COMISIÓN TRABAJO 10072018

El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías. Se abre la sesión de la Comisión, primera que se celebra con la nueva denominación: Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. El orden del día de la presente sesión es la comparecencia de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, doña Magdalena Valerio Cordero, en sesión extraordinaria y a petición propia y de los grupos parlamentarios Popular, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos y Mixto, para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento en los concretos términos que figuran en el orden del día y que conocen sus señorías porque se les ha hecho llegar. Estas solicitudes de comparecencia se tramitan de forma acumulada. 

Además, esta sesión extraordinaria ha sido solicitada por el Gobierno al amparo del artículo 61.2 del Reglamento. En primer lugar intervendrá la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social para informar en relación con el objeto de la comparecencia solicitada y a continuación intervendrán los portavoces de los grupos parlamentarios solicitantes de la comparecencia de mayor a menor y los portavoces de los demás grupos parlamentarios de menor a mayor. 

El portavoz de cada grupo parlamentario dispondrá de diez minutos para su intervención, incluido el Grupo Parlamentario Mixto, que ha presentado dos solicitudes de comparecencia. Señorías, el presidente será flexible en el tiempo, pero no abusen de su generosidad. Y, sin más, damos la palabra a la ministra doña Magdalena Valerio para que haga su intervención. 

La señora MINISTRA DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (Valerio Cordero): Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Comparezco por primera vez como ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social para explicar las líneas generales de actuación que vamos a impulsar desde el ámbito de la responsabilidad que me corresponde. 

Soy plenamente consciente de la importancia de las decisiones que tenemos que tomar en el ministerio que lidero, que afectarán a millones de personas de nuestro país, y precisamente por esta trascendencia les anuncio que el diálogo social con los agentes sociales y económicos será el pilar fundamental de nuestra acción de Gobierno, así como el diálogo político con los diversos grupos parlamentarios y la coordinación con las distintas administraciones pública y en especial con las comunidades autónomas, y todo ello con la mirada puesta en Europa. 

Saben sus señorías que el diálogo es esencial en una democracia; sin embargo, en el ámbito de las relaciones laborales es un requisito imprescindible para contribuir a mejorar la vida de las personas trabajadoras y de las que están desempleadas, tanto de los que nacieron y viven aquí como de los que han tenido que buscar una oportunidad laboral fuera de nuestras fronteras, al igual que de aquellos que vienen a España huyendo de la pobreza, de la guerra o de la persecución por distintos motivos, personas, en definitiva, que requieren de ayuda humanitaria y una posibilidad cierta para rehacer su vida; también de los que cobran una pensión y de los que aspiramos legítimamente a cobrarla en un futuro más próximo o más lejano. 

Tenemos que ser plenamente conscientes de nuestra realidad demográfica; no podemos dar la espalda a los datos objetivos. El desplome de las tasas de natalidad, que se ha producido de manera muy acusada durante la crisis económica, ha hecho que en los tres últimos años tengamos un saldo vegetativo negativo, hasta el punto de sufrir la mayor pérdida natural de población de la serie histórica que publica el Instituto Nacional de Estadística. 

Sus señorías conocen, y seguramente muchos de ustedes de cerca, que también los españoles han tenido que emigrar para buscar oportunidades de empleo en otros países, muchos de ellos jóvenes, hombres y mujeres, algunos de ellos con altos niveles de cualificación. Nuestro objetivo pasa por revertir esta situación por dos motivos fundamentales: primero, porque nuestro mercado laboral necesita rejuvenecerse —se ha incrementado en cuatro años la edad media de las personas empleadas— y, segundo, porque la nueva economía del siglo XXI requiere de los conocimientos y el talento de quienes mejor preparados están. 

Resulta evidente que a corto y medio plazo la única forma de revertir la regresión demográfica y su impacto en el mercado laboral pasa por hacer atractivo nuestro mercado laboral para los de dentro y para los de fuera. Señorías, queremos hacer un país mejor y para hacerlo necesitamos modernizar nuestra estructura productiva. 

En este objetivo se hace imprescindible el desarrollo de un nuevo modelo de relaciones laborales; solo habrá solidez en el crecimiento económico si en las condiciones de trabajo se apuesta por la calidad. La realidad misma y nuestras convicciones nos empujan a iniciar una nueva etapa en el camino de la lucha por la dignidad y contra la desigualdad existente en el mercado de trabajo. Es cierto que se ha creado empleo y se ha reducido el desempleo desde que el número de personas desempleadas alcanzara su máximo nivel histórico en el primer trimestre del año 2013. 

Desde la oposición lo hemos dicho muchas veces y ahora lo volvemos a decir como Gobierno: es básico crear empleo, por supuesto que sí, pero tan básico como crear empleo es que el empleo creado sea empleo de calidad, un empleo estable y con derechos, unos buenos empleos en definitiva. 

Si queremos tener un crecimiento más justo es necesario tener empleos dignos y decentes, y este objetivo es preciso abordarlo desde una perspectiva europea, participando activamente en su definición y desarrollo. España puede y debe asumir el reto de ser protagonista de la estrategia por el empleo en Europa para recuperar el peso que hemos perdido: desde el ámbito normativo, en la coordinación institucional y también en la colaboración con los Gobiernos locales, provinciales y autonómicos, para gestionar más eficazmente los fondos que nos vienen de la Unión Europea. 

Es necesario contar con trabajadores y trabajadoras más cualificados y cualificadas para lograr que el actual tejido empresarial sea más competitivo, y es necesario contar con más iniciativas empresariales en los nuevos sectores de actividad relacionados con las nuevas tecnologías, la transición ecológica y también con los servicios asociados a la atención de la dependencia. 

Nuestro propósito es firme: queremos coaligar talento y recursos económicos para que las empresas sean más innovadoras y más eficientes; queremos coaligar el esfuerzo personal con el acompañamiento del servicio público para mejorar la empleabilidad de las personas trabajadoras y de las que quieren emplearse. 

Durante estos años se ha utilizado mucho la palabra emprendimiento para situaciones muy diversas, que en ocasiones nada han tenido que ver con el inicio de un proyecto empresarial autónomo, innovador y de futuro. Señorías, coincidiremos en que para poder emprender, para convertirse en un emprendedor o emprendedora, hay que contar lo primero con una actitud, con la determinación suficiente para superar los múltiples obstáculos que existen hasta alcanzar su viabilidad, pero también hay que contar con una aptitud, que debe ser fomentada desde el sistema educativo con programas específicos que incentiven el desarrollo de las ideas y del talento. 

Y nuestra responsabilidad conlleva poner en marcha políticas públicas que faciliten un marco estable y de respaldo para que exista un mayor número de emprendedores y que estos perseveren con segundas y terceras oportunidades, generando una cultura del emprendimiento que valore el esfuerzo, la tenacidad y el riesgo. La economía social y el autoempleo son también dos formas distintas de iniciar un negocio o idea empresarial y nos merecen especial atención por la idiosincrasia de la estructura productiva de España. 

Nuestra apuesta por la economía social, un sector empresarial que demuestra que otro modelo económico es posible, pasa por la creación de empleo estable y de calidad, y también más participativo, donde las decisiones se tomen democráticamente, un espacio productivo donde la empresa no es de uno sino de todas las personas que la conforman, que fomenta la innovación, la cohesión social y el desarrollo local. 

Habitualmente estos ejemplos de economía social no se deslocalizan y además siempre priman las personas por encima del capital y los beneficios se redistribuyen más equitativamente. En España, aproximadamente, un 8% de la población tiene algún tipo de discapacidad. Son personas con capacidades diferentes —casi profiero hablar con este término— de las que casi el 60% son mujeres y el 58% tienen más de 64 años, un colectivo importante de la ciudadanía, con iguales derechos, que debe forman parte de la sociedad sin que tengan que sortear más dificultades que el resto. 

Sabemos que sufren en mayor medida las dificultades de inserción laboral; queremos hacer y dejar hacer; queremos hacer partícipes de la recuperación a los sectores más desfavorecidos y vulnerables de nuestra sociedad, no queremos que sigan tropezando en su vida laboral con las mismas barreras que han tenido hasta ahora. 

Les avanzo algunas líneas de trabajo que pretendemos realizar: elaborar una normativa para la inclusión laboral de personas con discapacidad en el marco del nuevo Estatuto de los Trabajadores que regule con criterios innovadores la nueva realidad laboral de la discapacidad en España; potenciar los centros especiales de empleo como instrumentos imprescindibles de generación de empleo de calidad, especialmente los de economía social, y reforzar las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la vigilancia del cumplimiento de la cuota de reserva de empleo para personas con discapacidad. 

Igualmente, queremos incorporar la responsabilidad social empresarial como un ámbito más de trabajo en este departamento ministerial y fomentar la misma. En esta primera parte de mi intervención quiero informarles de que para el Gobierno es crítico trabajar para resolver con eficacia y urgencia la brecha salarial y los problemas de desigualdad que aquejan a las mujeres españolas en el mundo laboral y profesional. 

La realidad que hemos de resolver es que las mujeres españolas no tengan que elegir entre ser profesionales y trabajadoras de primera o ser madres, precisamente porque la consecuencia no es solamente una cuestión de injusticia social, sino también por el descenso alarmante de la natalidad en nuestro país, como anteriormente decía. 

Posteriormente lo recordaré, pero tenemos muy claro que debemos profundizar en las políticas de conciliación de vida laboral, familiar y personal; en la racionalización de horarios; en las escuelas de cero a tres años; en la Ley de la Dependencia y en el fomento de la corresponsabilidad doméstica entre hombres y mujeres. 

Solamente removiendo esos obstáculos la igualdad real entre hombres y mujeres en la vida doméstica y en la vida pública, incluida la política y la laboral, podrá ser una realidad. Señorías, tras este marco de reflexión inicial para fijar el nuevo rumbo que emprendemos desde el Gobierno, les informo que nuestra acción se orienta a la consecución de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, un Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI; a la implementación de un plan director de lucha contra la explotación laboral; a una revisión sustancial de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo; a potenciar las políticas activas de empleo, y a una mayor protección de las personas desempleadas. 

Nuestra apuesta es clara: igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral; lucha contra la competencia desleal que se está produciendo entre empresas que cumplen la legalidad y las que no la cumplen; salarios decentes y un mercado laboral que proteja con prestaciones sociales suficientes a quienes queriendo trabajar no encuentran empleo, y, como ustedes conocen, un pacto de rentas que quiebre la devaluación salarial instalada en nuestro mercado de trabajo. 

Este Gobierno apuesta de manera decidida por un crecimiento económico sostenido y por un mercado de trabajo y un empleo inclusivo, sostenible y de calidad, en línea con los principios y objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y el programa de trabajo decente de la OIT, que se refuerzan recíprocamente. 

Señorías, creemos firmemente en el diálogo social y la negociación colectiva como principios rectores de las relaciones laborales; reforzar el diálogo social con los sindicatos y las organizaciones empresariales es de obligado cumplimiento por dos motivos principales: nos garantizan su aceptación social y, en segundo lugar, refuerzan la legitimidad de las reformas que este ministerio desea emprender, sin olvidar, como he comentado al inicio de mi intervención, el diálogo político permanente con los grupos parlamentarios. 

Con estas premisas y bajo estos principios quiero destacar alguno de los principales focos de atención a los que vamos a dedicar nuestra acción de Gobierno. Señalarles, en primer lugar, la lucha contra la precariedad laboral en todas sus formas, lo que implica la revisión del actual modelo de contratación laboral en nuestro sistema, una realidad caracterizada por una marcada temporalidad, no siempre justificada en necesidades temporales de las empresas, y una no menos destacable parcialidad que determina una situación de infraempleo de las personas trabajadoras a tiempo parcial, que no pueden con estas rentas salariales atender sus necesidades propias y las familiares. 

A esto se suma una generalizada devaluación salarial que influye directamente sobre la calidad de vida de los ciudadanos y determina también de forma mediata una menor protección social y un peligro para la sostenibilidad económica del sistema de Seguridad Social, financiado básicamente con cuotas sociales. Por ello, y entre otras medidas, hay que recuperar la causalidad de las medidas modificativas de las condiciones de trabajo pactadas entre el empresario y el trabajador, reforzando la acreditación de su verdadera necesidad. 

Debemos evitar que la rebaja o empeoramiento de la calidad del trabajo no sea una moneda de cambio para conseguir por las empresas el abaratamiento del factor trabajo, que implica competencia desleal e incide en el dumping social. Igualmente, hay que garantizar que en la negociación colectiva se adopten las medidas que permitan conjugar la superación de las dificultades que en determinados momentos pudiera atravesar la empresa con los derechos de los trabajadores. 

Por otro lado, hay que acometer medidas que incidan en la disminución de la brecha de género entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo —este será otro de nuestros objetivos—, una brecha que se aprecia de forma muy singular en las tasas de parcialidad del empleo de las trabajadoras, también en su temporalidad, en materia salarial, en la promoción profesional y, en definitiva, en el ámbito de la protección social. 

En este punto trabajaremos estrechamente con el Ministerio de Igualdad para combatir la brecha plural y transversal que se manifiesta en el trabajo de las mujeres y diseñar políticas activas de empleo que tengan en cuenta las dificultades específicas de los colectivos con mayores dificultades laborales, y también trabajaremos activamente para garantizar la incorporación laboral y unas condiciones de trabajo dignas para nuestros jóvenes. Mejorar la protección por desempleo de las personas en situación de mayor vulnerabilidad es una necesidad social. 

Desde mi ámbito de actuación nos comprometemos a realizar un mapa de cobertura de la protección por desempleo que permita identificar los colectivos más vulnerables y articular acciones que conecten pago de prestaciones con políticas activas de empleo. La formación y recualificación profesional son un objetivo ineludible. Asimismo, trabajaremos para recuperar el papel protagonista de la negociación colectiva; necesitamos fortalecer la negociación colectiva garantizando su eficacia durante su vigencia y su completo ámbito de aplicación, evitando descuelgues injustificados a nivel empresarial. 

El descuelgue o inaplicación debe ser un mecanismo excepcional para cuando las empresas acrediten verdaderas necesidades. Hay que rescatar el convenio sectorial y devolverle el papel de instrumento de negociación principal, dado el mayor equilibrio que asegura entre los sujetos negociadores, destacándose como elemento de flexibilidad, de distribución y de solidaridad entre ambas partes, al tiempo que imprescindible mecanismo para la paz social. 

Todo ello no es posible, y así lo cree este Gobierno, si no reforzamos el diálogo social con los sindicatos y las organizaciones empresariales. Es importante recuperar el clima de confianza y de leal colaboración entre Gobierno e interlocutores sociales, porque solo la cooperación entre todos estos sujetos garantiza la aceptación social y refuerza la legitimidad de las reformas que este ministerio desea emprender. 

Señorías, me voy a centrar ahora en algunas de las estrategias esenciales y las medidas a adoptar para la consecución de estos objetivos que les acabo de comentar. Este Gobierno se propone recuperar el poder real, como les decía, de la negociación colectiva perdido tras las reformas del Partido Popular, reformas que han modificado de forma significativa y debilitado realmente la posición del convenio colectivo, en particular del sectorial, el más garantista para los derechos de los trabajadores y trabajadoras en nuestro sistema de ordenación de las relaciones de trabajo. 

En este sentido, hay que limitar la prioridad aplicativa de los convenios colectivos empresariales que articula el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores, evitando que estos últimos primen con carácter general sobre los del sector. La explicación es que, dada la fisonomía de nuestro tejido productivo, abrumadoramente compuesto por pequeñas empresas, el convenio empresarial es susceptible de no reflejar fielmente el equilibrio que ha de existir entre las partes. 

Al respecto hay que recordar que en muchas empresas no hay representación legal de los trabajadores o es muy débil y está poco preparada para asumir y superar en un proceso de negociación la presión de la contraparte empresarial. Tal realidad podría concluir naturalmente en desequilibrios a favor del poder empresarial que permitieran al empleador, no siempre de manera coherente con la existencia de una necesidad, modificar las condiciones de trabajo previstas en el convenio sectorial aplicable. 

Y es que se ha producido desde la reforma de 2012 una evidente normalización de la inaplicación a nivel de empresa de las condiciones de trabajo pactadas en un convenio sectorial, ya sea a través de la citada prioridad aplicativa de los convenios de empresa, que afecta a los más esenciales contenidos negociables y que no requiere causa alguna para su aplicación, ya sea a través de la figura de la inaplicación o descuelgue empresarial del convenio sectorial que contempla el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores. 

Este descuelgue prevé una acreditación de la causa tan ambigua y un procedimiento tan favorable al empresario como poco garantista para la recuperación de las condiciones de trabajo convencionales, hecho que ha determinado que esta figura se haya convertido prácticamente en un instrumento de gestión ordinaria de las empresas no limitada a situaciones negativas. 

Igualmente, nos proponemos reformar la modificación operada en materia de ultra actividad del convenio, en línea con lo ya determinado por la jurisprudencia y con lo pactado por los agentes sociales en el recién aprobado acuerdo para el empleo y la negociación colectiva firmado el pasado 5 de julio. 

La limitación a un año de la prórroga en la aplicación de un convenio colectivo ha dejado sin cobertura convencional a numerosos trabajadores y trabajadoras, habiéndose reducido también por esta vía la tasa de cobertura de la negociación colectiva. 

Con esta modificación normativa que proponemos aseguramos que el convenio se mantenga vigente en tanto se esté negociando activamente el nuevo que haya de sustituir al ya vencido, teniendo en cuenta que en caso de bloqueo prolongado de las negociaciones deben ser las partes negociadoras las que decidan de manera acordada someter la discrepancia a mecanismos de solución de conflictos colectivos de trabajo. 

Señorías, combatir la precariedad laboral en todas sus formas lleva consigo introducir derechos laborales en el Estatuto de los Trabajadores, en especial los ligados a los nuevos mecanismos telemáticos y digitales de dirección y control empresarial de la actividad laboral. 

Recuperar la razón de ser del Estatuto de los Trabajadores como una norma de reconocimiento y garantía de derechos laborales es otro de nuestros objetivos en la medida en que hoy prácticamente ha perdido su naturaleza para convertirse en un puro catálogo de poderes empresariales modificativos de la relación laboral. Garantizar la dignidad de las condiciones de trabajo es otra de las tareas a acometer desde el acceso al mercado de trabajo y el desenvolvimiento de la relación laboral hasta su extinción. 

Es necesaria una nueva regulación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores que garantice las condiciones laborales en los procesos de descentralización productiva. Entendemos que los procesos de descentralización y externalización productiva afectados a través de diferentes modelos de subcontratación forman parte de la especialización productiva. La regularización de estos procesos de descentralización no debe incentivar una competencia desleal entre empresas ni tampoco un deterioro de las condiciones de empleo. 

Hay que reforzar los controles internos a través de las instancias de representación de los trabajadores en las empresas, así como los que despliega la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Y por que no es razonable ni justo un crecimiento económico sobre una estructura productiva que se base en recortes de derechos, degrade condiciones y limite los salarios es por lo que este Gobierno va a poner en marcha un plan director contra la explotación laboral. 

Tenemos la obligación de promover y velar por las mejores condiciones posibles para las personas trabajadoras, una obligación a la que no podemos ni queremos sustraernos; es esencial fortalecer la capacidad de asesoramiento y vigilancia de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social acerca del cumplimiento por las empresas de la normativa laboral, sin olvidar tampoco su capacidad sancionadora en supuestos de incumplimiento. 

Para ello, habrá que destinar los recursos materiales y humanos necesarios. También nos preocupa y nos ocupa la seguridad y salud en el trabajo; la seguridad y salud en el trabajo no es solo una exigencia de la Constitución española y del resto del ordenamiento que la desarrolla, es una exigencia de nuestra sociedad, de nuestros trabajadores y trabajadoras, que en demasiadas ocasiones pagan con su vida el pan de su familia. 

Los datos son contundentes: más de 566000 accidentes de trabajo con baja en el último año. En nuestro país las muertes y las secuelas de los accidentes en el trabajo han disminuido cuando por parte de los empresarios hay un convencimiento de que los recursos empleados en seguridad son una inversión y no un gasto, y cuando la concienciación de los trabajadores y trabajadoras hace que trabajar con seguridad suponga volver a casa en todo caso después de la jornada laboral. 

Es preciso seguir perseverando en la prevención de riesgos profesionales, en la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo y también en la información, consulta, participación equilibrada y formación de los trabajadores en materia preventiva. En esta responsabilidad el Gobierno va a poner todo su empeño. 

Quien les habla ha formado parte desde el año 1995 para acá de muchos comités de seguridad y salud laboral; en mi última etapa profesional como funcionaria de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha he presidido el Comité de Seguridad y Salud Laboral de la Dirección Provincial de Fomento de Guadalajara, así que no les quepa ninguna duda de que esta ministra y este Gobierno en esta materia van a tener una sensibilidad especial; lo he vivido a pie de obra así que sé perfectamente de lo que hablo. Señorías, calidad en el empleo e igualdad de oportunidades son retos también de nuestro mercado de trabajo. 

Los datos de paro registrado y de contrataciones referidos a junio de 2018 parecen confirmar la recuperación cuantitativa del empleo, pero esta no está acompasada con la necesaria recuperación cualitativa. El crecimiento de las contrataciones aún no garantiza que las personas trabajadoras dispongan de empleos dignos y de calidad capaces de satisfacer todas sus necesidades vitales. Seguimos inscritos en un marco de marcada temporalidad que sigue mostrando una fuerte dualidad de nuestro mercado de trabajo. 

Tener un contrato temporal o un contrato indefinido, lejos de ser un elemento neutro desde la perspectiva del trabajador porque la ley garantiza igualdad de derechos entre ambos tipos de trabajadores, introduce precariedad y deterioro de las condiciones. 

Desde luego, si les preguntamos a nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras tienen muy claro que prefieren un contrato indefinido, que garantiza mucha más estabilidad laboral y vital que un contrato temporal. Además introduce inseguridad laboral, porque en la mayoría de los casos se trata de contratos temporales sin causa, que hoy se han convertido ya en el mecanismo prácticamente general de incorporación al mercado de trabajo. 

A ello hay que añadir que muchos de estos contratos son de muy corta duración, que se ven privados de los elementos de cotización relativos a los periodos de descanso, vacaciones, fines de semana, y cuyo exponente son los contratos inferiores a una semana, o incluso está ocurriendo en contratos de docentes que cuando pasa el mes de junio se van al desempleo hasta que se vuelve a iniciar el curso escolar. Son contratos que degradan las condiciones de trabajo, implican peor salario, menos formación, más riesgo laboral y menor nivel de protección, entre otras cosas. 

Señorías, aunque el paro desciende desde máximos registrados en febrero del año 2013 en casi dos millones de personas, tal decrecimiento sigue produciéndose de una manera muy lenta y se sitúa todavía en torno a 7 puntos inferior a nivel precrisis. 

En términos porcentuales el dato de desempleo es el segundo más alto de la OCDE, sin perspectivas de cambio de no intervenirse activamente en este terreno. Dado que este es el ministerio de las personas y no de los números, debemos de ser conscientes de que detrás de cada cifra que identifica paro registrado o contratación están personas con situaciones personales y familiares muy dignas de atención. 

Este Gobierno va a seguir haciendo esfuerzos dirigidos a incrementar la contratación indefinida y a reducir la tasa de temporalidad de nuestro mercado de trabajo, que con una tasa superior al 26% marca niveles muy poco homologables con el resto de las economías de nuestro entorno, economías por lo demás equiparables en términos económicos y laborales a la nuestra. 

Es necesario efectuar un diagnóstico estricto sobre esta realidad inalterada y patológica de nuestro mercado de trabajo, tarea que debemos realizar en colaboración con los agentes sociales. Las contrataciones indefinidas, aun con un crecimiento constante, no consiguen alterar la destacada dualidad que comentaba anteriormente que existe en nuestro mercado de trabajo. 

Es necesario revisar el modelo de contratación laboral en general y las modalidades de contratación temporal para identificar las vías de escape que permiten celebrar relaciones de duración determinada, donde existen necesidades no meramente temporales de las empresas, y reforzar de esta manera también la lucha contra el fraude laboral. 

Es necesario y urgente actuar sobre la cotización de los contratos temporales para igualar la cotización de estos contratos temporales de corta duración a los de duración superior o indefinidos. En términos de coste social todos los contratos deben soportar la misma carga de cotización, sea cual sea su duración; el día trabajado debe tener el mismo coste en cotizaciones cualquiera que sea la duración del contrato de que se trate. 

Ello evitará a las empresas visualizar como más barato contratar por unas horas o unos pocos días que hacerlo por periodos más prolongados. En este mismo contexto de la contratación resulta muy cuestionable el actual régimen legal del contrato indefinido de apoyo a emprendedores, un contrato que incide en la segmentación de nuestro mercado de trabajo, dado que casi la mitad se extinguen dentro del año siguiente a su celebración, que es justo el año que existe de periodo de prueba. 

Luego se trata además de un contrato precario que afecta a las personas trabajadoras que tienen un nivel de baja cualificación, y que afecta fundamentalmente a jóvenes. Además esta modalidad a nuestro juicio está interfiriendo con el contrato de trabajo de formación y aprendizaje que tiene en ese mismo colectivo su destinatario principal. 

Los incentivos a la contratación son un instrumento de política de empleo para favorecer la incorporación al mercado de trabajo de colectivos con especiales dificultades, pero el uso de los incentivos asociados a esa modalidad no se acomoda a ese fin, sino que sustituyen los incentivos vinculados a los contratos para la formación que dejan de celebrarse. 

Este contrato tampoco sirve para mitigar significativamente la tasa de temporalidad ni el nivel de seguridad laboral que en nuestro caso es el segundo más bajo de la OCDE. Por ello parece adecuado estimular y apoyar la acción emprendedora mediante otro tipo de medidas, así como incentivar las contrataciones indefinidas, pero por vías distintas de las actuales. 

En cuanto al contrato de formación y aprendizaje, a lo recién señalado hay que sumar el escaso número de contratos celebrados, lo que nos indica que se trata de un mecanismo de fomento del empleo fallido, hecho que aconseja su revisión profunda. En todo caso habrá que analizar con rigor si lo que fracasa es la regulación legal de la figura o si este dato responde a que se están utilizando sistemas alternativos y fuera del circuito laboral para cubrir actividades que debieran ser canalizadas por esta modalidad, prácticas en empresas, por ejemplo, situación que nos alerta ante posibles fraudes. 

Por su parte también los contratos a tiempo parcial requieren un singular análisis, ya que es una de las señas de identidad más marcadas de nuestro mercado laboral y un nuevo elemento de precariedad laboral e infraempleo, toda vez que la inmensa mayoría de los contratos a tiempo parcial celebrados son de carácter involuntario para el trabajador o la trabajadora, que suele ser más habitual en trabajadoras. En efecto, en junio de 2008, el 25% de los contratos eran a tiempo parcial, y diez años después, en junio de 2018, ese porcentaje asciende casi al 37%, es decir, 12 puntos por encima. 

Si bien este incremento se concentró más en los cuatro años de crisis —se llegó a tener hasta un 37,4 % en junio de 2012—, la recuperación económica no se ha traducido en una recuperación de la proporción de contratos a tiempo completo, sigue teniendo mucho peso el contrato a tiempo parcial. Desarrollar políticas de igualdad que ayuden a la conciliación tiene un impacto profundo en la igualdad de género y en el reparto equitativo de las cargas domésticas, también en la economía, y en la calidad de la sociedad —ya lo comentaba anteriormente al inicio de mi intervención—. 

El cambio hacia los horarios racionales y un reparto de responsabilidades equilibrado entre hombres y mujeres es una de las mayores reformas estructurales que se puede llevar a cabo en nuestro país, precisamente por el impacto transversal que tiene en distintos ámbitos de nuestra vida. 

Las empresas que han puesto en práctica políticas ambiciosas, de horarios flexibles y racionales, han experimentado incrementos de productividad, mayor satisfacción de trabajadores y trabajadoras, y reducción del absentismo laboral. No es solo una cuestión de conciliación de vida laboral y familiar o de un mejor reparto de las tareas domésticas entre hombres y mujeres, con lo que esto supone de justicia y de aumento de autonomía en la vida de las mujeres, es sobre todo un avance que también generará múltiples beneficios en la actividad económica. 

Por ello consideramos que es necesaria una estrategia de conciliación, y tenemos que empezar ya, y nos gustaría desde el Gobierno contar con ustedes para poder llevarla a cabo. Incrementar la calidad del empleo generado a través de estos contratos es uno de los retos de nuestro mercado de trabajo, al tiempo que hay que asegurar que los contratos a tiempo parcial realmente responden a jornadas diarias, semanales, mensuales o anuales inferiores a la ordinaria, para evitar que este contrato se transforme en una vía de abaratamiento del trabajo realmente realizado a tiempo completo. 

Además, dado que el incremento de la contratación parcial como les comentaba anteriormente es más acusado entre las mujeres, y que casi la mitad de los contratos celebrados con mujeres en junio, por ejemplo, se ajustaba a esta modalidad —hecho por otra parte habitual—, hay que abordar su análisis en clave de género. Por otro lado, hablar de calidad en el empleo exige atender a la mejora de los salarios. Tenemos que vencer la generalizada caída salarial de estos últimos años, generadora de una insoportable desigualdad social y un incremento de la pobreza, dándose el caso de que tenemos más de un 14% en estos momentos de trabajadores y trabajadoras que son pobres. 

Sin duda el Acuerdo alcanzado en el marco de las negociaciones para el empleo y la negociación colectiva 2018, 2019 y 2020, firmado el pasado 5 de julio, entre la patronal y los sindicatos, camina por esa vía, con incrementos significativos en los salarios profesionales, para establecer de manera progresiva un salario mínimo por convenio de 14000 euros anuales. 

Precisamente esta misma mañana los agentes sociales CEOE Cepyme, UGT y Comisiones Obreras, han ido al Palacio de La Moncloa a presentar este acuerdo al presidente del Gobierno y a mí misma. Ya les hemos transmitido que este Gobierno va a apoyar activamente las iniciativas dirigidas en ese sentido, consciente de que no puede subsistir la escasa participación de las rentas del trabajo en los incrementos de la productividad, de modo que los trabajadores y trabajadoras deben ser partícipes de la recuperación económica, que aún no ha alcanzado a toda la ciudadanía ni a todos los hogares. 

Salían ayer en un medio de comunicación nacional unos datos, que los voy a reseñar, porque la verdad es que impactaban bastante, datos del INE del año 2016, que decía que el 20% de los hogares con más renta ganó 6,6 veces lo que ingresó el 20% de los hogares con menos renta, justo la misma cifra que en 2015, lejos del 5,6% de antes de la crisis. 

En renta per cápita el 20% que menos gana aun pierde en 2016 un 15% respecto a 2008, mientras que las rentas altas solo dejan de ganar un 1%, pese a que al cierre de 2016 se había restablecido casi todo el PIB y casi la mitad del empleo; a los estratos bajos les cuesta mucho recuperar el terreno perdido durante los años de recesión y crisis económica. Señorías, también hay que vigilar y sancionar las situaciones que aparentemente, amparadas en el ámbito laboral, enmascaran relaciones de trabajo por cuenta ajena. 

Me estoy refiriendo a los falsos autónomos, desenmascaramiento al cual también vamos a dedicar muchos esfuerzos. Tenemos que responder a los retos de la nueva economía digital, las plataformas, la denominada economía colaborativa y social, que pueden estar provocando huidas de la disciplina laboral por elementos de puro abaratamiento de los costes empresariales, pero que implican un profundo deterioro de las condiciones de trabajo y agudizan la precariedad económica y social. 

Nuestros tribunales ya se están pronunciando, es decir, ya tenemos jurisprudencia al respecto; se está ordenando parcialmente y reubicando donde corresponde a muchas de estas nuevas realidades de prestación de servicios, pero este Gobierno también quiere contribuir activamente a la seguridad jurídica de estos colectivos. Igualmente en relación con los autónomos el Gobierno se dispone a adoptar medidas en materia de Seguridad Social que deben redundar en ese mismo objetivo. Me consta que existe en el Congreso de los Diputados una subcomisión que está estudiando posibles reformas en el régimen especial de trabajo de los autónomos. 

Me comentaba hace un momento el presidente de esta Comisión que faltaba la comparecencia —que estaba prevista— del anterior secretario de Estado de Seguridad Social, y desde aquí mismo me comprometo a que comparezca el secretario de Estado de Seguridad Social, don Octavio Granado, que no ha podido asistir hoy a esta comparecencia pero que yo se lo haré llegar, para que cuanto antes concluyan los trabajos de esta subcomisión, podamos tener las conclusiones y ponernos manos a la obra para sacar adelante las reformas que consideremos pertinentes. 

Para ello espero contar con la opinión por supuesto de las organizaciones, y también con la opinión, como no podía ser de otra manera, de todos los grupos de la Cámara. Señorías, este Gobierno no va a escatimar tampoco esfuerzos a la hora de enfrentarnos a uno de los más graves problemas que tenemos en nuestro mercado laboral, el alto número de personas trabajadoras en desempleo. Hay que actuar desde las diferentes administraciones para ofrecer una oportunidad de integración plena de estas personas en el mercado de trabajo. 

Según los últimos datos de la encuesta de población activa, correspondientes al primer trimestre de este año, la tasa de actividad era del 58,5%, la tasa de empleo del 48,7 % y la de paro del 16,7 %. En cifras, los activos suponían 22,7 millones de personas, de los que estaban ocupados 18,9 millones y en situación de paro 3,8 millones de personas. 

Esto, si nos vamos a la EPA, de acuerdo con los últimos datos de paro registrado del Servicio Público de Empleo Estatal, 3 162 162 trabajadores y trabajadoras están aún en paro en nuestro país, y España presenta una de las tasas de paro más elevadas de los países de la Unión Europea, superada tan solo por Grecia. Es decir, tenemos un problema, tenemos un problema como país, y tenemos que hacer todo lo posible por mejorar esta situación, que además está más agudizada aun si cabe en el caso de las mujeres y como luego voy a mencionar posteriormente de los jóvenes. 

Las políticas activas de empleo tienen que actuar sobre las dificultades específicas de los colectivos con más alta tasa de desempleo, particularmente los afectados por dificultades de empleabilidad, como pueden ser parados y paradas de larga duración, los mayores de cuarenta y cinco años, los jóvenes. También tenemos que tener en cuenta su situación formativa a través de itinerarios personalizados de inserción que mejoren su cualificación o recualificación profesional. 

En esta línea debemos contemplar las nuevas necesidades de cualificación que requiere nuestro mercado de trabajo para adaptar las acciones formativas a las nuevas formas de trabajo y a la propia formación, cuya adaptación es necesaria para los nuevos retos de la economía y los nuevos yacimientos de empleo, que tienen que ver con la economía digital 4.0, la transición ecológica o la robótica, entre otros. Es urgente ofrecer oportunidades que incrementen y mejoren la incorporación al mercado de trabajo de las personas jóvenes. 

Del total de personas trabajadoras en paro, 514664 son menores de treinta años; según la EPA, la tasa de paro juvenil, un 36,3% continúa siendo más del doble que la global, del 16,7%. Conseguir que el empleo generado impulse la incorporación al mercado de trabajo de las personas jóvenes es uno de nuestros principales retos. Por ello vamos a crear un plan de choque para los jóvenes, un plan específico que abarque medidas de formación y de inserción al mercado de trabajo, mejorando su empleabilidad, en especial respecto a los que están peor cualificados o cualificadas, y ofreciendo oportunidades también a aquellos que tienen una alta cualificación. 

En cuanto a la protección por desempleo, en primer lugar, quiero ofrecerles algunos datos. En el mes de mayo de 2018 teníamos un millón ochocientos beneficiarios de prestaciones por desempleo; casi un millón cuatrocientas mil personas no tienen protección. La recuperación económica no se ha traducido en una mayor cobertura de estas personas; es necesario elevar el nivel de cobertura, en especial para los colectivos más vulnerables, como he comentado anteriormente, ligando inexcusablemente prestaciones y políticas activas de empleo. 

Esta situación es la que nos impulsa a elaborar con urgencia un mapa de cobertura del desempleo para detectar qué colectivos requieren intervenciones más ágiles e incisivas no solo en el plano protector, sino también en el de las políticas activas de empleo, porque una acción temprana y bien orientada va a contribuir a acortar de una manera significativa la duración del desempleo, a cuyos efectos resulta fundamental la coordinación, como no podía ser de otra manera, de los servicios estatales y autonómicos, que tienen todas las competencias relativas a políticas activas de empleo. 

De nuevo en este capítulo la brecha de género hace también su aparición, toda vez que desciende más el paro masculino, un 3,84%, que el femenino, un 2%, por lo que la intervención desde una perspectiva de género, perspectiva de igualdad, también se hace necesaria en este aspecto. Por lo que afecta a las medidas complementarias a la protección por desempleo, hay que destacar que las sentencias del Tribunal Constitucional, tanto en relación con el Prepara como con el PAE, declaran que la gestión de estas ayudas corresponde a la competencia de las comunidades autónomas, así como a la exigencia de su revisión, para mejorar los fines que perseguían. 

Esto nos obliga a trabajar en una nueva prestación de nivel asistencial, una prestación que, respetando el marco competencial y la doctrina constitucional, y teniendo en cuenta también la renta activa de inserción, se articule a través de un único programa que mejore la cobertura por desempleo y la eficacia en la inserción laboral de los beneficiarios y beneficiarias, al tiempo que sea compatible con los programas autonómicos. 

Este nuevo programa les anuncio que se va a abordar en la próxima conferencia sectorial que vamos a celebrar a lo largo de este mes de julio. En tanto en cuanto no se llegue a un acuerdo con los agentes sociales y las comunidades autónomas, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 ya saben ustedes que se ha incluido un subsidio extraordinario por desempleo, que seguirá vigente mientras la tasa de paro no baje del 15%, y del que podrán beneficiarse los colectivos antes amparados por el PAE y Prepara durante seis meses.

Una breve mención al subsidio de mayores de cincuenta y dos años que desde el Gobierno de España queremos revisar y recuperar, ya que como saben ustedes fue modificado por el anterior Gobierno en su momento, reformado por el Real Decreto-ley 5/2013, por cierto Real Decreto-ley 5/2013 que ha sido declarado parcialmente inconstitucional por una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, de junio de este año, en la que se cuestiona la existencia de extraordinaria y urgente necesidad de algunas partes de este real decreto-ley, entre ellas la relativa a la exigencia del requisito de rentas familiares y no personales para tener derecho a percibir este subsidio, que en su momento fue de mayores de cincuenta y dos años, condicionado a rentas solo personales, y el anterior Gobierno hizo una regulación como subsidio de mayores de cincuenta y cinco años, condicionado a rentas familiares. 

Estos aspectos han sido declarados nulos de pleno derecho por el Tribunal Constitucional, aunque como dice la sentencia no afecte a los asuntos que ya sean cosa juzgada o a las resoluciones administrativas que ya sean firmes, pero evidentemente tendremos que abordar qué hacer con esta cuestión, que como digo ha sido tocada por esta sentencia del Tribunal Constitucional, no solamente por eso, sino también por cuestión de justicia social, ya que tenemos que pensar en este colectivo de personas mayores de cincuenta y dos años, el apoyo que necesitan, y por supuesto remover todos los obstáculos para que se puedan reinsertar en el mercado de trabajo. 

Hay otro aspecto muy importante del departamento que tengo el honor de dirigir que es todo lo relativo a migraciones. De hecho, como saben ustedes, ha cambiado la denominación del ministerio, Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, así que voy a referirme ahora al apartado migraciones. Además nos acompaña la secretaria de Estado de Migraciones, doña Consuelo Rumí, en esta comparecencia. 

No he dicho que nos acompaña también el subsecretario y la secretaria de Estado de Empleo y una buena parte del equipo del ministerio, a los cuales les doy las gracias por acompañarme a este acto. Voy a centrarme en el área de política migratoria respecto a la que me gustaría sentar, antes de comenzar, dos premisas esenciales. 

La primera premisa es que la política migratoria va a constituir una auténtica prioridad en la acción de este Gobierno, y les puedo garantizar que no solamente es que se visualice con el nombre del ministerio, sino que se va a visualizar en el día a día con las políticas que vamos a llevar a cabo. A dicha premisa responde la creación de una secretaría de Estado de Migraciones, cuando antes era una secretaría general; además en esta secretaría de Estado de Migraciones, que como digo ha sido elevada de rango, a pesar de existir la secretaría de Estado, también se mantiene una secretaría general dentro de la propia estructura de la secretaría de Estado, así como dos direcciones generales. 

Con esto este Gobierno da muestras de la evidente importancia y prioridad que otorgamos al fenómeno de la migración, y la voluntad de una gestión integral y coordinada de los flujos migratorios. La segunda premisa de la que debemos partir es el hecho de que en el ámbito migratorio, con más intensidad probablemente que en cualquier otra área de actuación de este ministerio, nuestra mirada ha de estar muy, pero que muy puesta en Europa. 

En ningún ámbito como en este cabe afirmar con tanta rotundidad que las respuestas unilaterales y exclusivamente nacionales están irremisiblemente condenadas al fracaso. Las respuestas al reto migratorio y a las enormes posibilidades que nos ofrece debemos darlas juntos, peleando por una respuesta que implique más Europa y huyendo de toda tentación rupturista. Ahí, señorías, va a estar nuestro país, como así lo ha manifestado nuestro presidente en el Consejo Europeo celebrado recientemente; más tarde volveré sobre este tema. 

Sentadas estas dos premisas debemos partir de un hecho esencial que a nadie en esta sala se le escapa: los movimientos migratorios han vuelto a cobrar un enorme protagonismo mediático y social en nuestro país. Como bien recordarán todos ustedes las migraciones ya fueron un fenómeno que cambió la realidad social de España en la primera década de este siglo. 

En apenas diez años, entre los años 2000 y 2010, los extranjeros residentes en nuestro país pasaron de menos de un millón a más de cuatro millones y medio, para llegar a nuestros días —cifra de 31 de diciembre de 2017— a 5,2 millones. Hoy el fenómeno vuelve a estar en primera plana y llega de la mano de un acontecimiento dramático, la guerra en Siria, que ha dado lugar a la mayor crisis de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. 

Hasta ahora, señorías, España había venido manteniéndose relativamente al margen de esta crisis, en primer lugar porque el flujo de refugiados se situó esencialmente en el Mediterráneo oriental y central, pero, en segundo lugar, por el hecho de que el anterior Gobierno se desentendió bastante, a mi juicio, de las consecuencias de la referida crisis. 

Que quede claro que este Gobierno apuesta exactamente por lo contrario, por asumir nuestras responsabilidades en vez de por escurrir el bulto. Este Gobierno, de hecho, tiene al menos tres razones, además de sus firmes convicciones morales, para dejar de esconder la cabeza; en primer lugar, porque las llegadas irregulares han empezado a incrementarse de forma muy apreciable, de forma que el año 2017 fue el año en el que se registró el mayor número de llegadas irregulares de la última década, cerca de veintitrés mil llegadas irregulares en 2017. 

En segundo lugar, porque hay países comunitarios que empiezan a sentir desbordada su capacidad de acogida, y empiezan a desentenderse incluso de tareas humanitarias de rescate, derivadas de obligaciones internacionales absolutamente consagradas. En tercer lugar, porque la temperatura política de la Unión Europea se está disparando en el ámbito migratorio, tal y como se comprobó en el último Consejo Europeo celebrado a finales del pasado mes. 

Partiendo de esta realidad el Gobierno socialista del presidente Pedro Sánchez, y mi ministerio en su nombre, quiere mostrar su firme voluntad política de dar un tratamiento al fenómeno migratorio integral, equilibrado y alejado de una visión exclusivamente defensiva, porque la emigración no es una amenaza, señorías, sino una oportunidad, y desde luego vamos a afrontarla como tal. Partiendo de esta premisa, querría pasar a formularles, de manera necesariamente breve, las principales líneas de actuación de mi ministerio en este contexto, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito comunitario. 

Voy a comenzar hablando de materia de asilo. En materia de asilo, que es un asunto en primera línea de todas las preocupaciones europeas hoy por hoy, el compromiso de este Gobierno es el de asumir y gestionar de la mejor manera posible el fenómeno de la llegada de refugiados, que va a constituir una realidad política y humana creciente. 

Las solicitudes de asilo en España se duplicaron entre 2016 y 2017, pasándose de 16544 solicitudes a 31731; sin embargo, pese a que este aumento tensiona sin duda nuestras estructuras administrativas, España está plenamente comprometida, tanto en la defensa del derecho de asilo, y con las garantías que merecen todos sus solicitantes, como con la necesidad de abordar la reforma del sistema europeo común de asilo, en la que este ministerio se va a comprometer activamente. 

En relación con lo anterior y en el ámbito de la atención humanitaria nuestras costas están asistiendo a la llegada de numerosas embarcaciones con personas en situación de extrema vulnerabilidad, a las que por razones humanitarias estamos obligados a atender. 

En este sentido no duden ustedes de que el Gobierno va a asumir todos sus compromisos en materia de asistencia humanitaria, prestando dicha atención a quien la necesite en toda circunstancia, porque lo que no puede ser, señorías, es que de siempre se haya perseguido a quien omitía el deber de socorro y ahora se pretenda perseguir precisamente a quien socorre. 

En esa persecución injusta y atroz no van a encontrar a este Gobierno, y les aseguro que este ministerio seguirá destinando los medios necesarios a tal fin. Así es como en el año 2016 fueron atendidos por Cruz Roja Española, con cargo a subvención de este ministerio, 10490 inmigrantes en estas circunstancias; así es cómo dicha cifra aumentó a 24375 en 2017, y así es cómo hasta el 30 de junio de 2018 habían sido atendidas 15040 personas inmigrantes. 

Desde aquí les adelanto por ello que nuestro esfuerzo va a continuar, y que se centrará en mejorar la coordinación de todos los actores implicados: Salvamento Marítimo, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el conjunto de las administraciones y el tercer sector, con el fin de que quien llega a nuestras costas en situación de extrema vulnerabilidad sea debidamente atendido porque, señorías, esa es nuestra obligación. 

Por cierto quiero comentarles —me imagino que ya lo saben todos ustedes— que en el Boletín Oficial del Estado de 3 de julio de 2018 se ha creado la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Migratorios, presidida por la vicepresidenta del Gobierno, y mañana se va a reunir por primera vez; será la reunión de constitución de esta comisión delegada. 

Como podrán comprender sus señorías nuestro esfuerzo no puede finalizar en la atención humanitaria, sino que debe dar necesariamente un paso más, de lo contrario se trataría de un esfuerzo baldío. Se trata del esfuerzo en aras de la integración —hemos estado hablando de la recepción, pero hay que dar un paso más, que es la integración— de quienes llegan y pueden quedarse entre nosotros. Afortunadamente esto se plantea en una sociedad que ha demostrado con creces su grado de solidaridad, y que demanda volver a poner en práctica políticas de cohesión social. 

Para ello nos comprometemos a poner en marcha una nueva estrategia de integración y gestión de la diversidad, y les puedo anunciar que en los presupuestos del Estado para 2019 queremos prever una dotación —todavía tenemos pendiente de establecer el importe— para reactivar el Fondo de Apoyo para la Acogida y la Integración, que existió en su momento pero que ha sido abandonado en estos años de Gobierno del Partido Popular, y no ha tenido dotación presupuestaria alguna. 

Este compromiso y esta dotación presupuestaria nos permitirán establecer un adecuado marco de cooperación con comunidades autónomas y ayuntamientos, absolutamente indispensable por razones competenciales que todos ustedes conocen en materia de integración. 

Nuestra sociedad, señorías, acepta la diversidad y ha sabido evitar caer en la trampa de los discursos del odio al extranjero; sin embargo, en un contexto donde algunas personas desde las redes sociales pueden hacer mucho daño a la convivencia, es preciso reforzar la estrategia de lucha contra el racismo y la xenofobia, y lo podemos hacer también utilizando estas mismas herramientas, así lo vamos a hacer. 

En este contexto, por último, reconociendo la gran labor de la sociedad civil organizada en la acogida a los más vulnerables y en los procesos de integración y cohesión social, va a resultar esencial, y a ello nos vamos a poner, el recuperar el diálogo con el sector y ampliar los instrumentos de participación, especialmente el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes. Y no puedo, para terminar con el apartado referido a integración, dejar de constatar la enorme importancia que tiene en este ámbito la integración de las segundas generaciones de inmigrantes. 

Las políticas públicas de integración deben jugar un papel esencial aquí para rebajar la altura de las barreras a las que suelen enfrentarse estas generaciones; nos referimos a las políticas públicas en el ámbito del mercado de trabajo, pero también a medidas en el ámbito educativo, como los refuerzos escolares o la protección y fortalecimiento de la escuela pública, y a medidas también en el ámbito socioeconómico, como la ayuda al desarrollo de las áreas marginales que existen en algunas de nuestras ciudades o la lucha por el mantenimiento de unas prestaciones del Estado del bienestar realmente universales. 

De lo que se trata, en definitiva, es de que el Estado juegue un papel clave a la hora de facilitar la integración, tanto de los inmigrantes recién llegados como de las segundas generaciones de los mismos, puesto que solo así se conseguirá una sociedad realmente cohesionada y, en consecuencia, una convivencia pacífica de todos sus miembros. Somos conscientes de los problemas que ha habido en otros países de nuestro entorno por no hacer hincapié en este tipo de políticas que les estoy comentando. 

En cuanto a la inmigración de carácter económico, nuestro mensaje, señorías, es claro y contundente: en la línea de lo recogido en la agenda migratoria europea, renovada en septiembre de 2017. Hay que actuar contra la inmigración irregular, que perjudica tanto al propio migrante como al país de acogida, y hay que reforzar y promover por todas las vías posibles la migración de carácter legal. 

Esta migración legal, como ya antes señalaba, no constituye peligro alguno, y lo que sí constituye, al menos, es una triple oportunidad: una oportunidad de enriquecer nuestra sociedad, haciéndola más viva y más plural; una oportunidad de fortalecer nuestro mercado de trabajo, dotándolo de trabajadores con todos los derechos y garantías que les correspondan, y una oportunidad, por último, de rejuvenecer un país, como el nuestro, sumido en un proceso de envejecimiento evidente, que comenzaba al inicio de mi intervención. 

En este sentido, desde nuestra responsabilidad, vamos a apoyar al Ministerio del Interior en la lucha contra la inmigración irregular, fundamentalmente a través de la cooperación con terceros países, situando la gestión ordenada de flujos migratorios como eje principal, junto con la integración de la política migratoria del Estado. 

Por ello pretendemos poner en marcha dos acciones con carácter inmediato; en primer lugar, vamos a retomar, con toda la intensidad posible, el diálogo con los agentes sociales, a través de la comisión laboral tripartita de inmigración, para poner al día procedimientos, objetivos y prioridades y, en segundo lugar, vamos a mejorar los procedimientos de gestión de las autorizaciones, tanto las laborales como las de reagrupación familiar y por otras circunstancias. Paso ahora, con su permiso, señorías, al ámbito de la emigración. 

No podemos olvidar aquí que hasta hace, como quien dice, cuatro días, no éramos un país receptor de emigración, sino un país emigrante. Ello nos obliga, en primer lugar, a no olvidar nuestro pasado reciente para actuar con la generosidad debida con quienes llegan y nos obliga, en segundo lugar, a no olvidar a aquellos de los nuestros que tuvieron que dejar nuestro país empujados por la dictadura o por la guerra o por las necesidades económicas. 

De esta forma, en lo que afecta a la atención de la ciudadanía española en el exterior y a los que tras haber emigrado retornan a España, se van a emprender con carácter inmediato dos acciones dirigidas a mejorar las condiciones de vida de las personas que se encuentran en una situación más precaria. 

Por un lado, se va a revisar la cuantía que perciben los perceptores de la prestación por razón de necesidad en Argentina, a la vista de los informes que hemos recibido de la consejería de nuestro ministerio en ese país sobre la fuerte depreciación sufrida por su divisa en este año; estimamos que esta medida puede afectar a casi tres mil personas y tendrá un coste superior a nueve millones de euros. 

Una segunda situación urgente se viene planteando en España en relación con las personas que retornan desde Venezuela, en su mayoría pensionistas de la Seguridad Social de ese país, a los que la administración venezolana no les abona en España, desde 2016, los derechos generados en aquel país. De esta medida de apoyo estimamos que podrían beneficiarse un mínimo de entre trescientos y quinientos pensionistas asistenciales, carentes de otras rentas, con un importe anual para estas cifras de perceptores entre un millón y medio y dos millones seiscientos mil euros.

Por último, en este campo de la emigración, este Gobierno asume desde hoy mismo la responsabilidad moral de centrar su atención en aquellos jóvenes, hombres y mujeres, excelentemente formados, que tuvieron que hacer las maletas ante la crisis con el objetivo de poder recuperar su talento para nuestro país. Se trata de un colectivo tremendamente valioso pero ignorado en una buena parte por el anterior Gobierno del Partido Popular, cuya herencia al respecto no es ni un solo dato, ni una sola idea, ni mucho menos un plan para intentar su retorno. 

No se ha hecho mucho al respecto; por ello, vamos a iniciar una línea de estudio sobre este colectivo, con un doble objetivo: el primero, obtener una foto de cuál es su situación actual, cuántos son, qué necesidades tienen, cuáles son sus demandas. 

El segundo objetivo, a partir de los resultados obtenidos de dicha evaluación, no es otro que ponernos a trabajar para construir las condiciones suficientes e idóneas para su eventual retorno, que resultaría extraordinariamente positivo para nuestro país. Se trata de talento formado entre nosotros, señorías, y vamos a poner todo nuestro empeño y todo nuestro trabajo en intentar devolverle a nuestro país, evidentemente respetando que pueda haber algunas personas que de manera voluntaria hayan reorganizado sus vidas en los lugares a los que han ido a trabajar y quieran permanecer en el país al que fueron y han enraizado; faltaría más, respeto total. 

Quiero concluir esta última parte de mi comparecencia dedicada al ámbito migratorio, señorías, volviendo al inicio, volviendo a la necesidad de la mirada europea. Como ya he señalado, el tiempo en que cada Estado afrontaba en solitario su situación migratoria ha llegado a su fin. 

Ni el proceso globalizador ni el proceso de integración europea permiten ya soluciones nacionales, condenadas irremisiblemente al fracaso. A nadie se le escapa que el reto migratorio se está convirtiendo en una fuente de tensión entre los Estados miembros, lo hemos podido observar recientemente, y que la crisis de 2015 transformó definitivamente la cuestión migratoria en un problema europeo. 

Sin embargo, creo que hay motivos también para la esperanza; el reciente consejo europeo, celebrado los pasados 28 y 29 de junio, pese a su enorme complicación, consiguió alcanzar un acuerdo de mínimos con dos puntos esenciales para nuestro país. 

En primer lugar, se mandató a la próxima presidencia, la presidencia austriaca, a culminar en un plazo razonable el proceso de alumbramiento de un nuevo sistema europeo de asilo y, en segundo lugar y fundamentalmente, en las conclusiones de dicho consejo se reconoció el crecimiento de los flujos migratorios en la ruta del Mediterráneo occidental, que es la que nos afecta directamente, y se reconoció también de manera expresa la labor desarrollada por España para abordarlos. 

Se consiguió, además, un compromiso de destinar los debidos fondos económicos para ayudar a la ordenación de dichos flujos, tanto a España como a los países de tránsito, singularmente Marruecos. 

En este sentido, este Gobierno apuntó claramente su posición con la decisión excepcional de abrir el puerto de Valencia a la llegada del buque Aquarius, que, creo, fue una llamada de atención en medio del silencio de quienes preferían mirar hacia otro lado; en este caso, el Gobierno español demostró de esta forma, que está dispuesto a asumir, con una visión empática, todas sus responsabilidades en el contexto europeo, porque creemos que esta visión responsable y solidaria, es la única perspectiva posible para evitar que la migración desestabilice y divida a la Unión Europea. 

Nuestro Gobierno —y aquí, señorías, no quiero que tengan la más mínima duda— apuesta en el ámbito migratorio, como en todos los demás, por más Europa y por fortalecer lazos en vez de romperlos. En esa primera línea, señorías, va a estar nuestro país en esta y en toda circunstancia. Como ven, en esta dilatada comparecencia, que les agradezco que hayan mantenido este silencio y esta paciencia, les he trazado los objetivos y las grandes líneas del ministerio en materia de trabajo, empleo y migraciones. 

En relación con la Seguridad Social y en aras de la economía procesal, me remito a la comparecencia que está prevista en la Comisión de Pacto de Toledo el jueves próximo a las 17:00 horas. Estuve tentada también a contar aquí Seguridad Social y pensé que iba a ser demasiado para una comparecencia. 

Como ven ustedes, este Gobierno tiene mucha tarea por delante, mucha tarea que realizar, pero por suerte tengo la convicción de que no vamos a estar solos, no vamos a estar solos y solas los miembros del Gobierno, sino que también vamos a contar con todos y todas ustedes. Vamos a contar, tengo la convicción plena, con los grupos parlamentarios; vamos a contar con los agentes sociales y económicos, con los interlocutores sociales; vamos a contar con las asociaciones; vamos a contar, en definitiva, con la sociedad en su conjunto. 

Se trata de que le vaya bien a España, se trata de iniciar un tiempo nuevo que culmine con las expectativas que la ciudadanía tiene puestas en el conjunto de sus representantes. La voluntad es clara, el rumbo también; confío en su capacidad de respuesta para que esta etapa sea un buen legado para las personas que estamos y para los que vendrán.

Mi disposición al entendimiento también es clara; así lo he demostrado en las distintas responsabilidades públicas que he desempeñado, algunas de ellas aquí en esta casa, en la X Legislatura, cuando tuve el honor de representar a este país en general y a la provincia de Guadalajara en particular, como diputada. Así, como digo, lo he demostrado en todas las responsabilidades y siempre he creído —y también he creído demostrarlo siempre que he podido— que el interés general ha de estar por encima de todo. Creo que en este camino, señorías, nos vamos a encontrar. Muchísimas gracias por su atención.