CONSEJO MINISTROS 13072018

El Gobierno autoriza el incremento de la subvención al transporte de los residentes en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla

El Ejecutivo también ha acordado una subida adicional del 0,25% en las retribuciones del personal del sector público y ha impulsado medidas para avanzar en la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

El Consejo de Ministros ha autorizado el incremento de la subvención del 50% al 75% de las tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo y de los billetes de transporte marítimo para los residentes no peninsulares en los trayectos entre las Comunidades Autónomas de Canarias, Illes Balears y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y el resto del territorio nacional.

• El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha manifestado que el acuerdo se aplicará a los billetes que las compañías aéreas y marítimas emitan desde las 9 de la mañana (hora peninsular) del próximo 16 de julio. Además, ha concretado que se subvencionarán 15 millones de viajes tanto por vía aérea como marítima. 
• Ábalos ha afirmado que "no es una medida aislada", sino un instrumento de "vertebración territorial" que afianza la movilidad con la península.
• Por otra parte, en materia de Fomento, el Gobierno ha acordado la resolución de seis contratos de concesión de autopistas de peaje, cuyas sociedades concesionarias se encuentran en fase de liquidación en el ámbito de los procedimientos concursales.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha informado de que el incremento adicional del 0,25% de las retribuciones del personal del sector público tendrá efectos desde el 1 de julio.

• Al respecto, Celaá ha recordado que la medida forma parte del II Acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo para los empleados del sector público, suscrito el pasado 9 de marzo, y que estableció un incremento retributivo fijo más un porcentaje adicional de incremento ligado al crecimiento de la economía.

María Jesús Montero ha explicado que el Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a la modificación de la Ley Orgánica de Represión del Contrabando, con el objeto de avanzar en la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y al contrabando de tabaco.

• La Ley, ha subrayado, "declara prohibidas las embarcaciones de alta velocidad que utilizan las mafias, especialmente en la costa del Campo de Gibraltar". A partir de ahora solo podrán ser utilizadas por organismos o entidades públicas, labores de salvamento o asistencia marítima.
• Montero ha precisado que se va a penalizar el uso ilegítimo de las embarcaciones semirrígidas y neumáticas de alta velocidad, que podrán ser decomisadas por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
• La ministra ha manifestado que "el contrabando de drogas y tabaco en la zona de la costa andaluza plantea importantes problemas y retos" para los órganos que tienen que luchar contra estas conductas ilícitas y produce "una importante alarma social, siendo causa de problemas de seguridad pública, constituyendo un caldo de cultivo para el deterioro social".
• El Gobierno, ha asegurado, "va a poner todos los instrumentos en su mano para poder combatir esta situación y, por tanto, dar tranquilidad a esa zona de la comunidad andaluza".

El Consejo de Ministros ha autorizado a Cataluña a formalizar operaciones de deuda a corto plazo, a Baleares a formalizar préstamos a largo plazo, y a Aragón a otorgar avales.

• La titular de Hacienda ha concretado que la autorización a Cataluña es por un importe máximo de 4.113,87 millones de euros; a la Comunidad Autónoma de Illes Balears por importe máximo de 150 millones y a la Comunidad de Aragón, un máximo de 225.000 euros.

La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha destacado la aprobación de las actividades preventivas de la acción protectora de la Seguridad Social, que realizan las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

• También se ha referido a las subvenciones al fomento del asociacionismo a entidades asociativas representativas del sector pesquero y a la normativa básica en materia de declaraciones obligatorias de los sectores del aceite de oliva y las aceitunas de mesa.
• Por otra parte, la portavoz del Ejecutivo ha comunicado que el buceador español que colaboró en las tareas de rescate de los niños atrapados en la cueva Tham Luang, de Tailandia, recibirá la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social. Celaá ha destacado su valentía y su generosidad al poner en riesgo su vida para salvar la de los niños.

El Consejo de Ministros también ha sido informado de los nuevos objetivos de déficit acordados con la Comisión Europa, que permitirán, según ha apuntado la ministra Montero, "conjugar la estabilidad presupuestaria con un crecimiento sostenible".

• Según el acuerdo negociado con Bruselas por la ministra Calviño, para el año 2019 se contempla el 1,8% de déficit frente al 1,3% anterior; para el año 2020, el 1,1% y no el 0,5% previsto, y para el 2021, el 0,4% en lugar del 0,1%.
• María Jesús Montero ha subrayado que los nuevos objetivos de déficit "sí son apropiados y compatibles con las recomendaciones del Consejo a España" en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y que el compromiso de España con dicho Pacto "se mantiene aún con mayor fuerza".

La ministra Celaá ha destacado, además, dos medidas adoptadas por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

• Por un lado, el "compromiso para recuperar los derechos sanitarios arrebatados a la ciudadanía por los recortes" en materia de copago farmacéutico en el año 2012. Según ha explicado, esa medida afectó "a los sectores más vulnerables", ya que provocó "un incremento del abandono o no inicio de tratamientos". Esta nueva decisión es "una inversión en salud".
• El segundo compromiso al que se ha referido la portavoz del Gobierno en el ámbito de la sanidad se refiere al pago de las cotizaciones a la Seguridad Social para cuidadoras no profesionales. Se trata de poner en marcha algunas medidas recogidas en la Ley de Dependencia, ha aclarado.

La portavoz ha señalado que el Consejo de Ministros ha aprobado la puesta en marcha de la Comisión Bilateral entre Estado y Generalitat (paralizada desde el año 2011). Además, "se retomarán las reuniones" de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, la Comisión Bilateral de Infraestructuras y la Comisión Mixta de Transferencias. En estos foros, se trabajará para "reducir la conflictividad" y desbloquear algunas leyes catalanas que están recurridas ante el Tribunal Constitucional (por ejemplo, Protección Universal de la Salud, Cambio Climático o Pobreza Energética).

Tomado de: 

http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2018/130718consejo.aspx

APROBADO EL INCREMENTO DE LAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DEL SECTOR PÚBLICO

Tendrá lugar un incremento adicional del 0,25 %, con fecha 1 de julio, que es posible gracias a que el crecimiento del PIB en 2017 ha alcanzado el 3,1 %.

El Consejo de Ministros ha adoptado el Acuerdo por el que se aprueba el incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público previsto en el artículo 18.Dos de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

• El II Acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo suscrito el pasado 9 de marzo de 2018 fijó para los empleados públicos en el periodo 2018-2020 un incremento retributivo fijo más un porcentaje adicional de incremento ligado al crecimiento de la economía, que deberán recogerse en las respectivas leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado.
• Las previsiones para este año se han recogido en el artículo 18.Dos de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018.
• Así, se establece un aumento del 1,5 % de las retribuciones del personal del Sector Público, respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017, con efectos de 1 de enero de 2018. Y un incremento adicional del 0,25 %, con efectos de 1 de julio de 2018, si el crecimiento del PIB a precios constantes en 2017 alcanzara o superase el 3,1 %.
• En lo que al incremento del PIB se refiere, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 establece que se considerará la estimación avance del PIB de cada año publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la cual se comunicará a la Comisión de Seguimiento del Acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo. A estos efectos, el INE publicó el 30 enero de 2018 la "Estimación avance del PIB trimestral. Base 2010. Cuarto trimestre de 2017", señalando que la tasa anual de PIB se sitúa en el 3,1% en el cuarto trimestre de 2017 y así lo ha certificado con fecha 6 de julio.
• Esta tasa de crecimiento del PIB se comunicó a la Comisión de Seguimiento del II Acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo.
• Por tanto, dado que se dan todos los requisitos exigidos, el Gobierno ha aprobado el incremento del 0,25 % adicional en las retribuciones del personal al servicio del sector público con el objetivo de que pueda hacerse efectivo de manera inminente.
• De estas subidas, tanto la adicional (0,25 %) como el incremento fijo (1,5 %), se verán también beneficiados el personal laboral de las entidades del sector público estatal, tras haber aprobado el Gobierno las pautas de negociación colectiva de ese sector público estatal para 2018.
• La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha adoptado el pasado jueves el Acuerdo por el que se aprueban parcialmente las pautas para la negociación colectiva de las entidades del sector público estatal en el año 2018.
• Esto permitirá que el personal laboral de estas entidades pueda beneficiarse de ese incremento retributivo recogido en los Presupuestos Generales del Estado para 2018.
• Además, se podrá autorizar un incremento adicional del 0,2 % de la masa salarial para, entre otras medidas, la implantación de proyectos de mejora de la productividad.
• En todo caso, los acuerdos de revisión salarial deberán incluir una cláusula que prevea que no podrán superar el incremento anual que se derive de la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.
• Otro elemento de importancia es que, a diferencia de lo que venía sucediendo en los ejercicios anteriores, se podrán acordar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos siempre que no se supere el incremento global fijado en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
• Además de aprobar unas nuevas pautas en materia salarial para el ejercicio 2017, se ha mantenido la vigencia de las pautas en materia de relaciones laborales y de empleo ya aprobadas en 2017.
• En este ámbito, cabe señalar, entre otras, la negociación de convenios con periodos de vigencia amplios; el impulso de los contratos para la formación y el aprendizaje, en prácticas y a tiempo parcial; el impulso de la flexibilidad en la gestión del tiempo de trabajo y de medidas que permitan la conciliación de la vida personal; y el establecimiento de medidas para reducir el absentismo laboral.

EL GOBIERNO REVISA LA SENDA DE DÉFICIT PARA IMPULSAR LAS POLÍTICAS SOCIALES Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

El Ministerio de Hacienda ha informado hoy al Consejo de Ministros de la propuesta de una nueva senda de estabilidad presupuestaria 2019-2021 que flexibiliza los objetivos de déficit público y otorga un mayor margen fiscal a España para todo ese periodo. Un nuevo escenario que ha sido negociado con la Comisión Europea para adaptarlo a la realidad económica, evitar dañar el crecimiento y la creación de empleo y responder a las dudas planteadas por la propia institución comunitaria sobre el cumplimiento de déficit. 

• La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en su intervención tras el Consejo de Ministros, ha asegurado que la nueva senda es una “magnífica” noticia que permitirá al Gobierno conjugar la estabilidad presupuestaria con un “crecimiento sostenible y el impulso a la agenda social”. En este sentido, los nuevos objetivos de déficit encajan  perfectamente con el compromiso del Gobierno de atender las demandas sociales que reclaman los ciudadanos tras años de esfuerzos y de soportar duros ajustes por la crisis. 
• En concreto, la nueva senda acordada establece que el objetivo de déficit para 2019 sea del 1,8%, lo que implica un margen de cinco décimas mayor al fijado en el Programa de Estabilidad enviado a Bruselas en abril por el anterior Ejecutivo. Asimismo, el objetivo de déficit para 2020 queda fijado en el 1,1%, seis décimas más que en la senda anterior. En 2021 el objetivo de déficit queda establecido en el 0,4%. 
• Revisar la senda evita recortes presupuestarios La nueva senda de estabilidad es una respuesta a las dudas planteadas desde hace meses por la Comisión Europea y por otros organismos nacionales e internacionales sobre el cumplimiento de los objetivos de déficit. En este sentido, Montero ha destacado que el Gobierno se encontró con unos Presupuestos elaborados por el anterior Ejecutivo que no respetaban las reglas fiscales pactadas con Bruselas, como habían señalado diversas instituciones. 
• La ministra de Hacienda ha resaltado que si no se hubieran modificado los objetivos, el Gobierno debería haber aplicado un “ajuste drástico” en 2019, estimado en 11.000 millones adicionales. Ello habría generado un impacto negativo sobre la economía, reduciendo el crecimiento del PIB en 0,4 puntos porcentuales del PIB y frenando la creación de empleo. 
• Por ese motivo la titular de Hacienda ha considerado muy positivo el diálogo establecido con la Comisión Europea para evitar que la “inflexibilidad de unos compromisos imposibles de cumplir” perjudicaran la recuperación de España. 
• En este sentido, la actualización de los objetivos de déficit combina el compromiso del Gobierno con el Pacto de Estabilidad de la UE al proseguir con la reducción el déficit público, como demuestra que España acabará este año por debajo del 3% del PIB, con la tarea de impulsar políticas públicas. Además, la revisión del esfuerzo de consolidación fiscal pone de manifiesto la buena sintonía entre el Gobierno y Bruselas.
• Precisamente, la nueva senda de consolidación fiscal anunciada por el Gobierno que otorga un mayor margen fiscal para el periodo 2019-2021, permitirá que la recuperación económica se traslade con mayor rapidez y claridad a los ciudadanos mediante el impulso de las políticas sociales. De hecho, Montero ha resaltado que con la próxima aprobación de los nuevos objetivos de déficit y del techo de gasto, el Gobierno está sentando las bases para que los Presupuestos de 2019 “sean más sociales y redistributivos”.
• Anterior senda estabilidad           2019 -1,3%   2020 -0,5%    2021  0,1%
• Nueva senda estabilidad    2019 -1,8%   2020 -1,1%    2021 -0,4%

APROBADO EL INCREMENTO INMEDIATO DE LA SUBVENCIÓN AL TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES EN BALEARES, CANARIAS, CEUTA Y MELILLA

El Consejo de Ministros ha autorizado, el incremento de la subvención del 50% al 75% de las tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo y de los billetes de transporte marítimo de los residentes no peninsulares en los trayectos entre las Comunidades Autónomas de Canarias, Illes Balears y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y el resto del territorio nacional.

• El Acuerdo se aplicará a los billetes que las compañías aéreas y marítimas emitan desde las 9 de la mañana (hora peninsular) del próximo lunes 16 de julio, primer día hábil tras su publicación en el BOE, prevista para mañana sábado.
• La decisión del Consejo de Ministros es fruto del compromiso del ministro de Fomento con los ciudadanos de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, con objeto de que el incremento de la subvención, que la Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 no aplicó de forma directa, pudiera cubrir la mayor parte del período estival posible.
• El acuerdo, tramitado de forma urgente, permite implantar de forma inmediata dicho aumento tras la aprobación de los PGE de 2018, sin perjuicio de que próximamente se apruebe el Real Decreto, tramitado también de urgencia, con objeto de consolidar normativamente la aplicación del aumento de esta subvención.
• Gracias a esta medida, el Gobierno espera que se incrementen sustancialmente el número de viajes subvencionados en los desplazamientos con la península, de manera que en términos anuales se superen los cerca de 7,8 millones de billetes que ya disfrutaban del 50 % de subvención y que ahora, a partir del próximo lunes, alcanzará el 75 %.
• En cifras globales, el Ministerio de Fomento subvenciona al año más de 15 millones de viajes entre la península y Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, así como los trayectos dentro de los dos archipiélagos, tanto por vía aérea como marítima. Esta subvención es una palanca fundamental en términos de cohesión territorial, a la que se suman el resto de medidas como las Obligaciones de Servicio Público, las bonificaciones e incentivos a las tarifas aeroportuarias o, en relación a las mercancías, las subvenciones al transporte de las mismas.

ACTIVIDADES PREVENTIVAS QUE REALIZAN LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se aprueba las actividades preventivas de la acción protectora de la Seguridad Social, que realizan las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

• El Real Decreto desarrolla una prestación de Seguridad Social, la prevención con cargo a cuotas de Seguridad Social, y da cumplimiento a una sentencia del Tribunal Constitucional relativa al Plan General de actividades preventivas de la Seguridad Social, a aplicar por las Mutuas.
• La norma establece el marco general de la prevención con cargo a cuotas de Seguridad Social, dando una mayor seguridad jurídica a las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en cuanto a las actuaciones que pueden llevar a efecto. Será la Secretaría de Estado de la Seguridad Social quien concrete el plan cada año, así como el porcentaje concreto que puede dedicarse a la realización de actuaciones en materia preventiva.
• Se trata de actividades como asesoramiento a empresas, control y reducción de la siniestralidad laboral o actividades de investigación, desarrollo e innovación para la reducción de las contingencias profesionales.
• Se prevé que las Mutuas elaboraren sus propios planes de actividades preventivas ajustándose a los programas, actividades y prioridades que se determinen anualmente.

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transición Ecológica.

• La actual estructura orgánica básica del Ministerio para la Transición Ecológica ha sido establecida mediante tres normas reglamentarias:
• Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, 
• Real Decreto 359/2018, de 8 de junio, por el que se crean Subsecretarías en los departamentos ministeriales y 
• Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
• El presente Real Decreto desarrolla específicamente la última de las disposiciones citadas, en aplicación de su disposición final segunda, que encomienda a la Ministra de Política Territorial y Función Pública, a iniciativa de los titulares de los ministerios interesados, elevar al Consejo de Ministros los proyectos de reales decretos por los que se adapta la estructura orgánica de los diferentes departamentos ministeriales y organismos autónomos a las previsiones contenidas en dicho real decreto.
• Es el Departamento competente en el ámbito de la Administración General del Estado para la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de lucha contra el cambio climático, protección del patrimonio natural, de la biodiversidad y del mar, agua, y energía para la transición a un modelo productivo y social más ecológico.
• Corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica, en el ámbito de las competencias del Estado, 
• la elaboración de la legislación estatal en materia de aguas y costas, medio ambiente, meteorología y climatología; 
• la gestión directa del dominio público hidráulico, del dominio público marítimo-terrestre; 
• la representación del Estado en los organismos internacionales correspondientes a estas materias, sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; 
• así como la coordinación de actuaciones, la cooperación y la concertación en el diseño y aplicación de todas las políticas que afecten al ámbito de competencias de las comunidades autónomas y de las restantes Administraciones públicas, propiciando su participación a través de los órganos e instrumentos de cooperación adecuados.
• Asimismo, corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica el desarrollo de la política energética y minera nacional, junto con las medidas destinadas a asegurar el abastecimiento energético y la coordinación de la proyección exterior en la materia, garantizando una correcta regulación del sector y el análisis y seguimiento de estos mercados, junto con las competencias en minería, todo ello en el marco de la transición ecológica.
• Organización del Departamento
• A) La Secretaría de Estado de Energía. Depende de la Secretaría de Estado de Energía la Dirección General de Política Energética y Minas.
• B) La Secretaría de Estado de Medio Ambiente. De la Secretaría de Estado de Medio Ambiente dependen los siguientes órganos directivos: a) La Dirección General del Agua. Bajo la superior dirección de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente quedan adscritos al Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la Dirección General del Agua, los siguientes organismos autónomos: Las Confederaciones Hidrográficas. La Mancomunidad de los Canales del Taibilla El Ministerio para la Transición Ecológica ejerce la tutela de las sociedades estatales Acuaes, S.M.E. y Acuamed S.M.E., a través de la Dirección General del Agua. b) La Oficina Española del Cambio Climático, con rango de dirección general. c) La Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental. d) La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Se adscribe a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente el Fondo de Carbono para una Economía Sostenible (FES-CO2), fondo sin personalidad jurídica, y la Fundación Biodiversidad, fundación del sector público.
• C) La Subsecretaría para la Transición Ecológica. Depende de la Subsecretaría del departamento, con nivel orgánico de dirección general, la Secretaría General Técnica. Dependientes de la Subsecretaría para la Transición Ecológica existirán Consejerías de Energía y Consejerías de Medio Ambiente como órganos especializados de carácter técnico de las Representaciones Permanentes de España para el desarrollo de las funciones propias del Ministerio en el ámbito internacional.
• Además, están adscritos al Ministerio para la Transición Ecológica los organismos públicos siguientes:
• a) El Organismo Autónomo Parques Nacionales queda adscrito a la ministra, que lo presidirá.
• b) La Agencia Estatal de Meteorología se adscribe al Ministerio a través de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente
• c) Organismos autónomos: Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, O.A., que se rige por su normativa propia y se adscribe al Ministerio a través de la Secretaría de Estado de Energía.
• d) Entidades públicas empresariales: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., que se rige por su normativa propia y se adscribe al Ministerio a través de la Secretaría de Estado de Energía.
• e) Fundaciones del Sector Público Estatal: Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN), que se adscribe al Ministerio a través de la Secretaría de Estado de Energía.
• f) Fondos sin personalidad jurídica: Fondo Nacional de Eficiencia Energética F.C.P.J., que se adscribe al Ministerio a través de la Secretaría de Estado de Energía.
• El Ministerio ejerce la tutela de la sociedad mercantil estatal Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. S.M.E, S.P. (ENRESA) a través de la Secretaría de Estado de Energía.
• La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos estará sujeta en el ejercicio de su actividad a la tutela del Ministerio para la Transición Ecológica a través de la Secretaría de Estado de Energía.

MEDIDAS PARA LA PROHIBICIÓN DE LAS NARCOLANCHAS

Las embarcaciones semirrígidas y neumáticas de alta velocidad se declararán género prohibido con excepción de las adscritas a la defensa nacional, embarcaciones de organismos públicos u organizaciones internacionales reconocidas y las de recreo con ciertos requisitos. Para garantizar el cumplimiento de la norma, se creará en el Ministerio de Hacienda un registro para este tipo de embarcaciones y se establecerá reglamentariamente un mecanismo de inspección y control.

• El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a la tramitación del Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley Orgánica de Represión del Contrabando, con el objeto de avanzar en la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y al contrabando de tabaco mediante la declaración como género prohibido, a efectos de la Ley, de las embarcaciones de alta velocidad utilizadas por las mafias, especialmente en las costas del Campo de Gibraltar.
• Mediante esta iniciativa legislativa se penalizará el uso ilegítimo de las embarcaciones semirrígidas y neumáticas de alta velocidad, denominadas 'RHIBS', al objeto de dotar a los órganos encargados de la represión del contrabando de una herramienta jurídica eficaz para proceder contra una tipología de embarcaciones habitualmente utilizada por las organizaciones para la introducción en las costas españolas de género de contrabando, principalmente hachís procedente de Marruecos y tabaco de Gibraltar.
• Frente a la situación actual, en la cual resulta muy difícil proceder legalmente contra las denominadas 'narcolanchas' si no contienen carga ilícita en el momento de su detención, la modificación propuesta permitirá tomar en consideración parámetros objetivos, como las características técnicas de la embarcación, su titularidad o la finalidad de su uso, para poder proceder a su incautación, incluso en tierra y sin carga ilícita, e incoar los correspondientes expedientes sancionadores o formular las denuncias por delito de contrabando que resulten pertinentes.
• De acuerdo con la modificación legislativa planteada, al ser definidas las RHIBS como género prohibido a efectos de la Ley, se podrá proceder a su decomiso en cuanto sean detectadas y tendrán implicaciones penales o administrativas diversas actividades relacionadas con las mismas.
• Así, la tenencia de estas embarcaciones, al igual que su fabricación, circulación, importación, exportación, actividad de comercio y rehabilitación, constituirán, salvo que se cumplan los requisitos legales, una infracción administrativa si el valor de las embarcaciones aprehendidas no supera los 50.000 euros, o bien, si supera esa cantidad, un delito de contrabando, sancionado con pena de prisión de uno a cinco años y multa de hasta seis veces el valor de los bienes incautados.
• La propuesta de modificación legislativa afecta a las embarcaciones neumáticas y semirrígidas de más de ocho metros de eslora, así como a las de longitud inferior que cuenten con una potencia máxima igual o superior a 150 kilovatios y a cualquier otra embarcación, con independencia de dimensiones y potencia, si existen indicios racionales tasados en la propia regulación de que pueden ser utilizadas para cometer o facilitar la comisión de un delito de contrabando.
• Se establece, en paralelo, un régimen de excepciones a la prohibición para las embarcaciones neumáticas y semirrígidas adscritas a la defensa nacional, los buques o embarcaciones de Estado extranjeras que se encuentren legalmente en aguas españolas, las embarcaciones del Estado y administraciones territoriales, y las adscritas a organizaciones internacionales reconocidas como tales en España, así como las embarcaciones auxiliares efectiva y exclusivamente afectas al servicio de una embarcación principal.
• Adicionalmente, quedarán exceptuadas de la prohibición, previa autorización e inscripción en un registro, las embarcaciones distintas a las anteriores que se encuentren afectas a salvamento y asistencia marítima; las que se utilizan para navegación interior por lagos, ríos y aguas fuera de los espacios marítimos españoles; las afectas al ejercicio de actividades empresariales, deportivas, de investigación o formación, y las de recreo destinadas a uso privado que cumplan los requisitos reglamentariamente establecidos en materia de seguridad, técnicos y de comercialización.
• Para garantizar el cumplimiento de esta norma se creará el Registro Especial de Operadores de Embarcaciones Neumáticas y Semirrígidas de Alta Velocidad, ubicado en el Ministerio de Hacienda, al que podrán acceder otros organismos, y un mecanismo de inspección y control que serán desarrollados reglamentariamente.
• La propuesta de cambio normativo establece una "vacatio legis" de seis meses desde su aprobación para la entrada en vigor, momento a partir del cual se abre un periodo de seis meses para que se regularice la situación de embarcaciones que deban ser objeto de autorización de uso e inscripción en el registro.

AUTORIZADA LA LICITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LAS ESTACIONES E INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Fomento a licitar, a través de Adif, el contrato de servicios de vigilancia y seguridad en las instalaciones de la entidad pública (estaciones, infraestructuras ferroviarias, etc.) por importe de 227.283.819,61 millones de euros (IVA incluido), durante un periodo de 36 meses.

• La licitación se estructurará en 6 lotes territoriales correspondiente a Centro, Este, Nordeste, Noroeste, Norte y Sur.
• Para la redacción de este contrato, Adif ha realizado un profundo análisis de las condiciones específicas tanto de la infraestructura a proteger como de la prestación del servicio y del ámbito territorial. Además, se han tenido en cuenta los problemas que se han generado a lo largo de los últimos años en el sector de la seguridad privada, así como el necesario reconocimiento de los costes reales del servicio.
• De esta manera, el nuevo contrato licitado se adapta a la situación actual de riesgo de las infraestructuras, recupera los niveles de servicio de hace una década e incorpora los desarrollos de la red ferroviaria de estos últimos años y los niveles de capacidad necesarios para dar cobertura al servicio de manera óptima.
• Las principales mejoras del nuevo contrato licitado son las siguientes:
• Ajuste del impacto de las puestas en servicio producidas en los últimos años.
• Incorporación de medidas tecnológicas (sistemas de localización, GPS en coches y patrullas, etc.)
• Compensación de desajustes en determinadas zonas.
• Redimensionamiento de partidas para contingencias y situaciones especiales.
• Incremento de formación.
• Incorporación de actuaciones (apertura y cierre de puertas, etc.)
• Mejora de los servicios de inteligencia como medidas de vigilancia preventiva.
• El contrato licitado recoge así los acuerdos alcanzados por el Grupo de Trabajo de Seguridad Privada, creado en agosto 2017 por el Ministerio de Fomento, con el objetivo de incluir en la contratación pública de los servicios de seguridad privada aspectos como la formación, la calidad del servicio, las condiciones de trabajo, de la productividad y también las condiciones laborales y salariales. Es decir, se recoge la importancia del precio, pero, al mismo tiempo, se reconoce que la oferta técnica debe garantizar las condiciones de calidad en la prestación del servicio.
• El contrato licitado incorpora también criterios relacionados con la calidad y la exigencia de unas condiciones de solvencia suficientes para garantizar que las empresas adjudicatarias tengan capacidad para llevar a cabo los servicios encomendados.
• Esta revisión en profundidad de las necesidades actuales, así como la necesaria recuperación de los niveles de servicio y la adecuación al nuevo marco del acuerdo del Grupo de Trabajo mencionado, implica un aumento del 50,73% en el número de horas (la prestación del servicio superará los 3 millones de horas anuales) y una mejora del dimensionamiento y capacitación de las patrullas de la vigilancia dinámica en estaciones y terminales.
• Del mismo modo, este necesario incremento en el número de horas, unido a la subida de las tarifas del servicio, hace que el presupuesto de licitación sea un 50,97% superior al del anterior contrato.
• Garantizar en todo momento la seguridad en las estaciones y en sus 15.000 kilómetros de red es un factor esencial del servicio público que presta Adif. Así se recoge en el primer pilar del Plan Estratégico 2020, que define su objetivo prioritario como: "Garantizar la seguridad de las personas, la continuidad de las operaciones y la preservación de los activos frente a las amenazas de seguridad y las situaciones de emergencia".
• Esta nueva orientación estratégica de Adif, reflejada en una nueva organización de su Dirección de Protección y Seguridad, requiere de una nueva visión, más moderna y actualizada, del ejercicio de la protección y la seguridad de los ciudadanos a los que presta el servicio; más enfocada en un modelo preventivo que anticipe y mitigue los riesgos, reduciendo así la exposición a las amenazas y dotando a Adif de una respuesta proactiva y eficiente.

CONVENIO PARA PREVENIR LA EROSIÓN DE LAS BASES IMPONIBLES Y EL TRASLADO DE BENEFICIOS

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se aprueba la firma "ad referéndum" del Convenio multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios, se dispone su remisión a las Cortes Generales y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho acuerdo.

• Entre 2013 y 2015 se ha desarrollado en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico/G-20 el proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting o erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios) que lucha contra la elusión fiscal internacional de las grandes multinacionales. 
• Este proyecto ha concluido con un informe final que incluye un amplio paquete de medidas. Algunas requieren de una modificación de las normativas puramente internas (limitación de gastos financieros o el informe país por país); otras, sin embargo, requieren de la modificación de los convenios para evitar la doble imposición (la adopción de cláusulas anti abuso o la modificación de la definición de establecimiento permanente). 
• Por lo que respecta a este segundo grupo de medidas, la modificación de los más de 3.500 convenios bilaterales para evitar la doble imposición (CDI) vigentes en el mundo (89 en vigor en el caso de España) para incorporar esas medidas puede ser un proceso largo y poco eficiente, si pretende realizarse uno a uno.
• Por este motivo, para que este proceso pueda ser mucho más rápido y eficiente, se ha firmado este Convenio Multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios que va a permitir actualizar la red mundial de CDI con las medidas resultantes del proyecto BEPS de manera sincronizada evitando las negociaciones bilaterales de cada uno de ellos.
• Este Convenio es un instrumento flexible, en el sentido de que los Estados pueden elegir los artículos a adoptar así como los convenios bilaterales que van a ser modificados. Este juego de opciones se realiza mediante lo que se denomina reservas y notificaciones. De esta forma, únicamente cuando las dos partes de un convenio bilateral coincidan en optar por un artículo, el convenio quedará modificado en consecuencia.
• Acompañando a este Convenio, se ha desarrollado un conjunto de comentarios que ofrecerán una fuente de interpretación de los artículos y una clarificación de la operativa del Convenio en su relación con los CDI que pretende modificar.

Tomado de: 

http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2018/refc20180713.aspx