracia. 

Este contenido curricular no debe ser objeto, entendemos, de polémica alguna a estas alturas y menos cuando en toda Europa lleva años formando parte del currículum. Espero que nuestro compromiso con el universalismo de los valores cívicos sea compartido por todas sus señorías como una señal de madurez democrática. En relación con la primacía de la educación pública, de la escuela pública, este ministerio, el Gobierno, promueve y defiende la escuela pública como referente y eje vertebrador de todo el sistema. 

El Gobierno no va a apostar nunca por convertir el sistema o tener el riesgo de convertir el sistema en un mercado educativo sin responsabilidad social, que no haría sino aumentar la segregación de resultados y reproducir la desigualdad social. La escuela pública es la respuesta correlativa de la Administración pública para garantizar el derecho a la educación de toda persona y garantizar la cohesión social y el desarrollo cultural de la ciudadanía. 

En ningún caso va a considerarse subsidiaria o a relegarse como una opción menor, por lo que tendrá la debida preeminencia. Para ello, me propongo modificar el artículo 109.2 de la Lomce, por el cual la programación de la oferta de plazas escolares se establecía por la llamada demanda social, un eufemismo que ha servido para propiciar, en algunos casos, que la escuela pública pueda ser considerada subsidiaria de la escuela concertada. 

Del servicio público educativo también forma parte la red de centros concertados, que desempeña una función social, que tiene un carácter complementario para cubrir las necesidades de escolarización y, por ello, reciben el concierto; me consta que la mayor parte de la red concertada cumple con sus obligaciones y fines sociales, contribuyendo al fortalecimiento de nuestro sistema. 

Nos encontramos, sin embargo, con una situación excepcional en el caso de algunas escuelas concertadas que diferencian niños y niñas por razón de género, sin observancia de los principios generales de la educación inclusiva y la coeducación. 

Es preciso, entendemos, abrir un tiempo de diálogo con estos centros, muy pocos, que han optado por este modelo. Estoy convencida de que podremos acordar que el modelo coeducativo más igualitario aporta mayor valor educativo e inclusivo, en relación con una apuesta decidida por la equidad. 

Señorías, el servicio público educativo ha de regirse siempre por el principio de equidad. La equidad añade un componente de justicia al concepto de igualdad y va ligada a la personalización del aprendizaje; no todos los alumnos aprenden de la misma forma, no todos lo hacen al mismo ritmo ni tampoco todos ellos parten con las mismas condiciones sociales. 

Todo alumno, toda alumna se inserta en un contexto familiar, social, económico y cultural; como afirma Juan Carlos Tedesco, todo niño nace educable, pero el contexto social opera en muchos casos como obstáculo —como obstáculo, señorías— que impide el desarrollo de dicha potencialidad. Permítanme que me extienda en este apartado dado que considero que la equidad educativa es el corazón precisamente que bombea la calidad y la excelencia del sistema. 

Para construir y asegurar un sistema equitativo debemos comenzar como los equipos de fútbol, asegurando un buen arranque del juego desde atrás, desde los inicios, desde la educación infantil, es deber de todo gobierno progresista asegurar un buen comienzo, good start, como dicen los anglosajones. Uno de los grandes consensos que existen se refiere precisamente al enorme efecto igualador de la educación infantil y su alta rentabilidad económica. 

El premio Nobel James Heckman llegó a demostrar que cada dólar invertido en educación infantil logra una tasa de retorno de entre el 7 y el 10 % y, concluía, que siempre resultaba más rentable invertir en infancia que hacerlo en bolsa. Mi proyecto consiste en asegurar una educación infantil extendida y asequible a toda la infancia, priorizando, naturalmente, señorías, la infancia más vulnerable. 

A tal fin vamos a conseguir impulsar un programa de cooperación territorial con las comunidades autónomas en educación 0 a 3, de formato muy flexible, como corresponde a esta singular etapa educativa, incluyendo a su vez la financiación de programas de parentalidad positiva para garantizar buenas pautas de crianza y orientación educadora entre los progenitores. Será un programa focalizado entre las familias que forman parte del 30% inferior de los niveles de renta autonómica. 

En su diseño nos coordinaremos con el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil que, como saben, simboliza la prioridad de este Gobierno por la igualdad efectiva de oportunidades. Aprender a aprender ha de ser el eje transversal y el resultado acumulativo de todo el sistema educativo desde la educación infantil hasta la formación profesional y el bachillerato. Además, ha de estar plenamente asumido e interiorizado por el profesorado en su metodología y en sus prácticas de evaluación y orientación. 

En un escenario ideal la formación inicial del profesorado debe fundamentarse en este objetivo y las escuelas han de configurarse como organizaciones que aprenden y que mejoran continuamente. Para universalizar la capacidad de aprender resulta necesario un paradigma educativo inclusivo, que no deje a nadie atrás ni rezagado; para hacerlo posible vamos a derogar los itinerarios segregadores que establece la Lomce. 

Quedarán suprimidos los itinerarios diseñados a partir de los trece años, que condicionan las opciones y el futuro del alumnado según su rendimiento. Asimismo, modificaremos los programas de mejora de aprendizaje y del rendimiento y los programas de formación profesional básica para garantizar que sean caminos por los que puedan transitar los alumnos y las alumnas que necesiten más apoyo, sin por ello convertirse en vías de segunda categoría, como ahora sucede en muchos casos. 

Tal y como demuestran los informes de la OCDE y toda la evidencia científica, la segregación precoz en itinerarios empeora los resultados, resulta desmotivadora y excluyente y reproduce una pauta clasista de fracaso y abandono escolar que no vamos a permitir. Señorías, no estamos en condiciones de desaprovechar el potencial de capacidades de ninguno de nuestras alumnas y alumnos, porque todos ellos, todos ellos, son igual de importantes y necesarios para el país, para nuestra economía, para nuestra cultura y para nuestra democracia. 

De la escuela obligatoria no pueden salir adolescentes decepcionados contra el sistema, airados contra la lectura y los contenidos culturales, hostiles o reacios contra las virtudes cívicas y democráticas. Hemos de revertir esa otra dimensión hiriente del fracaso escolar, que es la desvinculación o desenganche de la escuela y de todo lo que esta representa: el valor del conocimiento y la cultura, el respeto a los demás, el pluralismo y la aceptación de la diversidad y de la ciudadanía democrática. 

Señorías, todos los cambios normativos que hasta aquí he anunciado, serán llevados a cabo de acuerdo con el rango legal de los aspectos que se vayan a cambiar, como no podría ser de otra manera. Es mi intención que la concreción y desarrollo de las propuestas que les voy mencionando se hagan efectivos de manera urgente.

Señorías, las becas y ayudas al estudio son un instrumento fundamental para compensar las desigualdades económicas del alumnado y posibilitar su acceso y continuidad educativa. Las becas se centran en neutralizar las barreras económicas de partida y no deben confundirse con un premio y menos aun con un mecanismo selectivo. 

De forma inmediata continuamos tramitando —ustedes lo saben— el vigente decreto de becas para no perjudicar a los solicitantes del próximo curso —las convocatorias han de salir cuanto antes—, sin embargo, no se puede olvidar que el modelo diseñado por mis predecesores ha perjudicado especialmente a los estudiantes con rentas más bajas, algunos de los cuales han llegado a percibir hasta el 30% de la beca que recibía con anterioridad. 

A partir de septiembre comenzaremos una revisión de todo el modelo para hacerlo más justo, más equitativo, y en ese objetivo daremos un lugar relevante al Observatorio de becas y ayudas al estudio, en el que participarán los agentes de la comunidad educativa. Nuestra intención es aumentar progresivamente la inversión en becas, dado que somos muy conscientes de que España invierte la mitad del gasto educativo en becas, un 4,3%, frente a la media europea, un 8,6%. 

Asimismo, la revisión del futuro modelo de becas debe incorporar un procedimiento más rápido y flexible de solicitud y concesión; también revisaremos cómo mejorar el impacto de las becas para prevenir el abandono prematuro y optimizar su eficacia como estímulo de la continuidad educativa. Todo este apartado de medidas tiene como objetivo mejorar los aprendizajes y las titulaciones en un sistema educativo más moderno. El sistema educativo español está bien posicionado en equidad, aunque esta se haya erosionado en los últimos años de crisis y recortes. 

Nuestros alumnos obtienen en PISA resultados muy superiores a los esperados por el nivel estructural de desigualdad y de desarrollo cultural del país. Además, lo hacen con menos condicionamiento del origen social que la media de la OCDE. Este es un éxito de nuestro sistema que no debemos degradar, sino todo lo contrario, potenciar garantizando la máxima equidad como requisito para lograr mejores resultados y mejor distribuidos. 

De esta forma, señorías, ganamos todos como país, esa es nuestra ambición y nuestra obligación como Gobierno: elevar el nivel general de conocimientos y hacerlo con justicia, demostrando que excelencia y equidad son perfectamente asumibles y compatibles. Es un desafío alcanzable, como ya lo han hecho en otros países, tenemos evidencias, países avanzados como Finlandia, Estonia o Canadá o incluso algunas de nuestras comunidades autónomas. 

En relación con la confianza y el desarrollo profesional. El profesorado, señorías, ha sufrido las consecuencias de los recortes, pero ha mantenido la calidad y los resultados del sistema, demostrando su gran profesionalidad. Ellos y ellas son el pilar fundamental de nuestra educación en general, de nuestra educación pública también y en particular, y van a tener todo el apoyo y confianza que podamos prestarles. 

Vamos a mejorar sus condiciones de trabajo para que lideren el cambio de nuestras escuelas hacia la sociedad del conocimiento, elevando sus resultados. Me propongo revertir el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo de las enseñanzas no universitarias, revirtiendo la elevación de las ratios de aula, medida que ya se había empezado a aplicar; el incremento de la jornada lectiva docente para restituir las dieciocho horas semanales, y el plazo de diez días para la sustitución de las bajas del profesorado. 

Asimismo, a lo largo de mi mandato este ministerio potenciará la inversión en la formación permanente del profesorado y en la investigación e innovación educativa. Debemos lograr que el I+D educativo llegue a las escuelas, mejore los aprendizajes del alumnado y capacite al profesorado en nuevos métodos y estrategias. 

El objetivo es activar la profesionalidad reflexiva y colaborativa de los equipos docentes para que las escuelas y el ámbito científico académico formen parte de un ecosistema integrado de aprendizaje y mejora permanente. En cuanto al abandono escolar, señorías, el abandono escolar prematuro es el principal desafío que tenemos como sociedad, como Gobierno y como objetivo de esta Comisión. 

El mapa español del abandono escolar refleja grandes desigualdades territoriales, desde el 26% en Baleares al 7% en el País Vasco. Estos datos son una prueba de que el sistema no es el único corresponsable, también lo es la estructura productiva y la pobreza infantil. Entre dieciocho y veinticuatro años tenemos una brecha de titulación, especialmente en FP, en formación profesional, de 13 puntos menos que la media europea. Este es el desafío del sistema educativo y también de nuestro modelo productivo. 

Lo vamos a afrontar entre todos con su colaboración y será una conquista social de progreso y de productividad para igualarnos a la media europea. Acabada la crisis, se acaba, señorías, el efecto de retención y refugio que ha cumplido la escuela ante el elevado desempleo; ahora, el riesgo es que el mercado de trabajo vuelva a atraer jóvenes sin titulación postobligatoria para cumplir empleos no cualificados. No podemos caer en el mismo error y activaremos una estrategia transversal de lucha contra el abandono escolar, desde tres frentes. 

En primer lugar, combatiendo la pobreza infantil; el abandono prematuro entre la infancia pobre no es del  18,5% como es la media nacional, sino del 43%, y supone una enorme injusticia que no podemos tolerar en tanto que país avanzado y desarrollado. La lucha contra la pobreza infantil es también parte del combate contra el abandono temprano. 

Por eso, actuaremos coordinados con el Alto Comisionado para la Pobreza Infantil. En segundo lugar, combatiremos el abandono prematuro previniéndolo, es decir, revinculando a los jóvenes con la escuela y con el gusto de aprender. Todos los alumnos que finalicen la educación obligatoria han de estar capacitados para aprender a aprender, y el sistema no ha de cerrarles ninguna opción o trayectoria. A tal fin se justifican las medidas contra la segregación y por la equidad que les he anunciado anteriormente. 

Además, el sistema ha de flexibilizarse, permitiendo nuevas trayectorias modulares y de retorno, reconociendo la experiencia laboral para canjearla modularmente por títulos de formación profesional. Nuestro objetivo es abrir el sistema educativo para rescatar a los jóvenes que lo hayan abandonado y recuperar sus trayectorias de aprendizaje. 

Para ello nos proponemos introducir el número de identificación del alumno como una medida censal que nos permitirá conocer mejor la trayectoria académica, individual y personalizar las respuestas desde el sistema. 

Esta está siendo una medida muy eficaz, ya introducida en otros países. Esta medida nos permitiría conocer mejor la composición socioeconómica de los centros educativos como medida previa para conocer mejor el grado de equidad y segregación entre escuelas. En tercer lugar, y siguiendo con nuestra prevención, el abandono prematuro también es un reflejo de nuestro modelo productivo y del peso que tienen sectores como la hostelería, el turismo y la construcción. 

Por esta razón, junto a empresarios y sindicatos, hemos de buscar fórmulas más flexibles que permitan compatibilizar empleo y formación simultánea, permitiendo el logro de titulaciones en formación profesional media. Ese es nuestro gran objetivo de país, no solo del ministerio. Introduciremos todos los cambios pedagógicos, organizativos y de recursos que sean necesarios para estabilizar una tasa de abandono y reducirla al 15% en el año 2020, tal y como mandan los objetivos europeos. 

Vamos a hacer entre todos una apuesta estratégica por la formación profesional. La formación profesional, señorías, tiene que desempeñar un papel estratégico en la mejora de la competitividad, en el cambio de nuestro modelo productivo. A pesar de los avances de los últimos años, es necesario potenciar y posicionar la formación profesional como corresponde a su valor determinante. 

Somos conscientes, señorías, de que la formación profesional debe contribuir de manera decisiva a la empleabilidad de jóvenes y adultos, a cambiar el modelo productivo y a luchar contra la desigualdad. Es tal la importancia que le concede este Gobierno a la formación profesional, que la hemos incorporado por primera vez en la historia a la denominación oficial de este ministerio. 

Queremos pensar en clave de futuro y acompasarnos con la Agenda 20/30 para el desarrollo sostenible, configurando un sistema coherente e integrado de formación profesional que nos llevará al nuevo espacio económico y productivo que ya se está vislumbrando en la industria 4.0. 

La reciente aprobada Ley 4/2018, de 28 de junio, de Formación Profesional del País Vasco, constituye un referente de esta posición central de la FP. Para conseguirlo debemos llegar a un amplio acuerdo de modernización del sistema, adaptarlo a las necesidades de la nueva economía y diseñar una oferta única integrada y flexible en el marco de una estrategia de educación a lo largo de la vida. 

Es el momento de integrar los dos subsistemas de formación profesional, el del sistema educativo y el de la formación para el empleo, armonización que debe ir de la mano y con la coordinación en su regulación del Ministerio de Trabajo y con participación amplia y comprometida de los agentes sociales, empresarios y sindicatos, a los que convocaremos en breve. 

Vamos a convocar a todos ellos para escuchar y compartir estas inquietudes y objetivos. Señorías, el desafío por modernizar la formación profesional en España es un auténtico desafío de Estado en el que están concernidos empresarios, sindicatos y Gobierno. Para ello se requiere del consenso para construir y diseñar las bases de una ley de formación profesional donde se definen, entre otras, la vinculación entre las políticas de educación y formación profesional y las políticas de empleo, así como las políticas de desarrollo económico. 

En paralelo a las bases de la futura ley, la acción de mi ministerio atenderá medidas de manera inmediata centradas en cuatro grandes ámbitos. Uno, la modernización y actualización de la estructura del sistema de formación profesional, entendido en su globalidad, desde la formación profesional del sistema educativo a la formación para el empleo. 

Para ello estamos dando ya los primeros pasos con el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social para crear líneas de trabajo conjunto, con el objetivo de lograr la coordinación y el reconocimiento pleno, tanto de la estructura del sistema como de su equivalencia, facilitando las pasarelas de reconocimiento entre certificados de profesionalidad y títulos de formación profesional, así como entre distintos grados de FP básica a grado medio, de grado medio a grado superior, así como armonizando las distintas formas de acceso y cursos preparatorios que ahora realizan las escuelas de adultos. Es evidente, señorías, la necesidad de revisar las familias profesionales y los títulos para adecuarlos a las necesidades sociales presentes y futuras. 

El ministerio promoverá estudios sobre el ajuste de la oferta y la demanda de formación profesional, así como las especialidades emergentes que plantea la nueva economía para una adecuada planificación. En segundo lugar, vamos a reactivar el sistema nacional de cualificaciones y formación profesional, dinamizando desde ahora los mecanismos para que puedan aprobarse los reales decretos que pongan en marcha los títulos, certificados y especializaciones pendientes de aprobación. 

Para ello debemos convocar el Consejo General de la Formación Profesional, pendiente de reunión desde hace exactamente un año. La presidencia del Consejo General de la Formación Profesional corresponde este año al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, con lo que podemos añadir, si cabe, mayor énfasis aún a nuestra vocación indiscutible de colaboración estrecha y coordinación absoluta en todos estos asuntos. 

Para que ustedes tengan idea de cuál es la situación respecto al trabajo pendiente del Incual y lo que debemos acometer el Consejo General de la Formación Profesional, he de decirles que tenemos 112 cualificaciones pendientes de completar y concluir, y en cuanto a la tramitación normativa en este momento hay un total de quince proyectos normativos que afectan a 45 cualificaciones profesionales. 

Señorías, esta reactivación del sistema nacional de cualificaciones y la formación profesional, debe dinamizar no solo los procesos de detección de necesidades reales y económicas de diseño y oferta de las enseñanzas profesionales, sino su relación con los marcos europeos sobre competencias y cualificaciones y las plataformas que favorecen la movilidad, como Eures. 

En tercer lugar, y por lo que se refiere a los distintos modelos de impartición de la formación profesional, es primordial en este momento revisar el modelo dual de formación profesional; es necesaria una regulación básica que permita, dentro de las diferencias de tejido productivo y estructura económica, organizar de manera homogénea, homologable, su regulación en todas las comunidades, para evitar la desigualdad. 

En este sentido debemos dar los primeros pasos para aprobar esta regulación, dando estabilidad al concepto y definición de la formación dual que debe, uno, contener una contraprestación económica para el alumno y evitar cualquier equiparación con el empleo precario; dos, regular adecuadamente los tiempos de estancia combinada del alumno en los entornos educativo y productivo, siempre bajo la dirección educativa, y tres, establecer de manera clara la relación contractual de estudiantes, centro de trabajo y centro educativo. 

Todo ello sin dejar también de reflexionar sobre otras modalidades de FP, como la parcial, a distancia, online cuando sea posible, así como desarrollar los cursos de especialización que atiendan las necesidades del mundo productivo. Otra cuestión, la cuarta, urgente y clave para todos, consiste en mejorar el nivel de cualificación y acreditación de los trabajadores. En estos momentos de cambio de paradigma tecnológico, debemos hacer atractiva la acreditación de la experiencia laboral para modificar y reforzar el aprendizaje a lo largo de la vida entre los trabajadores sin titulación. 

Por tanto, vamos a impulsar la mejora de los procesos de acreditación de la experiencia laboral, recogidos en el Real Decreto 1224/2009, dando mayor énfasis al desarrollo y orientación sociolaboral y cualificante de las personas, descargándolo del pesado trámite administrativo en que se han convertido. Y cinco, por último, aunque no menos importante, tenemos que impulsar un modelo integrado de orientación académico-profesional. 

Debemos revisar y regular este elemento del sistema nacional de las cualificaciones, desde la colaboración y cooperación con el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social para dar el principal servicio a nuestros jóvenes y a todas las personas que deben estar en activo en un mercado laboral cambiante y extremadamente dinámico. 

En suma, señorías, hemos de trabajar en profundidad por la formación profesional, y para hacerlo vamos a generar el mayor consenso posible entre todas las fuerzas políticas para destacarla como una opción de país cualificante, atractiva para jóvenes y adultos. En relación con el diálogo y mecanismos de cooperación territorial, señorías, diré que el sistema educativo español se corresponde con un Estado de las autonomías que reconoce y atribuye funciones definidas en cada instancia territorial y asume y respeta la garantía de autogobierno. 

Tenemos un sistema multinivel de gobernanza basado en la corresponsabilidad de las comunidades autónomas, del profesorado, de la inspección, de las familias y de los agentes académicos y creadores culturales, todos conformamos la comunidad educativa, con nuestras evidentes diferencias de criterio, pero todos somos corresponsables del aprendizaje de nuestra infancia y adolescencia; el ministerio, el Gobierno, el Estado en definitiva, que somos todos, es el rector y máximo responsable hacia la sociedad.

La descentralización de los sistemas públicos de educación es una tendencia modernizadora para hacer de la escuela una expresión de la diversidad social que la circunda. Descentralizar y otorgar autonomía a los centros es una forma de distribuir poder que persigue aumentar la eficacia, adaptarse mejor al alumnado y encauzar la participación democrática de los agentes del sistema. La autonomía escolar ha de estar condicionada a la devolución de resultados; es lo que los anglosajones llaman con éxito accountability. Ambos factores, autonomía y accountability —corresponsabilización, en definitiva— son claves para la mejora interna de la calidad y la equidad educativas. 

El modelo de corresponsabilidad que va a promover este ministerio implica también recuperar las evaluaciones diagnóstico, que podrían realizarse en cuarto de primaria y segundo de la ESO, con un doble objetivo: por una parte, a las administraciones educativas nos permitirá hacer un seguimiento de la situación del sistema; por otra, ayudará a los centros a definir sus planes de mejora de los centros. A tal efecto, constituiremos un grupo de trabajo en la Conferencia Sectorial de Educación con las comunidades autónomas, para acordar de qué manera nos parece mejor hacer esas evaluaciones diagnósticas. 

La evaluación seguirá cumpliendo, por tanto, su función diagnóstica de seguimiento del sistema educativo, para que podamos ir tomando decisiones de mejora necesarias a partir de datos fundamentales, pero a su vez consideramos fundamental promover la cultura de la evaluación en los propios centros escolares; ese es el objetivo central, señorías. 

Nadie mejor que el propio centro puede convertir los datos de las evaluaciones externas, junto con los de sus propios procedimientos de evaluación interna, en un plan de mejora preciso y con una visión de futuro; un plan liderado por equipos directivos sólidos que pueden de este modo solicitar a las administraciones educativas los recursos específicos que el plan exija; por tanto, los recursos estarán vinculados a los programas de mejora. 

En este marco cobra pleno sentido la evaluación de los centros escolares, cuando lejos de comparaciones competitivas y posibles consecuencias amenazantes, las escuelas pueden sacar toda la rentabilidad que la evaluación ofrece para la mejora. Vamos a incentivar también la mejora de resultados de las escuelas en los barrios de mayor complejidad y pobreza, aportando los recursos necesarios a través de los programas de cooperación territorial. 

Estos programas, creados también por el anterior Gobierno socialista, y que han seguido mis predecesores en algunos casos, han demostrado funcionar muy bien como instrumento federal de eficacia, de mejora y de cohesión del sistema. Vamos a evaluar los programas de cooperación territorial, ahora existente, y diseñaremos un programa también similar al antiguo PROA, de refuerzo del éxito escolar que tan buen resultado dio en las escuelas que lo implantaron en toda España. 

Vamos a reforzarlo, vamos a actualizarlo, dialogando con las comunidades autónomas, dialogando con todos ustedes, conveniando las necesidades de esas comunidades autónomas a través, en algunos casos, de contratos-programa. Señorías, este ministerio manifiesta la voluntad de reducir la conflictividad competencial con las comunidades autónomas; el diálogo y la lealtad institucional son las premisas del ministerio que tengo el honor de dirigir. Pido toda la colaboración para que la Conferencia Sectorial de Educación se reactive como órgano conjunto de política educativa y avancemos hacia los acuerdos por la educación que necesitamos. 

Como ustedes saben muy bien, nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestra economía, están viviendo momentos muy acelerados de cambio y mutación. El debate político sobre educación ha de elevar su perspectiva y alargar la mirada, puesto que lo que decidamos en los próximos años tendrá un impacto determinante en la España del 2030. Hoy más que nunca hay que repensar una nueva educación para el sistema educativo que tenemos, un sistema que no es ninguna mediocridad. 

A lo largo de estos últimos cuarenta años, España es, junto con Corea, el país que ha registrado un mayor avance educativo de su población, un auténtico salto que homologa nuestro sistema con los países más desarrollados y cultos, como pone de manifiesto PISA. Es obvio que tenemos problemas importantes y grandes desafíos; la educación siempre es perfectible, y a medida que mejora más genera más expectativas y más exigencias. 

La educación requiere tiempos largos y paciencia, pero no marchas atrás; en educación no podemos ser cortoplacistas, debemos tener muy claro de dónde venimos y adónde queremos ir, con una estrategia de medio y de largo plazo para perfilar un sistema educativo que sea motivo de orgullo de país. Durante la última década, en paralelo a la crisis económica, se ha gestado un nuevo cambio tecnológico con el desarrollo de la inteligencia artificial y la llamada cuarta revolución industrial. 

En el debate educativo hemos de tener bien presente las exigencias de cualificación que planteará ese nuevo escenario, pero también ha de replantearse si el currículo, las didácticas y la evaluación que hasta ahora han prevalecido son las más idóneas y funcionales o no. 

En una sociedad saturada de información, la clave no es contestar respuestas memorizadas en exámenes o reválidas sin saber argumentar ni construir significados relevantes ni saber desarrollar proyectos en equipo; la clave, hoy más que nunca, es universalizar la capacidad de aprender a aprender como nueva garantía al alcance de todos. Resulta necesario, por ello, acometer una revisión del modelo educativo actual para ajustarlo a los cambios tan notables que se vienen produciendo en la sociedad. 

Por expresarlo brevemente, diré que tenemos una organización escolar demasiado rígida, demasiado homogénea, con tiempos, agrupamientos y estructuras en materias que no se corresponden con la variedad de actividades que permiten aprender ni con la amplitud e interdisciplinariedad del conocimiento. 

Esta rigidez, que puede, erróneamente, hacernos pensar que garantiza las condiciones necesarias para aprender, realmente está imponiendo unas restricciones que dificultan a los niños y jóvenes para dar sentido a las actividades escolares; también restringe o limita las condiciones de las escuelas para ser más innovadoras. 

Necesitamos dar mayor flexibilidad a los centros educativos para organizar los aprendizajes de forma más significativa, mucho más motivadora para los alumnos. No se trata, en absoluto, de trivializar el papel de la escuela; al contrario, se trata de permitir establecer a la escuela condiciones para que todos y todas aprendan lo más posible, pero sabiendo que en este momento ha cambiado el cuándo y el dónde se aprende. Ayudar a repensar la escuela desde estas premisas es también para mí una meta muy importante. 

Tenemos la voluntad de promover espacios para construir este modelo y de superar normativas rígidas —todavía— y estrechas. Las buenas prácticas —que las hay y en gran número— y las innovaciones que han surgido durante estos últimos años van a recibir el apoyo y el reconocimiento de este ministerio, vamos a extenderlas, así como el refuerzo de los foros y las redes de profesorado que están liderando el cambio educativo. 

Señorías, nadie puede negar ni ocultar que la educación ha sido de las más afectadas por las políticas de austeridad, con recortes de gasto público por valor de 4500 millones entre 2011 y el actual 2018. Los años de crisis y de recortes han erosionado los servicios públicos de educación y han forzado a las familias a incrementar su gasto privado. Nuestro objetivo es recuperar la senda de la inversión social y avanzar gradualmente —gradualmente— hacia un Estado del bienestar más universal y completo, capaz de reducir las desigualdades, que han ido en aumento. 

No me cabe ninguna duda, señorías, de que compartimos la convicción acerca de la importancia central de la educación como pilar del desarrollo, la igualdad de oportunidades y la democracia en nuestro país, pero para asegurar esos efectos positivos hay que construir la política educativa desde el diálogo para lograr estabilidad no solo normativa sino también presupuestaria, organizativa, curricular. 

Soy muy consciente de que se ha hecho un gran esfuerzo en la subcomisión sobre el pacto educativo. Hay que partir del esfuerzo realizado, el esfuerzo vale, es decir, todo el trabajo acumulado ahí tiene un valor. Queremos seguirlo, aportar valor y recuperar los consensos a los que llegó en su momento la subcomisión. Todos conocemos las dificultades para llegar a acuerdos, pero vamos a partir de dichas bases para construir una nueva etapa de amplios consensos. 

Garantizar un modelo estable permitirá ganar en eficacia, en mejores resultados, introduciendo mejoras más focalizadas sobre un trasfondo de consenso, confianza y lealtad interinstitucional con las comunidades autónomas. En otros ámbitos, como pueden ser la sanidad o el sistema de ayudas a la dependencia, se ha llegado a estabilizar, ambos sistemas están estabilizados como clave del bienestar social y ¿por qué no en educación, señorías? 

Seguramente uno de los obstáculos para el acuerdo ha sido no advertir que el derecho a la educación recae sobre la infancia, sobre los hijos, sobre las hijas, sobre los individuos en definitiva, tal y como dicta la Convención de los Derechos de la Infancia de Naciones Unidas. Es decir, el derecho a la educación siempre recae sobre el individuo, que son sujetos de aprendizaje; no recae sobre las familias ni sobre los territorios ni sobre las religiones. 

¿Quién no puede estar de acuerdo con este matiz importante? Superemos —estoy segura de que lo haremos— las discrepancias, entendiendo que los derechos son siempre individuales y no adscriptivos. Los necesarios acuerdos por la educación, señorías, han de ser una inversión de futuro, con la perspectiva de los objetivos de Naciones Unidas para 2030, una vez que los objetivos europeos 2020 están a punto ya de finalizar. Les invito, nos invitamos, nos convocamos a analizar, a avanzar juntos en este desafío muy ambicioso en lugar de mirar por el retrovisor y reabrir polémicas poco sustantivas. 

Estamos aquí, señorías, para construir futuro, represtigiar nuestra educación y asegurar los recursos y los medios profesionales para garantizarlo. La sociedad española de hoy no será la misma que la que nos espera en 2030. Por ello, hemos de tener la necesaria capacidad estratégica para estabilizar nuestro sistema educativo y consensuar ahora las necesidades curriculares del siglo XXI que queremos universalizar para la infancia y la adolescencia de nuestra España diversa y plural.

Concluyo ya, señorías. Son muchos los retos a los que nos enfrentamos y la forma en que resolvamos cada uno de ellos va a afectar, con toda seguridad y de manera muy importante, al futuro de nuestra sociedad y al bienestar de los ciudadanos. 

Quiero reiterarles mi propuesta de acuerdo por la educación, de dialogar y consensuar medidas y de trabajar conjuntamente. Toda la sociedad nos está demandando una acción conjunta y decidida; vamos a aprovechar esto, vamos a aprovechar el momento porque es una verdadera ocasión, una buena ocasión para dar respuesta solidaria y unida; pensemos en el horizonte de 2030 para que una generación se beneficie de estabilidad normativa, presupuestaria y curricular. 

Como han comprobado, señorías, me dispongo a tomar medidas urgentes y de corto plazo, pero también medidas de mayor calado que requieren más tiempo y paciencia. Excelencia, equidad, innovación en una escuela de calidad del siglo XXI, para todas, para todos, sin que nadie se quede atrás; este es mi objetivo estratégico como nueva ministra de Educación y Formación profesional. Aspiramos, señorías, a unas escuelas que sean verdaderas ágoras comunitarias de democracia, convivencia, innovación y aprendizaje. 

Les invito a pensar y a actuar por el bien de la infancia en clave intergeneracional, qué legado educativo vamos a dejar a las generaciones adultas, a las próximas generaciones. Estabilicemos el sistema, construyamos juntos una educación pública que sea la joya y el orgullo de nuestro Estado del bienestar, complementándola con la red concertada; estabilicemos el sistema para que una generación pueda beneficiarse de un amplio consenso histórico que puede y debe empezar ahora mismo. 

Estoy convencida, señorías, de su buena predisposición y de su responsabilidad de Estado, porque si lo logramos ganamos todos, gana el país, gana España y, como he dicho, gana el futuro. Nada más y muchísimas gracias por su atención.