COMISIÓN PACTO TOLEDO 12072018

La señora PRESIDENTA: Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta reunión de la Comisión del Pacto de Toledo. Tenemos el honor y el placer de recibir a la señora ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. En primer lugar, quiero darle la bienvenida a la ministra, que todos conocemos, por lo menos los que llevamos un tiempo aquí, puesto que ha sido diputada de este nuestro Parlamento. Como todos ustedes saben, la Comisión se desarrollará de la siguiente forma: la señora ministra intervendrá por el tiempo que considere oportuno; inmediatamente después daremos la palabra a los grupos de menor a mayor; la señora ministra volverá a intervenir y, finalmente, daré un segundo turno a los diputados para aquellas preguntas que consideren que deben ser contestadas. Bienvenida, señora ministra. La palabra es suya. 

La señora MINISTRA DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (Valerio Cordero): Muy buenas tardes, señora presidenta, señorías. Es para mí un honor volver a comparecer en esta Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo a la que tuve el gusto y la suerte de pertenecer en la X Legislatura. Es para mí un honor porque el Pacto de Toledo es el gran acuerdo político y social de referencia, un ejemplo, dentro y fuera de nuestro país, de gobernanza adecuada y de buenas prácticas en la acción relativa a una política social fundamental, que es mantener un sistema público de pensiones. 

Es un honor también estar aquí, porque esta comparecencia me permite hablar de este sistema público de pensiones; un sistema del que depende nada más y nada menos que una de cada tres familias españolas; un sistema que ha permitido que el grupo de edad de mayores de sesenta y cinco años sea en todos los estudios socioeconómicos el que refleja mayor equidad interna y menos desigualdades; un sistema que se constituye en el tronco central de la protección social de nuestro país. 

Como ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, a través del diálogo social y en el marco de esta Comisión, me comprometo a adoptar las medidas de impulso necesarias para garantizar su viabilidad y solvencia, tomando, por supuesto, como referencia el marco constitucional. 

El Pacto de Toledo fue una apuesta muy importante de un Gobierno que, acompañado de una oposición constructiva y responsable, fue capaz de diseñar con altura de miras un futuro para la Seguridad Social. Nosotros, veinte años después, tenemos la obligación de seguir haciéndolo realidad. 

El Pacto de Toledo es un ejemplo para otras áreas de la acción pública que se inspiran en él para trazar acuerdos sólidos y estables, acuerdos que permitan reformas, con independencia de las alternancias políticas, y que garanticen la continuidad de los derechos y el bienestar de los españoles y las españolas. 

Vayan por delante, pues, mi agradecimiento a los firmantes del Pacto de Toledo y mi confianza en los grupos parlamentarios que hoy tienen encomendada la tarea de la renovación de sus recomendaciones y la reformulación de propuestas que permitan continuar con esa estela, que es también una auténtica fortaleza para nuestro sistema. 

Durante esta legislatura y en este mismo ámbito, la Comisión del Pacto de Toledo ha ido avanzando en lograr determinados consensos respecto al sistema de la Seguridad Social, que van desde la consolidación de la acción protectora del sistema, hasta la continuación de la separación de fuentes de financiación, la necesidad de buscar nuevos recursos que complementen los ingresos procedentes de las cotizaciones sociales, la conveniencia de seguir en el proceso de simplificación de regímenes y la adecuación de las bases de cotización. 

Señorías, nos queda mucho camino por andar aún en orden a poder renovar por tercera vez el inicial Pacto de Toledo, adecuando sus conclusiones y recomendaciones a las circunstancias actuales, a las demandas sociales y a las exigencias derivadas de las necesidades financieras, pero buscando siempre, como hemos hecho en las ocasiones precedentes, la mejora de la protección en un marco de sostenibilidad económica y de consenso social. 

Me consta que en esta Comisión son muchos los meses que se lleva trabajando, especialmente en reuniones de la Mesa y portavoces del Pacto de Toledo. Han sido muchas las comparecencias y muchos los debates, y yo creo que ahora es obligación de esta Cámara —y desde luego cuentan ustedes con el total apoyo y ánimo del Gobierno desde fuera— de dar por renovadas cuanto antes estas recomendaciones que van a ser tremendamente útiles para que, unidas al diálogo social, el Gobierno de España pueda adoptar medidas y decisiones en relación con la sostenibilidad social y financiera del sistema público de pensiones. 

Para el Gobierno, el trabajo es un elemento nuclear del Estado del bienestar. Un mercado laboral digno, un modelo económico productivo y un sistema de protección social son la garantía de un Estado del bienestar sólido. Por ello, recuperar la centralidad del trabajo y del diálogo social supone hacer de estas cuestiones el eje integrador tanto de la protección social como de nuestras relaciones económicas y sociales para reforzar su sostenibilidad. 

Ello implica una nueva redefinición del principio de solidaridad intergeneracional, la cual es ya hoy bidireccional. Pensiones y mercado laboral deben ir unidos indefectiblemente; a mí me gusta decir que son caras de la misma moneda o vasos comunicantes. Si se daña el mercado de trabajo, ineludiblemente se está dañando la recaudación de la Tesorería General de la Seguridad Social y, por ende, el sistema público de pensiones. 

La sociedad, los poderes públicos y los agentes sociales y económicos debemos implicarnos en sostener las pensiones a la vez que un mercado laboral digno y solvente. Eso es, a nuestro juicio, signo de cohesión social. Hemos estado más de seis años con un Gobierno interviniendo en dirección contraria a las necesidades de nuestro sistema. 

Ha llegado el momento de rectificar, y la manera de hacerlo es con diálogo social y sacando adelante un nuevo Pacto de Toledo. Teniendo en cuenta este marco de trabajo, permítanme que tome como referencia la memoria sobre la situación económica y laboral de España 2017 aprobada por el CES, por el Consejo Económico y Social, donde se establece que, pese a la mejora de la situación económica, la situación del sistema de Seguridad Social se ha deteriorado. 

Cito textualmente algunos párrafos de la memoria: A pesar de la paulatina recuperación del empleo y, en consecuencia, de la afiliación desde el año 2014, los ingresos por cotizaciones sociales han venido registrando crecimientos muy moderados hasta 2017, debido a factores como las menores bases de cotización, en línea con la evolución de los salarios, la elevada tasa de desempleo, la segmentación del mercado laboral en términos de temporalidad y parcialidad o el importante crecimiento registrado en los últimos años por las reducciones en las cuotas a ingresar a la Seguridad Social. 

Ejemplo de ello es que en 2015, mientras que la afiliación al régimen general crecía un 4,4 %, la base media mensual de cotización cayó un 0,5 %, cuando en los años previos a la crisis ambas variables crecían a tasas similares de en torno al 4 %. Como ven, es un diagnóstico no demasiado complaciente con la situación que vivimos y con la propia acción del Ejecutivo del Partido Popular que hemos tenido en estos últimos años. 

Dentro de una valoración ponderada, es evidente que la mejora del empleo supone un buen punto de partida para la adopción de las medidas necesarias. Sin embargo, esta mejora no se ha reflejado en la situación económica del sistema de protección, sino al contrario, ha sido insuficiente para revertir el deterioro financiero creciente en que se encuentra el mismo. 

Al respecto, les recuerdo que en diciembre del año 2017 el número de cotizantes se situó en 18 460 200 frente a los 17 229 922 en el mes de diciembre del año 2011, es decir, 1 230 288 cotizantes más a diciembre de 2017 que en diciembre de 2011. No obstante, a pesar de este incremento, la recaudación de 109 037 millones de euros por cotizaciones sociales en el año 2017 se situó por debajo de las cifras obtenidas en el año 2011, año en el que, aunque se registró una recaudación de 105 311 millones de euros, esa cifra debemos actualizarla con arreglo al IPC, por tanto, se situó en 110 365 millones de euros, es decir, una recaudación de 1328 millones de euros menos que en 2011, a pesar de tener 1 230 288 cotizantes más. 

Esto ha sido debido fundamentalmente a que la cotización media anual por cotizante ha disminuido en 210 euros. En el año 2011 fue de 6112 euros/año y en 2017 ha sido de 5902 euros/año. Consecuencia de este evidente deterioro de la situación financiera del sistema, hemos pasado de tener un déficit de 487,29 millones de euros en el año 2011 a casi 18 800 millones de euros de déficit a 31 de diciembre del año 2017; déficit que se ha paliado gracias al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, más conocido por la ciudadanía de a pie como la hucha de las pensiones. Esta hucha de las pensiones, que a 31 de diciembre del año 2011 estaba dotada con 66 815 millones de euros, hoy se sitúa en 8050 millones de euros. 

Desde el año 2012 hasta el año 2017 se procedió a eliminar un límite que existía del 3 % para uso de esos fondos, máximo 3 % anual. Se eliminó el límite y se han detraído de este fondo 74 438 millones de euros, habida cuenta de que se han gastado también una buena parte de sus réditos, cantidad a la que si le sumamos los 8621 millones de euros del fondo de contingencias profesionales, conocido vulgarmente como el fondo de excedentes de las mutuas patronales —llamadas antes mutuas patronales de accidentes de trabajo de enfermedad profesional y ahora mutuas de la Seguridad Social—, más los 10 192 millones de euros del crédito que hubo de solicitarse al Tesoro Público por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social el año 2017, sumando estas tres cantidades, da una cantidad total de 93 251 millones de euros adicionales a las cotizaciones durante estos seis años que se han necesitado para poder hacer frente al pago de las prestaciones contributivas de nuestro sistema de Seguridad Social. 

Asimismo, constatamos que la última auditoría de nuestra situación financiera desarrollada por el Tribunal de Cuentas muestra que el neto patrimonial de las entidades gestoras públicas del sistema de la Seguridad Social tiene, por primera vez desde la aprobación del Pacto de Toledo, un saldo negativo de 13 725,61 millones de euros. 

Si esta situación hubiera sido compatible con la mejora y el crecimiento de la acción protectora por decisiones del Poder Ejecutivo, tal vez hubiera merecido el aplauso unánime de esta Cámara y de la sociedad española, pero lo cierto y verdad es que ha crecido el déficit a pesar de que ha crecido el empleo cuantitativamente y a pesar de la práctica congelación de las pensiones que, en teoría, debería haber servido para moderar gastos. 

Como les dije el pasado martes en mi comparecencia ante la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, aunque hablamos de números, estamos hablando de personas, de millones de personas, algunas de las cuales lo pasan a veces muy mal. Así lo pone de manifiesto la encuesta de condiciones de vida hecha pública por el Instituto Nacional de Estadística para el año 2017, donde se señala que desde el año 2015 la población en riesgo de pobreza en los mayores de sesenta y cinco años, que había descendido aceleradamente desde el año 2004, se ha incrementado, pasando del 11,4 % al 14,8 %, situación que también se ha puesto de manifiesto en el último informe del Defensor del Pueblo. 

Querría hacer una mención a los efectos causados por la Ley 23/2013, de 23 diciembre, reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social. Esta ley se aprobó como no se deben aprobar nunca las leyes que afectan a tantos millones de personas, presentes y futuras. 

Cualquier ley que vaya a reformar de manera importante el sistema público de pensiones debe seguir una metodología para su aprobación, y la metodología que nos dimos desde el año 1995 es sumar el diálogo social —diálogo del Gobierno con los agentes sociales y económicos— e intentar el diálogo y a ser posible el acuerdo político en el seno del Pacto de Toledo. Pues bien, los primeros pasos de esta ley ya fueron negativos. 

¿Por qué? Porque se quebró la metodología; se aprobó de manera unilateral por los diputados y diputadas del Partido Popular y con el voto en contra de todos los demás grupos parlamentarios de esta Cámara. Se hizo sin el acuerdo con los agentes sociales y económicos; no existía acuerdo en la mesa del diálogo social y, además, se aprobó con un informe bastante demoledor y muy crítico del Consejo Económico y Social de este país. 

Se han hecho muchas reformas legislativas de la Seguridad Social a lo largo de la historia —en la democracia algunos muy potentes, como la del año 1985 y sucesivas, la última, anterior a la de 2013, la Ley 27/2011— y en la mayoría de ellas se ha intentado el diálogo social y tener en cuenta, sobre todo desde el año 1995, el Pacto de Toledo. 

Ha habido una norma en todas ellas que ha sido no afectar a las pensiones presentes, a los pensionistas de ese momento, de tal manera que todas las normas han establecido unos períodos transitorios bastante dilatados en el tiempo para que no se viesen afectadas la vida y las expectativas de las personas que ya tenían muy próxima su jubilación. 

Pero no ocurrió así en la Ley 23/2013; por primera vez se afectó de manera muy dura, sobre todo con el índice de revalorización de la subida del 0,25 %, a personas que ya estaban percibiendo su pensión de jubilación. Se afectó a los que cobraban pensiones no contributivas, a las personas que están cobrando pensiones de clases pasivas aunque no se paguen con cotizaciones y también al resto de los pensionistas de los demás regímenes, tanto el general como el resto de los regímenes especiales. 

También de manera unilateral se decidió un factor de sostenibilidad que tampoco tuvo los parabienes de esta Cámara, salvo los del Partido Popular. De hecho, esta ley ha sido cuestionada a lo largo de estos años en multitud de iniciativas como proposiciones no de ley, proposiciones de ley, etcétera. Algunas de estas proposiciones no de ley han sido aprobadas no por unanimidad pero sí por una mayoría de esta Cámara. 

Sinceramente, esta decisión de la subida de las pensiones del 0,25 % establecida en esta ley ha provocado que los pensionistas españoles no solo no hayan participado del crecimiento económico, sino que han sido ellos a los que se les ha obligado a apretarse el cinturón para actuar como garantes del mismo, pese a que en muchos casos sus rentas son escasas. 

En todo caso, han tenido que soportar decisiones del Gobierno del Partido Popular que anteriormente los pensionistas no las habían vivido en este país, como son recortes en la Ley de dependencia, el copago farmacéutico, el ‘medicamentazo’, las subidas del impuesto de bienes inmuebles que muchos ayuntamientos han tenido durante este tiempo —hay un porcentaje muy importante de nuestros pensionistas que tienen alguna vivienda en propiedad—, las subidas de la energía que han dado lugar a que algunas de nuestras personas pensionistas y en general algunos mayores no hayan podido poner la calefacción —ya se ha hablado de la pobreza energética durante estos años— durante el invierno, lo cual es a veces muy dramático, sobre todo tratándose de personas que lo pasaron muy mal de niñas y que pasaron mucho frío y muchas penurias; que ahora hayan tenido que volver a pasar esas penurias no dice mucho de una sociedad del siglo XXI. 

Además, han tenido que ayudar a hijos e hijas, a nietos y nietas, por eso ha subido el índice de pobreza en las personas mayores fundamentalmente; se ha notado sobre todo en los hogares, en los que los mayores han tenido que ayudar a sus descendientes. 

Señorías, no puedo aceptar desde mi responsabilidad como ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social que nuestro sistema público de pensiones se vea empeorado por la situación económica, por ser más débil, por ofrecer menos seguridad y menos esperanza a la ciudadanía española, y que haya sido el sector de los pensionistas, hombres y mujeres de este país, el que haya tenido que soportar sobre sus espaldas muchas situaciones negativas en esta época de crisis. 

El Gobierno del presidente Pedro Sánchez tiene un firme compromiso para que la Seguridad Social sea partícipe también del desarrollo económico. Si somos un país en crecimiento económico, que por supuesto nos congratulamos de ello, ese crecimiento económico también se tiene que notar en el sistema público de pensiones y en la Seguridad Social de este país. 

Por ello, frente al deterioro financiero de los últimos años del sistema, estamos obligados a adoptar medidas que ayuden a restablecer su equilibrio financiero en el marco del diálogo social y de esta Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo. 

En este sentido, uno de los objetivos de la acción de Gobierno es reforzar el equilibrio financiero del sistema. Ya les aviso que en ningún caso lo haremos a costa del retroceso en las pensiones o de una merma en la cuantía de las mismas. 

Quiero recordar que el gasto en pensiones está por debajo de la media de la Unión Europea y de países de nuestro entorno; Portugal está por encima del 13 % del PIB —nosotros estamos en torno al 10,5 %—, Italia del 15,3 %, Grecia del 13,6 %, Austria del 14,5 %… 

En definitiva, no estamos con un gasto disparado ni muchísimo menos. Tenemos que asegurar —tenemos esa obligación— que cuando las cohortes del baby boom accedamos al sistema —me incluyo en ellas— debemos tener garantizada una pensión digna, por ello, desde hoy tenemos que adoptar todas las medidas que podamos y que avancen en la búsqueda de un equilibrio financiero del sistema, porque si comparamos las que se pagaban en diciembre del año 2017, en torno a los 9,5 millones de pensiones, con las que tendremos que pagar en el año 2050, que serán, aproximadamente, 14,4 millones de pensiones, eso significa que vamos a tener que pagar casi 5 millones de pensiones más de las que estamos pagando en estos momentos. 

Así que tenemos la obligación de equilibrar el sistema de aquí a 2022-2023 para que cuando llegue el impacto que van a generar en la jubilación las generaciones del baby boom tengamos un sistema lo más saneado posible. Quiero recordar un pequeño dato que creo que la mayoría de ustedes conocen porque están en la fase de renovación de las recomendaciones del Pacto de Toledo; si se leen las recomendaciones del Pacto de Toledo que se aprobaron en el mes de enero del año 2011, en el preámbulo se dice que para aguantar el impacto en cuanto al incremento del número de pensiones en los cinco primeros años de impacto del baby boom —2022-2023 a 2028-2029— se iba a utilizar el Fondo de reserva. 

Se pensaba llegar a ese momento con un Fondo de reserva bastante nutrido, pero lo cierto es que lo tenemos a 8000 millones de euros en estos momentos y que prácticamente lo hemos agotado diez años antes de lo que estaba previsto; es decir, en vez de agotarlo en el año 2027 o 2028, prácticamente lo tenemos agotado en 2018. 

Por eso, aún más si cabe, tenemos ese plus de responsabilidad, de intentar reorientar el sistema en estos momentos para que cuando llegue ese impacto, como me temo que no vamos a tener ese Fondo de reserva, esa hucha tan nutrida como inicialmente pensábamos, seamos capaces de garantizar el futuro de las pensiones, de pensiones dignas, porque pensión se va a cobrar siempre, por supuesto, en un sistema de reparto, pero de lo que se trata es de que sea una pensión digna que siga lo que está previsto en el artículo 50 de la Constitución española. 

Asimismo, es necesario estabilizar la acción protectora, mejorándola en aquellas situaciones de mayor vulnerabilidad o desigualdad que precisen un plus de protección. Al respecto, debo señalar que, en nuestra opinión y discrepando con el anterior Ejecutivo, la estabilidad debe conseguirse desde el lado de los ingresos y no solo actuando en la línea del recorte de gastos, intentando hacernos creer que los gastos son excesivos. 

Deseamos reforzar el equilibrio del sistema, pero aspiramos a que se fundamente en mayor calidad y mayores ingresos para una mayor y mejor acción protectora. Tenemos que afrontar algunas mejoras de la acción protectora. Creo que son bastante claras; algunas han estado presentes en las decisiones que ha adoptado el Congreso en estas últimas semanas y son, obviamente, parte de los trabajos que se están llevando a cabo y que continuarán en el marco de esta Comisión. Permítanme que las haga propias. 

Este Gobierno comparte como objetivos con esta Comisión —y así lo llevará a cabo su acción ejecutiva— garantizar la suficiencia y la adecuación de las pensiones en todo momento, atendiendo al mandato constitucional al que anteriormente me refería, es decir, garantizar el poder adquisitivo de las mismas. Es preciso promover medidas normativas que reequilibren la brecha de protección entre hombres y mujeres, absolutamente fundamental. 

No debemos olvidar que hay una brecha salarial actualmente del 22,3 % entre hombres y mujeres, pero es que esta brecha salarial entre hombres y mujeres se incrementa aún más en materia de pensiones, donde existe un 36,6 % de brecha entre la cuantía de las pensiones que cobran las mujeres y los hombres. Se debe atender especialmente a los colectivos más vulnerables, entre otros, los pensionistas que se han convertido en sustentadores de sus familias, así como las personas huérfanas víctimas de violencia de género. 

También debemos mejorar la carrera de cotización de quienes están generando menores derechos y que, de no adoptar medidas correctoras, continuarán discriminados tras su jubilación con pensiones más bajas. Debemos dar pasos hacia una completa integración del sistema especial para empleadas del hogar en el régimen general de la Seguridad Social —hablo de empleadas porque son tan mayoritariamente mujeres que mejor hablo de empleadas—, sin olvidarnos de la necesaria modificación de las condiciones de prestación de cese de actividad de los trabajadores autónomos, a lo que también hay que dar una vuelta. 

Por ponerles un ejemplo, en el año 2017 se recaudaron 135 millones de euros por cotizaciones para esta prestación de cese de la actividad, pero solamente se concedieron prestaciones por importe de 18 millones de euros; un desequilibrio bastante evidente. Estos objetivos son claros y el Gobierno los acometerá con determinación, pese a que la situación que hemos encontrado no es la más propicia, ya que partimos de un déficit creciente y de unos ingresos menguantes, como les decía al principio. 

Señorías, trabajaremos para la mejora de la acción protectora pero, al mismo tiempo, aportando al sistema los ingresos necesarios para que la puesta en marcha de las mejoras no genere mayores déficits. Reforzar el equilibrio financiero del sistema exige, entre otras actuaciones, la reordenación de los ingresos y los gastos. 

El sistema público de pensiones no debe asumir gastos que no le corresponden, por ejemplo, gastos impropios derivados de la gestión del propio sistema público de pensiones: gastos de personal, gastos corrientes, inversiones… Me refiero al capítulo 1, capítulo 2, capitulo 6. Asimismo, tampoco debe renunciar a ingresos que sí le corresponden. 

Desde esta línea de trabajo existen numerosas posibilidades a explorar, pero me gustaría destacar la que se refiere a las reducciones de cotizaciones y tarifas planas; estamos hablando de políticas activas de empleo, de políticas de fomento del empleo, de políticas de fomento del autoempleo que deberían financiarse vía Presupuestos Generales del Estado, tal como establece la recomendación número 1 del Pacto de Toledo. Les recuerdo que entre los años 2012 y 2017 la Seguridad Social dejó de ingresar 8093 millones de euros por reducciones de cuotas. 

Solo en el año 2017 esta cifra ascendió a 1644,44 millones de euros, cifra ciertamente alarmante si tenemos en cuenta que la revalorización de las pensiones del 0,25 supone un gasto de 300 millones de euros y hemos estado —no nosotros, pero sí el anterior Gobierno— manteniendo la tesis de que las pensiones no se podían subir más del 0,25 % porque no había margen presupuestario de maniobra para poderlo hacer. 

Por cierto, luego hemos visto en el proyecto de presupuestos de 2018 que parece que sí que era posible, y en aras de sacar adelante ese presupuesto, el anterior Gobierno llegó a un acuerdo con el PNV y con Ciudadanos para subir las pensiones según el IPC, todas en general, e incluso subir un poquito más las pensiones mínimas y empezar a cumplir con la previsión de la adicional número treinta de la Ley 27/2011 en cuanto a la subida gradual del porcentaje a aplicar a la base reguladora de la pensión de viudedad. 

El propio Partido Popular terminó haciendo una enmienda a la totalidad de devolución de la Ley 23/2013, cuestionando la misma y posponiendo también la entrada en vigor, hasta como máximo el año 2023, del factor de sostenibilidad. Por tanto, no es razonable que con un sistema de Seguridad Social en déficit se estén utilizando recursos, ya no del sistema de las cotizaciones sino dinero del Fondo de reserva, renunciando a ingresos vía reducciones de cuota y tarifas planas. 

Eso perfectamente podríamos pagarlo con Presupuestos Generales del Estado, impuestos, con la correspondiente transferencia al presupuesto de la Seguridad Social, como se están pagando algunas bonificaciones de contratos o los complementos a mínimos o las pensiones no contributivas. 

Por supuesto, para incrementar la recaudación de la tesorería y para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de este país —que tiene esa doble virtualidad—, tenemos que adoptar medidas para combatir el fraude a la Seguridad Social y el fraude laboral, el empleo irregular, porque, como digo, esto está afectando a los derechos de las personas trabajadoras pero también está afectando a las personas que cobran una pensión porque está provocando una merma de ingresos en el sistema. 

También está afectando el fraude a la Seguridad Social y el empleo irregular a los empresarios que cumplen con sus obligaciones, que son la mayoría, y están siendo lesionados por una competencia desleal que está suprimiendo o minimizando los costes que ellos sí asumen en su totalidad porque tienen un espíritu cívico y de respeto de las leyes, que es lo que debería tener absolutamente todo el mundo. 

Esta lucha ha de concretarse contra el empleo sumergido, contra la falta de cotización de los días festivos y vacaciones producidos por el reiterado encadenamiento de contratos tantas veces sancionado por las actas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y también por las sentencias de los tribunales de justicia. 

Pero también ha de actuarse con el máximo rigor contra las actuaciones que vulneran la situación de los trabajadores autónomos, que ha dado lugar a una nueva figura, comúnmente conocida como falsos autónomos. 

Señorías, como ustedes saben, en breve el Gobierno va a aprobar un plan director contra la explotación laboral para el periodo 2018-2020, un plan que incluirá actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para combatir la precariedad y erradicar la explotación laboral que lastran nuestro mercado de trabajo, consecuencia directa de la reforma laboral aprobada por el Gobierno del Partido Popular en el año 2012. 

Este plan abordará la lucha contra los falsos autónomos, aunque la lucha no es contra ellos, la lucha es contra los empresarios que abusan de ellos, contra los que, de manera abusiva, utilizan la figura del falso autónomo restando  derechos laborales y de Seguridad Social a esos trabajadores y trabajadoras. También se va a luchar contra la temporalidad fraudulenta, la infracotización en los trabajos a tiempo parcial, la brecha salarial entre hombres y mujeres, las horas extraordinarias no pagadas, las falsas cooperativas, los falsos becarios y las malas prácticas de determinadas empresas multiservicios, entre otras actuaciones. 

Estas medidas, como decía anteriormente, van a redundar en mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de este país, pero también implicarán más ingresos para la Tesorería de la Seguridad Social. Estas actuaciones de racionalización y de lucha contra el fraude han de combinarse también con la recuperación de cotizaciones que en los últimos años han ido desapareciendo. Sin tener intención de ser exhaustiva, permítanme que les indique algunas que, a nuestro juicio, son bastante significativas. 

En primer lugar, queremos que se cotice lo mismo con independencia de la duración del contrato, de tal manera que no se penalice la contratación indefinida frente a los contratos de corta duración, por ejemplo, contratos de una semana. 

En estos momentos, los procedimientos de imputación de festivos y vacaciones no trabajadas no garantizan a los trabajadores y trabajadoras que estas jornadas sean tenidas en cuenta, perjudicando su vida laboral, disminuyendo los ingresos del sistema e incluso planteándose como un incentivo perverso la precariedad laboral, al ser más barato cotizar por contratos de duración exigua que por otros más permanentes. 

En segundo lugar, queremos restituir a las trabajadoras y a los trabajadores desempleados la acción protectora que se les retiró en el año 2012, es decir, la cotización para aquellas personas que hubieran agotado sus prestaciones contributivas a partir de los cincuenta y dos años. Recuerdan ustedes que se elevó el requisito de edad para el derecho a percibir este subsidio de cincuenta y dos años a cincuenta y cinco. Se condicionó el derecho a la percepción de este subsidio a las rentas familiares y no a las rentas personales. 

En mi comparecencia en la Comisión de Trabajo comenté que hay una reciente sentencia del Tribunal Constitucional que ha anulado una parte del Real Decreto-ley 5/2013, de manera que ahora mismo esta consideración de que se exigen rentas familiares y no rentas personales debe ser requisito y ya ha sido declarado nula de pleno derecho. 

No es posible revisar las situaciones donde ya es cosa juzgada y, según dice la sentencia, tampoco las resoluciones firmes, pero en estos momentos esa previsión es nula de pleno derecho, según esta sentencia del Tribunal Constitucional. Para ello, también es fundamental recuperar la base de cotización del 125 % del salario mínimo o de la base mínima, que va a redundar en un incremento en la condición de esas personas que cobran el subsidio porque van a tener mejores bases de cotización para su jubilación, pero va a redundar también en beneficio de la Tesorería General de la Seguridad Social. 

En tercer lugar, queremos reponer la cotización para las cuidadoras no profesionales en el sistema nacional de atención a las situaciones de dependencia o falta de autonomía personal. Hablo de cuidadoras porque que en este caso, al igual que las empleadas del hogar, suelen ser en una inmensa mayoría mujeres. Permítame un leve paréntesis. 

En las familias de mi generación, y creo que también de las sucesivas, no han cambiado tanto las cosas, me temo. Hemos conocido con frecuencia cómo una persona sacrificaba su vida personal, sus proyectos familiares o laborales para cuidar a otros familiares enfermos o personas con discapacidad o personas dependientes a tiempo completo o a tiempo parcial, muchas de ellas a tiempo completo. 

Muchas veces estas personas llegaban a la tercera edad sin haber cotizado lo suficiente para tener acceso a la acción protectora. Señorías, coincidirán conmigo en que es injusto seguir privando a estas personas de la mínima consideración que supone una cotización para que cuando ellas ya no puedan seguir cuidando a los demás, la sociedad les garantice una vida digna.

En cuarto lugar, queremos extender la acción protectora a los becarios y becarias, estudiantes de grado y posgrado cuando realizan prácticas en empresas para evitar que una situación formativa pueda enmascarar explotación laboral sin cobertura alguna. 

En quinto lugar, queremos posibilitar la suscripción de convenio especial para aquellas personas que han llegado a una edad adulta con importantes carencias en la cotización durante los años de la crisis. 

Puede resultar incomprensible que modifiquemos la configuración de la acción protectora haciendo más exigentes los periodos requeridos para generar derechos, a la vez que generaciones enteras de españoles se vean privadas por falta de trabajo de poder generar pensiones dignas cuando se conviertan en beneficiarios de prestaciones. 

Estas medidas, que suponen la reposición de ingresos a la caja de la Seguridad Social, de las que nunca debieron ser privadas, son imprescindibles, por supuesto, como lo es la creación de empleo, porque cuanto más empleo, mejor. Eso sí, empleos de calidad, con retribuciones dignas. 

El otro día comentaba —quiero recordarlo hoy en esta Comisión— que el acuerdo que acaba de ser suscrito entre las organizaciones sindicales y empresariales más representativas —UGT, Comisiones Obreras y CEOE-Cepyme— al inicio de este mes de julio es una manera de entrar en una senda de recuperación de cuantía de los salarios y de mejores condiciones de vida para los trabajadores y trabajadoras presentes, pero también de recuperar cotizaciones para la Tesorería General de la Seguridad Social. 

Sin embargo, a pesar de todas estas medidas que estoy comentando, incluida la creación de más empleo y de más calidad, sabemos que esto no va a ser suficiente porque partimos de una situación complicada. No quiero cargar las tintas, pero es la realidad. Es complicada. En este sentido, les anuncio que buscaremos alternativas a la situación actual, caracterizada por un crecimiento de los gastos y sin el correspondiente incremento de los ingresos. 

El Gobierno del Partido Popular durante estos años no ha articulado ninguna medida para incrementar los ingresos del sistema. Es más, ha suplido esta merma de ingresos acudiendo a diversos préstamos. El año pasado un préstamo de diez mil y pico millones de euros y este año de trece mil y pico. Es una solución cortoplacista, que ha agravado la situación financiera del sistema. 

Así lo han manifestado instituciones de referencia, como el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social, la Comisión Europea y la OCDE. En estos momentos, los ministerios económicos del Gobierno de España —ayer tuvimos ocasión de escuchar en esta casa en sus respectivas comparecencias a la ministra de Hacienda y anteayer a la ministra de Economía— están estudiando la configuración de los instrumentos legales necesarios para sustituir esta apelación a los préstamos por recursos tributarios del Estado. 

Sabemos que no es fácil y se ha hablado en estos últimos tiempos, en los que unos y otros hemos ido poniendo encima de la mesa posibilidades, como por ejemplo crear impuestos especiales finalistas, como el impuesto sobre la banca o sobre las transacciones financieras. El anterior Gobierno puso encima de la mesa la posibilidad de regular la tasa Google o la tasa a las tecnológicas. 

En fin, puede haber discusión sobre si debe ser con impuestos finalistas o con impuestos ad hoc creados para sumar impuestos a cotizaciones para garantizar la sostenibilidad social y económica del sistema público. 

A mí siempre me gusta recordar el artículo 109 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social —no estamos inventando la pólvora—, que prevé que las prestaciones contributivas del sistema básicamente se financiarán con cotizaciones —con cotizaciones, con intereses obtenidos de la gestión del patrimonio de la Seguridad Social, con recargos o multas cuando no se pagan o se pagan tarde las cotizaciones—, pero también con Presupuestos Generales del Estado para situaciones concretas, atenciones especiales. 

Es decir, que ya nuestra propia ley prevé que se puedan sumar a las cotizaciones Presupuestos Generales del Estado, impuestos, para poder afrontar el pago de todas las prestaciones contributivas. En cualquier caso, como decía, no es razonable prever sistemáticamente que una magnitud creciente, como es el gasto en pensiones, se financie exclusivamente con cotizaciones vinculadas a una magnitud decreciente, como es el peso del trabajo en la renta nacional, aunque tenemos claro que debería ir subiendo este peso del trabajo en la renta nacional. 

Desde luego, no haríamos ni más ni menos que lo que están haciendo algunos países de nuestro entorno, como Francia o Alemania. Por ejemplo, en Francia decidieron establecer un impuesto ad hoc, la contribución social generalizada, que no solamente sirve para pensiones, sino también para gasto social, para sanidad. 

Creo recordar que el año pasado ingresaron por esa vía unos 90 000 millones de euros. O también se puede completar con imposición general, como hacen países de nuestro entorno como Alemania y algunos otros. Permítanme que en esta intervención también aborde, aunque sea muy resumidamente, algunas cuestiones de interés para la organización de la Seguridad Social. Como ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social del Gobierno de España quiero hacer una mención especial a los empleados y a las empleadas públicas del ministerio, que con rigor, transparencia y profesionalidad realizan una gestión responsable de los recursos del sistema de la Seguridad Social. 

Quiero poner en valor el hecho de que la Administración española de Seguridad Social es una de las que mejor funcionan del mundo, si no la mejor —aquí me van a permitir ustedes que saque también mi vena de funcionaria de la Seguridad Social, que en mi vida civil es lo que soy—, así como el orgullo que en estos momentos me produce haber podido comprobar como ministra recién llegada que no se haya parado la gestión de la Seguridad Social ni del ministerio en general porque haya habido un cambio de Gobierno. 

Tengo que decir —no me importa decirlo públicamente— que hasta que he tenido mi propio equipo en el ministerio —parte de ellos me acompañan aquí esta tarde, encabezados por el secretario de Estado de la Seguridad Social, don Octavio Granado— he contado con la colaboración de la ministra Báñez y del anterior equipo, que han hecho una transición como se debe hacer, porque al final esto es de todos y es absolutamente fundamental que no haya quiebras, que un cambio de Gobierno se encaje con normalidad y las cosas sigan funcionando. 

Así que gracias a ese, yo no creo que detalle, sino la responsabilidad que tenemos todas las personas que ocupamos u ostentamos en un momento un cargo público, y gracias en especial a todos los empleados y empleadas públicas, funcionarios y laborales de la Seguridad Social, del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, pues todo ha funcionado a la perfección y no ha habido ninguna quiebra en la gestión. 

Como digo, quiero acordarme de ellos, quiero darles las gracias por su buena organización, por su formación, por su profesionalidad, porque gracias a ellos hemos conseguido cotas crecientes de eficiencia, de ahí la obligación de asegurar también una buena gestión de estos recursos humanos. En este sentido, me gustaría recordar a esta Comisión que en la etapa final de los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero se elaboró un proyecto de agencia de la Seguridad Social que debía unificar los organismos de la Seguridad Social en la gestión de la misma. 

Tal proyecto fue anulado, no se tuvo en cuenta pero, si ustedes lo consideran pertinente, tal vez sea necesario que en el informe de renovación de los acuerdos del Pacto de Toledo se vuelva a abordar esta cuestión de nuevo. Una de nuestras líneas de actuación será la mejora en la atención e información a la ciudadanía acorde con los tiempos en los que vivimos, apostando por un servicio de calidad, de proximidad y eficiente. 

Hay que mejorar la atención presencial para que aquellas personas que se acerquen a nuestras oficinas reciban una atención especializada que les resuelva las demandas que planteen, sin olvidar la mejora del servicio telefónico. 

Hay muchas personas que ya acuden también a los servicios telemáticos, pero a mí me consta que tenemos todavía hombres y mujeres pensionistas —sobre todo los de mayor edad— que todavía no tienen una costumbre de uso de estos medios telemáticos, con lo cual es muy importante también la atención telefónica y la atención presencial. 

Permítame asimismo que dedique unas breves palabras para abordar algunos avances en la gestión del sistema, por ejemplo el procedimiento recaudatorio, que es un sistema esencial para garantizar la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social. Por ello, uno de los objetivos estratégicos de la tesorería consiste en introducir mejoras que favorezcan su eficacia. 

Un factor básico para ello es reducir su tiempo de tramitación, de forma que cuanto menor sea el plazo necesario para la identificación de una deuda con el sistema de la Seguridad Social, mayores serán las posibilidades de cobro. 

También quería comentarles que una de las tareas que ya está abordando el ministerio es la de dar cumplimiento a la nueva Ley de Presupuestos Generales del Estado en dos de los aspectos de mayor incidencia en el ámbito de actuación del ministerio que tengo el honor de liderar en estos momentos. 

En primer lugar, quería comentarles que se está trabajando en todas las acciones que hay que llevar a cabo para garantizar la revalorización de las pensiones; se están dando todos los pasos burocrático-administrativos y de gestión económica para poder efectuar el pago del incremento del 1,35 % de las pensiones una vez abonado ya el incremento del 0,25 % que se empezó a pagar desde principios de año. Esto va a alcanzar a los 9,5 millones de pensiones que se están cobrando en estos momentos. 

También hay que hacer efectivo el 2,75 % del pago adicional que corresponde al incremento de las pensiones mínimas, que alcanzará casi 2,5 millones de pensiones, y de las pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, de SOVI, aproximadamente unas 300 000, y de las PNC, las pensiones no contributivas, en torno a 500.000. 

También el abono de los atrasos correspondientes al periodo de enero a julio de este año por surtir efecto la revalorización de las pensiones, el incremento de las pensiones mínimas desde el 1 de enero del año 2018. 

Quiero anunciarles que el pago de esta paga —valga la redundancia— de atrasos se va a efectuar en torno al día 27 de julio; o sea, está bastante próximo. Asimismo, estamos trabajando en el abono que supone el incremento del porcentaje de la pensión de viudedad —como saben ustedes, el incremento del 52% al 56%—, aplicable a la base reguladora de la pensión de viudedad, con efectos del 1 de agosto del año 2018, en aquellas pensiones cuyos titulares no tengan rentas de trabajo y reúnan determinados requisitos de edad e ingresos, una mejora que alcanzará, aproximadamente, a 850 000 pensiones. 

En segundo lugar, y en relación con el cumplimiento de las previsiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2018, he dado ya las instrucciones para que se cumpla lo que contempla la Ley de Presupuestos Generales del Estado respecto a la tarjeta social universal. Como saben ustedes, esta es una tarjeta donde van a figurar todas las prestaciones, vengan de donde vengan, de ayuntamientos, de comunidades autónomas, de Seguridad Social, etcétera, que cobre una persona. Para terminar, me gustaría resaltar que la Seguridad Social es hoy en día una de las instituciones más importantes de nuestro Estado social y democrático de derecho. 

La ciudadanía la percibe como una de los referentes de lo que somos como país. Es fruto del esfuerzo que muchas generaciones han hecho para poder construir una sociedad más justa y más solidaria. Así pues, somos herederos de una institución histórica, que ha sufrido mucho para llegar a donde ha llegado y que requiere que velemos por ella y, en definitiva, por los derechos que reconoce, por las personas que contribuyen o que son beneficiarias de las prestaciones que el sistema ofrece. 

Desde que en 1908 se alumbró la creación del Instituto Nacional de Previsión, pasando por las leyes de derechos de los trabajadores de la II República, la aprobación de la Ley de Bases de la Seguridad Social en el año 1963, las sucesivas reformas democráticas y, cómo no, la aprobación del Pacto de Toledo, todos estos momentos han estado caracterizados por la fuerza con que se han superado los obstáculos para seguir mejorando la vida de la ciudadanía española. 

Apelo a su generosidad, en la confianza de que la crítica no esté reñida con la colaboración y que esta colaboración nos permita, como les indicaba al principio, lograr una reactualización del Pacto de Toledo. Estoy y estaré siempre a disposición para todo aquello en lo que podamos coadyuvar a mejorar la calidad de vida y el bienestar social de las españolas y los españoles. Ahora, en el marco de esta colaboración, pasaré a escuchar atentamente todas las suge mnrencias y planteamientos que me quieran hacer. Muchas gracias. (Aplausos). 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra. Efectivamente, acompaña a la señora ministra su equipo. Por un lado, su jefa de gabinete, vieja conocida de esta casa, y el conjunto de su gabinete, pero sobre todo lo que más nos interesa, que es el equipo de la Seguridad Social, encabezado por Octavio Granado, viejo conocido de esta casa —viejo conocido de la casa, no he dicho otra cosa, Octavio—. Sobre todo, quiero dar las gracias a Francisco Borja Suárez, que también estuvo con nosotros en las reuniones previas y estoy convencida de que también asistirá a todas nuestras reuniones como director general para iluminarnos, ayudarnos y colaborar en ese planteamiento que ha hecho la ministra y que compartimos todos, que es un buen Pacto de Toledo y que finalice lo antes posible.