El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Sánchez Pérez-Castejón): Muchas gracias, señora
presidenta.
Señorías, en una semana como esta hace cuatro décadas, en este mismo lugar, 258 diputados y
diputadas aprobaron el dictamen de la Comisión Constitucional sobre nuestra Carta Magna. Fue un primer
paso de un camino que concluyó el 6 de diciembre de 1978 con la aprobación en referéndum de lo que
hoy es nuestra Constitución.
En aquella España todavía persistían discriminaciones que no podrían ser
entendidas por las generaciones actuales. Era una España con casi todo por hacer, desde su propia Constitución hasta la descentralización territorial y local del vetusto Estado centralista procedente de la
Dictadura. Una España en la que Europa seguía siendo una aspiración lejana. Para millones de españoles
y españolas aquel verano precisamente de hace cuarenta años en esta ciudad, mientras 258 diputados y
diputadas trazaban la España que habría de ser, miles de personas salían a las calles para reivindicar con
orgullo y por primera vez su libertad sexual.
La España en la que todo estaba por hacer empezó a caminar
en consecuencia con un paso de temor y esperanza también; el temor a perder la democracia recién
conquistada y la esperanza del progreso y la libertad, que se abrían de par en par como consecuencia de
esa democracia conquistada; una España aún amenazada por quienes vivían atrapados en la nostalgia
de un tiempo que supuso para los españoles represión y exilio; una España golpeada por el terror que
sembró la muerte durante décadas, y cuya derrota por la democracia quedó certificada este año.
La
generación de entonces, señorías, entendió que había que avanzar, cometiendo errores, dado que nadie
está libre de incurrir en ellos. En la vida, señorías, yerra aquel que camina, el que se mueve, el que
propone, porque en la quietud de quien espera inmóvil a que los problemas se arreglen solos reside el
germen de la frustración de una sociedad que termina adelantando a sus instituciones por el carril de la
historia.
En el relato de estas cuatro décadas hay tiempo para las alegrías y también para las decepciones,
pero en el cómputo general sin duda hay más aciertos que errores. Hoy España es una democracia
consolidada, homologable a la del conjunto de los países europeos, con una economía internacionalizada,
con unos profesionales reconocidos dentro y fuera de nuestras fronteras, con empresas líderes en sectores
de futuro.
España en definitiva cuenta, señoras y señores diputados, con un Estado social y democrático
de derecho cuya calidad final es reconocida en los rankings más prestigiosos del mundo, y con un nivel
de descentralización política y de autogobierno superior al que muchos países de corte federal semejantes
al nuestro tienen.
En términos históricos, señoras y señores diputados, todo este ejercicio de transformación
y de modernización se ha realizado en un suspiro, en cuarenta años, con el impulso, en primer lugar, de
los ciudadanos que dieron ese respaldo a las opciones políticas transformadoras, y también bajo el
liderazgo compartido de diferentes Gobiernos que obraron como mejor supieron, todos ellos de acuerdo
a sus convicciones y siempre sirviendo a España.
Es la sociedad, señorías, la que lidera los cambios a los
que la política no responde siempre con la rapidez necesaria, y por eso el principal propósito del nuevo
Gobierno es caminar junto a la sociedad; es poner el reloj de la política a la hora de España; es acompañar
a los hombres trabajadores y a las mujeres trabajadoras, a los empresarios y empresarias; es estar junto
a las personas discapacitadas; es ganar cuotas de igualdad entre hombres y mujeres; es servir a la
España urbana, pero también a la España rural; es construir una alianza entre todas las generaciones; es
cuidar de los que están fuera de nuestro país; es atender a quienes llegan a nuestras costas huyendo de
la guerra y del horror; pensar en las generaciones que están por venir y que merecen heredar un planeta
sostenible, alertar ante cualquier tipo de discriminación y de delito de odio; fortalecer los lazos que unen
a todos los pueblos de España, y en definitiva situar a la política, a nuestra democracia, a sus instituciones a
la altura de una sociedad solidaria, abierta y profundamente europeísta como es la española.
Señorías, un país que mira al futuro tiene que estar en paz con su pasado, y con el bagaje que dan
nuestros cuarenta años de democracia constitucional esto tenemos que hacerlo con serenidad, con
moderación y con naturalidad. Pertenezco a una generación que nació y creció en democracia, que ha
vivido y ha trabajado fuera de España, y ninguna democracia puede permitirse monumentos que ensalcen
una dictadura; la nuestra tampoco. Por eso, señorías, quiero anunciarles que la decisión política de este
Gobierno es firme: vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los
Caídos. (Aplausos). Y su materialización, a falta de dar los últimos retoques al instrumento que lo hará
posible, será en breve, en muy breve espacio de tiempo. (Rumores)
Las heridas han estado abiertas
durante muchos años, demasiados, y ha llegado el momento de cerrarlas. Nuestra democracia tendrá
símbolos que unan a la ciudadanía, no que la separen.
Señorías, el pasado 31 de mayo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 113 de nuestra
Constitución, recibí el encargo de la mayoría de la Cámara de formar Gobierno (Rumores); asumí lo que
considero es el mayor privilegio, el mayor honor de cualquier ciudadano de nuestro país, y lo hice con la
premisa de que tal Gobierno iba a tener una composición paritaria que sería decididamente europeísta, y
con el firme propósito de consolidar el crecimiento económico y la creación de empleos dignos.
He impulsado esos compromisos en una agenda europea particularmente intensa en estas últimas semanas,
con viajes a Lisboa, a París o a Berlín, con la participación del Gobierno de España en los consejos
europeos y también en la cumbre de la OTAN. Señorías, entiendo el europeísmo como lo hace la mayor
parte de la sociedad española, como el compromiso con los valores que han hecho de nuestro continente
un espacio de paz y libertad, de cohesión y de defensa de los derechos humanos.
Una de las primeras decisiones que adopté como jefe del Ejecutivo fue acoger al buque Aquarius.
Lo
hice, señorías, primero por coherencia con nuestra propia historia, la historia de compatriotas que no hace
mucho tiempo tuvieron que ser exiliados y verse exiliados durante la larga noche franquista, que fueron
acogidos, por citar algunos países, en Francia, en México, en Venezuela o en Argentina. Lo hice también
en coherencia con los valores de solidaridad que definen a la sociedad española, y que pedimos tengan
otras sociedades que reciben a nuestros hijos e hijas emigrantes como consecuencia de la falta de
oportunidades en nuestro país. Lo hice en definitiva como una llamada de atención a la Unión Europea
para actuar a favor de la dignidad y de los derechos humanos.
En el Consejo Europeo la cuestión migratoria fue central. España defendió la idea de que son
necesarias respuestas en el ámbito europeo a desafíos globales, como es el de la migración. Lo hice
desde el valor de nuestra experiencia como país fronterizo y de nuestra relación con los países de origen
y de tránsito.
El resultado del Consejo —lo he dicho públicamente y quiero también compartirlo con
ustedes, señorías— no es el que hubiera gustado al Gobierno, pero mantuvimos algo importante,
mantuvimos viva la llama de una política migratoria europea, solidaria con el continente africano, decidida
a construir un sistema europeo común de asilo, y comprometida, señorías, con algo que sería importante
que no se quebrara en la política española, comprometida a preservar la libre circulación de personas, que
es el principal fundamento de nuestra unión y que hoy está siendo puesto en cuestión por la ultraderecha
europea.
Solidaridad y responsabilidad fuera, pero también dentro de nuestras fronteras, y esa es la idea
que explica por qué el Gobierno defendió el acuerdo con Alemania para la recepción de solicitantes de
asilo provenientes de ese país.
Hace un mes y medio, señorías, solicité su apoyo para impulsar el cambio en nuestro país, para liberar
a la política de la correa de la corrupción y de la falta de ejemplaridad a la que se había visto sometida
durante estos últimos siete años. Si algo tengo claro es que la moción de censura ha servido para un
cambio de época en la política española. (Rumores.—Risas). Un cambio que conviene seguir cultivando
y consolidando a base de diálogo y de acuerdo. (Rumores).
Y sigo creyendo que merece la
pena intentarlo, porque a fin de cuentas la línea más corta entre dos posiciones siempre es el acuerdo.
Cegando la mera posibilidad del debate, como ha ocurrido durante estos últimos siete años, hemos
terminado por cegar durante demasiado tiempo la posibilidad de todo tipo de acuerdo. Así que es hora de
abrir esa vía.
Aunque el tiempo evidentemente es limitado, más limitado aún que el de una legislatura completa, hay
mucho que hacer y en múltiples ámbitos.
El nuevo Gobierno ha asumido este mandato de acción desde
el primer instante desplegando políticas, reconstruyendo complicidades y relaciones institucionales que
durante estos últimos siete años se perdieron, ya sea con los presidentes autonómicos, con los cuales me
voy a reunir, con todos y cada uno de ellos, a lo largo de los próximos meses, con la máxima representación
de los ayuntamientos o también con los agentes sociales con los cuales me he reunido a lo largo de este
mes y medio de vida del nuevo Gobierno en dos ocasiones.
Y todo ello, señorías, durante unas semanas
en las que el traspaso de poderes y las urgencias inmediatas no nos han impedido marcar una línea
coherente con los principios que explicaron la moción de censura que trajo a este nuevo Gobierno. En
este punto quiero hacer mención especial a la normalidad institucional como una buena noticia, como una
magnífica noticia que da prueba de la fortaleza de nuestra democracia y también de nuestras instituciones.
Quiero reconocer la labor de los funcionarios, del personal de las administraciones públicas en quienes,
desde la independencia y la vocación de servicio público, constituyen el armazón del Estado, gobierne
quien gobierne este país. (Aplausos).
Dicho esto, señorías, anuncié desde un principio que el nuevo Gobierno iba a tener una agenda
europeísta, una vocación modernizadora, una inspiración progresista y alma feminista. En el territorio de
la igualdad de género y de la representación política de la mujer España cuenta hoy con ser el primer país de la OCDE con más mujeres que hombres en el Consejo de Ministros. Hemos cumplido la famosa regla
de la paridad, 60-40, 60% para las mujeres y 40% para los hombres.
Señoras y señores diputados, me propongo a continuación trasladarles la agenda del cambio que
pretende liderar el Gobierno, esperamos que con el apoyo mayoritario de esta Cámara, una agenda del
cambio que se va a sustentar en cuatro pilares fundamentales. El primero, consolidar el crecimiento
económico y la creación de empleo digno; el segundo, avanzar en igualdad y en cohesión social; el
tercero, regenerar nuestra democracia y fortalecer nuestra cohesión territorial, sentando las bases para la
solución de una crisis largamente larvada, que es la catalana, y cuarto, nuestra participación activa en la
construcción europea y el papel de España en el mundo.
Paso a continuación al primero de los objetivos, que es sin duda el más importante: consolidar el
crecimiento y la creación de empleo. Señorías, hace justo una década los primeros embates de la crisis
económica golpearon a nuestra sociedad con una fuerza hasta entonces desconocida. España ha tenido
que pagar una elevada factura para superarla, una factura que ha expulsado a millones de españoles del
mercado de trabajo y ha cerrado miles de empresas, una factura que ha quebrado nuestra cohesión social
y ha ensanchado como nunca los límites de la desigualdad social y territorial en nuestro país.
Nuestro país
por desgracia lidera todos los rankings de desigualdad, la más grave la desigualdad entre los jóvenes, la
más dolorosa la pobreza infantil. Los jóvenes son los principales damnificados de la crisis, pero también
de las equivocadas políticas en respuestas a crisis como consecuencia de los recortes y la austeridad en
las políticas educativas, por poner un ejemplo, o en las políticas de vivienda, por citar otro, sin olvidar la
rueda de la precariedad laboral a la que están condenados. Sin cohesión hemos frustrado las expectativas
de generaciones enteras que crecieron creyendo en el mérito y en el esfuerzo.
Sin cohesión las sociedades
se vuelven inseguras y egoístas, se encierran en sí mismas y pierden la necesaria confianza en su
democracia y en sus instituciones. Diez años después España ha recuperado por fin el nivel de renta per
cápita, pero lo ha hecho con 1,6 millones menos de ocupados, con una emigración forzosa de muchísimos
jóvenes fuera de nuestro país, con un alto paro juvenil, con menos población activa, en particular entre las
mujeres, y con un paro de larga duración, que es el principal desafío que tiene nuestro país en este
ámbito, y la devaluación salarial que ha dado carta de normalidad a la figura del trabajador o la trabajadora
pobre.
España en consecuencia, señorías, crece, sí, pero no redistribuye ese crecimiento. España crece,
sí, pero a golpe de precariedad y no de productividad. España crece, sí, pero elevando sus emisiones
de CO2 ajena al cambio climático y a su impacto en la España urbana y también en la España rural, donde
los riesgos de incendios forestales, la carestía del agua y la despoblación constituyen ya su principal
desafío. España crece, sí, pero sobre la base del esfuerzo fiscal, reconozcámoslo, de la clase media y
trabajadora, no de los grandes conglomerados empresariales que eluden su responsabilidad fiscal, y en
consecuencia lo que hacen es erosionar los ingresos fiscales que sostienen los pilares de nuestro Estado
del bienestar.
La prueba más evidente de lo que estoy diciendo es que, tras años por parte de la anterior Administración
de subir impuestos a la clase media y trabajadora, a los autónomos, a los pequeños y medianos
empresarios, tras años de ajuste fiscal y de recortes en el Estado del bienestar, el déficit público de
España es el más alto de la Unión Europea, 3,1% del producto interior bruto, frente al promedio del 1%
en Europa, y con un volumen de deuda próximo al 100% de nuestro producto interior bruto en un contexto
financiero excepcional, extraordinariamente positivo y favorable gracias a las políticas expansivas del
Banco Central Europeo.
Por tanto, ¿qué se puede hacer, señorías? En política económica la agenda del
cambio que proponemos cuenta con los siguientes puntos, en los que —creo— la mayoría de esta Cámara
se puede encontrar reconocida en su Gobierno. En primer lugar, estabilidad presupuestaria y cohesión.
Nuestro propósito es conjugar el necesario saneamiento de las cuentas públicas con la reconstrucción de
nuestro Estado del bienestar. Es posible; otros países lo han hecho y nosotros también podemos hacerlo.
Ello exige un compromiso explícito con la estabilidad presupuestaria que el Gobierno asume en primera
persona, en especial a las puertas de un objetivo importante para nuestro país —al menos así lo
entendemos nosotros—, como es salir en el año 2019 del brazo correctivo del Pacto de Estabilidad y
Crecimiento.
Como saben este Gobierno ha propuesto la modificación de la senda de estabilidad para los próximos
dos años: 2,7% del producto interior bruto de déficit público en 2018 en lugar del 2,2% que había propuesto
el anterior Gobierno, y un 1,8% en 2019 en lugar del 1,3% previsto por el anterior Gobierno.
Estos
objetivos —esto me parece muy importante para el debate que se pueda sustanciar en las próximas
semanas y en los próximos meses—, en primer lugar, son coherentes con la evolución económica de nuestro país. Son coherentes con las estimaciones que han hecho la Unión Europea, el Banco de España,
la AIReF y los principales servicios de estudios económicos de nuestro país. Y son coherentes —esto es
lo más importante, al menos para este Gobierno— con las necesidades sociales de nuestro país.
En este
sentido quiero anunciarles lo siguiente. Las 5 décimas adicionales de déficit se van a repartir entre los
diferentes niveles de las administraciones públicas, de forma que las comunidades autónomas contarían
con 2 décimas más, pasando de un objetivo de déficit público del 0,1 al 0,3% del producto interior bruto,
y estas 2 décimas se traducirían en unos 2400 millones de euros de margen fiscal adicional para el
conjunto de las administraciones autonómicas.
El Gobierno va a convocar el Consejo de Política Fiscal y
Financiera para el jueves 19 julio, y el día 20 de julio lo aprobará en Consejo de Ministros. Aspiramos,
señorías, señoras y señores diputados, a contar con el apoyo de la mayoría de las Cámaras. (Aplausos).
En segundo lugar, España está dando un paso al frente para defender un proyecto de Europa abierto
y solidario. (Rumores).
Así lo defendí y anuncié en el
Consejo Europeo. Ese futuro pasa por impulsar lo que se llama el pilar fiscal del euro, con un presupuesto
que sirva como herramienta no solamente para la estabilidad y la competitividad que nos dicen muchos
de los países del norte y del este de Europa, sino también para la convergencia, que es necesaria si
queremos lograr esa estabilidad y competitividad. En ese sentido el Acuerdo de Mesenberg entre Francia
y Alemania, que se firmó hace pocas semanas, constituye un paso adelante en la construcción de ese
pilar fiscal.
Nosotros lo apoyamos y afianzar ese compromiso será el principal mensaje que trasladaré al
presidente francés Macron, en su primera visita oficial a España el día 26 de julio.
En relación con un aspecto clave, como la unión bancaria, los Estados miembros hemos acordado
que sea el Mecanismo Europeo de Estabilidad el que provea el respaldo fiscal para el Fondo Único de
Resolución, y que se siga trabajando —esta es una de las principales apuestas o compromisos del
Gobierno de España— en crear y poner en marcha de una vez por todas el Fondo Europeo de Garantía
de Depósitos. Ambos instrumentos, a juicio del Gobierno y de la mayoría de la Cámara, son fundamentales
para evitar futuras crisis bancarias y financieras, que también hemos sufrido en nuestro país.
En tercer lugar, señorías, el nuevo Gobierno es consciente de que no va a haber justicia social si no
hay justicia fiscal, sin que contribuya más el que más tienen, que no es lo que ha ocurrido hasta ahora. Si
el anterior Gobierno no hizo otra cosa más que subir los impuestos a la clase media y trabajadora, a los
pequeños y medianos empresarios, el nuevo Gobierno no elevará los impuestos a los ciudadanos de a
pie, pero sí va a exigir un mayor esfuerzo fiscal a los grandes conglomerados empresariales. (Aplausos).
Nuestras prioridades, señorías, serán, en primer lugar, una fiscalidad que tenga en cuenta el impacto de
las compañías tecnológicas, que no pagan impuestos. Este es un asunto en el que existe un amplio
consenso dentro de la Unión Europea. En segundo lugar, rediseñar nuestro impuesto de sociedades.
Nosotros no nos resignamos a que las pequeñas y medianas empresas tengan tipos efectivos superiores
a los de los grandes conglomerados empresariales de nuestro país.
Esto no es justo, así que lo que
vamos a proponer a la Cámara es que el tipo efectivo de las grandes corporaciones se acerque al tipo
nominal y en ningún caso sea inferior al 15%. Esto se llama, señorías, justicia fiscal, y es lo que va a
aprobar y por lo que va a apostar este Gobierno. (Aplausos).
En el ámbito de la necesaria transición ecológica es preciso diseñar un paquete de figuras tributarias
orientadas a desincentivar las prácticas que perjudiquen el medioambiente.
Y en consonancia con las
resoluciones del Pacto de Toledo, en la misma línea que están haciendo por cierto otros países europeos,
pondremos en marcha una figura impositiva finalista vinculada al sector financiero que complemente las
cotizaciones a la Seguridad Social, y contribuya a sostener el sistema público de pensiones y la dignidad
de las jubilaciones de nuestros mayores.
Por último, pero no menos importante, vamos a luchar contra el fraude fiscal y contra la elusión fiscal.
Señorías, en este punto me gustaría detenerme por el debate suscitado sobre la amnistía fiscal aprobada
por el anterior Gobierno, y la afirmación del actual Gobierno de no poder publicar el listado de los
amnistiados. En primer lugar, conviene recordar, señorías, que el Grupo Parlamentario Socialista fue
quien presentó el recurso ante el Tribunal Constitucional por considerar que esta amnistía era ilegal e
injusta, y nos reafirmamos en esa convicción.
En segundo lugar, el anterior Gobierno, para justificar la
amnistía fiscal, previó recaudar 2500 millones de euros, y ni siquiera llegó a la mitad. Es decir, además de
que esta amnistía fiscal fue un fracaso moral, lo es también desde el punto de vista recaudatorio, y también nos reafirmamos en esta convicción. En tercer lugar, la amnistía fiscal ya cuenta con una sentencia
durísima por parte del Tribunal Constitucional a la anterior Administración. El Constitución declaró nula la
amnistía, pero también —y esto es importante que lo sepa la Cámara— se pronunció expresamente sobre
la irretroactividad de la misma.
Así que desgraciadamente no es posible revisar los casos que se acogieron
a dicha amnistía, y esa imposibilidad afecta, señorías, según el artículo 9.3 de la Constitución española,
a la publicación de los nombres de las personas que se acogieron a la misma. Por tanto y desafortunadamente
no podemos modificar un pasado ya sentenciado —ya me gustaría, créanme—, pero sí podemos evitar
que se produzcan nuevas amnistías fiscales.
Por ello les anuncio que el Gobierno presentará un
anteproyecto de ley de prevención y de lucha contra el fraude fiscal para perseguir a los grandes
defraudadores, incluir en la lista de morosos a los responsables solidarios de esa morosidad, actualizar la
lista de paraísos fiscales y prohibir futuras leyes de amnistía fiscal. (Aplausos). Que no vuelva a haber
una amnistía fiscal en nuestro país. Este es el compromiso del nuevo Gobierno: justicia fiscal para lograr
una justicia social, que no vuelva a haber amnistías fiscales.
Un Estado del bienestar de primera, señorías,
exige un sistema fiscal de primera división y no de tercera, como el que tenemos en la actualidad.
Señorías, en cuarto lugar, creo que es importante subrayar el compromiso del Gobierno por crear
empleo, y que este empleo sea digno. España arrastra un problema endémico de salarios bajos, que no
se explica únicamente por la evolución baja de nuestra productividad, sino también por la merma en el
poder de la negociación de los trabajadores, favorecida por la reforma laboral del anterior Gobierno.
La
segmentación y la elevada temporalidad asociada a empleos de baja calidad y salarios bajos configuran
una realidad que para este Gobierno no puede ser asumible. Ante ella el Gobierno se propone actuar en
las siguientes direcciones. En primer lugar, lograr que los salarios recuperen el peso que tenían en el
reparto de la renta nacional en el periodo previo a la crisis.
La línea de incrementos salariales pactada por
los agentes sociales en el marco del Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva incide precisamente en
esa dirección —ya lo apoyamos desde el Gobierno y también cuando estábamos en la oposición en el
famoso y llamado pacto de rentas—, la de incrementar el salario mínimo por convenio de manera
progresiva hasta los 14000 euros, y subidas anuales de entre un 2 y un 3% en el periodo de vigencia del
acuerdo. Por tanto el primero de los objetivos se refiere a las subidas salariales y al reparto equitativo de
la riqueza entre los beneficios empresariales y las rentas asalariadas.
El segundo, señorías, es aprobar un plan director contra la explotación laboral. Lo haremos en el
Consejo de Ministros antes de finalizar el mes de julio y supondrá un cambio de rumbo en las políticas
laborales desarrolladas en nuestro país desde la reforma laboral del año 2012. Persigue poner en marcha
políticas e instrumentos para erradicar la desregulación de las condiciones de trabajo y la precariedad
laboral con la implicación y la coordinación del conjunto de las administraciones y el diálogo social, con la
participación de los sindicatos y de las patronales.
Este mismo verano se pondrán en marcha planes de
choque contra los fraudes en la temporalidad injustificada y en la parcialidad abusiva. Esta, señorías, es
una apuesta decidida y clara por el empleo de calidad igualitario y con derechos. (Aplausos). Persigue,
entre otros objetivos, poner fin a la temporalidad, a la parcialidad abusiva, a la utilización de los falsos
autónomos, a los excesos de jornada, a las horas extraordinarias ilegales y a las discriminaciones por
razones de raza, género, edad, etcétera.
Persigue potenciar la prevención de riesgos laborales y combatir
el fraude laboral y la economía sumergida.
Señorías, en tercer lugar, el diseño de las políticas activas de empleo y la formación adecuadas a las
dificultades específicas de nuestro mercado laboral representa otro de los ejes de actuación del nuevo
Gobierno. Las políticas activas de empleo tienen que anticiparse a una realidad que experimenta los
cambios de las nuevas formas de trabajo de la Industria 4.0.
Tenemos que avanzar en la adaptación
curricular a las nuevas ocupaciones, en anticipar los grandes cambios para sintonizar oferta y demanda
de nuevas competencias laborales. Señorías, ustedes saben mejor que nadie que el mundo está
cambiando a nuestro alrededor y los poderes públicos no pueden ser meros testigos de ese cambio; al
contrario, tienen que liderarlo, tienen que abrir camino, tienen que trazar la senda para no dejar a nadie
atrás.
Tampoco somos ajenos, señorías, a la brecha salarial que sufren los trabajadores —sobre todo y
singularmente las trabajadoras—, por lo que apoyamos la tramitación de las leyes sobre brecha salarial e
igualdad laboral que la Cámara está debatiendo.
Y, por último, y no menos importante, los jóvenes. Señorías, en el relato triunfal de la salida de la crisis
casi siempre se omite el recuerdo de lo que hemos perdido durante todos estos años en el camino.
Hubo
damnificados —todavía los hay, y muchos— en todas las franjas de edad, pero la huella de esta década
perdida ha dejado una profunda cicatriz en una generación enfrentada a un muro invisible, que es el de la frustración. Esa generación está marcada por el desencanto. Hemos perdido demasiados, hemos perdido
a cientos de miles que hoy desarrollan sus carreras profesionales fuera de nuestro país y a muchos otros
que cuando se han reincorporado al mercado de trabajo en nuestro país lo han hecho en condiciones
salariales indignas o en puestos de trabajo que nada tienen que ver con la formación que habían cursado.
Señorías, el anuncio que hoy les quiero hacer es que en los próximos meses el Gobierno va a poner en
marcha un plan de choque para crear empleo juvenil, en el que se revisarán y promoverán los contratos
de relevo y de prácticas; se pondrán en pie nuevos instrumentos de políticas activas de empleo para los
jóvenes; se desarrollará una nueva regulación de las prácticas no laborales y de los programas de
becarios; se creará el estatuto del becario y se eliminarán las prácticas extracurriculares. (Aplausos).
Señorías, no quiero terminar el capítulo del mercado laboral sin mencionar el compromiso del Gobierno
de España para derogar el párrafo 3 del artículo 315 del Código Penal, relativo a la tipificación agravada
de delitos relacionados con la libertad sindical. (Aplausos).
Con la creación del Ministerio de Ciencia e Innovación y con el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo el Gobierno sitúa como objetivo prioritario en la política económica el cambio de modelo
productivo. España debe ampliar sus motores de crecimiento. El turismo y la construcción son
importantes, fundamentales, crean empleo, crean riqueza y así deben continuar haciéndolo.
Desde
luego, el Gobierno de España va a impulsar y va a apoyar —posteriormente haré alguna referencia a lo
mismo— el dinamismo de estos dos importantes sectores para la creación y la riqueza de nuestro país,
pero también debe aumentar el número de motores de crecimiento impulsando la ciencia y la
reindustrialización de nuestro país. España no puede permanecer ajena a la revolución que va a marcar
el futuro de nuestro empleo, de nuestro sector productivo y también de nuestro modelo del bienestar.
Los años perdidos por la inejecución del presupuesto en ciencia, en I+D+i, y por el retroceso de la
inversión pública que ha representado durante estos años el abandono por parte de la Administración
anterior han posicionado a España en un lugar que no merece dada sus características económicas.
Tenemos, en consecuencia, la obligación de reconquistar el terreno perdido, de no rendirnos a ese falso
lapidario de que inventen ellos, en referencia a la Europa que hoy acoge a investigadoras y a
investigadores españoles que aquí no encontraron sitio; así que no, señorías, que inventen aquí, en
España.
Este es el principal compromiso de nuestro Gobierno.
Este Ejecutivo está firmemente comprometido con el aumento de los fondos para la ciencia, para
la I+D+i, así como con levantar las cadenas que impiden la eficaz ejecución de los presupuestos asignados
a centros científicos españoles de renombre y líderes en el mundo y en Europa. Es fundamental también
avanzar en la colaboración público-privada en este ámbito como forma de imbricar de manera intensa el
tejido productivo con el conocimiento que sale de la universidad.
Y en esta estrategia de modernización
de nuestro sistema productivo, señorías, nosotros creemos que la formación profesional debe tener un
protagonismo fundamental, tanto como para estar presente en la denominación del nuevo Ministerio de
Educación.
El Gobierno en este ámbito se propone tres prioridades de actuación: primero, integrar en un
catálogo único cursos, módulos y ciclos formativos de los dos subsistemas de formación profesional bajo
un mismo currículo; segundo, regular de una vez por todas en nuestro país la formación profesional dual
y, por último, elaborar un mapa sobre el ajuste de la oferta y la demanda de formación profesional media
y superior en las comunidades autónomas, así como de las especialidades emergentes que plantea la
nueva economía.
El nuevo Gobierno, por otro lado, comparte el objetivo fijado por la Comisión Europea de que la
industria represente el 20% del producto interior bruto en el año 2020 en nuestro país. Fruto de este
compromiso, la política industrial debe girar en torno a la transformación digital y a la internacionalización.
Las pequeñas y medianas empresas serán la piedra angular de esta estrategia. La búsqueda de nuevas
formas de financiación, la reducción de las trabas administrativas y el apoyo decidido a la iniciativa
emprendedora formarán parte esencial de esta misma estrategia.
Nuestro país tiene grandes fortalezas en sectores determinados que no podemos desaprovechar,
como, por ejemplo, en las energías renovables, y en ese y otros ámbitos este Gobierno asume el firme
propósito de acompañar a los sectores dinámicos que generan riqueza y también oportunidades, sectores
que tienen como protagonistas a las pymes y también a los autónomos y que proyectan la imagen exterior
de nuestro país. Hay, señorías, mucho talento en España, tanto como reconocimiento obtenemos fuera, y
muy pocos medios para aprovecharlo. De lo que se trata, en consecuencia, es de acompañar con medios
ese talento, y creo en un Gobierno que camina junto a los innovadores que abren puertas al comercio y
no se conforman con la inercia favorable.
Señorías, en este punto también me gustaría trasladarles algo importante para este Gobierno. España,
Europa y yo creo que también la economía internacional, después de las declaraciones y las actitudes que
estamos viendo durante estas últimas semanas por parte de algún dirigente extranjero, nos estamos
enfrentando a un periodo de incertidumbre en ámbitos como el de la política comercial. España defenderá,
como defendió en el Consejo Europeo, la necesidad de que la Unión Europea siga unida en su respuesta
a las medidas proteccionistas anunciadas por la Administración estadounidense.
En el ámbito del turismo,
queremos impulsar la agenda 2030 para incorporar criterios de responsabilidad y sostenibilidad, porque
de lo que se trata en definitiva no es más que de algo que nos dice sistemáticamente el sector del turismo,
y es que tenemos que modernizar, que tenemos que mejorar la competitividad del sector turístico sin
aprovechar solo los vientos de cola, las crisis políticas profundas que afectan a los competidores regionales
que, evidentemente, ven rebajado su nivel de afluencia de turismo.
El cambio de modelo productivo debe sostenerse en todos los departamentos de la acción del
Gobierno, también en el ámbito de las infraestructuras, donde nuestro trabajo estará basado en la
transparencia y en el realismo a partir de tres ejes: el primero, reorientar el sistema de transportes desde
parámetros de calidad de vida, de cohesión social y territorial y de impulso de la economía productiva; el
segundo, hacerlo con el consenso de las comunidades autónomas y también de los ayuntamientos —esa
es la filosofía que estará presente, por ejemplo, en la elaboración del plan nacional de cercanías de
movilidad urbana— y, el tercero, apostar decididamente por la transparencia, por la digitalización, por la
eficiencia y por la evaluación social de las inversiones en infraestructuras.
Es hora de rescatar una auténtica política de vivienda, señorías, al servicio de la ciudadanía, en
especial en materia de alquileres. Esta cuestión nos hace proponer lo siguiente. En primer lugar, elevar la
prórroga forzosa de los contratos de arrendamiento de tres a cinco años, limitar las fianzas adicionales
que el arrendatario tiene que prestar para alquilar la vivienda y ajustar la definición de arrendamientos de
temporada para excluir de la Ley de Arrendamientos Urbanos la vivienda turística. (Aplausos).
Vamos a
reorientar también el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 hacia la vivienda pública y la vivienda de alquiler.
Nos proponemos impulsar un parque de veinte mil —veinte mil— viviendas públicas en el plazo de cuatro
años destinadas de forma indefinida al alquiler en aquellos municipios con demanda acreditada.
Cuando hablamos de infraestructuras hablamos también de vertebrar el territorio y de igualdad de
oportunidades con independencia del lugar en el que se resida. Esta afirmación es especialmente relevante
en relación con la España rural y con uno de los elementos fundamentales para su desarrollo económico,
como es la agricultura y la pesca.
Tuve la ocasión de abordar asuntos relevantes en este sector en el
reciente Consejo Europeo. Entre ellos quiero manifestar de nuevo aquí, en la Cámara del Congreso de los
Diputados, el compromiso del Gobierno de España en defender a los productores de la aceituna negra
frente a los efectos de las políticas proteccionistas que algunos países están impulsando. (Aplausos).
Señorías, estamos actualmente en pleno proceso de negociación del marco financiero
plurianual 2021-2027 y de la reforma de la Política Agraria Común a partir del año 2020, y para este
Gobierno la Política Agraria Común es una cuestión de Estado. Por ello, vamos a defender con el más
amplio consenso posible una PAC fuerte, con un presupuesto acorde a los grandes retos que se
plantean, como son, entre otros, la lucha contra el cambio climático y la preservación del medio ambiente.
Contamos ya con el respaldo de los principales representantes de los sectores afectados, las
comunidades autónomas, y estamos convencidos de que podemos seguir ampliando nuevas alianzas
con Estados miembros y también con el Parlamento Europeo, que en esta cuestión tiene muchísimo
que decir, con el fin de alcanzar nuestro objetivo de mantener un presupuesto en esta política fundamental
para España.
En definitiva, necesitamos contar con una política europea potente para mantener y para
desarrollar el medio rural, que ofrezca oportunidades de vida y trabajo a mujeres y jóvenes, evitando el
despoblamiento, que es esa enfermedad silenciosa que afecta a buena parte del territorio español, y
para desarrollar también un sector agroalimentario forestal más competitivo y sostenible. Este Gobierno
es consciente de que una agricultura con futuro implica una España rural con futuro.
Señoras y señores diputados, la transición ecológica de la economía es fundamental para el cambio
de modelo productivo y para consolidar un crecimiento económico sostenible.
Este Gobierno quiere mirar
la economía desde una perspectiva ecológica, viendo oportunidades donde otros ven amenazas, así que
nos marcamos tres grandes prioridades normativas para este mandato: en primer lugar, aprobar una ley
de cambio climático y transición energética; en segundo lugar, un plan nacional integrado de energía y
clima y, en tercer lugar, un plan integral de innovación tecnológica y desarrollo económico de la transición
energética.
Como saben, nos enfrentamos a amenazas evidentes, reales. Somos un país expuesto como pocos
a las amenazas del cambio climático. El volumen de emisiones de CO2
en el año 2017 —tengan en cuenta
ustedes este dato, señorías—, de 338 millones de toneladas, representa un aumento del 4,4% respecto
al 2016 y es el mayor, en términos interanuales, desde el año 2002.
Este Gobierno pretende impulsar esa
transición ecológica, pretende hacerlo a través de una transición justa en aquellas zonas que se vean
afectadas por el cambio de modelo energético y pretende también ubicar a la sociedad civil en el centro
de su labor en este ámbito, apostando por medidas como el autoconsumo energético. Queremos eliminar
trabas, barreras ante una revolución que entendemos que puede ser ciudadana, que democratizará
nuestro sistema energético y que convertirá a los ciudadanos, empresas e instituciones en agentes del
cambio en esa transición energética.
Recursos finitos, recursos limitados como el agua, señorías, requieren planteamientos en el medio y
largo plazo.
Así lo dijimos cuando estábamos en la oposición y así queremos ejercerlo cuando estamos
en el Gobierno. Una política coherente de agua no puede limitarse al mero deseo de ver si llueve, como
hizo el anterior Gobierno. Hay mucho que hacer en un campo en el que falta consenso y sobra la mirada
a corto plazo.
El Gobierno va a trabajar en una nueva cultura del agua. Vamos a impulsar planes de sequía
y vamos a ejecutar inversiones, señorías, previstas y financiadas con fondos europeos en muchos casos
y en los que acumulamos retrasos que implican el riesgo de devolución de esos fondos en un país con un
problema de sequía y de agua tan evidente como el que tenemos.
Señorías, como les decía, el segundo pilar de la agenda del cambio es avanzar en igualdad y cohesión
social. Somos conscientes de que partimos de una buena base.
Pese a sus carencias, nuestro Estado del
bienestar tiene cimientos sólidos, y esa solidez nace del afecto —sobre todo del afecto— con el que la
sociedad española mira los servicios y a los servidores públicos de nuestro sistema del bienestar. Son
quienes se han movilizado contra los recortes y son quienes no entienden que un Gobierno elimine aquello
que tanto costó construir y levantar. Nuestro modelo del bienestar ha cohesionado social y territorialmente
a España a lo largo de estas últimas cuatro décadas y lo va a seguir haciendo por mucho tiempo. Señorías,
este Gobierno no aspira solo a recuperar y a reconstruir, sino a fortalecer y avanzar en la consolidación
de un Estado del bienestar preparado para dar una respuesta eficaz y equitativa a nuevas desigualdades.
El principal desafío que debemos abordar es la sostenibilidad y la dignidad de nuestro sistema público
de pensiones, que es la clave de bóveda de nuestro modelo del bienestar. Señorías, los datos sobre el
sistema público de pensiones ustedes los conocen y, por tanto, no quiero ahondar en ellos ni tampoco
recrearme; ahí está el deterioro del equilibro público de las cuentas de la Seguridad Social, ahí están los
problemas de ingresos, que no se van a paliar única y exclusivamente con la necesaria creación de
empleo —sobre todo cuando ese empleo es precario—, ahí está la exigencia de volver a llenar una hucha
de las pensiones, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social que la anterior Administración esquilmó, y
ahí está la obligación moral, que nos recordaron muchos mayores en las calles de España durante estos
últimos meses, de garantizar pensiones dignas que no pierdan poder adquisitivo. (Aplausos).
Señorías, el Gobierno es consciente de este desafío.
Probablemente, junto con el desafío del
desempleo y con el desafío de Cataluña es el desafío más importante que tenemos como sociedad y
como instituciones. Nosotros no somos ajenos a él y, por supuesto, vamos a ofrecer soluciones a esta
Cámara. En ese sentido, el Gobierno tiende la mano —repito, tiende la mano— a todos los grupos
parlamentarios para construir un nuevo Pacto de Toledo. Encontremos juntos soluciones a los grandes
desafíos en una cuestión en la que la sociedad no entiende la incapacidad para alcanzar acuerdos por
parte de los distintos grupos parlamentarios y también del Gobierno.
En nuestra opinión, en opinión del
Ejecutivo, la sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones se debe asentar en un cambio de
modelo productivo —eso es indudable— a largo plazo, en el que el peso de los salarios recupere el vigor
de la mano de obra en contratación indefinida. No es sostenible —y esto lo sabemos todos— un modelo
que penaliza la contratación indefinida frente a los contratos de duración exigua; esto es lo que hace que
ahora mismo tengamos el mismo número de cotizantes a la Seguridad Social que antes de la crisis y, en
cambio, recaudemos menos, no solo porque tal abuso, en consecuencia, es fraudulento, sino porque
asienta en la sociedad una visión de inmediatez, de negarnos la capacidad de pensar en el medio plazo y
en el largo plazo, en el futuro de nuestro país.
Uno de los efectos más dramáticos de esta década se resume, señorías, en un dato que, a nuestro
juicio, es muy alarmante y que fue arrojado por el Instituto Nacional de Estadística hace pocas semanas:
cada vez somos menos, señorías. En diez años han nacido en nuestro país un 25% menos de niños y
niñas. Esa es la España del silencio de la crisis, la de los pueblos que pierden población, la de las mujeres forzadas a elegir entre maternidad y carreras profesionales, la de quienes se marcharon y han hecho su
vida fuera de nuestro país.
Señorías, este Gobierno cree que luchar contra la pobreza infantil es fortalecer
la Seguridad Social, que avanzar en la igualdad y la cohesión es fortalecer la Seguridad Social, que hacer
factible la conciliación de la vida laboral, familiar y personal es fortalecer la Seguridad Social, que invertir
en educación y sanidad es fortalecer la Seguridad Social.
Por eso, ante una situación de riesgo evidente,
heredada de la anterior Administración, como la que nos toca a nosotros gestionar y a ustedes
corresponsabilizarse, tenemos la obligación de actuar, y este Gobierno lo hará sobre la base de cuatro
ejes que propone a la Cámara: en primer lugar, racionalizar el gasto de la Seguridad Social y reforzar el
equilibrio financiero del sistema; en segundo lugar, garantizar la suficiencia de las pensiones; en tercer
lugar, promover las medidas que reequilibren la brecha de protección entre hombres y mujeres en materia
de conciliación, de permisos y de excedencias y, en cuarto lugar, mejorar la acción protectora del sistema
atendiendo a los colectivos más vulnerables.
Señorías, la mayoría de la sociedad nos ha trazado de forma clara un camino, y es el de la actualización
de las pensiones conforme al coste de la vida (aplausos), y confío —confío, señorías— en que una
mayoría lo más amplia posible de esta Cámara se sume a esa propuesta de acompañar a la sociedad en
la demanda que ya entiende como suya, que ya no asume como una concesión graciosa del poder sino
como un derecho. Así que, reitero: el compromiso del Gobierno de España es tender la mano para construir
entre todos un nuevo Pacto de Toledo, y estoy convencido de que la sociedad representada en todas sus
generaciones apoyaría tal acuerdo en esta Cámara.
Hagámoslo posible.
Avanzar en igualdad y en cohesión también es apelar al valor cívico del Sistema Nacional de Salud;
lo haré sobre la base de una idea fundamental, señorías, y es la de adaptar nuestro modelo a las
necesidades demográficas, sociales y tecnológicas de nuestro tiempo, y hacerlo desde la inversión en
capital tecnológico y en el capital humano presente en los extraordinarios profesionales del sistema y en
la inversión en investigación.
Señorías, la igualdad es un principio irrenunciable del Gobierno en lo que atañe a la atención sanitaria,
como lo es también empoderar al paciente en la toma de decisiones. Si hablamos de igualdad, hablamos
de garantizar, por ejemplo, que una mujer lesbiana o una mujer sola tenga acceso a la reproducción
asistida en el sistema sanitario público, cosa que el anterior Gobierno eliminó y este Gobierno ha
recuperado; si hablamos de empoderar al paciente y a sus cuidadores en los temas de decisiones,
hablamos también de avanzar en derechos fundamentales como pueda ser la regulación de la eutanasia.
El Gobierno apoya la tramitación de esta importante ley que, de salir adelante, como así esperamos,
supondrá la conquista de nuevos derechos y libertades para la sociedad española. (Aplausos).
Entendemos que el derecho a la protección de la salud asiste a todas las personas en nuestro país.
Medidas ya anunciadas como la recuperación de la atención universal o como la reformulación de los
copagos sanitarios forman parte de esa filosofía, y en este empeño tendremos muy presente el reparto
competencial de nuestra arquitectura institucional.
Sabemos que la sanidad está en manos principalmente
de las comunidades autónomas y, por tanto, vamos a reforzar la cohesión, la codecisión de los Gobiernos
autonómicos en el marco del consejo interterritorial para que nuestro Sistema Nacional de Salud sea
eficiente, sea sostenible y sea transparente y garantice la igualdad de todos los españoles vivan donde
vivan.
Tres son en este sentido las propuestas que me gustaría subrayar en materia del sistema nacional de
dependencia, que ha sido abandonado durante estos últimos años; el coste en términos no económicos
sino principalmente sociales está en las cifras que ustedes conocen y que no hace falta que mencione.
Los compromisos, las propuestas que va a plantear en el Gobierno a la Cámara son las siguientes:
primero, recuperar la financiación del nivel mínimo fijado con anterioridad al Real Decreto-ley 20/2012; en
segundo lugar, avanzar hacia el logro de la financiación recortada al sistema al nivel acordado con las
comunidades autónomas y, en tercer lugar, recuperar el convenio especial en el sistema de la Seguridad
Social para los cuidadores no profesionales, que en su mayoría son mujeres familiares de esos
dependientes. (Aplausos).
Señorías, toda pobreza es una infamia, pero la infantil, que afecta al 28% de nuestros niños y de
nuestras niñas, es sencillamente inaceptable. No podemos aceptar que miles de niños y niñas en este
país arranquen una vida que ha de estar plena de ilusiones con una carga de frustraciones y privaciones
que no merecen. Todo lo que invirtamos hoy en esa lucha tiene un retorno asegurado en el futuro para el
conjunto de la sociedad.
Esa es la filosofía con la que se ha creado el Alto Comisionado de Lucha contra
la Pobreza Infantil, dependiente de la Presidencia del Gobierno; es también la filosofía del Programa VECA, aprobado en el Consejo de Ministros y que va a complementar muchas de las actuaciones que ya están
poniendo en marcha muchos ayuntamientos y muchas comunidades autónomas ahora que los niños y
niñas están de vacaciones —los colegios están cerrados— para garantizar desayuno, comida, cena y ocio
a los niños durante los meses de verano.
La lucha contra la pobreza infantil es la lucha contra la peor de
todas las pobrezas, la que ataca desde la cuna y se prolonga hasta la edad adulta como freno a la
igualdad de oportunidades; la que afecta, señorías, a 1,2 millones de niños y niñas que viven en hogares
con ingresos por debajo del umbral de la pobreza. Hay mucho que hacer en este ámbito. A ello obedece
también el compromiso del Gobierno de reactivar el Programa PROA de refuerzo escolar y nuestra
intención de acabar con el aumento desmedido del número de alumnos y alumnas por aula.
Señorías, en este punto me gustaría trasladarles una reflexión personal.
Deberíamos valorar si es
procedente hablar de fracaso escolar en los términos en los que generalmente lo hacemos. ¿Cómo puede
fracasar alguien que tiene doce años? ¿Cómo puede ser un fracasado un niño o una niña que no ha tenido
estímulos en casa sino privaciones? El fracaso en la infancia no es el fracaso de ese niño o esa niña, es
el fracaso del conjunto de la sociedad. (Aplausos). La desigualdad arranca a una edad intolerable para
un país que exhibe valores como los que identifican al nuestro.
Por eso este Gobierno se propone eliminar
los aspectos contrarios al principio de igualdad de oportunidades y la segregación escolar que arrastra
una ley nacida sin consenso ni acuerdo en esta Cámara ni, por supuesto, con la comunidad educativa,
como es la Lomce.
El nuevo Gobierno entiende que la asignatura de Religión no debe tener valor
académico, de la misma manera que entiende que debe existir una asignatura de valores cívicos y éticos
de carácter obligatorio. No se trata de optar entre dos alternativas, señorías, sino de dar a los valores y
principios que fundamentan la convivencia en democracia, a los valores cívicos y éticos presentes en
nuestra Constitución la relevancia que merecen en nuestro sistema educativo. (Aplausos).
Para este
Gobierno no existe gasto en educación, existe inversión en educación; invertir en educación es invertir en
ciudadanía, en ciudadanos librepensadores; invertir en formación permanente del profesorado y en
innovación educativa es invertir en ciudadanía. Un profesorado motivado en la educación pública es la
mejor garantía de que se puede detectar el talento y actuar antes de que sea demasiado tarde.
Hagámonos,
en definitiva, una pregunta sobre una experiencia que seguro que hemos compartido todos los que
estamos aquí presentes: ¿A cuántas personas les ha cambiado la vida haberse encontrado con un
profesor o con una profesora que supo motivarles cuando lo más fácil era rendirse? Pues esa es la clave,
señorías, esa es la virtud de nuestros profesionales de la educación, y este Gobierno estará a su disposición
y a su lado.
Ellos lideran el trabajo de campo y, una vez más, el Gobierno aspira a acompañar su trabajo
y a estar a la altura.
Este Ejecutivo se propone recuperar una senda que nunca debió revertirse, que es la de recuperar los
niveles de inversión que nos permitan competir con los países de nuestro entorno, el entorno europeo,
desde una fe sincera en la capacidad de la educación pública para volver a hacer funcionar el ascensor
social que ahora mismo está quebrado.
La política de becas que aspiramos a articular nace de ese
principio, señorías, el de no permitir que el apellido, el código postal, marque aquello que un niño o una
niña pueda conseguir en la vida. Por eso es fundamental incrementar la cuantía de las becas para los
alumnos y las alumnas de menor nivel de renta. (Aplausos).
Para conseguir la mayor parte de estos objetivos expuestos este Gobierno quiere impulsar un diálogo
abierto con el resto de los grupos parlamentarios y también con la comunidad educativa; lo vamos a hacer.
El objetivo último es el de consensuar un acuerdo por la educación para estabilizar el sistema en lo
normativo, en lo presupuestario y también en lo curricular. En ese trabajo, la orientación del Gobierno de
España, señorías, será tomar como referencia los objetivos de Naciones Unidas para el año 2030 y los
objetivos europeos de educación y de formación.
Señorías, hemos recuperado el Ministerio de Cultura; que nunca más vuelva a desaparecer, gobierne
quien gobierne, porque estamos hablando del alma del país. (Aplausos).
España puede presumir ante el
mundo de un enorme caudal de poder en este ámbito, que se nutre de nuestra historia del arte, del espíritu
de creadores libres y de nuestras lenguas, que proyectan la imagen de lo que somos, y lo he dicho bien,
nuestras lenguas. (Rumores).
La promoción de todas las
lenguas y culturas de España merece la máxima protección del Estado, y el compromiso de este Gobierno
es reconocer y difundir todas las lenguas cooficiales, como hará el Instituto Cervantes cuando abra su nueva etapa, que será en muy breve espacio de tiempo. La diversidad de nuestra cultura como país forma
parte de lo mejor de lo que somos, la cultura no solo es la esencia del país —como decía antes— también
es un poderoso recurso económico; más de medio millón de personas trabajan en este sector y más
de 100000 empresas tienen en el ámbito cultural su principal foco de actividad.
Por eso, vamos a rescatar
el Plan de acción cultural exterior abandonado a su suerte desde el año 2011, vamos a mejorar la
financiación y regulación del cine español, vamos a crear un grupo de trabajo para avanzar en una nueva
ley de mecenazgo que alcance a todas las manifestaciones artísticas en nuestro país; también es intención
del Gobierno impulsar el estatuto del artista, que ya ha sido aprobado en la Comisión de Cultura de este
Congreso, para proteger a los creadores.
Señorías, tengo la firme voluntad de trabajar en una nueva ley del deporte con un marcado protagonismo
para el deporte femenino y también para el deporte inclusivo. España debe mucho en su proyección
exterior al deporte y también a los valores que aporta en todas las etapas de la formación humana.
Reivindicamos la celebración de eventos internacionales vinculados con el deporte, por ejemplo, hace
poco se han celebrado los Juegos Olímpicos del Mediterráneo en Tarragona (aplausos) y en este ámbito
también y con la vista puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio —en dos años— ya se está trabajando en
un plan de financiación público-privada con un sistema de becas que garantice a las y los deportistas el
apoyo necesario para esa cita.
Como les anuncié al principio de mi intervención, el tercer pilar de la agenda del cambio es regenerar
nuestra democracia y fortalecer nuestra cohesión territorial, hoy dañada por la crisis en Cataluña. No hay
mejor termómetro para medir la salud de una democracia que la fortaleza de sus instituciones. En muchas
ocasiones nos enrevesamos mucho cuando hablamos de la regeneración democrática pensando que una
ley, una simple ley, puede regenerar toda una institución.
Yo creo que, por supuesto, las leyes garantizan
y regeneran esas instituciones y la vida democrática en nuestro país, pero también esa regeneración
democrática, señorías, se consigue gracias a las personas que lideran esas instituciones y que dentro de
sus ámbitos permiten la transformación, la modernización y la adaptación a los nuevos tiempos de esas
instituciones. Este, señorías, no es el caso de la radio y televisión española.
La gestión del presidente
saliente es la viva prueba del intervencionismo y de la manipulación con la que el anterior Gobierno
entendió el ente público como un mecanismo de propaganda. (Aplausos). Me parece importante esta
reflexión que quiero compartir con todos ustedes. Con todo y aun siendo grave la manipulación informativa
que hemos sufrido durante estos últimos años y que es evidente… (Risas). No se rían porque hasta
incluso el Parlamento Europeo está precisamente investigando la manipulación informativa de la Radio y
Televisión Española. (Aplausos).
Con todo, siendo grave la manipulación informativa, siendo aún más
grave que haya consejeros que llevan años sin ser renovados de su puesto en representación de partidos
políticos que ya no existen en el sistema político español, siendo grave el vacío de poder al que nos
abocaba el bloqueo de dos grupos parlamentarios a la renovación en el final del mandato del consejo hace
escasas semanas; siendo todo esto grave, señorías, lo que más preocupa al Gobierno es la viabilidad
presente y futura de la Radio y Televisión Española.
La viabilidad como servicio público, la sostenibilidad
financiera y laboral de una institución que emplea a 6400 trabajadores y trabajadoras, a sus familias, y a
la que el Estado destina cerca de 1000 millones de euros anuales. Permítanme la reflexión siguiente,
señorías. El streaming, las plataformas como Netflix o como HBO están cambiando la cultura audiovisual
en el mundo, también en nuestro país, y esto tiene un impacto directo, trascendental, en todas las
televisiones generalistas y si quieren sobrevivir a este cambio de modelo de cultura audiovisual deberán
hacer frente a ello. Este es el verdadero desafío del que no se habla en el debate público pero que me
parece el fundamental, el nuclear, el trascendental.
La Radio y Televisión Española durante estos siete
años no está haciendo nada. Llevan años sin hacer nada, lo único es el bloqueo político y empresarial del
ente público. (Aplausos).
Vamos a echar la vista atrás, señorías, porque en un mes como este de hace un año el Grupo
Parlamentario Socialista aprobó, con el apoyo de la mayoría de la Cámara, un proyecto de ley para
modificar el método de elección de los miembros del Consejo de Administración de la Radio y Televisión
Española. En aras de ese consenso, logramos incorporar la idea del concurso público; logramos incorporar
también una disposición adicional que decía que si el 31 de diciembre del año 2017 no se lograba ese
concurso público, se nombraría a los miembros del consejo de administración por el mecanismo anterior.
Un año después, señorías, no se ha hecho absolutamente nada.
Dos grupos parlamentarios bloquean la
renovación. Es más, pactan una representación que no tienen en esta Cámara. Esta es la razón, señorías,
por la que el Gobierno se vio obligado de manera urgente a aprobar un real decreto. Esa es la reflexión que quiero hacerles a ustedes. El Gobierno no va a mirar para otro lado, no se va a esconder detrás del
argumento de un concurso público que utilizan dos grupos parlamentarios para bloquear y sostener un
statu quo que ni representa la pluralidad de esta Cámara ni afronta los desafíos trascendentales que
garanticen sostener este importante servicio público. (Aplausos). Ayer no salió adelante la renovación del
consejo, y lo lamento de verdad, señorías. (Rumores).
Voy a dar las gracias a los
grupos parlamentarios que apoyaron el real decreto del Gobierno de España. Estamos, señorías, los que
queremos cambiar las cosas, los que queremos regenerar la vida democrática de este país, y están los
que quieren mantener las cosas del pasado. (Aplausos). Así que, señorías, pido a la Cámara que apoye
el último paso previsto en el real decreto para salir del bloqueo y facilitar una transición hasta que se
sustancie el proceso de elección de los nuevos consejeros y consejeras.
Señorías, el real decreto ha
forzado a quienes nunca creyeron en el concurso público a acelerar los tiempos tras un año de idas, de
venidas; en definitiva, de marrullerismo parlamentario. No duden que, si sale adelante este decreto, el
concurso cumplirá con sus plazos, incluso se agilizarán; lo contrario, lo que va a hacer es languidecer por
quienes solo entienden la Radio y Televisión Española como vocero de sus intereses partidistas.
Señorías, una de las formas de fortalecer una democracia es compartiendo el poder.
Eso es la
descentralización, la desconcentración: compartir el poder. Así entiende este Gobierno un sistema
altamente descentralizado como el nuestro, que define constitucional y políticamente a nuestro país.
Para que un sistema político descentralizado funcione, los mecanismos de cooperación deben ser
operativos. El no ejercicio del diálogo provoca atrofia institucional, conflicto y ensimismamiento.
Evitar
esa inercia es uno de los grandes objetivos de este Gobierno, fundamentalmente, a través de tres
principios. El primero, recuperar el diálogo y la cooperación estable y sistemática entre las comunidades
autónomas. En ese sentido, quiero hacer mención en este punto al impulso de la agenda canaria, que
tiene importantes hitos por delante y en cuyo marco se están desarrollando medidas relevantes, como
es la bonificación de 75% al transporte de residentes, aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 13
de julio; una decisión que también beneficia a los residentes de Baleares, Ceuta y Melilla. (Aplausos).
El segundo, hacer un análisis riguroso y exhaustivo de la normativa propia para evitar conflictos
competenciales, impulsar los instrumentos de garantía del autogobierno y mejorar la coordinación
institucional. Esta última previsión es igualmente oportuna y válida para el ámbito local. Hay que impulsar
la autonomía local, maltrecha tras años de injusto intervencionismo; injusto porque no hay una
Administración, señorías, que haya hecho mayor esfuerzo en la contención del déficit público que las
corporaciones locales, como ustedes saben.
Señorías, dialogar no es ceder, dialogar es hacer política. Solo desde el diálogo, poniendo en valor la
política, vamos a poder hacer frente a crisis institucionales que están en la mente de todos y que exigen
de una respuesta política allí donde la confrontación ha sido la norma durante estos últimos años.
Reconducir la grave crisis institucional en Cataluña es el objetivo prioritario de este Gobierno. En ese
empeño, consideramos imprescindible avanzar en la garantía de la vigencia efectiva del marco estatutario
y constitucional en Cataluña.
Hay alternativas políticas dignas de ser exploradas allí donde el enfrentamiento
ha terminado por dividir a una sociedad extraordinariamente plural como es la catalana. Este Gobierno
está dispuesto a abrir un diálogo franco y directo. Que se pueda dialogar sin cortapisas, señorías, no es
mérito de este Gobierno, es mérito de nuestra Constitución, que ampara nuestros derechos y nuestras
libertades. Soy consciente de que recuperar la normalidad institucional no será la meta, será la salida de
una solución política para Cataluña, una meta a la que llegaremos después de haber hecho una carrera
de fondo; reconozcámoslo, no va a ser una solución fácil ni rápida, va a ser una carrera de fondo donde
va a haber altos y bajos, donde va a haber situaciones difíciles y situaciones menos complicadas.
Una
carrera que, como toda carrera de fondo, señorías, va a exigir determinación, templanza, sentido de
Estado y generosidad por parte de todas y de todos. Señorías, los responsables políticos, los líderes, no
debemos pensar en lo que podemos perder personalmente sino imaginar lo que pueden ganar los
ciudadanos a los que representamos.
Por eso, lo que les pido en relación con Cataluña es que no
abordemos esta cuestión sobre la base de lo que estamos dispuestos a renunciar sino de lo que estamos
dispuestos a acordar. (Aplausos). Nosotros lo tenemos claro, queremos acordar unión y convivencia y en
ese camino nos podremos volver a encontrar. Creo que el primer paso dado, la activación de comisiones
bilaterales —que no se reunían, señorías, desde el año 2011—, será fundamental para ir construyendo confianzas y lealtades que hoy están quebradas. Sin diálogo solo hay bloqueo y con diálogo habrá
soluciones. Este es el ánimo con el que he procedido a reunirme también con el lehendakari Urkullu, al
que agradezco su compromiso y su lealtad institucional; vamos a impulsar una agenda de diálogo bilateral
en beneficio de la sociedad vasca y ya estamos de hecho trabajando en este sentido con el Gobierno de
Euskadi.
Con ese ánimo, señorías, veré esta tarde al presidente de la Xunta de Galicia, al señor Núñez
Feijóo; y hasta el último día del mes de julio a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz; al
presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, y al presidente de Cantabria, Miguel Ángel
Revilla. Mi compromiso, el compromiso del Gobierno, es reunirse con todos y cada uno de los presidentes
autonómicos antes de que finalice el año.
Señorías, la justicia es uno de los ámbitos en los que es más urgente avanzar en la regeneración
democrática y en el fortalecimiento institucional. Una justicia que ha de ser rápida, independiente y
transparente para estar al servicio de toda la sociedad, pero especialmente de las víctimas. En este
propósito modernizador quiero manifestar nuestra voluntad de avanzar en la dotación de los medios
técnicos y humanos deseables, pero también —y esto es muy importante— con diálogo necesario entre
el Gobierno y las asociaciones de jueces y de fiscales, letrados de la Administración de Justicia y
funcionarios.
Es preciso asegurar la independencia judicial y la autonomía del ministerio fiscal garantizando
nombramientos basados en criterios objetivos de igualdad, mérito y capacidad, no solo por ser una
exigencia propia de cualquier democracia madura, que lo es, en la que impera el principio de separación
de poderes, como la nuestra, sino para superar una etapa de pérdida de confianza de la sociedad en las
instituciones vinculadas con la justicia.
En este sentido, les anuncio, señorías, la intención del Gobierno
de promover la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece un plazo
máximo de instrucción especialmente nocivo en la tramitación de causas complejas vinculadas con la
corrupción.
La necesidad de una justicia ágil no puede servir nunca como excusa para la precipitación en
la instrucción de determinadas causas, y mucho menos como antesala para la impunidad. La aprobación
de la reforma del reglamento de asistencia jurídica gratuita o el impulso de la mediación también parten
de esta misma filosofía, la de fortalecer la justicia y la de restablecer la confianza de la ciudadanía en un
servicio público nuclear de nuestro Estado de derecho.
Por cierto, señorías, para fortalecer las instituciones
y los cambios normativos que hagan más viable a esta sociedad necesitamos también una perspectiva de
género ausente durante mucho tiempo. Vamos a impulsar esa mirada, señorías, y lo haremos desde la
formación especializada de profesionales en estos ámbitos, incorporando esa visión a toda acción de la
Administración de Justicia. Que quede claro, señorías, si dice no es que no y si no dice sí es que no.
(Aplausos).
Señorías, este es un Gobierno feminista y no tiene miedo ni complejo alguno en exhibir esa etiqueta.
El pasado 8 de marzo la sociedad lanzó un mensaje que todas las instituciones tenían y tienen el deber
de escuchar, algo cambió ese día y el mundo entero fue testigo precisamente de ello.
Por primera vez en
mucho tiempo la atención de los medios internacionales estuvo en nuestro país y para algo de lo que
sentirnos orgullosos, que fue la lucha por la igualdad, la lucha contra la brecha salarial y la lucha por la
igualdad laboral; a la forma en que leemos normas jurídicas que parecen contradecir el espíritu de nuestro
tiempo, a la educación en valores en el ámbito educativo, a la sensibilización temprana ante la violencia
ejercida contra la mujer como expresión de algo especialmente infame, como es la dominación y la
discriminación.
Nadie es dueño de nadie y nadie es menos que nadie. Esta sociedad tiene que mirarse en
el espejo de la decencia cuando todavía hoy en día, señorías, una mujer tiene que fingir que habla por
teléfono cuando camina sola de vuelta a casa en una calle de cualquier ciudad de nuestro país. El miedo
es la antesala de la dominación y sencillamente no hay derecho a que ellas sientan miedo en la España
de 2018.
Señorías, contamos con una herramienta fundamental y muy valiosa en este terreno, como es el
Pacto de lucha contra la violencia de género, y creo firmemente que entre todos y todas podemos impulsar
la cultura del acuerdo todavía más lejos aún en este ámbito hasta erradicar una violencia que deja en
nuestro país tanta muerte como tantos huérfanos, hasta acorralar a los que acorralan. España debe tener
las calles libres de manadas.
Mucho de lo que avancemos en esta causa tiene que ver con lo que se
puede hacer desde el ámbito de la seguridad. Garantizar la seguridad de las mujeres que son víctimas de
la violencia de género debe ser y es un objetivo prioritario de este Gobierno, como lo es igualmente
avanzar en la formación especializada de un personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
que es clave en la lucha contra esta lacra. Señorías, los miembros de dichos cuerpos representan un
elevado porcentaje del total de funcionarios de la Administración General del Estado. Iniciativas en el ámbito de la protección social como la mejora transversal de las condiciones laborales, la equiparación
salarial y el impulso a las medidas de conciliación son esenciales para este Gobierno.
Ante nuevas formas de delincuencia, el impulso a la cooperación internacional en la lucha contra el
terrorismo o las organizaciones específicas de blanqueo de capitales va a ser una labor esencial por parte
de nuestro Gobierno, como lo va a ser también la lucha contra la corrupción, una materia en la que España
ha protagonizado, desgraciadamente, demasiadas portadas a los ojos del mundo entero, expresión de
una enfermedad que corroe los cimientos de la democracia y destruye la fe y la confianza de los ciudadanos
en sus instituciones.
En consecuencia, avanzar en la detección temprana de estas tramas es mucho más
que dar cumplimiento a la ley, es también impulsar la transparencia, es defender nuestro régimen de
libertades y es trabajar por la regeneración democrática. Este Gobierno asume su compromiso con la
ejemplaridad en su grado más alto y no va a escatimar esfuerzos en la lucha contra la lacra que ha hecho
mucho daño a la imagen de España y también a las arcas públicas.
Señorías, alguien dijo que cuando un pueblo renuncia a la libertad en aras de la seguridad acaba
perdiendo ambas: la seguridad y la libertad. Esta es una afirmación muy oportuna a la hora de hablar de
la Ley mordaza.
Ofrecemos consenso y voluntad de acuerdo frente a una reforma que debilitó nuestras
instituciones, deterioró la calidad de nuestra democracia y atacó las libertades. Diálogo político en el seno
de esta Cámara para alcanzar el equilibrio entre dos valores igualmente valiosos para este Gobierno.
En materia de política de defensa quiero hacer referencia a cinco ejes prioritarios de actuación. El primero tiene que ver con el reforzamiento de nuestras propias capacidades de defensa; el segundo, el fortalecimiento de la posición de España en el sistema de seguridad internacional; el tercero, el impulso decidido a la Europa de la defensa; el cuarto, contribuir a la lucha contra el terrorismo internacional; y el quinto, potenciar la llamada diplomacia de la defensa.
En materia de política de defensa quiero hacer referencia a cinco ejes prioritarios de actuación. El primero tiene que ver con el reforzamiento de nuestras propias capacidades de defensa; el segundo, el fortalecimiento de la posición de España en el sistema de seguridad internacional; el tercero, el impulso decidido a la Europa de la defensa; el cuarto, contribuir a la lucha contra el terrorismo internacional; y el quinto, potenciar la llamada diplomacia de la defensa.
Ayer precisamente tuvimos la ocasión el Consejo
de Ministros de participar en la reunión del Consejo de Seguridad Nacional con su majestad el rey, algo
que no sucedía desde el año 2015, un órgano clave en la detección de nuevas amenazas y en la búsqueda
de herramientas para combatirlas; amenazas como la ciberseguridad y aquellas de naturaleza híbrida que
constituyen fuentes de riesgo para todas las democracias, también la nuestra.
España hoy es un socio
fiable en el mundo en materia de defensa. Participamos en quince misiones internacionales, en las que
más de 2400 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas desempeñan su labor con profesionalidad,
dedicación y entrega, y quiero hacer mención expresa a ello en esta intervención.
La política de defensa
es una política de Estado para este Gobierno. Así lo entendí en la oposición y así lo quiero manifestar
también desde el Gobierno. El mandato, por tanto, es muy claro: la búsqueda del consenso. España va a
mantener sus compromisos internacionales y hará honor a su vocación en pos de la estabilidad y de la
paz mundial promoviendo una cultura de seguridad nacional.
Tenemos importantes retos pendientes a la
hora de facilitar la integración laboral, por ejemplo, en el ámbito civil —ustedes no son ajenos a ello porque
también se han reunido con estos colectivos—, de los integrantes de la escala de tropa y marinería con
compromiso de larga duración, que al alcanzar los cuarenta y cinco años de edad tienen que abandonar
las Fuerzas Armadas y en consecuencia se encuentran con serias dificultades para poder continuar
trabajando.
En el mismo ámbito, respondiendo una vez más a la transversalidad de la política de igualdad
que este Gobierno exhibe, nos proponemos reforzar todas las medidas que favorezcan la igualdad efectiva
entre hombres y mujeres, en especial en lo referido a la Constitución. Y, finalmente, impulsar las medidas
que doten de efectividad la garantía de igualdad de trato en el seno de las Fuerzas Armadas de las
personas pertenecientes al colectivo LGTBI, un colectivo que, junto a otros muchos, espera de esta
Cámara un gran consenso para sacar adelante una ley importante para este Gobierno y para el Grupo
Parlamentario Socialista, como es la ley contra la discriminación y contra los delitos de odio, que está en
proceso de tramitación parlamentaria.
Señorías, el cuarto y último pilar de la agenda del cambio que les proponemos es la definición y la
participación de España en la construcción europea y el papel que tenemos que desempeñar en el mundo.
Consenso y vocación de política de Estado son condición indispensable para la defensa de los intereses
de España en el exterior y para la proyección de la imagen de nuestro país, llamado a tener, a nuestro
juicio, una presencia mucho más activa e importante en los foros multilaterales.
España puede y debe
desempeñar un papel activo en las organizaciones internacionales de las que forma parte y lo hará
otorgando prioridad a los asuntos humanitarios, a la Agenda 2030, a la Agenda de género, a la lucha
contra el terrorismo y a la diplomacia preventiva. Somos un país comprometido con el fomento y la
protección de los derechos humanos, una democracia avanzada que quiere seguir apostando por el
multilateralismo y la defensa del proceso de integración europea, que ahora mismo está puesto en cuestión dentro y fuera de nuestro continente.
En este ámbito, quiero hacer referencia nuevamente a tres principios
que estarán presentes en nuestra acción exterior: responsabilidad, solidaridad y empatía. Tenemos,
señorías, retos de enorme calado por delante en esta cuestión. En primer lugar, cerrar la negociación del
proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea, despejando incertidumbres y garantizando la
defensa de los intereses de España, también en lo que concierne a Gibraltar.
En segundo lugar, defender
los intereses de España en la negociación de las perspectivas financieras 2021-2027 y progresar en la
construcción de la unión económica y monetaria. En tercer lugar, trabajar con los socios europeos y del
sur en el reto migratorio, que, como ya he reiterado, debe tener un alcance y una dimensión europea en
la aproximación y en la solución. Y en cuarto lugar, fortalecer y recuperar la política de cooperación al
desarrollo como un elemento definitorio de la política exterior de España.
En este sentido, quiero hacer
una mención especial a la voluntad defendida por España en el último Consejo Europeo de que la prioridad
en el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea, para este Gobierno, la constituye la defensa
de los derechos de nuestros ciudadanos en el Reino Unido. (Aplausos).
Señorías, quiero hacer una mención especial a la necesidad de impulsar la modificación de la
legislación para acabar con el llamado voto rogado y hacerlo antes de que se produzcan los procesos
electorales del mes de mayo del próximo año.
Quiero asimismo subrayar la importancia que el nuevo
Gobierno va a dar a Iberoamérica. Así, en la próxima Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en
Guatemala en el mes de noviembre, junto al resto de países, vamos a seguir confeccionando esta
comunidad que formamos, compartiendo objetivos y valores, en especial el intercambio de nuestras
sociedades civiles en todos sus ámbitos.
Finalmente, quiero trasladarles el firme compromiso del Gobierno por liderar en los foros multilaterales
y globales propuestas conjuntas a desafíos cruciales para el futuro de nuestro planeta, empezando por el
debate general de la 73.ª Asamblea General de Naciones Unidas, en la que participaré activamente.
También asistiré con idéntico espíritu a la decimotercera cumbre del G-20 en Buenos Aires. En materia de
paz y seguridad, participaré, como lo hemos hecho previamente, en todos los debates que se planteen en
la OTAN para conseguir que la guerra, la inestabilidad y las violaciones de derechos humanos retrocedan
en el mundo.
Quiero hacer mención especial en este punto, señorías, a la Agenda 2030, una agenda para
el desarrollo sostenible y para la que he nombrado una comisionada dependiendo directamente de la
Presidencia del Gobierno, que va ocupar una parte importante de la acción de este Gobierno y también
de la Presidencia.
Esta agenda, que guiará el trabajo de Naciones Unidas en los próximos años, pone al
ciudadano en el centro de su acción, con un enfoque de derechos y de libertades, su carácter universal e
indivisible, con tres facetas interrelacionadas fundamentales para este Gobierno: la económica, la social
y la medioambiental.
Es y va a ser una gran oportunidad para revertir el rumbo del planeta en la dirección
adecuada para su sostenibilidad. No quiero acabar el capítulo de la política exterior sin mencionar nuestro
propósito firme de continuar manteniendo contactos bilaterales con todos los países de la comunidad
internacional, en especial con nuestros amigos de América Latina y de África, regiones con las que,
impulsados por nuestra historia y geografía, hemos creado lazos indisolubles. Marruecos, país vecino y
amigo, va a ocupar un lugar destacado en esos contactos bilaterales.
Señorías, a lo largo de mi intervención hay una constante que quiero recuperar en este momento. El
nuevo Gobierno quiere acompañar a la sociedad, quiere estar a su lado, haciendo posible una agenda del
cambio basada en cuatro pilares, el del crecimiento económico y la creación de empleo, el de la igualdad
y la cohesión social, el de la regeneración y la cohesión territorial y el de volver al corazón de Europa. No
hemos venido a gobernar a los españoles, hemos venido a gobernar con los españoles, de ahí mi
compromiso de gobernar con el Parlamento y no contra el Parlamento, que ha sido la tónica habitual
durante estos últimos siete años.
Soy consciente de las esperanzas que este Gobierno ha despertado en
buena parte de la sociedad y de la necesidad de estar a la altura de las expectativas despertadas. Vivimos,
señorías, tiempos de cambio en muchos ámbitos —en el ámbito económico, en el ámbito del trabajo, en
el ámbito de la innovación tecnológica— y en el cambio siempre hay oportunidades, pero también hay
amenazas para los más expuestos y vulnerables de la sociedad. Son los que conviven con la incertidumbre
de un tiempo en el que la precariedad lo inunda todo; trabajos precarios, sueldos precarios, vidas precarias.
Este Gobierno hace un llamamiento a todos los sectores, a todas las fuerzas políticas y a todas las
administraciones para que el miedo al futuro no siga debilitando nuestra cohesión social; lo hará sabiendo
que no tiene todas las respuestas, pero que tiene claras las preguntas que nuestra sociedad se plantea
en este momento decisivo para definir cómo será nuestro país mañana.
Señorías, comencé mi intervención apelando a la memoria de lo ocurrido en este hemiciclo hace
cuatro décadas. Les hablé de los 258 miembros de esta Cámara que votaron sí a la Constitución Española,
quienes abrieron un tiempo que cambió la historia para bien de nuestro país. De aquellos que formaban
parte de esta Cámara en aquel momento, señorías, veintiuno eran mujeres, y solo una de ellas pudo
participar en la Comisión Constitucional. Hoy son 146, de 350, las mujeres que forman esta Cámara, así
que hay mucho territorio por ganar a favor de la igualdad de género.
A las puertas de una nueva década,
España ya ha cambiado, y el cambio lo escriben las hijas, los nietos y las nietas de aquellos que
protagonizaron el primer gran cambio de nuestro país, el paso de la dictadura a la democracia. Este año
celebramos el 40.º aniversario de nuestra Constitución y lo más importante es volver a entender, como
entendieron las generaciones precedentes, la necesidad de que la política no puede ir por detrás de la
sociedad. Llegó el momento, señorías, de volver a poner el reloj de la política a la hora de España.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo
Parlamentario Socialista, puestos en pie).
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